SURCOS transcribe el informe enviado por Orlando Barrantes Cartín, luchador social costarricense:
«El Tribunal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica rechazó la solicitud de prescripción presentada esta mañana por la defensa de nuestro compañero ORLANDO BARRANTES.
Los jueces determinaron que el conteo de los tiempos entre uno y otro movimiento del expediente estuvieron correctos por lo que rechazaron la prescripción.
Quien si tuvo suerte este primer día fue el fiscal a quienes los jueces le dieron en parte la razón y ordenaron que fueran citados al juicio dos de los supuestos ofendidos, pero eso sí no podrán pedir indemnización por los supuestos daños ocasionados en los hechos que sirven de base para el juicio.
Así las cosas, mañana el fiscal comenzará leyendo la acusación y posteriormente comenzarán a ser recibidos los testigos. Estemos atentos porque mañana podría haber una sorpresa en el juicio».
¿Alguien con una pizca de sentido crítico podrá pensar que la venta del Banco de Costa Rica (BCR) contribuirá significativamente a reducir la deuda del Gobierno? Los números aportados en muy diversas instancias señalan que el BCR es un gran negocio para el país y su venta una reducción importante de ingresos.
¿O que el aumento de salarios a las trabajadoras y trabajadores de la CCSS afecte el déficit fiscal y con ello la deuda del Gobierno? Los salarios que paga la Caja en nada afectan los gastos del Presupuesto Nacional porque no se pagan de allí.
El Presidente Chaves no solo arremetió contra el aumento de salarios en la Caja sino que hizo la siguiente afirmación de forma contundente e inapelable:
LA CAJA ESTÁ QUEBRADA
¿Qué sentido tiene esta afirmación? Una es proponer un nuevo modelo de financiación del sistema de salud aligerando las cargas a los patronos o empresarios, tema sobre el que vienen insistiendo desde hace años y la otra es privatizar servicios importantes que brinda la Institución.
Estemos claros, lo que persigue el Presidente Chaves es privatizar servicios trascendentales de la CCSS.
Igual sucede con la venta de la mitad del INS, otra fuente de ingresos para el Estado.
Recordemos que tanto el Presidente Rodrigo Chaves como la Primera Dama son exfuncionarios del Banco Mundial, cuyo catecismo privatizador prometen ejecutar. Así lo hizo Chaves en Indonesia. La máxima ideológica del BM y sus representantes es que el Estado y sus instituciones son por definición ineficientes, a diferencia de la empresa privada que, por las leyes del mercado, según el dogma, actúan o sirven mejor. El objetivo que persigue el Presidente Chaves es pasar a un sistema de mercado donde fluyan supuestamente libres las fuerzas de mercado, con la mínima participación estatal.
Chaves y su grupo íntimo están convencidos de eso y en dirección a la privatización están trabajando. Para ello están buscando apoyo e inversiones en el exterior. No es que quieran reducir la deuda pública, no es quieran racionalizar el gasto, es que quieren privatizar o vender el Estado de Bienestar. Los hechos están a la vista.
Y nosotros dejemos de dar vueltas, el actual Gobierno incluyendo a la Primera Dama, quiere y pretende -lo dice abiertamente- privatizar todo lo que pueda, empezando ahora por los bancos estatales, la aseguradora estatal y parte esencial de la Caja.
Es la ideología, sin más excusas.
El virus ideológico privatizador llegó con fuerza. Hay que inmunizar el país.
Nota: mientas escribo esto, llega la noticia que Alemania nacionalizó la mayor planta de gas del país. Nosotros caminamos de espalda.
Recurrir a una medida como la venta del BCR o del INS para pagar, supuestamente la deuda interna, es económica y socialmente contraproducente para el país en el largo plazo. Las utilidades de los bancos estatales, solo en el primer semestre del 2022 alcanzaron más de ¢80.000 millones.
Los aportes de la venta de estas instituciones contribuirían muy poco en la reducción real del déficit fiscal. Además, nuestro sistema financiero, que adolece de mecanismos de competencia, con la venta del BCR, no se tendría garantía de la reducción de las tasas de interés. Recientes estudios e investigaciones acerca del sistema bancario nacional han revelado que el mercado está sumamente concentrado e impone costos muy altos a los costarricenses.
Si realmente el gobierno quiere reducir la deuda, entonces debe trabajar en la lucha contra la evasión fiscal y el contrabando; eliminar los portillos para la recolocación de utilidades imponiendo las normas BEPS de la OCDE, continuar y profundizar la ruta para reducir los costos de la deuda mediante los préstamos de apoyo presupuestario y la renegociación en el mercado interno; mejorar las compras del Estado; acelerar la dinamización de la economía para así aumentar la recaudación de impuestos, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y la reducción del endeudamiento público. Para alcanzar esas metas se requiere una banca estatal que dé soporte a esos programas e instituciones a intereses accesibles.
