Autor: Hector Ferlini Salazar

Mi pronóstico

Escrito en 25/01/2026. Publicado en Elecciones.

Daniel Camacho Monge

Deduzco que Laura no obtendrá el 40 por ciento, pero no es porque quiera, sino por el siguiente análisis.

Según la encuesta del CIEP-UCR el perfil de los indecisos es muy diferente al de los que votarán por Laura. De manera que ella no crecerá al ritmo que lo hizo hasta ahora. Por otro lado, observo que bastantes personas opositoras muy activas en las redes al fin se convencieron de que se estaban cocinando en su propio caldo y han decidido romper la burbuja y salir a hablar con la gente.

Si hacemos esto intensamente esta semana, lograremos pasar a segunda vuelta.

Fue lo que perseguimos cuando propusimos formar los Frentes Democráticos pero muy poca gente nos dio pelota.

Si hay segunda vuelta debemos retomar los Frentes Democráticos.

Chaves y las nuevas formas de hacerse con el poder

Escrito en 25/01/2026. Publicado en Elecciones.

Gerardo Fumero Paniagua

Rodrigo Chaves Robles, populista y confrontativo, se caracteriza por un discurso disruptivo -diría que de odio-, que polariza la sociedad entre «el pueblo» y lo que él denomina «las élites» o «las castas» que han gobernado históricamente. Su movimiento utiliza el resentimiento legítimo de sectores olvidados por el Estado, para canalizarlo contra las instituciones que protegen el Estado de Derecho, haciéndoles creer que son las culpables de su pobreza.

Chaves piensa en Costa Rica como un «Estado fallido», secuestrado por grupos de interés. Deslegitima las instituciones, calificándolas como obstáculos a la voluntad popular que él dice representar, en una narrativa que divide el espectro político en «nosotros» contra «ellos».

La conferencia de Prensa de los miércoles es una plataforma de «juicio público», donde se señala a opositores, periodistas o funcionarios específicos, a menudo usando apodos o lenguaje sarcástico y hasta vulgar, utiliza las redes sociales y los troles para atacar voces críticas y desgastar las instituciones, criticar sus fallos y erosionar la confianza pública en ellas. Ataca y estigmatiza la «prensa canalla», reduce el presupuesto para la educación y las universidades públicas, y llega al extremo de pretender acallar los medios, tanto escritos, como la Radio y la TV.

La nefasta y absurda «Ley Jaguar» y el Referéndum, fueron sus peticiones a Santa, para eliminar los órganos de control, y ahora busca 40 diputados para las próximas elecciones, que le facilitarían una nueva Constitución, el delirio de todo dictador.

Para todo ello, ha hecho alianza con el capital privado, el fideicomiso «Costa Rica Próspera» supuestamente funcionó como una estructura paralela para pagar gastos de campaña sin reportarlos al TSE, como debió. Jack Loeb y Calixto Chaves, figuras del empresariado tradicional y vinculados históricamente a otros partidos, se convirtieron en sus principales financistas.

Finalmente, ha logrado crear un ecosistema mediático que amplifica el discurso oficialista y ataca a la prensa crítica, para lo cual ha utilizado la pauta y las compras del Estado, como herramientas para premiar a medios que mantienen una línea editorial estrictamente favorable al Gobierno. Tal es el caso del coordinador de finanzas de Partido Pueblo Soberano, Carlos Valenciano Kamer, a cuyas empresas -Datasys Group- se les ha adjudicado millonarias compras del ICE y Racsa, quien a su vez es dueño de un importante canal de TV -OPA, al servicio de Chaves-, además de otras relaciones con financistas como Stephan Brunner y Douglas Altamirano.

Dichosamente hoy vivimos en una democracia que, aunque imperfecta, ningún dictadorzuelo terminará logrando sus objetivos fácilmente, gracias al equilibrio de poderes en nuestra Democracia Republicana. Pero no era así en nuestros primeros años de vida independiente y prácticamente todos los golpistas impusieron su propia Constitución, tal y como lo pretende también Chaves. Sucedió en 1823 y 1847. Y se repitió después de la guerra de 1856-1857, con el país sumido en una crisis económica y diezmado por el cólera, causante del descontento social, pero que fue aprovechado por la oposición para culpar a la administración de Juanito Mora, de la miseria del pueblo.

Similar a lo que sucede hoy, también en 1856 la oposición comenzó una guerra de desgaste, a través del periódico “La Nueva Era”, cuestionando la legitimidad de las decisiones del gobierno, criticando el gasto militar y promoviendo la idea de que Costa Rica necesitaba una «regeneración institucional”, léase “nueva Constitución”.

Alrededor de ese periódico se aglutinó el movimiento opositor a Mora, que también se coaligó con la oligarquía cafetalera y grandes intereses económicos, como, por ejemplo, los traidores Vicente Aguilar, su antiguo socio comercial, José María Montealegre, quien asumió la presidencia tras el golpe, Lorenzo Montúfar y Bruno Carranza.

El movimiento culminó con la ejecución de Mora en 1860, fusilado en Puntarenas, por orden de los líderes del movimiento «La Nueva Era», “uno de los actos más abominables de nuestra historia patria”, así lo califica Tomás F. Arias Castro, Los asesinatos del Presidente Mora Porras y del general Cañas Escamilla, EUNED, 2016. Entonces se redactó -una vez más- una nueva Constitución Política, la de 1859. Igualmente sucedió en 1869, 1871 y 1917. En 1949 de igual forma, aunque gobernó una Junta de Gobierno.

Sin embargo, a partir del totalitarismo hitleriano, que uso métodos populistas, pero sobre después de las redes sociales, el populismo tiene claro el enorme potencial de las mismas para manipular las masas, y que son las emociones más que las razones, las que influyen en ellas. Entonces las poses, las promesas, la grandilocuencia, las charangas y el hombre fuerte, dispuesto a canalizar la frustración del pueblo contra el statu quo, más que los programas de gobierno, son los elementos que cautivan a las masas. Además, tienen claro que ya tampoco es necesario un golpe de Estado, suficiente es prometer lo que la gente quiere, despotricar contra los supuestos responsables -todos los gobernantes anteriores-, descalificarlo todo para justificar rehacerlo bien y declarase el mesías que esperaba el pueblo para corregir tanta injusticia, para que las masas voten por ellos.

