Este miércoles 7 de septiembre estaremos hablando sobre la “Importancia de un Poder Judicial Independiente” con la participación de la abogada experta en derechos humanos Marcia Aguiluz Soto.
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La AAJ manifiesta su más enérgico repudio al intento de magnicidio perpetrado en el día de hoy contra la vicepresidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Este atentado contra su vida está enmarcado en un clima de incitación a la violencia por parte de comunicadores mediáticos y de algunos representantes políticos de la oposición, que incluso han llegado a pedir la “pena de muerte” para ella, pena aberrante abolida desde la génesis misma de la Argentina.
Es preciso señalar que este hecho inédito marca una situación límite en el país, donde le cabe la máxima responsabilidad a quienes integran las instituciones, de recobrar el sendero de la democracia, la legalidad y convivencia pacífica. La AAJ espera a que todo el arco político argentino, manifieste una unánime condena de lo acontecido, y se tomen todas las medidas necesarias para evitar repeticiones. Esperamos que todo el Continente, así como la comunidad internacional, condenen y repudien el intento de asesinato de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner.
La AAJ exige una exhaustiva investigación de los hechos y sus responsables materiales e intelectuales, directos e indirectos, y la asunción de las medidas adecuadas y suficientes para garantizar la seguridad e integridad física de la Dra. Fernández de Kirchner.
Manifestamos, toda nuestra solidaridad a la vicepresidenta y su familia, a la quien al agobio de la persecución judicial y la violencia verbal y mediática -en ocasiones misógina-, se le agrega esta barbarie.
Por ello, convocamos a los juristas, a los pueblos y a todos los sectores de la sociedad civil a repudiar este hecho, mostrar solidaridad y unidad, y exigir el retorno a la convivencia pacífica y democrática.
A 2 de septiembre de 2022
Vanessa Ramos. Presidenta AAJ Continental
Luis Carlos Moro. Secretario General
Beinusz Szmukler. Presidente del Consejo Consultivo de la AAJ
Mesa de la Directiva- AAJ Rama Argentina
Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
Es una mañana lluviosa en San Cristóbal de Las Casas. Ha llovido copiosamente, pero eso pareciera no importarnos. En el pórtico de un edificio histórico de la ciudad hemos acudido en comunidad a reescribir el rito de la palabra. Eso solamente es una excusa. Porque lo verdaderamente importante será lo que está por suceder, que no es poca cosa.
Lo importante de estos encuentros, coincidimos con varios colegas invitados, no sea quizá la reproducción del ego que lee, el ego que dice, el ego que se arrebata y piensa que es el centro del universo cuando participa de estos rituales.
En esa mañana fría y lluviosa, Margarita y Miguel han despojado de todo acto performativo el encuentro. Lo han puesto en su verdadera dimensión. Nos han depositado en nuestros lugares justos y precisos.
En un conversatorio desprovisto de toda academia, pero dotado si de sentido, han compartido su experiencia, su vivencia en el tema de los desaparecidos y sus contextos personales y nacionales.
Margarita, mujer argentina que sufrió en su propia biografía los horrores de una dictadura argentina. Mujer, argentina, detenida y presa en los peores momentos de esa dictadura. Vio con sus ojos lo que ocurría con sus compañeras y compañeros de celda. Lo dice esa mañana y también lo dice con su poesía. Para eso es la poesía.
Miguel, poeta y dirigente social y político de su comunidad, San Juan Comalapa, Guatemala, relata como ese su pueblo originario fue convertido en fosa común por los años más oprobiosos del conflicto armado. Se estima que 45.000 personas fueron desaparecidas y sus familiares, reescribiendo la antropología de la esperanza, aún los buscan.
Miguel ha dicho con verbo y humanidad que el acto de la resistencia de los pueblos también es un acto poético. Cuando escucho esas palabras me percato de la dimensión real de lo que he venido a hacer a este territorio ancho y mágico, al sur de México pero más al norte de nuestra Centroamérica, tan interpelada por la pobreza, sus élites de rapiña, sus exilios.