En concreto, ¿por qué nos oponemos a la privatización del BCR?:
1. Los bancos públicos son los que más han invertido en bancarizar al país entero. El Banco de Costa Rica cuenta con 226 oficinas y 592 cajeros automáticos, desde Aguas Claras de Upala hasta San Vito de Coto Brus, sitios en los que la banca privada no cubriría puesto que no son rentables desde una óptica de mercado. Los bancos estatales, no solo persiguen el afán de lucro, sino la bancarización y el servicio en sí mismo, que es un interés público. Esto no sucede usualmente con los bancos privados. Costa Rica es el tercer país de América Latina más bancarizado, es decir que cuenta con una experiencia acumulada exitosa y en donde los Bancos Públicos demuestran su valía.
2. El mercado de crédito de Costa Rica es de ¢27,7 billones, por lo que cada punto porcentual de más cobrado en intereses por los financieros privados significaría ¢270.000 millones por año de más que deberían pagar las familias y las empresas (PYMES principalmente). Solo esta última cifra valida cualquier esfuerzo por tener la banca pública que tiene Costa Rica hoy.
3. La venta del BCR, INS y cualquier otra institución pública sería un duro golpe para un desarrollo con equidad. Por ejemplo, las utilidades de los bancos públicos se asignan de la siguiente manera: CONAPE 5%, Comisión Nacional de Emergencias 3%, Sistema Banca de Desarrollo 5%, INFOCOOP 10%, Impuesto de Renta 30% y Régimen de Pensiones CCSS 15%. En otras palabras, con los 1.800 millones de dólares que según el gobierno generaría la venta de las empresas mencionadas, solo se amortiguaría una mínima parte de los 40.000 millones de dólares que representa la deuda del Estado, pero el país sí perdería instrumentos y recursos permanentes que son medulares para el desarrollo. El presidente ha dicho que recurrirá a impuestos para suplir estos fondos, pero cabe preguntar, ¿qué impuestos y quiénes los van a pagar? La falta de claridad de la propuesta pone en duda tanto su aplicación como el apoyo.
Ante la crisis global que se enfrenta producto de la pandemia, las confrontaciones bélicas y comerciales, el crimen organizado y el cambio climático, el PAC propone y confía que la principal tarea del gobierno sea centrarse en el fortalecimiento de las instituciones públicas necesarias para enfrentar los desafíos que nos demanda el momento y no en debilitar el Estado Social de Derecho.
Reiteramos nuestro compromiso por la defensa de una institucionalidad pública eficiente, transparente, oportuna y presente en todo el territorio nacional.
En Costa Rica el próximo 21 de septiembre a las 8am, en los Tribunales de Guápiles. Limón, se realizará por octava ocasión un juicio contra el luchador y dirigente social Orlando Barrantes, víctima durante 22 años de un proceso de criminalización y judicialización, valorado como el juicio político más largo en la historia del país, plagado de arbitrariedad.
Orlando es un reconocido luchador social y dirigente comunal, fundador del Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC), quien ha dedicado la mayor parte de su vida a las causas sociales, teniendo en los últimos años una participación relevante en la zona atlántica del país. En el accionar político ha sido un integrante activo de los movimientos sociales, apoyando luchas campesinas, de ex-estibadores, transportistas independientes, mujeres jefas de hogar y mujeres en general, indígenas, personas afectadas por el Nemagón y actualmente en la lucha por el acceso a una vivienda digna para la población más vulnerabilizada. A la vez, reconocemos su compromiso permanente como internacionalista al solidarizarse con las luchas de todos los pueblos y naciones del mundo.
Este juicio que enfrenta Orlando es de carácter político, por su participación en la lucha del Caribe en el año 2000, la cual derivó un fuerte movimiento campesino y comunitario centrado en exigir precios justos para los productos agrícolas locales y apoyo efectivo del gobierno para el sector campesino. Así, alrededor de 3000 manifestantes llevaron a cabo una marcha multisectorial, siendo víctimas de una brutal represión y abuso de poder político-militar por parte de un contingente de cerca de 400 policías antimotines fuertemente armados.
Lo anterior en el contexto de una creciente crisis socioeconómica en la región caribe, producto de políticas injustas, colonialistas y discriminatorias, la cuales se ha profundizado con los años. Este escenario de lucha popular fue aprovechado vilmente por la Fiscalía para iniciar una persecución política en contra de Orlando, acusándole de ser “un enemigo del Estado” y “un conspirador contra el gobierno”, como si luchar por los derechos de los pueblos fuera un crimen.
Solidarizarse por la libertad de Orlando es luchar por el legítimo derecho a protestar que tenemos todas las personas, Derecho Humano fundamental para garantizar la participación del pueblo y de todos los sectores en el diálogo social y en la construcción colectiva de la democracia.
