Hoy miércoles 5 de agosto se estará presentando el comunicado ante la llegada de las colectas de café y la situación de las personas trabajadoras ngöbe-buglé, firmado por organizaciones sociales y comunidades, así como proyectos, institutos , centros de investigación y programas de la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Estatal a Distancia (UNED), Universidad Nacional (UNA) y el Tecnológico de Costa Rica (TEC). Se transmitirá en el FB del Programa Kioscos Socioambientales UCR, a las 3:00 pm. Para más informes: todoslosderechoslaborales@gmail.com
El día comenzaba a declinar, y acercándose los doce, le dijeron: «Despide a la multitud, para que vayan a las aldeas y campos de los alrededores, y hallen alojamiento y consigan alimentos; porque aquí estamos en un lugar desierto». «Dénles ustedes de comer»,les dijo Jesús. Y ellos dijeron: «No tenemos más que cinco panes y dos peces, a no ser que vayamos y compremos alimentos para toda esta gente». Lucas 9,12-13
¡¡¡Entonces, con sólo cinco panes y dos peces, puestos en común, sucedió el milagro!!!
Chietón Morén
En el Museo y Mercadito Chietón Morén, hemos leído con estupor, los comentarios de Carlos Peña, presidente de la Cámara Nacional de las Pymes, de Costa Rica, quien ante el escenario de desolación producido por la Pandemia del Covid 19 y ante el clamor de sus asociados que pedían dirección y consejo, (¿Qué vamos a hacer? – le clamaban), con gran cinismo respondió, literalmente: “¡absolutamente nada!”.
Y justificó su posición con los argumentos más salvajes que le hemos escuchado a un representante de ese capitalismo ya en decadencia: “aquellas empresas que cierren operacionesentre el 15 de marzo y el 30 de junio son propuestas de valor que el mercado no necesita, no le interesan y/o no está dispuesto a darle continuidad porque no son bienes esenciales, no generan valor ni beneficios reales.”
Esperábamos que, al menos, esta fuera solo la opinión personal del señor Carlos Peña, sin embargo confirmamos que el mismo artículo fue publicado en la página oficial de la Cámara Nacional de Pymes, por lo que suponemos que lamentablemente, puede ser también una posición oficial de dicha Cámara. Ya nos aclararán sus asociados si esta es la posición de su Cámara.
Nuestra primera reacción, aún con sangre en el ojo, fue de perder el habla. Como partícipes de una pequeña Pyme, que reúne a 250 familias, todas ellas de territorios indígenas de Costa Rica, no podíamos creer que fuera real y posible que el presidente de una Cámara, la cual, debería representar nuestros intereses, tratara con tal desprecio el esfuerzo y el trabajo de tantas familias que, a lo largo y ancho del país, constituyen pymes. Familias que con las uñas y con grandes y valiosos esfuerzos, hacen lo mejor e inimaginable para resistir esta Pandemia Mundial. No hace falta ser un experto para constatar los graves y severos efectos de la misma en todos los espacios del quehacer de la humanidad: la salud, la educación, la política, y sin dejar de lado, la economía de cada una las familias. Nunca en la historia de la humanidad la humanidad había experimentado un evento de estas magnitudes y con estas consecuencias. Y aun así miles de familias, con valentía, creatividad y entereza, continúan en una lucha para sostener sus empresas en medio de este huracán que se les vino encima.
Habiendo dejado calmar las aguas, nos parece sumamente importante, que las pymes reflexionemos dos ideas sobre la posición de la Cámara, en la figura de su presidente.
Dice el señor Carlos Peña, “Propuestas de valor que el mercado no necesita”
Llama la atención primeramente cómo el señor Carlos “personaliza” el mercado. Diríamos más bien, los diosifica… le da atributos de un dios poderoso y omnipresente el cual determina qué necesita, qué deshecha, qué crea, qué destruye, qué valora. Un dios que solo busca el bienestar de sí mismo o de sus acólitos. Un dios, ante cuyo altar debemos inmolar lo más preciado, lo más hermoso: nuestro trabajo, nuestra salud, nuestras familias, nuestras vocaciones personales y particulares, nuestras pequeñas riquezas. Tal vez, quién sabe, lo logremos calmar con estos sacrificios. Tal vez le agrade nuestra inmolación. Nos señala don Carlos, que será el dios-mercado quien determinará si “está dispuesto a darle continuidad” a nuestros pequeños proyectos.
Creemos que ya de entrada esta visión del presidente de la Cámara Nacional de Pymes está pervirtiendo la realidad y los fines últimos del “Mercado”. El señor Peña, puso la carreta delante de los bueyes. ¿Cómo se lo podemos explicar?
Nosotros, desde los pueblos indígenas, al contrario, entendemos que el Mercado es el instrumento, que la humanidad ha creado, para que nos sirva a nosotros, y no, que nosotros sirvamos al mercado. Por supuesto, si ese instrumento no nos sirve, significa que hemos escogido un instrumento que no es válido… que algo en él está fallando y que la consecuencia lógica sería revisarlo, analizarlo, juzgarlo y actuar en consecuencia. Efectivamente, con certeza hemos comprobado que el modelo de mercado que la Cámara y su presidente preconizan, en una emergencia de la magnitud como la que estamos viviendo, a las pequeñas empresas “no nos ha sido útil, no nos ha asegurado los bienes esenciales ni nos generó valor ni beneficios reales”.
Permítanos decirles, señores de la Cámara, que precisamente es su modelo de mercado el que no ha pasado la prueba en esta pandemia. Es su modelo de mercado el que nos ha quedado debiendo.
