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Autor: Hector Ferlini Salazar

Cuba: solidaridad bajo asedio

José A. Amesty Rivera

A propósito de la llegada reciente de varios buques con ayuda humanitaria a Cuba (buques que no han navegado aguas tranquilas precisamente, sino que han tenido que abrirse paso entre presiones políticas, amenazas y el cerco criminal del bloqueo), es necesario decirlo sin rodeos, lo que ha llegado a la isla no es solo ayuda material, es un acto de dignidad, es solidaridad militante, es la confirmación de que los pueblos no están dispuestos a dejar sola a Cuba.

Porque, como bien lo ha señalado el combatiente revolucionario cubano Joel Suárez, “la solidaridad es el nombre político que tiene el amor”; y en el caso cubano, ese amor no es abstracto, no es retórico, no es para discursos diplomáticos, es concreto, es combativo, es profundamente antiimperialista.

Conviene dejar algo claro desde el principio, la solidaridad no es caridad; la caridad es vertical, humillante en muchos casos, funcional al sistema que produce la desigualdad.

La solidaridad, en cambio, es horizontal, es entre iguales, es conciencia. Es entender que la lucha del otro es también la propia, es asumir que no hay neutralidad posible cuando un pueblo está siendo asediado.

En nuestra América, esa verdad no es nueva, la solidaridad aquí se ha forjado en la resistencia, en la lucha, en la necesidad; no es un concepto académico, es práctica cotidiana: es el barrio organizado, es la comunidad que resuelve, es el pueblo que no se rinde. Es, en definitiva, una conducta de combate frente a la injusticia.

Y es precisamente en Cuba donde este comportamiento alcanza hoy, una de sus expresiones más claras y, al mismo tiempo, más exigentes.

Porque cuando hablamos del bloqueo impuesto por EEUU, no estamos hablando de una figura discursiva, estamos hablando de una política sistemática, prolongada y deliberada de asfixia económica.

Un cerco que impacta directamente en la vida diaria del pueblo cubano, en la alimentación, en el transporte, en la energía, en el acceso a medicamentos; es una guerra no declarada, pero profundamente real.

Frente a esta agresión permanente, lo que sostiene a Cuba no es solo una estructura estatal, ni únicamente un discurso político, lo que sostiene a Cuba, en lo más profundo, es una red de solidaridad popular que se activa todos los días.

Es la familia que comparte lo poco que tiene, son los vecinos que no preguntan, sino que actúan, son los amigos que inventan soluciones donde no las hay; es el intercambio basado en la confianza, en la reciprocidad, en ese principio no escrito, pero profundamente arraigado, “hoy por ti, mañana por mí”.

Ahí, en esa práctica cotidiana, se expresa una verdad que el capitalismo intenta borrar, que la vida puede sostenerse desde lo colectivo, desde la cooperación, desde la conciencia social.

En el discurso político cubano, términos como unidad, resistencia y continuidad no son consignas vacías, son condiciones materiales de existencia; porque bajo asedio, la división social no es una opción, es el camino hacia la derrota.

De allí que el “nosotros” adquiera una dimensión central, no como negación del individuo, sino como afirmación de que sin lo colectivo no hay posibilidad de supervivencia; el sacrificio individual, en este contexto, no se idealiza, pero se comprende como parte de una lucha mayor.

Sin embargo, sería irresponsable presentar esta realidad sin reconocer sus tensiones internas. Porque la presión constante desgasta, las dificultades materiales generan fisuras; emergen desigualdades, se fortalecen estrategias individuales de supervivencia, la migración impacta las redes comunitarias, y el cansancio social comienza a hacerse sentir.

Y aquí radica uno de los principales desafíos, la solidaridad no es infinita, no es automática, no se sostiene por inercia, requiere condiciones, requiere cuidado, requiere conciencia.

El bloqueo no solo busca limitar recursos; busca también erosionar el tejido social, debilitar la confianza colectiva, instalar la lógica del “sálvese quien pueda”. En otras palabras, intenta destruir la base misma de la solidaridad.

Por eso, la defensa de la solidaridad en Cuba hoy es, en sí misma, un acto de resistencia política. Pero hay un elemento que no puede pasarse por alto, Cuba no solo resiste hacia adentro, también proyecta solidaridad hacia afuera, a pesar de sus limitaciones, mantiene una política activa de cooperación internacional, particularmente en el ámbito de la salud.

Este hecho, lejos de ser anecdótico, revela una coherencia profunda. Cuba no comparte desde la abundancia, sino desde la convicción, no da lo que le sobra, da lo que tiene; y en ello reafirma una concepción de la solidaridad como práctica liberadora, no como instrumento de dominación.

Así, en medio de las dificultades, Cuba se convierte en un espacio donde se juega algo más que una coyuntura nacional, se juega una forma de entender la vida social, se juega la posibilidad de sostener un proyecto colectivo frente a una presión externa sistemática.

Lo que está en disputa, en última instancia, es si prevalece la lógica del individualismo o la lógica de lo común. Y en ese escenario, la experiencia cubana ofrece una lección clara, aunque incómoda para muchos, cuando las condiciones se vuelven extremas, no hay equilibrios posibles, o se fortalece la solidaridad, o se impone la fragmentación.

En síntesis, no se trata de idealizar ni de negar las contradicciones, se trata de comprender que, en el caso cubano, la solidaridad no es un adorno moral, es una necesidad histórica. Es la línea que separa la resistencia de la rendición, es la base que sostiene el proyecto colectivo.

Es, en definitiva, la expresión concreta de que un pueblo, aún bajo asedio, puede decidir no dejarse derrotar. Porque, al final, la verdad es sencilla y contundente, la solidaridad no es un gesto, es una posición, es una práctica, y en Cuba, hoy más que nunca, es también una forma de lucha.