Por lo cual, frente a esta violación institucional y sistemática del Derecho Humano a la Protesta Social, el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos:
Se une al conjunto de colectivas, colectivos, organizaciones sociales, políticas y activistas, quienes se han aglutinado en el Comité de Apoyo a Orlando Barrantes para impulsar una campaña de solidaridad por la absolutoria definitiva para Orlando Barrantes.
Hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales y políticas, religiosas, campesinas, indígenas, ecologistas, luchadores por vivienda, agrupaciones de mujeres, estudiantiles, sindicatos del sector público y privado, de base local y comunal, a sumarse a la campaña por la absolutoria para Orlando Barrantes.
Solidarizarnos con esta lucha es garantizar nuestro legítimo derecho a la protesta social y a la organización desde nuestras comunidades.
Hacerse presentes este miércoles 21 de setiembre a partir de las 8 am en los Tribunales de Justicia de Guápiles, en la provincia de Limón, donde iniciará el octavo juicio.
Costa Rica se ha destacado históricamente por ser un país ejemplo de pregonar, desde los gobiernos de turno, una cultura de paz, valores democráticos y justicia social, inclusive libre de políticas y estructuras de seguridad propias de dictaduras militares, impuestas para consolidar violencias estructurales en contra de toda iniciativa y movimiento que emergen, desde el pueblo y diversos sectores de la sociedad, en la línea de organizarse para exigir políticas de estado para una verdadera justicia social, ante las crecientes amenazas globales contra las poblaciones más vulnerabilizadas.
Es por ello, que desde el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, nos unimos al tejido de activistas sociales, defensoras y defensores de los Derechos Humanos, organizaciones, colectivas y colectivos de Costa Rica y del mundo instando a la ABSOLUTORIA DEFINITIVA PARA ORLANDO BARRANTES CARTÍN, internacionalista y dirigente campesino víctima de 22 años de judicialización por estar al lado de su pueblo en la defensa permanente de los Derechos Humanos.
#TodxsSomosOrlandoBarrantes
No a la criminalización del Derecho Humano a la Protesta Social. ABSOLUTORIA DEFINITIVA PARA ORLANDO BARRANTES. PROTESTAR NO ES UN DELITO, ES UN DERECHO HUMANO DE NUESTROS PUEBLOS.
Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos
Integrantes del Consejo Consultivo:
Argentina Adolfo Pérez Esquivel Premio Nobel de la Paz, Stella Calloni Corresponsal de la Jornada en Buenos Aires; Colombia Dra. Piedad Esneda Córdoba Ruiz Defensora de Derechos Humanos y Coordinadora Internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos. Vocera de colombianas y colombianos por la Paz, Rubiel Vargas Secretario Ejecutivo Nacional del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Colombia (CPDH), María Cardona Mejía Defensora de Derechos Humanos, Camilo González Posso Presidente de INDEPAZ,Dr. Mario Hernández ÁlvarezCoordinador Doctorado Interfacultades en Salud Pública Universidad Nacional de Colombia; España Ana Andrés Ablanedo Defensora de Derechos Humanos de Soldepaz Pachakuti, Ricardo Sánchez Andrés miembro de la junta de la (ACP) Asociación Catalana por la Paz – miembro de la Asamblea de Internacional de (Comunistes de Catalunya) y miembro permanente del consejo de Solidaridad de la Ciudad de Manresa, María Victoria Fernández Molina Candidata a Doctora en Derechos Humanos, Estados Unidos James Patrick Jordan Coordinador Nacional de la Alianza por la Justicia Global y Eduardo García Activista de la Alianza por la Justicia Global e integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Estados Unidos, Suiza José Manuel González López y Gerardo Romero Luna de la Red Latinoamericana de Zurich integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Suiza; Venezuela Hugo Alberto Nieves Integrante de la Comisión Política de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora – CRBZ, Yonatan Vargas Abogado Defensor de Derechos Humanos y Analista Internacional de la CRBZ, Indhira Libertad Rodríguez Red de Colectivos La Araña Feminista, José Miguel Gómez García Movimiento Internacional de la Economía de los Trabajadores, Miguel Humberto Medina Comunero Bolivariano Movimiento Cultural Campesino Los Arangues, Ali José Álvarez Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos – Jpsuv de Venezuela; Ecuador Abg. Franklin Columba Cuji Presidente de la Unión de Organizaciones Sociales Interculturales del Sur de Pichincha UOSISP de Ecuador; Bolivia Rodolfo Machaca Yupanqui Strio. General de Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Bolivia – CSUTCB; Palestina Jamal Juma Coordinador STOP The WALL; Guatemala Ana Laura Rojas Padgett integrante de la Red de Integración Orgánica – RIO; Uruguay Anahit Aharonian Kharputlian Ingeniera Agrónoma y Docente Comisión Multisectorial de Uruguay; Panamá Ligia Arreaga Integrante de la Alianza por un mejor Darién – AMEDAR; Brasil Gizele Martins del Movimiento de Favelas de Rio de Janeiro; Perú Betty Izaguirre Lucano Coordinadora General del Movimiento Alfa y Omega; Chile-Wallmapu – Territorio Mapuche Onesima Lienqueo Fundadora de la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche; Chile Pablo Ruiz integrante del Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile; México Eduardo Correa Senior Profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México – UACM, Dr. José Enrique González Ruiz Profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM, Dr. José Rafael Grijalva Eternod Doctor en Derechos Humanos, Dr. Felix Hoyo Arana Profesor de la Universidad Autónoma de Chapingo; Dr. John Mill Ackerman Rose, Daniela González López Coordinadora Internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Soledad Ortiz Vásquez Consejera General del Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer – CODEM, Claudia Tapia Nolasco Consejera General del Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer – CODEM, Patrocinio Martínez López representante del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo de Oaxaca – CODEPO, Lic. Hugo Aguilar Promotor y Defensor de Derechos Indígenas, Miguel González Muciño Director del Centro Cultural Las Jarillas y Arturo Díaz González Organización Proletaria Emiliano Zapata – Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas OPEZ – FOSICH.
