Nos anticipa el Banco Central que, al concluir este año, la inflación habrá caído por debajo del 4%, pero, además, nos confirma tan importante entidad pública, que el año pasado se registró un “superávit primario” en las cuentas del gobierno.
Son grandes nuevas, ¿cierto? La verdad, tengo mis dudas.
Empecemos por el segundo aspecto mencionado. Aclaremos, primero, una cosa: decir que hay “superávit primario” no equivale a decir que hay “superávit fiscal”. El “superávit primario” se da si los ingresos exceden de los gastos, pero sin incluir en esos gastos los intereses de la deuda pública. Aunque esto aparenta ser un detalle técnico, en realidad es una burda estratagema ideológica, cuyo propósito es enfocar los recortes y tijeretazos en “todo lo demás”, excepto los pagos por intereses.
Posteriormente sí se consideran los intereses. Volvemos, entonces, a hacer la resta: ingresos menos gastos, pero, ahora sí, incluimos los intereses. Sucede, entonces, que el “superávit primario” se transfigura en “déficit fiscal” (o “déficit financiero”, como le llaman también). Los intereses son los que se encargan de hacer que los números positivos pasen a ser negativos.
Pero aquí lo relevante es que los pagos por intereses son sagrados e intocables. El “dios mercado” decide las tasas de interés, y estas deciden cuánto deba pagarse. Nada más se diga al respecto. Recordemos que ya de previo los machetazos habían caído sobre “todo lo demás”. Algunos ejemplos de “todo lo demás” son: becas estudiantiles, comedores escolares, servicio 911, vivienda popular, albergues infantiles, hogares para personas mayores, instalaciones educativas, etc. etc.
O sea: cuando alguien celebra el tal “superávit primario”, lo que está celebrando es esa salvaje operación de recorte.
Y en cuanto a la inflación: siempre fue clarísimo que el origen de esta era externo, o sea, que era una inflación importada. Por ello mismo, siempre fue clarísimo que, en cuanto la inflación internacional empezara a ceder, también cedería en Costa Rica. Exactamente eso es lo que estamos observando.
Pero lo absurdo de esto es que el Banco Central nos ha sometido a una innecesaria, y perfectamente prescindible, dieta de latigazos, al forzar a una grosera alza de las tasas de interés, lo que, en este contexto, equivale a castigar a Pedrito, por travesuras que hizo Juancito.
Queda claro lo que es bueno para el Banco Central, es dañino para la gente.
1) La extrema gravedad de la crisis ambiental que hoy la humanidad enfrenta, la cual se manifiesta tanto en el cambio climático, con todas las devastaciones que éste acarrea, como en la extinción masiva de especies animales y vegetales. Obliga invocar el derecho constitucional de un Estado Participativo, como lo establece nuestra constitución política en la gran reforma del 2003, en su Artículo 9.
2) Estamos ante una crisis socio ambiental civilizatoria multidimensional provocada por modelos de desarrollo y estilos de vida que amenazan la base natural, por consiguiente, afectan los factores de producción y las relaciones sociales. El creciente deterioro ambiental ha generado un desequilibrio que repercute en el surgimiento de pandemias, desastres antrópicos con efectos naturales y humanos que ponen en riesgo la vida en la Tierra.
3) Con el amparo de la Constitución Política de la República de Costa Rica toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por lo cual, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado (Artículo 50). El ambiente y la ecología del país deben primar sobre la explotación descontrolada de los recursos naturales y de los denominados comunes globales de la tierra, aguas y el aire, en todo el territorio nacional incluido el territorio marítimo.
4) La Ley Orgánica del Ambiente N° 7554 (Artículo 6) le delega al Estado el fomento de la participación activa y organizada de los habitantes en la toma de decisiones y en la protección del ambiente.
5) Que el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, es el fruto de una iniciativa que surgió originalmente durante la Conferencia de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (Río+20), en junio de 2012. Fue impulsado por la Comisión Económica para la América Latina (CEPAL), y cristalizó después de un proceso de diálogo y negociación entre los países latinoamericanos, el cual fue liderado por nuestro país en conjunto con Chile.
6) Que el acuerdo ha sido firmado por 24 países, incluida Costa Rica, pero paradójicamente y contradictoriamente nuestro país no forma parte del grupo de 14 países que ya lo ratificaron.
7) El Acuerdo de Escazú tiene como objeto “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”, lo cual es congruente con la normativa nacional e ideales de sostenibilidad socioambiental y defensa de los derechos humanos.
8) Que hoy es urgente democratizar la información sobre temas ambientales, propiciar la más amplia educación ciudadana sobre esos asuntos, garantizar mecanismos confiables y transparentes en materia de justicia ambiental, y proteger la vida, y la integridad física y emocional, de quienes se organizan y se expresan a favor del medio ambiente y la naturaleza y por los derechos de la población a un ambiente limpio y saludable, teniendo presente que sus vidas enfrentan múltiples amenazas.
9) Que todas los anteriormente citados son objetivos que animan este Acuerdo de Escazú.
10) Que Costa Rica ha ganado prestigio internacional como un país verde, comprometido con el cuido del medio ambiente y la convivencia respetuosa y equilibrada con la naturaleza.
