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Autor: Hector Ferlini Salazar

Bicentenario en Costa Rica: encrucijadas para las políticas públicas y la democracia

Luis Muñoz Varela[1]

La celebración del bicentenario de la independencia acontece en Costa Rica en el marco de una situación crítica de carácter multidimensional. La pandemia del Covid-19, que despuntó en el país en marzo de 2020, aún estará presente para el año 2021. Las repercusiones de la situación provocada por la crisis sanitaria y el tiempo que tardará en ser superada son todavía inciertas. La única certeza posible que de momento se puede tener es la de que la sociedad costarricense habrá sido afectada por una coyuntura de crisis cuyos alcances no se reducen a la cantidad de muertes provocada por el virus ni a los costos económicos que la batalla por el control de la pandemia haya representado para el sistema de salud y para el país en general.

Las afectaciones de la pandemia Covid-19 son múltiples en diversos sentidos: económicos, sociales, políticos, culturales y, desde luego, educativos. En lo económico, tras medio año de crisis sanitaria que se cumple al mes de septiembre de 2020, la tasa de desempleo en el país prácticamente se duplicó con respecto a la que se tenía a inicios de año: de 12,5% que registraba al primer trimestre de 2020, dicha tasa pasó a 24,4% para el segundo trimestre. Este incremento del desempleo afecta en mayor medida a las mujeres, las cuales, en el período de referencia, registran una tasa de 30,4%, lo que significa una diferencia negativa de 10,4% con respecto al desempleo de los hombres, que es de 20%. (INEC, 2020).

El subempleo, por su parte, alcanzó un incremento de 10,3% entre el segundo trimestre de 2019 y el mismo trimestre de 2020. Las proporciones de distribución entre mujeres y hombres son de 20,5% para ellas y de 20,6% para ellos. La pandemia ha significado pérdida del empleo sin posibilidad de reintegro, reducciones de la jornada laboral y de los ingresos para un sector de quienes aún conservan el empleo, así como cancelación parcial o total de operaciones para sectores que se dedican al trabajo independiente o por cuenta propia y para pequeños negocios de servicios. Estos últimos registran con una afectación del 68,5%. (INEC, 2020).

Si se tiene en cuenta que, para el año 2019, se tenía en Costa Rica una tasa de pobreza del orden del 25,70%, los datos anteriores colocan al país en una deriva hacia la pobreza y la pobreza extrema que abarcará a muchos otros hogares más, los cuales quedarán sin perspectivas de poder salir de dicha condición ni siquiera en el mediano plazo. La situación se agrava aún más, al tener en consideración que, entre los hogares en condición de pobreza, el 48,4% de ellos tiene una jefatura femenina y son familias con más integrantes de lo que son los hogares no pobres. (INEC, 2019). Esta es una situación que erosiona las bases de la democracia y que coloca a la sociedad costarricense a las puertas de una desintegración social de alcances muy peligrosos para la estabilidad del bienestar común y para la convivencia social.

En lo que a la educación corresponde, el impacto de la pandemia también deriva en la configuración de una situación compleja y crítica para un amplio sector de la población estudiantil del país. Una vez iniciada la crisis sanitaria, las autoridades del sistema educativo dispusieron establecer la modalidad de educación virtual, en un contexto de realidad nacional en el que las desigualdades sociales y los niveles de pobreza confabulan en perjuicio de una proporción significativa de la población estudiantil. A finales de mayo de este año, por ejemplo, el Ministerio de Educación Pública (MEP) informaba acerca de la existencia de una cuarta parte del estudiantado nacional que no contaba con acceso al servicio de internet para atender la educación virtual. (Ruiz, 2020).

En este aspecto, es bien probable que, al finalizar el curso lectivo de 2020, la proporción de estudiantes que, tanto por la afectación económica que ha habido en sus hogares y a título personal, la pérdida de capacidad adquisitiva para pagar servicios telefónicos y de internet, lo mismo que por la inexistencia de cobertura de la conectividad, hayan debido abandonar los estudios y, con ello, quedar en una complicada situación de rezago. Pérdida de oportunidades para estas personas y pérdida de capacidades para el país y para la sociedad en su conjunto.

Sin embargo, más allá de la coyuntura de crisis que ha traído la pandemia, todas estas situaciones de inequidad, exclusión, desigualdad social, pobreza y pobreza extrema, son resultado del modelo socioeconómico establecido en el país desde hace cuatro décadas. La crisis de la pandemia solo ha venido a ponerlas a plena luz del día y a ampliarlas y profundizarlas. Se trata de una situación, no ya de crisis coyuntural, sino estructural y sistémica. Crisis que colocan al país y a la sociedad en una encrucijada de toma de decisiones urgentes e impostergables, a nivel de las políticas públicas y en las dimensiones económica, social, política, institucional, cultural, educativa.

