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Autor: Hector Ferlini Salazar

Planteamiento público al Presidente Carlos Alvarado Quesada

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

COORDINADORA PATRIOTICA ALAJUELENSE
JUAN SANTAMARIA

23 de julio del 2020

Carta Pública

Sr. Carlos Alvarado Quesada
Presidente de la República de Costa Rica

Miles de costarricenses integrantes de organizaciones sociales, cívicas, sindicales y ambientales coincidimos en que llegó la hora de hacer ejercicio de nuestros derechos y deberes ciudadanos, ante la crítica situación fiscal, económica y social, y nos vemos en la obligación de hacerle públicamente el siguiente planteamiento.

Para nosotros y para miles de costarricenses es evidente que en esta situación de pandemia, las libertades que tanto apreciamos están bajo la amenaza de grupos privilegiados que utilizan la crisis para mantener, reforzar y ampliar su control del poder político y así obtener mayores beneficios económicos, consolidando una preocupante e inaceptable plutocracia.

Además, somos conscientes de que nuestros antepasados instauraron la democracia como sistema para proteger los derechos de todos los ciudadanos, especialmente los de minorías y grupos vulnerables.

También tenemos claro, que quienes ahora intentan reforzar su control del poder, son los que en las últimas décadas han minado y debilitado sistemáticamente esos derechos logrados durante décadas de trabajo colectivo para lograr la democratización. Ese ha sido también un trabajo de búsqueda de igualdad y de oportunidades.

Sabemos que en este momento la democracia es más importante que nunca y estamos dispuestos a defenderla en cualquier momento y en cualquier terreno, incluyendo la calle.

La democracia real, no la del papel, permite a la sociedad civil movilizarse, enfrentar las desigualdades, debatir abiertamente los asuntos políticos, distribuir información confiable y pedir la rendición de cuentas. En estos momentos de crisis necesitamos y vamos a defender esa democracia, en los medios y en las calles.

Aún más, nuestra democracia y nuestra Constitución Política establecen que el gobierno de la república ha de ser popular, representativo, PARTICIPATIVO, alternativo y responsable, Lo ejercen el PUEBLO y tres Poderes distintos e independientes entre sí.

El respaldo constitucional de los artículos 9 y 11 nos convoca como PUEBLO hoy y aquí a hacer los siguientes planteamientos que usted por deber constitucional no puede obviar.

Los políticos en los últimos 25 años han saqueado las arcas del Estado a través de actos de corrupción (INS reaseguro 1.220.100.000 de colones (PUSC), Pacto La Nación- Hacienda 2.100.000.000 de colones, Canal 7 obligado a pagar 3.724.419.539 de colones, platina (PLN) 7.000.000.000 de colones, cemento chino (PAC) 18.592.000.000 de colones, Caja Fischel (PUSC) 18.600.000.000 de colones, Yamber (PAC) 21.500.000.000 de colones, Préstamo Español (PLN) 23.240.000.000 de colones, trocha (PLN) 50.000.000.000 de colones, pensiones de lujo (PAC-PLN-PUSC) 663.002.340.000 de colones ) que sumados alcanzan la muy importante suma de 804.039.285519 millones de colones, cerca del 2.7% del PIB.

Además el Estado, por maniobras cuestionables de esos mismos políticos han llevado la deuda del Estado con la CCSS a la inimaginable suma de al menos 1.8 billones de colones al 2020.

Esto lo han hecho los negligentes e irresponsables del PLUSC_PAC, coludidos con empresarios que han actuado directamente en contra de esa institución a través de tácticas dilatorias y hasta evasión y elusión crónicas, que han hecho sucumbir la seguridad social, pero también al margen de sagrados principios, valores y deberes constitucionales.

Más recientemente como parte del proyecto de Plan Fiscal (PAC, PUSC, PLN, RN, NR, PIN) se otorgó una amnistía tributaria al sector privado de 194.000.000.000 de colones (0.7% del PIB). Por otro lado el Gobierno de Costa Rica informó este miércoles 1 de Julio que el déficit fiscal del 2019 cerró en el 6,96 % del Producto Interno Bruto (PIB), la cifra más alta de los últimos años y que superó en un punto porcentual a la del 2018. Los efectos de la pandemia podrían estar llevando el déficit fiscal alrededor del 10% del PIB. La deuda externa de nuestro país alcanzaría para fin de año los 43 mil millones de dólares.

Apenas la última semana de Junio, como acciones para cargar una vez más el déficit fiscal y los efectos de la corrupción de los políticos de las últimas décadas sobre las espaldas del pueblo, se anuncia la posible venta, probablemente a precios de remate para negocio de políticos nacionales, de parte importante del patrimonio común de los costarricenses. Vale decir el BICSA, el BCR, FANAL, RECOPE y KOLBI de ICE), en unos 532.000.000.000 de colones, cerca del 1.4% del PIB. Todo eso como parte de las negociaciones, por cierto muy opacas, entre uno de los poderes de la república (sin participación del pueblo y en violación del artículo 9 de la Constitución) con el FMI, a quien su administración le ha solicitado financiamiento para que el pueblo pague las sumas considerables de dinero que los políticos y empresarios corruptos se han robado en los últimas dos décadas.

Ciertamente como pueblo consciente de este saqueo, no vamos a permitir que nos vendan las joyas de la abuela. Esa es una acción más de los poderosos que nos quieren robar la democracia endeudándonos y empobreciéndonos aún más, comprometiendo injusta e irresponsablemente a las futuras generaciones.