Por lo tanto, expresamos:
Formular una respetuosa y muy vehemente excitativa a las señoras y señores diputados de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, para que, a la mayor brevedad posible, ratifiquen el Acuerdo de Escazú, en bien de nuestra imagen internacional como país comprometido con la naturaleza, y a fin de introducir mejores dispositivos institucionales y regulatorios, que protejan la naturaleza y la vida.
Dar seguimiento a la presente petición para una oportuna respuesta, coordinando con el movimiento social nacional e internacional, sean organizaciones gremiales, ecologistas, comunales, ONGs y autoridades académicas, con el fin, de ser necesario, poder concretar diferentes acciones en caso de una respuesta negativa.
Publicar este manifiesto por las redes sociales y los diferentes medios de comunicación masiva.
El Colectivo Mujeres por Costa Rica suscribe la carta de solicitud a los señores diputados y diputadas para mantener en la corriente legislativa el proyecto conocido como Acuerdo de Escazú.
Lunes 30 de enero de 2023
Señoras/es diputadas/os
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Asunto: Expediente legislativo N° 21.245.
Reciban un cordial saludo de parte de varias organizaciones de la sociedad civil dedicadas a impulsar el ejercicio de los derechos humanos en materia ambiental y climática en Costa Rica y la región.
Nos mantenemos al tanto de que se acerca la fecha de finalización del periodo cuatrienal para la aprobación del expediente legislativo N° 21.245, «Aprobación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe ⎼ Acuerdo de Escazú”.
Como es sabido por ustedes,
En marzo del 2018, se firma en Escazú este acuerdo regional, gracias al auspicio de la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas (CEPAL), el liderazgo de las delegaciones de Chile y Costa Rica, así como una importante participación de la sociedad civil.
En la Sesión Ordinaria N° 135, el 13 de febrero de 2020, se aprobó en primer debate, y por unanimidad de votos.
Por medio del informe AL-DEST-CJU-031-2020, del 22 de junio de 2020, el Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos indicó que el vicio de procedimiento señalado por la Sala Constitucional en la resolución 2020-006134 fue subsanado y recomienda al plenario la aprobación en segundo debate.
En el 2021, en contra de su propia jurisprudencia, la Sala Constitucional puso un freno al proceso de ratificación, ocasionando que la Asamblea Legislativa deba convocar el proyecto a un nuevo primer debate.
Desafortunadamente, cada día que en nuestro país no está en vigor el Acuerdo de Escazú, perdemos la oportunidad de:
Asegurar la toma de decisiones en asuntos ambientales de forma participativa e inclusiva, y manteniendo la igualdad, crecimiento económico sólido y desarrollo sostenible para todas las personas.
Garantizar una participación plena y democrática en el desarrollo de proyectos con potencial impacto ecológico, para que los defensores y defensoras ambientales estén protegidos en un marco de derecho a participación y acceso a justicia, si así es requerido.
Generar certeza y estabilidad en las inversiones nacionales y extranjeras, tal y como lo destacaron representantes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), el Banco Europeo de Inversiones (EIB) y de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), durante la Quinta Reunión del Foro de los países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, realizada en nuestro país en marzo de 2022.
Que el Estado costarricense mejore sus estándares en materia de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales, con un amplio margen de discrecionalidad y de acuerdo con nuestras posibilidades (artículo 13), siendo incluso que, en varios temas, remite directamente a la legislación interna de los Estados Parte (artículos 4.3, 5.5, 5.6, 5.13, 6.2. 6.9, 7.12, 7.15, 8.2, 8.3.c.).
Atender el criterio de diversos sectores que se han expresado a favor, entre ellos las universidades públicas, el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, diecisiete concejos municipales y organizaciones no gubernamentales, Naciones Unidas, Unión Europea, OCDE, Banco Mundial, Banco Europeo de Inversiones y el BID.
Prevenir la violencia y mejorar el acceso a la justicia. Entre 1975 y 2020, un total de trece defensoras y defensores del ambiente fueron asesinados en nuestro país, mientras las personas que están involucradas en actividades de defensa de los territorios viven en un estado constante de intimidación, ataques y criminalización, particularmente en las áreas rurales y costeras, y en los territorios indígenas.
Seguir las recomendaciones del informe de la relatoría de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, sobre la visita in situ a Costa Rica, publicado el pasado 28 de septiembre del 2022. Donde se recomienda al Estado costarricense ratificar el Acuerdo para proporcionar medidas adecuadas de reparación individual y colectiva por parte del Estado.
Mostrarnos más consistentes y coherentes con la imagen internacional que proyectamos en materia de derechos humanos y ambiente.
Es por lo anterior que todos los aquí firmantes hacemos un llamado a los 57 despachos de la Asamblea Legislativa para que:
Favorezcan una discusión acerca del Acuerdo sana, abierta y basada en evidencia.
Voten a favor de la moción de ampliación de dicho expediente.
Mantengan en la corriente legislativa dicho expediente.
Ratifiquen el Acuerdo a la mayor brevedad posible.
«Nosotros venceremos». Dr. Martin Luther King, Jr.
Con motivo del aniversario del nacimiento del Dr. Martin Luther King, Jr. (15-1-1929) y el Día Mundial de la Cultura Africana y de los Afrodescendientes, la Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense, IMWC, desea destacar la figura de este insigne pastor negro defensor de los derechos de los afroamericanos, celebrar su vida y su legado declarándonos en contra del racismo, la pobreza y el imperialismo.