Escribiríamos la página más ingenua de nuestra vida democrática si en febrero del 2026, otorgáramos una mayoría legislativa a quienes ya han demostrado durante 4 años, la más absoluta arrogancia e ineptitud para construir, pero la mejor de las habilidades para crispar, dividir, envenenar y enlutar esta sociedad. Es tal la torpeza e incapacidad de su candidata, que ya OPA anunció que “por esta vez” no hará debates. Ingenuidad digo, porque ahora sí conocemos sus verdaderas intenciones: tomar el país, al mejor estilo de Chávez en Venezuela u Ortega en Nicaragua, pero igualmente, no para nada positivo.

Todo lo contrario, sería para garantizar el “continuismo”, como dice su actual eslogan de campaña y lo grita su candidata a los cuatro vientos. Advertidos estamos entonces, nos esperarían: mayores listas de espera en la CCSS, medicinas y arroz más caros, mayor delincuencia y criminalidad, incluido el sicariato -mientras se maten entre ellos-, apertura de fronteras, puertos, aeropuertos y costas, para el libre tránsito de drogas, menos presupuestos para seguridad y educación, un tipo de cambio para arruinar la industria del turismo y las exportaciones, y chorizos como los del recarpeteo de la pista del aeropuerto de Liberia, la adjudicación de los Ebais de la CCSS, las adjudicaciones de la Red de Internet y 5G, del ICE y Racsa, etc.

Y para ser consecuentes: no habría nuevas obras de infraestructura, nada de hospitales ni escuelas, ni inversiones en seguridad, pero en cambio, se seguiría favoreciendo a sus amigos con Rutas como la del arroz y a sus financistas de campaña con las adjudicaciones del ICE, haciendo alianzas con gobiernos amigos para quitar Visas, replicando cárceles en donde se violan los derechos humanos, envenenando y dividiendo esta sociedad, etc.

La locura del continuismo (hacia la demencia nacionalsocialista)

Escrito en 25/01/2026. Publicado en Elecciones.

Guillermo Murillo Castillo
Abogado

En la presente campaña, ha surgido una enorme disputa entre quienes defienden el Estado Social de Derecho instaurado en Costa Rica y quienes defienden un estilo autoritario de poder sustentado en la figura del actual presidente de la república, al cual, se pretende bajo la figura del mal llamado “continuismo” centralizar ese poder destruyendo el Estado que conocemos.

La campaña política que ha polarizado al país como nunca en la historia reciente, se ha sustentado por la violencia del discurso del actual gobierno, continuado en el proceso electoral por quienes pretenden imponer este estilo autocrático como “solución” a los problemas del país. Esto lo hacen a través de campañas de miedo y amenaza a quienes les adversan, quienes automáticamente si intentan debatir o criticar su estilo de hacer política se transforman en “los malos”, “los corruptos”. Esto porque para los seguidores del estilo violento y fascista adoptado por el presidente actual, se consideran a sí mismos “los buenos” los elegidos” y se sienten superiores a cualquier persona solo por el hecho de “pertenecer a este grupo que sigue a un “líder” que lo único que hace es atacar con insultos sin resolver los problemas de fondo.

El nacionalsocialismo, mejor conocido como “régimen nazi”, representó la aspiración de un grupo político que busca en sí la concentración del poder en una figura, que exalte los valores nacionales de una forma racista y que considere enemigo a quienes se lo opongan. Se sustenta en el odio hacia el otro, en la Alemania Nazi todo el que no era de “sangre pura” (arios) alemana no merecía derechos, llegando incluso a considerarlos como “no humanos”, bajo este régimen sufrieron los judíos, los comunistas, los testigos de jehová, los sindicalistas, los gitanos entre otros grupos, además de los propios alemanes que se atrevían a criticar este estilo político.

Los llamados del partido “Pueblo Soberano”, se sustentan en contenidos como el obtener “40 diputados” con el fin de cambiar el orden constitucional e institucional de Costa Rica y concentrar el poder en un “líder supremo” al cual nadie debe cuestionar y el cual puede determinar qué hacer y qué no hacer en el país, bajo una perspectiva de estado policiaco que maneje a su interpretación el derecho penal (y otros derechos).

Aunado a esto repiten y repiten el tema de la “inseguridad” y como una solución, la construcción de una “mega cárcel”, el eliminar facultades al Poder Judicial e imponer desde casa presidencial que se hace y que no, eliminar controles y rendición de cuentas al líder supremo y su grupo (ya lo intentaron hacer con el pago de una póliza con dineros del estado), además del dominio absoluto de entidades autónomas, incluidas las universidades públicas (control den pensamiento mediático y crítico), control electoral, control de los medios de comunicación y vigilancia a la ciudadanía para que no se salgan del guion impuesto.

Muy similar al estilo de la Alemania nazi, el partido Pueblo Soberano y otros partidos satélites como “Unidos Podemos” representado por Natalia Díaz, tratan de llevarnos a la locura del pensamiento y aplicación del nacionalsocialismo, a través de la discriminación, el racismo, el miedo y la violencia contra sus opositores.

Visto lo que sucede, se trae a colación, lo que nos fue advertido por el Doctor en Derecho Javier Llobet Rodríguez en su libro “Nacionalsocialismo y Antigarantismo Penal (1933-1945)”, del cual se busca ilustrar el camino que lleva Costa Rica de no detenerse en las urnas el 1 de febrero de 2026, valorando algunas similitudes.

El camino por el cual se abrió paso el nacismo en Alemania viene orquestado por la crisis económica y social, inflación, altas tasas de desempleo y escaso apoyo a la democracia, antes de que el nacionalsocialismo llegase al poder había una tendencia al autoritarismo y a la dictadura. Se suma a esto el miedo que los sectores de la derecha alemana tenían del bolcheviquismo y de la toma del poder por los comunistas. (Llobet Rodríguez Javier, Nacionalsocialismo y Antigarantismo Penal (1933-1945), 2015, página 61).

Estos fenómenos sociales en la actualidad costarricense se asimilan al guion de la Alemania nazi, puesto en escena por el presidente Rodrigo Chaves Robles con el fin de transformarse en el único interlocutor y representante del descontento del pueblo, para levantar su imagen y la de su grupo, este en ningún momento se detuvo a solucionar los problemas sociales, políticos, jurídicos y económicos del país. Lo que sí ha hecho es buscar culpables, ponerle rostro de “enemigo” a cada problemática para aparentar ser “el único líder” capaz de combatir a estos “enemigos”. Luego vendió su idea repetida todos los días y allanó el camino para llevar a cabo su plan de extrema derecha, hoy bajo la bandera del partido “Pueblo Soberano”.

