En este momento tan difícil nuestras oraciones están contigo y con tu familia, para que el Señor llene de consuelo y de fortaleza sus corazones por el fallecimiento de don Dimas Villalobos Luna (5 Setiembre 1944 – 5 de mayo 2024), padre de nuestro compañero y candidato a Rector de la Universidad Técnica Nacional, Dr. Fernando Villalobos Chacón.
La muerte es un proceso natural, aún así nunca estamos preparados, menos para asumir la muerte del papá.
Grupo de pensamiento universitario de la Universidad Técnica Nacional
Como aclaramos en «El ABC ESCOLAR del referéndum«, lo señalado es un resumen de algunas de las normas vigentes, no todas. Hace dos años, como ahora, pero unido a Chaves esta vez, Otto Guevara lo intentó para comprar o alquilar Recope, y se quedó en el camino.
Lo del TLC fue diferente. Óscar Arias presentó el proyecto de convocatoria, y la Asamblea Legislativa lo aprobó, por lo que nadie tuvo que desgastarse recogiendo firmas. Pero había diálogo respetuoso con la Asamblea Legislativa. Ahora es todo lo contrario. Otto está embarcando a Chaves aún más, al meter varios proyectos de ley, que obviamente, el Departamento de Servicios Técnicos del Congreso, los tendrá que ver cada uno por separado, en un plazo de 8 días hábiles (es decir semana y media cada uno). Eso dice la ley: «El TSE remitirá el texto del proyecto normativo a la Asamblea Legislativa, a fin de que sea evaluado desde el punto de vista formal por el Departamento de Servicios Técnicos, el cual se pronunciará en un lapso de ocho días hábiles, luego de realizar las consultas obligatorias correspondientes. Si el texto contiene vicios formales, dicho Departamento los subsanará de oficio y devolverá el texto corregido al Tribunal».
O sea, si mandan 10 proyectos, se está hablando de 80 DÍAS HÁBILES. Si se deciden por cinco, pues 40 días hábiles, o sea, 2 MESES. (¿O pensará Otto, que si se envían sus 15 proyectos los abogados del Congreso tendrían que estudiarlos y dictaminarlos en una sola semana?).
Pero hay más, si un proyecto como el de reforma de la Ley de Contratación Administrativa (para contratar «a dedo» la construcción de la ciudad gobierno, por ejemplo), o la compra-venta del Banco de Costa Rica y la erosión de la Ley Orgánica del Ambiente (otros ejemplos), en los que juristas han encontrado evidentes roces con la Constitución Política, el TSE tiene el deber, por la misma Ley del Referéndum (¡que parece no han estudiado!), de tramitar «consultas de constitucionalidad facultativas», ¡como hace igual y regularmente la Asamblea Legislativa!, ante la Sala IV, para que esta se pronuncie en UN MES…para cada proyecto.
O sea, si se tuvieran que enviar tres proyectos a consultar (solo para citar un número cualquiera), eso significa, quizá, otros tres meses de espera, pues, no podría la Sala Constitucional, emitir resoluciones a la ligera, ya que, si un proyecto de ley fuese aprobado eventualmente, y resultare inconstitucional en respuesta a una acción o varias acciones de inconstitucionalidad, el desperdicio de recursos sería muy lamentable.
¡Nótese que no se estarían “poniendo zancadillas” al proceso, sino recordando lo que dice la normativa! Y la normativa parece hacernos concluir, que sería imposible tener un referendo «multitemático» (17 proyectos… dice Otto) para antes de la campaña electoral, para presidente y diputados, que se inicia el 2 de agosto del año entrante. Y si quieren el referendo para después de las elecciones de febrero 2026, el mismo se realizaría cuando en Zapote ya no estaría Chaves, y esa por supuesto, no es la idea.
Transcurridos dos años de la administración Chaves Robles, es sano y conveniente plantearse algunas consideraciones en torno al balance de esta.
Inicio mencionando que desde que nací han transitado por el poder ejecutivo 15 costarricenses. Y ejerzo mi derecho al voto desde las elecciones de 1986, por cierto, voto donde la persona por la que vote no ganó. Desde la Constitución de 1871, se estableció un periodo constitucional de 4 años para nuestras autoridades del Ejecutivo. O sea, mediane ese mecanismo, imperfecto, pero sin duda el mejor hasta estas alturas de la historia, el pueblo delega su soberanía a través de la delegación del poder a sus legítimos representantes. Tanto para el Ejecutivo como para el Legislativo.
