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Autor: Hector Ferlini Salazar

Férrea travesía sobre el oasis del pacífico centroamericano. ¿Sustentable?

Juan Francisco Campos

Este mes de octubre, se cumplen 16 años de que, a pesar de la histórica gesta de nuestro pueblo contra el Tratado de libre comercio adoptado por empresarios y políticos apátridas, quedó demostrado que, en la campaña del referéndum, estos actores, fueron capaces hasta de usar herramientas típicas del terrorismo de Estado1,2; a fin de imponer su aprobación y con ello, abrir el camino para “arrasar con nuestras soberanías”. Por ejemplo, creándole facilidades a cualquier inversionista para exigir privilegios o demandarlos según sus propios intereses en paneles internacionales; ante los cuales, los Estados son fijos perdedores, pues para empezar no más su defensa, deben pagar exorbitantes sumas de dinero (W. Antillón, 2023)3. En consecuencia, todo habitante honrado de este país y que vivió esa experiencia confiando en el respeto a sus derechos civiles y políticos, conoce que, aún con el resultado de ese referéndum (un empate técnico), quienes desde entonces controlan los poderes de la República, de tal forma legitimaron el principal instrumento destructor de las bases del desarrollo nacional del presente siglo.

Sin lugar a dudas una experiencia que no obstante el crudo desenlace que tuvo, cada 7 de octubre, nos permite, aún a solas, sentirnos agradecidos con todos y cada uno de los participantes de buena fe y quienes, sin reservas, con sus múltiples y variados aportes de la ciencia, el derecho, la cultura, el conocimiento popular y sobre todo el gran calor humano; contribuyeron así a generar un ambiente o quizás movimiento social, nunca antes vivido. Uno de tantos aportes, fue presentado por parte del oceanógrafo físico Guillermo Quirós Alvarez, por medio del cual, muchos ciudadanos conocimos con profundidad que, este país es territorialmente más grande y rico de lo que se ha enseñado durante años en el sistema educativo; es decir, ocultado. Las concurridas conferencias magistrales en los auditorios universitarios, estarán por siempre presentes en nuestra memoria, alimentando la reflexión y avance del conocimiento; la ruta más certera para debelar y continuar trabajando contra las múltiples falacias incrustadas a todo nivel en la educación y el marco legal costarricense. Su tema central se refería a nuestras riquezas marinas y el piso oceánico asociado4,5.

Ahora, al cumplirse un nuevo aniversario de esa gesta patriótica, quebrantada con tan infame imposición imperialista en complicidad de los siervos menguados del país, y cuyos resultados hoy el pueblo padece con mayor crudeza; es oportuno y justo apuntar también que, a partir de entonces y quizás paradójicamente, nuestros sueños de prosperidad se multiplicaron y son una invaluable motivación en la eterna lucha por un país efectivamente mejor. Territorio donde no exista segregación social o económica alguna, y sí, donde la vida digna y saludable para todos sus habitantes, sea una realidad fundamental garantizada; y no la ficción perpetua como acertadamente se percibía al analizar aquello de que, los políticos pasan “programando nuestro desarrollo de espaldas al mar”. Claro está y como siempre sucede en este bregar, también se han multiplicado los bribones de la política escenificada durante cada campaña electoral y que, con referencia a esos conocimientos, proponen la prosperidad de su futuro gobierno o mejor dicho la de sus financistas, a partir de la explotación de las riquezas marinas; puntualmente citan el domo térmico. Un tema aparentemente poco conocido por la Nación, sin embargo y como ya se dijo, en estudio hace más de cincuenta años por parte de gringos, franceses, alemanes y japoneses; y vale creer que jamás de gratis, así como que, la pobreza y pobreza extrema de nuestros pescadores artesanales no obedece a un castigo divino.

En ese mismo orden, es conocido que, por parte de científicos nacionales, se han dado a conocer nuevas investigaciones sobre dichos recursos, las cuales, ratifican que, en Costa Rica, bajo las aguas del Océano Pacífico poseemos, por ejemplo, lo que el Dr. Jorge Jiménez (2016) y su representada Mar Viva6, titula: “El Domo Térmico de Costa Rica: Un oasis de productividad frente a las costas del Pacífico Centroamericano”. Sobre esto mismo, Quirós, G. 2007 lo señala como un “Extraño acoplamiento entre la atmósfera y el océano en nuestros territorios marinos”. Según esa investigación, “entender la posición y extensión del Domo, es de gran relevancia para su manejo y conservación”, pues se trata de un fenómeno oceanográfico de alto dinamismo cíclico, en el cual confluyen diferentes corrientes marinas y vientos, especialmente los alisios. Específicamente se le describe como una zona que está “…en constante expansión, contracción y desplazamiento, dependiendo de la etapa del año”. Por ejemplo, durante el período de máxima extensión, el núcleo cubre parte de las aguas jurisdiccionales de todos los países centroamericanos y abarca un área aproximada a cinco veces el territorio continental costarricense.

En cuanto a la biodiversidad, también se le describe como compleja y abundante, donde cohabitan “…desde algas microscópicas hasta grandes especies marinas, como el calamar gigante (Dosidicus gigas) y la ballena azul (Balaenoptera musculus)” que, entre sus características, es parcialmente descrita como el animal más grande del Planeta y en peligro de extinción. Además, parte de la depredación que la afecta, es ocasionada por el tráfico marítimo a través del Domo; zona confirmada como un espacio de su alimentación y alumbramiento. Otras de las riquezas biológicas de dicha zona, es la alta productividad del atún aleta amarilla, tanto como la presencia de delfines y cinco especies de tortugas, entre ellas la Baula, cuya existencia está en peligro crítico de extinción.

