Autor: Hector Ferlini Salazar

Se amplía alerta temprana en Térraba

Escrito en 28/07/2020. Publicado en Comunidad, Derechos.

Comunicado

Ante nuevos hechos violentos en Crun Shurin, Territorio Bröran de Térraba, al Sur de Costa Rica

A los Organismos Regionales y Universales de Derechos Humanos
A las Organizaciones, Iglesias y Movimientos Sociales que trabajan por DDHH
A la opinión pública nacional e internacional

Después de emitida la ALERTA TEMPRANA del FRENAPI el día de hoy 27 de julio del 2020 a favor de recuperantes indígenas malekus y los Pueblos Indígenas en Costa Rica, en horas de la tarde, se reportan nuevos hechos violentos que colocan, una vez más, a recuperantes indígenas en Crun Shurin bajo grave amenaza.

En horas de la tarde de hoy 27 de julio del 2020, familiares de la usurpadora Hilda Granados, ingresaron ilegalmente a la Finca recuperada, negándose a retirarse del lugar y removiendo con maquinaria pesada una buena porción de tierra y árboles en el margen del Río Escuadra, colindante con el Río Térraba.

Además de la invasión y daños ambientales ocasionados, un hombre que acompañaba a la usurpadora Hilda Granados, amenazó de muerte a los recuperantes bröran Pablo Sibas Sibas y Roberth Morales Villafuerte, amenaza que lanzó incluso jactándose de que recibiría una compensación por la muerte de ellos. Varios testigos se encontraban presentes.

En esta AMPLIACIÓN DE ALERTA TEMPRANA reiteramos la necesidad del cumplimiento de las Medidas Cautelares, establecidas por la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) el 30 de abril del 2015 (MC 321–12–2015) a favor de los Territorios de Salitre y Térraba para garantizar la vida y protección integral para las personas miembros de ambos Pueblos.

Recordamos que la solicitud ante la CIDH fue motivada por el alto nivel de violencia en los Territorios de Salitre y Térraba por el Conflicto Tierra/Territorio y la persecución contra los defensores de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, Sergio Rojas Ortiz y Pablo Sibas Sibas, compañeros de la Coordinación de este Frente. Desde entonces ambos eran objeto de actos de violencia y amenazas de muerte. Después de análisis, en el 2015 la CIDH estableció que las personas indígenas de estos Territorios “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus vidas e integridad personal estarían amenazadas y en riesgo”. A la fecha esta afirmación persiste, y queda demostrada con el más alto nivel de violencia ante el ASESINATO, el 18 de marzo del 2019, de Sergio Rojas Ortiz, Bribri de Salitre, fundador y Co-coordinador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), miembro del Concejo de Semillas Cuidadoras de la Tierra (Ditsö Iriria Ajkönúk Wákpa- CODIAW); y el ASESINATO del líder indígena Jery Rivera Rivera bröran de Térraba el 24 de febrero del 2020. Cada ASESINATO contra un miembro de los Pueblos Indígenas beneficiaros de las Medidas Cautelares.

Ante el incumplimiento efectivo de las Medidas Cautelares y la falta de voluntad estatal/gubernamental para el saneamiento territorial, responsabilizamos al Estado costarricense y al Gobierno de Carlos Alvarado Quesada por los daños ambientales sufridos, por los hechos violentos del día de hoy y cualquier otro que pudiese suscitarse en las Fincas recuperadas en los Territorios Maleku y Térraba, y/o contra nuestras/os compañeras/os y personas defensoras de nuestros derechos, solidarias con nuestra Lucha.

Ampliamos la ALERTA TEMPRANA del día de hoy 27 de julio del 2020, denunciando los nuevos hechos violentos contra las personas indígenas recuperantes de la Finca Crun Shurin. Recalcamos que la emergencia sanitaria que enfrenta el país, NO justifica la indiferencia hacia nuestros Territorios, máxime que desde mucho antes de la existencia del COVID-19, tanto nosotras/os como indígenas en Costa Rica como nuestra Madre Tierra, ya enfrentábamos la violencia sistemática que hoy persiste y aumenta.

27 DE JULIO, 2020
¡NO MAS IMPUNIDAD!
#SergioRojasVIVE
#JeryRiveraVIVE
¡LA LUCHA SIGUE Y SE EXTIENDE!
FRENTE NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS (FRENAPI)
Acompaña: COMITÉ NACIONAL DE APOYO A LA AUTONOMÍA INDÍGENA

Demandas y expectativas de jóvenes residentes en colonias empobrecidas de Centroamérica

Escrito en 28/07/2020. Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

Carlos Sandoval García

Este artículo analiza demandas y expectativas de jóvenes residentes en colonias empobrecidas de las capitales de Centroamérica a partir de cuatro temas principales: la representación del entorno local y nacional, las demandas y los deseos en torno al futuro, los medios que imaginan para alcanzar o no dichas demandas y factores sociodemográficos. Las colonias seleccionadas fueron El Limón, en Ciudad de Guatemala; Popotlán, en San Salvador; Nueva Capital, en Tegucigalpa; Jorge Dimitrov, en Managua, y La Carpio, en San José. Se parte de tres desafíos teóricos y metodológicos principales. El primero es explorar la vivencia de la política desde la exclusión social. El segundo reto se refiere a trascender la división entre estudios interesados por perspectivas analíticas, más interesados en estudios causales, y aquellos más focalizados en estudios interpretativos, cuya mirada se centra en significados. El tercer reto aspira a contribuir en la construcción de una mirada regional y comparada de las sociedades centroamericanas.

Entre los hallazgos principales, se destaca que un 37.7 % de las personas encuestadas no estudia ni trabaja; solamente un 15 % tiene acceso a la seguridad social. De las personas encuestadas, un 32 % es madre y un 13 % es padre. Un 45 % de las mujeres que son mamás lo fueron antes de los 18 años. En términos de la percepción del entorno, los principales problemas reconocidos son la delincuencia, el desempleo y las carencias de infraestructura pública. Si bien la desigualdad no se tematiza como uno de los principales problemas, cuando se consulta por la distribución de la riqueza en el país respectivo, un 73.6 % considera que es “muy injusta” o “injusta”. Este reconocimiento de la desigualdad coexiste con un arraigado conservadurismo que reconoce en el destino y la autoridad de los padres una legitimidad poco cuestionada.

Este artículo concluye que las principales expectativas y demandas de las personas jóvenes encuestadas se centran especialmente en el empleo, las oportunidades y la seguridad. Frente a estas demandas, el ciclo electoral que inició en Honduras en 2017 y finalizó en Guatemala en 2019 está lejos de ofrecer respuestas de gran calado. Ello profundiza el vacío institucional y a menudo la migración más que una elección se convierte en una obligación.

Este documento del doctor Carlos Sandoval García, compartido con SURCOS por el autor, fue publicado en la página de academia.edu con este enlace:

https://www.academia.edu/43705312/C_Sandoval_J%C3%B3venes_Centroamerica_ECA

El estudio completo está disponible para descargar en este vínculo:

Demandas-y-expectativas-jóvenes-Carlos-Sandoval-García Descarga

Imagen: https://www.tvn-2.com/

#LasVidasGarifunasTambienImportan

Escrito en 28/07/2020. Publicado en Comunidad, Derechos.

#LasVidasGarifunasTambienImportan| La Coalición contra la Impunidad invita a la Conferencia de Prensa Virtual “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, en solidaridad con la comunidad garífuna y en exigencia de la aparición con vida de los cuatro líderes garífunas que permanecen desaparecidos.

Martes 10:00 AM

Facebook Live, conéctese a través de este enlace: https://www.facebook.com/HnCCI/posts/1643943239090103

¡Las vidas garífunas también importan!

Carta abierta a las señoras diputadas y a los señores diputados – para firmar

Escrito en 28/07/2020. Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

Al final de la carta y las firmas iniciales encontrará este mismo enlace para sumar su apoyo.

Lunes 27 de julio, 2020.