Aunque el nombre del Dr. King es conocido en todo el mundo, muchos no saben que nació como Michael King, Jr. en Atlanta, Georgia, el 15 de enero de 1929. Su padre, Michael King, era pastor de la Iglesia Bautista Ebenezer, de Atlanta. Durante un viaje a Alemania, King padre, quedó tan impresionado por la historia del líder de la Reforma Protestante, Martín Lutero, que no solo cambió su propio nombre, sino también el de Michael, de 5 años.
Martin Luther King, Jr. estudió Teología en la Universidad de Boston. Desde joven, tomó conciencia de la situación de la segregación social y racial en que vivían los afrodescendientes de su país y, en especial, los de los estados sureños. Convertido en pastor baptista en 1954, se hizo cargo de una iglesia en la ciudad de Montgomery, Alabama.
Parte de su legado, lo podemos resumir con los siguientes enunciados (en negrita):
Lucha por el cambio mediante la protesta no violenta. Inspirado en el líder de la india, Mahatma Gandhi, el Dr. King se refería a menudo hacia ese tipo de lucha como: «La luz que guía nuestra técnica de cambio social no violento».
Así, King adaptó y desarrolló el concepto de Gandhi de la no violencia, que supo aplicar de forma creativa en una serie de campañas antisegregacionistas que le convirtieron en el líder más prestigioso del movimiento americano de los derechos civiles. También, le valió la concesión, en 1964, del premio Nobel de la Paz, con apenas 35 años, y su posterior asesinato a manos de un racista fanático en 1968.
La acción no violenta de King movilizó a una porción creciente de la comunidad afroamericana hasta culminar en el verano de 1963, en la histórica marcha sobre Washington que congregó a 250.000 manifestantes. Allí, al pie del Lincoln Memorial, Martin Luther King pronunció el más célebre y conmovedor de sus espléndidos discursos, conocido por la fórmula que encabezaba la visión de un mundo justo.
I Have a Dream(Yo tengo un sueño). Parte de este discurso-mensaje, reza así: «Hace cien años, un gran americano, bajo cuya sombra simbólica nos encontramos hoy, firmó la Proclamación de la Emancipación. Este trascendental decreto apareció como un gran fanal de esperanza para millones de esclavos que habían sido marcados con el fuego de una flagrante injusticia. Llegó como el amanecer jubiloso de la larga noche de su cautividad. Pero cien años después, la América de color sigue sin ser libre».
Este sermón es considerado una obra maestra de la oratoria; en él, Martin Luther King eleva a la condición de ideal la simple materialización de la igualdad: «Sueño que mis cuatro hijos pequeños vivirán algún día en una nación donde no se les juzgará por el color de su piel, sino por las cualidades de su carácter». Valioso tanto como por la condensada expresión de sus principios, como por su impresionante altura emotiva, este discurso mantiene su vigencia y sigue conmoviendo más de medio siglo después.
Otro celebre discurso de King, titulado La hora de romper el silencio, es más combativo y, por eso mismo, está silenciado por la historia oficial. Esta alocución fue pronunciada en Riverside Church, New York City, el 4 de abril de 1967. En este caso, King presentaba una versión más revolucionaria de la que muchos estadounidenses están dispuestos a recordar, realizando duras críticas a la guerra de Vietnam y a las desigualdades económicas y sociales del país.
Para la memoria oficial el discurso La hora de romper el silencio, resulta bastante incómodo, ya que en esta predica King mostraba su versión más subversiva, la que le costó la vida. En él, el Dr. King hablaba en nombre de los “pobres del mundo” y confrontaba a los grandes poderes instituidos cuestionando: «¿Qué piensan los campesinos cuando nos aliamos con los terratenientes y nos rehusamos a poner en práctica nuestras palabras acerca de la reforma agrícola?». El discurso estaba a tono con el King que planeaba la «Campaña de los pobres», una ocupación en Washington para protestar en contra de las desemejanzas económicas y sociales en Estados Unidos y en el mundo. El propio MLK reconocía que este discurso y las nuevas demandas incorporadas a la lucha por los derechos civiles generaban consternación en la población afrodescendiente.
A su vez, en esta predica, el pastor bautista les señala a los estadounidenses cuán distantes estaban de los “principios divinos”. Incluso va más allá y reivindica a un Jesucristo revolucionario y tolerante con distintas ideologías, exhortando: «¿Podría ser que ellos no saben que la buena nueva de Jesús era para todos los hombres? Comunista y capitalista, para sus hijos y los nuestros, al negro y al blanco, ¿para los revolucionarios y conservadores?… Entonces, ¿qué puedo decir para el Vietcong o Castro o Mao como un fiel ministro de Jesús? ¿Los amenazo con la muerte o tengo que compartir con ellos mi vida?».
En relación con la guerra en Vietnam, King también cuestiona en este mismo discurso la guerra de Vietnam y sus supuestas causas, alegando que es fácil darse cuenta de «que ninguna de las cosas por las que decimos estar peleando está realmente involucrada». También califica como “cruel ironía” el hecho de ver a blancos y negros luchando una guerra para defender a una nación «que ha sido incapaz de sentarlos juntos en las mismas escuelas». El moralismo estadounidense nunca fue tan expuesto como en La hora de romper el silencio. Esta versión de King, desoída y olvidada, responde a una memoria filtrada del pueblo afroamericano.