De manera que, acerca del Domo Térmico de la Región centroamericana y lo que a nuestro país pertenece y compete, comprendemos que se trata de una zona marina inmensamente rica en biodiversidad, pero abandonada por las autoridades nacionales. Situación que le ha generado severos daños ambientales, producto de los impactos sin regulaciones ni controles de la pesca ilegal aparentemente por parte de flotas extranjeras, tráfico de diferente tipo, muerte violenta de especies en peligro de extinción, contaminación por plásticos, etc. Por lo tanto, sin ningún manejo acorde con nuestra legislación (de paso también en vías de regresión) ni seguimiento a los daños ambientales que soporta. Es decir, esas mismas condiciones contrapuestas, parecen conformar su principal debilidad a nivel de una zona muy frágil, la cual, si nuestras autoridades fueran o quisieran ser realmente consecuentes con las políticas ambientales de su “liderazgo mundial” ahora también en temas oceánicos; esta zona debería declararse bajo algún estatus de área protegida. Claro está que, estas categorías, para los fanáticos del “mercado libre” siempre serán obstáculos; en lenguaje criollo: “cuellos de botella” a eliminar. Nos preguntamos, cuál será la intencionalidad real por parte del gobierno de Costa Rica con respecto al Tratado del Mar7, al anunciar como apuntaremos luego, que está próximo a ser ratificado; si en dicho Tratado, se contempla la obligación de reforzar el rigor de la Evaluación de Impacto Ambiental, y las acciones más recientes sobre el tema, se han dado severamente al revés (Ejemplo: D.E. 43898-2023).

Hace menos de tres meses que ante el CELAC y la UE8, el presidente Rodrigo Chaves discurseaba reiterando su “inquebrantable compromiso y respeto” con los derechos humanos, el sistema democrático de gobierno y la economía de mercado. También que, “Costa Rica considera que la protección ambiental, por su impacto y magnitud, es uno de los retos que nos supone mayor compromiso y unidad”. Esto así dicho, es acorde con lo que el gobierno se propuso al iniciar su gestión, compromiso y respeto inquebrantables con el mercado, mientras con la protección del ambiente sólo supone (no tiene certeza completa) un mayor compromiso. Pero su falaz discurso fue más amplio: “…celebramos la reciente adopción del Tratado de Alta Mar, que Costa Rica suscribirá en setiembre durante la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas. Invitamos a los países de la región a lograr las 60 ratificaciones que se requieren para su entrada en vigor”. En igual sentido, hizo alusióna que, Costa Ricaapoya la iniciativa Global Gateway, mediante la cual, se procura impulsar la “inversión en proyectos sostenibles y de alta calidad” para fortalecer la lucha contra el cambio climático”. Que se une al llamado de más de 20 países, varios miembros de la CELAC y de la Unión Europea; para implementar una Prórroga Precautoria al inicio de la minería de suelos marinos, hasta tanto no se pueda asegurar la protección efectiva del ambiente marino, como lo requiere la Convención del Mar. Que producto de ese compromiso, el próximo año el país será sede de un evento temático de alto nivel sobre acción oceánica, buscando impulsar los resultados de la Conferencia de 2025, de la cual somos coanfitriones, junto con Francia. En principio la intensión parece buena, pero más clara, es la decisión política de desarrollar este tipo de minería de grandes riesgos ambientales; cuestión de tiempo y estrategia de mercado.

Ironía. En ese llamado e invitación a ratificar, determinamos como lo más evidente, una insólita conducta en faltar a la verdad, dado que el compromiso real es quizás lo que más se oculta, pues en la práctica, el Gobierno de Costa Rica no ha sido congruente con sus acciones respecto a los compromisos adquiridos para la ratificación de otro Tratado, el Tratado Regional conocido como Acuerdo de Escazú9,10. Este instrumento, en la actualidad está vigente gracias a la voluntad efectiva de ratificación por otros países como nuestros propios vecinos Panamá y Nicaragua, sin Costa Rica. De manera que, por lo que representa el nombre de este Tratado para los habitantes del municipio de Escazú y de toda Costa Rica, decimos que, los escazuceños deberían demandar un resarcimiento del gobierno actual. Obsérvese también que, los propósitos de este Acuerdo denotan una real progresividad según su objetivo de: “…garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales…” (Artículo 1). Constituye el primer instrumento internacional, a nivel global, en tutelar los derechos de los defensores de derechos humanos. A la vez que, “se reconocen principios democráticos fundamentales y se procura abordar uno de los desafíos más importantes de la región: el flagelo de la desigualdad y una cultura del privilegio profundamente arraigada. También es un tratado de derechos humanos” (A. Bárcenas, ex secretaria Ejecutiva de CEPAL)11.

De las anteriores referencias, si no fuera por los hechos con los que procuramos contextualizar sobre la situación ambiental que enfrenta el país y con ello sustentar el ejercicio de la denuncia pública, se podría caer en el error de creer que las políticas públicas ambientales de Costa Rica, están orientadas según lo divulga principalmente su gobierno, a impulsar la “sostenibilidad de alta calidad” honrando compromisos ambientales de nivel internacional. Nada es así, y como dice el adagio popular: “para muestra basta un botón”. Es conocido públicamente y aunque no lo suficiente, la entrada en operación de la actividad denominada Transporte marítimo de corta distancia, mediante un ferri de carga entre Costa Rica y El Salvador. En este caso, por parte de la corporación panameña Blue Way con socios alemanes, representada en Costa Rica por Transmares, y el uso del buque Blue Wave Harmony de bandera panameña.

Consecuentemente, está a la vista que iniciaron un nuevo negocio privado al que llaman proyecto pionero, no obstante, con onerosos costos estatales al menos en Puerto Caldera e instalaciones aledañas, obras próximas a ser “modernizadas”; según declaraciones del jerarca más recientemente nombrado al frente del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP)12. Al inferir sobre esta actividad de trasporte también en aspectos como: el tiempo que tardó en ejecutarse entre treinta y cuarenta años, las deficiencias divulgadas por diferentes actores sobre Puerto Caldera e inclusive el informe de la Contraloría General de República en cuanto a la  administración del mismo, la aparente destitución del anterior presidente ejecutivo de Instituto, contradicciones entre ventajas y desventajas con respecto al transporte alternativo, características del buque, etc.; no se auguran beneficios comerciales y mucho menos impactos ambientales positivos para la Nación costarricense, pero los concesionarios una vez más se llevarán todo. Mientras tanto, los habitantes de Caldera observan cada vez mas cerca su inminente desalojo costero y desamparo; para ellos no llegará la millonaria modernización que ya demandan los concesionarios del Puerto.