Organizaciones integrantes:
Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos: Soldepaz – Pachakuti de España; Observatorio de Derechos Humanos Capítulo Suiza, Red Latinoamericana de Zurich de Suiza; Observatorio de Derechos Humanos Capítulo EU, Alianza por la Justicia Global, SOA Watch – Observatorio por el Cierre de las Escuela de la Américas de Estados Unidos; Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora – CRBZ, Red de Colectivos La Araña Feminista, Movimiento Internacional de la Economía de los Trabajadores, Movimiento Cultural Campesino Los Arangues de Venezuela; Colombianas y Colombianos por la Paz, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Observatorio de Paz, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Sur Occidente Colombiano Antonieta Mércury; Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) de Colombia; Red de Integración Orgánica – Rio – Por la Defensa de la Madre Tierra y los Derechos Humanos de Guatemala; Comisión Multisectorial del Uruguay; Unión de Organizaciones Sociales Interculturales del Sur de Pichincha (UOSISP) de Ecuador; Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB); Alianza por un mejor Darién – AMEDAR de Panamá; Movimiento Alfa y Omega de Perú; Movimiento de Favelas de Rio Janeiro Brasil, Red por la Defensa de la Infancia Mapuche Chile-Wallmapu – Territorio Mapuche; Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile; Campaña Popular Palestina contra el Muro de Apartheid (Stop the Wall), Coalición de la Defensa de la Tierra Palestina Unión Palestina Campesina (Palestinian Farmers Union) de Palestina; Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer (CODEM), Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario (IMDEC), Centro de Atención en Derechos Humanos a la Mujer y el Menor Indígena (CADHMMI) y Centro Regional Indígena en Derechos Humanos “Ñuu-Savi” (CERIDH), Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo de Oaxaca (CODEPO), Patronato Pro Defensa y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural de Oaxaca (PRO – OAX), Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en San Salvador Atenco (FPDT-Atenco), Colectivo de Mejoramiento Barrial de la Ciudad de México – Centro Cultural Las Jarillas, Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas (OPEZ – FOSICH) y Colectivo Reexistencia Creativa de México.
Representantes Sector Social laboral en la Junta Directiva de la CCSS hoy martes 20 de setiembre, en conferencia de prensa convocada en respuesta a las diversas inconsistencias informativas generadas a la opinión pública y manifestaciones no precisas del presidente Rodrigo Chaves y gobierno en los últimos días.
Se detallan aspectos técnicos de legalidad y presupuesto para la ejecución del reajuste salarial aprobado, así como la situación real económica de la CCSS.
Directores afirman la total gestión de legalidad del acuerdo de reajuste salarial a los trabajadores y desmienten categóricamente que la CCSS esté quebrada como lo señaló erróneamente y con muy mala intención el presidente.
Miembros participantes de Junta Directiva:
● Martha Elena Rodríguez González. Representante sector sindical.
● Maritza Jiménez Aguilar. Sector Solidarista.
● Jose Luis Loría Chaves. Sector Cooperativo.
Nosotros, ciudadanos costarricenses, nos unimos al llamado proveniente de muchos sectores de nuestra comunidad, para pedir a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia que en la elección de su Presidente adopten el voto público.
Hemos venido observando, con creciente preocupación, la muda contienda que se prolonga semana tras semana sin ostentar credenciales o argumentos persuasivos por una u otra de las partes: un pulso silencioso que hace adivinar una intensa y afanosa refriega entre bambalinas a quién ofrece más, a quién exhibe mayores poderes o influencias, presiona más, amenaza más o menos veladamente. Un trasfondo indigno de la más alta instancia de Justicia.