Esta democracia bicentenaria, ha visto roto el orden constitucional, muy pocas veces, gracias a Dios. Esta generación no conoce, no sabe, ni desea conocer otra forma de gobierno que no sea más que la heredada por sus antepasados y que nos corresponde ineludiblemente conservar y más aún robustecer para las futuras generaciones. No es desde la retórica ni desde las buenas intenciones como lo vamos a lograr, sino a través de acciones cívicas, patrióticas y civilistas reconociéndonos, a pesar de nuestras diferencias como hermanos y eso sí, capaces de construir y ponernos de acuerdo sobre lo que es verdaderamente importante. El pensar distinto nos es natural, en un marco democrático. No es pecado, ni mucho menos una señal de debilidad de nuestra democracia. Ha sido a través de la diferencia y búsqueda de acuerdos como hemos construido una senda a través de los años. Siempre como costarricenses, sabremos discernir que son más las cosas que nos unen que las que nos separan.
Hay un hecho político importante en el ámbito constitucional, desde 2014 la fragmentación social que experimenta el país ha ocasionado que ningún presidente cuente con mayoría parlamentaria. Ello es expresión de la incorporación de más voces y más actores políticos en nuestro medio. Ya el Informe del Estado de la Nación de 2009, nos lo advertía.
Los partidos políticos y quienes aspiran a gobernarnos cada cuatro años, deben cumplir con presentar un plan de gobierno al electorado, y si el soberano los premia con su beneplácito, al resultar ganador ha de entenderse que allí concluye la campaña política e inicia la labor de estadista, de gigante, donde la seriedad y el compromiso adquirido con los votantes, se tornan en las mayores perlas que guíen su labor. Allí la in-utilidad y alegar diversas razones para no cumplir, no se justifica, ni mucho menos es válido ante una creciente desigualdad y diversos problemas que se van agudizando. Para gobernar se requieren estadistas. No alcanza con ser simples administradores que solo ven el árbol y no el bosque.
Hace un año publiqué un artículo semejante a este. Donde planteaba algunas precisiones sobre el modo de comportarse del presidente Chaves. Indicaba en aquel entonces que “la política no puede ser escenario para despropósitos, transformándola en vehículo para vanos y pérfidos proyectos personales, con infames y espurias motivaciones. Al contrario para los demócratas, debe ser concebida como medio para el cambio y transformación social. Hoy algunos intentan hacer prevalecer, por cualquier medio, sus intenciones, sin importar el atropello a la institucionalidad y de esa manera convertir la mentira, la demagogia y el cinismo, en filosas espadas capaces de decapitar la verdad y todo aquello que se interponga”.
Este 2 de mayo, junto a mi esposa, escuchamos la mayor parte de su intervención brindando su informe y/o listado de logros, en la sede del primer poder de la república. Como mínimo de nuestra formación cívica no debemos olvidar que allí estaban presentes nuestros legítimos representantes, en quienes el pueblo soberano ha delegado su representación y poder: el presidente, sus vicepresidencias y los 57 diputados. Ese variado grupo de costarricenses -60- hay un mosaico de pensamiento, talento y por qué no, de mediocridad e in-capacidad también. Todos ellos electos por 4 años, ya han pasado 2. Y ha sido tiempo suficiente para haber cosechado algunos logros y sembrar un poco del siempre esperanzador y necesario optimismo. Es conveniente recordar que el paso por la función pública es efímero, caduco. Pero lamentamos el posicionamiento de un discurso confrontativo y de polarización, dividiendo a la familia costarricense. Pareciera que la intención es posicionar “Yo y ustedes, contra los otros”
En mayo de 2022 se anunciaba alegremente en el país una Ruta para rebajar el precio de las medicinas, una ruta para rebajar el precio del arroz y ello se iba complementar con el anuncio en febrero de 2023 de una Ruta de la Educación. El tiempo de manera inexorable ha transcurrido y aún las manos del presidente Chaves y sus jerarcas están vacías de logros significativos. Y no es que ha transcurrido un mes, o un primer año para que sea muy poco lo que pueda mostrarse. Es que ya son 24 meses y la creatura aún no ha sido parida. La campaña política concluyó hace 25 meses y el tiempo de gobernar llegó hace rato. La in-eptitud con que se asume la noble y sublime labor de gobernar, ha hecho que chambonada tras chambonada el tiempo vaya pasando, con escasísimos y flacos logros. Además, no puede ser arropada con una equivocada visión de iniciar la próxima campaña desde ya. Mostrar como propios los logros de otros, emitir decretos sobre lo ya legislado, aferrarse sólo a dos proyectos como ciudad gobierno y jornadas 4X3, parece que es lo único presente en la agenda presidencial y del partido de gobierno. Ni hablar de yerros referidos a la administración de la CCSS y utilizar SINART como agencia de publicidad y propaganda, menoscabo de cobertura en salud para enfrentar enfermedades infectocontagiosas y manejar de manera opaca fondos del BCIE.