¿Qué tipo de país tendrá que seguir siendo Costa Rica de aquí en adelante? ¿Se podrá dejar atrás cuatro décadas de un modelo socioeconómico que ha profundizado la inequidad, la exclusión, la desigualdad y la injusticia social? ¿Podrá servir la celebración del bicentenario de la independencia para hacer un esfuerzo nacional por regresar a los principios y a la salvaguarda de la institucionalidad de la democracia, tal como quedó establecido en la Constitución Política de 1949?

En vísperas de la celebración del bicentenario de la independencia, bajo el agobio que representa la crisis múltiple de la pandemia (crisis económica, social, institucional, cultural), la sociedad costarricense hoy se enfrenta al imperativo y a la necesidad de proceder a realizar una refundación del país. Una refundación en la que se tenga como eje central generar condiciones de vida digna y de bienestar social para todas las personas y para los distintos sectores sociales que conforman la sociedad.

Referencias bibliográficas

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2019). Encuesta nacional de hogares julio 2019: resultados generales. San José: INEC. Recuperado de: https://www.inec.go.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/reenaho2019.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2020). Encuesta continua de empleo al segundo trimestre de 2020. Resultados generales. San José: INEC. Recuperado de: https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/reeceiit2020.pdf

Ruiz, Paula. (2020). MEP detecta 250 mil estudiantes sin acceso a internet para recibir educación virtual. El Observador, 27 de mayo de 2020. Recuperado de: https://observador.cr/noticia/mep-detecta-250-mil-estudiantes-sin-acceso-internet-

[1] Instituto de Investigación en Educación (INIE), Universidad de Costa Rica, 14 de septiembre de 2020.

Nuestra Independencia. Algunos elementos a tener presente este día

Óscar Madrigal

La Independencia es un acto que se caracteriza por dos elementos: pasar de ser una colonia de un imperio a ser una Nación y sus habitantes que pasan de ser súbditos a ser ciudadanos. Esas son las características del proceso independentista.

En Costa Rica por las particularidades que tuvo nuestra Independencia, la formación de la Nación y la Ciudadanía tuvieron un proceso de constitución de alrededor de unas dos décadas hasta 1841 donde el Estado logró consolidarse y definirse en sus líneas generales. La formación del Estado costarricense fue configurada por la naciente oligarquía cafetalera, que conforma una burguesía y que plantea el desarrollo de un modelo de desarrollo capitalista.

Tanto en la Independencia en 1821 como en la creación del Estado en 1841, la Nación que surgía a la vida tuvo que ser llenada de contenido. Los contenidos principales de ese Estado se pueden resumir de la siguiente manera:

A-. De hombres blancos
B-. De propietarios
C-. De católicos

La nueva Nación otorgó derechos solo a los hombres, pero no a las mujeres; a los blancos, pero no a los indígenas, negros o esclavos; a los propietarios, pero no a los peones agrícolas, artesanos o campesinos pobres; a los cristianos, especialmente a los católicos, pero no a otras minorías.

Es Estado fue representante de los hombres blancos, propietarios y católicos. A este prototipo se otorgaron todos los derechos, aunque no al resto de los habitantes del país.

La Ciudadanía que, en consecuencia, se formó fue negada a las mujeres, a los indígenas, negros, esclavos y a los que no poseían bienes patrimoniales. Los ciudadanos costarricenses fueron una pequeña minoría que gobernaba principalmente para ellos en detrimento de esos amplios sectores de la población.

La democracia fue, además, una democracia mutilada, reducida solo para ese pequeño círculo de poder de hombres blancos, propietarios y católicos. El resto de la sociedad no eran ciudadanos con el pleno goce de sus derechos.

El nuevo Estado creó una ciudadanía y democracia mutiladas. El capitalismo no nos trajo la democracia.

Tampoco la independencia creó una sociedad homogénea como algunos afirman, en relación con una sociedad donde la inmensa mayoría fueron pequeños propietarios por lo general pobres. Nunca existió en Costa Rica una sociedad homogénea, ni siquiera en la Colonia, porque siempre existieron los pobres (aunque sean los más pobres de los pobres), los negros, los mulatos, los pardos, los indígenas o los esclavos. (Los esclavos fueron determinantes en la producción de cacao que permitió la acumulación primitiva de capital que luego facilitó la explotación cafetalera).

El hecho es que la independencia fue generando una sociedad cada vez más diferenciada, estratificada, con una clase cafetalera oligárquica minoritaria sobre unas mayorías asalariadas empobrecidas.