Estamos a tiempo de evitar una dolorosa crisis humanitaria

Estimadas señoras y señores:

El mundo atraviesa por una situación inédita, pues a pesar de que la humanidad ha enfrentado muchas pandemias en el pasado, ninguna de las anteriores aconteció en el contexto de un grado tal de globalidad e integración comercial, tecnológica, financiera y de las relaciones humanas, como la que acontece en la actualidad.

La incertidumbre y desazón se ciñen sobre el planeta entero, mientras la esperanza de una pronta salida depende en gran medida del desarrollo de una vacuna, cuya disponibilidad inmediata resulta incierta para nuestro país. Por ello, más allá de toda duda, el sentido de unidad y solidaridad nacional deben primar en las actuales circunstancias, y nuestros actos en las próximas semanas y meses afectarán de manera decisiva a toda la sociedad, al menos por la próxima década.

Todo esto ustedes lo conocen muy bien, y no ignoramos la complejidad del trabajo legislativo, ni las discusiones en curso sobre tantos temas cruciales que exigen respuestas en el corto, mediano y largo plazo. Pero en lo inmediato, creemos que es urgente avanzar en acciones que eviten una crisis humanitaria de enormes proporciones, perjudicando con especial virulencia a las personas menos favorecidas económicamente, que seguramente son también las más afectadas por la actual situación en sus condiciones sociales, sanitarias y ambientales.

Por lo tanto, garantizar y ampliar las ayudas a la población mediante el Bono Proteger, mitigando el hambre y la desesperación que aquejan a por lo menos un millón de costarricenses en condiciones de desempleo, subempleo o informalidad, es una medida apremiante y vital; lo mismo que fortalecer la capacidad de respuesta de la Caja Costarricense del Seguro Social, institución insignia en esta lucha titánica.

El reto es cómo financiar estas medidas imperiosas. En el plazo inmediato, creemos, estos recursos deben provenir de un plan de ajustes temporales en los impuestos vigentes, así como de un acceso perentorio a financiamiento externo en las mejores condiciones posibles y sin condicionamientos improcedentes.

El ajuste de impuestos deberá ser progresivo y solidario, dirigido a generar recursos para cubrir estas necesidades inmediatas (Bono Proteger), lo que podría lograrse gravando con tasas mayores y con carácter temporal, a las personas físicas y jurídicas (de los sectores público y privado), de los tramos más altos de renta y, adicionalmente, con un tributo también temporal, mínimo, pero de amplia base, a la riqueza financiera; que pueda balancear la pérdida de ingresos y el aumento extraordinario de gastos de la CCSS. Este ajuste deberá mantenerse por el tiempo suficiente para enfrentar en mejores condiciones la grave crisis que nos agobia. Los detalles sobre ambos tributos solidarios y su capacidad recaudatoria son resorte técnico de las autoridades del Ministerio de Hacienda y del buen juicio de las señoras y los señores diputados.

Paralelo a este gran esfuerzo nacional que demanda la inmediatez de la crisis, también deben ponerse sobre la mesa las reformas fiscales estructurales que se han venido postergando por años, tanto en materia de ingresos (evasión, elusión, progresividad, exoneraciones) como de gasto público (calidad, equidad, eficacia, eficiencia); y también, los factores consabidos que afectan la competitividad y sostenibilidad de las empresas, la informalidad laboral, el gran rezago de nuestro sistema educativo público, la innovación científica tecnológica, el fortalecimiento de la democracia participativa, las diversas discriminaciones, desigualdades y exclusiones estructurales, la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, entre muchos otros.

Un dialogo nacional franco y directo sobre estos y otros temas es urgente y estamos en la mejor disposición de participar activamente en el mismo.

Como representantes electos, en ustedes recae la potestad de legislar y confiamos que lo harán con celeridad y sabiduría.