Es una mañana que llueve pero sobre todo en el alma. En la mía. En las de esas personas que todavía son buscadas por los suyos.
Confirmo mi identidad precisa ahora que todo pareciera acomodarse en mi proyecto académico pero sobre todo humano. Antes que cualquier cosa, que cualquier puesto, que cualquier trabajo, esto es lo que soy. Y lo he venido a asegurar en un lugar donde siempre pareciera ser primero de enero de 1994.
Por José Luis Callaci
El reciente condenable atentado contra la vicepresidente argentina, felizmente fallido, constituye un hecho que no debería verse como algo fortuito, sino como el resultado de esa habitual permisibilidad que existe en la sociedad argentina con las personas que incitan al odio y la violencia.
Viene al caso recordar un lamentable episodio ocurrido durante el diálogo con el chofer de un taxi. Cuando se tocó el tema de los desaparecidos durante la dictadura, esta persona con la mayor naturalidad del mundo nos dijo que había que matar a otros 30 mil, o mejor 60 mil. Cuando comentamos con tono crítico y un tanto alterado dicho episodio sentimos que nuestra reacción les pareció a nuestros interlocutores un tanto exagerada y no faltó quien soltara ese “bueno, es una opinión”.
Fue en ese momento en que nos aventuramos en señalar que tal comportamiento no se considera, al menos en muchas sociedades, que se jactan de ser democráticas, una simple opinión política sino algo muy grave y distinto.
Traemos a colación el popular refrán a Dios rogando y con el mazo dando, porque consideramos que el reciente lamentable hecho abre un espacio de oportunidad y un momento privilegiado para que la sociedad argentina se aboque a una profunda reflexión sobre este tipo de reprochables conductas, públicas y no públicas.
No bastan los llamados a la cordura, la tolerancia y el respeto a la opinión ajena. Algo está faltando y ese algo debería ser motivo de encuentros para llegar a amplios acuerdos que conlleven sanciones ejemplares para quienes incurren en comportamientos de tal naturaleza. La incitación al odio y la violencia contra un oponente, -fuere del color político que fuere, no cabe en la práctica cotidiana de la democracia.
En cuanto a los enunciados de buenas intenciones si solo se quedan ahí, sin remontarlos a acciones efectivas, todo seguirá igual, y aún peor, lo que puede desencadenar enfrentamientos no deseados y de tal magnitud que amenacen esa tan proclamada y ansiada paz social que los unos y los otros manifiestan en el discurso oficial.
La magistrada de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia Julia Varela Araya solicita, mediante una carta que llegó a la redacción de SURCOS, votación pública para elegir a la presidencia de la Corte.
Compartimos el documento:
Señores y señoras Magistrados Corte Suprema de Justicia
Estimados compañeros y compañeras Magistrados.
Me dirijo a usted de forma respetuosa para exponerles algunas reflexiones y solicitud, sobre el tema de la votación para elegir a la persona que asumirá, durante los próximos cuatro años, la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia.
Estamos viviendo momentos de cambio importantes no solo en el país sino también al interno del Poder Judicial.
Este Poder de la República, en los dos últimos años ha logrado reconocimiento en el tema de la transparencia. Obtuvo el primer lugar en transparencia con relación a otras instituciones y órganos del sector público.
Desde el año 2017, un grupo de Magistrados y Magistradas de esta Corte enviamos a la Asamblea Legislativa una solicitud para que se procediera a eliminar las normas que establecían las votaciones secretas para el nombramiento en puesto de la Magistratura, entre otros supuestos.