Desde ya, nos anuncian suspensión de garantías individuales, justificada en el “aumento de la criminalidad” (algo que ya viene en aumento galopante en la actual administración) y que el continuismo amenaza con “combatir” de esa forma. Además de criminalizar a cualquier persona o medio que se atreva a cuestionar sus “ideas”. En la Alemania Nazi, se dio una ordenanza que fue fundamental para la consolidación del proyecto político de Adolfo Hitler: la Ordenanza del Presidente del Reich para la protección del Pueblo y el Estado (aprobada el 27 de febrero de 1933), que limitó la libertad de prensa y la libertad de reunión con fines políticos (…) Con la ordenanza quedaron sin vigencia derechos como el de la inquebrantabilidad de la libertad personal, la inviolabilidad del domicilio, el secreto de la correspondencia, correo, telégrafos y teléfonos, el derecho a la libertad de expresión del pensamiento y la garantía de la propiedad. (Llobet Rodríguez Javier, Nacionalsocialismo y Antigarantismo Penal (1933-1945), 2015, págs. 63-65).

La reforma pretendida al sistema penal costarricense, pondría a cualquier ciudadano bajo un régimen que, se sustentaría en una figura que decide quien es “bueno” y quien es “malo”, como ya se ha visto, despreciando el derecho como tal y dejando las decisiones en la figura de una persona y su grupo, quienes de acuerdo a lo que crean “impartirían justicia”, así fue en la Alemania nazi, así se plantea ahora, donde se engaña al pueblo llamándole “el soberano”, pero sus actuaciones y decisiones no son tomadas en cuenta, solamente deben acatar lo que se les dicte según quien gobierne, sin controles ni apelaciones a su dictado. Se decía que el Führer era el portador de la voluntad popular, siendo independiente de todos los grupos, asociaciones e intereses. Se afirmaba que no era un órgano estatal, sino era más bien el portador de la voluntad popular comunitaria, de modo que en su voluntad aparecía la voluntad del pueblo. Se indicaba que él hacía que simple sentimiento del pueblo se convirtiese en su voluntad consciente. Se señalaba que el Fürher unía en él mismo el poder del soberano del Reich, de modo que cualquier poder público en el Estado se deducía del poder del Fürher. Se decía que no era el Estado como unidad impersonal el portador del poder político, sino que lo era el Fürher como ejecutor de la voluntad comunitaria popular. Todo ello llevaba a que se sostuviera que el poder del Fürher no estaba sometido a garantías y controles, sino era independiente, exclusivo e ilimitado. Es importante anotar que esto estaba relacionado con la existencia del llamado mito de Hitler, que partía de una imagen heroica de éste y de la infalibilidad del mismo en la toma de decisiones, lo mismo de la consideración de que Hitler conducía a Alemania hacia una mayor prosperidad. (Llobet Rodríguez Javier, Nacionalsocialismo y Antigarantismo Penal (1933-1945), 2015, pág. 142).

Cuando en campaña se pide una mayoría legislativa (40 diputados) para “reformar el estado y concentrarlo en una persona con poder, se siente el eco de lo que hizo Adolfo Hitler, nos narra así el doctor Llobet: Luego del nombramiento de Hitler como Canciller, de común acuerdo con este, Paul von Hindenburg (presidente de Alemania) convocó a nuevas elecciones al Reichstag (cuerpo legislativo alemán), las que se llevaron a cabo el 5 de marzo de 1933, en un ambiente de terror desatado por los nacionalsocialistas en la calle… los nacionalsocialistas obtuvieron (…) 288 escaños, mientras que los nacionalistas, sus socios de coalición (…) 52 escaños. Con ello lograron en conjunto 340 escaños de un total de 647, obteniendo así una mayoría absoluta del Reichstag, pero no los votos necesarios para una mayoría calificada de dos tercios, necesaria para una Ley de autorización o de Plenos Poderes, como la que en definitiva llegó a ser aprobada por el Reichstag, bajo la presión de los nacionalsocialistas. (…) Aunque la constitución de Wimar nunca fue derogada expresamente, la ley dejó sin vigencia la misma, esto al indicarse que las leyes aprobadas por el gobierno podían separarse de lo establecido en la constitución del Reich. (Llobet Rodríguez Javier, Nacionalsocialismo y Antigarantismo Penal (1933-1945), 2015, págs. 68 y 69).

Visto lo anterior, la derecha extrema apela por tener mayoría absoluta en el congreso, lo cual es difícil para un solo partido, siendo que , tienen partidos que siguen esta línea y a los cuales necesita que la gente vote, con el fin de lograr sus objetivos de dominación, por lo cual no se debería votar por ellos, como es el caso de los partidos “Unidos Podemos”, “Nueva República”, “Avanza”, “Aquí Costa Rica Manda”, “Progreso Social Democrático” (partido que llevo a Rodrigo Chaves a la presidencia, el partido que debería hablar de continuismo, no uno nuevo como “Pueblo Soberano”), “Alianza Costa Rica Primero” y” Esperanza y Libertad”. Muy cercanas a estas posiciones se encuentra también la Unidad Social Cristiana. Cabe destacar que este proceso lo inició el Partido Acción Ciudadana, que además trajo al actual presidente de la República, quien ha continuado y profundizado la ruta que dejo este partido, hoy escondido tras la cortina llamada “Coalición Agenda Ciudadana”.

Con estos aspectos básicos compartimos parte de la conclusión del doctor Llobet en lo que al tema nos ocupa: “…El régimen no reconocía derechos fundamentales y desconocía no solamente el carácter de ciudadanos, sino incluso de personas, de sectores completos de la población (…). Esto llevó a un estado de deshumanización que implicó no solamente el trato degradante y la tortura de millones de personas, sino también su asesinato planificado conforme a métodos industriales. (…). … la voluntad del Fürher, que a través del principio del Fürher llevaba a la eliminación de la independencia judicial. La voluntad del Fürher se constituía en la fuente máxima del Derecho y la base de la arbitrariedad total en la Alemania nazi, ya que implicaba que la misma imperaba sobre el derecho que hubiera sido publicado formalmente. Esto significaba en definitiva la autorización de vías de hecho, sin base legal alguna… (Llobet Rodríguez Javier, Nacionalsocialismo y Antigarantismo Penal (1933-1945), 2015, págs. 581 y 582).

