La Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica es, primordialmente y por definición, un santuario de la Justicia. Los santuarios viven, florecen o languidecen al calor de los sentimientos, los principios y los valores que cultiven activa y fervorosamente sus componentes. Hay facultades pujantes donde reina la mística por el trabajo bien hecho, por el compromiso serio con la ciencia jurídica, con el pensamiento filosófico riguroso y con la justicia que se brinda a los sectores más carenciados de la comunidad; y hay facultades únicamente de nombre, donde sólo trasciende una apariencia académica, a veces espectacular, que cubre y disimula un fondo vacío, o un mero interés comercial.
Volver a la Facultad significa un fuerte y sostenido compromiso con la academia jurídica, que se traduce en el estudio desinteresado de la historia, la teoría y la dogmática en las manifestaciones más actuales y precisas de la doctrina europea y latinoamericana: por ejemplo, la tradición del derecho privado germánico desde las obras de Windscheid, Enneccerus y Hedemann hasta Eisenhardt y Klunzinger; del derecho civil francés desde Planiol y Josserand hasta Carbonnier, Cornu y Boris Starck; del derecho civil italiano desde Filippo Vassalli, Barassi y Messineo hasta Rodolfo Sacco, Rodotà, Guido Alpa y Alessandro Somma; del derecho civil español desde Castán Tobeñas y Federico de Castro, a Luis Díez-Picazo y Albaladejo; del derecho civil latinoamericano desde Clovis Bevilacqua, Alberto Spota, Barandiaran y Alessandri, hasta Francisco Amaral, Lorenzetti y Juan Orrego Acuña.
Volver a la Facultad significa asumirnos como juristas, como personas comprometidas con la honestidad, la voluntad de no hacer daño, y luchar por el justo reparto de los bienes de la vida.
Volver a la Facultad significa reivindicar la posición señera de la academia juris en el tratamiento de las cuestiones constitucionales y legales propuestas en la palestra nacional, como cuando los gobiernos y los diputados requerían y secundaban las opiniones de don Víctor Guardia, don Antonio Picado, don Enrique Guier o don Fernando Baudrit.
Costa Rica cruza por momentos de grave peligro; y volver a la Facultad en un momento de grave peligro institucional es un deber moral y cívico de todo compatriota con alta formación académica, aún en casos de colegas que han alcanzado la edad de retiro. Menciono a algunos: a Gilbert Armijo y a Ernesto Jinesta, jueces retirados; a Javier Llobet, Juan Marco Rivero y Francisco Dall’Anese; a Víctor Pérez Vargas, a Hugo Muñoz, padre e hijo, a Marlen León; a Ricardo Harbottle, a Ricardo Hilje, a Daniel González, a Mario Houed y a Fernando Cruz. Todos tienen todavía muchísimo que dar. No incluyo a otros y otras colegas muy valiosas, en razón de su precaria salud. Pido a todos los mencionados concurrir, junto a los actuales titulares, a un Congreso Académico donde se discuta el rumbo de la Facultad y el rol del jurista dentro de la sociedad que vivimos; su papel orientador en la comunidad nacional; sus opciones didácticas y su compromiso con la excelencia académica y la excelencia moral: su compromiso en la formación de juristas verdaderos, que es su razón de ser.
La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, en representación de diversas organizaciones sociales y productivas del país, manifiesta su profundo respaldo a los distintos movimientos de manifestación, protesta y denuncia que se han expresado en las últimas semanas en defensa de la democracia, la paz y la libertad en Costa Rica.
Expresamos nuestro respaldo al pueblo de Cartago y al Frente de Lucha por el Hospital, que ha venido articulando sus demandas con claridad y valentía. Sus 12 puntos de denuncia evidencian las múltiples agresiones que esta provincia ha recibido, incluyendo el atraso en la construcción del nuevo hospital, el recorte presupuestario para la educación pública que afecta al TEC, la crisis tarifaria de AyA, la contaminación del recurso hídrico en la provincia, la inseguridad creciente y el abandono del sector agroalimentario, reconocemos la legitimidad de estas demandas y acompañamos su llamado a la acción.
A su vez, respaldamos la convocatoria del movimiento Somos Democracia, que ha llamado a una gran manifestación ciudadana este domingo 21 de septiembre en San José, para defender la democracia, la paz, el Estado Social de Derecho e institucionalidad democrática costarricense.
Invitamos a nuestras organizaciones, aliados y ciudadanía en general a hacerse presentes, levantar la bandera de la democracia y rechazar cualquier forma de autoritarismo, violencia o debilitamiento institucional.