Atentamente,

Monseñor José Rafael Quirós Quirós, cédula 3 0207 0504, Arzobispo de San José y presidente de la Conferencia Episcopal.
Daniel Aisemberg Oberstein, cédula 8 0117 0803
Ana Luz Alfaro Mancía, cédula 8 0071 0645
Patricia Allen Flores, cédula 9 0039 0374
Felipe Alpízar Rodríguez, cédula 1 1049 0305
Ronald Álvarez Tamaris, cédula 6 0067 0944
Luis Felipe Arauz Cavallini, cédula 1 0486 0636
Paola Arguedas Marenco, cédula. 115200051
Jorge Arguedas Mora, cédula 1 0411 0109
María Laura Arias Echandi, cédula 1 0618 0948
Rodolfo Arias Formoso, cédula 1 0463 0271
María Luisa Ávila Agüero cédula 105480463
Rolando Barboza Mesén, cédula 104690193
Andrés Barrantes Acosta cédula 112490449
Rolando Barrantes Muñoz, cédula 5 0141 1193
Rita Benavides Sánchez, cédula 1 0814 0112
William Bolaños Gamboa, cédula 1 0625 0856
María Eugenia Bozzoli Vargas, cédula 1 0240 0633
Dionisio Cabal Antillón, cédula 1 0425 0831
Carlos Brenes Castillo, cédula 3 0194 1174
Alejandro Calderón Arias, cédula 1 1221 0644
Manuel Carballo Quintana cédula 103000515
Carlos Enrique Carranza Villalobos, cédula 302030456
Hugo Cascante Micó, cédula 6 0107 1220
Dennis Castro Rodríguez, cédula 1 1245 0190
Kristel Chacón González, cédula 1 1447 0004
José Francisco Camacho Leiva, cédula 3 0299 0664
Jorge Andrés Camacho Ramírez, cédula 4 0076 0890
Javier Cambronero Arguedas, cédula 2 0406 0127
Eva Carazo Vargas, cedula 1 0893 0621
Warner Carvajal Lizano, cédula 1 0519 0489
Nury Cartín Herrera, cédula 2 0290 0333
Sandra Cartín Herrera, cédula 2 0343 0634
María José Cascante Matamoros, cédula 1 1166 0261
Marco Antonio Castillo Rojas, cédula 301620262
Gilbert Castro Días, cédula 1 0885 0676
Victoria Chan Chan, cédula 6 0134 0801
María Marta López, cédula 1 0668 0782
María Chaves Marrocchi, cédula 1 0572 0575
Osvaldo Conejo Valverde, cédula 1 0832 0444
Jeannette Cordero Gamboa, cédula 4 0119 0233
Marinela Córdoba Zamora, cédula 3 0297 0351
Alberto Cortés Ramos, cédula 9 0675 0815
Sergio Dávila Chaves, cédula 1 0562 0642
Juan Carlos Durán Castro, cédula 1 0669 0465
Santiago Durán Mora, cédula 1 1458 0791
Julieta Dobles Yzaguirre, cedula 1 0312 0144
Grettel Elizondo Campos, cédula 1 1064 0048
Juan Rafael Espinoza Esquivel, cédula 4 0093 0258
Francisco Esquivel Villegas, cédula 6 0109 0101
Gerardo Alberto Fait Acosta, cédula 9 0085 0296
Helio Fallas Venegas, cédula 1 0346 0413
Héctor Ferlini Salazar, cédula 1 0454 0856
Patricia Fernández Bustamante, cédula 1 0468 0076
Adrián Figueroa Rosales, cédula 6 0300 0536
Elizabeth Fonseca Corrales, cédula 4 0097 0783
Miguel Gamboa Badilla, cédula 6 0179 0359
Jaime Gamboa Goldengerg, cédula 1 0622 0442
Lidieth Garro Rojas, cédula 6 0227 0142
Yamileth González García, cédula 2 0246 0555
Frank González Brenes, cédula 1 0962 0522
Rolando González Ulloa, cédula 2 0274 0540
Ernesto Guadamúz López, cédula 9 0040 0932
Ana Lucía Gutiérrez Espeleta, cédula 1 0561 0866
Edgar Gutiérrez Espeleta, cédula 1 0453 0822
Gustavo Gutiérrez Espeleta, cédula 1 0660 0352
José María Gutiérrez Gutiérrez, cédula 1 0461 0499
Juany Guzmán León, cédula 1 0831 0633
Carlos Hernández Álvarez, cédula 5 0256 0320
Virginia Hernández Esquivel, cédula 4 0097 0377
Rodolfo Hernández Gómez, cédula 3 0186 0057
María Elena Hernández Hernández, cédula 6 0135 0038
Lenín Hernández Navas, cédula 10967 0277
Xinia Herrera Quirós, cédula 1 0422 0059
Danilo Herrera Soto, cédula 4 0103 0076
José Francisco Hidalgo Solís, cédula 1 1503 0822
Juan Alberto Huaylupo Alcázar, cédula 8 0076 0805
Natalia Jiménez Carvajal, cédula 1 0620 0962
Francisco Jiménez Marten, cédula 3 0204 0600
María José Jiménez Pérez, cédula 1 1544 0169
Erika Henchoz Castro, cédula 1 0570 0927
Rafael López Alfaro, cédula 4 0149 0119
Stephenie Madrigal Blanco, cédula 1 1693 0753
Jeannette Madriz Mena, cédula 1 8880 0213
Elizabeth Martínez Hernández, cédula 1 0799 0790
Fabiana Martínez Mena, cédula 1 1672 0794
Álvaro Marenco Marrocchi, cédula 1 0307 0262
Julia Marrocchi Morales, cédula 7 0019 0955
Yendry Martínez Rivera, cédula 1 1080 0645
Madelaine Martínez Rojas, cédula 1 0602 0547
María Eugenia Martínez Rojas, cédula 1 0406 0132
Ana Gabriela Massey Machado, cédula 1 0817 0176
Pedro Méndez Hernández, cédula 1 0827 0664
Juan Carlos Mendoza García, cédula 1 0911 2096
Diana Meza Ramírez, cédula 1 1460 0500
Allan Monge Cordero, cédula 1 0776 0834
Esteban Monge Flores, cédula 1 0937 0882
Melania Monge Rodríguez, cédula 1 0537 0482
Lissette Monge Ureña, cédula 1 0404 0719
Henry Mora Jiménez, cédula 1 0512 0548
José Miguel Mora Rechnitz, cédula 1 0496 0584
Fredy Morera Mena, cédula 1 0954 0494
Glen Moya Núñez, cédula 1 0914 0760
Gladys Muñoz Núñez, cédula 2 0304 0058
Martin Murillo Córdoba, cédula 1 0498 0565
José Antonio Murillo Gamboa, cédula 4 0114 0773
Olga Murillo Gamboa, cédula 4 0126 0285
Margarita Murillo Gamboa, cédula 4 0126 0285
Marco Navarro Pérez, cédula 1 1370 0521
Ignacio Navarrete Gutiérrez, cédula 8 0055 0910
José Antonio Navarro Pérez, cédula 1 1215 0918
Steven Núñez Rímola, cédula 1 1237 0693
Dania Obando Castillo, cédula 6 0297 0125
Tatiana Otto Golovina, cédula 8 0077 0391
Nilson Oviedo Valerio, cédula 3 0397 0793
Henry Palomo Palavicini, cédula 1 0425 0415
Carlos Pentzke Pierson, cédula 8 0075 0461
Nancy Piedra Guillén, cédula 1 0586 0455
Alejandro Piedra Hernández, cédula 1 1418 0377
Carmen Piedra Salazar, cédula 1 0666 0155
Adriana Prado Castro, cédula 1 0301 0537
Rosa Julia Quesada Herra, cédula 2 0445 0291
José Rafael Quesada Jiménez, cédula 1 0510 0834
Kennedy Quirós Chinchilla, cédula 6 0414 0944
José Antonio Ramírez Aguilar, cédula 4 0147 0385
Virginia Ramírez Cascante, cédula 1 0543 0030
Ana Leonor Ramírez Montes, cédula 1 483 426
Liuber Ramírez Santamaría, cédula 6 0270 0733
Rose Mary Rodríguez Bustos, cédula 5 0158 0312
Yolanda Rojas Rodríguez, cédula 9 0912 0762
Nancy Rojas Saborío, cédula 1 1147 0469
Roberto Rojas Sojo, cédula 1 0433 0834
Francisco Robles Rivera, cédula 3 0405 0666
José Amando Robles Robles, cédula 8 0052 0054
Jorge Rodríguez Araya, cédula 3 0194 0611
Rose Mary Rodríguez Bustos, cédula 5 0158 0312
Fernando Rodríguez Garro, cédula 4 0165 0895
Elizabeth Rodríguez Jiménez, cédula 2 0385 0652
Eduardo Rodríguez Soto, cédula 1 0434 0742
Maritza Rodríguez Soto, cédula 1 0508 0437
Manuel Rojas Bolaños, cédula 1 0263 0894
Hernán Rojas Angulo, cédula 1 0526 0546
Carlos Rojas Pizarro, cédula 1 1354 0801
Carlos Alberto Rubio Torres, cédula 1 0728 0909
Patricia Salgado Muñoz, cédula 1 0418 0050
Anabelle Sánchez Castillo, cédula 6 0228 0103
María Laura Sánchez Rojas, cédula 1 0764 0264
Patricia Sánchez Gómez, cédula 3 0223 0216
Julián Solano Bentes, cédula 1 0494 0317
Ivania Solano Rodríguez, cédula 1 1092 0040
Antonio Solano Chinchilla, cédula 1 0610 0787
Liseth Sánchez Soto, cédula 1 1469 0123
Cristina Santamaría Navarro, cédula 6 0161 0193
Deyanira Sequeira Ortiz, cédula 1 0248 0675
Rosa Vargas Calderón, cédula 5 0139 1046
Mario Rojas Vílchez, cédula 4 0110 0683
José Rosales Obando, cédula 5 0133 0132
Ana Cristina Rossi, cédula 1 0407 0914
María Fernanda Saénz Chaves, cédula 1 1330 0583
Arabella Salaverry Pardo, cédula 9 0029 0602
Olman Segura Bonilla, cédula 4 0113 0272
Oscar Segura Castro, cédula 1 1060 0557
Miguel Sobrado Chaves, cédula 1 0294 0994
Edgar Torres Montero, cédula 1 0752 0899
Deyanira Torres Varela, cédula 1 1231 1930
Liseth Torres Zamora, cédula 1 1367 0821
Eugenio Trejos Benavides, cédula 9 0041 0880
Ana Tristan Sánchez, cédula 1 0513 0593
Leiner Vargas Alfaro, cédula 2 0444 0266
Calet Vargas Rojas, cédula 1 1547 0319
Luis Paulino Vargas Solís, cédula 2 0327 0373
Gerardo Vargas Varela, cédula 3 0342 0343
Heidy Venegas Walkott, cédula 1 0783 0760
Carlos Vega Rivera, cédula 1 1642 0684
Carlos Manuel Vicente Salazar, cédula 1 0390 0950
Mariela Víquez Ramírez, cédula 4 0111 0780
Edwin Zamora Bolaños, cédula 1 1020 0297
Fernando Zumbado Jiménez, cédula 1 0336 0885
Guillermo Zúñiga Chaves, cédula 4 0100 0263
Mayra Abarca Miranda, cédula 4 0135 0061
Ana Ma Acuña Chacón, cédula 1 0614 0456
José David Aguilar Agüero, cédula 4 0174 0888
Ericka Alfaro Chinchilla, cédula 1-0917-0349
Francisco Alvarado Acuña, cédula 1 0574 0689
Elsa Alvarado Artavia, cédula 1 0791 0085
Heriberto Álvarez Chaves, Cedula 5 0153 0751
Ana Isabel Arias Soto 1 0441 0802
Adriana Arrieta Torres, cédula 1-1129-0335
Jorge Artavia Rodríguez, cédula 1-0668-0483
Pedro Bastos Castro, cédula 2 0372 0155
Luis Alberto Bejarano Morales, cédula 1-0534-0649
Esteban Beltrán Ulate, cédula 1 1286 0718
Roberto Blanco Rojas, cédula 2-553-961
Guido Alberto Bolaños Soto, cédula 1 0662 0166
Hazel Bustos Guzmán, cédula 6-0296-0892
Ana Lucía Camacho Rojas, cédula 1 0435 0961
Marcela Cambronero Avendaño, cédula 4 0122 0196
Gilberth Castro Chavarría, cédula 2-0362-0252
Miriam Cordero Araya, cédula 2-0167-0338
María de los Ángeles Cordero Jiménez, cédula 1 518 231
Olga Patricia Chaves Chavarría, cédula 4 0121 0124
Robert Chaves Chaves, cédula 2 0511 0801
Élida Chaves Díaz, cédula 7-0096-0680
Nidia María Corrales Hidalgo, cédula 1-0673-0269
Juan Pablo Cruz Solano, cédula 1 1019 0569
Maribel Cubero López, cédula 1 0603 0734
Marielos de la 0 Guzmán, cédula 4.110.888
Katina R. de León Rodríguez, cédula 8-0049-0129
Esneider Esquivel Rojas, cédula 1 0890 0543
Elizabeth Fernández Gutiérrez, cédula 1 0331 0895
Ana Cristina Fernández Vásquez, cédula 1-0396-1142.
Alda Mercedes Garro Leitón, cédula 401080481
Gladys María González Cascante, cédula 1-0410-1414
Marlene González Vargas, cédula 4-0116-0855
Hermann Walter Güendel Angulo, cédula 6 0198 0584
Elena González Rodríguez, cédula 1 0333 0763
Fabricio Granados Rojas, cédula 1 0860 0085
Ana Virginia Hernández Aguilar, cédula 4 0138 0115
Guadalupe Hernández Díaz, cédula 7-0072-0050
Carlos Humberto Hernández Venegas, cédula 4 0137 0457.
Yorleni Herrera, cédula 4 0197 0461
Sara Hidalgo Navarro, cédula 2 0315 0279
Divinia Jiménez Jiménez, cédula 1 0368 0703
Roseanne Jiménez Sáenz, cédula 1 0558 0560
Alda Leitón Centeno, cédula 4 0056 0139.
Adela Marchena Cordero, cédula 6-0102-0815
Rodrigo Walter Marchena Cordero, cédula 7 0047 0919
María Gabriela Marchena Rojas, cédula 1-1054-0485
Carmen Masís López, cédula 1-0576-0894
Ana Medrano Sandi, cédula 4 0182 0326
Práxedes Mejías Carranza, cédula 5-0193-0761
Heliberto Mena Cambronero, cédula 2 0539 0925
Pbro. Gustavo Meneses Castro, cédula 2 0425 0197
Rocío Meneses Castro, cédula 2 0412 0040
Juan Manuel Miranda Chavarría, cédula: 4-0117-0987
Lot Eduardo Miranda, cédula 1-1769-0442
Katya Montenegro Elizondo, cédula 1-0764-0063
Mario Moya Berrocal, cédula 3 0391 0965
Marco Monge Rodríguez, cédula 1 0504 0152
Franklin Jesús Moya Artavia, cédula 1 1480 0433
Mayra Elena Navarro Barahona, cédula 3 0238 0273
Melissa Núñez Castillo, cédula 1-1176-0381
Vilma Ocampo Hernández, cédula 4 0132 0501
Elsie María Orozco Fonseca, cédula 4 0106 1134
Roy Pérez Salazar, cédula 1-1158-0897
Wilson Ortiz Téllez, cédula 2 0352 0176
José Manuel Pérez Villalobos, cédula 2 577 0034
Miguel Picado Gatjens, cédula 1 0354 0831
Alexis Francisco Quesada Solano, cédula 3 0225 0623
Lisbeth Quesada Tristán, cédula 1-0407-1429
Jeanneth Ramírez Montoya, cédula 9-0109-0344
Susana Ramírez Rodríguez, cédula 1 0907 0219
Julieta Ramírez Zúñiga, cédula 1-0311-0063
Ana Cecilia Rodríguez Miranda, cédula 4 0106 1386
Haydée Rojas Camacho, cédula 2 0147 0691
Giovanni Rojas Mesén, cédula 1 1192 0730
Fernando Rudín Vega, cédula 1 0484 0457
Marco Antonio Ruiz Mora, cédula 4 0104 0752
Douglas Sáenz Montero, cédula 1 0653 0272
Ana Lorena Salas Calderón, cédula 4-0133-0688
José Antonio Salas Hernández, cédula 4 0150 0643
Francisco Javier Salas Villegas, cédula 4 0236 0755
Gloriana Salas Villegas, cédula 4 0253 0090
Olga Mary Salazar Calvo, cédula 9 0063 0937
Merilyn Sanabria Hernández, cédula 3-0379-0395
María Lizette Sánchez Brenes, cédula 4 0150 0988
Marta Eugenia Sánchez González, cédula 1 0380 0770
Laura Sánchez Valerio, cédula 4 0172 0825
Désirée Segovia Fonseca, cédula
Nidia Segura Eduarte, cédula 4 0125 0176
José Manuel Ugalde Ramírez, cédula 4 0133 0643
Grace María Ulate Camacho, cédula 1 0712 0956
Ileana Ureña Salazar, cédula 1 0671 0386
Yina Virginia Valverde Chaverri, cédula 1-0728-0072
Albertina Valverde Quesada, cédula 1-0439-0273
Leda María Vásquez Aguilar, cédula 1-0720-0500
Luisa María Vázquez Camacho, cédula 1 0269 0222
Rosa Isela Vega Vargas, cédula 4-0147-0135
Xiomara Villegas Ugalde, cédula 4 0149 0211
José Luis Víquez Víquez, cédula 4-0105-0446
Magda Zumbado Segnini, cédula 4 0124 0407
Lot Rafael Miranda, cédula 159100200513