Las similitudes y los síntomas están en la Costa Rica actual, toca defender en las urnas la democracia, las libertades individuales y colectivas y el respeto por los derechos humanos, civiles, sociales y políticos de toda la ciudadanía costarricense a través del voto en las urnas por partidos contrarios al mal llamado “continuismo” y sus afines.

El futuro de la Patria está en nuestras manos. ¡Salgamos a votar por partidos que defienden el Estado Social de Derecho!

Nota metodológica crítica sobre el uso de paneles electorales post-debate TSE

Escrito en 24/01/2026. Publicado en Elecciones.

Oswald Céspedes-Torres

Introducción

Los paneles electorales son instrumentos valiosos para analizar dinámicas de cambio individual en contextos de campaña. Sin embargo, su uso para inferencias agregadas —especialmente después de eventos informativos mayores, como el debate nacional organizado por el TSE— exige cautelas metodológicas estrictas. Cuando dichas cautelas no se observan, el riesgo de sesgo estructural es alto y puede afectar de forma sistemática la interpretación de los resultados.

El debate del TSE como shock informativo no neutral

Un debate nacional televisado constituye un shock informativo exógeno, pero no simétrico:

No todos los votantes lo observan.
No todos lo procesan con la misma intensidad.
No todos actualizan sus preferencias de igual forma.

Por tanto, cualquier instrumento de medición posterior debe reconocer explícitamente esa heterogeneidad. Un panel definido antes del evento y no ajustado después asume implícitamente que el shock afectó de manera uniforme a su muestra, supuesto que es empíricamente insostenible.

Endogeneidad del panel y candidatura dominante

Si desde su conformación inicial el panel:

reflejaba una mayor afinidad hacia la candidatura con mayor preferencia electoral,
o estaba más expuesto a narrativas de “liderazgo” o “viabilidad”,

entonces el panel no es un observador neutral del debate, sino un espacio endógeno de refuerzo.

Tras el debate:

los panelistas afines a la candidatura dominante tienden a interpretar confirmatoriamente el desempeño,
a consolidar su preferencia,
y a responder con mayor consistencia y probabilidad.

En ausencia de ajustes, el panel amplifica esa consolidación y la presenta como un cambio agregado del electorado.

Subvaloración sistemática de candidaturas dentro del margen de error

Un efecto particularmente problemático —y poco discutido— es la subvaloración de las candidaturas que, desde el inicio, se encontraban dentro del margen de error.

Estas candidaturas suelen:

tener bases de apoyo menos intensas pero potencialmente más móviles,
depender más del desempeño relativo en debates para diferenciarse,
atraer votantes más sensibles a señales de competencia real.

En un panel dominado por una candidatura líder:

esos cambios no se reflejan plenamente,
se diluyen en la dinámica mayoritaria,
o quedan ocultos por efectos de attrition (abandono selectivo del panel).

El resultado es una compresión artificial del espacio competitivo: las candidaturas cercanas estadísticamente quedan subestimadas justo en el momento en que el debate podría haberles permitido crecer.

Sobrevaloración de la candidatura dominante

De forma simétrica, la candidatura dominante resulta sobrevalorada en la etapa post-debate, no necesariamente porque haya ganado apoyo nuevo en el electorado general, sino porque:

el panel ya estaba inclinado en su favor,
el debate refuerza percepciones de inevitabilidad (bandwagon),
y el instrumento no corrige ese sesgo de base.

Así, el panel confunde consolidación interna con expansión externa.

Implicaciones para la validez de los resultados

En estas condiciones, los resultados post-debate:

pierden validez externa como estimación del electorado nacional,
sobreestiman diferencias entre candidaturas,
y subestiman la incertidumbre real del proceso electoral.

No se trata de un problema menor de ponderación, sino de una violación del principio de identificación: el instrumento de medición está correlacionado con el fenómeno que pretende medir.

Uso metodológicamente correcto del panel

En este contexto, el panel solo sería defendible si:

Se presenta explícitamente como análisis de dinámica interna del panel, no como encuesta nacional.
Se separan cohortes pre y post-debate.
Se aplican ajustes por: exposición efectiva al debate, probabilidad de respuesta, y cambios en indecisos.
Se complementa con mediciones transversales independientes. Conclusión

Un panel electoral definido antes de un debate nacional y no ajustado después tiende a sobrevalorar a la candidatura dominante y subvalorar a las candidaturas dentro del margen de error, no por efecto real del electorado, sino por dinámicas internas del propio instrumento.

En consecuencia, sus resultados deben leerse con cautela y no como una fotografía fiel del impacto del debate del TSE en la competencia electoral.

El mito de la reelección presidencial sucesiva

Escrito en 24/01/2026. Publicado en Elecciones.

Rubén Hernández Valle

El artículo 132 inciso 1) de la Carta Política autoriza la reelección presidencial con un lapso de espera de 8 años entre uno y otro período. Para reformar este artículo y autorizar la reelección sucesiva se requiere de una reforma a esa norma constitucional.

Según el artículo 195 de la Constitución Política las reformas constitucionales requieren ser aprobadas, en dos legislaturas diferentes, por al menos una mayoría calificada de 38 votos en cada una de ellas.

Para obtener 38 diputados, es decir, dos terceras partes del total de los miembros de la Asamblea Legislativa, se requeriría que el partido vencedor obtuviera al menos el 68% de los votos válidos, como lo demuestra la elección de 1953, en la cual de los 45 diputados que integraban por ese entonces la Asamblea, don José Figueres obtuvo 30. Es decir, exactamente dos tercios del total de miembros del órgano legislativo. El PLN obtuvo el 68% de los votos válidos en esos comicios electorales.

En el 2010, doña Laura Chinchilla, con el 42% de los votos válidos, obtuvo 24 diputados. Por tanto, si su tocaya obtuviere el mismo caudal de votos el l de febrero próximo que señalan las encuestas, obtendría como máximo 24 diputados, los cuales no serían suficientes ni siquiera para tener asegurado el Directorio Legislativo, mucho menos para aprobar reformas constitucionales en la Asamblea.