En este contexto, se requiere urgente la apertura de un diálogo abierto con los sectores productivos nacionales, en especial con las personas productoras de arroz, papa, cebolla y café, que atraviesan una recesión económica de más de ocho meses sin respuestas institucionales claras.
En particular, respaldamos el movimiento de productores y productoras de arroz nacional, que se han manifestado a las afueras de la Asamblea Legislativa en defensa de la aprobación del proyecto de ley N.º 24.211, Fondo de Competitividad y Auxilio al Sector Arrocero, iniciativa clave para enfrentar los efectos de la “Ruta del Arroz”, las condiciones climáticas adversas y la creciente dependencia de importaciones.
Reiteramos que la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo no es una organización, sino una plataforma de articulación plural de diversos sectores sociales y productivos que participan de manera autónoma. Nuestro compromiso es seguir promoviendo la agenda de las distintas luchas sociales, acompañando las demandas legítimas de las comunidades y sectores, sobre todo, levantando con firmeza las banderas de la democracia, la paz y la libertad, especialmente en este mes de la patria.
A lo largo de estos años en los cuales he compartido mis reflexiones y análisis, un tema ha sido recurrente no solo por su importancia sino porque ha aumentado en intensidad.
Me refiero a la pérdida del espacio público en Costa Rica como constructor de sentido, de pertenecía y de socialización. Esas ideas también. Las he expuesto a los medios de comunicación que me consultan cada cierto tiempo por la violencia en carretera, la ausencia de diálogo y cortesía, la ira tras el volante.
En el país es claro que algo ha cambiado. Una rápida revisión a las notas de los medios de comunicación nos habla de ajusticiamientos, balaceras, zafarranchos y otras acciones en los que media el conflicto, la defensa de territorios y negocios ilícitos y la disputa por ese espacio público donde antes se construía comunidad y horizontalidad.
Hoy hay miedo a salir, a encontrarnos. Es cierto que la proliferación de actividades relacionadas con la naturaleza como el senderismo, por ejemplo, resultan una alternativa posible más no al alcance de todos y todas. Algo tendremos que hacer para volver a encontrarnos.
Pero si esto pasa a nivel general, siento mucha perplejidad al notar que en actividades que debieran mostrar vigorosidad en ese espacio público amplio y necesario, la tendencia más bien es, al contrario.
Hablo por ejemplo de mi universidad, a la que quiero tanto. Mi impresión es que ese espacio público ha sido pulverizado por las formas. Ciertamente las tecnologías de la comunicación, las transformaciones en las dinámicas laborales y los efectos desactivadores de la pandemia han producido cierto “achatamiento” de ese espacio necesario. Es que ya ni en las propias redes institucionales nuestras podemos hablarnos, porque no hay lugar para el debate en ellas.
Es prudente no confundir, desde luego, la amplia y variada oferta de conferencias, mesas redondas, talleres, clases magistrales con eso que yo llamo el espacio público universitario aniquilado. ¿donde nos encontramos? ¿Cómo socializamos? ¿Dónde y cómo discutimos el futuro de nuestra universidad, de nuestras facultades? ¿De nuestras escuelas?
Sé que se hacen esfuerzos, pero no alcanzan. En definitiva, mucha de la despolitización que se siente tiene que ver con esas lógicas de silenciamiento y poco apalabramiento.
Algo urgente como un “Resetearnos” podría ser la respuesta. Resignificar la lógica de las comunicaciones, para que la virtualidad sea una excepción y no la constante, volver a encontrarle al concepto de “opinión”, eso que significa justamente: la emisión de un mensaje, el intercambio de ideas, el fondo por la forma.
Volviendo al nivel social, esas formas de encontrarnos de nuevo son urgentes y necesarias. Reconstruir ese pacto social que una vez fuimos.
Este domingo 21 de septiembre, a partir de las 9:00 a.m., se realizará la Gran Manifestación Nacional convocada por el movimiento Somos Democracia.
Se trata de un grupo de la ciudadanía que anunció la organización de una marcha para expresar su compromiso con la democracia, la paz, el Estado Social de Derecho y el bienestar nacional.
El movimiento expresa en redes que se trata de un espacio para visibilizar el interés de la población en fortalecer los valores democráticos que han caracterizado históricamente a Costa Rica.
Se le invita a ser parte de este esfuerzo que recorrerá desde el parque frente a la Iglesia La Merced hasta la Plaza de la Democracia.
La primera reunión del Frente Democrático Nacional se realizó este sábado 20 en las instalaciones del SINAE Afines que atendió la iniciativa que nace del Instituto Sindical de Formación Política. El sociólogo Daniel Camacho Monge presentó la propuesta de los frentes democráticos.