Organizaciones respaldan alerta de FRENAPI y advierten riesgo para la vida de defensor indígena Bröran

Diversas organizaciones sociales expresaron su respaldo a la alerta urgente emitida por el Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), en la que se advierte sobre el grave riesgo que enfrenta el líder indígena Bröran Pablo Sibar Sibar en el territorio de Térraba. El pronunciamiento retoma las denuncias previas sobre amenazas, la insuficiente respuesta estatal y la vigencia de medidas cautelares de la CIDH, además, señala la responsabilidad del Estado costarricense en la protección de su vida e integridad.

APOYAMOS ALERTA URGENTE DEL FRENAPI

En atención y apoyo a la ALERTA URGENTE comunicada por FRENAPI el 30 de marzo del 2026, en resguardo de la integridad física y la vida de Pablo Sibar Sibar, líder indígena Bröran, defensor de derechos de los Pueblos Indígenas, miembro activo de la Coordinación del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), beneficiario de las Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos humanos – CIDH, MC 321-12 del 30 de abril del 2015.

Nos manifestamos en apoyo, en ALERTA TEMPRANA, rechazamos cualquier acto de violencia contra él, su familia y cualquier persona indígena de su Comunidad y del FRENAPI.

Ante la indiferencia cómplice del Estado/Gobierno, en el debido cumplimiento de las Medidas Cautelares emitidas por la CIDH, hacemos responsable al Estado costarricense de cualquier acción contra la vida de Pablo, su familia y su comunidad.

Instamos a otros Movimientos Sociales y Colectivos, a pronunciarse y estar pendientes.

Llamamos a la Comunidad Internacional a dar seguimiento a esta situación.

San José, Costa Rica, 31 de marzo 2026.

  • Centro de Amig@s por la Paz – CAP.
  • Observatorio de Medios de Comunicación y Género.
  • Servicio Paz y Justicia Costa Rica – SERPAJ CR
  • Comunidades Cristianas Costarricenses – COCRIC.
  • Movimiento Reflexión en Acción – REFLEXACIÓN.
  • Red Ecuménica de Lectura Popular de la Biblia y otros Textos Sagrados.
  • Justicia Paz e Integridad de la Creación – Claretiana.
  • Comunidades Ecologistas La Ceiba. COECO – Ceiba AT
  • Comisión para la Defensa de la Zona Protectora El Chayote – CDZPECh (Naranjo, Alajuela).
  • Colectivo Antonio Saldaña – Talamanca.

A contracorriente

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

El último fin de semana de marzo, cientos de miles de personas salieron a protestar en las principales ciudades de Estados Unidos y Europa.

En algo que parece ya habitual, el objeto de las protestas no puede ser otro que el impresentable presidente de Estados Unidos Donald Trump y sus políticas racistas, fascistas, terroristas, antihumanas.

La protesta es la tercera que se organiza en el marco de unas jornadas denominadas “no kings”, destinadas a desconocer el poder real y simbólico que Trump y sus aliados han instalado en un año que, si bien solo lleva tres meses, ya cuenta para el olvido.

Los casi nueve millones de personas que salieron a las calles de Estados Unidos a consignar su descontento y enojo, son la muestra de un motor civil y popular que poco a poco está perdiendo el miedo y se empodera de la única forma que puede un ser humano empoderarse en estos tiempos: convirtiéndose en un sujeto colectivo, político, fuerte, visible, claro.

El hartazgo a la arrogancia del mal habido presidente estadounidense es quizá la motivación de fondo para hacer salir de su confort a millones de personas.

Aquí es cuando uno se pregunta por qué si en otros contextos el hastío y el enojo son materia prima diaria, no se logró mostrar hasta ahora de forma visible y hasta contundente.

Las últimas semanas algunas acciones han sumado a la perplejidad con que hemos estado observando la performance presidencial en Costa Rica: la saliente y la entrante, que para los efectos son la misma cosa.

La urgencia con la que el gobierno costarricense aceptó el acuerdo migratorio que permite a Estados Unidos enviar 25 personas (si, personas) deportadas a territorio costarricense, solo se condice con lo que el internacionalista Carlos Murillo alerta: la relación Costa Rica-Estados Unidos no es una relación de Estado, sino que se enmarca en una cercanía personal, lo cual vuelve más peligroso, riesgoso y subordinado el rol costarricense en el concierto internacional.

Si esto no es ir contra corriente, observando las multitudinarias marchas del fin de semana, entonces vivimos en realidades paralelas.

Por último y no menos delirante, es la promesa de la presidenta electa Laura Fernández en utilizar el modelo de Bukele para “mediar” la inseguridad ciudadana. El terror ciertamente no es que sea una promesa, sino que, dado el alto apoyo a su enfoque populista, se termine instalando en el país un régimen que, al menos en El Salvador, ha cobrado cientos de vidas inocentes. Diversos informes de periodismo independiente y organismos de derechos humanos han dado cuenta de las atrocidades de este régimen de excepción.

¿Si esto no es ir contra corriente, en qué mundo dominado por la matrix estoy viviendo?

Costa Rica en fragmentos: territorio, emociones y la ruptura de lo común

Abelardo Morales Gamboa (*)

La crisis de Costa Rica no es solo institucional: es una ruptura en la forma en que distintos territorios viven, sienten y entienden lo que significa pertenecer al país. No estamos frente a un simple desgaste del sistema político, sino ante una transformación más profunda: el país ya no se experimenta de la misma manera en todos sus territorios.

La crisis de la hegemonía ha reconfigurado el mapa electoral, pero también ha alterado los marcos de sentido, las emociones políticas y las formas de subjetividad desde las cuales los ciudadanos se reconocen —o dejan de reconocerse— como parte de un territorio común.

Durante décadas funcionó un modo relativamente estable de integración social y política. Ese modelo descansaba en un Estado con capacidad de intervención, una economía con cierto anclaje interno, el papel de las clases medias y una institucionalidad que generaba horizontes compartidos. En ese entramado, la Iglesia católica jugó un papel clave como mediadora moral y territorial.