Recientemente la Asamblea Legislativa hizo una modificación al Reglamento Interno que rige su accionar, para lograr que las y los futuros Magistrados de esta Corte sean electos bajo la votación pública. Esa decisión responde a los principios de transparencia, publicidad, dando al ciudadano la garantía de que los actos de ese órgano respondan, con mayor precisión y transparencia a los intereses del país, el que merece tener en la más alta jerarquía de lo jurisdiccional a personas que garanticen la independencia, la objetividad en todas las decisiones que deben tornar, el compromiso real en la mejora de la administración de justicia para cumplir con el principio constitucional de justicia pronta y cumplida y así lograr el aumento de la credibilidad en el Poder Judicial.
Convencida de que el Poder Judicial, en aplicación directa del derecho de la constitución que registra, entre otros, los principios constitucionales de transparencia y publicidad, reiterados por la Sala Constitucional en el voto 4182-2014, puede separarse de la literalidad de la forma prevista en el artículo 59 inciso 6) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que en lo de interés, dispone “… Designar, en votación secreta, al Presidente al Vicepresidente de la Corte, …”. Esto es así, porque, corno bien se colige del citado voto, “Los principios de publicidad y transparencia son consustanciales al Estado Constitucional de Derecho”.
Y si alguna duda quedara en que fa votación programada para el próximo 5 de setiembre pueda hacerse de forma pública y debidamente razonado el voto, esa duda desaparece en mi caso, porque en aplicación directa de la Constitución Política y sus principios de publicidad y transparencia, no puede caber el alegado delito de prevaricato, porque la designación, que es el acto administrativo en si (art. 59. inciso 6. De la LOPJ), no depende para su validez de hacerlo de forma secreta: pues no está sancionado con nulidad si no se hace de esa forma (quedando esa formalidad en una ritualidad desfazada a la fecha). En consecuencia, si la designación no está sancionada con nulidad si no se cumple con la formalidad de hacerla de forma secreta, no parece lógico que pueda encuadrar en un delito de prevaricato si se cambia una simple formalidad que no afecta el resultado del acto administrativo de nombramiento.
Como puede notarse, esa norma no dice que lo resuelto de forma contraria sea causal de nulidad. No podría serlo porque solo se trata de una formalidad que no vicia el acto y por contrario, lesiona el principio de responsabilidad in eligiendo, porque si se llegara a nombrar a una persona que no garantice el interés público y los altos intereses de la institución (Poder Judicial), esa formalidad del secreto impide a quien esté legitimado para exigir responsabilidad por una mala elección, para pedirle cuentas por daños al interés público por eventuales hechos de la persona a la que se le dio el voto, pues imposibilita la identificación de la decisión del votante.
No se ve la razón por la cual ese tipo de formalidad deba cumplirse, cuando se trata de una decisión tan importante, donde los pares de la persona que deba asumir la Presidencia de la Corte, tienen responsabilidad en la decisión. Esto es, que si la persona designada afecta a la institución, en sus diversos ámbitos y más aún en la imagen y credibilidad, los ciudadanos no solo le pueden pedir cuentas y exigir responsabilidad para mantener el reconocimiento público del Poder Judicial, de estar ante una institución con alto porcentaje de transparencia, sino que, para mantener esa credibilidad se necesita que esta Corte tome la decisión de realizar el nuevo proceso de votación de forma pública, pues el anterior se agotó sin lograr el objetivo (elección de la persona que asumirá la Presidencia de la Corto Suprema de Justicia).
En aplicación de los principios constitucionales antes citados (publicidad y transparencia),que están sobre la formalidad establecida en el artículo 59, inciso 6) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por tratarse de una norma desfasada en relación con los principios contenidos en la Carta Magna de transparencia y publicidad, solicito que se proceda a realizar de forma pública la votación, para elegir a la persona que ostentará La Presidencia de la Corte Suprema de Justicia.