La Independencia generó los derechos individuales de libertad personal en muchos campos para un grupo selecto, pero no así los derechos sociales que tuvieron que tardar casi un siglo para empezar a gestarse.

La Independencia generó la conciencia individual pero no la conciencia social, no solo de clase sino de pertenencia a grupos o comunidades. Los derechos sociales con plena madurez y fuerza empezarán a manifestarse en el segundo siglo de Independencia.

Durante el Primer siglo de Independencia se logró consolidar el Estado capitalista y luego la República y mantener el carácter independiente de la Nación en la guerra del 56. La influencia de la Religión Católica a lo largo de los primeros 60 años fue determinante y representó un gran poder, pero fue llevada casi hasta la nulidad con las reformas liberales; la democracia logró algunos pocos avances con las ampliaciones del sufragio.

El primer siglo de Independencia es el de la consolidación del modo de producción capitalista fundamentado en la producción y exportación de café, de una oligarquía cafetalera que se proyectará hasta nuestros días, consolidada a través de gobiernos sustentados en una democracia muy restringida, limitada únicamente a hombres blancos y propietarios. La consolidación de ese modelo se hizo a base de autoritarismo y límites democráticos para las amplias capas sociales del país.

El día después

Arnoldo Mora Rodríguez

El título de este artículo evoca uno similar de una película, que trata de imaginar lo que sería el mundo unos días después de que la humanidad sufriera una hecatombe nuclear. Para evitar ese desolador panorama, he pergeñado algunas reflexiones que, partiendo de la premisa de que, si bien se reconoce que nada después de esta pandemia será lo mismo, tampoco tiene porqué ser peor, sino todo lo contrario; pero, para ello se requiere que tomemos conciencia lúcida del papel que ahora nos corresponde asumir.

La pandemia que hoy (pre)ocupa a la humanidad entera, haciendo que ponga todos sus recursos científico-tecnológicos más avanzados y sofisticados, invierta ingentes recursos económicos, readecúe a las exigencias del momento sus prácticas políticas y cuestione el “orden“ jurídico con que ha regido las relaciones de poder en el ámbito público, por no hablar de los cambios radicales y vertiginosos en los valores que determinan la vida privada y el universo cultural y axiológico, tiene su origen en el ámbito biológico con repercusiones graves e irreversibles en la salud de la población; pero afecta, en no menor medida, las estructuras económico-sociales y el ejercicio del poder político. Estamos, en consecuencia, ante una profunda ”revolución” en todas las dimensiones de la vida humana; un nuevo hombre está a punto de surgir de la actual crisis con la rapidez propia del actuar humano, mayor que la que caracteriza a los procesos evolutivos de la Naturaleza; el ser humano posee un tiempo que rige los acontecimientos de la historia de la humanidad, que es significativamente más veloz que aquel que ha creado la Naturaleza para llevar a cabo los saltos cualitativos que jalonan las etapas de la evolución.

Pero lo grave de estas diferencias entre uno y otro proceso, es que nuestra mente está hecha para reaccionar según los ritmos de la Naturaleza, dado que nuestro cerebro es el creador de la cultura, pero es producto de la evolución; hay aquí una especie de esquizofrenia, que actualmente constituye una enfermedad tan perniciosa como la que causa en la salud orgánica la covid-19. De ahí que lo más urgente hoy en día es, no sólo lograr lo más pronto posible una vacuna eficaz y fácilmente accesible a todos los pueblos del mundo, sino también tomar lúcida conciencia de que estamos ante uno de los más radicales y vertiginosos cambios de la historia en todos los ámbitos del quehacer humano, provocados por el propio homo sapiens gracias al poder que le confiere la revolución científico-tecnológica de los últimos cinco siglos.