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El mensaje neoliberal: no hay plata, no hay plata…

Escrito en 28/07/2020. Publicado en Análisis, Coyuntura.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

En el capitalismo, especialmente en su versión neoliberal, predomina la acumulación creciente de la riqueza y no su distribución. No es casual que el 90% de la riqueza mundial esté en manos del 1% más rico. Y que nuestro pequeño país esté punteando en la lista de los más desiguales del mundo. Por eso, las arcas de los grandes empresarios, financistas y gobiernos neoliberales, según ellos, nunca están llenas; de ahí que el famoso rebalse para la prosperidad nunca se da.

Ello explica la preferencia, de estos sectores, por endeudarse e hipotecar el país a los organismos financieros internacionales. Es la forma de mantener a buen resguardo su alcancía o “buchaca”, no importa que se enmohezca.

Así, resulta contradictorio que mientras le recetan austeridad al pueblo en el uso de las tarjetas de crédito, y a cuenta gotas reducen los intereses de usura para proteger al sector financiero nacional, el Estado recurre al uso reiterado de su tarjeta de crédito, para favorecer al sector financiero internacional, con la complacencia de los interesados en que no toquen sus arcas, siempre “vacías”.

El mensaje retórico y altisonante de estos sectores se convirtió en un cotorreo que nos recuerda a la lorita del anuncio: no hay plata, no hay plata… Y, por supuesto, ha encontrado réplica en los principales medios de comunicación, que cada día elevan los decibeles de un discurso donde los culpables del déficit fiscal y casi de todos los males del país -solo falta que también incluyan a las víctimas de la pandemia-, son los empleados y pensionados del sector público, la clase media y los pobres que no aprenden a socarse la faja.

Asimismo, tenemos una Asamblea Legislativa que hace coro para pasar las leyes que eviten tocar las arcas de quienes sí pueden financiar el déficit fiscal y hasta atender, con generosidad, a la población más impactada por la crisis sanitaria. Una Asamblea, que ha venido vendiendo la idea de estar cohesionada para aprobar proyectos de interés nacional, algo que contrasta con la realidad de un país que está sacando la bandera blanca, para que venga el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) a salvarlo.

Lo peor de todo, es que se esté aprovechando la situación de pandemia, para impulsar proyectos de ley y medidas gubernamentales que obedecen a mandatos tácitos o manifiestos de esos organismos. Y, por supuesto, avalados por los sectores económicos dominantes.

Se constituye, así, un bloque de poder tripartito: la alianza ente el Poder Ejecutivo y Legislativo, los grandes empresarios y los medios de comunicación dominantes. Se han unido para proteger sus arcas intocables, y trasladar los costos del déficit fiscal, la deuda y las consecuencias socio-económicas de la pandemia, al pueblo de hoy y a las generaciones de mañana. Están dispuestos a vender el país, en subasta pública, con tal de no ceder en un ápice sus privilegios.