También tuvimos la oportunidad de escuchar una entrevista a su exministro de Hacienda en el medio digital EL Faro el 28 de Junio de 2020, en la que se mencionan datos escandalosos pero muy clarificadores de los asuntos internos de la hacienda pública.

Estos datos dejan claro que la solución de los problemas fiscales no está en las cosas que hasta ahora se han hecho o se proponen, sino casualmente en lo que no se ha hecho, como es el control de la evasión y la elusión, entre otras cosas, y en lo que los políticos de turno y los burócratas tecnócratas no están dispuestos a trabajar como es su obligación ética y legal en cumplimiento de la ley 8292 (Ley general de control interno).

Los datos que se dan a conocer por parte del exministro Chaves no pueden ser ignorados, ni puede el Poder Ejecutivo decir que no son reales porque vienen casualmente de su exministro de Hacienda.

De acuerdo con el exministro la evasión fiscal en Costa Rica está entre los $3.800 millones y los $5000 millones (entre 2,2 y 2.9 millones de millones de colones), entre el 6% y el 8% del PIB. Una suma a todas luces escandalosa que hace palidecer lo recaudado por el mismo plan fiscal impulsado por su gobierno y la Asamblea Legislativa, además de que nos deja muy claro que en Costa Rica no existe un déficit fiscal, lo que existe es una enorme evasión fiscal.

La recaudación de los montos de dinero que son del gobierno de la república, y que algunos no pagaron y se dejaron esas exorbitantes sumas de dinero terminaría con el problema fiscal de manera eficaz, eficiente y expedita mediante un decreto suyo.

Con voluntad política y con manejo efectivo de la autoridad que les otorga el puesto, al presidente, al ministro de hacienda y a los burócratas de mandos medios y ejecutivos, en cuestión de 3 o 4 años se recaudaría esa suma que se roban los evasores. Esos montos no solo pagarían el déficit fiscal en casi su totalidad, sino que serían montos mucho más altos que los montos que el mismo FMI nos podría prestar. Tampoco tendríamos que vender ninguno de los preciados e invaluables bienes patrimoniales de los costarricenses.

Evidentemente no tiene explicación alguna el querer endeudarnos cuando no necesitamos hacerlo, excepto que existan intermediarios percibiendo jugosos ingresos por asesorar en el trámite de préstamos y/o el de “venta de activos” del Estado. Lo que necesitamos es recuperar el dinero que algunos se vienen robando de la hacienda pública y esto es lo que exige el Soberano a usted (y a su gobierno), electo en el marco de una elección popular y de la Constitución Política, la cual usted juró cumplir y la cual nosotros tenemos el derecho y el deber de vigilar y garantizar que se haga valer y prevalecer, por encima de presiones, privilegios e intereses corporativos o individuales, nacionales o extranjeros.

Según lo dicho en esa entrevista solo se requiere de una inversión de entre $150 y $250 millones en la compra y puesta en práctica de los instrumentos tecnológicos requeridos para iniciar la recuperación de esos dineros. Por supuesto, además sería imprescindible la voluntad política para hacer lo que a todas luces hay que hacer y que es precisamente lo que el pueblo exige hacer.

No es posible que tengamos a mano la solución a mediano plazo de la situación fiscal y no se tenga la voluntad política de un gobierno que se llama democrático para ejecutarla. No podemos permitir que se esté comprometiendo el futuro de varias generaciones por la inacción, colusión o complicidad del gobierno en una situación como la que tenemos entre manos y que ya no se puede seguir ocultando.

Este saqueo sistemático y paulatino de la hacienda pública, que ya es sistémico y se ha consolidado a lo largo de los años, está acompañado de un proceso de empobrecimiento de la población, de un incremento de la desigualdad, la discriminación y la exclusión, las cuales vienen a traernos como resultado un país más pobre y de muy pocas oportunidades para las mayorías. Costa Rica se encuentra entre los más desiguales de América Latina, y para no solo combatir esa desigualdad, sino también para poder desarrollarnos como sociedad con base en planes operacionales y a 25 años plazo, es necesario cerrarles los portillos a los defraudadores del fisco.

Este país ocupa el tercer lugar en desigualdad en América Latina. Sabemos que la desigualdad es el resultado de las políticas de un país. En nuestro caso ese grado de desigualdad se da como resultado de las acciones y presiones que sobre el Estado han ejercido tradicionalmente los grupos poderosos, para su propio beneficio. De esta manera, la distribución de la riqueza simplemente dejó de darse y pasó a unas pocas manos. Son las mismas manos que ahora nos tienen en esta encrucijada fiscal.

Ante todo esto, el pueblo, representado en las más diversas organizaciones sociales exige que:

1-su gabinete le explique al país porqué insiste en tomar medidas económicas en contra del pueblo y en buscar endeudamientos muy negativos para nuestro futuro, mientras existen opciones viables para solventar los problemas, siempre y cuando se tenga el coraje, la entereza moral y la voluntad política para hacerlo. Es imperante en esta hora de la historia que usted dé soluciones de cara al pueblo de Costa Rica, es decir ante el cuarto poder que también debe constitucionalmente ejercer el poder en este país a la par del Poder Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo.