A fin de convertir esta crisis en un trampolín que nos posibilite dar un salto cualitativo, debemos usar el poder político que hoy emplea un tanto irresponsablemente el ser humano. Para ello, pienso que lo primero que debemos hacer es tomar conciencia de que el retorno al status quo, es decir, a la situación como la que vivía la humanidad antes del inicio de esta pandemia y que dio origen a la misma, no es dable. La dialéctica que rige los procesos históricos, se inspira en la conciencia del tiempo concebido como instante, entendiendo por tal la condición única e irrepetible del devenir en su dimensión cuántica; el reloj que marca el trascurrir del tiempo no tiene marcha atrás, es un modelo de vehículo que no tiene reversa; en consecuencia, sólo nos cabe planificar nuestro futuro asumiendo nuestra libertad tal como la concebían San Agustín y Leibniz, esto es, como la opción inspirada en criterios axiológicos, cuyo único fin es la procura de la convivencia humana, concebida ésta como algo más y mejor que el instinto gregario con que se rigen los primates; lo cual significa pasar de la sobrevivencia a la convivencia, hacer que la vida social propicie una experiencia comunitaria; no olvidemos que “comunidad” tiene su raíz etimológica en el término “común”, lo cual significa que los bienes producto de la acción humana tienen un fin común, están llamados al disfrute de todos; en consecuencia, la única razón de ser del ejercicio del poder político es contribuir eficazmente a crear las condiciones objetivas (instituciones) y subjetivas (educación) de una sociedad justa, equitativa y solidaria para todos y cada uno de los miembros de la sociedad. Tradicionalmente la filosofía reduce estos valores supremos a tres: la verdad, el bien y la belleza; lo cual equivale a decir que el saber, sobre todo el derivado de la aplicación del método científico, tiene como finalidad la procura del bien y el disfrute del placer estético.

Cómo lograr hacer realidad esta utopía en respuesta a la crisis que nos agobia, es tarea que a todos nos incumbe. Para ello, debemos poner desde ya los cimientos de un nuevo orden mundial. Pero no debemos pretender hacer tan descomunal tarea si no comenzamos por poner orden en nuestro entorno más cercano; si queremos cambiar el mundo, debemos comenzar por cambiar nuestro propio país. Concretamente, en el caso de Costa Rica el mayor logro de nuestra historia ha sido la creación del Estado Nacional en el siglo XIX y la alfabetización de la mayor parte de la población, gracias a las reformas liberales en las décadas que van de ese siglo al siguiente. A partir de entonces, vendría la creación del Estado de Derecho llevada a cabo por la generación del Olimpo y luego la forja del Estado Social, propuesta por el Partido Reformista del General-sacerdote Jorge Volio y realizada por la alianza entre el Presidente Calderón Guardia, el Arzobispo Víctor Manuel Sanabria y el líder del Partido Comunista Manuel Mora Valverde. Todo lo cual culminó en la creación de la II República, liderada por José Figueres Ferrer e inspirada en el ideario del Centro de Estudios para la Realidad Nacional, creado bajo la guía de Rodrigo Facio. Gracias a este largo e inspirador proceso, en el cual intervinieron los más ilustrados e influyentes sectores políticos, se emprendió la modernización de la sociedad costarricense; proceso liderado por un fuerte y creciente Estado Nacional, que propició el ascenso de una clase media formada profesionalmente por la Universidad de Costa Rica, reformada por el Rector Rodrigo Facio.

Lo anterior se hizo posible gracias al surgimiento de una poderosa clase media, que hasta 1985 mantuvo una fuerte alianza con los sectores oligárquicos tradicionales. Concretamente, fue en la primera Administración de Oscar Arias que la oligarquía criolla se propuso asumir en solitario el monopolio del poder; desde entonces, la clase media ha venido sistemáticamente siendo despojada de todos sus logros, se ha visto sometida a un proceso implacable de empobrecimiento y precarización. Debido al ascenso de sectores urbanos de ideología socialdemócrata, que desplazaron a la alianza socialcristiana-socialista de la década de los 40s., los más importantes de esos logros se mantuvieron. Hoy, para mantener esas conquistas y no precipitarnos en el caos y la violencia desenfrenada que han sufrido países vecinos, se impone forjar otro contrato social por parte de un nuevo sujeto histórico, que sea configurado por la alianza estratégica entre las capas medias, los propietarios pequeños y medianos, el sector agrario, profesionales independientes, funcionarios y empleados públicos y las clases populares. La mencionada alianza sólo se logrará si los sectores sociales, sobre cuyos hombros la oligarquía pretende cargar la crisis global que hoy sufre nuestro país, asumen un papel protagónico.

La pandemia no ha hecho sino poner en evidencia la crisis de hegemonía, que tradicionalmente ha asumido la alianza de la oligarquía con el capital trasnacional, en el que recientemente la despótica oligarquía centroamericana afincada en nuestro país, tiene un papel significativo. Hoy se impone, como un imperativo histórico de nuestra democracia, poner los cimientos para crear la III República basada en la alianza de los sectores medios y populares. Se encaminan en ese sentido pasos como los dados con la firma de un documento dirigido a los diputados y que es encabezado por el Arzobispo de San José; aunque todavía no estamos cerca de lograr la meta de construir una mejor y más sólida democracia, debemos ver en esos gestos los primeros pasos de ese anchuroso y esperanzador camino también. Las reformas deben comenzar por incidir en una mayor justicia distributiva y tributaria. Las oligarquías criollas, como en 1948, deben pagar el costo de la reconstrucción de la economía y no los sectores populares y medios. Si la minoría plutocrática no quiere entender que deben asumir el peso mayor de la reconstrucción del país, deben saber que, con ello, están atizando un estallido social como nunca lo ha vivido el país; con lo cual todos perderíamos, pero ellos mucho más; porque sería encender una chispa cerca de un barril de pólvora; está en sus manos ceder en aras de la justicia social, porque las dinámicas de las reformas sociales no permiten retrasos. No podemos retroceder a la Costa Rica anterior a 1940.