¿Dónde ha quedado la herencia de la gesta heroica de 1856, cuando nuestros compatriotas defendieron la soberanía y dignidad nacional, frente a una horda de forajidos invasores que querían convertir a nuestra patria en un feudo de esclavitud y sometimiento?

Causa perplejidad, por decir los menos, que se claudique sin sonrojo alguno, en esta hora pandémica que más bien debería elevar el espíritu de la patria digna y soberana, que nuestros próceres y mártires nos enseñaron a defender y cultivar.

El papel de limosneros es vergonzante. No hipotequemos el futuro de esta patria noble y sencilla, pero digna. Parafraseando a Pablo VI, “la dignidad es el nuevo nombre del desarrollo de los pueblos”.

Imagen: César Fernández.

Región Sur, Península de Nicoya: un territorio irredento

Escrito en 27/07/2020. Publicado en Comunidad, Derechos.

M.Sc. Rodolfo Quesada Quesada*

A propósito de la Anexión del Partido de Nicoya. ¡GUANACASTE TOTAL! Es la estrategia que orienta las acciones de la Asociación para el Rescate y Desarrollo de la Península de Nicoya el Golfo y sus Islas. Realizamos esfuerzos multidireccionales, de gestión y apoyo de iniciativas de índole variadas, orientadas a la devolución de la Región Sur; Península de Nicoya (distritos de Lepanto, Paquera, Cóbano, Isla Chira, el Golfo de Nicoya y demás islas) a la provincia de Guanacaste, al cantón de Nicoya.

Dentro de esas iniciativas destaca el recurso legal presentado en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda en Julio del 2012, contra el decreto número 20 del 18 de Octubre de 1915. Esta iniciativa fue interpuesta por don Mario Arredondo Calderón como parte de la Sociedad Civil y la Municipalidad de Nicoya, representada en su momento por el alcalde don Marco Antonio Jiménez Muñoz. El proceso legal cumplió este 17 de Julio, los 8 años y todavía no se ha dado un pronunciamiento definitivo, por parte de dicho tribunal.

Como marco histórico, el 25 de Julio de 1824 cuando el Partido de Nicoya se une a Costa Rica, no existían provincias. En 1841 con la ley de Bases y Garantías de don Braulio Carrillo Colina se divide el territorio nacional en cinco departamentos (San José, Cartago, Heredia, Alajuela y Guanacaste), en esa ley el Partido de Nicoya, es incorporado en el Departamento de Guanacaste. Para ese entonces, el Partido de Nicoya pierde su condición de Partido (provincia de segundo orden) en lo referente a división territorial; en el aspecto histórico, sigue vigente y llega hasta nuestros días como una celebración cívica patria.

En 1848 con la proclamación de la República de Costa Rica, por parte de don José María Castro Madriz, la división territorial cambia de departamentos a provincias, cantones y distritos, quedando la provincia de Guanacaste, formada por los cantones de Guanacaste, Nicoya, Santa Cruz y Bagaces. Lo que fuera el Partido de Nicoya queda legal y plenamente incorporado en la división territorial administrativa de Costa Rica, como parte de la provincia de Guanacaste. En 1854 el cantón de Guanacaste cambio su nombre por el de Liberia.

En la celebración oficial de la anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica, se pasa por alto sin mayor consideración que la Región Sur, forma parte del territorio que se anexa. Por los datos históricos esta Región como parte del Partido de Nicoya, desde su agregación y por las leyes de división territorial administrativa de Costa Rica, siempre ha pertenecido a la provincia de Guanacaste hasta 1915, con el desafortunado evento.

En ese año, el señor presidente Alfredo González Flores, subvirtiendo el orden legal establecido, emite el decreto número 20 del 18 de Octubre y la Región Sur; Península de Nicoya de la provincia de Guanacaste, pasa ilegalmente a formar parte de la provincia de Puntarenas, por decreto y no por ley como correspondía, ese es el aspecto querellado en el recurso legal interpuesto en el 2012.

Desde ese entonces y hasta la fecha, esta Región ha permanecido 105 años en una condición de territorio irredento de la provincia de Guanacaste, su redención es un asunto de decoro provincial y dignidad nacional, por el respeto que se debe a las leyes que regulan nuestra convivencia como país.

Cada año el 25 de julio en Nicoya centro, se llevan a cabo actos cívicos oficiales, que recuerdan la agregación del Partido de Nicoya a Costa Rica, fingiendo en forma pública y contraponiéndose a la historia, que la desmembración a la provincia de Guanacaste no sucedió, dejando en el olvido y en forma lastimera, el rancio abolengo histórico-cultural, orgullo del pueblo guanacasteco.

En esta celebración provincial debe quedar claro que Guanacaste y en forma superlativa Nicoya, como accionante ante el Tribunal, no están de acuerdo con la desmembración sufrida en 1915, dejando expresa esa inconformidad en cada celebración del 25 de julio, hasta que haya una resolución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, sobre el recurso interpuesto en el año 2012.

En tal condición, la Asociación que represento, hace esfuerzos en crear un espacio de memoria histórica provincial. Es tiempo de unir esfuerzos y direccionar acciones, para que las fuerzas vivas de la provincia de Guanacaste: Sociedad Civil, Municipalidades, Fracciones Legislativas, realicen una declaratoria como Territorio Irredento de la Región Sur; Península de Nicoya que evidencie la demanda del pueblo guanacasteco y de esa manera, podamos decir con orgullo y valentía ¡Guanacaste Total!

* Presidente Asociación para el Rescate y Desarrollo de la Península de Nicoy0a, el Golfo y sus Islas.

Un nuevo Pacto de Concordia, un nuevo pacto social – Las tareas inmediatas

Escrito en 25/07/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Carlos Campos Rojas

¡Ha llegado la hora…de Juanito Mora!

Así reza el bello himno, magistralmente elaborado por Dionisio Cabal.

Al igual que en 1821, cuando los ciudadanos costarricenses decidieron hacerse de la libertad y el derecho a su legítima autodeterminación, sin recursos y con opiniones incluso confrontadas, pues no sabían ni gobernarse a sí mismos, con una inesperada independencia, que enfrentaba hermanos, unos entre ser verdaderamente independientes, otros, dominados por el miedo, en cobijarse bajo un nuevo imperio, hoy, tenemos que decidir nuestro futuro.

En septiembre del año entrante, cuando se cumplan 200 años de la independencia, ellos lograron en tres meses, encontrar el camino de la solución: se prestaron al diálogo.

Así, establecieron consensos en medio de profundos disensos, sin miedo al futuro. Definieron lo que debía ser una Constitución Política que les permitiera instituir un gobierno, del pueblo y para el pueblo. Eran otros tiempos, donde la probidad y la transparencia prevalecían como principios éticos fundamentales, porque ser propuesto para un cargo de representación popular era un honor y establecía –como debe ser el sufragio- un deber.

No había espacio para la mafia política, la corrupción y la impunidad, ella apareció después.

En ese diálogo establecieron el Pacto de Concordia, es decir, un acuerdo nacional para lograr entre todos, asumir el desafío de construir patria y pusieron manos a la obra.

Desde luego, en las festividades bicentenarias que pretenden realizar desde palacio el año entrante –y de las que está excluida la ciudadanía-, estas raíces las cortaron. No convienen a los intereses que ahí se protegen. Para eso está la usurpación del poder y la red de cuido que palanganea la facción que dirige el régimen, Horizonte Positivo y la Asociación de Empresarios para el Desarrollo (AED).

Nos tienen en el caos, se aprovecharon y nos quitaron, el trabajo, las pertenencias, nuestras empresas, los emprendimientos, la dignidad, la paz. Nos tienen con la rodilla en el cuello.

Todo debemos recuperarlo. Debemos construir nuestra propia economía y mover nuestro dinero entre nosotros, el escaso que nos han dejado y multiplicarlo.

¡Tenemos que actuar ya!