Por otra parte, nos genera atención especial el hecho de que, tanto en los reportajes periodísticos observados a favor o en contra de la actividad, como en las publicaciones oficiales sobre el tema, no se logra determinar si previo a la entrada en operación del buque IMO-9007283 en su ruta (La Unión – Caldera), se cumplieron regulaciones ambientales de algún tipo13,14, a fin de prevenir sus impactos ambientales y consecuentemente los daños. Tomemos en cuenta que, en apariencia, la ruta de la embarcación en algún porcentaje significativo surca sobre el Domo Térmico de Costa Rica. Además, debe prestarse atención, que se trata de un buque viejo (32 años), pues según los organismos internacionales la vida útil de éstas naves se estima entre 25 y 30 años; entró en operación un 7 de octubre de 1991, aproximadamente a los 10 años empezó a recibir reparaciones y ha cambiado de nombre tres veces; entre otras características15.Y para mejor muestra, algo más: por nuestras funciones consultivas, hace ya tres años en visita a las instalaciones de la Setena, coincidimos en tiempo y espacio con una visitante al parecer también con igual oficio, quien, con enojo, reclamaba el atraso en dar respuesta a alguna consulta suya. Tipo de gestión que, la institución denomina consulta técnica. En la mayoría de casos, se presentan por parte de los proyectistas, para que la institución les oriente acerca de si lo que se proponen desarrollar, debe cumplir con alguno de los procesos de viabilidad ambiental que administra la Setena.

También, a consecuencia de la situación presenciada dado el tono de la inusual reclamación y las trifulcas internas al atender el caso, nos interesamos a la vez en conocer su desenlace. No fue fácil, pero en alguna medida se logró y damos gracias a las normas que dispusieron el derecho ciudadano de acceso a la información pública. Resultando, primero que el atraso lo generaba una controversia en cuanto a si la actividad de transporte de carga marítima y subrayo de este mismo proyecto del ferri centroamericano, requería o no, cumplir con la evaluación de impacto ambiental según la normativa en la materia y obligaciones de la Setena. Al parecer, a un profesional técnico sin rango de mando, le habían asignado analizar y preparar el criterio sobre la consulta, y si bien lo había cumplido, al ser firmado por sus jefaturas, dicho criterio no coincidía con lo pretendido por ellas; razón por la cual se le exigía cambiarlo. En síntesis, tal funcionario había fundamentado que la actividad debía gestionar la viabilidad ambiental antes de operar. No conocimos por parte de quien o quienes, pero la realidad fue que, el criterio del técnico se cambió y la Setena, terminó respondiendo a la interesada que su actividad no requería evaluación de impacto ambiental. Aunque confuso, mediante el oficio SETENA-DA-Educa-0310-2020 se le indicó: “…al tratarse de una ruta marítima, ya al no estar legislado el tema ante la SETENA, no es de aplicación someterse al proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, para la obtención de viabilidad (licencia) ambiental”. Actuación claramente contraria al principio precautorio. Finalmente, este caso, nos permitió conocer de otros, tanto oficiales como privados, en que, bajo el mismo procedimiento, se exonera la obligación del proceso de Viabilidad Ambiental.

En conclusión y según los hechos, la declaración explícita de “compromiso inquebrantable con la economía de mercado” por parte del gobierno de Costa Rica, no es menos que una declaración de tipo belicista. Pues a través de ella, ahora sin contemplaciones éticas y mucho menos morales bajo las que se han especializado, se procura culminar la imposición del proyecto histórico neoliberal y extractivista por excelencia; al acecho de su Patrimonio Natural y social hace aproximadamente cuatro décadas. El Estado Social de Derecho y de Servicio Público, así como las reservas de recursos naturales son su principal presa. La multiplicación de indicadores negativos en todos los órdenes de la vida nacional, exhiben tanto a lo interno como internacionalmente, la gran crisis a que se ha conducido nuestro país. Por ejemplo, la violencia extrema, inequidad, precariedad del trabajo asalariado y hasta trabajo esclavo, desempleo, graves deficiencias en servicios públicos básicos como en la educación y salud, abandono de la producción agrícola de alimentos básicos, contaminación, sobreexplotación de recursos naturales, creciente endeudamiento del Estado y desfinanciamiento del presupuesto nacional, autoritarismo, criminalización de la protesta social, etc.; son únicamente una parte de la situación.

Y si bien la extensión del territorio costarricense es relativamente pequeña, a nivel internacional logró ser reconocido como un territorio privilegiado por la naturaleza gracias a la abundancia de ecosistemas de elevada biodiversidad (megadiverso) y posición global; pero también es cierto que, esta característica históricamente fue acompañada de eficientes políticas públicas sobre protección y conservación ambiental. De manera que, ambos atributos permitieron forjar a la vez liderazgo mundial en materia del ambiente. Un liderazgo que indiscutiblemente y para bien del país, le ha generado significativas donaciones económicas, pero que quizás, el mayor dividendo es la creciente visitación turística internacional; sin lugar a duda promocionada con eficiencia publicitaria. No obstante, no se vislumbra en el horizonte que estas ventajas sigan la misma tendencia, si tomamos en cuenta que parte de las riquezas naturales que conforman el atractivo que se publicita, son presa directa e indirecta de la economía de mercado proclamada por el presidente Chaves; aunque su ministro de Ambiente y Energía por otro lado, se equivoque o mienta al haber declarado que, el país se propone desarrollar la Economía Circular16.

El Domo Térmico con su inmensa biodiversidad, así como los yacimientos de hidrocarburos y minerales presentes en el suelo marino de nuestro territorio, hoy día constituyen riquezas de incalculable valor económico pero que, por su ubicación en territorio altamente frágil, los costos ambientales de una posible explotación pueden ser iguales o superiores. Y si bien, según se dice, ha existido explotación pesquera a nivel extractivo y sin controles legales ni técnicos; es claro que, en esta ausencia de beneficios para el país, el Océano carga con los daños ambientales directos de tal explotación, más los de la contaminación acarreada por los cursos de agua provenientes del territorio continental. Es decir que, por lo que representa el territorio marino costarricense en el Océano Pacífico como espacio de alta fragilidad y los daños ambientales que ahí se dan; toda nueva obra o actividad que en el mismo territorio se desarrolle sin las mínimas regulaciones técnicas y legales, no hacen más que acelerar su destrucción ecológica.

En línea con lo anterior, se debe contemplar el proyecto bajo el cual se puso en operación el Ferri La Unión – Caldera, de cuyo buque a pesar de que no hemos tenido acceso a los últimos reportes de mantenimiento, la ficha técnica es reveladora de que aparentemente su vida útil está caduca. Por lo tanto, los potenciales impactos ambientales negativos del llamado proyecto “pionero”, presenta adicionales riesgos o amenazas que merecen cuanto antes y aunque ya esté en operación, urgentes medidas de corrección y más. Por consiguiente, en vista de que ya se demanda del Estado una millonaria inversión en la modernización de Puerto Caldera, más urgente parece la sustitución del barco, si en algo se desea simular a una actividad pionera de “Inversión en proyectos sostenibles y de alta calidad para fortalecer la lucha contra el cambio climático”.