Chietón Morén, un buen trato
Nuestro espacio, el Mercadito (sí, en diminutivo) donde exponemos nuestros productos se llama Chietón Morén (en lengua brunca), porque este es nuestro mayor anhelo. Recibir y brindar, en igualdad de condiciones, un buen trato entre nosotros y las personas amigas que nos visitan. No comerciamos nuestro producto. Intercambiamos nuestra cultura, nuestro arte, con toda aquella persona que quiera compartirla. El lazo que nos une en medio de tanta diversidad en nuestro trabajo es la búsqueda del bienestar común: cada persona con su cultura, su arte, sus diferencias… A clientes, a artesanos y a voluntarios nos une una sola cosa: la solidaridad. La búsqueda del bien común. Ese es nuestro “bien esencial”, nuestro “valor” y de allí surgen los “beneficios reales” que percibimos tanto las personas artesanas como aquellas que nos visitan.
Ese es el camino señor Carlos… la convocatoria que debemos hacer es a la búsqueda del bienestar común. Allí no hay pérdida. Aquí no vale un “sálvese quien pueda”
¡¡¡¡Cada pequeña pyme aportará sus cinco panes y sus dos peces, los cuáles, puestos en común, repetirán una vez más en la historia, por sí solos y sin su ayuda ni la de su cámara, el verdadero milagro!!!!
Luis Paulino Vargas Solís Economista; Director CICDE-UNED Grupo Economía Pluralista
La estrategia que se está aplicando para controlar la pandemia del Covid19, está teniendo algunos logros, pero éstos son insuficientes.
Si uno se remite al total de nuevos casos registrados semanalmente (de lunes a domingo), observa que el crecimiento de ese acumulado tiende a acelerarse hacia finales de mayo e inicios de junio, y alcanza un pico (de hasta más del 100%) a fines de junio e inicios de julio. A lo largo de este último mes, tiende a desacelerarse. En la semana que concluye el 2 de agosto se registran 369 casos menos que la semana previa (reducción del -9%), la primera vez que hay un decrecimiento semanal en dos meses y medio.
Si se lograra mantener tasas negativas de crecimiento, es decir, si lográramos que cada semana el número de casos disminuya en comparación con la semana anterior, iríamos camino de controlar la pandemia. Pero con la “apertura”, y por más protocolos que se apliquen en las empresas, es improbable que se logre tal cosa, porque la “apertura” implica más tumultos de gente, más personas en los buses y, en definitiva, mayores riesgos de contagio. Más aún en plena estación lluviosa.
Aunque no se han dado datos precisos, pareciera claro que el violento rebrote que hemos registrado a partir de mayo, se ha centrado en las barriadas empobrecidas de nuestras áreas urbanas. Lo cual, por cierto, no debería sorprender a nadie, puesto que se trata de poblaciones que viven en extrema precariedad, y en situaciones de hacinamiento.
Bajo esas condiciones, el discurso de responsabilización individual pierde sentido y se vuelve ineficaz. La disciplina del distanciamiento social y la higiene personal, se vuelve una imposibilidad de hecho, cuando docenas de personas viven literalmente amontonadas en unos pocos metros cuadrados. Y puesto que de ahí provienen muchísimos de los trabajadores y trabajadoras que las empresas necesitan, ello advierte acerca de la insuficiencia de que éstas apliquen rigurosos protocolos sanitarios. De muy poco les serviría hacerlo, cuando sus trabajadoras y trabajadores podría estarse contagiando en espacios externos a los del sitio de trabajo.
Se necesita desarrollar un concienzudo trabajo a nivel barrial. El sociólogo Miguel Sobrado sugería tomar como modelo la exitosísima experiencia del Hospital sin Paredes desarrollada en San Ramón. Dudo, sin embargo, que sea una referencia apropiada, porque hay enormes diferencias culturales entre las poblaciones, en gran parte rurales, de aquel cantón, y estas poblaciones de áreas urbanas empobrecidas.
La cuestión exige no solo un masivo esfuerzo educativo, sino también movilización de recursos: hay que proporcionar un mínimo de condiciones decentes de habitabilidad, que hagan viables la aplicación de las normas de cuido y prevención.
No esperemos que la Caja y el Ministerio de Salud, con sus recursos actuales, puedan resolver esto. La primera está embarcada en un esfuerzo extremo, realmente épico, en procura de atender el número creciente de pacientes Covid-19 que llegan a sus hospitales. El segundo, que también se ha partido el alma en esta lucha, simplemente carece de los recursos requeridos.
Tenemos que proporcionarles a estas instituciones esos necesarios recursos, pero, más aún, tenemos que asumirlo con un compromiso de alcance nacional, absolutamente prioritario. Es aquí donde se juega nuestro destino, y aquí, por lo tanto, donde deberían hoy estar enfocados los esfuerzos de Costa Rica entera: las diversas instituciones públicas; las universidades; municipalidades; cámaras empresariales; sindicatos; cooperativas y solidarismo; organizaciones comunales, etc.
Para ganar la batalla en el frente económico, tenemos que ganar la batalla en el frente sanitario. Si no entendemos esto tan básico, significa que no estamos entendiendo nada.
“Morirán los que tienen que morir”. Carlos Soublette, presidente de la Cámara de Comercio de Santiago de Chile (16/04/2020) “Que mueran los que tienen que morir”. Carlos Peña Quintana, presidente de la Cámara Nacional de Pymes, Costa Rica (01/08/2020)
¿Qué lleva a dos presidentes de cámaras empresariales, una en Chile y otra en Costa Rica, a sugerir este laissez faire, laissez morir, que nos parece tan contrario a todo humanismo? Una respuesta rápida podría ser que seguramente comparten una matriz ideológica muy similar, la del capitalismo salvaje, pero creo que hay razones más profundas. Veamos.