Debemos ejercer el Poder del que constitucionalmente disponemos. La Constitución es nuestra guía, nuestra máxima ley, debemos hacerla valer.

A la ciudadanía nos toca hacernos del espacio de donde fuimos excluidos y que la Constitución Política nos restituyó en este julio hace 17 años, al establecer en al Art. 9, que Costa Rica es una República Participativa y que la Persona Ciudadana es el Primer Poder de la República, es El Soberano y debe cogobernar con los otros tres poderes. Debemos estar debidamente informados, dejar los chismes a un lado, para saber actuar en el marco constitucional.

Hay que ponerse a hacer, dejar de quejarse, organizarse en grupos pequeños, por barrios, a partir de personas que convoquen a quienes coinciden en la necesidad de sacar adelante este país, para debatir las soluciones y los caminos que consideramos necesarios y empezar a actuar de inmediato. Ahora podemos convocarnos de muchas formas virtuales, para actuar en nuestros entornos, enlazando un grupo con otro.

Organizarnos en lo más cercano e íntimo, encontrarnos entre los iguales, sin diferencias y siendo altamente tolerantes, dispuestos a dialogar, para construir la propuesta nacional.

No estaremos solos, debemos reconocer los aliados. Deben ser personas decentes, amantes de nuestro país, allí hay empresarios grandes, pequeños y medianos, funcionarios públicos, intelectuales, académicos, profesionales y sobre todo, personas humildes llenas de conocimiento y sabiduría.

Pero hay que tener cuidado con las rémoras políticas, los oportunistas, los que intentarán sacar provecho de nuestro esfuerzo, debemos ser implacables para enfrentarlos.

La persona ciudadana es el centro, somos la ciudadanía. Ahora debemos representarnos nosotros mismos, no permitir que nadie nos represente. Participar activamente en la toma de decisiones. Las reuniones públicas se pueden hacer guardando las normas sanitarias, con responsabilidad, pues no podemos, ni debemos, poner en riesgo nuestra salud, ni nuestra vida, todos somos importantes.

Hay que vencer el miedo y no dejarnos impresionar para seguir siendo rehenes políticos. Es un momento de situación extrema, de emergencia nacional y hay ley suficiente para no dejarse avasallar por la voracidad bancaria y las cuentas económicas.

Debemos construir nuestro nuevo Pacto Social, nuestro Nuevo Pacto de Concordia, tenemos la suficiente experiencia histórica y los métodos de organización, para lograrlo. Ya la ciudadanía demostró el pasado 17 de julio en la Segunda Actividad Nacional de Rendición de Cuentas, que se tiene metodología y capacidad.

Debemos apropiarnos de nuestra esperanza.

Debemos encontrarnos por Zoom el próximo sábado 1 de agosto. Quien desee participar, que por esta vía me lo haga saber, para indicarle la forma de incorporarse a la reunión.

¡Yo, digo presente!

Carlos Campos Rojas

25 de julio de 2020

Hacen trizas del Estado

Escrito en 25/07/2020. Publicado en Análisis, Coyuntura.

«El Estado tiene que cuidar de sus súbditos,
no producir en ellos un terror pánico
que retrotraería las cosas al estado de naturaleza, es decir,
al estado previo al acuerdo o pacto y a la guerra de todos contra todos»^[1]

Hernán Alvarado

Lo que viene sucediendo en Costa Rica es que los representantes, las autoridades electas, están siguiendo una agenda que hace trizas el Estado social de derecho y el pacto social de 1949, plasmado en la Constitución de la República.

Nacido del terror

El origen del Estado es el terror a la muerte, como lo viera Thomas Hobbes.^[2] Muchas cartas constitucionales fueron antecedidas por una guerra civil o una intensa crisis de gobernabilidad, de manera que la mayoría de las Repúblicas han nacido bañadas en sangre. Por eso, a menudo esos textos representan la verdad en armas de los victoriosos, según un pacto firmado con los derrotados. Así, pues, cada Estado emerge de una lucha cruenta, en una coyuntura crítica, y supera una situación excepcional o de violencia extrema; surge entonces como una portentosa ficción jurídica que erige el derecho como medio de pacificación.

Al derecho mismo lo sostiene, a su vez, un imaginario social, tan eficaz como que los seres humanos se dejan gobernar por creencias. En ese sentido, para Edgar Morin las ideas son entes posesivos, no solo herramientas intelectuales. No en vano Hegel creía que la idea era el sujeto absoluto de la Historia. Así que el Estado es, en esencia, social. Por tanto, no se puede destruir el «Estado social de derecho» sin destruir el Estado mismo, junto con la sociedad que le da consistencia y sustancia.

El apaciguador

Por tanto, el Estado supone una población organizada que responde a una norma representativa de un acuerdo de paz. Pero más allá de esa circunstancia implica un «ser juntos» que resulta «coesencial», es decir, una «sociación» y no solo una asociación.^[3] En suma, nadie puede sobrevivir sin el otro, porque la vida implica una coexistencia pacífica entre seres humanos naturalmente obligada cuando se habita un planeta hostil.

El Estado es la mejor respuesta a la amenaza de muerte que proviene del vecino, más que a la que proviene de extraños. De ahí que sea su característica central el monopolio de la violencia, única que se considera legítima; de manera que la soberanía del Estado descansa sobre una oferta de seguridad. Por miedo a ser asesinadas, las personas están dispuestas a sufragar una organización social que les garantice paz como bien social supremo. Entonces, la llamada seguridad jurídica no es cualquier principio, sino que está en la raíz del Estado.

Este es, entonces, una manera de lidiar con el poder que unos ejercen contra otros, en la medida en que este tiende al abuso, a convertirse en violencia material, patrimonial y simbólica. Por eso, se dice que Hobbes dio a luz, en 1651, a la «invención moderna de la razón». La razón sobre la fuerza bruta y el interés particular, para servir a la seguridad y la convivencia. Por su parte, el Pueblo, y en particular los trabajadores productivos, sostienen el Estado, por esas buenas razones. Aunque el Estado supone un orden, incluso una jerarquía, porque en última instancia es la forma organizativa que conquistó una clase dominante para imponerla a las clases subordinadas, como un mal necesario que siempre puede llegar a convertirse, sin el debido control, en un terrorífico Leviatán.

El Estado opresor

Puesto que nace como alternativa frente a una historia de luchas sangrientas, nada más terrorífico y desconcertante que los crímenes del Estado opresor. Nada peor que un Estado que viola la ley, que dirige su violencia contra alguna persona, algún grupo o contra la misma población que debería proteger. En sí mismo, es una traición a la razón moderna, una total sinrazón. La racionalidad que acompaña a ese contrasentido parece monstruosa, pues arranca de cuajo el anhelo de una convivencia basada en el respeto entre personas.

El orden arbitrario de un gobierno que en vez de abolir el miedo lo provoca, crea la estampa perversa de una organización aterradora. Como delincuente o asesino, aparece como una estructura enemiga del ciudadano, capaz de brincarse el orden jurídico. Tal es el mayor absurdo imaginable y la mayor amenaza contra la paz social. Pero el Estado se precipita así en el remolino de su propia autodestrucción, contrastando con la razón moderna que necesita la convivencia para que fluya la compra y venta de mercancías.

Según una metáfora de Franz Hinkelammert, el que dispara al prójimo recibe esa bala en la nuca, dada la redondez del mundo. Él ha subrayado que toda vida social se erige sobre un mandamiento: «No matarás»; que existe como tal por lo mucho que se le infringe. Coincidentemente, para George Bataille (1897-1962) el interdicto o mandato general es contra la violencia,^[4] porque el respeto a la vida del otro es la base de toda sociedad y el principio fundamental que todo Estado debería proteger cual esencia del valor moral y fundamento económico.