Facilitar el desarrollo de nuevas actividades comerciales privadas, exoneradas del instrumento de la evaluación de impacto ambiental en zonas de alta biodiversidad dentro del territorio costarricense; no sólo multiplica las amenazas contra especies de la fauna marina en peligro de extinción, sino que, también representa un desacato infraganti de los principios del derecho ambiental, como el precautorio y la no regresión.

Así como el Domo Térmico de Costa Rica es sorprendente por su enorme biodiversidad y obvia riqueza natural que concentra, parece mayor la de los yacimientos de níquel, cadmio, metales preciosos, gas natural y petróleo detectados en el suelo marino del mismo territorio oceánico según los estudios de referencia. Sin embargo, tanto por la política económica del gobierno Chaves Robles y su asociado compromiso de apertura a la inversión extranjera, como por el contexto internacional y la crisis energética que atraviesa el capitalismo occidental, donde este presidente identifica a sus socios; la perspectiva socioambiental para Costa Rica es sombría, las banderas de alerta más calificadas del país por parte de la ciencia y organizaciones ambientales ya están izadas. No las dejemos bajar ni a media asta.

Referencias

1. https://es.wikipedia.org/wiki/Memorándum_del_miedo

2. https://www.elpais.cr/2017/09/07/no-debemos-olvidar/

3. https://www.ucr.ac.cr/noticias/2023/8/31/cuando-la-sed-por-el-conocimiento-y-la-pasion-por-la-justicia-desembocan-en-el-servicio-a-los-demas.html

4. https://groups.google.com/g/baproees/c/F5F-vSiRcvQ

5. https://www.ucr.ac.cr/noticias/2016/03/18/territorio-sumergido-por-descubrir.html

6. Jiménez, J.A. 2016. El Domo Térmico de Costa Rica: Un oasis de productividad frente a las costas del Pacífico Centroamericano. Fundación Mar Viva.

7. https://www.nature.org/es-us/que-hacemos/nuestra-vision/perspectivas/diez-cosas-sobre tratado-altamar/

8. https://www.elpais.cr/2023/07/18/la-propuesta-de-costa-rica-en-cumbre-ue-celac-discurso/

9.https://www.elpais.cr/2023/02/01/costa-rica-retrocede-en-legislacion-ambiental-al-sepultar-acuerdo-de-escazu/

10. https://surcosdigital.com/ambiente-y-ecosistemas-ausente-en-primer-informe-de-rodrigo-chaves/

11. https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/a6049491-a9ee-4c53-ae7c-a8a17ca9504e/content

12. https://incop.go.cr/noticias/mensaje-bienvenida-pteejecutivo_brauliovenegasdijeres/

13. https://www.imo.org/es/About/HistoryOfIMO/Paginas/Default.aspx

14. https://www.boletinpatron.com/convenio-solas/

15. https://en.wikipedia.org/wiki/MS_Sea_Anatolia

16. https://www.meic.go.cr/comunicado/1217/costa-rica-traza-su-ruta-hacia-un-futuro-circular-conoce-la-estrategia-nacional-de-economia-circular.php

Parece que la Municipalidad de Talamanca no conoce la Constitución Política de su propio país

Gloria Gavioli Marchiori

El Artículo 9 declara que el Gobierno de la República es POPULAR, REPRESENTATIVO Y PARTICIPATIVO, Alternativo y Responsable. Lo Ejercen EL PUEBLO y 3 poderes distintos e independientes entre sí, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.

Además, el artículo 11, afirma que los FUNCIONARIOS PUBLICOS SON SIMPLES DEPOSITARIOS DE LA AUTORIDAD. Todos los destacados son míos.

ESTÁN OBLIGADOS a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en la Constitución que han jurado cumplir.

La acción para exigirles la responsabilidad es pública, además, tendrán que rendir cuentas para la evaluación de los resultados de su trabajo con la consecuente responsabilidad PERSONAL en el cumplimiento de su deberes.

Esto, dada la aprobación del Plan Regulador Costero.

Urge un acuerdo entre poderes de la República sobre seguridad

José Luis Pacheco Murillo

La ola de violencia no da para enfrascarnos en una lucha por encontrar culpables, por lo general esto es un proceso que se inició hace muchos años y que hoy simplemente estamos recogiendo lo que sembramos. Lo que es urgente son las soluciones y es necesario que todos los poderes de la República pongan de su parte y también los medios de comunicación deben de hacer lo suyo.

Precisamente esos medios de comunicación deberían de dejar de transmitir tanta violencia. La información sobre lo que hacen sicarios y sobre lo que el narcotráfico logra en niños y jóvenes debería de tratarse de manera tal que no se preste a crear más ambición en esos. Infancia y jóvenes que de por sí, por falta de oportunidades, están siendo blanco de esas organizaciones mafiosas.

El Poder Ejecutivo debería de centrarse en buscar oportunidades de trabajo para esos jóvenes y de esa forma sacarlos de las garras del crimen.

El Poder Judicial debe ser más enérgico en la aplicación de la ley, no es posible que los delincuentes sean pasados una y hasta sesenta veces a los jueces y sigan en libertad. Ya fuimos informados por el ministro de seguridad sobre este tipo de situaciones y deberían de acabarse con esa alcahuetería.

Y el Poder Legislativo debería de cambiar su mentalidad comisionista por una que cumpla con su deber de legislar y enfocarse en el tema de seguridad. Ahí están varios proyectos sin ser analizados y no avanzan en la corriente legislativa. Dejen ya de estar tratando de desestabilizar al gobierno y dedíquense a hacer lo que les corresponde. Los costarricenses estamos urgidos de leyes contra la delincuencia.

Dios quiera que haya acuerdos entre esos poderes y que se tomen las acciones correspondientes para acabar con esta masacre que hoy vivimos y que nos afecta a todos.