Ya Adam Smith, en La Riqueza de las Naciones (1776) proponía la tesis de que una economía de “libre mercado” conlleva la tendencia hacia el equilibrio económico, entendido este en términos de la convergencia entre la oferta y la demanda. Pero en esa misma obra Smith reconoció que tal pretendida armonía tenía un fundamento sacrificial: requería que la oferta de trabajo se ajustara a la demanda mediante la auto regulación de la población obrera, naciendo y muriendo aquellos “hijos que producen sus fecundos matrimonios” según los requerimientos del “estado de propagación” de la riqueza nacional. Es una tesis cínica, pero no hipócrita, pues reconocía lo que de hecho estaba sucediendo en la Inglaterra de su época.
Dos siglos más tarde, el gurú del neoliberalismo, F. Hayek repitió la misma tesis de Smith en una entrevista publicada en 1981 en el diario chileno El Mercurio: una “sociedad libre” -dijo- no puede garantizar la manutención de todas las vidas, “porque podría ser necesario sacrificar vidas individuales para preservar un número mayor de otras vidas”. Y acto seguido sentenciaba las únicas reglas morales que podían justificar este “cálculo de vidas”: la propiedad (privada) y el contrato (mercantil). Lo que Hayek presenta como un cálculo de vidas es en realidad un cálculo de muertes: las muertes reales, de hoy, supuestamente serán compensadas con vidas irreales en el futuro. Es una tesis a la vez cínica e hipócrita.
El mal llamado Darwinismo social plantea una tesis muy similar: en la lucha competitiva solo los más aptos pueden y deben sobrevivir. Se trata de una extrapolación a la sociedad humana del evolucionismo biológico que ni siquiera los seguidores de la doctrina del gen egoísta se han atrevido a hacer.
Estas distintas posturas sacrificiales son variantes de lo que podemos llamar, más allá del economicismo, el “mito del poder”, que podemos entender sencillamente así: “la muerte crea vida”. Como tal mito, se ha utilizado desde tiempos antiguos para justificar guerras, conquistas, sacrificios humanos y hasta el lanzamiento de bombas atómicas sobre población civil. Lo cual no debe extrañarnos, porque el ejercicio del poder crea, debe crear, mitos de dominación. Así ha ocurrido en las más diversas civilizaciones, desde los fenicios hasta el capitalismo neoliberal.
La covid-19 ha vuelto a poner este mito en boca de destacados (y no tan destacados) representantes de un capitalismo necrófilo, sosteniendo en esta ocasión y sin justificación alguna, que, si es necesario que ocurran muchas muertes para “salvar la economía”, es lo realista y lo correcto.
Los dioses fenicios, griegos, romanos, aztecas, etc., han sido sustituidos por el dios del mercado. Frente al mercado, la eficiencia y la competitividad, no hay derechos humanos que valgan, ni siquiera el derecho a la vida misma. Y lo anterior enmarcado, como no podría ser de otra manera, en un contexto socioeconómico de profundas discriminaciones y desigualdades estructurales que hacen del “cálculo de vidas” propuesto por Hayek, un eufemismo que pretende ocultar lo que el propio Adam Smith reconocía: las víctimas que se sacrifican no se seleccionan aleatoriamente.
Por ello, expresiones necrófilas como las reseñadas al inicio, no se justifican tanto por una pretendida coherencia con la ideología neoliberal aprendida en cursos de algún M.B.A., sino por una cultura de muerte que peligrosamente vuelve a instalarse en el mundo de ciertos círculos empresariales, tal como ocurrió durante la peste negra en el mundo de los círculos religiosos.
Y es que ante la incapacidad de entender a ciencia cierta la actual crisis, ni de ofrecer respuestas efectivas a la misma y a sus desastrosas consecuencias, el recurso narrativo de quienes de facto nos gobiernan, es recurrir al mito de que la muerte crea vida. Estamos a tiempo de evitar su propagación.
La plataforma explotó, muchas personas ciudadanas quedaron sin ingresar.
Como les había informado, el 1 de agosto a las 2:00 pm, se realizaría la reunión mediante la plataforma Zoom, para discutir el procedimiento que permita iniciar el proceso del diálogo necesario y al que estamos acostumbrado históricamente en Costa Rica, para resolver nuestros problemas, pues el país sigue sin rumbo claro.
Tomamos entonces la decisión de hacer otra reunión más, este miércoles 5 de agosto a las 6:00 pm.
Quien desee participar, por este medio me informan y les hago llegar el enlace.
Será muy importante que de manera profesional, hagan circular la información.
Hemos conseguido una plataforma de más capacidad, para que la ciudadanía ingrese, se encuentre y podamos cumplir el mandato constitucional, de asumirnos y construirnos como El Soberano, el Primer Poder de la República.
También lo transmitiremos por Facebook Live.
Venciendo el miedo, con la convicción de que la razón nos asiste, estableceremos, al igual que lo hizo la ciudadanía en 1821, las bases de un Nuevo Pacto de Concordia, un Nuevo Pacto Social.