Oscuros nubarrones

En Costa Rica, resulta llamativo que una fracción de la burguesía le haya declarado la guerra a un Estado que es en primer lugar su servidor. Lo viene haciendo mediante una guerra financiera con las armas de la «ingeniería fiscal»: exenciones, moratorias, amnistías, evasiones, elusiones, colisiones, venta de activos a precio de remate y endeudamiento público. Todo un arsenal que depara ganancias billonarias a los más poderosos, pero tiene a la CCSS al borde de la quiebra y al gobierno de rodillas ante poderes fácticos, financieros y mediáticos que aseguran la acumulación, concentración y centralización del capital. Ello consolida la vergonzosa desigualdad social, mientras un coro de demagogos y populistas se rasga las vestiduras en público, como hacían antes los fariseos.

Esa guerra económica se acompaña con una guerra mediática que dispara una mentira tras otra, tendenciosamente, contra instituciones y universidades públicas, contra sus empleados y contra las personas pensionadas, aprovechándose de esa ilusión óptica que es efecto de unas redes sociales infestadas de odio e ignorancia; animadas por personas que son fácil presa de cifras, fotos, audios, noticias, trinos, memes y rumores falsos, además de argumentaciones falaces que solo muestran lo estúpidos que pueden llegar a ser nuestros prejuicios. Por dicha, son flores del mal que duran un día.

Tal como lo expone el juez de la República Andrés Retana,^[5] el caso es que se está poniendo en marcha una agenda que suprime sistemáticamente derechos laborales y humanos conquistados a lo largo de muchos años, mediante una usurpación política autoritaria que, aprovechando la pandemia, no escatima esfuerzos en quebrantar la Constitución. Asimismo, se viene perdiendo la soberanía del Estado en cada coqueteo con el FMI y la OCDE, extraviada en la ilógica de una deuda impagable y montados como vamos en el tren sin frenos de la catástrofe ecológica. Ya se sabe que quien paga la música pone al endeudado a bailar descalzo al ritmo de los martillazos de la insolidaridad. Lamentable, porque sin soberanía estamos ante una caricatura de Estado.

Por eso, el Ejecutivo y el Legislativo seguirán siendo demandados, dadas sus múltiples tentativas de quebrantar la norma superior. Les seguirá lloviendo recursos constitucionales y de amparo, así como demandas penales. Además, ya el movimiento sindical y social ha cerrado filas y ha comenzado a tomar las calles. También han comenzado las manifestaciones como las de la Coordinadora Patriótica Alajuelense Juan Santamaría. El domador del Leviatán comienza a reunir su voz como si fuera los vientos de un huracán que sopla las velas de la resistencia popular.

La ley 9796 es el mejor ejemplo de todo esto. Ella recorta de manera regresiva y violenta las pensiones medias entre 2,200 y 5,000 millones (nominales). Al mismo tiempo, no toca a las más altas, las cuales mejoran. El Presidente ha celebrado en su Facebook la entrada en vigencia de ese adefesio jurídico, para ahorrar unos 10,000 millones al año, según corrige ahora (quién sabe qué se hicieron ya 2,000 que habían anunciado), pero no podrá usarlo como pretendía la ley 9836 sin contravenir el artículo 73.^[6] Se socava así un pilar de la seguridad jurídica del Estado, lo cual representa una amenaza para todos: «A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas».^[7]

Por encima de la carta magna, el Presidente se muestra orgulloso de meter la mano en el bolsillo de cientos de personas adultas mayores a las que se ha sumido en la mayor zozobra, angustia e indignación de toda su vida, haciéndolas sentir insultadas, humilladas y perseguidas, porque han hecho añicos sus proyectos de vida. Este ataque artero del Presidente contra los adultos mayores merece quedar impreso indeleblemente en la memoria de nuestro pueblo como una acción arbitraria y regresiva contra el Estado social de derecho. En sí mismo, revela lo poco que valora don Carlos la dignidad de su puesto y la poca conciencia que tiene de lo que son derechos laborales y humanos.

^[1] Citado en la introducción de Carlos Moya a: Hobbes, T (1980) El Leviatán. Madrid: Editorial Nacional.

^[2] Ver un ineludible trabajo sobre Hobbes en: Esposito, R (2003) Communitas. Origen y destino de la comunidad. Buenos Aires: Amorrortu.

^[3] Esposito, Ibid, p. 13.

^[4] Bataille, G (1985) El erotismo. Barcelona: Tusquets editores, p. 69.

^[5] Andrés Alberto Retana Vargas (Juez de la República): «La supresión sistémica de derechos de las personas para el ingreso de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos» (OCDE). Semanario Universidad. Opinión. Julio 20, 2020.

^[6] Constitución de la República de Costa Rica.

^[7] Ibid, capítulo 34.

Vaguedades e incoherencias insolidarias

Escrito en 24/07/2020. Publicado en Análisis, Coyuntura.

Acerca de la nota enviada a autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo por un grupo de empresarios e intelectuales

Grupo Economía Pluralista[i]

Hay varios aspectos que destacamos en la nota mencionada: las inconsistencias internas del planteamiento; la vaguedad de la mayoría de sus propuestas; su énfasis en medidas que debilitarían la institucionalidad pública y agravarían la crisis; y, en contraste con lo anterior, la evidente omisión de cualquier compromiso solidario por parte de las personas firmantes.

Un planteamiento inconsistente y contradictorio

Las distinguidas personas firmantes de la nota, reconocen la existencia de “un legado histórico de brechas y dualismos estructurales”. Elogian la existencia de empresas modernas de alta productividad, en contraste con “un sector muy amplio de micro y pequeñas empresas de baja productividad y empleos de más baja calidad, cuando no precarios”. Incluso reconocen los graves problemas de desigualdad, existentes desde antes de la crisis asociada a la pandemia del Covid-19.

Aun cuando la anterior es una radiografía muy incompleta, sí deja suficientemente claro que existe una realidad de graves desbalances, fracturas y asimetrías, tanto en lo económico como en lo social. La conclusión obligatoria a que ello debería conducir, es al reconocimiento de que al país le urge replantearse a profundidad la estrategia o modelo de desarrollo. Y, sin embargo, claramente se elude reconocer tal cosa, cuando a lo sumo se propone un curso de políticas que, en lo esencial, implica perpetuar el statu quo, con apenas pequeños retoques y ajustes.

Así, por ejemplo, se reclama “un fortalecimiento del sector privado formal, que es el que genera los empleos de calidad” (énfasis agregado) ¿y el millón y resto de personas que permanecen en la informalidad? ¿Han de seguir en el olvido y la posposición, tal cual por muchos años se ha hecho? O bien se agrega que se requiere “el fortalecimiento de las cadenas de valor en aquello que hemos demostrado ser competitivos” (énfasis agregados). Lo cual obliga a preguntarse ¿en qué “hemos demostrado” tal competitividad? ¿Las zonas francas con su generoso ramillete de privilegios tributarios? ¿Las explotaciones piñeras con su atropello a los derechos laborales y todo el daño ambiental que provocan? Del contexto se desprende que ello no incluye a la mayor parte de las micro y pequeñas empresas y, definitivamente, no a los millones de personas en la informalidad laboral, en cuyo caso no habría interés en “fortalecer” a estos sectores que, claramente, han sido perdedores dentro de este modelo o estrategia de desarrollo.

Por otra parte, es interesante el enfoque que se asume, el cual se formula a partir de una mirada hacia el pasado y en retrospectiva: interesa aquello en que “hemos demostrado ser competitivos” (sea lo que fuere que eso signifique). No se mira al futuro, en búsqueda de nuevas opciones productivas, no solo más competitivas, sino, y sobre todo, inclusivas, equilibradas, equitativas, respetuosas de los derechos laborales y del ambiente.

2. La vaguedad como propuesta… excepto en lo que atañe al sector público

El planteamiento general del documento es sumamente vago. Hablan de cinco crisis distintas para, enseguida, apelar a la figura retórica de la “tormenta perfecta”, sin diferenciar apropiadamente entre los ritmos, tiempos, urgencia, naturaleza y causas que cualifican y especifican cada una de esas crisis.

Ello lleva a un planteamiento sumamente confuso, donde, después de reconocer “que no se puede hacer todo a la vez”, pasan a proponer “un enfoque holístico estableciendo prioridades”. Váyase a saber qué significa tal cosa. Lo único que enseguida queda claro, es la total oscuridad de su propuesta, cuando señalan que “la prioridad inmediata debe ser atacar, por todos los medios posibles, las cinco crisis mencionadas arriba”.