La elección del Presidente de la Corte Suprema de Justicia tiene que revestir la prestancia de un acto de ejemplar civilidad. La defensa de las respectivas candidaturas debe transcurrir ordenada y públicamente, fundamentada sobre la base de las virtudes, la excelencia moral e intelectual, el impecable desempeño del trabajo de cada candidato. La votación secreta debe reservarse para situaciones realmente excepcionales, en las que la publicidad del voto ponga en peligro la vida o la integridad de las personas.
Es tiempo de que la Corte Plena abandone el mecanismo del voto secreto, una práctica que la desprestigia ante la Nación y ante el Mundo, para dar lugar a un debate leal y transparente que culmine en una votación de viva voz.
San José, 22 de setiembre de 2022.
Arnoldo Mora Rodríguez, catedrático jubilado
Alvar Antillón Salazar, escritor, exembajador
Vernor Arguedas Troyo, catedrático jubilado
Mirta González Suárez, profesora, novelista
Manuel Antonio Solís Avendaño, sociólogo, docente e investigador
Sergio Reuben Soto, economista, catedrático
Eric Alfredo Chirino Sánchez, abogado, catedrático
Gilberto de Castro Lopes, periodista, profesor universitario
Yolanda Bertozzi Barrantes, abogada
Francisca Raventós Vorst, socióloga, docente e investigadora
Isabel Montero Mora, abogada, profesora universitaria
Elizabeth Odio Benito, abogada, profesora emérita, jueza internacional
Daniel Flores Mora, psicólogo, profesor emérito
Isabel Duca Durán, filóloga, profesora universitaria
Jorge Rovira Mas, investigador, catedrático
Héctor Ferlini-Salazar, comunicador
José Joaquín Ureña Salazar, abogado penalista
M.Sc. Ana Elena Obando M., abogada feminista de derechos humanos
Paula Ximena Dobles, socióloga, docente universitaria
José María Gutiérrez Gutiérrez, profesor Emérito Universidad de Costa Rica
Rafael González Ballar, Director del Posgrado de Derecho de la Universidad de Costa Rica
Lic. Benjamín Sevilla García, abogado
Viviana Rovira Maruri, psicóloga social y activista Derechos Humanos
Larissa Arroyo Navarrete, experta en derechos humanos
Nia Salas Gómez, Colectivo Profesionales para la Ciudadanía
Sonia Navarro Solano, abogada
Patricia Howell Aguilar, cineasta y activista feminista
José Pablo Cascante Suárez, abogado
José Manuel Arroyo Gutiérrez, exmagistrado
Luis Guillermo Herrera Castro, profesor pensionado de derecho UCR
Flora Fernández Amón, empresaria
José Molleda Pernas, comerciante
Alexander Jiménez Matarrita, filósofo
Guillermo Antonio Arroyo Gutiérrez, ingeniero civil
Marta Eugenia González Madriz, pensionada Ministerio de Justicia, máster Educación en Derechos Humanos
Hernán Rodrigo Salazar Salazar, ex juez penal
Ana Eugenia Sáenz Fernández, abogada
Juan Carlos Esquivel Favareto, abogado/notario
Dr. Edgar Gutiérrez Espeleta, catedrático UCR jubilado
Melania Monge Rodríguez, profesora UCR jubilada
Erika Linares Orozco, abogada y activista por los Derechos Humanos
Neddy Zamora Chacón, socióloga pensionada
Jaime Robleto Gutiérrez, juez de Apelación de Sentencias Penales
Jorge Delgado Salazar
Blenda Ivette Solano, pensionada CCSS
Patricia Salgado Muñoz, jubilada
Margarita Bolaños Arquín, antropóloga
Omar Contreras, administrador de empresas con énfasis en Banca y Finanzas
Emilia Molina Cruz, exdiputada
Habib Succar Guzmán
José Manuel Ortiz Durman, abogado y notario público
Mario Alberto Sáenz Rojas, profesor universitario
AnaLucia Hernández D
Johana Castro Zamora, jubilada Jupema
Marta Muñoz Cascante
Olman Montero Salazar
Ivannia Monge Naranjo, abogada y feminista
Rita Méndez Villalobos, regidora municipal
Otto Luis Castro Ríos, pensionado
Paquita Cruz Villalobos
Gonzalo Chacón Segura – empresario
María Elena López Núñez
Rosa Lía Guerrero Rojas, pensionada
Hannia Franceschi Barraza, profesora universitaria jubilada
Eric Gutiérrez Rojas, abogado
José María Tijerino Pacheco
Erick Gatgens Gómez, abogado
Giselle Boza, periodista y abogada, profesora universitaria
Marcial Rodríguez Garro, topógrafo
Manuel Rojas Salas, abogado y docente universitario
Cristina Rojas Rodríguez,exvicepresidenta del Colegio de Abogados y Abogadas, ex Jueza Superior Penal y coordinadora de la Oficina de Cooperación y Relaciones del Poder Judicial, jubilada
María de los Ángeles Salvadó Sánchez, administradora de negocios
Guillermo Enrique Molina Araya
Nora Garita Bonilla, socióloga
Roberto Salom Echeverría, sociólogo, jubilado
Flor Vargas Hernández, bibliotecaria
Gisele Rivera Chacón, abogada
Henry Mora Jiménez