El Bloque Sindical y Social Costarricense, BUSSCO, compartió con SURCOS una carta enviada a la junta directiva de la CCSS en la cual solicita: “1. En aras de la paz social y el ejercicio democrático, se suspenda el trámite de la reforma del Reglamento IVM. 2.Que se convoque a una Mesa de Diálogo con la participación de los sectores sociales (para que) se discuta el futuro de las personas adultas mayores en Costa Rica, la sostenibilidad del sistema de jubilaciones y que garantice calidad de vida a las personas trabajadoras”. La siguiente es la nota:
Señores y señoras Román Macaya Hayes María de los Ángeles Solís Umaña Fabiola Abarca Jiménez Marielos Alfaro Murillo Christian Steinvorth Steffen Bernal Aragón Barquero José Luis Loría Chaves Maritza Jiménez Aguilar Mario Devandas Brenes Junta Directiva CCSS
Estimados (as) señores (as):
El Bloque Sindical y Social Costarricense, BUSSCO, que reúne a más de 60 organizaciones sindicales y sociales, ha sido informado por los medios de comunicación que la Junta Directiva pretende reformar el régimen de pensiones IVM, en forma unilateral, sin ningún proceso de análisis y debate público, como corresponde a una democracia y congruente con el mandato constitucional de un gobierno participativo.
Un asunto de esta trascendencia no se puede dirigir y resolver de esa manera, por lo que, de una vez manifestamos, que estamos solicitando que se suspenda cualquier intento de reforma, y en consecuencia, se disponga una mesa de diálogo social para el debate del tema, previa rendición de cuentas a los trabajadores de la gestión y la implementación de las sucesivas reformas.
Esa pretendida reforma, sin una validación de los estudios actuariales, se convierte en un “acto de fe”, desprovisto de rigurosidad técnica y legitimidad social, que no existe la menor duda que sería rechazado rotundamente por amplios sectores de la sociedad costarricense.
Esperamos que no se estén anteponiendo los intereses mezquinos de un reducido sector sobre los intereses de la gran mayoría de nuestro pueblo trabajador.
Justificada desconfianza en los Estudios Actuariales
En el año 2017, la Junta Directiva, como se hizo en el 2005, invitó a los sectores sociales a una Mesa de Diálogo, nombrándose representaciones del sector laboral, patronal y del gobierno, con la finalidad de buscar soluciones que garantizaran la sostenibilidad del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte.
En esa ocasión, ante serios cuestionamientos al estudio actuarial realizado por la Escuela de Matemáticas, contratado por la propia Caja, se solicitó a la Organización Internacional del Trabajo una visión de la reforma de pensiones en Costa Rica y un análisis del cuestionado estudio actuarial.
La OIT advirtió en la nota entregada y durante la presentación a la Mesa, graves deficiencias metodológicas de ese estudio, que desvirtuaron totalmente sus resultados, viciado de graves gazapos.
Entre las tantas inconsistencias advertidas, algunas elementales, destacan que no diferenció entre cotizantes activos y pasivos, sobreestimó el número de cotizantes, y en consecuencia, infló la cantidad de personas con derecho a pensión.
Además, se sobreestimó la formalización del empleo y se cuestionó la fórmula de cálculo para el monto de la pensión: “es como si los salarios de Costa Rica, fueran trasladados para financiar pensiones de Noruega.”
Posterior a la reforma del 2017, expertos muy calificados en especialidades matemáticas y actuariales, Juan José Víquez Rodríguez, Edgar Robles Cordero y Luis Rosero Bixby, realizaron una revisión técnica del Estudio de sostenibilidad del IVM, quienes señalaron falencias, omisiones y errores técnicos del Estudio del equipo de la Escuela de Matemáticas que realizó el estudio del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, concluyendo que los resultados son inválidos, los cuales correspondían a un escenario pesimista sin ningún fundamento técnico.
Estas debilidades y falencias han causado una justificada falta de confianza en los estudios actuariales, ya sea realizados directamente o contratados por la Caja, por lo que lo más conveniente es una validación de un órgano con experiencia en seguridad social, que no tenemos ninguna que la OIT es un órgano con una gran experiencia y experticia en esta materia.
Reforma del 2017
En la mesa tripartita de diálogo, de 2017, que fue acompañada por diversos sectores e instituciones, se acordaron 33 recomendaciones, que fueron acogidas por la Junta Directiva, producto de un esfuerzo y el mayor consenso de trabajadores, patronos y Estado, para dar sostenibilidad por lo menos 20 años (2038) al régimen, con propuestas paramétricas y no paramétricas, entre ellos la aceleración de los escalones contributivos.
Las recomendaciones finales de la Mesa de Diálogo fueron de orden estratégico, metodológico, incluyendo recomendaciones de regulación normativa para evitar la evasión y la morosidad y una sana gestión administrativa.
También se acordó la presentación de informes anuales de gestión, que a la fecha no se ha cumplido, mucho menos los compromisos adquiridos por el Estado en la Mesa de Dialogo del RIVM.
Una precipitada e inconsulta propuesta de reforma fundamentada en un elemental informe
Preocupa y extraña sobremanera que la propuesta de reforma del reglamento IVM que se pretende acordar, a golpe de tambor, se fundamente en un elemental informe elaborado por un Grupo de Trabajo, conformado por 2 gerentes: Jaime Barrantes Espinoza, Gerente de Pensiones y Luis Diego Calderón Villalobos, Gerente Financiero, el Ing. Ubaldo Carrillo Cubillo, Director Administración de Pensiones, el M.Sc. Cristian Torres Jiménez, Jefe Área Actuarial, Dirección Actuarial, con el equipo asesor correspondiente.
Aunque la reforma anterior se aprobó a finales del año 2017, la Junta Directiva acuerda que la “Valuación Actuarial del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, al 31 de diciembre de 2018”, sería un “insumo inicial básico de los grupos de análisis que se conformen con el propósito de plantear planes de fortalecimiento del Seguro de Pensiones de la CCSS.”