No podría haber una forma más dramáticamente desafortunada de definir prioridades.

Uno de los pocos aspectos donde sí se ofrece una formulación precisa y directa es en lo atinente al sector público, según una tónica claramente restrictiva y austeritaria, basada –como se ha vuelto costumbre– en el ataque y estigmatización de empleados y empleadas del sector público, precisamente en momentos cuando este es el que aporta la primera línea de defensa contra la pandemia, y cuando ese sector público, en pleno, hace un esfuerzo mayúsculo de reinvención para enfrentar la crisis.

Aparte de lo cual quedan dos preguntas fundamentales, que las personas firmantes de la nota omiten considerar:

Primero, acerca de las implicaciones negativas, para una economía sumida en una profunda recesión, que derivarían de los recortes propuestos. En las últimas semanas se han hecho públicas las preocupaciones de municipalidades, asociaciones comunales, juntas de educación e incluso empresariado vinculado al sector construcción, acerca de las consecuencias que esos recortes traerían. Son ejemplos concretos, que ilustran que esos recortes agravarían la crisis tanto en sus manifestaciones económicas como sociales y humanas.
Segundo, acerca del debilitamiento de la institucionalidad pública en momentos en que la crisis provoca una multiplicación de demandas y necesidades que esa institucionalidad debe atender y tratar de resolver. Por ejemplo: hace pocos días, un comunicado de Casa Presidencial informaba acerca del incremento de solicitudes de auxilio que el IMAS debió atender durante estos meses de crisis: cerca de 1,5 millones, con un incremento de alrededor del 350%.

Por lo tanto, las propuestas recortistas que estas personas promueven, claramente son una apuesta por el agravamiento de la crisis.

Hay algunos otros planteamientos específicos que podríamos compartir. La propuesta para la creación de un fondo de avales y garantías, la hemos reiterado en numerosas ocasiones. La posible creación de una Comisión Consultiva de Reactivación Económica, podría ser apropiada, a condición de que sea un foro realmente inclusivo y participativo, abierto en igualdad de condiciones a todos los sectores de la sociedad costarricense, y absolutamente transparente en su funcionamiento. La consabida simplificación de trámites es necesaria, siempre que ello no signifique descuidar la vigilancia y protección de los derechos laborales y del ambiente.

3. ¿Qué aporta cada quien ante la crisis?

Está claro que para las personas firmantes de la nota, los empleados y empleadas del sector público deben asumir una cuota importante, mediante una reducción de jornadas, cuya implicación más irracional y absurda tiene que ver con el debilitamiento de la capacidad de respuesta de las instituciones públicas, justo cuando éstas enfrentan demandas incrementadas ante la multiplicación de necesidades que la crisis provoca.

Notoriamente no se ofrece ninguna propuesta que pudiera implicar aporte por parte de los sectores que más riqueza poseen en Costa Rica. Esta omisión es particularmente notable, puesto que quienes firman la nota son, en general, personas solventes, incluyendo a algunas de las personas más ricas de Costa Rica.

Es sintomático que las palabras “solidaridad”, “solidario”, “solidaria”, no aparezcan citadas ni una sola vez en esta carta. Lo cual hace necesario recordar que los valores de la solidaridad, compasión y equidad, son indispensables para construir una convivencia civilizada y pacífica. Tampoco debe olvidarse que sin una vida digna para todas y todos, difícilmente habrá paz social, y que sin paz social ni la sociedad prospera, ni tampoco lo harán los negocios privados.

4. Medidas urgentes

En los diversos pronunciamientos que nuestro grupo ha emitido, así como en los foros y entrevistas que en forma individual hemos participado, hemos planteado una amplia variedad de medidas, de corto, mediano y largo plazo, para aliviar la recesión, auxiliar a las personas y familias más afectadas, preservar la estabilidad de la economía y preparar el camino para su recuperación. No entraremos aquí en detalles al respecto, aunque sí enfatizamos la centralidad de los valores de solidaridad, justicia y equidad que nos inspiran, de donde se deriva la obligación de que cada quien aporte según sus posibilidades, lo cual incluye a personas integrantes de este grupo.

En esta nota, en particular, queremos retomar dos propuestas de política que, en el contexto actual, estimamos que es urgente tener en cuenta.

Primero, en relación con las políticas sanitarias. Por un lado, la urgencia de fortalecer la institucionalidad a cargo de la atención de las enfermedades, que permite recuperar la salud de las personas y salvar vidas, lo cual atañe fundamentalmente a la Caja Costarricense del Seguro Social. Pero también es importante ponerle atención y reforzar la red pública de bienestar: bonos, subsidios, servicios básicos (electricidad, agua, telecomunicaciones), educación, vivienda, entre otros. Todo lo cual es fundamental, ya no solo para atender la enfermedad, sino, sobre todo, para la prevención y el cuido de la salud, una responsabilidad que hoy es asumida principalmente en los hogares y sobre todo por parte de las mujeres, siendo que las situaciones de privación y carencia impiden a menudo que esa tarea pueda ser satisfecha apropiadamente. De ahí que, en contra de las usuales y muy dañinas tesis de austeridad fiscal, sea de la mayor importancia que se fortalezca la institucionalidad pública-estatal a cargo de apoyar esa labor de cuido y prevención.

Segundo, una propuesta de política que es urgente se ponga en marcha, a fin de preservar el normal funcionamiento del sector público, aliviar el déficit fiscal y fortalecer financieramente a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), todo lo cual es indispensable para mantener la estabilidad de la economía y la paz social.

Lo resumimos en lo siguiente: en el contexto deflacionario que vivimos, con una profunda recesión en curso y agravamiento extremo de los problemas del empleo y de la pobreza, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) debe asumir una posición mucho más proactiva, no sólo proveyendo liquidez al mercado financiero en general, sino también apalancando las necesidades de financiamiento del Gobierno Central y reduciendo la presión de la carga financiera de la deuda, mediante los mecanismos que hoy la ley le provee, y a través de los cuales pueden promover una baja considerable de las tasas de interés sobre la deuda.

Con este fin, el Banco Central en conjunto con el Ministerio de Hacienda, y a través de un equipo técnico conformado para tal fin, deben analizar las necesidades de financiamiento a corto y mediano plazo del Gobierno Central, incluyendo aspectos importantes como la deuda del Gobierno con la CCSS, necesidades de flujo de caja del Gobierno Central, riesgos monetarios, así como el costo actual de los intereses pagados por la deuda interna, entre otros. El resultado de dicho análisis deberá derivar en una propuesta de apoyo financiero de parte del BCCR al Gobierno Central.

Dicha propuesta derivaría en la definición de un monto adecuado de dinero que el Ejecutivo podrá financiar vía emisión de deuda pública, en una o varias emisiones, según los plazos de vencimiento que el equipo técnico antes mencionado considere prudentes y con tasas de interés lo más bajas posibles.

Esta deuda será emitida en el mercado primario para ser adquirida, previo acuerdo, por un banco público. Posterior a esta compra el BCCR intervendrá en el mercado secundario adquiriendo estas emisiones de deuda.

5. A modo de conclusión

Comprendemos y respetamos que el gobierno escuche y tome en cuenta lo que plantean organizaciones que representan a sectores de gran poder económico, como la UCCAEP y Horizonte Positivo. Pero resaltamos que, igualmente, es su deber ineludible escuchar y tomar en cuenta los planteamientos de otros grupos y sectores. En democracia, todas las voces ciudadanas están investidas de la misma legitimidad y todas por igual tienen derecho a ser escuchadas. No respetar este principio fundamental, conlleva falsear la democracia.

[i] El Grupo Economía Pluralista reivindica y busca visibilizar la diversidad de enfoques teóricos y epistémicos que enriquecen el bagaje científico de la economía, como asimismo enfatiza que la economía, desprovista de un compromiso ético y moral, deviene un ejercicio intelectual estéril y deshumanizado. Somos más de 25 profesionales en economía, y nos movemos en ámbitos diversos: la academia, el sector público y privado y las comunidades.

Foto: CCSS