2- escuche al pueblo que por derecho y mandato constitucional también ejerce el poder

3- no se vendan empresas del estado (banca estatal, ICE, FANAl, RECOPE y otras)

4-no se vendan activos importantes del país

5-el gobierno se abstenga de aprobar más deuda externa e interna

6-se inicie de inmediato el proceso de instrumentalización de la Hacienda Pública para el cobro urgente a los evasores.

7- rinda cuentas al pueblo explicando las razones que le impiden, como presidente, tomar este camino constitucional de solución expedita, contundente, eficaz, eficiente , legal y ética a los problemas financieros del Estado y que es, además, un camino mucho más beneficioso y menos agobiante para la mayoría de la población, sabiendo que en materia de control de la evasión y la elusión fiscal, tendría usted garantizado el respaldo total del 99% de los costarricenses .

8-rebaje los salarios a los más altos funcionarios de Hacienda por su ineficiencia y por haber permitido esa escandalosa evasión.

9-aplique la equidad en la carga que debemos pagar todos los costarricenses ante esta crisis fiscal, económica, social y de salud asociada con el Covid-19, de manera que se cumpla con el artículo 33 de la Constitución Política que dice:

Artículo 33.- Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana. Reforma dada por ley No.7880 y Publicada en la Gaceta 118 del 18 de junio de 1999.

10-aplique justicia tributaria, de manera que paguen más los que más tienen.

11-proceda a eliminar las odiosas e inconstitucionales exoneraciones tributarias que por su naturaleza discriminatoria maltratan otros sectores del país.

12-cesen de amnistías para sectores económicamente poderosos

13- se detenga la desigualdad por medio de la aplicación de un sistema tributario que en efecto controle la evasión y la elusión.

14- explore otras fuentes limpias de ingreso económico para el Estado (complementarias a los Impuestos).

15- realice un inventario de gastos innecesarios, para eliminarlos o reducirlos: pago de asesorías superfluas, pago a organismos internacionales como OCDE y otros.

16- efectúe un inventario de gastos en pensiones de lujo y pensiones a difunto, con miras a reducir o eliminar, según corresponda.

17-Lidere un verdadero, nuevo e histórico Pacto Social de cara al bicentenario en el que participen todos los sectores que democráticamente deben de participar.

Para todo esto tenemos los instrumentos y las condiciones. Lo único que nos falta en este proceso es la voluntad política para hacerlo y esa es nuestra mayor exigencia en este momento.

Los ciudadanos que dieron su voto para elegirle presidente, igualmente le exigen en este momento esa acción determinante para un futuro menos doloroso, de mayor esperanza y más digno para Costa Rica.

COORDINADORA PATRIOTICA ALAJUELENSE JUAN SANTAMARIA
Por la consolidación de instancias regionales de unidad en la diversidad de los movimientos sociales
POR LA ARTICULACION PROPOSITIVA Y UNITARIA DEL PUEBLO COSTARRICENSE

La participación involucra y moviliza, la participulación desmoviliza las comunidades en la lucha contra la pandemia

Escrito en . Publicado en Análisis, Comunidad.

Miguel Sobrado

En un artículo anterior señalé que la pandemia se propagaría si no se involucra a las comunidades en su control y mencioné la experiencia del Hospital sin Paredes de San Ramón en los 70s. Algunas personas me han pedido que de mayores detalles sobre el método utilizado para descentralizar la actividad institucional involucrando e incorporando a las comunidades activamente en la lucha contra la pandemia en su dimensión más amplia incluyendo la generación de ingresos.

En primer lugar mi propuesta no pretende transformar de la noche a la mañana el sistema de Ebais, sino recuperar en una primera instancia la experiencia ramonense en forma de proyecto piloto que pueda ser extendido en las organizaciones comunales que lo demanden.

El problema de las palabras gastadas

Casi todas las políticas sociales mencionan la importancia de la participación de las comunidades y beneficiarios para el logro de sus metas. Pero, aunque mencionamos la misma palabra, ¿estamos hablando de lo mismo? Pues no y la diferencia es sustancial en cuanto a los resultados.

Las diferencias de enfoque en la aplicación de la salud comunitaria en la Costa Rica de los 80s las destacó la antropóloga norteamericana Lynn Morgan en su libro “La política de atención primaria en Costa Rica” traducido y publicado por CENDEIS en 1997. Señala la Dra. Morgan que el sector primigenio inspirado en el Hospital sin Paredes, procuraba involucrar a las comunidades desde el diagnóstico de la situación de la salud, en la elaboración de los planes de acción y su ejecución.

El grupo que le sucedió en el poder, aunque aceptaba nominalmente el concepto de participación comunal lo ubicaba en un papel pasivo dependiente, esto es de apoyo y colaboración a las acciones definidas por los técnicos y autoridades.

Esta diferencia generó prácticas diametralmente opuestas en el involucramiento y resultados de la acción de la comunidad. Mientras que en la experiencia del Hospital sin Paredes se fusionaba y enriquecía el conocimiento sobre la salud y se obtenían resultados extraordinarios que integraban a la comunidad con el Hospital, en otros casos la “participación” comunal se limitaba a prestar servicios de limpieza. Lamentablemente este concepto de participación fue el que prevaleció en el montaje de los Ebais por parte de CCSS.