Lo que estoy pidiendo tiene el sustento legal antes indicado y además, en este momento histórico la exigencia de hacer el nombramiento de la autoridad que debe liderar el Poder Judicial (Presidencia), de forma pública no es solo de la ciudadanía externa al Poder Judicial, sino que a ese clamor ciudadano se han unido grupos organizados que representan a gran parte de las personas que laboran en este Poder de la República; quienes tienen cuestionada dicha norma ante la Sala Constitucional. Esto tiene un sentido de lógica y sentido jurídico, pues si se motiva el voto para elegir en esos puestos, nadie puede evadir la responsabilidad in eligendo si toma una decisión que luego le depare perjuicios a la Institución y desmejore la credibilidad en el Poder Judicial. Debernos merecer credibilidad y para ello se hace necesario transparentar la motivación y asumir la responsabilidad por la emisión de un voto de tanto interés para el Poder Judicial y para el País.
A mayor abundamiento de razones para no temer la aplicación de los principios supra citados en contra de la forma establecida en el numeral 59 de la LOPJ, conviene traer a colación lo que la penalista Rosaura Chinchilla en su artículo publicado en el periódico La Nación el 29 de agosto del año en curso, titulado «Votación Pública también en la Corte Suprema de Justicia», indicó: «Si bien comete este delito (se refiere al de prevaricato) quien dicta resoluciones contrarias a la ley (artículo 357 del Código Penal), en el derecho penal existen causas de justificación, y una de ellas es el cumplimiento de un deber jurídico y la colisión de deberes. (artículo 25 del Código Penal). Si una norma impone algo (cumplir la ley, votación privada, etc.) y otra de mayor jerarquía impone lo contrario (acatar el derecho de la Constitución, publicidad), al votar de forma pública no se incurre en delito cuando se elige una de las imposiciones normativas, y menos la de mayor valor, puesto que a ello compromete el juramento constitucional (artículo 194 de la Constitución Política). Además, las magistraturas, como simples depositarias de un poder de la nación (artículo 11 de la Constitución Política), son responsables, en forma personal, incluso con su patrimonio, si la designación efectuada no es idónea y si el nombrado o la nombrada incurre en actos indebidos o ilícitos que al momento de la elección podían preverse razonablemente. Se trata de una responsabilidad in eligendo, surgida ante un hecho ajeno…Por lo anterior, resulta esencial que cada magistratura vote, en todos los casos sometidos a su conocimiento en su labor de gobierno o administrativa, en forma pública y fundamentada. No solo porque es lo que jurídicamente procede…, sino también porque es la única forma de liberarse de una posible responsabilidad personal por un hecho ajeno, derivada de su actuación in eligendo … “.
De ese criterio experto se extrae, sin ninguna dubitación, que no se configura el delito de prevaricato cuando en la emisión de una resolución (en este caso de un acto administrativo de nombramiento); se atienden principios de rango superior a una formalidad contenida en la norma legal, como es el caso de cambiar la formalidad del voto secreto por el voto público.
Esta solicitud también la formulo tomando en cuenta que todos los postulantes dijeron, el lunes 29 de agosto, que están de acuerdo en promover cambios para que los nombramientos de interés dentro del Poder Judicial, entre los que está el que nos convoca, sean hechos bajo los principios de transparencia y publicidad, esta es la oportunidad para hacerlo, demostrando al país el verdadero compromiso con los principios constitucionales antes citados, pues como lo indiqué antes, hay normas de rango superior al artículo 59 de la LOPJ que lo exigen, de manera que. en mi criterio no hay excusa válida para no proceder a la elección mediante el voto público. Y, si alguna duda les asalta (la que yo no tengo), les invito a que emitamos un voto suspendiendo la votación prevista para el lunes 5 de setiembre y hacer la consulta a la Sala Constitucional sobre el tema.