Sin embargo, en lugar de planes de fortalecimiento lo que se presentó a la Junta Directiva son exclusivamente reformas paramétricas, con graves consecuencias para trabajadores, patronos y Estado, a menos que como en otras ocasiones se quiera cargar la reforma solo en las personas trabajadoras.
Las reformas propuestas
Resulta tentador para los jerarcas proponer cambios en el perfil de beneficios, edades de retiro y contribuciones, con el criterio de esos parámetros “sí están en control de la CCSS” y descartando, a priori, la búsqueda de nuevas formas de financiamiento porque “es lento y engorroso”.
Nuestras observaciones preliminares a las propuestas:
Las propuestas para todos los trabajadores del país
Plan 1
– Elimina totalmente el retiro anticipado.
Plan 2
– Aumenta la edad para el retiro anticipado: hombres a los 64 años con 30 años cotizados y mujeres a los 62 años, con más de 37 años cotizados. – Disminuye el monto de pensión: > Utiliza el promedio de toda la vida laboral para el salario de referencia > La pensión se calcula con el 40%, 45% y 50% del salario de referencia. > Aumenta en 5 años el requisito para reconocer mes adicional cotizado – Aumento contribuciones: incremento en 5,5% tripartito. De 10,66 a 15,16%.
Plan 3
– Elimina y aumenta la edad para el retiro anticipado: lo elimina para los hombres. Las mujeres aumentan la edad a 62 años con más de 37 años cotizados. – Disminuye el monto de pensión: > Utiliza el promedio de toda la vida laboral para el salario de referencia > La pensión se calcula con un 45% del salario de referencia. > Aumenta en 5 años el requisito para reconocer mes adicional cotizado – Aumento contribuciones: incremento de 5,5% tripartito. De 10,66 a 15,16%.
1.- Nuevas condiciones para el retiro anticipado
Se elimina el incentivo a la larga cotización durante la vida laboral al eliminar el retiro anticipado, incrementar la edad o mantenerlo solo para las mujeres, no visibiliza que para lograr ese beneficio se debe cotizar por casi 40 años, desconoce que hay grupos ocupacionales con esas contribuciones que tienen una expectativa de vida menor y que ya existen personas trabajadoras que han cotizado por más de 20, 30 o más años y que han mantenido que ya han cotizado 30 o más años con la expectativa de lograr una pensión adelantada.
Finalmente, en el caso de las mujeres alarma que la administración de una institución de seguridad social, mantenga una visión patriarcal del trabajo, obviando el trabajo no remunerado de las mujeres trabajadoras, su papel como cuidadoras y el aporte a la sociedad, desconociendo los avances en acciones afirmativas a favor de las mujeres.
2.- Disminuir el monto de las pensiones
a.- Modifica la Fórmula de cálculo del salario de referencia
En el 2005 cuando se reformó la formula se tenía el objetivo de desincentivar que las personas contribuyeran mayoritariamente durante los últimos 5 años, para obtener mejores pensiones sin que se hubiera cotizado.
La regresiva propuesta disminuye considerablemente el salario de referencia, al utilizar la totalidad de los salarios cotizados, con el consiguiente decrecimiento del monto de la pensión.
b.- Reducción del monto en un rango entre 40-50% del salario de referencia.
El porcentaje de reemplazo del salario ha venido en caída libre desde los años 90, llegando en el 2005 a definir 8 estratos con respecto a los salarios mínimos, cuyos rangos oscilan entre un 43% y un 52,5%.
La agresiva propuesta establece rangos de 40%, 45% y 50% para el monto de pensión; una medida mucho más injusta para los sectores más vulnerables.
Por otra parte, no es cierto que los regímenes complementarios estén sustituyendo la reducción de los beneficios en el régimen básico, en este caso el RIVM.
3.- Aumento de las contribuciones
Como si lo anterior no fuera suficiente gravoso, la propuesta de aumentar en un 5,5% la contribución tripartita, mediante ajustes cada 3 años, desde el año 2020, pasando de un 10,66% a 15,16%, es un coste muy alto.
4.- Reducción de la cuantía adicional
El objetivo de esta modalidad es la permanencia en el sistema y pretender no calcularlo a partir de los 20 años, sino a los 25 años cotizados, no incentiva a la permanencia en el sistema, eliminando el 1% anual por cuantía adicional.
Con fundamento en lo expuesto se concluye que no se trata de una reforma de baja intensidad, sino de una reforma estructural, de implicaciones profundas, la cual no puede ser discutida en un consistorio secreto.
La reforma que se justifique debe implicar un proceso de diálogo social, amplio, transparente, que incluya la participación de los actores sociales.
Con fundamento en los motivos expuesto, solicitamos:
En primer lugar, en aras de la paz social y el ejercicio democrático, se suspenda el trámite de la reforma del Reglamento IVM.
En segundo lugar, que se convoque a una Mesa de Diálogo, que con la participación de los sectores sociales se discuta el futuro de las personas adultas mayores en Costa Rica, la sostenibilidad del sistema de jubilaciones y que garantice calidad de vida a las personas trabajadoras.
Solicitamos que esta petición se resuelva dentro del plazo de ley.
Sin otro particular, suscribe atentamente,
P/ Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense, BUSSCO.
Martha Elena Rodríguez González. Secretaria General Adjunta UNDECA. Comisión Política, BUSSCO.