Nos encontramos en la historia reciente del país, la existencia de varios resellos a leyes tras el surgimiento de disputas entre el Ejecutivo y el Legislativo. No recuerdo una administración en la cual se hayan enviado proyectos de ley tan mal elaborados, que rápidamente son desechados. La misma Constitución Política le brinda al Ejecutivo la mitad del tiempo de los diputados para que sus propuestas sean conocidas, discutidas y analizadas; pero para ello iniciemos por el principio, hay que elaborar esas iniciativas, hay que enviarlas y redactarlas bien, si es que no deseemos que naufraguen. No recuerdo una administración en la cual con bombos y platillos anuncian algún tipo iniciativa, sin ningún tipo de estudio y viabilidad de la misma.
El presupuesto es herramienta de gobierno, de ejercer poder, de fijar prioridades. No es moralmente aceptable que este gobierno no haya asumido con fuerzo el estandarte de buscar soluciones a las necesidades más. La inversión social bajo la actual administración ha pasado de un 60% en 214 a un 53% en este año. Por ejemplo, del 8% del PIB constitucional que deberíamos dedicar a la educación, para este año 2024 se presupuestó un el equivalente a un 5,2% del PIB.
La in-competencia no puede ser escondida tras diatribas, alaridos o una narrativa pirotécnica como la que el señor presidente, muestra. Ejercer la presidencia y por lo tanto la conducción de un Estado, requiere de cierto talante, fuste y gallardía. Un día y otro también, intenta confundir y desvíar la atención de la gente decente, buena y trabajadora, que día a días madruga para ir a trabajar o buscar un trabajo digno con qué llevar sustento a su familia. Aún recordamos los costarricenses, que durante un periodo nuestro presidente fue ministro de la anterior administración. Su paso fue sin pena ni gloria, no recodamos algún hecho importante que se le pueda acreditar en ese lapso, ni tampoco se ha han dado las razones de su abrupta salida.
La in-utilidad no puede soslayarse recurriendo a una peligrosa e incendiaria retórica de “Yo y ustedes, contra los otros”. Aquí estamos los buenos y allá los malos costarricenses. Esa burda visión, maniquea y distorsionada es la que permite el ascenso de autócratas y mostrar absoluta carencia de sagacidad. La realidad nacional y los problemas que agobia al costarricense de a pie, no puede ser reducida a una bucólica e idílica alegoría. Los problemas se enfrentan con decisión e inventiva; no conozco otros caminos.
No sólo somos una sociedad que genera pocas oportunidades de empleo, en especial para las mujeres; sino, además, hoy somos una sociedad más violenta. Por ejemplo, en el 2022 el sistema de emergencias 911 registró más de 12 mil incidentes de violencia doméstica. Es decir, un incidente de violencia intrafamiliar por hora. En los últimos años, en vez de invertir más en salud, alimentación, vivienda, educación y pensiones, la inversión social pública ha caído 6 puntos desde el 2019 a la fecha. Hoy Costa Rica gasta más del triple en intereses de la deuda que en infraestructura. El presupuesto en servicios sociales se contrajo de un 13% a un 10% del PIB entre 2020 y el 2023.
El dividir y polarizar al país, genera pocas oportunidades de desarrollo y progreso y hacia nada bueno nos conduce. No permite enfocarnos en lo verdaderamente urgente e importante. Ese “Yo y ustedes contras los otros” solo denota carencia de ideas e imaginación para enfrentar con denuedo y decisión, los problemas que nos agobian: pobreza, desigualdad, in-capacidad para crear condiciones para el trabajo decente, in-eptitud para resolver temas como acceso al agua potable y a vivienda digna, in-competencia para mostrarse como un verdadero demócrata y entender que el diálogo y respeto permiten edificar, no generar muros de odio y de bufonadas. Requerimos mayor lucidez y cordura. De magnanimidad de un verdadero estadista. No puede ser que su único mérito sea la capacidad de dividir y polarizar.