Aunque en la Ley de reforma del sector salud de inicios de los 90s del siglo pasado exigía la participación comunal en los Ebais, el concepto de participación como ayuda pasiva no pegó en las comunidades. Las evaluaciones realizadas por la CCSS, señalan esta de manera reiterativa, pero esto no ha sido suficiente para revisar su aplicación. Ahora, con la pandemia la realidad se impone y el manejo centralizado de la pandemia están poniendo en evidencia la necesidad de descentralizar y de incorporar aunque sea poco a poco a las comunidades.

Procedimiento que le permitió conseguir la participación de las comunidades, previniendo, curando y generando ingresos en las comunidades

  1. Visita a las comunidades donde se les informaba de las limitaciones de personal del Hospital y se les invitaba a organizarse en Comités de Salud locales, para poder brindar una mejor atención sanitaria.
  2. Las comunidades que aceptaban y se organizaban, debían: a) nombrar una “enfermerita” de la comunidad que trabajara con el Comité de Salud y b) destinar una habitación en una casa o local comunal para ser utilizada para las reuniones del Comité y la atención a los pacientes, cuando llegaran los médicos.
  3. La enfermerita debería prepararse en un curso que impartía el Hospital para reconocer los síntomas más frecuentes y llena una boleta de cada familia, casa por casa.
  4. La información recogida por la enfermerita era analizada por el equipo médico y el Comité de Salud local. Sobre la base de este diagnóstico se fijaban las prioridades de trabajo de salud, tanto de las tareas que tocaban al equipo médico como a la comunidad.
  5. El equipo médico le entregaba a cada Comité un plano de las viviendas de su comunidad que se fijaba en una pared. El comité colocaba en cada vivienda “banderas” de colores de acuerdo con la sintomatología.
  6. En el Hospital la información, de los cinco cantones que cubría el Hospital, era procesada manualmente, ya que no existían computadores, por un médico especialista en estadísticas, de tal forma que manejaba un censo actualizado de salud.
  7. El análisis de la salud que realizaba la comunidad no se limitaba a lo preventivo y curativo, sino que también incluía el concepto de bienestar e ingresos.
  8. En este sentido la participación de la comunidad, no se limitaba a actuar sobre las causas inmediatas de las enfermedades gastro intestinales, tales como la carencia de agua potable o letrinas, sino que incluía el problema de caminos, el mercadeo de los productos o la tenencia de la tierra.
  9. Producto de la gestión de los 161 comités de salud creados por el Hospital sin paredes se crearon múltiples cooperativas de servicios múltiples, comités de vecinos para resolver el problema del transporte e incluso gestiones ante las municipalidades locales para expropiar y repartir tierras ahí donde los terratenientes no pagaban salarios mínimos y los hijos de los peones sufrieran desnutrición.
  10. Se trata de una experiencia impulsada desde el Hospital, que le permitía al equipo médico tener una visión y conocimiento sobre la realidad que no tenían en sus oficinas, pero que al mismo tiempo operaba con gran iniciativa local basada en la autonomía plena de las comunidades. Un contexto de cogestión en que no cabía la participulación institucional.

Santa María de Dota 21 de julio de 2020

Imagen: Actividad participativa con la comunidad para evaluar las condiciones de salud. Documental de Víctor Ramírez sobre el Hospital sin Paredes.

Comunicado del Colectivo Semilla Ramonense – MANIFIESTO ANTI-NEOLIBERAL

Escrito en . Publicado en Análisis, Comunidad.

SAN RAMÓN, 22 DE JULIO 2020

Estamos presenciando en nuestra Costa Rica, la arremetida más violenta del neoliberalismo contra la clase trabajadora.

Después de la aprobación del PLAN FISCAL, contundente golpe de los sectores gobernantes a las mayorías costarricenses, el Gobierno y la UCCAEP se han abalanzado ferozmente hacia la consolidación del modelo neoliberal.

La llegada del COVID-19 encontró la economía del país en un estado ultra-crítico y la está terminando de destruir porque el Gobierno, la UCAEP, la oligarquía nacional y transnacional se están aprovechando agresivamente de la crisis sanitaria.

Es decir, están utilizando la crisis sanitaria, para destruir lo que el país había avanzado desde la aprobación de las Garantías Sociales y el desarrollo del Estado Social, para más bien fortalecer el modelo neoliberal de los últimos cuarenta años.

Las condiciones de las personas que viven del trabajo, de los sectores informales, de la clase media, del campesino pequeño y medio, del pequeño y mediano comerciante, del pequeño y mediano empresario en general, están siendo reducidas a la pobreza. Aquellos que están en situación de pobreza, están siendo reducidos a la miseria.   

Nuestro Colectivo Político hace un llamado al Pueblo en general a organizarse para la defensa de sus intereses de clase, y a las organizaciones sindicales y populares, de toda índole a formar una férrea UNIDAD ANTI-NEOLIBERAL. Llamamos a cerrar filas conjuntamente contra la UCCAEP, su Gobierno y sus Diputados, pues todas las organizaciones y el pueblo en general deben comprender que sólo una fuerte y amplia unidad popular puede frenar el avance neoliberal que galopa sobre la pandemia. Es hora de hacer a un lado las diferencias para sumar fuerzas en torno a las coincidencias.

Convocamos a unirnos a la CARAVANA SINDICAL y POPULAR REGIONALIZADA, a realizarse este jueves 23 de julio durante la mañana, así como a las diversas formas de manifestaciones populares que se continúen realizando en esta dirección.