Honduras se pronuncia en relación con obligatoriedad de visa para personas hondureñas que viajan a Costa Rica

SURCOS comparte el siguiente comunicado oficial:

Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional
Gobierno de la República de Honduras

COMUNICADO

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, al pueblo hondureño y medios de comunicación nacionales e internacionales, con relación al anuncio sorpresivo de parte del Gobierno de Costa Rica, de aplicar visa consular a los ciudadanos hondureños y, en vista de que esta medida ha sido aplicada sin previo aviso y sin un plazo de transición y adaptación, entorpeciendo los normales flujos de personas que debe existir en países hermanos que deben avanzar en la integración y unidad centroamericana, el Gobierno de la República de Honduras tomará las siguientes medidas:

Primero: En comunicación entre autoridades de Migración y Cancillería de ambas naciones, se acordó posponer la medida de visa para los ciudadanos hondureños por 72 horas, para solucionar el problema a las personas en tránsito. Se comunicó a TIMATIC la decisión, de manera que todas las líneas aéreas tengan la información respectiva sobre la nueva determinación.

Segundo: En caso de que. lamentablemente, esta medida no cambie para bien de los nacionales de dos países hermanos, se harán las gestiones internas necesarias, para que, a la brevedad posible, se aplique la misma medida de visas consulares a los ciudadanos costarricenses que viajen a Honduras en plena reciprocidad.

Tercero: Respetamos las decisiones soberanas de los Estados, pero consideramos que entre naciones hermanas debe primar el diálogo para solventar cualquier diferencia en visiones, sobre temas de interés mutuo. Y esperamos que, cumpliendo con los principios de la integración centroamericana, se vuelva a la normalidad.

Tegucigalpa, M.D.C., 6 de octubre de 2023.

SINTRAJAP: “JAPDEVA se mantiene gracias a sus trabajadores… a pesar de 20 años sin ajustes tarifarios, pérdida de cargas y regla fiscal”

SINTRAJAP envió una carta dirigida al intendente de Transporte de ARESEP, al ministro del ramo, a la junta directiva de JAPDEVA y a diputadas y diputados en la cual expresa la grave situación que vive la empresa, que “se mantiene gracias a sus trabajadores”.

En la nota se puntualiza que “JAPDEVA tiene 20 años sin ajustes tarifarios por parte del ente que nos regula ARESEP. A 4 años de la Directriz del MOPT que quita las cargas a JAPDEVA, la regla fiscal que amarra de pies y manos a las empresas públicas porque no las deja crecer aun cuando se atente conta la economía del país. A pesar de una gestión de administración en JAPDEVA que no ejerce de la mejor forma, JAPDEVA se mantiene gracias a sus trabajadores”.

La nota expresa que “APM Terminals muchos años antes de entrar en operación, ya recibía ajustes a la tarifa, hoy cuenta con las tarifas más caras de la región y todos los agostos recibe ajustes tarifarios con base a la inflación de EEUU. Tigre suelto generando caos social y económico, mientras en el país se toman decisiones que amarran a las instituciones públicas”.

Además, SINTRAJAP señala que “JAPDEVA le ha servido a la economía del país en un 80%, atendiendo por más de 55 años el comercio nacional e internacional, con las tarifas más bajas del mundo, atendiendo socialmente la provincia”.

Ante esa situación la organización de las trabajadoras y trabajadores de JAPDEVA propone “que se hagan los ajustes tarifarios de oficio, considerando la inflación del año 2002 hasta el año 2022 según los indicadores económicos del Banco Central, esto con lo indicado en el artículo 30 de la ley de la ARESEP”. Asimismo, “que Japdeva haga lo que corresponde según su ley como autoridad portuaria para generar ingresos, cobrando por todos los servicios. Y que, además, solicite ajustes reales tomando en cuenta la variación del dólar versus la inflación de Costa Rica”.

SURCOS comparte la carta enviada por SINTRAJAP.

Limón, 03 de octubre del 2023

STJ-312-2023

Licenciado

Edward Araya Rodríguez

Intendente de Transporte

ARESEP

Junta Directiva

JAPDEVA

Ing. Luis Amador Jiménez

Ministro del MOPT

Diputados

Asamblea Legislativa

Estimados señores:

Después de un saludo cordial deseándole muchos éxitos en sus funciones pasamos a lo siguiente:

JAPDEVA a 20 años sin ajustes tarifarios por parte del ente que nos regula ARESEP. A 4 años de la Directriz del MOPT que quita las cargas a JAPDEVA, la regla fiscal que amarra de pies y manos a las empresas públicas porque no las deja crecer aun cuando se atente la economía del país. A pesar de una gestión de administración en JAPDEVA que no ejerce de la mejor forma, JAPDEVA se mantiene gracias a sus trabajadores.

Preámbulo.

APM Terminals muchos años antes de entrar en operación, ya recibía ajustes a la tarifa, hoy cuenta con las tarifas más caras de la región y todos los agostos recibe ajustes tarifarios con base a la inflación de EEUU. Tigre suelto generando caos social y económico, mientras en el país se toman decisiones que amarran a las instituciones públicas.

JAPDEVA le ha servido a la economía del país en un 80%, atendiendo por más de 55 años el comercio nacional e internacional, con las tarifas más bajas del mundo, atendiendo socialmente la provincia.

ARESEP con todas las potestades de imperio que el legislador le ha dado no pueden intervenir en los altos costos de exportación e importación que se da en la empresa de APM Terminals, parece que hay un estado dentro de un estado, nadie los regula. Lo bueno de que no los regule Aresep, garantizan que no pasen 20 años sin que se mueva la tarifa, porque APM sin estar en operación ya tenía ajustes a sus tarifas.

En ese sentido APM se ha garantizado que todos los agostos de cada año, los ajustes comprendan la inflación de los EEUU, una moneda importante en la economía mundial; previendo así que sus ingresos no se devalúen, y que no exista un ente como la ARESEP que quebrante sus ingresos al punto de atentar con el equilibrio financiero.

PRIMER ESCENARIO:

  1. ARESEP en el año 2002 fija modelo tarifario a JAPDEVA.
  2. En JAPDEVA han pasado más de 20 años sin ajustes a las tarifas, aun cuando todos los servicios básicos suben constantemente, aun así, los trabajadores a nombre del estado con mucho esfuerzo y compromiso han dado un excelente servicio.
  3. Del año 2002 al 2012 ARESEP hace un ajuste de 10% a algunas tarifas portuarias. Y del 2012 al 2023 no ha habido ningún ajuste.
  4. La inflación de Costa Rica del 2003 al 2012 según datos del Banco Central fue de más de un 92%, aun así, la Aresep solo ajusto de oficio en un 10 % a algunas tarifas, dejando claramente un hueco económico en JAPDEVA, donde ni siquiera la inflación a la fecha se toma como referente para esos ajustes tarifarios.
  5. JAPDEVA en estos momentos tiene más de 20 año sin ajustes de tarifas.
  6. Las tarifas de JAPDEVA son en dólares, el año pasado 2022 el dólar llego a 697 colones por un dólar, y hoy al 3 del 10 del año 2023 el dólar está en 534 colone por un dólar, cayendo ese valor en 163 colones, en estos momentos somos el puerto más barato del mundo y bajando las tarifas por la caída del dólar.
  7. Hace 20 años se pone en peligro el equilibrio financiero de una empresa estatal que le ha servido a la sociedad civil, a la economía del país y al comercio nacional e internacional.