Para lograr sus objetivos, los sectores populares deben forjar un frente patriótico en vistas a realizar un programa mínimo, que suscite el consenso mayoritario de todos los sectores objetivamente afectados por esta crisis global y planetaria que hoy golpea, con no menor dureza, a nuestro propio país; todo teniendo como meta, no sólo soluciones de momento, sino igualmente reformas que consoliden y profundicen nuestro mayor logro histórico: el Estado Social de Derecho. Para ello debemos comenzar por defender a ultranza las instituciones que han demostrado ser los pilares de nuestra democracia, como son la Caja Costarricense del Seguro Social, los bancos estatales, la educación pública, especialmente las universidades a quienes debemos, no sólo la formación de profesionales competentes y honestos, sino la investigación científica en su totalidad, cuya importancia ha quedado de manifiesto hoy más que nunca y todo el sector público hoy tan injustamente denigrado. A los partidos políticos que se opongan a este plan de reformas, el pueblo soberano debe pasarles la factura en las próximas elecciones. Por su parte, las organizaciones populares deben dar prioridad a la formación de cuadros y dirigentes locales, en vistas a la formación de la conciencia cívica de los más amplios sectores y de la conquista de la conciencia ciudadana. Las proclamas de Juanito Mora y las enseñanzas de D. Joaquín García Monge, nos convocan a esta cita con la historia. Porque el mañana ha comenzado ya.

Enfoque sobre elección en UCCAEP

Juan Carlos Durán Castro, secretario de Seguridad Social de la Confederación de Trabajadores Rerum Nocarum nos ofrece su lectura de la elección de presidencia realizada en la Unión de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP). Le invitamos a escuchar su análisis.

“Hace falta una mirada más PYME en la toma de decisiones”

Comunicado

El Movimiento Ciudadano Nacional que agrupa a las pymes de Costa Rica estima que hace falta una mirada más PYME en la toma decisiones.

Somos el sector más eficiente de la economía: según el INEC hoy podemos decir que somos 400 mil empresas que generamos 680 mil puestos de trabajo, 371 mil personas en trabajo independiente.

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) aportamos a Costa Rica un 47% del empleo total y el 30% del PIB (producto interno bruto.)

Las PYMES representamos el 95% del parque total en el país. Es por esto que el Movimiento Ciudadano Nacional, que agrupa a las pymes de Costa Rica, tiene como objetivo visibilizar el peso que tiene nuestro sector y trabajar de la mano con los tres poderes de la república a la hora de implementar políticas públicas.

La crisis que provocó el Covid-19 evidenció que no hay una mirada PYMES, que se requiere impulsar este sector económico y productivo y analizar cómo el Gobierno ha distribuido los recursos a este sector.

Las PYMES debemos tomar conciencia de lo que somos, del lugar que ocupamos y de la necesidad de unir esfuerzos para desplegar todo el potencial de Costa Rica.

Invitamos a las PYMES a sumarse al Movimiento Ciudadano PYMES Costa Rica. Pueden unirse a este grupo de WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/LMrIYxXZHEC9AuF8ER2FTi

¡Llego la hora de las PYMES!

Chile: ¿Medio siglo después, los latinoamericanos aprendimos algo de aquella tragedia histórica?