A aquellos que están cerca del presidente Chaves, sus acólitos, menos aplausos complacientes y más consejería sabia y prudente, ese es mi mensaje para Acosta, Fernández, Müller, Díaz, Zamora, Tinoco, Rodríguez, Munive, Campos, Gamboa, Cisneros y Brunner.
Hace escasos días el presidente acudió a la inauguración de la Semana Nacional de Cooperativismo en San Ramón. Allí tuvo contacto con cientos de niños y jóvenes a quienes pudo saludar efusivamente. Ellos celebraban con alegría la presencia del presidente de la república. Para el imaginario infantil, el presidente es la encarnación de la democracia y lo que libros de texto y docentes por años han repetido. Veían en él una especie de superhéroe. Ver y palpar en un apersona la mácula investidura del primer ciudadano de la república. Electo por los costarricenses para que se encargue de gobernar/buscar soluciones a los agobiantes problemas nacionales. Ni los flashes de cámaras fotografías, ni las palmaditas en el hombro, ni los abrazos, ni los selfies, deben distraernos. Esa imagen folclórica es solo un elemento para no olvidar lo fugaz que es el paso por un puesto de esa naturaleza. La saludable y vigorosa alegría republicana, mostrada en la algarabía de esos niños debe guiarnos siempre. Esta generación de costarricenses somos hijos de acuerdos nacionales que dieron origen a la segunda república y a nuestro Estado de Derecho. A pesar de los abusos cometidos por ambos bando en el 48, fuimos capaces de forjar una de las sociedades de mayor progreso y bienestar, campeona de la libertad y del civilismo, envidiada en muchas partes del mundo. Es la imagen que debe seguir prevaleciendo, tras el paso de cada persona que ha ocupado la presidencia. Una persona que guía y orienta toda una nación hacen del derecho, el sentido común y su sano juicio, las mejores armas para conducirnos a buen puerto. La campaña electoral término hace mucho y esos niños y jóvenes merecen la mejor versión de nuestro gobierno… una verdadera y perenne clase de civismo. No de alimentar una inconveniente división que avizora en el horizonte democrático de la patria.
Ahora que ¡por fin! fue sacado de la Alcaldía de San José, y aunque ¡jamás! se atrevió siquiera a proponer el cambio de nombre a «barrio chino», pues sabía que la Comisión de Nomenclatura se lo rechazaría, los costarricenses tenemos una muy especial tarea: RECUPERAR el nombre PASEO DE LOS ESTUDIANTES.
Así bautizado por el presidente don León Cortés, en 1937, a propósito del aniversario 50 de la creación del Liceo de Costa Rica. Y se hizo así, aprovechando la ocasión, para honrar a los valientes estudiantes del Colegio Superior de Señoritas, Colegio Seminario y Liceo de Costa Rica, que se unieron a mártires, como Rogelio Fernández Güell y Marcelino García Flamenco, en la lucha contra la dictadura criminal de Federico Tinoco. Por ello, ante la presencia de estudiantes de las tres casas de enseñanza, el Presidente de la República, proclamó tal bautizo.
Desde entonces, el nombre de esa especial calle 9, ha reunido una memoria histórica, cívica, democrática, que ha de fortalecerse, en agradecimiento a aquellos jóvenes, que no dudaron en enfrentar a los soldados del sátrapa, cuando la Patria los necesitaba.
Hoy, sin el obstáculo de Johnny Araya, el nuevo Concejo Municipal y el bienvenido nuevo Alcalde, don Diego Miranda, les darían una gran alegría a los habitantes de Costa Rica (no solo de San José), organizando un acto público, conmemorativo de los hechos de hace 105 años, en coordinación con los estudiantes y autoridades, de las tres prestigiosas casas de enseñanza. Sería como un relanzamiento del nombre PASEO DE LOS ESTUDIANTES (ahora bulevar), que incluiría, con la colaboración del escultor don Édgar Zúñiga, el traslado del magnífico monumento, situado allá por la avenida Sarmiento (avenida 14), a un sitio más cercano a la plazoleta frente a la iglesia La Soledad.