Copias:
Sr. Carlos Alvarado Quesada, Presidente República de Costa Rica. Sra. Carmen Moreno González, Directora Oficina de la OIT en Costa Rica, OIT. Sra. Giannina Dinarte Romero, Ministra; Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.MTSS Sra. Patricia Mora Castellanos, Ministra; Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU Sra. Catalina Crespo Sancho, Defensora; Defensoría de los Habitantes, CCSS. Movimiento sindical y Social. Trabajadores y trabajadoras. Archivo.
Luis Felipe Arauz, exministro de Agricultura y Ganadería
Está en el tapete la discusión sobre la posible venta de la Fábrica Nacional de Licores (FANAL). Esa intención parte de la premisa equivocada de que la FANAL deja pérdidas. Todo lo contrario, la FANAL no solo no deja pérdidas, sino que ayuda a programas de apoyo al sector agropecuario, a la seguridad social, y a otros programas estatales. Para entender las consecuencias de dicha venta, es necesario conocer el aporte concreto de FANAL y la naturaleza de sus deudas.
Relación del CNP con la Fábrica Nacional de Licores (FANAL). El CNP recibe la mayor parte de su financiamiento a partir de su propia actividad. Solo en casos excepcionales ha recibido ingresos a partir del presupuesto del Gobierno Central. Una de las fuentes de financiamiento es la transferencia de fondos de la FANAL al CNP, gracias a la cual se están desarrollando diversos programas de semillas, estudios de mercado y capacitación en temas de valor agregado en particular para el sector agroalimentario, y asesoría a las Ferias del Agricultor en temas de mercadeo y manipulación de alimentos entre otros. Estas transferencias de FANAL al CNP fueron del orden de ₡3.500 millones en 2019. Las proyecciones para este 2020 son todavía mayores, pues a la mitad del año ha trasladado ya ₡2.600 millones.
Si bien el principal papel de la FANAL es proveer de recursos al CNP, también hace un aporte muy importante a la salud del país, al proveer al costo el alcohol que utiliza la Caja Costarricense de Seguro Social. El papel estratégico de FANAL como proveedor de alcohol para fines sanitarios quedó patente en la presente pandemia.
Costo de la FANAL para el Estado costarricense. La FANAL no le cuesta nada al Estado costarricense. Por el contrario, la FANAL no solo cubre sus gastos operativos, sino que aporta al fisco en impuestos alrededor de 11 mil millones de colones por año, más de lo que le generaría la venta de sus activos, cuyo valor ha sido estimado en 10 mil millones según el anterior ministro de Hacienda. Claramente, la venta de FANAL no viene a resolver los problemas fiscales, pero, con una facturación anual de 45 millones de dólares, la FANAL resulta un negocio lucrativo y, por ende, codiciado por algunas empresas, las cuales no tendrían interés alguno en el beneficio social de la fábrica. Por eso, parece que más que una necesidad de vender la FANAL, lo que hay es un interés de algún grupo empresarial por comprarla, porque el negocio es sumamente lucrativo: alguna empresa hará negocio, pero no habrá beneficios ni en lo fiscal ni en lo social.
La deuda de FANAL y por qué no se resuelve con la venta. De acuerdo con informaciones que han circulado, la FANAL adeuda 21 mil millones de colones en impuestos, incluyendo lo adeudado a Hacienda, INDER e IFAM. Las deudas tributarias de FANAL no tienen origen en que la FANAL dejara de pagar impuestos (ya dijimos que aporta al fisco 11mil millones de colones al año), sino en diferencias de cálculo sobre las bases imponibles de los impuestos que ya hoy día paga la FANAL. Es por eso por lo que estas diferencias han sido judicializadas a efectos de que sea la jurisdicción contencioso-administrativa la que dilucide la controversia entre instituciones del Estado. Mientras el Ministerio de Hacienda recientemente ha dado la razón a FANAL en cuanto a la metodología del cálculo de los impuestos, el INDER y el IFAM insisten en llevar su cálculo a la vía judicial. Sin embargo, estas diferencias se han acumulado durante aproximadamente 20 años y más de 5 gobiernos que no han logrado poner fin a la controversia tributaria entre FANAL, el INDER y el IFAM. En todo caso, se trata de una deuda de una institución estatal con otras, y su resolución no aporta nada al Estado como un todo.
Por otra parte, quien compre la FANAL debe asumir las deudas, a menos que se pretenda que se venda libre de deudas, y que el Estado las asuma (lo cual sería una tontería, si no un acto de corrupción), o que se condonen, en cuyo caso sería mejor condonarlas a la FANAL actual para que siga cumpliendo con su aporte social y fiscal como lo hace ahora.
Quien compre FANAL dispondrá de mecanismos para eludir impuestos. Uno de los compradores que más se ha mencionado está en la lista de grandes contribuyentes que reportan cero ganancias; obviamente este comprador no aportaría nada al fisco. Otro mecanismo sería exportar los licores, ya que el impuesto se aplica a lo que se venda en el territorio nacional. Estas situaciones tendrían una consecuencia fiscal negativa inmediata, pero también resultaría en un tema sanitario. Recuérdese el problema que hubo el año pasado con aguardientes importados que estaban adulterados con metanol, lo cual resultó en varias intoxicaciones. Eso no ocurrió con los productos de FANAL, los cuales, en su franja comercial de licores corrientes (aguardientes), han sido reconocidos por su pureza y calidad. También la CCSS dejaría de recibir alcohol al costo para sus fines medicinales.