Ese equilibrio comenzó a erosionarse desde inicios de siglo y hoy el país aparece cada vez más fragmentado en territorios con trayectorias diferenciadas: algunos integrados a dinámicas económicas más dinámicas, otros marcados por el rezago, la precariedad y la incertidumbre.

Pero no se trata solo de desigualdades materiales. Se está configurando una territorialidad diferenciada del vínculo con el Estado. Hay territorios donde la institucionalidad mantiene cierta capacidad de respuesta y otros donde su presencia es débil, intermitente o percibida como ausente. En estos últimos, la vida cotidiana se organiza cada vez más a partir de arreglos informales, redes locales y formas no institucionalizadas de regulación.

Es ahí donde aparece un fenómeno clave: la fragilidad territorial no solo produce carencias, produce también subjetividades. Genera experiencias de abandono, incertidumbre y desprotección, pero también de búsqueda de reconocimiento y pertenencia.

No es lo mismo vivir en un territorio donde el Estado funciona que en uno donde las instituciones no aparecen. Esa diferencia no solo se mide en indicadores sociales: se vive como emoción política. Y esas emociones —rabia, frustración, miedo, pero también esperanza— terminan organizando la relación con la política.

Por eso, reducir los cambios electorales a dimensiones socioeconómicas resulta limitado. No se trata simplemente de que “los territorios más pobres votan de cierta manera”, sino de que territorios atravesados por determinadas economías emocionales tienden a producir alineamientos políticos particulares.

El ciclo electoral desde 2006 muestra la consolidación de ese proceso. La elección cerrada de ese año entre Óscar Arias y Ottón Solís evidenció una fisura del consenso político tradicional que se fue ampliando en los años siguientes. En el período más reciente emerge con mayor claridad una territorialización del malestar: el voto se organiza cada vez más a partir de experiencias localizadas de exclusión, abandono o inseguridad.

En ese contexto, cobran fuerza discursos que apelan a la confrontación entre “el pueblo” y “las élites”. Más que clasificarlos rápidamente como populistas, conviene preguntarse por qué encuentran eco en ciertos territorios y no en otros. La respuesta está en las condiciones sociales, institucionales y emocionales que hacen posible esa resonancia.

Aquí aparece otro elemento clave: la reconfiguración del campo religioso.

Si en el pasado la Iglesia católica operó como infraestructura de integración social y mediación política, hoy asistimos a una diversificación del campo religioso, marcada por la expansión de iglesias evangélicas que participan en las reconfiguraciones territoriales. Estas iglesias no son solo espacios de culto: son redes de apoyo, espacios de sociabilidad y marcos de regulación moral.

En territorios donde la presencia del Estado se ha debilitado, estas redes cumplen funciones que van más allá de lo religioso: ofrecen ayuda material, acompañamiento y sentido de pertenencia en contextos de incertidumbre. Su capilaridad territorial les permite insertarse donde otras instituciones no llegan.

Esto tiene implicaciones profundas. La fragmentación del campo religioso no solo refleja la fragmentación social; contribuye a ella, al producir órdenes morales y subjetividades diferenciadas territorialmente. En algunos casos, estas redes se articulan con actores políticos locales y liderazgos comunitarios, configurando formas de gobernanza híbrida.

Lo que está en juego no es solo una crisis del sistema político, sino una transformación más amplia de los pactos que sostienen la vida social. Se debilitan los marcos jurídicos, se erosionan los sistemas de protección social y se reconfiguran las identidades territoriales en torno a la incertidumbre.

En ese contexto, la política deja de ser únicamente un espacio de representación institucional y se convierte en un terreno donde se disputan emociones, sentidos y pertenencias.

El desafío no es simplemente recomponer el sistema político, sino reconstruir un horizonte común en una sociedad fragmentada.

Si la crisis es territorial, emocional y normativa, su salida no puede ser exclusivamente institucional. Requiere al menos tres desplazamientos urgentes.

Primero, reconstruir la presencia efectiva del Estado en los territorios, no solo como proveedor de servicios, sino como garante de derechos. No hay cohesión donde el Estado es vivido como ausencia.

Segundo, reconocer y atender las economías emocionales del malestar. Sin comprender las experiencias de abandono e incertidumbre, cualquier proyecto político seguirá hablando un lenguaje sin interlocutores.

Y tercero, reabrir espacios de mediación social y construcción de sentido colectivo, en un contexto donde iglesias, redes comunitarias y liderazgos locales están ocupando el vacío dejado por instituciones debilitadas.

No se trata de restaurar el pasado, sino de imaginar un nuevo pacto social capaz de articular territorios distintos y subjetividades fragmentadas en un proyecto común. Porque un país no se rompe únicamente cuando fallan sus instituciones, sino cuando deja de existir una experiencia compartida de pertenencia. Y hoy, quizás ese sea el desafío más urgente: volver a hacer posible que Costa Rica sea vivida —no solo nombrada— como un mismo país.

(*) Sociólogo, comunicador social y analista internacional.

La derrota civil de Giorgia Meloni

Walter Antillón

Si queréis ir en peregrinación al lugar donde nació vuestra Constitución, id a las montañas donde cayeron los partisanos, a las cárceles donde fueron presos, a los campos donde les ahorcaron. Allí donde murió un italiano para recuperar la libertad y la dignidad, id, oh jóvenes, con el pensamiento, porque allí nació nuestra Constitución.
Piero Calamandrei

I.– Los días 22 y 23 de marzo de 2026, con el apoyo manifiesto de la primera ministra Giorgia Meloni, se celebró en Italia un referéndum para que el pueblo avalara una reforma de la Constitución aprobada por el Parlamento en materia judicial. Los principales cambios eran:

  1. La división del Consejo Superior de la Magistratura en dos órganos distintos: uno para jueces y el otro para fiscales;
  2. La reducción del peso de los fiscales y los jueces en el Consejo;
  3. ​La introducción del sorteo para la designación de los miembros del Consejo;
  4. La creación de un tribunal disciplinario, separado del Consejo Superior de la Magistratura.