Ana Carter Fonseca, jubilada
Carlos Arguedas Ramírez
Patricia Carrillo Valverde, pensionada
Vilma B. Mesén Madrigal, abogada y notaria
Sandra Madriz Muñoz, abogada
Virginia Acuña Montero, licenciada en Educación
Carlos Brenes Castillo, sociólogo
Wesley Valenciano Solano, abogado
Alexánder Sánchez Mora, filólogo, profesor universitario
Alberto Coto T., administrador de empresas, licenciado en contaduría, licenciado en finanzas
MSc. Maribel Gutiérrez Villalobos, máster en administración de justicia penal
Mag. Carmen María Marín González, trabajadora social
Guido González Méndez, psicólogo
Licda Berenice Retana Ureña
Emilia Ureña Solís, abogada
Marcela Echandi Gurdián, profesora de Filosofia y abogada
Olga Guzmán Mora, psicopedagoga, docente de la UCR
Jorge Eduardo Cartín Elizondo, químico, abogado
MSc. Myrna Alvarado Roldán, abogada y notaria
Fleyken Cerdas Hernández, abogada
Yadira Matarrita Brenes, editora pensionada
Carlos Manavella, decano Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad para la Cooperación Internacional
Mauricio Castro Méndez, docente e investigador de la Universidad de Costa Rica
Juan Agustín Salas Rojas
John Brenes Rodríguez, abogado litigante
Jorge Luis Morales García, juez de apelación de sentencia penal
Carlos Acuña Montero, biólogo, jubilado
Ana María Botey Sobrado
Carlos Francisco Echeverría Salgado, jubilado
Tathiana Flores Acuña, experta en derechos humanos y derecho internacional humanitario
Salvador Morales Navarro
Yamilé Salas Sanz, jubilada
Ana Ruth Quesada Bonilla, terapeuta en adicciones, promotora de derechos humanos de las personas con dependencia de alcohol y sustancias psicoactivas en pobreza extrema
Beleida Alfaro Quesada, administradora de empresas
Sonia Sandí Zúñiga, abogada, secretaria general adjunta sindicato Sitrajud
Rosibel Rios Carvajal, defensora de derechos, Justicia Paz e Integridad de la Creación Claret de C.R.
Alice Ramírez Ramírez
Juan José Vargas León, secretario técnico Foro de Justicia
Emilia Trigueros Flores
Denia Pacheco Moreira, abogada y notaría pública
Ignacio Rodríguez Sancho
Casta Arana, pensionada
Esteban Araya Vargas, computación
Rita Maxera Herrera, abogada, profesora
Manuel Araya Incera, catedrático UCR jubilado
Ma. Catarina Goldoni Ruiz, profesora jubilada
Roberto Zeledón Arias, asesor legislativo de ANEP
Marcia Aguiluz Soto, abogada y defensora de derechos humanos
Evelyn Salas Sanz, jubilada
Carolina Hidalgo Herrera, abogada y expresidenta de la Asamblea Legislativa
Antonio Ortega Vindas, abogado, ex-juez de juicio, jubilado
Juan José Vásquez Vargas, economista
Ana Helena Chacón Echeverría, ex vicepresidenta de la República
Saray Córdoba González, profesora jubilada
Isabel Trejos Trejos, educadora
Ronaldo Hirsch Keibel, profesor emérito UCR
Gina Araya Araujo, abogada e internacionalista
Carlos Bonilla Avendaño, abogado
Dr Juan Boza Cordero, matemático jubilado, investigador CIMPA – UCR
Alejandra Manavella Suárez, abogada defensora de derechos humanos
Marjorie Moreno Salas, psicóloga clínica
Marcela Guerrero Campos, exministra de la Condición de la Mujer, expresidenta Ejecutiva IFAM, exdiputada
Marisa Batalla Chacón, periodista especializada en derechos humanos y género
Walter Antillón Montealegre, abogado y profesor emérito
Myriam Jinesta Moreira
Lic Coralia Pacheco Moreira, educadora
Carmen María Muñoz Quesada, periodista, exdiputada y ex viceministra de Gobernación y Policía
Ivette Carranza Cambronero, jueza
Laura Guido Pérez, politóloga y exdiputada
Ana Carcedo Cabañas, físico matemática
Víctor Hugo Cordero Murillo, jubilado
José Pablo Carballo Chavarría, estudiante de Derecho e Ingeniería Química
Adán Carmona Pérez, abogado y profesor universitario
Roy Rojas Estrada, abogado
Dra. Sara Sharratt, psicóloga clínica
Freddy Calderón Chaves, abogado
Marta Eugenia Odio Benito, trabajadora social, abogada especialista en Derecho Internacional Público, catedrática de la UCR
Bernal Herrera Montero, profesor emérito UCR
Alex Guevara Meza, trabajador social, estudiante de Derecho
Guillermo Vargas, jubilado del Magisterio Nacional
Luis Paulino Vargas Solís Economista / Investigador CICDE-UNED
Innumerables veces he tratado de explicar, por qué el abordaje del problema fiscal desde una propuesta de austeridad y recorte, es un grave error. Ello genera deudas incomparablemente mayores que las deudas que se trataba de saldar. Y, pasados los años, las facturas nos llegan, con intereses muchísimo más altos.