Esperando respuesta afirmativa a esta solicitud, suscribe de ustedes con toda consideración y estima,
Julia Varela Araya
Magistrada Sala Segunda
Corte Suprema de Justicia
Puede descargar el documento original:
Lic. Antonio Wells Medina
Secretario General de SINTRAJAP
Deroguen la directriz donde Méndez Mata obliga a los exportadores e importadores a pagar tarifas 3 veces más caras en comparación de lo que se cobra en JAPDEVA, derogando esa directriz ayudan a los ciudadanos a que en el producto final que se compra en la importación paguen menos, cual es el problema en competir en igualdad de condiciones, en estos momentos JAPDEVA tiene las tarifas más bajas del mundo. En estos momentos JAPDEVA tiene más de 20 años sin ajustes de tarifa. Con solo permitirle a los exportadores venir a JAPDEVA se les reduce la tarifa hasta en un 300%, este asunto ES UNA TOMA DE DECISIONES, este problema no tiene que ir a la Asamblea Legislativa, esto es una decisión política. ¿Chaves hará que paren esos abusos, el prometió comprarse la bronca?
Igualmente, decir claramente que no tomar acción es seguir afectando el interés público. Por los puertos de Limón y Moín pasa el 80% de la economía nacional y en ese porcentaje afectamos a los ciudadanos, porque la importación y la exportación elevó sus costos a más de un 300%, que es la diferencia entre el puerto de JAPDEVA vrs el de APM. El interés social igualmente está afectado, ya llevamos más de 7mil desempleados entre empresas que cerraron y otras que redujeron su personal, entre ellas podemos citar (transportistas, estibadoras, predios, JAPDEVA, etc. etc.), más el daño colateral a la economía y comercio local.
Un 63% se unió en Limón, voto por Chaves y dijo no más de lo mismo. porque todas las decisiones han sido nefastas para Limón durante más de 40 años. Hoy solicitamos y reclamos esos cambios para que permitan que los empresarios y los ciudadanos paguen menos, permitiéndole a JAPDEVA atender los barcos que esperan en bahía.
Una cosa es ser pobres por falta de recursos y otra cosa es ser pobres por sistemas perversos excluyentes como lo fue el cierre del ferrocarril, apertura de las estibas y recientemente APMT que pretende saquear al país, estas decisiones nos tienen sumidos en la pobreza. Ironías del destino, Limón tiene los 3 medios de transporte agua, aire y tierra, por aquí pasa el 80% de la economía del país, por eso no es de recibo que manejemos los primeros estándares de todos los males sociales (desempleo, pobreza, prostitución, drogadicción).
Se entiende claramente sin ambigüedades de ningún tipo que cuando se afecta el interés público, el interés social y el interés económico, el gobierno puede unilateralmente tomar decisiones, en el pasado reciente se tomaron y fueron decisiones en contra de Costa Rica, ¡ahora en el presente en el gobierno de Chaves no tomar decisiones, no hacerlo es haberle mentido a Costa Rica!
SURCOS comparte el documento del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas relativo al informe del Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, José Francisco Calí Tzay. En el resumen se indica:
“En el informe se examina la situación de los pueblos indígenas en Costa Rica con base en la información recibida por el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, José Francisco Calí Tzay, durante su visita del 6 al 17 de diciembre de 2021.
El Relator Especial toma nota de la apertura hacia el diálogo entre el Gobierno y los pueblos indígenas y los diversos avances normativos. Sin embargo, es imperativo que el Gobierno dé prioridad a abordar los problemas estructurales, en particular garantizando los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos naturales, el respeto a sus autoridades propias, la adecuada operacionalización de la consulta y la implementación de sus derechos económicos, sociales y culturales. El Relator Especial expresa preocupación por el racismo estructural que permea, en particular, los niveles locales del poder judicial, y la falta de medidas efectivas para tutelar a las personas defensoras de los derechos humanos y la impunidad por los crímenes cometidos contra las personas defensoras de la tierra”.
Este es el documento para descargar:
Lorena Rodríguez. Filóloga, máster en lingüística y en educación.
Mucho hemos escuchado la frase: “cada pueblo tiene el gobierno que se merece”, sin embargo, me atrevo a replantearla así: “en cada época, los pueblos tendrán el gobierno propio de su momento histórico”.