El MARTILLO, aplicado en la crisis sanitaria, nuestros gobernantes lo han convertido en un MARTILLAZO VIOLENTO, descargado sobre la precaria economía de la mayoría de los costarricenses para continuar en su danza neoliberal enriquecedora.

¡NO MÁS MARTILLO CONTRA LOS POBRES!
¡CON LA BOCA TAPADA, PERO JAMÁS CALLADA!
¡NO MÁS ACUMULACIÓN DE RIQUEZA A COSTA DE LA POBREZA!
¡OCCIDENTE POR UN FRENTE NACIONAL UNITARIO ANTI-NEOLIBERAL¡

SINTRAJAP: Ley de jornadas flexibles es retroceso laboral y carga crisis sobre trabajadores

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

La oligarquía empresarial en componendas con políticos vendidos, intentan darle un nuevo golpe a la clase trabajadora y al pueblo costarricense donde un proyecto de ley pretende hacer flexibles las jornadas laborales, lo cual representa un retroceso de más cien años a las conquistas laborales y derechos de los trabajadores establecidos en el Código de Trabajo y la Constitución Política.

Si logran pasar esta ley, los patronos, empresarios y hasta el mismo gobierno podrían obligar a los trabajadores a laborar jornadas de 12 horas sin pagos de tiempo extraordinario. Este tipo de jornadas se superaron gracias a muchas luchas obreras y hasta muertos por lo que no es de recibo que ahora mediante una ley los costarricenses aceptemos este retroceso social. Donde Claramente se nota que este grave daño que afecta a toda la clase trabajadora les causará mayores perjuicios a las mujeres, afectando por ende a las familias razón por la cual el INAMU ha planteado su rechazo absoluto.

Costa Rica, uno de los países más desiguales del planeta, donde la voracidad empresarial no tiene límites, sin importarles todo el sufrimiento que tiene el pueblo por esta la pandemia de salud que nos afecta, una vez más pretenden cargarle el peso de la crisis a la clase trabajadora. Mientras la clase empresarial le roba al estado miles de millones de colones mediante la evasión de pagos de impuestos, exoneraciones y hasta regalías estatales, nada más injusto e inaceptable.

Los movimientos sociales costarricenses nos estamos preparando para dar esta nueva pelea en contra de los proyectos de ley que atacan a la clase trabajadora, en ese sentido todas las Centrales Sindicales se unen a este esfuerzo por detener esta nueva afrenta.

Ya basta de reducción de jornadas, de ponerle impuestos a la canasta básica, de reducción de salarios, de querer poner impuestos al salario escolar, al aguinaldo y hacer recortes a los programas de vivienda. No más martillo hacia la clase trabajadora. Por eso hoy hacemos el llamado al pueblo costarricense y limonense a los afiliados y allegados a manifestarse de manera libre y pacífica, cuidando todos los protocolos, pero con toda la fuerza y la convicción de que somos ciudadanos libres, respetuosos de la ley, pero valientes y dispuestos a defender nuestros derechos legítimos y sagrados.

Realizaremos una primera acción vehicular este jueves 23 de julio, 9am, habrá 3 puntos de salida, oficinas de SINTRAJAP, MUNICIPALIDAD Y ANDE. Haremos un recorrido por todos los barrios.

Lic. Antonio Wells Medina, Secretario General

Fedrick Patterson Bent, Secretario General Adjunto

Academia Nacional de Ciencias: Autonomía universitaria es fundamental para el desarrollo científico, tecnológico y de innovación

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

La autonomía universitaria es fundamental para el desarrollo científico, tecnológico y de innovación de Costa Rica

Academia Nacional de Ciencias – Comunicado:

El desarrollo de la ciencia y la tecnología es un componente esencial en la capacidad de un país de generar prosperidad y equidad a través del conocimiento. Costa Rica, durante varias décadas, ha realizado esfuerzos importantes, aunque aún insuficientes, para que la ciencia y la tecnología ocupen un lugar destacado en la agenda política nacional.

Los análisis sobre el sistema de ciencia, tecnología e innovación de Costa Rica han mostrado que el principal reservorio de conocimiento científico del país se encuentra en las universidades públicas, las que han aprovechado los recursos que les provee el Estado para generar un dinámico sector de investigación científico-tecnológica, el cual tiene fuertes vínculos con amplios sectores del país. La ciencia no es sólo una poderosa herramienta para el crecimiento económico, sino que constituye un elemento fundamental de la cultura de un país.

Para que las universidades públicas logren consolidar este valioso aporte al país es necesario que su actividad de generación de conocimiento mediante la investigación, y la proyección de ese conocimiento a la sociedad, no se debilite, sino que más bien se fortalezca. Un elemento absolutamente esencial de esa capacidad universitaria de generación de conocimiento a través de la investigación lo constituye la libertad académica en estas instituciones, vale decir la posibilidad de las personas que se dedican a la investigación para desarrollar sus proyectos en un marco de plena libertad. Esa libertad asegura el desarrollo de ideas novedosas y de soluciones innovadoras a los problemas del país.

Esta libertad académica, la cual potencia la energía creadora al interior de las universidades públicas, la garantiza la autonomía universitaria, ese preciado legado que nos dejaron los constituyentes, y que se ha mantenido incólume desde 1949. Las universidades públicas elaboran sus agendas de investigación en diálogo permanente con diversos sectores de la sociedad a la cual estas instituciones se deben. Pero esos sectores, especialmente los del ámbito político, no deben intentar interferir con la forma como las universidades organizan y desarrollan su trabajo académico.