SEGUNDO ESCENARIO:

LES COMPARTO OTRA REALIDAD CON EL CANON QUE COBRA ARESEP QUE ES SU FUENTE DE INGRESOS, VEAN COMO TRANSGREDEN LA VARIABLE DE LA INFLACION EN 700%

  • El año 2002 cuando ARESEP fija modelo de tarifas a JAPDEVA, el cobro primero del canon fue de 31 millones aproximadamente.
  • Ya en el 2015 ARESEP estaba cobrando de canon 238 millones de colones a JAPDEVA, incrementándose la fuente de ingresos de la ARESEP por ese cobro en un 648%, aun cuando la inflación desde el 2002 al 2015 era de un 102% según datos del Banco Central. La pregunta que surge es ¿cuáles parámetros usan para ese cobro? ¿cómo llegan a ese cobro superando la inflación 7 veces, y Japdeva sin aumento por 20 años.
  • Nos cabe una pregunta que pasaría si ARESEP hoy todavía nos cobrara los 31 millones iniciales. Sencilla la respuesta, ya hubiera quebrado.

TERCER ESCENARIO ANTI PATRIOTA:

  • APM Terminals No son regulado por la ARESEP, son el puerto más caro de la región, no los toca la regla fiscal. Todos los agostos tienen ajustes de tarifas con base a la inflación de los EEUU. Son un estado dentro de un estado, lo que Costa Rica decida en su política económica y social no los toca.
  • Esto es importante que todos los ciudadanos costarricenses lo sepan para que vean como saquean al país. APM Terminals ha indicado que van a aportar para proyectos el 7.5% de sus ingresos y que eso equivale a $1000 millones en 33 años.
  • No nos detengamos allí, hagamos regla de tres si 7.5% es $1000 millones, cuanto es 92.5% que le queda APM, eso equivale a 13 billones de dólares en 33 años, riqueza que se va para Holanda. Seguimos esperando un gobierno que tome decisiones para que esa riqueza se quede en el pueblo de Costa Rica, y se beneficien los pobladores, las exportaciones e importadores, porque los altos costos en APM están fuera de orden atentando con el comercio nacional e internacional.

Por ultimo indicar que SINTRAJAP afiliado: a la en alianza con el Bloque Cívico de Limón, a la Confederación Rerum Novarum, a la FETRAL (Federación de Trabajadores de Limón); ITF (Federación Internacional del Trasporte) estamos muy preocupados por el tema de los ajustes de tarifas a JAPDEVA que en buena teoría se deben hacer año a año, tomando como mínimo la inflación del país, indicar que JAPDEVA lleva más de 20 años sin ajuste de tarifas, aun cuando la economía es dinámica porque JAPADEVA opera con los derivados del petróleo como lo son la gasolina y el Diesel, igualmente el agua, la electricidad, los salarios, póliza, costo de vida entre otras variables que suben constantemente, por ejemplo NO ES DE RECIBO que JAPDEVA no reciba el mismo trato, entendiendo que la ARESEP nace para regular la cosa pública, donde su artículo 30 de la ARESEP permite hacer ajustes de oficio, donde claramente pueden usar como parámetro la inflación de Costa Rica, la dinámica económica es variable no es estática no hacer esto por el ente regulador ARESEP, nos estarían condenando a los peores escenarios negativos, sociales, económicos y legales.

Solicitamos como organizaciones sociales lo siguiente:

  1. Que se hagan los ajustes tarifarios de oficio, considerando la inflación del año 2002 hasta el año 2022 según los indicadores económicos del banco central, esto con lo indicado en el artículo 30 de la ley de la ARESEP.
  2. Que Japdeva haga lo que corresponde según su ley como autoridad portuaria para generar ingresos, cobrando por todos los servicios. Y que, además, Solicite ajustes reales tomando en cuenta la variación del dólar versus la inflación de Costa Rica.

Sin más por el momento y esperando pronta respuesta se suscribe

Atentamente

Lic. Antonio Wells Medina

Secretario General SINTRAJAP

Copia: sociedad civil

¿Ha caducado el Estado de Derecho?

José Manuel Arroyo Gutiérrez

Ha trascendido en medios de comunicación muy serios que, al finalizar una reunión de emergencia entre jerarcas de supremos poderes, el presidente de la República ha moderado su lenguaje contra los jueces y afirma que la culpa la tienen las leyes, y hay que cambiarlas. Por su parte, parece que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, coincide con esta apreciación y añade que las leyes que nos rigen fueron hechas hace mucho tiempo y para una Costa Rica muy diferente.

Lo que diga don Rodrigo Chaves, desde una perspectiva jurídica, realmente me tiene sin cuidado. Ha demostrado en múltiples ocasiones y diferentes temas una capacidad de improvisación e irresponsabilidad que no hay manera de contrastar.

Mucho más preocupante son las manifestaciones de don Orlando Aguirre. Por su condición de jurista, su autoridad y su larga experiencia. La verdad, no me esperaba sus apreciaciones.

Para decirlo con brevedad: se es, o no se es, un Estado de Derecho. Se defienden o no se defienden los principios en que se fundamenta. Cuando oímos decir que las leyes hay que cambiarlas para adaptarnos a una nueva realidad, ¿en qué estamos pensando realmente? ¿Qué aspectos, de un Estado de Derecho, han devenido obsoletos?

¿Vamos a permitir la detención de personas sin indicio comprobado de haber cometido delito? ¿Vamos a tenerlas en manos de la policía, el tiempo que sea, sin ponerlas a la orden de un juez? Estando detenidas, ¿les vamos a negar informarlas de la razón de su detención y las pruebas que hay en su contra? En esta “nueva” Costa Rica, vamos a autorizar allanar domicilios sin orden judicial? ¿Vamos a intervenir las comunicaciones privadas sin límite alguno? ¿Terminaremos con esa “tontería” de los recursos de hábeas corpus, amparo o acciones de inconstitucionalidad? ¿Vamos a condenar penalmente a un ser humano sin permitirle defenderse? En definitiva, ¿qué tenemos que echar al basurero? ¿La Constitución misma? ¿La Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos? ¿Han devenido obsoletos los instrumentos esenciales de la convivencia civilizada y democrática? ¿Podemos, acaso, prescindir de uno sólo de los principios o normas esenciales que estos documentos exigen?