Ajenos, como solemos estar la enorme mayoría de los ciudadanos, de los constructos y los grandes movimientos sociológicos generadores de cambio, especularé un poco al respecto. En Costa Rica, hoy, en pleno siglo XXI, momento hacia el que se dirigían anhelantes nuestras miradas desamparadas de la centuria anterior, después de haberse desangrado en dos penosas guerras mundiales, enormes conflictos políticos e impensables cambios socioeconómicos, fue como llegamos a una meseta colmada de desatinos, y en el caso que me ocupa, tal desatino desembocó en la elección del actual gobierno. Es entonces cuando delibero sobre una época en la que tenemos un grupo gobernante propio de este momento histórico, un momento y un lugar en el cual nos encontramos en el desamparo ideológico, hijo, no solo de la demagogia sino de lo que bien se ha denominado por los estudiosos “el ilusionismo mental”, nefasto para cualquier sociedad.
Hemos hecho oídos sordos, a través de muchos años, de profesionales de alto nivel que han hecho gala de su claro menosprecio hacia temas éticos fundamentales y nos hemos reído de ello, como si se tratara de una comedia que se acaba al caer el telón.
Hemos sido testigos de la caída libre del crecimiento intelectual por generaciones, las cuales han crecido y se han desarrollado sin la dirección exacta de una auténtica formación en el campo del saber como tal, engreídas todas por la posesión de una cantidad cada vez más abrumadora de simple información. El conocimiento, al cual se accede por el duro camino de la reflexión y la profundización de las cuestiones fundamentales y decisivas de la vida, ha sido sustituido por la instrucción y el entusiasmo por la expresión personal que los convierten en verdaderos intrusos en el campo del discernimiento, y se lanzan, cual aves enceguecidas y empoderadas, al vacío. Hoy obtenemos una clase gobernante a la medida de nuestras banalidades.
Producto de este declive bochornoso en la formación ética y religiosa, jóvenes y no tanto, se adueñan de las redes sociales que, cual serpiente que se come la cola, es fuente y receptáculo de incontables despropósitos. Ahí declaran todo tipo de opiniones con fuertes deficiencias de conocimiento histórico, económico y político, aferrados a una intuición espontánea e instintiva, creyéndose dueños de un poder que en realidad no tienen y sin reconocerse víctimas de una manipulación continuada. De esta manera, se construyen argumentaciones falaces, aceptadas y repetidas por otros, incapaces de reconocerlas; se normalizan las conductas inmorales por una supuesta existencia común; se copian y se reproducen escenarios delictivos al ser presentados como resultado de pensamientos audaces y voluntades férreas; se aborrece a los intensos que muevan a la reflexión y a todo escrutinio que requiera tiempo y dedicación, ya que “después de la pandemia”, lo que antes era pereza, hoy es “espacio personal”.
Entonces, ¿qué esperar de unos gobernantes cuyas ocurrencias son aclamadas por una multitud de frívolos, cuya triste estulticia es producto directo del descuido intelectual de sus mayores? ¿Qué esperar de quienes, por miedo al micrófono, lo ceden a quien, por sus años de experiencia usándolo, se adueña, a su vez, de una voz que hace resonar como LA voz? No, muy triste, pero debo subrayar que este es el resultado de décadas de abandono en la educación, de intentos fallidos y replanteamientos a través de los cuáles se introdujeron cambios interesantes como el estudio de la Lógica (la cual pocos entendieron), para luego eliminarlos. Hoy, ya exhaustos, nos abandonamos a programas foráneos que buscan la construcción de una identidad multinacional, cuando en realidad significa borrar los Estudios Sociales y la Cívica, sendos pilares de la significación y el cuidado de lo nuestro.
Todo esto se trata, pues, de una culpa colectiva y, por lo tanto, no existen inocentes.