La reforma tampoco funcionaría por medio del referendo constitucional, pues el último párrafo del numeral 195 de la Constitución establece expresamente que “De conformidad con el artículo 105 de esta Constitución, las reformas constitucionales podrán someterse a referéndum después de ser aprobadas en una legislatura y antes de la siguiente, si así lo acuerdan las dos terceras partes del total de los miembros de la Asamblea Legislativa”.

Adicionalmente, una consulta de la CIDH emitida en el 2021 estableció, tajante y expresamente, que la reelección presidencial sucesiva es contraria al Pacto de San José, es decir, es inconvencional. Por tanto, si aún se aprobare la reforma del artículo 132 inciso a) de la Constitucional por dos tercios del total de los miembros de la Asamblea Legislativa, tal reforma no podría entrar en vigor porque la jurisprudencia vinculante de la CIDH en nuestro ordenamiento, lo impediría.

La única salida sería denunciar la CADH, lo cual sería un precedente funesto en nuestra historia democrática, pues eso significaría que nos alejaríamos del respeto irrestricto a los Derechos Humanos. Sería abdicar de toda nuestra historia y creencias democráticas, profundamente arraigadas en el ser costarricense.

En conclusión, la reelección presidencial sucesiva no sólo no es posible políticamente, pues se requiere que un partido político obtenga al menos el 68% de los votos válidos en una elección para obtener los 38 escaños que se requieren para reformar el artículo 132 inciso 1) de la Constitución, y jurídicamente, porque tal reforma nunca entraría en vigor, pues ya la CIDH estableció que la reelección presidencial sucesiva es contraria a la CADH.

Un pecado capital de Laura Fernández y de todo el “chavismo”

Escrito en 24/01/2026. Publicado en Elecciones.

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

Introducción

En la religión católica existen los pecados capitales o graves y los veniales. Los evangélicos no lo entienden así, para ellos no hay pecados “pequeños” delante de Dios. No vamos a entrar en esta discusión teológica hoy. Sin embargo, vamos a hablar de una falta seria, entre muchas otras, de la candidata Laura Fernández en la política costarricense, avalada por su movimiento “chavista” y prohijada por los pastores con los que se reunió hace pocos días. Usamos el símil de un “pecado capital” cometido por el oficialismo, para que nos entiendan mejor todos los cristianos. Veamos.

¿Cuál fue el grave error en el que incurrió la candidata oficialista esta vez?

Vamos despacio; fueron varios los errores contra la Constitución de la República y el Código Electoral.

El primero de ellos tiene que ver con un pacto que reveló el pastor Reynaldo Salazar del grupo político religioso “Foro Mi País” con Laura Fernández, que fue reconocido en la emisora “Stereo Visión Internacional”. Mientras Salazar hablaba del pacto, la candidata oficialista asentía con la cabeza, dando por buenas las palabras del religioso.
El segundo se trata de haber reiterado el pacto por escrito en un panfleto que, un día después (15 de enero), el religioso solicitó a sus colegas pastores que lo distribuyesen entre sus feligreses durante una reunión celebrada en el “Templo Bíblico” de Tibás. La distribución del panfleto debía realizarse inmediatamente después de los oficios religiosos por parte de los pastores, quienes además debían indicarles a los feligreses de su respectiva congregación, que votaran por el oficialismo de la candidata Laura Fernández. Además, en esta reunión del 15 de enero, los pastores indicarían a los feligreses que al finalizar la reunión deberían dirigirse a las mesas a recoger los panfletos que distribuirían entre otros miembros “hermanos” de las iglesias evangélicas. La información señala expresamente que les añadieron a los pastores responsables que ello deberían hacerlo con el debido cuidado, “para que no se haga nada desde el altar ni en el culto, y que usted como pastor no se exponga…” Aquí cabe una preguntita que planteo de inmediato, ¿que no se exponga a qué o ante quién? Ya se les estaba sugiriendo actuar con sigilo y maña. ¿Por qué, si todo estaba bajo la luz del sol? (Cfr. L. Astorga y E. Oviedo. La Nación, 17 y 20 de enero 2026. Págs. 17 y 3 respectivamente)
La Dirección del Registro Electoral del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), de oficio abre una investigación sobre los hechos que hemos señalado. La investigación se inicia debido a la reunión sostenida entre el comando de campaña del PPSO (oficialismo) y los pastores religiosos evangélicos de “Foro Mi País”. Además, el Panfleto que sería distribuido (al parecer algo se distribuyó) con el nombre del PPSO se intitulaba: “¿Por qué los cristianos evangélicos deben votar por el partido del Pueblo Soberano?”
En la reunión con los líderes religiosos estuvo presente de acuerdo con la información que reseñamos supra, Francisco Gamboa, candidato a la primera vicepresidencia del PPSO y jefe de campaña de Fernández (Ibidem. 7.1.2026, pág. 7).

Por su parte, Andréi Cambronero, jefe del despacho de la presidencia del TSE, explicó que el artículo 136 del Código Electoral expresamente prohíbe que se incluyan apelaciones de carácter religioso en la propaganda política. Esa sería una falta grave (“pecado capital” entre los católicos y falta grave entre los cristianos evangélicos). Una falta de esa naturaleza sería objeto de sanción por parte del Registro Electoral.
Por otra parte, ya habíamos comentado sobre el “Pacto” que habían realizado los dirigentes del “Foro Mi País” con la candidata Fernández del PPSO. Hecho al que aludió Reynaldo Salazar en la entrevista del 14 de enero. Entonces, la candidata oficialista asintió con la cabeza, cuando Salazar dijo que ella había acordado otorgarles candidaturas a diputados, a líderes pertenecientes a congregaciones evangélicas y también que había aceptado que se le plantearan nombres de las mismas congregaciones para ocupar embajadas o ministerios en el caso de que se diera un gobierno suyo. También se produjo una admisión concreta de estos compromisos y otros, asumidos en su oportunidad por Rodrigo Chaves y, otros por Laura Fernández en el panfleto al que hemos aludido. Los acuerdos fueron firmados por la candidata del continuismo, Laura Fernández, desde el 23 de octubre del 2025 con el “Foro Mi País”.

La actuación del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)

El TSE emitió una medida cautelar, ordenando tanto a Laura Fernández como a Fabricio Alvarado, “…abstenerse de hacer manifestaciones públicas que directa o implícitamente, llamen a votar con base en razones o símbolos religiosos.” (Ibid. Medida Cautelar contenida en la resolución del TSE, del 16 de enero, en respuesta a los recursos de amparo electoral, expediente N° 034-2026). En la resolución del alto Tribunal se ordena detener de inmediato la distribución del panfleto que hemos mencionado.