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense

La avalancha de lugares comunes, de frases acartonadas repetidas hasta el cansancio, la repetición de verdades a medias, o de mentiras a lo sumo piadosas, el encierro dentro de las percepciones colectivas de nuestro entorno, propias de algunos grupos o clases sociales o de los “patriotismos” adscritos a los estados nacionales, las que nos impiden –por así decirlo- ver más allá de nuestra propia nariz, conforman un conglomerado de equívocos y sinrazones inconmensurables, las que han terminado por petrificar e imposibilitarnos la asunción del “recuerdo” de un acontecimiento histórico determinado, como algo que vaya más allá de los mitos o de las profecías autocumplidas o no, acerca de la imposibilidad de escapar a la fatalidad de un cierto destino “histórico” que nos acecha, sin importar lo que hagamos o dejemos de hacer, llevándonos en muchos casos a sumirnos en las más inútiles y esterilizantes lamentaciones. Sucede así que el hecho histórico, en su especificidad, es por lo general asumido de manera fragmentaria, dentro de la óptica de un cierto presentismo y de una ubicuidad espacial a ultranza que nos impiden captar el sentido y la presencia de poderosas corrientes sociales, las que van mucho más allá del hecho en sí mismo, y que actúan como poderosos ríos subterráneos que amenazan con arrasar cualquier esperanza para una acción, de verdad revolucionaria en términos de la praxis y  de la forja del conocimiento, a partir del cual aprendamos de verdad de las enseñanzas implícitas en los acontecimientos históricos, conduciéndonos a retomar los caminos de la acción y la rectificación de lo actuado en cierta coyuntura, recuperando la memoria de nuestros muertos y de nuestros combatientes, aún en medio de la desesperanza, destacando el sentido de esas luchas para que no terminen siendo cooptadas para los intereses de unas clases dominantes que no han cesado de vencer (Walter Benjamin, dixit, sexta tesis sobre la historia).

La conmemoración de los cincuenta años del triunfo electoral de la Unidad Popular Chilena (el 4 de septiembre de 1970) y de los trágicos acontecimientos, acaecidos tres años después, exteriorizados en un primer momento por la brutal naturaleza del golpe militar del 11 septiembre de 1973, con el  que se puso fin al gobierno del presidente Salvador Allende (los mil días de la Unidad Popular Chilena) y se dio inicio a una era, no sólo de terror y de muerte masivas,  sino también de una reingeniería social retrógrada con pérdida de las conquistas sociales y económicas, alcanzadas tras décadas de duras luchas de la clase trabajadora, no sólo en Chile, sino en el resto de los países de la región( Argentina, Uruguay, Bolivia, Brasil, Paraguay, Perú y Ecuador), debe ir acompañada de un cuidadoso análisis de lo que en efecto ocurrió. Sin dejar de destacar la importancia de los hechos del 11 de septiembre de 1973, ubicándolos en su contexto nacional y dentro de la especificidad de la historia chilena, no podemos dejar de insistir en que se trató apenas de una parte de un evento histórico de más larga duración, y con alcances geopolíticos que trascienden con mucho los hechos luctuosos, tanto de aquel día como de los terribles años que siguieron. El golpe militar en Chile, considerado desde una perspectiva más amplia, fue apenas una parte de una contrarrevolución global y regional que se tradujo en el Plan Cóndor y cuyos orígenes pueden llegar hasta los tiempos del golpe militar contra el general Juan Domingo Perón, en el mes de septiembre de 1955 o bien, al derrocamiento del presidente brasileño Joao Goulart, en abril de 1964, con los que se puso fin a la era de los odiados “populismos” peronista y varguista en los dos países más extensos de la América del Sur.

La falta de reflexión crítica y la ausencia de una construcción de conocimiento que permitan superar (dialécticamente) esos “agujeros negros” de nuestra historia contemporánea, en todos los países de la región, siguen siendo los factores que impiden a muchas gentes de la “izquierda” mirar en retrospectiva, e intentar acercarse a lo que efectivamente ocurrió hace medio siglo, mientras otra encrucijada histórica tan temible como aquella nos envuelve ahora, sin que hayamos sido capaces aún de sacar las lecciones de lo ocurrido entonces y la importancia de dimensionarlo en sus alcances. El pico más alto de la represión en aquellos tiempos del Plan Cóndor no fue el que tuvo lugar en Chile, a pesar de lo dura que fue allí la represión, más bien fue la dictadura militar argentina, de más corta duración es cierto (1976-1983), precedida por la criminal traición de la derecha peronista, la que marcó el exterminio de toda una generación de jóvenes revolucionarios e importantes líderes y militantes de las organizaciones de la clase trabajadora, con más de treinta mil detenidos desaparecidos, además de que la Argentina fue desindustrializada en beneficio del capital financiero y de los intereses imperialistas durante esos años, tal era el odio hacia la clase obrera que tenía la vieja oligarquía rural en el país situado al otro lado de la Cordillera de los Andes. Empecemos por la verdad y un dimensionamiento más aproximado de lo ocurrido para empezar a marchar de nuevo, tal vez a la manera de Sísifo pero esperanzados y poniéndole cara a la realidad.