La nueva instancia se propone coordinar organizaciones sociales comprometidas en la defensa de la democracia y del Estado de derecho. En la propuesta se recupera el movimiento ciudadano surgido en todo el país en la coyuntura del referendo sobre el TLC con Estados Unidos de América, cuando se reactiva la lucha social como medio y expresión del auténtico pueblo.
Como se recordará, el desarrollo de los comités patrióticos marcó la lucha social contra ese tratado, que finalmente se aprobó por estrecho margen.
En el marco de la celebración del Día Internacional de la Paz (21 de setiembre), el Centro de Amigos para la Paz tendrá un conversatorio para hablar de paz ante la amenaza de guerra en nuestra región, con la participación de:
Pablo Ruiz Espinoza, desde Chile, periodista, miembro del Observatorio de la Escuela de las Américas (SOA Watch) en Chile y parte de la Revista El Derecho de Vivir en Paz.
José Solano Solano, en Costa Rica, educador, abogado, miembro de la Comisión contra la Militarización del Centro de Amigos para la Paz.
SURCOS comparte esta nota del Observatorio de Bienes Comunes de la UCR
Este 15 de septiembre, mientras celebrábamos nuestras fiestas patrias, las comunidades de Guatuso se unieron para visibilizar la situación del Río Frío. Con una manta que decía ‘Vivamos la independencia haciendo conciencia: Río Frío muere por causa de extracción y dragado de sus humedales’, el Grupo de Defensa de la Cuenca del Río Frío – Caño Negro recordó que la independencia también significa proteger nuestros ríos y humedales.
Muchas personas de Guatuso se acercaron para conocer más sobre lo que está pasando, conversar con el grupo y mostrar su preocupación por la defensa del ecosistema. La minería y el dragado continúan afectando el cauce del río y la vida de los humedales de Caño Negro, un sitio Ramsar de relevancia mundial.
Juntos podemos crear conciencia y cuidar lo que nos da vida.
Tanto en América Latina como en el resto del mundo, el trabajo experimenta transformaciones inusitadas que han reconfigurado radicalmente la manera en que este concepto era entendido jurídica y culturalmente en nuestras sociedades: vivimos un momento histórico caracterizado por el progresivo desplome de la sociedad laboral de base salarial, del empleo pleno y duradero construido en torno a la idea de la profesión, que está siendo suplantado por esquemas laborales difusos – y confusos – que sitúan ahora al trabajo fuera de los márgenes de la protección jurídica y los derechos laborales convencionales. Lo cierto, en cualquier caso, es que estamos acostumbrados a pensar la vida moderna con categorías de la sociedad industrial que hoy han perdido su actualidad: tanto la profesión y el empleo pleno como la estabilidad laboral y salarial del antiguo sistema ocupacional están siendo destronados por nuevos modelos laborales ultra-flexibles, inestables y sin relación patronal que erosionan los cimientos de aquello que nos habíamos acostumbrado a llamar derecho laboral.
Costa Rica, como es de esperarse, no escapa de estas embestidas. La profesión – y la formación que esta acarrea – ha perdido su capacidad para dar seguridad laboral y definir duraderamente la identidad de la persona trabajadora: abundan hoy los trabajos temporales, efímeros, flexibles, múltiples y escurridizos; los trabajos informales con horarios inestables, las oportunidades esporádicas, los trabajos de micro-tareas en internet, las plataformas digitales de transporte, repartición y servicios, el taxismo pirata y el marketing digital.
El sistema ocupacional convencional, que ganó terreno entre los años cincuenta y setenta del siglo pasado con la ampliación del empleo público y la alta inversión extranjera en sectores productivos, ha sido progresivamente subvertido ante nuevos esquemas laborales fragmentarios y ambiguos, en los que ya no existe una relación contractual, ni horarios fijos ni una localidad establecida. Bajo eslóganes de flexibilidad y mayor tiempo libre para quienes trabajan, las empresas nacionales y transnacionales encontraron la excusa perfecta para eximirse de obligaciones patronales y responsabilidades sociales hacia la fuerza laboral: en los trabajos informales e inestables, sobre todo los de la era digital, las relaciones laborales son laxas, por lo que muchas personas quedan al margen de la protección social y los sistemas de capitalización social – como las pensiones y el sistema salud–. Costa Rica, de esta forma, parece convertirse en una sociedad de riesgos individualizados y trabajos desregulados
El neoliberalismo de las últimas décadas, que propició situaciones de inseguridad laboral, subempleo y, sobre todo, informalidad – que en Costa Rica llega a cerca del 40% de la fuerza de trabajo, según el INEC –, así como los avances técnico-científicos de la era digital, que diluyen las nociones del espacio-tiempo de la vida cotidiana y los contratos laborales, han asegurado la creciente inviabilidad del antiguo modelo laboral. La globalización digital hace que, por ejemplo, empresas transnacionales puedan gozar de mano de obra barata de personas trabajadoras a distancia por medio de trabajos a destajo, micro-tareas y simples ‘‘mediaciones’’ entre consumidores y clientes.