Es necesario fortalecer la FANAL. En resumen, la venta de FANAL solamente dejaría pérdidas al Estado costarricense en lo económico, lo social y lo sanitario. Para que siga generando los beneficios ya descritos, es necesario que FANAL siga siendo parte del Estado costarricense. Deben explorarse formas creativas de resolver sus problemas y mejorar su gestión ante los nuevos desafíos que enfrenta el sistema agroalimentario nacional. Por ejemplo, en el corto plazo podría pensarse en mejorar su gestión para que expanda su negocio manteniendo el mercado local de aguardientes, seguir en la rentable línea de mezclados (tipo Chile Guaro) e incursionar en mercados de exportación. En el mediano plazo, la FANAL debe volver a destilar para agregar valor a la melaza de los productores de caña de zonas aledañas (CoopeVictoria, por ejemplo) y luego a los subproductos de la destilación como las vinazas, bajo un enfoque de biorrefinería para generar energía y otros bioproductos de alto valor que contribuyan al desarrollo sostenible del país.
Terminamos diciendo que este no es un tema ideológico de defender a ultranza instituciones del Estado, como sí parece serlo el trasfondo de su pretendida venta. Es un tema práctico: poner en la balanza un excelente negocio que va en el mejor interés de Costa Rica versus un negocio privado que a casi nadie beneficia.
La CEPAL y Oficina Regional de la FAO han hecho un llamado a los países latinoamericanos y del Caribe para evitar que la crisis del COVID-19 se transforme en una crisis alimentaria.
Estos organismos han presentado un análisis acerca de las vulnerabilidades socioeconómicas y alimentarias de los países y de las medidas aplicadas por éstos para atenuarlas, a la vez que han recomendado la adopción de un conjunto medidas urgentes para evitar la crisis y fortalecer la lucha contra el hambre.
Se considera que los efectos negativos de la actual crisis del COVID-19 sobre la seguridad alimentaria serán desiguales y más intensos en el caso de las regiones y los grupos poblacionales que parten de una situación de mayor vulnerabilidad (FAO, Boletín junio, 2020).
En el caso de Costa Rica, es posible establecer algunas vulnerabilidades ligadas al sistema de distribución de alimentos, a los trabajadores que participan en el sistema, además de vulnerabilidades ligadas a la condición socioeconómica de la población.
Tomando como punto de partida que el país ha mantenido funcionado sus mercados con relativa normalidad y de que los riesgos de desabastecimiento alimentario han sido limitados, se puede establecer que se han presentado algunas interrupciones en la operación de las cadenas internas de comercio y también en la cadena regional, con el cierre de la frontera entre Nicaragua y Costa Rica para el transporte de carga.
En el ámbito de los trabajadores vinculados a los sistemas alimentarios, se indica que dado que la agricultura es intensiva en mano de obra (este sector involucra un 11,7% de la población ocupada), frente al COVID-19, los trabajadores de todos los eslabones de la cadena están expuestos desde el punto de vista tanto físico como económico.
En las empresas productoras y exportadoras de alimentos en sus fases de transformación y empaque como ocurrió en la zona norte, el riesgo de contagio aumenta por la mayor proximidad física entre personas requerida para llevar a cabo las actividades y la necesidad de trabajar in situ.
Los trabajadores de los mercados mayoristas y minoristas (ferias, mercados y supermercados) siguen trabajando en una situación de alto riesgo de contagio y sus sueldos no compensan ese mayor riesgo y, en el caso de los repartidores de comida a domicilio, los ingresos también son bajos y la informalidad es elevada.
Mientras tanto, en la producción agrícola familiar y de pequeñas fincas, los trabajadores requieren un nivel de proximidad física con otras personas para llevar a cabo sus tareas; dichas tareas asociadas no pueden realizarse de forma remota y por ello los trabajadores siguen circulando e interactuando entre sí, incluso en los periodos de fuerte confinamiento.
Durante la pandemia, han ingresado a todas las ciudades de la Gran Área Metropolitana y centros poblados de las demás regiones, camiones con alimentos producidos por miles de agricultores y pescadores artesanales, que llegan finalmente a las mesas de los consumidores costarricenses.
Ellos se podrían haber refugiado en sus casas para evitar el contagio, pero optaron por no detener su actividad. Es paradójico que la inseguridad alimentaria y la pobreza estén presentes en la gran mayoría de los hogares de estos agricultores, que no tienen derecho a la seguridad social, vacaciones o acceso a servicios de salud, además de que los trabajadores agrícolas presentan altos niveles de informalidad y sus ingresos son inferiores al promedio del empleo no calificado.
Con respecto a las vulnerabilidades socioeconómicas, teniendo en cuenta que la línea de pobreza extrema se determina a partir del costo de la canasta básica de alimentos, las personas que se encuentran por debajo de esta línea no cuentan con ingresos suficientes para cubrir los costos básicos de alimentación. Esto significa que la caída económica pronosticada para este año (un 3.6%) repercutiría directamente en la seguridad alimentaria de miles de personas y que el hambre se deriva de la pobreza (en particular, de la pobreza extrema).
Esto indica que el nivel de pobreza del país que asciende al 21%, involucrando a 336.845 hogares y la pobreza extrema que representa un 5.8% y 93.542 hogares (INEC,2019), podrían aumentar, si se cumple el pronóstico de la CEPAL de que debido a la pandemia la pobreza en Costa Rica podría tener un crecimiento de 3 puntos porcentuales, es decir alcanzaría el 24% como mínimo.