El feo «arco chino», que no debería quedar como recuerdo de esos años de oscurantismo municipal, debería ser, de paso, borrado del lugar. Nadie lo va extrañar y, más bien, nos quitamos esa vergüenza de encima, cuando turistas se acercan a conocer un «barrio chino» que nunca lo fue, y se encuentran “esa cosa”.
En fin, hagamos del acto una fiesta, y honremos con ello, a quienes nos dieron ejemplo, de amor a Costa Rica, sin detenerse a pensar en el peligro al que se enfrentarían. ¡Adelante pues!
Este martes 7 de mayo a las 4:00 pm, hora de Centroamérica, se realizará un foro virtual de la mano de referentes regionales de la lucha por la defensa de los ríos.
Contaremos con la presencia de Gustavo Castro, de Otros Mundos; Juan Pablo Soler, de Comunidades SETAA-MAR y con Ana Laura Rojas, quien es defensora de los derechos humanos en Guatemala y comunicadora social, además, es parte de la Coordinadora de Comunidades Afectadas por la Empresa TRECSA.
Esta organización ha sido víctima de múltiples agresiones por parte de personas vinculadas a TRECSA.
En esta ocasión modera Dylanna Rodríguez, de Kioscos Socio-Ambientales.
Puede inscribirse al foro en solidaridad con Ana Laura en el enlace siguiente:
SURCOS comparte el enlace al discurso del presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez pronunciado durante la actividad en la cual el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles presentó su informe anual.
Asimismo, le invitamos a seguir este enlace en el cual se informa acerca de la actividad Análisis del discurso presidencial que realizará este viernes 3 la Universidad Nacional (UNA).
Una de las consignas recurrentes de la efeméride de hoy, fue la eliminación de la política de congelamiento de los salarios de las y los funcionarios públicos.
Esta política se instrumentalizó en la Ley de Ajuste Fiscal, N*9635 y la Ley Frankenstein, N*10159, mal llamada Ley Marco de Empleo Público.
El congelamiento de las remuneraciones se constituyó en una política de Estado, una herramienta de política fiscal, impuesta por OCDE, FMI, BM.
Esta política y las leyes que la sostienen, son manifiestamente contrarias a nuestro derruido ordenamiento jurídico.
1.- En primer lugar, violenta instrumentos internacionales de DDHH.
Entre otros instrumentos, esa política de austeridad vulnera el Convenio N* 98 OIT, acerca de la Libertad Sindical y negociación colectiva.
Este convenio está ratificado por CR, que, por tanto, tiene un rango normativo superior a aquellas ignominiosas leyes ordinarias que mantienen estancados los salarios.
2.-Es necesario destacar que los órganos de control de OIT han determinado, de manera reiterada, que las restricciones legislativas de la negociación colectiva de los salarios, en el marco de una política de estabilización económica, cuando se justifican, deben ser excepcionales, absolutamente necesarias, limitarse a lo estrictamente necesario, las cuales no pueden exceder un periodo razonable.
Los pronunciamientos determinan que un periodo de congelamiento de 3 años, puede ser un plazo demasiado largo.
En la Suiza Centroamericana, esas restricciones ya tienen más de cinco años, que no es menor cosa la grosera devaluación que han sufrido las remuneraciones en este excesivo período.
Ya es un sacrificio que se ha vuelto inasumible.
3.- Además, los pronunciamientos determinaron que esas restricciones, cuando se justifican, deben acompañarse de garantías adecuadas que protejan el nivel de vida de los trabajadores.
Por contrario, el nivel de vida de los trabajadores del país, en dicho periodo, ha experimentado una caída libre, sin ningún tipo de garantía de mitigación, un salto al vacío.
4.- No es menos importante señalar que ya existe un pronunciamiento del Comité de Libertad Sindical/OIT (1985), precisamente contra el Gobierno de CR, que preceptuó que la política de restricción de negociación salarial y ajuste de salarios quebranta el C. 98 OIT.
Es decir, ya existe una “condena” internacional contra el Estado de CR, que data del siglo pasado; la cual, por cierto, nadie recuerda.
5.- No se puede tampoco olvidar que existe un precedente muy importante de la Sala Constitucional de Corte Suprema de Justicia, que resolvió que el congelamiento de las remuneraciones solo puede ser temporal, por un plazo definido, claramente determinado.