Observando los primeros cien días … Cantón Central de Cartago

Observatorio Ciudadano Municipal

Durante los primeros cien días del Gobierno Local del Cantón Central de Cartago, no podemos dejar de lado que alfabetizar la ciudadanía, en temas medulares propios del quehacer municipal a nivel nacional, es de verdadera importancia lo que nos brindará las herramientas para lograr nuestro objetivo: el análisis de la gestión municipal para lograr la transparencia y la probidad. Debemos empezar por entender la naturaleza y la sustancialidad de los gobiernos locales, o sea, ¿qué es el gobierno local?, mediante su normativa expuesta en el Código Municipal hasta leyes complementarias como la Ley General de Control Interno, la Ley de Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, La Ley de Contratación Administrativa y su reglamento, La ley 8839 Residuos Sólidos y por supuesto la Ley Anticorrupción.

Nuestros representantes deben demostrar la capacidad y preparación para el análisis y la toma decisiones, cada voto negativo o positivo debe acompañarse del análisis correspondiente, su justificación y argumentación. Las grandes políticas, los grandes derroteros, los grandes desafíos para sacar nuestro cantón adelante deben demostrarse que existen. Que haya claridad en los roles de un órgano deliberativo que analiza, evalúa y tomo decisiones en pro del desarrollo del Cantón y direcciona de forma correcta el accionar del rol ejecutivo y administrativo. Aquí no deben dejarse de lado los principios de gobierno corporativo, trabajando en ese desarrollo social, político y económico del Cantón dejando a un lado intereses que distancian la labor transparente. Hoy más que nunca y debido a la grave situación que enfrenta el país la cohesión del Consejo Municipal, en el análisis claro, con conocimiento y argumento, será de vital importancia en la toma de decisiones.

Todo lo anterior no será posible si el ciudadano no dimensiona la responsabilidad que se le encomienda en los Artículos 9 y 11 de la Constitución Política de Costa Rica. Donde el ciudadano entiende la responsabilidad de incidir en la toma de decisiones que oriente el uso correcto de la institucionalidad en pro de sus necesidades. Una ciudadanía proactiva y propositiva de sus necesidades, que entienda el quehacer de los representantes que ha elegido para la administración e inversión de sus recursos y que de igual forma formula el proceso de rendición de cuentas para corroborar el impacto y el buen uso de esos recursos. La transparencia en la gestión será el punto de observancia, la ignorancia no nos convertirá en cómplices de lo incorrecto y las malas prácticas que han tratado de formar parte de la cultura institucional.

Ciclo de debates Pandemia y Trabajo Social: reflexiones y comprensiones

La Asociación Latinoamericana de Enseñanza e Investigación en Trabajo Social invita a participar de esta sesión del ciclo de debates Pandemia y Trabajo Social: reflexiones y comprensiones.

En esta oportunidad se analiza el tema Vulnerabilidades y resistencias sociales asociadas con la pandemia.

Participantes:

Lewis León, Universidad de Cartagena, Colombia
Hannia Franceschi, Universidad de Costa Rica, Costa Rica
Marisa Mesina, Instituto Vasco de Quiroga. México
Jorge García, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú
Olga García, comentarista, AMIETS, México

Viernes 11 de setiembre a las 5 de la tarde

https://www.facebook.com/bivits/

Biblioteca Virtual de Trabajo Social

Sala Constitucional rechaza pretensión contra pueblo de Térraba

La Sala Constitucional declaró “sin lugar” el recurso interpuesto por Angie Gabriela Durán Granados contra Elides Rivera Navas, Pablo Sibar, Robert Alexis Morales Villafuerte, Roxana Figueroa Calderón y Vinicio Navas Nájera.

Durán Granados alegó que “su familia tiene más de 45 años de vivir en el lugar y son propietarios de una soda ubicada en una parte de la casa en la que residen”. Reclama que “desde siempre se han abastecido de agua de la naciente de una quebrada cercana a la vivienda, tanto para consumo, como para limpieza, riego y el cuido de los animales que tienen”. Dice que la toma de agua fue dañada por las personas a quienes acusa. Añade que, “si bien la naciente se encuentra dentro del territorio indígena”, el Estado se reservó los ríos, quebradas, el subsuelo y caminos públicos.

Por su parte la representación del pueblo brörán respondió que “no es totalmente cierto que los y las accionases residen de manera permanente en este lugar”. Detallaron que el terreno en disputa está totalmente comprendido dentro del Territorio Indígena de Térraba y que la recurrente Hilda Valentina del Carmen Granados Solís desarrolla distintas actividades en el área tales como bar, restaurant y cabinas, cancha de fútbol y peleas de gallos.