La oposición del Dr. King a la guerra de Vietnam se convirtió en una parte importante de su imagen pública. El 4 de abril de 1967 (exactamente un año antes de su muerte) pronunció un discurso titulado Más allá de Vietnam, en la ciudad de Nueva York. En ese discurso, propuso el cese de los bombardeos en Vietnam. El Dr. King también sugirió que Estados Unidos declarara una tregua con el objetivo de lograr conversaciones de paz y que se fijara una fecha de retirada.
Con relación a su idea sobre la justicia económica y social, el Dr. King se vio impulsado a centrarse en la justicia social y económica en Estados Unidos. Había viajado a Memphis, Tennessee, a principios de abril de 1968, para ayudar a organizar una huelga de trabajadores sanitarios, y en la noche del 3 de abril pronunció el legendario discurso He estado en la cima de la montaña, en el que comparó la huelga con la larga lucha por la libertad humana y la batalla por la justicia económica, utilizando la parábola del buen samaritano del Nuevo Testamento para subrayar la necesidad de que la gente se involucre.
En fin, desde la IMWC resaltamos parte del legado histórico y combativo de Martin Luther King, Jr, como ejemplo para los jóvenes, como una utopía realizable y una visión de la igualdad y la justicia para todos y todas que continúa resonando hoy.
«Yo solo quiero hacer la voluntad de Dios y Él me ha dejado subir a la montaña y he mirado en torno a mí y he visto la tierra prometida». Martin Luther King, Jr.
En la Cumbre de las Américas celebrada en Los Ángeles el año pasado, el gobierno estadounidense presentó una propuesta de comercio sobre la cual no agregó mucho detalle en aquel momento; la Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica. Una alternativa para la contención de China que entra en una novedosa estrategia de la Casa Blanca denominada la Doctrina de la Disuasión Integrada (integrated deterrence), dada a conocer también el año pasado en la XV Reunión de Ministros de Defensa de las Américas, realizada en Brasil bajo la presidencia de Bolsonaro. Esta estrategia es una forma de lucha por todos los frentes, medios, recursos y de manera integrada contra lo que para ellos es la “gran amenaza china”.
La coyuntura política de América Latina ha cambiado en los últimos meses y la llegada de Lula al poder en Brasil, así como la presencia de otros gobiernos de izquierdas o no alineados en la región están ocasionando las inquietudes geopolíticas de la nación del norte; las ideas soberanistas y el posible fortalecimiento del eje Argentina-Brasil en el sur, sumado a la amistad de la República Popular China con América Latina y el Caribe, no son para nada compatibles con los intereses de Washington que sigue creyendo en aquel viejo adagio de la doctrina Monroe. En ese contexto, sumado al interés de este país en los recursos estratégicos de la región, demostrado así en las declaraciones de la semana anterior de Laura Richardson, la general jefa del Comando Sur de Estados Unidos al respecto, con la trascendencia que ha tomado ahora el famoso triángulo del litio, y las complejidades de la guerra en Europa, es que el gobierno de Biden vuelve los ojos hacia el sur.
La semana anterior se llevó a cabo la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en Buenos Aires, Argentina. Sin bien es cierto, se mostraron algunas debilidades típicas del proceso de integración latinoamericano, se dio un hecho de peso, que fue el regreso de Brasil al bloque y el fortalecimiento del proceso de cooperación entre ese país y Argentina, lo que geopolíticamente tiene su relevancia, en especial porque uno de los temas a tratar tuvo que ver con recuperar la idea de la creación de una moneda regional propia para no depender de la hegemonía del dólar. Eso implica la búsqueda del fortalecimiento del Mercosur y del comercio en la zona, así como del papel protagónico de Brasil como potencia regional y miembro estratégico de los BRICS en un entorno de transición internacional con miras a Asia-Pacífico y no solo a occidente.
Otro hecho importante de esta cumbre fue el mensaje que envió el presidente Xi Jinping por medio de un video, donde recalca el apoyo de la República Popular China al proceso de integración de América Latina y el Caribe, en la cual la CELAC se ha convertido en una fuerza indispensable para la cooperación sur-sur, la defensa de la paz y el fomento del desarrollo compartido de todos los pueblos de la región. El presidente Xi subrayó que el Foro China-CELAC es una herramienta importante para la construcción de confianza y cooperación en medio de un mundo que ha entrado en un periodo de turbulencias y profundas transformaciones. China por su parte, ha mostrado altos niveles de pragmatismo, apertura y deseos de cooperar con todos los países de la región, sin importar su tinte ideológico o con quienes tengan comercio esos países, bajo una filosofía de buscar que todos se vean beneficiados del libre intercambio comercial, respetando las diferencias y la soberanía de los pueblos.
En un escenario tan volátil donde se dan muestras de lo que puede ser un camino, pero no hay nada seguro, y después de la cumbre de CELAC, los EEUU anunciaron de manera oficial aquella idea lanzada en la cumbre de las Américas para la contención china, de la alianza para la prosperidad económica. El objetivo de esta iniciativa es neutralizar las inversiones que vienen de Asia en la región y poner freno a China en un momento histórico donde este país ha pasado a ser el segundo socio comercial más importante para la región. Según datos del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), el comercio entre las dos partes alcanzó los US$ 451.591 millones en 2021, registrando un aumento del 41,1% respecto al 2020.