Por debajo de sus argumentos técnicos, la reforma de Meloni buscaba destruir el sistema organizacional implantado con el Consejo Superior de la Magistratura en la Constitución del 48, al cual deben su independencia y su dignidad los jueces y los fiscales italianos.

Pero más del 53 % de los votantes dijo: NO. La mayoría del pueblo dio un voto de confianza a sus fiscales, a sus jueces y a su Consejo Superior; y tenía fundadas razones para ello, como veremos: el tema tiene su historia.

II.– De conformidad con el principio básico del régimen fascista de Mussolini: “Todo en el Estado, nada contra el Estado», durante los 23 años de la existencia de dicho régimen (1922-1945) la independencia deja de ser una condición inherente a las funciones jurisdiccionales. El resultado fue un cuerpo de jueces y fiscales sumiso ante las decisiones, las orientaciones e incluso los caprichos del Duce. Desaparece de Italia toda garantía de tutela de los derechos de las personas y el autoritarismo toma el lugar de la ley, ante la mirada pasiva de cortes y tribunales. Irónicamente, durante ese período los más connotados juristas redactan espléndidos códigos, pero están conscientes de que, en última instancia, mientras el Dictador conserve su poder, no prevalecerán los principios ni las normas de esos Códigos ni del Estatuto Albertino, sino la pulsión autoritaria de aquél.

III.– La Segunda Guerra Mundial culmina en 1945 con la derrota del Fascismo italiano y alemán, por obra de las tropas aliadas ayudadas por los movimientos partisanos representantes de los intereses populares, sobre todo de Italia y Francia. En ambos países se forma Gobiernos de Coalición con un fuerte componente popular, y se convoca a la integración de asambleas constituyentes para implantar las bases republicanas, democráticas y de justicia social del nuevo Estado.

En el proceso constituyente italiano, con más de 500 diputados, intervienen ilustres juristas como Lellio Basso, Costantino Mortati, Tomasso Perassi y Piero Calamandrei, junto con políticos como Aldo Moro, Palmiro Togliatti, Umberto Terracini, Pietro Nenni y el gran filósofo Benedetto Croce, entre muchos otros; y el resultado fue una constitución innovadora y progresista, con valiosos hallazgos normativos que luego la Corte Constitucional ha desarrollado fructíferamente.

Entre las grandes innovaciones que se introduce en el texto constitucional están, precisamente, la creación de la Corte Constitucional y la de un nuevo órgano: el Consejo Superior de la Magistratura. Este último, en particular, responde a la preocupación que muchos sentían con respecto al Poder Judicial a partir de la terrible experiencia de la pseudo-justicia fascista sufrida hasta hacía pocos años. ¿Cómo evitar que vuelva a ocurrir algo semejante? ¿Cómo propiciar la actuación de jueces y fiscales cultos, honestos, independientes e imparciales, defensores de la Constitución y los Derechos Humanos? Era necesario ser originales: pensar en un ente de rango supremo, al mismo nivel del Parlamento, conjurando a la vez los peligros del corporativismo y la jerarquización.

La instalación y el funcionamiento del Consejo Superior de la Magistratura marca un antes y un después en la historia de Italia: el órgano se funda en el principio de la absoluta paridad (sólo se diferencian en las funciones que desempeñan), y a él están sometidos, con igual tratamiento, desde el primer presidente de la Corte de Casación hasta el más modesto agente fiscal. El CSM está integrado mayoritariamente por jueces y fiscales electos por sus colegas de todo el país, en votación directa y secreta, aunque cuenta también con miembros que son académicos y abogados litigantes.

Al ocuparse eficazmente de una rigurosa formación de los aspirantes promocionados, proporcionándoles garantías de continuidad, seguridad y decoro, un salario adecuado, etc., el CSM produjo una nueva calidad de jueces y fiscales que muy pronto se hizo notar, exaltando la Constitución y actuando sin temor y con firmeza frente a los grandes poderes jurídicos y fácticos; y los resultados son historia.

IV.– Resultados del sistema: a) Unos 20 jueces y fiscales, entre ellos los fiscales Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, fueron asesinados entre 1984 y 1992, como respuesta de la Mafia por sus acusaciones y procesos. El fiscal Giovanni Falcone coordinó las acusaciones que culminaron con la condena de más de 500 mafiosos.

V.– Resultados del sistema: b) Bajo los procesos de la operación «Manos Limpias” (mani pulite) iniciada en 1992 por parte de los fiscales y jueces Antonio Di Pietro, Piercamillo Davigo, Gherardo Colombo, Pierluigi Zanchetta, Francesco Saverio Borrelli, Giuliano Turone, Edmondo Bruti Liberati y muchos otros, contra la corrupción gubernamental y empresarial que agobiaba a Italia, se efectuó más de 5 mil indagatorias (entre ellas a cuatro ex primeros ministros, decenas de ministros y 200 parlamentarios), y se saldó con 1300 condenas judiciales contra ministros, directores de empresas públicas, diputados, industriales, banqueros, navieros, militares, etc.

VI.– Resultados del sistema: c) durante 30 años los jueces y fiscales italianos promovieron y tramitaron 86 procesos judiciales contra el multimillonario Silvio Berlusconi, dueño de un imperio mediático, comercial e industrial en Italia y Europa: senador y primer ministro de Italia en varios períodos, con amplias mayorías en el Senado y la Cámara de Diputados. A pesar de su inmenso poder político y económico, Berlusconi fue condenado muchas veces por los jueces italianos por fraude fiscal, tratos con la Mafia, soborno de funcionarios, corrupción de menores, etc., pero fue absuelto en múltiples ocasiones por prescripción del delito, y otras tantas fue indultado; aunque finalmente tuvo que cumplir pena de prisión y de trabajo social por el delito de fraude fiscal, y perdió su credencial de Senador. Durante años Berlusconi usó toda su influencia y poder en tratar de reformar y someter el sistema de la Justicia de su país, pero no lo consiguió. La muerte en 2023 lo libró de los últimos procesos.