Esta posición del Tribunal Constitucional la comparte la Procuraduría General de la República, nada sospecha de ser simpatizante de los sindicatos.
6.- Por último, pero no menos importante, la Opinión Consultiva de CORTE IDH 27-21, que ya cumple 3 años, concluyó que los Estados, en contexto de crisis fiscal, deben privilegiar la negociación colectiva, en lugar de promulgar leyes que limiten los salarios de los funcionarios públicos; leyes de corte draconiano, como las que se impusieron en la tristemente célebre Administración Alvarado Quesada.
Valga resaltar que un recientísimo pronunciamiento de la abogacía del mismo Estado, la PGR, definió que esa opinión consultiva es vinculante y que todas las autoridades administrativas y judiciales están obligadas a aplicarla.
Entonces emerge aquella pregunta que se hacía Lenin a principio de 1901: ¿Qué hacer?
¡Nos sobra mucho mes al final del sueldo!
No hay que esperar que los ángeles suenen la trompeta, anunciando el retorno glorioso del Jesús Cristo, que nadie sabe el día, ni la hora, para que cese, de una vez por todas, esa política extrema de devaluación salarial.
Existen poderosos recursos legales, nacionales e internacionales, para quebrar esa política de contención salarial, que en nada contribuirá a la reactivación económica, y por contrario, agudizará y profundizará aún más la crisis.
Sumado a que no tememos para nada, la iniciativa de Chaves, Pilar y Otto, de convocar a un referéndum, para que vean que no somos tan malos como ellos nos pintan, con gusto les instruimos, como lo hacía nuestra queridísima maestra en la Escuela Juan Rudín. Tal vez así, lo logren comprender y consideren que una gestión de democracia popular, que pareciere innecesaria en estos momentos, y que podría estar condenada al fracaso, le costaría al Estado, más de ¢3.000 millones.
¡Veamos!
A. El referéndum es un mecanismo especialísimo de democracia popular, amparado en la Carta Magna.
B. NO podrán someterse a referéndum, proyectos de ley (porque eso tienen que ser) sobre materia presupuestaria, tributaria, fiscal, monetaria, crediticia, de pensiones, seguridad, aprobación de empréstitos y contratos, ni actos de naturaleza administrativa, así como derechos fundamentales, tal y como está en la Constitución Política, que, por supuesto, está para cumplirla y no para interpretarse. Además, recordemos que los convenios internacionales sobre derechos humanos están un peldaño arriba de la Constitución Política, por lo que, con más razón, no pueden plantearse en un referéndum.
C. El, o los proyectos de ley que se quieren someter a decisión del soberano, por un camino diferente al que siguen las iniciativas de ley en la Asamblea Legislativa, han de cumplir, por razones comprensibles, con los requisitos estructurales y formales, que caracterizan a los proyectos usuales, que conocen nuestros representantes populares. Con ello, se evitarían, en lo posible, eventuales interpretaciones confusas de sus textos. Es importante que se valore, seriamente, este aspecto, pues los textos que eventualmente se someterían a la recolección de firmas y eventual votación popular, no podrían ser modificados ¡ni en una coma! Por ellos solo se presenta la alternativa de votar SI o NO.
D. Para iniciar el proceso, que podría desembocar en el referéndum, el o los proyectos (aunque complicado, puede promoverse un referéndum para varios proyectos de ley) han de ser presentados al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), para su análisis y, seguramente consulta, ante el Departamento de Servicios Técnicos, de la Asamblea Legislativa, para su correspondiente criterio legal, que podría incluir un análisis de constitucionalidad de parte de la Sala IV de la Corte Suprema de Justicia. Cumplido ese paso en la sede del Primer Poder de la República, el o los proyectos serían remitidos de regreso al TSE, para su valoración y acuerdo.
E. En caso de que la resolución sea favorable, para los intereses de los que han tramitado la iniciativa, el TSE solicitará, un resumen de la propuesta, para que el ciudadano que firmaría para que se convoque, se entere, al menos en lo fundamental, sobre cuáles son los contenidos de los proyectos de ley, que se le ofrecen. Resúmenes que, por supuesto, deberán ser parte de las hojas en que firmarán los ciudadanos, pues sería irrespetuoso, “firmar cheques en blanco”.