El presidente Biden dijo que es algo histórico y que busca unir a todo el hemisferio, que generará crecimiento económico sostenible e inclusivo, y beneficiará a todos los trabajadores de la región. Veamos el guiño ideológico a las izquierdas que trata de hacer usando el término trabajadores, en una clara y directa disputa con China. Ambos hablan de fortalecer el multilateralismo, de un desarrollo sostenible e inclusivo, de mayor inversión, pero parece que el camino y el fin que tienen no es el mismo. Mientras China ha demostrado su apertura a trabajar con todos los países sin hacer exclusión alguna, en esta iniciativa lanzada por Washington no se incluyó ni a Brasil y Argentina, las dos economías más importantes del sur, aunque no descartaron que en un futuro puedan unirse.
Los países que se unieron a esa asociación son: Barbados, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay. Como parte de esos objetivos formales se encuentran, en palabras del presidente Biden: impulsar nuestra competitividad, construir cadenas de suministro regionales más resilientes, crear empleos de calidad, combatir el cambio climático y revitalizar las instituciones económicas de nuestro hemisferio. En una entrevista al diario El Clarín, el profesor de Mercados Financieros Emergentes de la Universidad de Columbia, dijo que una de las razones más importantes por la que EEUU lanza esta alianza es la creciente tensión entre China y Estados Unidos, no solo en lo comercial sino también en lo geopolítico, dada la actitud de China hacia Taiwán y la guerra en Ucrania.
Sin duda esta iniciativa puede entenderse dentro de la doctrina de la disuasión integrada desde el punto de vista geopolítico, una estrategia de contención y de hegemonismo en el siglo XXI. No obstante, y sin ser contradictorio, si se convierte en una forma real de hacer que nuestros países tengan más y mejores opciones de desarrollo independiente y mayor justicia social, puede ser una oportunidad muy buena, que, sumada con China, logre generar avances importantes en la lucha estructural contra la pobreza y la desigualdad en la región. Al final, no hay problema de donde vengan las iniciativas que puedan ayudar al bienestar, ese es el objetivo del libre comercio, no el de imponer restricciones políticas o exclusiones ideológicas, sino promover el libre y justo intercambio que beneficie a todas las partes involucradas, en una lógica pragmática y de respeto como hasta el momento lo ha hecho China.
América Latina no está para caer en los juegos típicos de épocas pasadas donde las potencias imponían el imperativo de alinearse con una u otra, esos tiempos ya pasaron, en ese sentido estamos en una coyuntura post hegemónica, como llaman autores de la región, y es necesario tener una sana equidistancia entre todas las potencias, para poder poner por delante los intereses propios, mirar lo que nos conviene y entender que ya no es un tema de uno contra otro, sino de unión, supervivencia y comunidad.
Los retos que enfrenta la humanidad son compartidos, por lo tanto, y como bien lo dijo el presidente Xi Jinping en su momento, todos vamos en un mismo barco, y el solo hecho de pensar echar a uno por la borda es impensable. El verdadero multilateralismo es incompatible con las practicas hegemonistas de poder, suma-cero, manipulación y hostigamiento que responden a tiempos ya superados. América Latina y el Caribe tiene en sus manos la capacidad de volver a brillar en el mundo con una posición propia, soberana, siendo un ejemplo de paz, diálogo, pragmatismo y de defensa del planeta.
SURCOS comparte el siguiente documento a solicitud del presbítero Luis Alejandro Rojas.
P . CECOR 120 -2022.
San José, 23 de diciembre de 2022.
Señoras Diputadas y señores Diputados miembros de la Comisión Especial Permanente de Ambiente. Asamblea Legislativa de Costa Rica.
Señora Cinthya Díaz Briceño. Jefa de Comisiones Legislativas. Asamblea Legislativa de Costa Rica.
Estimados señoras y señores:
Agradecemos el oficio AL-CPEAMB-0354-2022, del 20 de diciembre recién pasado, suscrito por la señora Cinthya Díaz Briceño, jefa de Área Comisiones Legislativas, mediante el cual nos brindan la oportunidad de expresar nuestro criterio con relación al Expediente legislativo 23.383, que contiene el proyecto de Ley de control y regulación del cannabis para uso recreativo. Para nosotros, representa una oportunidad de contribuir al debate democrático de tan importante tema, el cual nos atañe profundamente.
Entre las dimensiones de la Iglesia Católica en Costa Rica, está la de ser una entidad de la sociedad civil costarricense comprometida fuertemente con el fomento del desarrollo humano integral. Entre sus múltiples acciones, su servicio a los niños y jóvenes constituye un aporte a la sociedad en materia de prevención del delito y de la adicción a las drogas, por cuanto inculca valores y contribuye a un sano proceso de crecimiento y maduración.
También contamos con servicios en la recuperación de personas adictas drogas. Numerosas parroquias y grupos católicos atienden a personas en situación de calle, la inmensa mayoría de las cuales ha llegado a ese doloroso estado como consecuencia del trastorno de consumo de sustancias psicoactivas. Los sacerdotes y personas consejeras en nuestras parroquias brindan apoyo emocional y espiritual a innumerables familiares de personas hundidas en el consumo de drogas. Desde esta múltiple colaboración con el Estado y la sociedad costarricenses en los esfuerzos de prevención, atención y acompañamiento a personas consumidoras de sustancias psicoactivas y sus familiares, manifestamos que el inmenso problema de salud pública que representa la adicción a sustancias psicoactivas, así como el de seguridad derivado del narcotráfico en todas sus escalas, no solo no nos es ajeno, sino, por el contrario, nos atañe grandemente.
