Un siglo en el olvido; una década esperando

M.Sc. Rodolfo Quesada Quesada Lic.
Coordinador Foro Agenda Verde
Región Sur, Península de Nicoya

Esa es la realidad que vivimos los habitantes de los distritos de Lepanto, Paquera, Cóbano Isla Chira y demás Islas del Golfo de Nicoya. El 18 de octubre de 1915 en la administración de don Alfredo González Flores, al promulgarse el decreto ejecutivo número 20, nos congelaron en el tiempo.

Este decreto se considera ilegal, porque en Costa Rica la división territorial administrativa tiene reserva legal. Mediante éste, se dio en administración a la provincia de Puntarenas esta Región, perteneciente a la provincia de Guanacaste al cantón de Nicoya.

Con el mismo, se laceró el contenido histórico, cultural, social, político y legal de la Región y de Costa Rica, al incidir negativamente en el proceso de desarrollo y los derechos de los habitantes de esta Región. Además, mutiló la historia patria, al ser este territorio parte del Partido de Nicoya que se unió a Costa Rica en 1824 y que siempre ha pertenecido a la provincia de Guanacaste.

Urgimos al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, para que se pronuncie con respecto al recurso legal planteado por la Municipalidad de Nicoya y aceptado por dicho Tribunal el 16 de julio del 2012, expediente 12- 003638-1027-CA. En el mismo, se solicita la anulación del decreto de marras aduciendo falta de sustento legal.

Con más de un siglo de inseguridad jurídica, una generación entera ha experimentado el sabor amargo del abandono y la falta de respeto por sus derechos inalienables, garantizados en nuestra carta magna. Los esfuerzos legales para recuperar nuestra identidad, han tropezado con el muro de la desidia y falta de interés y por supuesto, la brecha generacional intrínseca.

Todos los años se celebra la Anexión del Partido de Nicoya, procurando enmascarar el atropello de 1915, dándole bajo perfil al tema de la desmembración ilegal que sufriera la provincia de Guanacaste y más aún, del subdesarrollo en que quedó inmersa la población de la Región Sur, Península de Nicoya.

Hace un año, el 24 de julio del 2021 en vísperas de la celebración del 197 aniversario de la Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica, las autoridades políticas, legales y sociales de la provincia de Guanacaste, hicieron la declaración histórica de esta Región, como un TERRITORIO IRREDENTO de dicha provincia.

Este hecho reivindicativo se llevó a cabo en el Cabildo de Nicoya en el mismo recinto donde en 1824 se celebró la Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica. Este evento quedará para la posteridad, como un ejemplo de patriotismo y confianza en la democracia y sus instituciones.

El mismo fue y sigue siendo, una coadyuvancia social multitudinaria que trasciende en el tiempo. No se ve limitada por el sistema de la administración de justicia, puesto que, no está formateada bajo la rigurosidad legal, sino más bien, sobre la conciencia ciudadana. Jamás se ha visto en ningún proceso legal en la historia de Costa Rica, que todo un pueblo, coadyuve una acción legal y permanezca de pie esperando la resolución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.

Esta década de tardanza del Tribunal Contencioso Administrativo para pronunciarse sobre dicho decreto, deja ver las grietas que tiene la administración de la justicia. Como pueblo, hemos estado expuestos por una década, a la vituperación de nuestros derechos por la lentitud del Poder Judicial, en temas tan cruciales como éste, es como negarle el salario del cual vive, a un trabajador o trabajadora por 10 años.

De ninguna manera la amnesia social, legal e histórica de un siglo como herramienta para el olvido, tendrá efecto en nosotros. Día tras día, vamos a estar recordándole y exigiendo al Poder Judicial, que seguimos esperando una acción legal resolutiva. La carencia de un repunte en la definición de una sentencia al respecto, atenta contra la credibilidad en el Poder Judicial, pero de manera superlativa, sobre la democracia costarricense.

La permanencia en nuestro status centenario como zona de rezago social, en gran medida se debe a la falta de acción del Poder Judicial, al negarse a realizar una acción legal decidida, para aclarar la situación de pertenencia provincial de la Región Sur, Península de Nicoya, planteada en el recurso contencioso del 2012.

Al darle largas a esta resolución sin sopesar las consecuencias negativas en el pan de cada día de miles de personas, se reafirma el irrespeto a los derechos promulgados por la Revolución Francesa de 1789 con la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano “Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos” haciendo énfasis en que: “la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del Hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los Gobiernos”.

Señores y Señoras jueces/juezas del Tribunal Contencioso Administrativo, 10 años para resolver el expediente 12-003638-1027-CA, ya no son de recibo para el pueblo de la Región Sur, Península de Nicoya. Les hacemos notoria la necesidad de utilizar una sostenibilidad legal referida a la temporalidad del ser humano, para enmarcar sus deliberaciones y decisiones. Los plazos sin límites de tiempo para resolver asuntos legales, solo propician escondrijos oscuros, donde se pueden ocultar los detractores de la justicia.

Aplicando el principio bíblico (Isaías 32-17), la obra de la justicia que Ustedes ejercen es la paz y los frutos de esa justicia en la población son: la tranquilidad y seguridad. Eso es precisamente de lo que nos ha despojado esa parsimonia del Poder Judicial, ante la falta de acción para resolver sobre el expediente supra mencionado.

Como pueblo patrón, les solicitamos que interpongan sus buenos oficios y no den más largas a la resolución de este conflicto que tiene en vilo los derechos de tantísimas buenas personas y ciudadanos ejemplares, pero indignados. “Justicia pronta y cumplida” una frase llena de contenido democrático, que se volvió retórica hueca.

El Poder Judicial debe revisar su mística y responsabilidad, mostrando un interés genuino por la administración de la justicia; dando un paso al frente, trabajando con responsabilidad y respeto por el pueblo a quien juraron servir.

No más subterfugios embelesadores, necesitamos que resuelvan el Pueblo se los pide.