F. El proceso previo a lo señalado en los puntos anteriores, puede ser iniciado por el Poder Ejecutivo, mediante proyectos de ley que sometería a la Asamblea Legislativa, requiriendo para su aprobación (o sea, para que los textos sean sometidos a conocimiento del TSE), una mayoría favorable no menor a 29 votos. Una segunda opción, sería que la propuesta sea conocida directamente por el Poder Legislativo (sin participación del Presidente de la República) quien la hará de conocimiento del órgano superior electoral, quien, cumplidos los requerimientos, la devolvería al Primer Poder de la República, para una votación favorable, que no puede ser menor a 38 votos.
En ambos casos, de no lograrse las mayorías anotadas, se archivarán los proyectos. (Decimos los proyectos, porque si lo que se desea es armar un alboroto, un solo proyecto no cumpliría con ese medio oculto objetivo político).
G. La tercera opción, en caso de que se estime de que no son viables las opciones que involucran la voluntad de los señores diputados (que, por supuesto, provocarían debates complicados, que demandarían mucho tiempo, como sucede con otros proyectos de ley conflictivos, ayunos de consenso), es mediante la recolección de firmas entre la ciudadanía.
H. Empezamos por anotar que es un proceso regulado estrictamente, por mandato legal. ¡El asunto no es jugando! No se trata, como hemos escuchado, de simplemente recoger firmas en un puñado de hojas, en paradas de bus o la salida de un estadio, en el tren o de puerta en puerta. No, ¡jamás! Las hojas foliadas por el TSE deberán incluir resúmenes de los proyectos de ley que se proponen y que, como hemos indicado, han cumplido los pasos señalados antes. Si son varios los proyectos, lógicamente para cada uno habría de consignarse, esa información fundamental, pues, reiteramos, ha de quedar claro para el ciudadano, por qué estaría anotando su nombre completo, su número de cédula y su firma, tal y como aparecen en su cédula de identidad. Y ello, en instalaciones, como centros educativos públicos, por ejemplo, seguros, resguardados, previamente designados formalmente, y siempre con la presencia de personas que fungirán como delegados del TSE, debidamente juramentados, que habrán de velar por la legalidad de tan importante acto ciudadano, y custodiarán los documentos.
I. Para cumplir esta etapa formal, los ciudadanos proponentes del referéndum habrán de recoger el equivalente al 5% del padrón electoral vigente. Al día de hoy sería ~177.095 firmas válidas, para las cuales se tiene un plazo de 9 meses para su recolección y entrega en tiempo al TSE. Ello para su cuidadosa revisión (que no hayan repetidas, que los datos de la cédula de identidad, incluyendo las firmas, coincidan con el registro electoral, etc.). O sea, trabajando los 7 días de la semana, ininterrumpidamente, unos 655 ciudadanos tendrían que firmar cada día, pues, a menor ritmo, no alcanzaría el tiempo para superar las 177 mil. Se requiere pues, una gran organización, de parte de los proponentes, y muchos ciudadanos trabajando, voluntariamente, jornadas, aquí sí, de al menos 12 horas. Intentos anteriores han fracasado después de unas cuatro o cinco semanas.
J. Debidamente cumplido lo anterior, y si el TSE verifica y acuerda, que todo está conforme a la legalidad, éste procederá a realizar los trámites pertinentes, relativos, por ejemplo, a los espacios y demás regulaciones, de las campañas del SI y del NO, así como el diseño de las papeletas que se le presentarán al votante el día del referéndum (un domingo de 6 de la mañana a 6 de la tarde), en las mesas receptoras, con representantes de ambas tendencias, debidamente juramentados. Es, como habrán notado, un proceso similar al usado para una elección presidencial, por ejemplo.
K. Terminado el acto final de la votación, el TSE emitirá preliminarmente, en pocos minutos, un resultado de la votación, antes de una ulterior revisión de los votos, si se considerare necesario.
L. Pero hay otro detalle determinante. Aunque el resultado de la votación se determina por simple mayoría, no necesariamente el resultado obtenido tiene validez. Resulta que, si los proyectos de ley sometidos al proceso de referéndum habrían requerido una mayoría de 38 votos, si fueren tramitados en la Asamblea Legislativa, la legislación estipula un requisito incuestionable, y muy razonable. La norma dice que el quórum mínimo alcanzado durante la votación, ¡para que se pueda decir si ganó el SI o el NO!, ha de ser equivalente al 40% del total del padrón electoral. Hoy, la cifra sería igual a 1.416.763 votantes, por lo cual, un abstencionismo un poquito mayor al 60% (que tendría muchas posibilidades de presentarse), daría al traste con todo el esfuerzo anterior. ¡No habría ganador!, aunque una de las alternativas obtuviera, exagerando un poco o mucho, más del 90% de los votos (para mayor claridad).