A continuación, exponemos los aspectos medulares de nuestro punto de vista y recomendaciones relacionadas con el proyecto en discusión. Agradecemos la amable atención de ustedes a la presente. Con toda consideración,
MONS. JOSÉ MANUEL GARITA HERRERA. Obispo de Ciudad Quesada, Presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica.
Puede descargar el documento completo en este enlace o bien en el vínculo siguiente:
Este jueves 25 de enero, se presentó la política pública para el sector agropecuario, en las instalaciones del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), con la participación del Ministro de Agricultura y Ganadería, el Presidente de la República y representantes de instituciones y organizaciones del Sector agropecuario.
En la presentación e introducción se incluyen las características de la actividad agropecuaria, en el estado de situación del sector, la evolución y comportamiento del mismo y en la estrategia, los desafíos, ejes y acciones a ejecutar para los próximos 10 años. (MAG,2023,32 p.)
Menciona en la presentación, que “el sector agropecuario costarricense atraviesa una situación crítica, por lo que requiere de un esfuerzo interinstitucional que, bajo la rectoría del Ministerio de Agricultura y Ganadería; permita rescatar al sector productivo nacional”, en completa alusión a la realidad.
Agrega “durante muchos años, el Ministerio y las instituciones del Sector han reducido su presencia en el campo, por lo que la asistencia técnica, la investigación y el traslado de conocimiento se han visto reducidos, ocasionando afectaciones importantes en quienes se beneficiaban de dichos servicios, las personas productoras”, enorme verdad, el desmantelamiento de la institucionalidad ocurrido desde la década de los 80 y 90, ha tenido efectos negativos para los agricultores, que los distintos gobiernos han hecho muy poco por revertirlos.
Establece el Gobierno, que “con la presente Política, esperamos materializar una serie de acciones concretas, orientadas a la reactivación de un sector económico, que más que importante es indispensable para el desarrollo rural, haciendo uso de herramientas tecnológicas y generando más puestos de trabajo, calificados y no calificados, (orientadas) a recuperar el atractivo económico de invertir en el Sector Agropecuario nacional”, esta parece ser la gran aspiración de la propuesta.
Afirma que “estamos iniciando un cambio radical y asignando más recurso humano para potenciar las áreas de mayor impacto para las personas productoras. Acompañando las acciones antes mencionadas, debemos impulsar aquellos cultivos que a su vez podamos procesar en el país, exportar o vender localmente ya transformados; buscando el beneficio de las zonas rurales, mediante encadenamientos y agregando valor para generar riqueza”, perdiendo de vista la tradicional división de la actividad, en una actividad exportadora y otra para el mercado interno, que disponen de condiciones y recursos muy desiguales.
La pretensión del Gobierno es que “con esta política, se busca que las instituciones que forman parte del Sector Agropecuario respondan a las necesidades actuales del sector productivo, y repercutan en un sector más productivo, competitivo y sostenible, que cada día genere más y mejores retornos tanto económicos como sociales”, viejos propósitos que igual se quedaron en el discurso en anteriores Gobiernos.
Por su parte, en una práctica que ha sido común en todos los Gobiernos, se deja a la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial (SEPSA, la elaboración del Plan Sectorial para operativizar la política, la definición de las acciones concretas, plazos y los indicadores de seguimiento, labor por lo general sin la participación de los productores y sus organizaciones.
En la argumentación sobre la importancia y la situación de la actividad agropecuaria, se reconoce la gran relevancia económica y social del Sector agropecuario; en su participación en el Producto Interno Bruto (PIB), en las exportaciones y en su contribución al empleo, pero muy poco en cuanto a la mejora de las condiciones socioeconómicas de la población rural y en la producción de alimentos, que revela una de las grandes carencias de la política, su compromiso con la reducción de la pobreza rural y con la seguridad alimentaria y nutricional del país.
“Según datos del Banco Central de Costa Rica, la participación de la agricultura ampliada en el PIB fue de un 9,6% en el año 2021, de este porcentaje el 4,5% corresponde al sector primario y un 5,1% a la agroindustria. Con respecto al valor agregado agropecuario, el 69% corresponde a actividades agrícolas, un 21% a la actividad pecuaria y el restante 10% se compone de actividades de apoyo (6%), silvicultura y extracción de maderas (3%) y, pesca y acuicultura (1%)”, datos que invisibilizan la evolución descendente de la actividad agrícola en la economía, el aporte diferenciado de las actividades de exportación con respecto a la producción alimentaria para el mercado interno y el reducido papel de la pesca en la actividad en su conjunto.
“En cuanto al comercio internacional, el sector agropecuario es superavitario; con datos del año 2021 se registró exportaciones por USD 5.610,9 millones de dólares e importaciones de USD 3.156,9 millones, lo que significa una balanza comercial de USD 2.454 millones. El 39,1% del total exportado está vinculado con el sector agropecuario, e incluye productos agrícolas (21,3%), de la industria alimentaria (14,0%), el pecuario y pesca (2,7%) y otros de cobertura agropecuaria (1,1%)”. Los datos del comercio agropecuario, por su parte destacan el predominio de la agroexportación, el sector más dinámico y el principal motor de la actividad y el que a la postre resulta ser el prioritario en la política pública hacia el Sector.