La Constitución ordena la no injerencia de la religión en actividades oficiales de política electoral. Tampoco se permite a los seglares invocar motivos o creencias religiosas en sus actividades políticas.

En la Constitución de Costa Rica se prohíbe tajantemente, el uso de la religión en actividades político-electorales. La prohibición está contenida en el Artículo 28 de la Constitución Política, que a la letra dice: “No se podrá […] hacer en forma alguna propaganda política por clérigos o seglares invocando motivos de religión o valiéndose, como medio de creencias religiosas”. Esta prohibición no entra en contradicción alguna con el artículo 75 de la Constitución en el que se garantiza tanto la libertad de culto como la laicidad del Estado en el sufragio. La prohibición antes bien protege la libertad de culto y a la vez asegura que las elecciones estén basadas en propuestas políticas y no en ningún tipo de coacción religiosa. Cualquiera puede comprobar lo dicho en la jurisprudencia dictada por el Tribunal Supremo de Elecciones.

Conclusión

La separación entre la Iglesia (cualquiera que sea su denominación) y el Estado es de larga data. No se trata de fobia anti religiosa. Todo lo contrario. El principio de la fe es la libertad de la creencia. Si alguien es coaccionado a creer, se pierde todo el sentido de la fe en Dios. De la misma forma, el Estado laico se basa en el principio de la defensa de la dignidad de la persona. Cualquier injerencia de la religión en la política, significa una imposición que contradice el principio moral de la dignidad de la persona. Se le estaría dando preeminencia a los creyentes por encima de los ciudadanos no creyentes, rompiendo así el principio de igualdad ante la ley. Por otra parte, en la política, las personas no pueden ser obligados a elegir. Si así sucediera, se estaría negando la esencia misma del nacimiento del Estado Liberal.

De modo que la tradición política costarricense que defiende por igual la libertad de cultos como la dignidad del ser humano, y custodia su independencia para elegir y ser electo, constituye una tradición que nos ha engrandecido como nación ante todas las demás naciones del mundo. Se quebraría el principio de la convivencia social como la conocemos los costarricenses. La legislación que aboga por la separación entre la Iglesia y el Estado protege tanto la religión como a la política. Cualquier intrusión de uno en otro, significaría un quebranto de la institucionalidad, de la libertad y la dignidad que nos tutela en la legislación tal y como se ha consolidado.

Los hechos narrados demuestran que Laura Fernández y el comando de campaña del PPSO, y por el otro lado los líderes religiosos evangélicos del “Foro Mi país”, no solo se proponían, violar la Constitución de la República, sino que de hecho ya la habían violado, porque los evangélicos ya habían distribuido, según parece, algunos de los folletos a los que nos hemos referido entre la hermandad evangélica de esa denominación. Por otro lado, lo más grave fueron los compromisos adquiridos con antelación, para reservar puestos desde las cúpulas religiosa y política, para conceder 24 diputaciones a los evangélicos y la apertura por parte de la candidata oficialista Fernández, para eventualmente darles embajadas o ministerios a los religiosos si lograran acceder al gobierno. Esto es grave y demuestra la proclividad del chavismo a violar la Constitución como parece haberlo hecho tantas veces. Las acusaciones contra Chaves y Fernández abundan en este sentido. Veremos cómo se resuelve en los estrados judiciales en el futuro próximo.

¿Por qué el enojo, cómo evaluar al gobierno y por qué sí votar?

Escrito en 24/01/2026. Publicado en Elecciones.

A pocos días de las elecciones presidenciales y legislativas, el profesor universitario, comunicador y especialista en estudios culturales Carlos Sandoval García compartió una reflexión organizada en torno a tres preguntas clave para comprender el momento político actual: ¿por qué hay tanto enojo en la sociedad?, ¿qué balance puede hacerse del gobierno de Rodrigo Chaves? y ¿vale la pena votar?

El enojo social: razones legítimas

Sandoval parte de reconocer que el enojo presente en amplios sectores de la sociedad es válido, legítimo y justificado. Señala que existen múltiples causas concretas que alimentan ese malestar: la ausencia de oportunidades, particularmente para las personas jóvenes; los retrocesos y estancamientos en educación; las persistentes listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social; el aumento de la violencia criminal; y las horas perdidas diariamente en presas.

A estos factores estructurales suma experiencias cotidianas que reflejan el deterioro de los servicios públicos, como la falta de respuesta ante una fuga de agua reportada a Acueductos y Alcantarillados. Para Sandoval, estas vivencias confirman que el enojo no surge de la nada, sino que tiene razones de fondo relacionadas con el funcionamiento del Estado y la calidad de vida.

Balance de la administración Chaves

En su segunda pregunta, el académico plantea que la administración de Rodrigo Chaves no ha dado respuesta a los problemas fundamentales del país. En materia educativa, advierte que el presupuesto actual es comparable al de hace 25 años, lo que implica la pérdida de un cuarto de siglo sin una ruta clara para el sistema educativo.

En el ámbito de la seguridad social, subraya que la deuda del Estado con la CCSS continúa creciendo, con consecuencias directas tanto en las pensiones como en los servicios de salud. La violencia, lejos de disminuir, sigue manifestándose con fuerza, incluso en incautaciones de droga provenientes del país en puertos europeos. En transporte, las presas y el deterioro del servicio público persisten, mientras proyectos como el tren siguen sin materializarse.

Sandoval también cuestiona decisiones administrativas que, a su juicio, reflejan prioridades equivocadas, como la compra de vehículos de lujo en instituciones que requieren inversión en capacitación y tecnología. En síntesis, afirma que la “medicina” aplicada por este gobierno ha sido peor que la enfermedad, pues no resuelve los problemas y genera nuevos riesgos.

¿Vale la pena votar?

La tercera pregunta recibe una respuesta contundente: sí vale la pena votar. Aunque reconoce que el sistema electoral es perfectible, Sandoval destaca que posee más fortalezas que debilidades, especialmente en el contexto latinoamericano. Por ello, considera fundamental la participación ciudadana.

Recupera además una reflexión escuchada en la Feria del Agricultor: antes de decidir por quién votar, es clave preguntarse por quién no votar, descartando la continuidad, para luego evaluar opciones y tomar una decisión informada.