Yo sé que eso desafía el “sentido común doméstico” -o sea: la idea de que las finanzas públicas deberían manejarse como las finanzas hogareñas- como también comprendo que siempre se preguntará: ¿y de dónde saldrá el dinero? La primera objeción es simplemente errónea, y la segunda tiene respuestas viables, la cuales, sin embargo, ha sido deliberadamente ignoradas.
Discúlpenme si omito referirme de momento a esas cuestiones. Lo que aquí quiero resaltar es otra cosa: las dolorosísimas tragedias que, como en avalancha, se nos vinieron entre viernes y sábado (y que ya se habían anunciado en numerosos episodios previos), son, seguramente, el resultado de diversos factores adversos, pero, en particular, son manifestación de una cosa: los “ahorros” hechos en el pasado -bajo la guía del “sentido común doméstico”- los estamos pagando ahora, a un precio muchísimo más alto.
Invariablemente son hogares pobres o de bajos ingresos, los que han resultado afectados. Ahí se ponen de manifiesto no solo las limitaciones impuestas a las políticas de atención a la pobreza, pero, sobre todo, y mucho más importante, la renuncia a políticas de desarrollo que garanticen empleos de calidad para toda la población.
Se visibilizan, también, las grandes falencias en materia de planificación urbana y uso de los suelos, las insuficiencias en materia de políticas de vivienda y urbanismo, pero, asimismo, las fatales omisiones en cuanto a inversión pública que garantice que las cuencas hidrográficas, no solo se mantengan limpias y llenas de vida, sino que asimismo dejen de representar un peligro para la población.
La tragedia de ayer en Cambronero es dolorosísimo testimonio de lo que ha significado “ahorrar” en infraestructura vial. Tan terrible acontecimiento jamás debió darse. Y si se ha dado, es porque por años de años se dejó de invertir lo necesario para darle cuido y mantenimiento a la carretera. Pero, por favor, tengamos presente: una desgracia similar puede darse en cualquier momento en muchas otras carreteras, inclusive la 27, que está en menos de una transnacional que, literalmente, nos saca la sangre todos los días (es inconcebible que, en medio de tanto dolor, la concesionaria se negase a abrir los peajes).
Los “ahorros” del pasado nos resultan hoy infinitamente más caros. Los “ahorros” que hoy, tercamente, se insiste en hacer, pasarán onerísimas facturas al cabo de unos años.
Si no se tiene una formación jurídica sólida ni una carrera ejemplar; si tus sentencias no han aportado nada y no se conocen, ni se citan; si ha tenido que intervenir el régimen disciplinario no una, sino varias veces, por tus negligencias, atrasos, alteraciones de datos; si no se tiene el más mínimo reconocimiento, estima o auténtico respeto entre los compañeros de trabajo, entonces… la pregunta íntima, última y existencialmente radical es: ¿cómo se puede ascender?, ¿cómo se puede escalar y llegar hasta arriba-arriba?
Si no se tienen virtudes, lo que corresponde es cultivar vicios, pero claro está, los indicados. Lo primero que hay que buscarse es un buen padrino. Ojalá un padrino en desgracia, que necesite, con urgencia, una importante influencia en al más alto nivel, con juezas y jueces dispuestos a reescribir la historia, a borrar con el codo lo que la Justicia ha hecho con mano recta y firme. Este “contacto” facilitará todo lo demás. Se puede intentar sacar a la fuerza a un alto juez incómodo para abrir el espacio requerido. Si esta maniobra falla, entonces habrá que esperar un poco, pacientemente. Esta oportunidad vendrá cuando haya sobre la mesa la elección de dos vacantes simultáneamente, en el tribunal ansiado. No habrá necesidad de concursar: ¿para qué? Esos procesos son, casi siempre, comedias burlescas para ingenuos. Además, costará mucho justificar lo evidente, las limitaciones profesionales y personales, las sanciones recibidas. Así que si el bando de enfrente está apuntado con una buena candidata, la condición será apoyarla si, a cambio, se acepta la imposición de tu nombre, sin concurso, sin currículum, y con poca vergüenza. “Pa´ eso tenemos la mayoría”.