La generación de empleo del sector agropecuario continúa siendo el indicador de mayor significado, pero soslayado cuando se trata de reconocer la importancia que sigue teniendo la actividad desde el punto de vista social, ya que” ocupa el segundo lugar a nivel sectorial como generador de empleos con unas 238.227 personas ocupadas, lo que representa un 11,7% de la población total ocupada. De este grupo de personas, un 87,7% corresponde a población masculina y un 12,3% a población femenina”.
No obstante, es inevitable mencionarlo “el Índice Mensual de Actividad Económica del sector agropecuario (IMAGRO) muestra variaciones interanuales negativas en el año 2020 y una desaceleración a partir del mes de abril del 2021, llegando a valores negativos desde el mes de febrero del 2022”, es decir la actividad agropecuaria, viene teniendo un crecimiento negativo desde hace más de dos años.
Lo anterior, (revela la introducción) “muestra la urgencia de reactivar el sector primario, pues es innegable que su desenvolvimiento impacta el desarrollo socioeconómico del país, en especial la periferia costarricense”, es decir el deterioro de la actividad agropecuaria impacta sobre todo las regiones periféricas del país, una realidad incuestionable.
Diversos elementos de la introducción de la política muestran algunas de las características del sector, que lo hace particular, diverso y heterogéneo y que por ello debiera demandar una política diferenciada y no una generalista.
Entre esos aspectos está “la coexistencia de micro, pequeño, medianos – donde un importante número de unidades productivas se enmarcan en lo que se ha denominado Agricultura Familiar (AF)- así como grandes productores, orientados hacia los mercados internacionales. Este Sector presenta importantes asimetrías entre productores agroexportadores y productores para mercado local. Esto sumado a insumos agrícolas que no responden a las nuevas tecnologías y con una importante concentración de mercado”, en consecuencia, la heterogeneidad y diversidad de actores con condiciones y recursos diferenciados es una característica que define el sector.
Otra característica que también lo define, es la dualidad y diferenciación interna del sector, donde la política manifiesta que “de los beneficios de este modelo de apertura comercial, el sistema económico generó una dualidad productiva, por un lado un sector productivo dinámico y vinculado a cadenas globales de valor, y por otra parte, una estructura productiva dedicada al mercado interno con poco encadenamiento y dispersión de las instituciones llamadas a su fomento, asimismo, los programas de apoyo se han visto reducidos producto de la contracción del gasto para controlar el déficit fiscal”, otra enorme realidad, que pone en evidencia dos motores de la actividad agropecuaria, uno dinámico y estimulado y el otro apagado y desestimulado.
La tercera característica refiere a la pobreza, que “las zonas rurales enfrentan índices mayores. Por ejemplo, en el 2021 el Índice de pobreza ascendió al 26,3% en las zonas rurales, mientras que en las zonas urbanas fue de 21,8%, y la pobreza extrema se estimó en 5,5% para zonas urbanas y 8,3% para zonas rurales. La desigualdad en los ingresos de la población total, medida por el Coeficiente Gini en la última década, presenta valores que oscilan entre 0,524 y 0,515.
Por otro lado, en el Sector Agropecuario las personas con actividad independiente tienen valores del coeficiente más altos (fluctúa entre 0,575 y 0,618 para los años 2015 a 2019) que para las personas asalariadas (entre 0,414 a 0,447)1. (Además), en el tema de inclusión, las mujeres productoras presentan menores oportunidades que los hombres en cuanto a empleo formal, acceso a activos, asistencia técnica, financiamiento, entre otras condiciones. Asimismo, tienen un limitado acceso a tierras para la producción, lo que reduce aún más sus posibilidades de salir de la pobreza.”
El documento de política presentado identifica los principales desafíos y retos que enfrenta la actividad y Sector y propone ejes estratégicos, con sus respectivas líneas y acciones para los próximos 10 años
Entre los principales desafíos del sector se plantean:
-Respuesta institucional eficiente a las necesidades de la persona productora.
-Aumento de la competitividad y productividad.
-Producción sostenible y adaptación del cambio climático
-Tecnificación agroproductiva.
-Estímulo a una comercialización eficiente.
-Incidir en el mejoramiento de la calidad de vida en las zonas rurales
En los desafíos, pese a la validez y reiteración de algunos de ellos en varios Gobiernos como, la respuesta a las necesidades de los productores, la producción sostenible y la adaptación del cambio climático y el aumento de la productividad y competitividad, la retórica, debe estar acompañada de los mecanismos para hacer efectiva una acción institucional que garantice la forma en que se enfrentarán dichos desafíos.
Mientras que los demás desafíos, como la tecnificación productiva, el estímulo a una comercialización eficiente y el mejoramiento de la calidad de vida en las zonas rurales, son tibios señalamientos que carecen de profundidad y que debieran plantearse como verdaderas transformaciones tecnológicas y comerciales de la actividad y de los medios de vida en las zonas rurales.
Están ausentes grandes desafíos de la actividad agropecuaria, como la seguridad y la soberanía alimentaria de la población y el fortalecimiento institucional y presupuestario del sector agropecuario, esenciales en el futuro de un aparato institucional débil y deficitario, que no protege la producción alimentaria del país.
La política agropecuaria 2023-2032, incluye y está estructurada mediante 4 ejes de acción, llamados a ser los pilares y el soporte de la acción institucional del sector agropecuario para los próximos 10 años, sin embargo, es conveniente valorar los posibles alcances a la luz de planteamientos que en el pasado han tratado de articular una política más integral y consistente.