Como cierre, Sandoval invita a no perder de vista las fortalezas del país, entre ellas un sistema de salud que ha demostrado su capacidad de salvar vidas. Desde una experiencia personal, recuerda cómo hospitales públicos permitieron que sus hijos, nacidos prematuramente, salieran adelante. Para él, ese tipo de logros deben ser defendidos y perfeccionados mediante la participación democrática.

La reflexión concluye con un llamado claro: salir a votar, pensar críticamente el momento histórico y defender las capacidades colectivas construidas como sociedad.

Le invitamos a escuchar el video completo con la exposición de Carlos Sandoval García.

El alma de un pueblo no se borra con gritos

Escrito en 24/01/2026. Publicado en Elecciones.

Por JoseSo

Costarricenses, hermanos:

Estamos a solo una semana de decidir el rumbo de nuestra casa, de esta finca grande que llamamos Costa Rica. Y hoy no quiero hablarles desde los números de los economistas, sino desde la piel, desde la memoria de nuestros abuelos.

Nos han querido vender el cuento de que todo lo que fuimos es mentira. Nos dicen que nuestra historia es un estorbo y que las instituciones que el mundo entero nos admira son solo “trabas”. Pero se les olvida algo: Costa Rica no nació ayer por un video de TikTok o Facebook.

Esta patria se fundó sobre la voluntad de gigantes que, aunque pensaban distinto, se sentaron a hablar. Pensemos en ese abrazo histórico entre Calderón Guardia, Manuel Mora y Monseñor Sanabria. Tres hombres de mundos opuestos que nos regalaron las Garantías Sociales, el Código de Trabajo y nuestra amada Caja.

Ellos no se insultaron; ellos construyeron. Y luego, tras el dolor de la guerra del 48, llegó el Pacto de Ochomogo. Don Pepe Figueres y Manuel Mora entendieron que Costa Rica valía más que una victoria militar. Ahí nació la paz, ahí murió el ejército, y ahí nació el Tribunal Supremo de Elecciones para que nunca más nadie nos robara el voto.

De ese espíritu de diálogo salieron el ICE para darnos luz, los Parques Nacionales que hoy nos dan de comer con el turismo, el Aguinaldo para la Navidad de nuestros hijos, los EBAIS, los CEN-CINAI y los comedores escolares que aseguran que ningún carajillo se duerma con hambre.

¿Cómo se logró todo eso? Sin gritos. Con paz y con voluntad.

Pero hoy, la realidad nos golpea la cara. Nos prometieron “comerse la bronca”, pero la bronca se la están comiendo las familias que entierran a sus jóvenes víctimas del sicariato. Nos dicen que “todo está bien, que solo se matan entre ellos”, mientras la droga sale por nuestros puertos (con todo y su cuento de los escáneres) hacia Europa y quitan a la policía de nuestras fronteras.

Nos hablan de combatir la corrupción de “los mismos de siempre”, pero vean hacia el lado del oficialismo. ¿Quiénes están ahí? Los mismos apellidos que el pueblo ya conoce: los Chaves, los Jiménez, los Araya, los Thompson y los Álvarez Desanti. Díganme ustedes: ¿Cómo van a limpiar la casa si trajeron a vivir a los que ayudaron a ensuciarla?

Atacan a gente valiente como Álvaro Ramos por decir la verdad, mientras reciclan ministros de seguridad de gobiernos pasados que ya fallaron.

Costarricenses, el populismo se alimenta del odio y de la división. Nos quieren hacer creer que para arreglar el país hay que romperlo. Pero el “Pura Vida” que nos robaron no es un eslogan de turismo; es nuestra forma de ser. Es la solidaridad de la mano extendida, no del puño cerrado.

Este domingo no elegimos un “capataz”. Elegimos el futuro de nuestros hijos. ¿Queremos la Costa Rica del insulto, la violencia y la represión a quienes piensan diferente? ¿O queremos volver a la Costa Rica del respeto, del diálogo y de la paz que nos hizo grandes ante el mundo?

Nuestra democracia tiene más de cien años. No permitamos que el ego de unos pocos borre el sacrificio de millones.

Soy JoseSo, y yo creo en la Costa Rica que construye, no en la que destruye.

¿Qué clase de Estado tenemos y qué clase de Estado queremos?

Escrito en 24/01/2026. Publicado en Elecciones.

Por Marjorie Hernández Delgado
Docente

“El Estado, no lo olvides jamás, no tiene recursos que le sean propios,
no tiene nada, no posee nada que no tome de los trabajadores”.
Frédéric Bastiat

Al calor de la campaña política acercándonos a las elecciones presidenciales y en la algarabía y pasión que despiertan los debates con los candidatos a la presidencia, se escucha como un estribillo “…tenemos un Estado Social de Derecho”, pero ¿realmente lo tenemos?

Porque en nombre de ese llamado Estado Social de Derecho se han aprobado leyes espurias en las últimas administraciones gubernamentales, que han venido a socavar los derechos de las personas. Al hablar de personas me refiero a los trabajadores, a los jubilados, a los estudiantes, a los enfermos, a los productores, a los comerciantes informales o formales, en fin, a toda la población que debe gozar de la protección del Estado como mandato constitucional y, sobre todo, los sectores más vulnerables.

Entonces, no podemos decir actualmente que gozamos de un Estado Protector, de un Estado Justo y Equitativo y menos de un Estado Benefactor y Democrático. ¿Por qué? Por la simple razón de que se rompió o rompieron el Pacto Social que décadas atrás nos diera como producto nuestra preciada Carta Magna. La misma donde se procuraba la justicia social, la equidad, respeto a los derechos individuales y colectivos, las garantías sociales y aseguraba el orden jurídico que regiría la Nación.

Podemos hablar de varios actores que provocaron esa ruptura del Pacto Social (Carta Magna). Las cúpulas de poder económico y político del país, aquellos tomadores de decisiones que por intereses mezquinos solo han pensado en su propio beneficio y no en el bien común, aquellos que, gozando del beneficio de haber sido electos por el pueblo para ser representado dignamente, solamente obedecen a sus propios intereses, los de quienes les financiaron sus campañas políticas o los colocaron en los puestos que ocupan.