VII.– La ultraderechista Giorgia Meloni proviene del fascista Movimiento Social Italiano (MSI) fundado por Giorgio Amirante, un acólito de Mussolini. Su alianza con la Liga Lombarda de Salvini y con Forza Italia, de Berlusconi (ambos igualmente pro-fascistas) le dio el triunfo en las urnas en 2022. Todas las tres tendencias mencionadas son hostiles a la Constitución de 1948 y, naturalmente, a la existencia del Consejo Superior de la Magistratura, al que responsabilizan de la beligerancia fiscal y judicial que, en su momento, desarticuló la Mafia Siciliana, barrió con Tangentopoli (el país de los sobornos) y durante 30 años, sin otra fortaleza que la Constitución y las leyes, persiguió judicialmente al poderoso multi-reincidente Silvio Berlusconi.

Meloni quiere despejar de obstáculos el camino de su proyecto presidencialista, y a la vez asegurarse de que no se repita, con ella y sus aliados, la saga judicial berlusconiana. Ello explica su empeño de descuartizar el Consejo Superior de la Magistratura: empeño plasmado materialmente en la relativa reforma constitucional aprobada por el Parlamento, y en la sucesiva campaña oficial para obtener un referéndum aprobatorio.

Pero el pueblo italiano rechazó sus pretensiones; y al hacerlo escribió una página gloriosa de reconocimiento y elogio para sus jueces y sus fiscales.

Cambio climático y caficultura, una relación compleja

Autores*:
Wilson Picado Umaña
Gerardo Jiménez Porras
Rafael Díaz Porras
Antonio Delgado Ballesteros

Existe un gran debate sobre el peso del cambio climático en la distribución de la vida vegetal en el planeta. La pregunta que predomina es si el aumento de las temperaturas o el cambio en la estacionalidad de las lluvias llevarán al límite a las plantas y árboles, desplazándolos de sus agroecosistemas habituales.

En muchos lugares y, en muchos casos, la respuesta a esta pregunta está puesta ya sobre la mesa. El aumento de temperatura está provocando la desaparición de especies, mientras que en cuanto a las plantas y arbustos domesticados, con valor de mercado, las variaciones climáticas extremas causan trastornos en las cosechas y el cultivo en general.

El café es uno de los productos vegetales más importantes del mercado, sino el que más. Está cultivado en todo el mundo tropical de Occidente y Oriente, en diversos pisos altitudinales y bajo diferentes sistemas de producción, algunos orgánicos y campesinos, otros convencionales. Es una de las bebidas insignia de la cultura moderna, es casi una “estrella pop” del mundo en el que vivimos. La bebemos no solo a diario, en casa, sino que además es una experiencia social tanto como ir al mall o al cine.

Todo esto explica el enorme interés que existe por adentrarse en la relación entre este cultivo y el clima. Sin embargo, analizar el impacto del cambio climático en nuestras caficulturas es un desafío. Lo es, en primer lugar, porque es importante entender no únicamente la forma como el cambio climático afecta la producción, sino también la forma como este proceso afecta la vida de la gente que habita y trabaja en los territorios cafetaleros.

En este sentido, no solo la ecología o la economía importan, importan además lo social y lo cultural. Somos seres económicos en cuanto a lo que producimos, tanto como ecológicos en cuanto al contexto ambiental en el que desarrollamos dicha producción.

Y somos seres sociales y culturales en tanto somos capaces de crear vínculos de identidad, de trabajo y de intercambio alrededor de las plantaciones de café. El cambio climático puede modificar los flujos de trabajo temporal, ampliando los ciclos de cosecha o acortándolos. Puede cambiar la composición varietal de los cafetales y sus sistemas de sombra, intensificar el calendario anual de labores o favorecer la aparición de nuevas plagas y enfermedades, entre otros efectos. El cambio climático puede reconfigurar una cultura y un paisaje cafetalero.

En segundo lugar, el impacto del cambio climático se asemeja a un sistema complejo. Hay muchas variables de distinta naturaleza jugando al mismo tiempo: climáticas, agronómicas, productivas, sociales, ecológicas, tecnológicas e incluso hasta políticas. Y en cada uno de estos campos hay otras decenas o cientos de pequeñas variables, cada una de éstas con posibilidad de incidir sobre la evolución del sistema por completo. La cantidad posible de interrelaciones entre estas variables es casi inabordable.

Dicha complejidad nos aleja de cualquier posible explicación mono causal. O, al menos, nos lo advierte. Al estudiar este fenómeno en la caficultura nos vemos inmersos en dinámicas multifactoriales donde el factor de la lluvia, si es escasa o excesiva, es tan relevante para explicar el desplazamiento territorial del grano tanto como la decisión de una productora o de un productor en una coyuntura determinada. O la evolución del mercado de la tierra, o la disponibilidad de pastizales, o la introducción de nuevas variedades de cultivo, entre otros tantos factores.

El cambio climático en café interactúa en un sistema social y agroecológico preexistente, donde muchos de sus factores iniciales mantienen una enorme capacidad de incidencia y de transformación. No son factores pasivos ni predeterminados estrictamente por la variación climática. Un sistema, además, que no es producto del presente, sino de decisiones productivas, de políticas públicas y de transformaciones ecológicas ocurridas en el pasado, a lo largo de años y décadas.

Esto debería de alejarnos de cualquier “visión de túnel”. Es decir, de cualquier perspectiva que focalice sus explicaciones estrictamente alrededor de una variable o factor, o de un campo disciplinario.

Siempre se ha dicho que la investigación interdisciplinaria, con participación comunitaria y de largo plazo es el mejor antídoto para este tipo de visiones. De seguro que sí. Pero resulta que este es un sistema complejo tan difícil de poner en práctica en nuestras comunidades de investigación públicas y privadas casi tanto como lo es entender el sistema del cambio climático como tal.