¿Cómo es posible, que a estas alturas del siglo XXI, ignoremos que prácticamente TODAS las leyes de importancia, en cuanto a derechos fundamentales, en Costa Rica, han sido sometidas a un examen de constitucionalidad? Durante décadas se han hecho ingentes esfuerzos para que las acciones y decisiones de las autoridades públicas tengan un mínimo de concordancia con el Derecho de la Constitución y con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Si ha habido temas donde la Sala nos ha quedado debiendo, eso no descalifica los muchos otros en que ha cumplido a cabalidad con su papel de tutela efectiva en temas relevantes.

En definitiva, ante una crisis de seguridad, ¿vamos a botar la criatura con el agua sucia de la tina? Si les damos un vistazo a las propuestas que el Ejecutivo ha enviado a la Asamblea Legislativa y ésta ha recibido con un entusiasta “pronto despacho”, ¿de veras creemos que extraditando nacionales, maximizando la prisión preventiva, ninguneando el criterio de los jueces, ampliando las intervenciones en las comunicaciones de las personas, y creando el concepto de “persona peligrosa” o “menor de edad peligroso” vamos a superar esta crisis de inseguridad?

Sólo espero que nuestra Asamblea Legislativa reflexione a fondo sobre las medidas que se están proponiendo y, sobre todo, tengan alguna idea de cuáles van a ser las consecuencias ineludibles de tomar decisiones sin darles el pensamiento necesario. Doña Prisa y Don Miedo son los peores asesores parlamentarios que conozco. Sólo espero que alguien llame a reparar en las causas profundas de la debacle que estamos viviendo y se acuerde de que existe algo llamado “prevención”, clave para superar los muros de la mera “represión” en la que estamos entrampados.

¿Vamos al estadio?

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

No más terminado el partido en Estelí en el que el equipo local venció por la mínima diferencia al Deportivo Saprissa flamante campeón vigente del fútbol costarricense, se desató en redes sociales un discurso sobre el ridiculo internacional y el drama que significó el resultado. 

Hablamos de un país que se asume potencia en el concierto del fútbol mundial, ubicado en la actualidad en el lejano puesto 46 del ranking elaborado por la transnacional empresarial FIFA.

Hablamos de un país futbolero en el que su ambiente se ha salpicado por recientes casos de racismo y discriminación.  Hablamos de un país tomado por la violencia producida por los poderes fácticos en colusión con ciertos poderes políticos que le han abierto un espacio para que gestionen el país a su antojo.

Desde este escenario se produjeron esos comentarios de drama y crisis nacional. No era posible que el Real Estelí de Nicaragua triunfara sobre Deportivo Saprissa de Costa Rica. Era inaudito. Inadmisible. La identidad nacional una vez más se había visto amenazada.

Lo que realmente debe llamar la atención, drama futbolero y nacionalista con tintes de superioridad social y cultural aparte, es lo producido en los últimos días en discursos vertidos en redes sociales. 

La comunidad nicaragüense radicada en Costa Rica (responsable en buena medida del 12% del Producto Interno Bruto) ha sido invitada a asistir al juego de vuelta a realizarse en el Estadio Ricardo Saprissa.

Imagen tomada de sitio Yashin Digital

Una rápida observación en comentarios en redes sociales a esta invitación nos vuelve a traer la racialización en los discursos, el tinte xenofóbico en algunos comentarios que relacionan comunidades donde vive una buena cantidad de población nicaragüense con pobreza, delincuencia e inseguridad y la supuesta superioridad biológica del costarricense en relación con la población nicaragüense.

Durante tres años la empresa de monitoreo de discursos COES a solicitud del Programa de Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) ha llamado la atención acerca de la distribución de discursos de odio contra las poblaciones migrantes en redes sociales.

El humor pasivo agresivo, la broma que racializa, la referencia a espacio y migración, son referentes permanentes que deben llamar la atención. La violencia simbólica puede pasar a la agresividad física en cualquier momento.  

El llamado al respeto a la diferencia debe ser política pública declarada para lograr una sociedad mejor dispuesta a la convivencia. Por el momento la tarea está pendiente.

1 de octubre, Día Internacional de las Personas Adultas Mayores

La Sarcopenia

Dr. Fernando Morales Martínez
Médico Geriatra y Gerontólogo
Miembro Honorario de ACANAMED

La Sarcopenia es una condición médica. Fue descrita por el doctor Irwin Rosemberg en los años ochenta. Esta enfermedad se caracteriza por los cambios que afectan la marcha, movilidad, ingestión energética, estado nutricional, independencia y otras funciones relacionadas con la pérdida y distribución de la masa muscular en las personas adultas mayores, principalmente.

Señora Francisca Castillo Castrillo (qdDg), con 108 años bailando una pieza musical

Desde que nacen, los seres humanos mantienen un equilibrio entre la cantidad de músculo que se forma y la cantidad de músculo que se pierde. Este equilibrio se da en condiciones óptimas hasta los 25 a 30 años de edad y mantiene esa condición estable en los siguientes 10 años; es decir, hasta los 40 años de edad en promedio, el ser humano goza del sano equilibrio en la masa muscular y por consiguiente el adecuado funcionamiento de las facultades descritas en el primer párrafo de este artículo. 

La adecuada alimentación y el ejercicio físico disciplinado y constante determinan la acumulación y reservas de la masa muscular en cada persona. Ahora bien, la pérdida de masa muscular que se relaciona con el envejecimiento y se acompaña de la pérdida de la fuerza muscular, la alteración del desempeño físico o ambas cosas, es lo que conocemos como Sarcopenia.

Las consecuencias se empiezan a manifestar a partir de los 40 años con una pérdida del 8 por ciento de masa muscular, un proceso gradual que opera hasta  los 70 años de edad y aumenta al 15 por ciento de pérdida de masa muscular cada década, posterior a los 70 años, reitero.