Desde la Academia Nacional de Ciencias hemos visto con suma preocupación algunas iniciativas en el seno de la Asamblea Legislativa tendientes a modificar los artículos de la Constitución Política que tienen que ver con la autonomía universitaria. Consideramos que eso sería un craso error histórico que golpearía sin duda las capacidades nacionales en ciencia y tecnología.

El desarrollo científico-tecnológico surge en ambientes universitarios donde la libertad académica y las decisiones del uso de los recursos que provee el Estado se definen al interior de estas instituciones, en pleno ejercicio de la autonomía. El país requiere que las instituciones de educación superior continúen trabajando en el marco de una autonomía plena, para que sigan contribuyendo al desarrollo de la ciencia costarricense.

La Academia Nacional de Ciencias (ANC), creada mediante la Ley 7544 de 1995, tiene como misión asesorar a los poderes del Estado costarricense en Ciencia y Tecnología, promover la investigación científica y tecnológica del país y constituir un foro multidisciplinario de discusión científica permanente, con énfasis en el avance global de la ciencia y en la investigación de los problemas nacionales. Es por esto que, como academia que vela por el mejoramiento de la actividad científica y tecnológica nacional, hacemos un llamado vehemente a las señoras diputadas y a los señores diputados para que no se modifiquen los artículos constitucionales relativos a la autonomía universitaria.

San José, 21 de julio de 2020

Foto: UCR

Reforma al reglamento de SETENA: ¿desregular o avanzar en materia ambiental?

Escrito en . Publicado en Derechos, Madre Tierra.

Hoy 22 de Julio estaremos conversando sobre las reformas al reglamento de SETENA ¿Avances o retrocesos en la protección ambiental?
Con la participación de Carlos Manuel Rodríguez, Ministro de Ambiente; Dany Villalobos, geógrafo y presidente de FECON; e Ifigenia Quintanilla, representante del sector ambiental en la Comisión Mixta de apoyo a SETENA.
A las 5:00pm por la 96,7fm o por el facebook live de Radio Universidad de Costa Rica.

Observatorio de Transparencia Fiscal con apoyo de Sala IV sobre fiscalización a grandes contribuyentes

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

“Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Patricia Castillo Vargas, en su condición de directora de la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales del Ministerio de Hacienda, o a quien en su lugar ocupe dicho cargo, que adopte las medidas necesarias y ejecuten las acciones pertinentes a efectos que a la parte recurrente se le proporcione en el plazo de cinco días la información solicitada en fecha 11 de mayo de 2020, debiendo suprimir los datos sensibles”.

Así se lee en el Por tanto firmado por las magistradas y los magistrados de la Sala Constitucional, al resolver el recurso de amparo interpuesto por Amanda Ugalde Arguello a favor del Observatorio de Transparencia Fiscal contra el Ministerio de Hacienda.

El magistrado redactor consigna en su escrito:

“La recurrente acusa que el 11 de mayo de 2020 el Observatorio de Transparencia Fiscal solicitó información de interés al Ministerio de Hacienda, referente a las empresas clasificadas como Grandes Contribuyentes que han sido objeto de un control extensivo durante el período comprendido entre enero 2010 a diciembre 2019. Sin embargo, aqueja que, en su informe de respuesta, la autoridad recurrida no aportó el nombre de las empresas que son grandes contribuyentes y que han sido auditadas, lo cual imposibilita al Observatorio ejercer su función de fiscalización”.

Ante la solicitud formulada en mayo por el Observatorio Ciudadano de Transparencia Fiscal, la Dirección de Grandes Contribuyentes del Ministerio de Hacienda había respondido: “esta Dirección proporcionará la información de manera estadística por cantidad de actuaciones de control tributario intensivo llevadas a cabo por año, mismas que pudieron versar sobre varios impuestos y periodos impositivos… no se proporcionará el nombre de los obligados tributarios ni sus cédulas jurídicas, al estar impedida la Administración Tributaria de divulgar información propia de la cuantía de las rentas de los contribuyentes, mismas que gozan de confidencialidad”.

Con la resolución de la Sala los datos deben entregarse al Observatorio.

En el enlace puede descargar el documento completo enviado a SURCOS por el Movimiento de Ciudadanía que Construye Territorios Seguros.

Sala-Constitucional-Exp-20-010588-0007-CODescarga

Reducción de salarios, decisión que enfrenta a trabajadores, protege a ricos y empobrece al pueblo

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Juan Huaylupo Alcázar*

LA CRISIS

Los procesos económicos críticos son consustanciales del capitalismo, sean producto de sus propias contradicciones o provocadas por los propietarios del capital e instituciones bancarias. La crisis económica mundial entendida como fin de las condiciones que propician la continuidad de las relaciones establecidas. En tal sentido, ha sido interpretada como la debacle absoluta de la economía y así divulgada por todos los medios, los gobiernos y los propietarios del capital. De este modo, la crisis económica y pandémica ha sido la fuente para la creación de miedos, la incertidumbre y la inestabilidad fundamentalmente para los mayoritarios sectores sociales sensibles y vulnerables de la sociedad. Miedos que son usados para la adopción de decisiones y acciones, estatales y empresariales, sobre asuntos políticos y económicos que trascienden la salud pública nacional.