Otro factor decisivo será parecer bueno. Aquí no hay nada tan efectivo como convertirse en “un hombre de Dios”, con vínculos, eso sí, muy cercanos en la Curia Metropolitana, la misma que prohija, tutela, protege y esconde a sus peores agentes, los abusadores de niños. Esa Iglesia, también necesita influencias en lo más alto, no del Cielo, sino de la cúpula judicial. Quien quita si ahí, por arte de birlibirloque puede aparecer una prescripción, una casación o una revisión favorables.
Lo tercero, pero no menos importante, es desarrollar una personalidad “encantadora”, hasta donde se pueda y con quienes se pueda, por supuesto. Habrá que convertirse en todo un “chavalazo”. Habrá que cultivar contactos no sólo en el sector del padrino venido a menos. Hay otros señores feudales a los que se les puede convencer de tu simpaticura, disponibilidad, amistad y utilidad en la transmisión de información reservada. Además, eso de tener una ideología y ciertos principios es también cosa de ingenuos. Lo mejor será ser amigo de todos los poderosos e influyentes, del partido que sea, estén donde estén.
Una vez acomodado en el sillón, de lo que se trata es de dedicarse al “lobby” y a la intriga palaciega. En esto no faltará algún maestro, que te alimentará con todas sus enseñanzas, que como puede verse, dan abundantes y luengos resultados. La jurisprudencia y el gobierno judicial son para otros, los terceros ingenuos de esta historia. Aquí de lo que se trata es de que, cada vez que haya una vacante, apostar por la promoción de alguna o algún cercano y hacerle creer que sin tu apoyo no logrará el acceso a la cima. Esta estrategia neutralizará tu carencia de méritos profesionales, personales o de auténtico respeto. No te respetarán, pero te temerán, a vos y sobre todo a tus amigos de Cuesta de Moras y Zapote. Eso, tarde o temprano, te ayudará a sumar los votos necesarios para todo tipo de causas.
El lado oscuro del viejo Maquiavelo se estará frotando las manos, donde quiera que esté, satisfecho de que, más allá de los principados monárquicos renacentistas y las recetas para conservar el mando, se ha filtrado, intacta, en los regímenes republicanos contemporáneos, o mejor dicho, en las pseudo-democracias de nuestros días, la lógica de un poder por el poder mismo.
Lo que sí considero indispensable advertirte es que se viene lo que ya conocemos. Alcanzar una posición para la que no se tiene las mínimas condiciones, sólo exhibirá sin pudor, en la vitrina pública, las desnudas carencias que se padecen. Y el final podrá ser, una vez más, la salida penosa, por la puerta trasera, pagándose un precio muy alto en esta extenuada democracia.
También debe quedarte claro que en toda esta caída al abismo habrá, además del protagonista, otros dos responsables principales. Los políticos que, para protegerse de sus corruptelas apuestan por colocar amigos como jueces en puestos estratégicos, por si llegado el momento, haya que sacar las castañas del fuego. Y en segundo lugar, los compañeros de cúpula, sobre todo los que creen, a veces con razón, deberle el puesto a alguien verdaderamente temible.
La Asociación Americana de Juristas, Rama Costarricense, se une a la petición de los sindicatos y de otras organizaciones y grupos cívicos, dirigida a la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de que suspenda el procedimiento de elección de su presidencia, hasta que sean resueltos los recursos de amparo en los que se sostiene la necesidad de publicidad y transparencia en las correspondientes votaciones.
Como sustento de lo anterior, los miembros de la Asociación han considerado que, en primer lugar, dicha suspensión se impone ex lege, como efecto directo de la admisión de los recursos por parte de la Sala Constitucional; y en segundo lugar, que la misma es adecuada en la medida en que es funcional a los principios de transparencia y juego limpio que deben regir en certámenes de la importancia de una elección presidencial en el seno de la Corte Suprema de Justicia.
El poder Judicial es el baluarte de la institucionalidad y uno de los pilares de la Democracia en nuestro País; asegura la primacía del orden jurídico e inspira la confianza y la rectitud entre los ciudadanos.
El representante del Gobierno, Guillermo Hernández Ramírez, renunció a la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Su decisión se da luego de que el presidente Rodrigo Chaves Robles destituyera al presidente ejecutivo de la CCSS Álvaro Ramos. Con esta renuncia el órgano director queda sin cuórum.
Hernández Ramírez señala en su carta de renuncia que aceptó “la invitación de don Álvaro Ramos Chaves a ser parte de su proyecto de Seguridad Social, orientado a impactar los elementos sustanciales de la Caja. Hoy el corte de manera súbita de su nombramiento como Presidente Ejecutivo de la CCSS no me permite continuar como miembro de la Junta Directiva, pues no sería consecuente con mi motivación inicial”.
SURCOS comparte la carta de Guillermo Hernández Ramírez:
Información compartida con SURCOS por Adiana Laclé.
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