(*) Investigadores del Proyecto “Cambio climático y relocalización del café en Los Santos, Costa Rica”, CINPE, Escuela de Historia y Escuela de Sociología, Universidad Nacional, Costa Rica.

Imagen de cabecera: Quemas en el cerro El Abejonal, León Cortés. Marzo de 2025.

En la imagen de la izquierda se puede ver nuevos sembradíos de café en el Cerro La Laguna, Tarrazú (mayo de 2024). En la de la derecha se aprecia la tala de bosque secundario en Cerro La Laguna, Tarrazú (mayo de 2024).

Alerta temprana urgente: Riesgo para la vida e integridad de defensor indígena Bröran en Costa Rica

SURCOS comparte el siguiente comunicado de FRENAPI

San José, Costa Rica, lunes 30 de marzo de 2026.

Se emite la presente alerta temprana ante la grave situación de riesgo que enfrenta el líder indígena Pablo Sibas Sibas, defensor de los derechos humanos del pueblo Bröran, en el territorio ancestral de Térraba, en Costa Rica.

Pablo Sibas Sibas es recuperante de tierra/territorio en la finca Crün Shurín de Térraba y miembro de la Coordinación Nacional del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI). Su labor ha estado centrada en la defensa de los derechos territoriales, culturales y colectivos del pueblo Bröran, históricamente afectado por conflictos vinculados a la recuperación de tierras y el respeto a su autonomía.

Diversas informaciones recientes advierten sobre amenazas y condiciones de vulnerabilidad que comprometen seriamente su vida, integridad personal y seguridad. Este contexto resulta especialmente alarmante considerando que Pablo Sibas Sibas forma parte de la lista de personas indígenas beneficiarias de Medidas Cautelares de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el año 2015, las cuales obligan y responsabilizan al Estado costarricense por la garantía de su vida e integridad física, así como la de otras personas de los territorios de Térraba y Salitre.

El territorio indígena de Térraba ha sido escenario de tensiones persistentes, donde personas defensoras de derechos humanos han enfrentado amenazas, hostigamientos y riesgos estructurales derivados de la insuficiente presencia y respuesta efectiva del Estado.

Ante este contexto, se hace un llamado urgente al Estado costarricense para:

  • Adoptar medidas inmediatas, eficaces y culturalmente pertinentes de protección para salvaguardar la vida e integridad de Pablo Sibas Sibas y su familia.
    • Activar de forma diligente el protocolo de protección para personas defensoras de derechos humanos, conforme a los estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
    • Garantizar una presencia institucional efectiva en el territorio, con enfoque intercultural, que permita prevenir hechos de violencia y asegurar condiciones de seguridad para las personas defensoras indígenas.
    • Investigar de manera pronta, exhaustiva e imparcial cualquier amenaza o acto de intimidación, con el fin de evitar y no continuar la impunidad.

Asimismo, se exhorta a los medios de comunicación, organizaciones sociales y a la comunidad internacional a visibilizar esta situación y dar seguimiento permanente a las acciones del Estado costarricense, en cumplimiento de sus obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.

La protección de quienes defienden los derechos de los pueblos indígenas no solo constituye un deber jurídico ineludible, sino una condición esencial para la vigencia del Estado de Derecho y la democracia en Costa Rica.

Se solicita atención inmediata.

FRENTE NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS DE COSTA RICA (FRENAPI)

Apoya:

Comité Nacional de Apoyo a la Autonomía Indígena.

Los límites del lenguaje diplomático

Eugenio Trejos Benavides
Exrector del TEC y exembajador en Honduras

El cierre de la embajada de Costa Rica en Cuba trasciende el ámbito estrictamente diplomático. Aunque la medida puede interpretarse como un acto de distanciamiento político frente al régimen cubano, su significado se amplía cuando se acompaña de expresiones como “limpiar al hemisferio de comunistas”, fórmula que desplaza la discusión desde la defensa de los derechos humanos hacia un registro de confrontación ideológica.

Un Estado democrático tiene plena legitimidad para cuestionar a regímenes autoritarios y denunciar violaciones a las libertades fundamentales. Sin embargo, esa legitimidad se debilita cuando la crítica deja de formularse en términos institucionales y adopta un lenguaje excluyente, que sustituye el análisis de conductas estatales por categorías ideológicas de antagonismo. En ese desplazamiento, el debate público corre el riesgo de apartarse de los principios que deberían orientar una política exterior fundada en el derecho internacional, la prudencia diplomática y la defensa coherente de los derechos humanos.

En el caso costarricense, esta situación adquiere una relevancia particular. La proyección internacional del país se ha sustentado históricamente en referencias al civilismo, la moderación y la solución pacífica de las controversias. Desde esa perspectiva, una decisión de esta naturaleza produce efectos que exceden la relación bilateral con Cuba. En el plano regional, puede incidir en la reconfiguración de alineamientos, debilitar el margen de Costa Rica como interlocutor moderado y dificultar espacios de cooperación en un contexto hemisférico ya marcado por fuertes polarizaciones. En el ámbito interno, puede favorecer una lectura crecientemente ideologizada de la política exterior, tradicionalmente concebida como una política de Estado.

La defensa de los derechos humanos exige firmeza, pero también prudencia discursiva. Cuando el lenguaje político se radicaliza, la diplomacia pierde capacidad de interlocución y la controversia pública se desplaza desde la deliberación institucional hacia la confrontación simbólica. Más que fortalecer la autoridad moral del Estado, ese giro puede debilitar la consistencia del mensaje que Costa Rica busca proyectar tanto dentro como fuera de sus fronteras.

Emiten alerta preventiva ante la deportación de migrantes a Costa Rica

SURCOS comparte el siguiente comunicado del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT)

El MNPT advierte el riesgo de repetir prácticas contrarias a los Derechos Humanos, por lo que se hace un llamado urgente a asegurar la no repetición y a que toda cooperación migratoria se ajuste estrictamente a estándares del derecho internacional.