El miedo a quedarse sin salario que es la única forma para el sustento familiar y la vida de millones de personas del mundo, se exacerba con las alarmas de los propietarios y sus acólitos. No obstante, en una sociedad capitalista, interdependiente, mercantilizada y desigual, todos son afectados, aunque con efectos muy diferenciados e incluso contradictorios. Creer que solo los empresarios sufren las consecuencias de la crisis, es un engaño y una distorsión de la realidad.

La reactivación de la economía no se logra con la inversión privada, sino dando trabajo y elevando la capacidad adquisitiva de los trabajadores AUMENTANDO SALARIOS NO CONFISCANDOLOS. Es un crimen de lesa humanidad por ser “… parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil y con conocimiento de dicho ataque … que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.” (Estatuto de la Corte Penal Internacional, 2002). Cercenar salarios para subsistencia de los trabajadores, así como eliminar la obligación estatal por la salud, la alimentación, el trabajo y vida ciudadana, así como, determinación estatal para que financieras privadas decidan, dispongan y administren los salarios acumulados para supuestas pensiones complementarias, las cuales no devueltas a sus dueños en plena crisis de subsistencia, a la vez que son defalcadas en mercados internacionales y por sus administraciones locales, entre otros latrocinios, son crímenes intencionales y premeditados contra la vida, además de traiciones políticas del Estado contra el pueblo.

Atentar contra los salarios, NO SOLO ES UNA TRANSGRESIÓN CONTRA LOS TRABAJADORES TAMBIEN LO ES, CONTRA LOS NEGOCIOS PRIVADOS, EL DINAMISMO ECONÓMICO, LAS RIQUEZAS PRIVADAS Y LOS INGRESOS AL ESTADO. Pero, además minimizar los salarios de quienes han adquirido derechos y compensaciones laborales a través de décadas de trabajo cognoscitivo y especializado, para ser criticados como privilegiados y adversarios, lo cual busca el enfrentamiento entre trabajadores revelando una práctica de naturaleza fascista, que deja incólume al poder de gobernantes y empresarios, que violan derechos, liquidan democracia y pagan salarios miserables, así como crea una imagen ideológica de que la pobreza es el ideal a ser imitado e impuesto a todos los trabajadores.

Los propietarios del capital en Costa Rica, a instancias y la manipulación ideológica de las cámaras patronales, controladas por los intereses de influyentes empresarios, presionan y logran relativizar y flexibilizar las restricciones sanitarias. Ellos, con la complicidad gubernamental, son verdaderos causantes de propagación de la infección viral al obligar a los trabajadores, por subsistencia y hambre, a poner en riesgo la salud familiar y sus vidas.

La crisis y sus efectos no tiene en la pandemia como su única determinación causal, ella ha evidenciado la desigualdad social y la existencia de estructuras sociales excluyentes, por la cual se incrementa y profundiza la pobreza, la enfermedad y muerte en los sectores más vulnerables de la sociedad. Asimismo, la pandemia nos muestra fehacientemente que los pobres y trabajadores son el sustento social de la economía nacional y la riqueza privada, a la vez que ha revelado, las contradicciones de económicas de la sociedad y el sistema prevaleciente. No obstante y contradictoriamente, son a los pobres y trabajadores a quienes se les obliga, no solamente a sufrir las más serias consecuencias de la crisis, también se les impone, con su trabajo y salarios, compensar los desequilibrios fiscales del gobierno y subsidiar el sistema de salud, lo cual es una infamia intolerable, inaceptable e imposible, cuando los empresarios son millonarios deudores a la C.C.S.S. a quienes no se les cobra, no se les demandan judicialmente y menos aún, les embargan sus propiedades. Pero, lo más dramático, en la actual crisis económica y sanitaria, es tener un Estado que formal y esencialmente debe garantizar lo público y los derechos igualitarios en la desigualdad sistémica, pero hace precisamente lo contrario, sanciona y sacrifica a los que sustentan el sistema, mientras que exime de todo compromiso y responsabilidad a los protagonistas privados de la crisis, complace a los propietarios del capital en sus negocios y ganancias privadas, así como protege y estimula al sector financiero en su actividad usurera y especuladora que esquilma a los pobres y cercena el futuro de la sociedad.

PRIVATIZACIÓN SOCIAL Y POLÍTICAMENTE REGRESIVA

La privatización del bienestar, la política pública y del Estado social han liquidado la democracia en nuestro país, así como el amparo al poder económico, ha creado la dictadura directa y transparente, con una formalidad institucional de democrática. El totalitarismo contemporáneo se ha encubierto de una institucionalidad estatal y una legalidad de apariencia democrática. Los proyectos liberales regresivos e imperiales del poder en Costa Rica, son compatibles con la regresión conservadora y el conocimiento económico vulgar y dogmático del Fondo Monetario Internacional, para imponer el totalitarismo que no lograron en décadas pasadas por la resistencia social y el conocimiento. La radicalidad de conservadores y fascistas, toman de pretexto la pandemia, para aplicar su arcaico y regresivo extremismo político y económico.

La actuación gubernamental y legislativa contra los trabajadores y pobres, es tan grave como el tener un sistema judicial que, amparado en la igualdad de derechos, actúa parcial y parcializadamente contra la ciudadanía y la Constitución de la República, convirtiéndose en una institucionalidad subordinada y cómplice de las transgresiones del poder y ejemplo de vergonzosa regresión de los intereses nacionales y ciudadanos.