Consecuentemente, la sociedad salarial del empleo pleno ahora convive con una nueva forma de trabajo con diferencias espacio-temporales y socio-jurídicas radicales: unos trabajan con garantías sociales y protecciones laborales y otros trabajan bajo precariedad e inseguridad salarial. Todo esto representa nada más y nada menos que un claro síntoma de una transición que lleva años operando en el país y que los avances tecnológicos no han hecho más que acelerar: el paso de una sociedad salarial hacia una sociedad del riesgo.
En otras palabras, ante todas estas trasformaciones el trabajo se ha convertido en ‘‘trabajo líquido’’, trabajo sin forma, demasiado escurridizo para ser regulado por los sistemas de protección social y las normativas laborales. Estamos entonces, en Costa Rica, ante el reto de proteger y regular un trabajo dinamizado que desborda nuestras leyes estancadas; estamos ante el escenario de un trabajo amorfo y una legislación estática, petrificada, que se traduce en una crisis de aplicabilidad del derecho laboral y una crónica inadaptabilidad de los sistemas de bienestar social en ámbitos como la salud y las pensiones, como bien en la formación y la educación de la fuerza de trabajo.
La incapacidad – o la cómoda y malintencionada inacción – de la Asamblea Legislativa al abordar las transformaciones del trabajo, especialmente en materia digital y tecnológica, tiene como consecuencia que muchas de las problemáticas de los trabajadores inmersos en la sociedad del riesgo – los de la informalidad y la inseguridad salarial, que no cotizan para un futuro digno – terminan siendo resultas en tribunales. Hay, por ejemplo, una judicialización de los nacientes problemas laborales de la era digital, como se evidenció cuando el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José ratificó su sentencia condenatoria a Uber por no cumplir con sus deberes patronales, considerándose que hubo una relación laboral encubierta entre la plataforma y el conductor demandante, situación que por la falta de regulación en el plenario deja a miles de conductores bajo el umbral inseguridad laboral.
En este punto, surge una pregunta central para nuestra discusión: ¿debe Costa Rica transitar hacia una formalización del trabajo digital y colocar los nuevos y volátiles esquemas laborales bajo el amparo del derecho laboral convencional?
Lo cierto, en cualquier caso, es que el derecho laboral debe repensarse a la luz de estas transformaciones; más allá de simplemente volver a aplicarse ciegamente la normativa anterior, es importante reconocer garantías sociales y derechos laborales específicos a la fuerza laboral de la era digital y de los trabajos inestables a la vez que se reconocen las particularidades de estas formas emergentes de trabajo. Aun así, varios elementos del trabajo convencional han mostrado ser rescatables, como el concepto jurídico de la subordinación – que ha sido aplicado a conductores de plataformas en varios países, como México y Chile –. Ante todo, es necesario que, ante las múltiples facetas que hoy asume el trabajo, se busquen nuevas formas de que esta actividad esté protegida y garantice una vida digna.
Costa Rica, por el contrario, parece seguir una senda diferente: el país se asoma al abismo de los retrocesos laborales, con un gobierno y un plenario enfrascados en una batalla por ampliar las jornadas laborales de 8 a 12 horas en algunos sectores productivos.
En este mes patrio, estos retrocesos no son más que una reminiscencia nostálgica de lo que antaño fuera una República Bananera.
¡Feliz día de la independencia! Para los empresarios…
* Escuela de Sociología, Universidad Nacional. Asistente investigador del Programa Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense. Exrepresentante de Costa Rica en la XXXI Olimpiada Internacional de Filosofía, Grecia, 2023.
El Observatorio Bienes Comunes UCR comparte un análisis clave del abogado Rubén Chacón Castro sobre cómo los contratos de carbono, el PSA y REDD+ impactan los territorios indígenas en Costa Rica.
Bajo el discurso climático se esconden riesgos de restricciones a prácticas ancestrales, pérdida de autonomía y nuevos mecanismos de despojo territorial.
Descubra por qué este debate es urgente para la justicia climática y los derechos de los pueblos indígenas.