M. Si, por otro lado, los proyectos de ley hubieran requerido una mayoría simple de 29 votos en el Congreso, su aprobación en el referéndum solo sería viable, si 1.062.572 ciudadanos, acudiesen a votar, pues el requisito sería equivalente al 30% del padrón electoral. Algo igualmente muy difícil de alcanzar, aunque en caso de darse una campaña a nivel nacional, tan intensa y plena de debates, como la que se diera hace casi 17 años, con el TLC, podría ser posible, pero la campaña alrededor del TLC fue muy intensa a lo largo y ancho del país, con manifestaciones formidables, que no creemos que se pudiere repetir bajo las condiciones actuales. Esa posibilidad la vemos muy lejana.
N. Por si acaso, nos referimos a ciertas cosas que se comentan. Dicen, no nos consta, que andan por Zapote ideas sorprendentes (aunque ahora nada debería sorprendernos) como es la de incluir en el referéndum, en una ensalada de proyectos, un proyecto de reforma constitucional parcial, que le abriera a Chaves, la posibilidad de postularse para una reelección presidencial. Si fuere así, al presuntamente interesado y sus asesores, les tenemos malas noticias. Para tales casos, el proyecto de acuerdo para ser incluido en el referéndum deberá presentarse DESPUÉS de haber sido aprobada la reforma en una legislatura y antes de la siguiente. Claro que todavía lo pueden intentar, enviando el proyecto de reforma parcial a la Constitución, para ser conocido ahora que se inician los tres meses de sesiones extraordinarias, y la agenda es iniciativa del Poder ejecutivo. Lo que no parece posible, es que los señores diputados se lo aprueben, y mucho menos, con los 38 votos requeridos.
O. Si se alcanzara el quórum correspondiente, que, por los proyectos de ley que se han mencionado, seguramente requerirían del quórum superior al millón cuatrocientos mil votantes, ha de quedar muy claro, que el resultado del referéndum será vinculante para el Estado. Así, las leyes promulgadas serán obligatorias y surtirán efectos, desde el día que las normas lo designen o, diez días después de su publicación en el diario oficial La Gaceta. Así que, no es como escuchamos recientemente un exministro y expresidente legislativo, ahora dedicado al fútbol, decir lo contrario.
P. El asunto del quórum, es de tal relevancia, que ya hay amigos que estarían alistándose para decir NO, de una manera muy particular, pero muy válida y efectiva, a la venta del Banco de Costa Rica, a la explotación petrolera, a la concentración del poder en el ministro de Ambiente, el ministro de Obras Públicas, el ministro de Ganadería, la ministra de Cultura, así como debilitar la Ley de Contratación Administrativa, para contratar a dedo, las empresas que construirían la llamada ciudad gobierno, en una cuadra perteneciente al Liceo de Costa Rica, principalmente, o un extraño proyecto de marina y condominios privados, en terrenos de Japdeva, la venta de Fanal, la venta del INS, el proyecto de las jornadas de 12 horas, etcétera. Pues frente a esas hipotéticas iniciativas de ley, la manera, planteada por los amigos como estrategia, sería la de ¡NO ACUDIR A VOTAR!, pues al quedarse en casita, jamás los seguidores de Chaves, Otto, Pilar…, alcanzarían a reunir, más de medio millón de votantes, por lo que quedarían muy lejos del quórum que le daría validez a la votación.
Q. Como este ABC seguramente es conocido por algunos en Zapote, pensamos que, por ello, hace dos años, desistieron de tomar ese arduo camino. Si ahora se vuelve a plantear, cabe pensar que lo hacen con el único objetivo, de, por un lado, recuperar un poco la imagen política que una vez tuvo (Otto), o, para el caso del presidente y la diputada, para tratar de desviar la atención de la ciudadanía frustrada, lejos de los conflictos que ha provocado el inestable gobierno, donde abunda la ignorancia, el desprecio a la ley y la patanería.
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