Los poderes, político y económico, podrían evitar la mayor tragedia que Costa Rica haya conocido, no a causa de la pandemia, sino por intransigencia y posesividad de quienes se han creído dueños de personas y pueblos.

El desempleo, la reducción de los salarios y su confiscación salarial, SIN AFECTAR A LAS EMPRESAS Y SUS DUEÑOS que evaden ilegalmente sus obligaciones tributarias, ni tampoco intervienen riquezas de los ricos y de las entidades financieras, que empobrecen más a los pobres, es una infamia y una traición política de quienes usurpan la representación ciudadana.

La usurpación del poder político ciudadano y los propietarios del capital, tendrán el poder para modificar leyes a su antojo y disponer de los medios de coacción para imponerse, pero en su ceguera y estupidez, están imposibilitados de ver y comprender la inviabilidad de construir una historia sin pasado, que se suicidan destruyendo cultura, ciencia, economía y humanidad.

El poder estatal y empresarial ya están liquidando en Costa Rica los logros conquistados en el pasado para comprometer dramáticamente nuestro presente y futuro, ignorando la destrucción y devenir trágico que originan, en su patológica alienación por el inmediatismo, lo tangible y el presente.

LA RIQUEZA UN PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

La riqueza propia o heredada, no es ni ha sido, una creación mágica de sus propietarios, pues ninguna riqueza es creada individualmente, todas son creadas socialmente, son muchos sus creadores, aunque privatizada por pocos. Esta es la razón por la que no es posible ampararse en los generadores de la riqueza y eximir a los han generado pobreza, desigualdad e inequidad que nutre la pandemia. Luego, serán los ricos quienes deberán contribuir en paliar la crisis, de otro modo, la debacle y derrumbe del capitalismo será un futuro cercano, donde todos perderán, pero los causantes, los ricos y los poderes políticos que los amparan, desaparecerán de la sociedad y de la historia, para construir un nuevo mundo sin barbaros e ignorantes.

NO ES POSIBLE que aquellos que se han enriquecido con el trabajo ajeno, la especulación y el comercio a costa de los consumidores y del otorgamiento de millonarios y exorbitantes contratos gubernamentales, no se les exija contribución alguna para paliar el empobrecimiento población y el desequilibrio fiscal. LA REDISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA GENERADA SOCIALMENTE ES UNA NECESIDAD SOCIAL, ECONOMICA Y HUMANA. No se reactiva la economía liquidando a la población que crea y reproduce riqueza. La condonación de las deudas a los bancos, la reducción de precios a alimentos de consumo social, la rebaja en los precios de los servicios públicos, el aumentar salarios, eliminar los impuestos al trabajo, devolver a sus dueños los aportes salariales sin condiciones, depositados en las entidades financieras, otorgar préstamos con intereses negativos o no reembolsables, así como el restablecimiento de las políticas públicas y la defensa soberanía y el desarrollo nacional, son las decisiones que el pueblo exige aprobar y establecer para el bien común y la nación costarricense.

* Catedrático en Administración Pública en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica.

Emergencia nacional y ortodoxia económica: Una bomba de tiempo

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Mario Devandas

En varias conversaciones he escuchado a don Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central y principal conductor de la política económica, argumentar que el uso no heterodoxo de la política monetaria y en particular el uso de una parte de las reservas en dólares del Banco, que ascienden a más de ocho mil millones de dólares, generaría desconfianza para el país en los mercados internacionales. Pero ¿que generaría más desconfianza utilizar esos recursos para enfrentar la grave situación que vivimos, o un desempleo desenfrenado, un incremento de la desigualdad, y una explosión social? Además de una no ortodoxa política monetaria, no se plantea una política tributaria progresista donde además de meter en cintura a los rentistas, a la evasión, y a las grandes utilidades, a las desmesuradas exenciones, se controle también el precio de las exportaciones para poner coto a los llamados precios de transferencia que nos desangran y nos reducen cada vez más a calidad de colonia.

Para que no se considere la propuesta en que he insistido desde una arista ideológica, voy a decirlo con palabras del propio FMI, al que don Rodrigo rinde mucha admiración:

“A más largo plazo, el impulso de la economía mundial está bajo la presión de un lento deterioro y debilitamiento de la confianza en las instituciones; y la confianza es, naturalmente, la savia de cualquier economía. Esta confianza tambaleante tiene muchas aristas: los efectos persistentes de la crisis financiera mundial, la percepción de que las recompensas del crecimiento económico y la globalización no se distribuyen equitativamente, el nerviosismo sobre el futuro del empleo y las oportunidades económicas, y la debilidad de los marcos de gobierno que suele facilitar la corrupción. El envejecimiento de la población y el financiamiento insuficiente de los sistemas de pensiones también están limitando el ímpetu de la economía, y la desigualdad de ingresos se está acentuando. Además, el cambio climático, si no se lo contrarresta, puede quebrantar gravemente el bienestar económico en las próximas décadas. Los países también deben seguir prestando atención a estos desafíos que acechan a largo plazo”.

“Mediante impuestos progresivos sobre la renta bien diseñados, así como ciertos impuestos sobre la riqueza, se puede contribuir a reducir la desigualdad sin sacrificar el crecimiento. Los estudios empíricos en curso muestran que un “ingreso básico universal” podría reducir la pobreza y la desigualdad, pero depende de la capacidad administrativa de cada país y de la posibilidad de mejorar la focalización del gasto social.”

Informe del FMI de 2018