Asimismo, indicaron que Granados “metió un tractor de oruga en la rivera del Río Grande de Térraba para remover vegetación y tierra, realizando daños ambientales y de patrimonio cultural en un sitio arqueológico, por lo que el MINAET, SINAC y el Museo Nacional tuvieron que intervenir dichas acciones destructivas”. Agregaron que el territorio en disputa ha sido ocupado de manera irregular ya que este forma parte del Territorio Indígena de Térraba y mediante Ley Indígena No. 6172, no es permitida su posesión ni su explotación por parte de personas no indígenas, como lo son en este caso las personas accionantes.

El testimonio del grupo representante de la comunidad de Térraba añade que “no es cierto que el agua solamente la requieran los amparados para las necesidades vitales de la familia, pues se usa para atender la chanchera, el restaurant y cabinas, para riego y todo lo demás que conlleva la operación de su negocio que está en ampliación.

Esta comunidad indígena es beneficiara de las medidas cautelares 321/12 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y peticionarios del caso 14026 ante esa misma comisión; así lo hicieron notar en su respuesta a la acción de Granados.

La Sala Constitucional señala que en el Juzgado Agrario de Buenos Aires se tramita un proceso sobre la posesión del territorio, además, que el 31 de julio del 2020 un arqueólogo del Departamento de Antropología e Historia del Museo Nacional de Costa Rica dirigió a la Fiscalía de Buenos Aires una denuncia contra Hilda Granados Solís por, supuestamente, realizar trabajos de nivelación en un terreno ubicado en el lugar indicado en este amparo en donde existe evidencia arqueológica de actividades domésticas y funerarias indígenas.

La Sala indicó que al no darse los requisitos de admisibilidad y al existir un proceso en la vía agraria el amparo no resulta procedente.

La Sala Constitucional declaró “sin lugar” el recurso interpuesto por Angie Gabriela Durán Granados contra Elides Rivera Navas, Pablo Sibar, Robert Alexis Morales Villafuerte, Roxana Figueroa Calderón y Vinicio Navas Nájera.

Durán Granados alegó que “su familia tiene más de 45 años de vivir en el lugar y son propietarios de una soda ubicada en una parte de la casa en la que residen”. Reclama que “desde siempre se han abastecido de agua de la naciente de una quebrada cercana a la vivienda, tanto para consumo, como para limpieza, riego y el cuido de los animales que tienen”. Dice que la toma de agua fue dañada por las personas a quienes acusa. Añade que, “si bien la naciente se encuentra dentro del territorio indígena”, el Estado se reservó los ríos, quebradas, el subsuelo y caminos públicos.

Por su parte la representación del pueblo brörán respondió que “no es totalmente cierto que los y las accionases residen de manera permanente en este lugar”. Detallaron que el terreno en disputa está totalmente comprendido dentro del Territorio Indígena de Térraba y que la recurrente Hilda Valentina del Carmen Granados Solís desarrolla distintas actividades en el área tales como bar, restaurant y cabinas, cancha de fútbol y peleas de gallos.

Asimismo, indicaron que Granados “metió un tractor de oruga en la rivera del Río Grande de Térraba para remover vegetación y tierra, realizando daños ambientales y de patrimonio cultural en un sitio arqueológico, por lo que el MINAET, SINAC y el Museo Nacional tuvieron que intervenir dichas acciones destructivas”. Agregaron que el territorio en disputa ha sido ocupado de manera irregular ya que este forma parte del Territorio Indígena de Térraba y mediante Ley Indígena No. 6172, no es permitida su posesión ni su explotación por parte de personas no indígenas, como lo son en este caso las personas accionantes.

El testimonio del grupo representante de la comunidad de Térraba añade que “no es cierto que el agua solamente la requieran los amparados para las necesidades vitales de la familia, pues se usa para atender la chanchera, el restaurant y cabinas, para riego y todo lo demás que conlleva la operación de su negocio que está en ampliación.

Esta comunidad indígena es beneficiara de las medidas cautelares 321/12 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y peticionarios del caso 14026 ante esa misma comisión; así lo hicieron notar en su respuesta a la acción de Granados.

La Sala Constitucional señala que en el Juzgado Agrario de Buenos Aires se tramita un proceso sobre la posesión del territorio, además, que el 31 de julio del 2020 un arqueólogo del Departamento de Antropología e Historia del Museo Nacional de Costa Rica dirigió a la Fiscalía de Buenos Aires una denuncia contra Hilda Granados Solís por, supuestamente, realizar trabajos de nivelación en un terreno ubicado en el lugar indicado en este amparo en donde existe evidencia arqueológica de actividades domésticas y funerarias indígenas.

La Sala indicó que al no darse los requisitos de admisibilidad y al existir un proceso en la vía agraria el amparo no resulta procedente.

Información enviada a SURCOS por Pablo Sibar.