El primer eje es la Modernización de las instituciones del sector agropecuario, que se propone mejorar la gobernanza y reforzar la coordinación institucional, no obstante este cometido ha estado sujeto tanto a una reforma del sector, que redefina las competencias de las diferentes instituciones, como la posibilidad de disponer de mayores recursos financieros y humanos en el sector, no es posible que el Ministerio de Agricultura disponga menos de 1% del presupuesto nacional y que algunas instituciones sean deficitarias en su funcionamiento, como el CNP y que la articulación institucional entre el desarrollo agropecuario y el desarrollo rural(que realiza el INDER) sea un constante reto institucional no resuelto.
El segundo eje, el fomento de la competitividad, dirigida a generar información de interés para los productores, es una pujante realidad para la empresas agroexportadoras, pero una quimera para la producción para el mercado interno, porque las condiciones diferenciadas de ambas, provoca que las primeras mantenga y eleven su competitividad, mientras que la segunda, dependiente de una institucionalidad debilitada y de una asistencia intermitente presenta niveles de competitividad persistentemente bajos. En este ámbito sería fundamental, crear un sistema de información más eficiente para los agricultores y un fondo de crédito agropecuario para los pequeños productores.
El tercer eje, la productividad y sostenibilidad, que busca la implementación de un modelo de asistencia técnica que maximice los beneficios de los diversos sistemas productivos, similar al caso de la competitividad es un tema diferenciado, ya que incorpora constantes avances tecnológicos en la empresa agroexportadora y presenta serias limitaciones en el desarrollo tecnológico de la producción interna muy ligado a las posibilidades de asesoría y asistencia de las instituciones del sector.
Con el propósito de mejorar la productividad y sostenibilidad de las actividades agropecuarias para el mercado interno, en el pasado un grupo de expertos en políticas agrícolas había recomendado establecer centros de innovación y difusión de tecnologías sostenibles para el pequeño agricultor, redefinir el INTA como una entidad de investigación en tecnologías sostenibles, promover un programa de formación y difusión de tecnologías para la adaptación al cambio climático de las actividades agropecuarias.
El cuarto eje, valor agregado y comercialización, que pretende promover la agregación de valor para lograr una oferta diferenciada de productos y generar nuevas oportunidades de acceso a los mercados, requiere establecer con claridad los mecanismos que implementará para lograrlo y en ese sentido, igualmente la propuesta de política agrícola alternativa había recomendado el impulso de un programa de fomento de la agroindustria, y el valor agregado y de productos de calidad con identidad territorial en apoyo a microempresas, mejorar el sistema de comercialización de productos agrícolas, que incluía la reestructuración del PIMA-CENADA, la modernización de las ferias del agricultor y el fortalecimiento del programa de abastecimiento Institucional(PAI).(Grupo de Políticas agrícolas,2014)
De acuerdo con lo anterior, la política agropecuaria 2023-2032, no sólo carece de mecanismos de ejecución concretos y apropiados a los ejes de acción que propone, si no que no parece ofrecer soluciones adecuadas a los grandes problemas de la actividad agropecuaria, especialmente la dirigida al mercado interno.
En definitiva, las propuestas de la política son insuficientes tanto en sus contenidos frente a una realidad agropecuaria y pesquera, que demanda grandes transformaciones para alcanzar una agricultura y una pesca, más sostenible, equitativa e incluyente, como en sus pretensiones de cobertura para un plazo de 10 años.
Cada 28 de enero, se celebra el Día Mundial de la Acción Frente al Calentamiento Terrestre, también llamado Día Mundial por la Reducción de las Emisiones de CO2.
La idea, es crear mayor conciencia entre todos los ciudadanos del grave peligro que representa el cambio climático para el medio ambiente y todos los seres humanos.
El calentamiento global o terrestre, es un aumento de la temperatura de manera exacerbada sobre toda la superficie de la Tierra que se ha producido a través de los años y que ha traído como consecuencia cambios climáticos, que en la mayoría de los casos ocurren por las distintas actividades humanas y que siguen afectando al medio ambiente.
Ha habido múltiples reuniones de los países industrializados en donde hay propuestas para reducir las emisiones de CO2. El acuerdo de Paris del 2005 es en el que se comprometen los países a esa reducción, sin embargo 20 países no lo han firmado y otros que lo firmaron no han hecho lo suficiente para lograr el propósito de esa reducción de las emisiones de efecto invernadero.
Muchos de esos países son los productores de petróleo y es que si algo es contaminante y afecta el cambio climático son los combustibles fósiles como todos los que se derivan del petróleo. Y se siguen fabricando millones de vehículos que utilizan dichos combustibles por lo que el lograr esas reducciones de emisiones contaminantes está lejos.
Si bien es cierto ha venido en aumento la fabricación de vehículos eléctricos sin los gobiernos o hacen lo necesario para que su adquisición sea más sencilla y menos onerosa.
Por más que los ciudadanos queramos hacer algo por evitar el calentamiento global, son los gobiernos de todos los países los llamados a impulsar las acciones determinantes para lograrlo.
Dios quiera que tomen conciencia de lo importante y necesario que es lograr disminuir el calentamiento global y dejarles a las nuevas generaciones un mundo mejor.