Los que estamos no podemos decir que no hemos estado y, para no faltar a la verdad, debo decir que también muchos dilectos costarricenses se han alejado de nuestras fronteras por estas y otras razones. Gran parte de ellos han forjado carreras exitosas en el extranjero, producto en su mayoría de una universidad sencilla, nacida del regazo de Santo Tomás y que ha ido creciendo vigorosa, para situarse entre las mejores de Latinoamérica: la Universidad de Costa Rica. Ahora, estos necios descendientes del infortunio, hijos de la inmediatez y hoy llegados al poder, buscan cercenarla. En la búsqueda de nuevos horizontes, sin embargo otros que también se fueron y volvieron, no vieron nuestra gloria, sino que aprendieron a despreciar la robustez de una democracia que, fácilmente, puede declararse descendiente dilecta de la época de oro de Pericles, a quien debemos la frase “Decídanse, porque la felicidad depende de ser libres y la libertad depende de ser valientes”. Entiendo que, en estos momentos, hasta citar esta frase resulte peligroso. Sin el debido entendimiento, cualquiera puede adueñarse de ella para justificar sus desatinos y disfrazarlos de valentía, por eso, ojo, compatriotas, el camino fácil nunca conduce a buenos lugares. Es hora de ponerse serios para que la comodidad de nuestros sitios de trabajo y de nuestros hogares no se convierta en los asientos de platea desde los cuales observamos cómo nuestra institucionalidad y nuestros derechos son lanzados a los leones por una simple señal del dedo pulgar desde la silla presidencial.
Imagen: culturacolectiva.com
SURCOS comparte el siguiente documento que llegó a nuestra redacción con esta nota informativa:
¿Quiénes financiaron a Chaves?
Nota: Este informe tiene carácter inicial en la medida en que no se ha divulgado la liquidación final de gastos de la campaña electoral 2022 del PPSD y el TSE ha dicho que su investigación sobre las estructuras paralelas es preliminar. Las fuentes de información son los informes presentados al TSE por el PPSD sobre estados financieros, donaciones voluntarias y tenedores de certificados de cesión de la eventual contribución estatal, que se encuentran en la página web www.tse.go.cr, el Informe No. IDI-DFPP-001-2022 del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE, la información disponible en el Registro Civil del TSE, así como información pública recolectada en la red Internet a través del buscador de Google.
José Luis Pacheco Murillo
¿Cuántos funcionarios públicos que han cometido actos de corrupción han sido juzgados y condenados? A lo largo de la historia la justicia pronta y cumplida que exige la Constitución Política se ha aplicado solamente contra los que al final resultan como los “chivos expiatorios”, los pobres a los que se les “pegan las pulgas” y que no tienen los medios económicos para hacerle frente a las acusaciones.
Casos tan donados como “la trocha”, en donde fueron miles de miles de millones de colones los que desaparecieron como por arte de magia y al final, los que tenían injerencia en contratos y manejos directos de dinero, tranquilos y sin novedad y otros pagaron los platos rotos.
Y se pueden seguir enumerando casos de casos en los que al final o prescriben o no se logra probar la comisión de los delitos y punto, aparece el santo protector de la delincuencia organizada y de la delincuencia de “cuello blanco”: SAN SE ACABÓ.
Y ante esa impunidad, los sectores que se supone deberían de ser insistentes en que se castigue a los responsables de esos robos, de esas apropiaciones, de esas estafas, de esos malos manejos, han distraído silencio o porque hay millones en publicidad o millones en contratos para “obras” o contratos de adjudicación de compras por parte del Estado.
Muchas cosas deben cambiar, especialmente en el Poder Judicial en donde la situación de nombramientos casi que de por vida de jueces y magistrados hacen que la justicia tenga como sus representantes a hombres y mujeres que están en una zona de confort que no les preocupa el sentido de responsabilidad social para con el orden y la limpieza de la delincuencia.
Dios quiera que casos como “cochinilla”, “diamante”, “Yamber”, “ALDESA”, y otros como el pago veloz y sin mucho análisis de 35 millones de dólares a la constructora OAS por no hacer nada y nadie dijo nada, puedan ser juzgados y se den las condenas contra quienes en realidad sean responsables de causar tanto daño a las finanzas y a la confianza del país.