Es así como nacieron adefesios jurídicos, por ejemplo, “el combo fiscal”, la ley 9635, o Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que con su ley de Empleo Público generó más desigualdad e inequidad en lugar de cerrar brechas laborales-salariales con su famoso salario global, castigando a los trabajadores más antiguos. También la Regla Fiscal, que ha provocado tanto daño a los trabajadores del sector público con el congelamiento salarial indefinido, llevando ya seis años y contando, cuya promesa de que se aumentará el mismo suena más a una quimera, sarcasmo o burla despiadada. O los recortes de presupuesto temerarios en los programas de transferencias sociales, educación, salud y seguridad. Y la famosa imposición del 1% a la Canasta Básica, que aparte de los muchos productos que sacaron de la misma, los que quedaron fueron gravados con el IVA, afectando con esto a los sectores más vulnerables y vulnerando otros como bien lo demostró en su momento el Observatorio Económico y Social de la UNA. Además, la Ley 9808 conocida como ley anti huelgas, para coartar el derecho a la protesta social pacífica.

Sin embargo, ¡a pesar de violentar todos los derechos establecidos en la Constitución Política, la Sala Constitucional no halló ningún vicio que riñera con la Carta Magna! Causando estas leyes todo el desequilibrio económico y social que vive el país, porque se le dio prioridad al pago de una eterna deuda pública, que nunca se ha renegociado por el bien de la población vulnerable y vulnerada, sino que beneficia únicamente a los tenedores de la misma.

¿Dónde quedó el artículo 50 de la Constitución Política sobre “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza”? ¿Cuál fue la reactivación económica prometida, el aumento de empleo y la disminución de la pobreza? ¿A dónde quedó la generación de mayores oportunidades para los jóvenes? ¿Es esto un Estado Social de Derecho?

Otra falencia en los debates políticos es que nunca se tocó el tema pensiones de manera clara y abierta, siendo este un tema país, que ha estado en la palestra desde hace más de tres años y que ha tomado relevancia en los últimos meses por la discusión sobre la devolución del ROP.

Siendo que la ley 9906 que impuso la entrega del ROP a cuenta gotas, arrebatando a los jubilados el derecho de recibir este fondo completo al momento de la jubilación, causándoles grandes perjuicios y beneficiando únicamente a las operadoras de pensiones, violenta no solo los artículos constitucionales: 09 sobre la participación ciudadana al aprobarse de manera inconsulta, el 50 sobre la distribución de la riqueza, el 45 sobre la propiedad privada porque son cuentas individuales que le pertenece a cada trabajador, sino que también violenta la ley 7935, Ley de Protección al Adulto Mayor.

Pero lo peor de todo esto es que instituciones públicas como SUPEN y el Banco Central, de manera irresponsable defienden los intereses del Capital Financiero dejando totalmente desprotegidas a las personas jubiladas en la etapa más crítica de su vida, la vejez. Por eso no podemos afirmar que tenemos un Estado Social de Derecho, tenemos actualmente un Estado avasallador, un Estado opresivo que ha permitido la aprobación y ejecución de leyes espurias, que han roto el Pacto Social constituido en 1949, el cual trajo paz y justicia social.

Por tal razón, los invito a salir a votar este domingo 1º de febrero, pero que sea un voto informado, un voto pensado, un voto que nos permita recuperar la Democracia, donde el pueblo tenga verdadera participación ciudadana en la construcción de las políticas públicas, donde los administradores del Estado brinden rendición de cuentas y una evaluación de resultados, según lo establece nuestra Carta Magna (art.11), un Estado benefactor, protector, un Estado donde impere el principio de justicia social y equidad, un Estado donde se busque el bien común y la seguridad ciudadana, donde se respeten los derechos de las personas y se valore el impacto que puede causar las leyes que se van a aprobar. Ese es el Estado que queremos y como ciudadanos y ciudadanas tenemos la responsabilidad de velar para que así sea, porque también somos actores y parte fundamental de éste al contribuir con nuestros impuestos.

Comunidades de San Sebastián–Paso Ancho exigen que los EBAIS sean administrados por la CCSS

Escrito en 24/01/2026. Publicado en Comunidad.

Comunicado

Desde hace 15 años las comunidades del distrito de San Sebastián-Paso Ancho, hemos venido luchando por la calidad y el mejoramiento de los servicios de salud del distrito, con el objetivo de que sean conducidos por la Caja Costarricense de Seguro Social y no por el sector privado.

En estos quince años, los EBAIS de San Sebastián-Paso Ancho fueron administrados por ASEMECO, quienes brindaron un servicio deficiente, tanto a nivel administrativo como en la atención directa a los usuarios; lesionando derechos humanos y fundamentales de la salud. Durante dicha administración hubo deficiencias en aspectos esenciales del servicio como: atención deshumanizada; mala asignación de citas; lentitud; larga espera y falta de medicamentos en el servicio de farmacia, entre otros.

Desde el primero de julio de 2025, cuando la CCSS asumió la administración de los EBAIS, se dieron mejoras sustanciales en dichos aspectos. Adicionalmente, mejorando en atención especializada, servicio de ambulancia, infraestructura, aumento de consultas médicas, compra de equipo tecnológico de última generación, eficiencia en los servicios de laboratorio, por mencionar algunos.

Ante esta realidad sociopolítica y económica, el Encuentro Ecuménico toma como iniciativa solidarizarse y conjuntar a los siguientes actores sociales en defensa de los derechos de los habitantes del distrito: Comunidad de Vecinos, Movimientos Comunitarios, Iglesias, Gobierno Local, Concejo Municipal, Concejo de Distrito, Juntas de Salud, EBAIS San Sebastián-Paso Ancho, Asociaciones de Desarrollo, Humanitas de Costa Rica-Hogar de la Esperanza, Buen Vivir Costa Rica, Actores Sociales Independientes, Partidos Políticos, Colegios Profesionales e Instituciones Estatales.

Desde el mes de noviembre de 2025 y hemos fiscalizado el servicio que se está brindando y, para ello nos reunido semanalmente y de momento consideramos que el servicio es adecuado y desempeño satisfactorio. De ahí es que hemos asumido responsablemente el reto de que los 11 EBAIS: 8 en San Sebastián y 3 en Colonia Kennedy, sigan ofreciendo el servicio de salud de atención primaria responsable y de calidad, en cumplimiento del deber del Estado de garantizar el acceso a la salud.

Por tanto, Encuentro Ecuménico y sus participantes, demandamos a la Junta Directiva y autoridades de la CCSS, que los servicios de salud del distrito San Sebastián-Paso Ancho sean brindados por la Caja Costarricense de Seguro Social.