Autor: Hector Ferlini Salazar

Representantes de organizaciones y comunidades de Costa Rica, reunidas el 26 de agosto 2023, para dialogar sobre el futuro del sistema eléctrico del país, MANIFESTAMOS:

1. Los ríos son ecosistemas integrales que incluyen el agua y todas las expresiones de vida presentes en ella, pero además todos los elementos que conviven en las cuencas hidrográficas. Los ríos deben ser reconocidos jurídicamente como sujetos con derechos propios para asegurar su existencia y su uso regulado, respetuoso y limitado, según necesidades ecosistémicas y sociales colectivas y solidarias. En esta tarea Costa Rica debe aprender de los avances de otros países orientados a ese reconocimiento.
2. Los usos prioritarios del agua y otros elementos de la biodiversidad deben ser definidos colectivamente y la protección de los ecosistemas debe ser el primero, seguido del agua para consumo humano, la soberanía alimentaria y posteriormente los fines comerciales y energéticos, regulados y limitados de acuerdo con estudios científicos de calidad y disponibilidad. En estas definiciones es indispensable reconocer el papel fundamental de las mujeres y de los Pueblos originarios de todo el mundo en el uso y protección del agua, lo mismo que las innumerables dificultades para asegurar el acceso a ésta.  En esta misma línea rechazamos la negociación de futuros del agua en la bolsa de New York bajo el código “Agua-NQH2O” y cualquier otra vía de privatización y exclusión de la gente más pobre.
3. Nos solidarizamos con los pueblos en México, Chile, Perú y otros países, que mantienen cruentas y desiguales luchas en defensa del agua por su explotación comercial en aguacate y arándanos, que sumados a otros monocultivos han secado y desparecido los ríos y dejado sin agua a pueblos enteros.
4. Las comunidades y organizaciones sociales exigimos espacios efectivos de participación en la definición de las políticas energéticas y eléctricas, pues hasta ahora esas definiciones han sido exclusivas de instancias técnicas y políticas con exclusión total de los pueblos impactados negativamente. Reiteramos que todos los proyectos, sin importar su tamaño y condiciones, deben ser efectivamente consultados con las comunidades en las cuales se pretenden instalar, y que los criterios de éstas deben ser respetados.
5. El consumo de la energía indispensable para tener mejor calidad de vida, debe ser un derecho fundamental de los pueblos a precio justo y bajo principios de solidaridad, y esto demanda reconocer la incompatibilidad entre energía como derecho de la gente y energía como mercancía. Costa Rica debe enfilarse hacia su seguridad y soberanía energéticas asegurando el uso responsable de todos los ecosistemas. Esto demanda, de manea indispensable, incorporar en todos los proyectos el principio “indubio pro-natura” presente en la Ley de biodiversidad y convenios internacionales firmados por Costa Rica.  
6. Nos solidarizamos y unimos a la lucha del Grupo ecologista León Cortés, la Asociación PROAL, ASADAS, Asociaciones de desarrollo y muchas más organizaciones de la zona Los Santos, para que el alcalde y el Consejo municipal, obedezcan a la población y aprueben “declarar León Cortés permanentemente libre de co-incineración de residuos sólidos y prohibir la instalación y contratación de cualquier servicio asociado con la co-incineración”.
7. Con la mayor vehemencia, instamos a los y las diputadas a impedir los gravísimos impactos sociales y ecológicos que tendrían en el país los proyectos de ley expedientes #23.414 “Armonización del sistema eléctrico nacional”, #22.701 “Ley de fortalecimiento en la venta y exportación de electricidad a asociaciones cooperativas, empresas distribuidoras y de servicios públicos” y #22.561 “Ley para la autorización a los generadores de electricidad para la venta de excedentes de energía en el mercado eléctrico regional”. En el debate de este último expediente hemos seguido con extrema preocupación la falta de argumentación técnica, social y ecológica con que está siendo defendido.  Por esto le exigimos a los y las diputadas, estudiar, consultar, asumir responsabilidad e impedir su aprobación porque debilitan de forma irreversible el sistema público de electricidad, su condición como derecho de la gente y lo convierten en un sistema de lucho privado.  En paralelo, y como lo hemos reiterado por más de 30 años, exigimos la derogatoria de leyes 7.200 y 7.508 porque siguen siendo un deleznable medio de lucro para un grupo de empresas privadas nacionales y transnacionales.
8. Nos comprometemos a fortalecer la unión de organizaciones sociales del país integrantes de la “Coalición por la defensa del modelo eléctrico solidario para Costa Rica”, que bajo la consigna “Electricidad justa y solidaria para Costa Rica”, está orientada a la defensa del servicio social, público y solidario de electricidad que sólo ha sido posible por la existencia del Instituto costarricense de electricidad, ICE. En la tarea de resguardar de nuestra institucionalidad, nos sumamos al “Frente nacional en defensa del estado de bienestar costarricense”, para salvar nuestro sistema de salud y en particular la Caja costarricense de seguro social, la educación, la seguridad y soberanía alimentarias y las garantías laborales, que siguen sufriendo los embates del modelo de sociedad antisolidario y orientado a favorecer fines privados.
9. Instamos al gobierno de Costa Rica, instituciones, empresas y a la población en general, a asumir con respeto irrestricto, la existencia y derechos reconocidos nacional e internacionalmente de los Pueblos originarios, y en particular su derecho a la Tierra que les ha sido usurpada, y sus formas propias de organización y autogobierno según las leyes vigentes. En particular, rechazamos el eventual relanzamiento de la hidroeléctrica Diquís (646 megavatios), incluido en el plan de expansión eléctrico del actual gobierno.

¡Agua, ríos y ecosistemas para la vida!