Las consecuencias de este proceso irreversible de masa muscular, en relación con la edad adulta, trae como consecuencia la disminución de la fuerza muscular y sumado a ello la merma en la capacidad del autocuidado. En consecuencia, se reduce la capacidad del individuo para responder a la enfermedad. Por ejemplo, si sufre una lesión o traumatismo quirúrgico, su cicatrización será más lenta y estará más expuesto al riesgo de caídas y de fracturas. La prevención y el manejo se dirigen a mantener el equilibrio entre la cantidad de músculo que se pierde y la cantidad que se forma. Esto se logra a través del ejercicio disciplinado y la nutrición balanceada, factores que han mostrado muy buenos resultados.

Se conoce que la capacidad de incrementar la síntesis de proteína muscular se mantiene frágil aún en la persona adulta mayor. De ahí que los programas de ejercicios de resistencia han mostrado ser muy efectivos para mantener o mejorar la fuerza muscular y el desempeño físico, preferiblemente en el contexto de un programa de entrenamiento bien dirigido. Este entrenamiento bien dirigido debe necesariamente incluir una fase de trabajo de movilidad y otra de entrenamiento de resistencia y de tolerancia. Las principales consecuencias de la Sarcopenia se relacionan todas con la funcionalidad y la dependencia física.

En ese contexto se vuelve de vital importancia atender el llamado de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización de las Naciones Unidad, voces autorizadas que claman por que las personas de todas las edades nos mantengamos en actividad. Y en el caso de las personas adultas mayores, fieles a lo que se pide en la llamada Década del Envejecimiento Saludable.  Esto es, ni más ni menos, lograr ser independientes y autónomos físicamente, condición física que por derivación proporciona satisfacción y buena calidad de vida al ser humano, con el fin de disfrutar los años que nos corresponda vivir en la etapa de la plenitud.

Hoy, como hace 80 años – El infierno de las bananeras

No es la primera vez que ocurren accidentes laborales en las bananeras, tampoco son casos aislados en las plantaciones de Chiquita Brands en Costa Rica.

Gerardo Iglesias – Gerardo Castillo

Imagen: Mamita Yuani (Blog Carlos B. Gil)

En las fincas propiedad de esta transnacional −que el consorcio brasileño de jugos Cutrale-Safra adquirió en 2014− todo parece indicar que es política de la compañía exprimir al máximo a sus trabajadores (mujeres y hombres), aun cuando se encuentren convalecientes de enfermedades.

El miércoles 20 Javier Espinoza, recientemente operado de la rodilla, fue obligado a efectuar labores de embolsado de banano.

Como era de suponer, Espinoza cayó de la escalera y Chiquita lo mantuvo tirado en el piso frío de la administración hasta que, por acción de dirigentes sindicales, fue trasladado en ambulancia a una clínica de la seguridad social.

Exactamente a una semana de este penoso episodio, Walter Reinoza, de nacionalidad nicaragüense, de 30 años, sufrió un colapso por sobrecarga física.

Reinoza informó al mediodía no sentirse bien. ¿Cuál fue la respuesta de Chiquita? Exigió que continuara trabajando hasta que a las 15 horas se desmayó. ¿Qué hizo Chiquita? Lo llevó a la casa y ahí lo dejó.

El escritor costarricense Carlos Luis Falla “Calufa” publicó en 1941 la novela Mamita Yunai. El infierno de las bananeras, donde denuncia los abusos que sufren quienes trabajan en las plantaciones de banano y la miseria en que habitan.

Han pasado 82 años. La situación descripta por “Calufa” en poco o nada ha cambiado. Los salarios no alcanzan, las jornadas son arbitrarias, la precariedad laboral se tornó permanente. Tampoco se permite a los representantes sindicales entrar a las plantaciones y se irrespeta la dignidad del trabajador.

El infierno arde con fuerza.

Partido de los Trabajadores denuncia actos de brutalidad policial en Escazú

«Ante esos hechos, Jhon Vega quien se encontraba con su familia en ese parque, les pidió los datos a los policías para denunciar esa situación, pero la respuesta de los policías fue detener a Vega y subirlo de inmediato a una patrulla. La detención de Vega se da frente a su compañera y a sus hijos de 4 y 7 años».

Con ese texto el PT denunció en su espacio de Facebook los hechos ocurridos en Escazú.

En la página web de este partido se amplía la denuncia con este detalle:

Denunciamos la aprehensión a Jhonn Vega en hechos de brutalidad policial

El ex candidato presidencial y presidente del Partido de los Trabajadores, Jhon Vega Masís, fue detenido durante esta mañana en el parque de San Miguel de Escazú, después de solicitar explicaciones, junto con otras personas preocupadas, por una acción de brutalidad policial por parte de agentes de la Policía Municipal de Escazú contra dos habitantes de calle.

A eso de las 10:30am de esta mañana agentes de la policía municipal estaban “levantando” a dos habitantes de la calle que estaban en el Kiosko del parque, pero en un determinado momento un policía reventó la cabeza de una de estas personas contra la acera provocando una herida en el rostro.

Ante esos hechos, Jhon Vega quien se encontraba con su familia en ese parque, le pidió los datos a los policías para denunciar esa situación, pero la respuesta de los policías fue detener a Vega y subirlo de inmediato a una patrulla. La detención de Vega se da frente a su compañera y a sus hijos de 4 y 7 años de edad.

Vega fue llevado a la Delegación de San Antonio de Escazú, y fue liberado después de una hora de estar detenido. Sin embargo, le hicieron un parte policial por supuestamente obstruir la labor policial, le negaron el nombre de las personas que realizaron la acción contra el habitante de calle, fue golpeado cuando lo tiraron dentro de la patrulla y presenta dolor por la coloración de las esposas.

Denunciamos la represión y brutalidad policial

La detención de nuestro compañero es parte del ascenso de la brutalidad policial que se ha denunciado en los últimos meses. La acción de Jhon Vega es legítima y necesaria en el marco de combatir el abuso y la represión policial.

Exigimos a Arnoldo Barahona, Alcalde de Escazú que salga a dar explicaciones de manera inmediata sobre esta acción de brutalidad policial por parte del cuerpo de policía que está a su cargo.

 Exigimos a la Fiscalía que desestime cualquier denuncia que sea interpuesta contra nuestro compañero y más bien persiga a quienes usan el uniforme para maltratar y violentar derechos de personas pobres y trabajadoras.

También hacemos un llamado al movimiento popular y sindical a rodear de solidaridad a nuestro compañero y su familia, quienes presenciaron la brutalidad policial y cómo la matonería de la policía se trae a bajo una mañana de domingo familiar.