El pasado 24 de marzo se oficializó un acuerdo entre Costa Rica y Estados Unidos, mediante el cual nuestro país se compromete a recibir semanalmente hasta 25 personas migrantes deportadas, provenientes de terceros países.

Bajo este escenario, para el MNPT es importante recordar que en febrero de 2025 se recibió cerca de 200 personas deportadas desde Estados Unidos en el marco de un proceso denominado “retorno voluntario asistido”, en el que fueron identificados hallazgos que, revelaron serias preocupaciones, las cuales se ratificaron mediante la sentencia N°2025-19485 de la Sala Constitucional, que expresó que las condiciones de ingreso y estancia en el país violentaron derechos fundamentales. Ante esto, es muy relevante exigir la no repetición, por lo que aquí se delinean las principales alertas de esa situación.

Privación de libertad encubierta: Las personas permanecieron en condiciones que, en la práctica o de facto, constituyeron una privación de libertad, sin posibilidad real de salida voluntaria. Esta situación contradice la narrativa oficial de voluntariedad y a la normativa internacional.

Riesgo de tratos crueles y vulneraciones previas: Se identificó que algunas personas pudieron haber sido sometidas a tratos crueles, inhumanos o degradantes antes de su llegada al país. A esto se suma la retención de documentos de identidad, generando incertidumbre jurídica y afectando derechos básicos.

Impacto psicosocial y afectación a poblaciones vulnerables: Las condiciones de traslado, la falta de información clara, la incertidumbre sobre su futuro migratorio y la ausencia de comunicación efectiva en su idioma provocaron altos niveles de ansiedad, temor e inseguridad, con especial impacto en personas menores de edad.

Falta de garantías y debido proceso: No se aseguró en todos los casos el acceso efectivo a información en idioma comprensible, asistencia legal ni mecanismos claros para solicitar refugio. Estas omisiones comprometieron el debido proceso y el principio de no devolución, exponiendo a las personas a posibles riesgos en terceros países y desprotección internacional.

Riesgo de responsabilidad internacional: Aceptar deportaciones en estas condiciones, sin evaluación individualizada ni garantías de proporcionalidad y legalidad, podría constituir una detención administrativa arbitraria y convertir a Costa Rica en parte de una cadena de internacional de vulneraciones de derechos humanos, lo cual puede afectar su soberanía y tradición de fomento de Derechos Humanos.

Llamado urgente a garantizar derechos y la garantía de no repetición del Estado

El MNPT insta a que cualquier cooperación migratoria se rija estrictamente por estándares internacionales de derechos humanos, priorizando la dignidad humana y evitando la criminalización de la migración.

Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social respalda a SIFREHN y solicita apoyo ante conflicto por teleconsulta

La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social remitió una carta dirigida a la Unión Médica Nacional (UMN), en la que expresa su respaldo al Sindicato del Frente Hospitalario Nacional y Afines (SIFREHN) ante lo que considera una amenaza de suspensión del servicio de teleconsulta brindado por médicos vinculados a ese sindicato. El documento plantea la necesidad de que el movimiento sindical del sector salud valore esta situación y adopte una posición frente a las posibles sanciones. La misma nota alude a otras organizaciones sindicales del sector con el mismo ánimo.

En la comunicación, la Auditoría Ciudadana advierte que la teleconsulta cuenta con respaldo legal en el país y ha sido una herramienta relevante para enfrentar las limitaciones de acceso a citas médicas, especialmente en el primer nivel de atención. Asimismo, señala que restringir este servicio podría afectar tanto el ejercicio profesional de los médicos como el derecho de las personas usuarias a recibir atención oportuna, en un contexto marcado por extensas listas de espera en la seguridad social.

A continuación, publicamos la carta íntegra enviada por la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social a la Unión Médica Nacional:

AUDITORÍA CIUDADANA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

24 de marzo de 2026        ACSS-013-2026

Doctor:
Edwin Solano Alfaro, Secretario General
UNIÓN MEDICA NACIONAL (UMN) Sindicato Médico, Costa Rica
Presente

Asunto: Apoyo y respaldo a la oposición del Sindicato Frente Hospitalario Nacional y Afines (SIFREHN) ante la amenaza ilegal de suspender la prestación del servicio de salud de Teleconsulta a médicos que laboran en Consultorios Médicos subvencionados por el SIFREHN.

Estimado señor:

  1. El Decreto Ejecutivo y del Ministerio de Salud N° 44363-S del 20 de mayo del 2024 “REGLAMENTO PARA EL CONTROL Y REGULACIÓN DE LA TELE-CONSULTA SANITARIA EN COSTA RICA” establece claramente en el artículo 2 del Capítulo 1 y en el artículo 7 de su Capítulo 2, el amplio e incuestionable respaldo legal y su correspondiente regulación, para que los médicos en Costa Rica puedan efectuar, según sus criterios, consulta virtual o “TELECONSULTA” a sus pacientes.
  2. Obviamente como decreto ejecutivo del ente rector de la salud pública del país, al igual que la Ley General de Salud, están jurídicamente por encima de cualquier reglamentación institucional en dicho campo, de acuerdo con la pirámide de Kelsen.
  3. Es reconocida la gran dificultad existente para conseguir una cita médica en el primer nivel de atención de los EBAIS y basta recordar la frase de la propia Defensoría de los Habitantes de que “sacar cita en un EBAIS resulta casi imposible”, con lo que se violenta el derecho fundamental consagrado en el artículo 21 de la Constitución Política: “…el derecho a la vida, a la salud y atención médica oportuna”. Ante tal situación y la premura en algunos casos, el paciente que tiene la posibilidad económica y de ubicación geográfica, podría recurrir a la atención médica privada o en su defecto acudir al servicio de teleconsulta de servicios de salud, el resto se quedaría sin la atención en salud.
  4. Sin embargo y pese a lo indicado en los párrafos anteriores, unos abogados de la Fiscalía del Colegio de Médicos, en contubernio con un ¡“criminólogo”! supuestamente contratado como agente encubierto por dicha fiscalía, informan que “comprobaron”, mediante atención médica por teleconsulta fingida de dicho impostor, que éste fue atendido y no en forma presencial en dos ocasiones, por los médicos que laboran en los dos consultorios establecidos, hace más de cuatro años, por el Sindicato del Frente Hospitalario Nacional y Afines -SIFREHN- para servicio de trabajadores asegurados y pacientes en general, muchos de ellos en delicado estado de salud (por las causas comentadas y de todos conocidas de las listas de espera) de forma gratuita los afiliados y los particulares con un costo mínimo. Así, con la prueba espuria, presuntamente obtenida con dicha farsa, se recomienda imponer, ahora ante el propio Colegio de Médicos “una medida cautelar para no poder volver a ejercer el pleno derecho a la teleconsulta”, intentando además que se les suspenda profesionalmente a cada uno, durante uno, dos o incluso más años, violentando el derecho al trabajo como lo establecen los artículos 39, 41 y 56 de nuestra Carta Magna ya que la subjetiva declaración del criminólogo contratado por la Fiscalía y el obtuso criterio del Licenciado y de una médica asesora, “fue de gran magnitud y amerita tal sanción, al haber cometido con él y su descarada mentira, una criminal teleconsulta” en dos ocasiones diferentes ya que los médicos que atienden los consultorios del SIFREHN, aceptaron sus sentidas e insistentes peticiones telefónicas de ayuda.
  1. El servicio de Teleconsulta que presta desde hace cuatro años el sindicato SIFREHN es público, legal y de muchos interesados conocido, y para información de los afiliados al Sindicato, familiares y otros pacientes, se exhibe una gran manta informativa al público, donde se consigna abierta y claramente el servicio médico gratuito de atención tanto presencial como por teleconsulta, subvencionado por el Sindicato. De tal manera, pareciera que las autoridades de la Caja y del propio Colegio de Médicos, castigan las buenas obras en el tema de salud, obviando el juramento hipocrático que establece las bases morales de la medicina, entre ellas actuar en beneficio del paciente.
  2. Además resulta que también los mandos medios de la CCSS, conjuntamente con los mandos gerenciales, en buena medida responsables de la ineficiente prestación de los servicios médico-asistenciales del Seguro de Salud (SEM) a la población y por lo tanto, de las “listas de espera”, y también de la debacle del IVM, ni siquiera esperan a que “haya un fallo en contra de los galenos en cuestión y arremeten arbitrariamente, sin debido proceso alguno, nuevamente contra uno de los médicos del SIFREHN, emitiendo un comunicado con fecha 23 de enero del 2026, en que se indica a las Comisiones Regionales de Evaluación de Licencias e Incapacidades de las Sedes Regionales del País, “no homologar ningún certificado emitido por él”, violentando su actuación médica legítima, su derecho al trabajo y el derecho de sus pacientes, e irrespetando el Fuero Sindical del sindicato SIFREHN.
  3. La Teleconsulta en Costa Rica se ha consolidado como una herramienta clave para enfrentar las listas de espera y mejorar el acceso en zonas rurales, especialmente bajo la gestión de la Caja Costarricense de Seguro Social. En febrero de 2025, se actualizaron los lineamientos para fortalecer la Telemedicina y Teleservicios en Salud, en parte migrando del concepto de “atención presencial” a la modalidad de Atención Telepresencial (MATP). El seguimiento de datos en la aplicación EDUS permite al médico la atención a distancia, bajar los costos por consulta y acortar grandes distancias que podrían separar al paciente del médico y, entre otros beneficios de la Teleconsulta, la Institución se comprometió a realizar más de 730.000 atenciones para reducir tiempos de espera, mediante diversas modalidades, incluyendo la Telemedicina. Como ejemplo de la prestación virtual de servicios, que no ha resuelto el problema de la justicia pronta y cumplida pero ha paliado un poco la situación, en la Corte Suprema de Justicia se realizan gran cantidad de juicios virtuales diariamente, ya que en muchas ocasiones el testigo se ubica en una provincia determinada y el juicio es en otra provincia lejana, de tal forma que no podemos rechazar una herramienta que está a las puertas del futuro, de una modalidad importante de prestación de servicios de salud, en beneficio de los habitantes de Costa Rica y de la propia Institución de Seguridad Social.
  1. Ante una situación tan delicada, nos solidarizamos con el Sindicato SIFREHN e instamos a las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social: Presidencia Ejecutiva de la CCSS, la Junta Directiva en pleno, a la Dra. Paula Cristina Villalobos Solano, de la Comisión Central Evaluadora de Licencias e Incapacidades, al Colegio de Médicos y Cirujanos y su Tribunal de Ética y Moral; y a las organizaciones sindicales UNDECA, SINAE y ANEP, CEN SIPROCIMECA y UNIÓN MÉDICA NACIONAL; las primeras a reconsiderar los posibles castigos hacia los médicos tergiversados, pues han actuado con gran sentido humanístico en la totalidad de casos actualmente realizados, luego en la prestación de servicios de salud por voluntariado y como colaboradores del SIFREHN e históricamente de la misma manera como funcionarios insignes de la propia Institución C.C.S.S. por más de 40 años de servicios ininterrumpidos y a las citadas organizaciones sociales a pronunciarse al respecto, ya que la pérdida del gran beneficio de la Teleconsulta como derecho del paciente, amenazaría con agravar aún más la existencia de más de un millón doscientos mil pacientes en la zozobra de formar parte de esas desesperantes listas de espera.

Notificaciones: Al correo acss.junio.2022@gmail.com

Atentamente,

AUDITORÍA CIUDADANA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Dr. Alfredo Ramírez Montero
MBA. Juan Carlos Aguilar Zamora
M.Sc. Rodrigo Arias López
Lic. Jorge García Araya
Lic. Carlos Eduardo González Arroyo
Sr. Edgar Mesén Sánchez