En el país, la pobreza y la pobreza extrema han tendido a ser más elevadas en las zonas rurales, pero también la informalidad del empleo y el bajo acceso a redes de protección social, lo que genera una situación de gran vulnerabilidad. De manera que si la pobreza es del 24.2% en las zonas rurales (19.8% en las zonas urbanas), con los mayores niveles en las zonas Brunca y Pacífico Central, con el 30.3% y 29.8% respectivamente, el deterioro de la pobreza podría ser aún mayor en ellas y el efecto sobre la inseguridad alimentaria también.
La incidencia de la pobreza no solo es mayor entre las personas que viven en áreas rurales, sino también entre niños, adolescentes y jóvenes; indígenas; mujeres en edad de trabajar; personas con niveles educacionales más bajos, y quienes no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas.
La pobreza rural se ha asociado tradicionalmente con la existencia de un gran contingente de pequeños productores agrícolas de baja productividad, con poca tierra y de baja calidad, y acceso limitado a bienes públicos.
Según la información de las organizaciones agrícolas, se estima que este sector se compone de entre 78 mil y 90 mil productores, a las que hay que agregar alrededor de 10 mil pescadores artesanales que son los que garantizan la producción de alimentos y la seguridad alimentaria del país. La agricultura familiar representa, más de 50 mil pequeñas fincas y el 55% de las fincas dedicadas a la actividad agropecuaria (Red Agricultura Familiar, 2017). Los trabajadores agrícolas por cuenta propia y sus familiares no remunerados, en su mayoría agricultores familiares, tienen el nivel más bajo de ingresos de las diferentes categorías de inserción laboral en las zonas rurales.
Estas unidades de producción familiar, aportan, el 85% de la producción nacional de frijol, el 80% de la cebolla, el 75% de la de yuca, el 70% de la papa, el 70% de la de café, el 55% de la de leche y el 40% de la carne, siendo la principal y a veces única fuente de empleo e ingresos de la población rural. (Masís, G.2018, p.229).
La FAO y la CEPAL han realizado un registro de las medidas de política aplicadas por los Gobiernos para enfrentar la emergencia en el sector alimentario y en los territorios rurales de la región (FAO/CEPAL, 2020). Entre dichas medidas, se destacan:
La implementación de políticas macroeconómicas y sectoriales para estabilizar la economía y apoyar a los sectores productivos, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, de modo que se asegure la disponibilidad de alimentos. Las medidas incluyen refinanciamiento, reducción o postergación de pagos, disminución de impuestos, flexibilización de contratos y aplicación de subsidios.
En nuestro país, se aprobaron medidas para que los bancos de brindarán una amnistía de 3 meses a las pymes y trabajadores en el pago de sus créditos y a la determinación del INDER de aplicar el no pago de los créditos en ese mismo período a más de 900 productores (Alterdes, cr,2020), medidas que ahora se solicita prorrogar por 3 meses adicionales.
El Fondo Nacional para el Desarrollo (FONADE) efectuó una condonación de obligaciones financieras de primer piso que mantienen con esa entidad para 2.705 microproductores y pequeños y medianos productores agropecuarios de las diferentes zonas agrícolas del país
Por su parte, el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) otorgó una Moratoria en el pago de capital e intereses por hasta 6 meses en créditos con recursos del SBD para empresas con grave afectación económica y un período de gracia de hasta 12 meses en el pago de capital de operaciones financiadas con recursos del SBD para empresas con mediana afectación económica. También brinda refinanciamiento de operaciones de crédito con recursos del SBD para capital de trabajo de emergencia y fondos no reembolsables para 200 pequeñas y medianas empresas (pymes). (FAO, Boletín, 2020)
A nivel institucional se ha dado la creación de equipos de trabajo del Sector Agropecuario para superar la emergencia, compuestos por los Ministerios de Agricultura y Ganadería, el Consejo Nacional de Producción, el Instituto de Desarrollo Rural y otros organismos como el PIMA, el SENARA, la FAO, el (IICA) y el banco de alimentos.
En la adaptación de la logística de las cadenas de suministro y para que la agricultura siga funcionando han sido importantes las siguientes medidas: la adopción de nuevos protocolos sanitarios; la capacitación de la fuerza de trabajo, el ajuste del nivel de funcionamiento en las plantas agroindustriales, la reprogramación de siembras y cambios en la elección de rubros productivos, entre otras. Estas medidas han sido dirigidas a todo tipo de empresas, incluidas las fincas de la agricultura familiar.
También ha sido importante la articulación de los actores en redes y el fomento del comercio digital y otras opciones de circuitos cortos de comercio. En este sentido, se han establecido mercados virtuales institucionales en el Ministerio de Agricultura y en el Instituto Nacional de Aprendizaje) INA), así como mercados virtuales locales en Pérez Zeledón y la zona de los Santos.
En el reforzamiento de los programas de seguridad alimentaria estatales con el apoyo de organismos de las Naciones Unidas, se ha mantenido el programa de comedores escolares, mediante la distribución directa de bolsas de alimentos dirigidos a la población estudiantil más vulnerable, a la que se han efectuado 5 entregas de alimentos.
Ligado a la distribución de alimentos a los comedores escolares, es necesario mencionar la labor del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) que ha organizado la compra, acopio y envío de las bolsas de alimentos a las escuelas y comunidades.
Frente a la fuerte caída de la economía, los ingresos y las remesas, y al aumento de la pobreza extrema, el hambre y los precios de los alimentos, la CEPAL y la FAO han propuesto un decálogo de medidas para impedir que la crisis sanitaria se transforme en una crisis alimentaria.
La CEPAL y la FAO proponen un bono contra el hambre a toda la población en situación de pobreza extrema., como complemento al ingreso básico de emergencia propuesto por la CEPAL (CEPAL,2020).
En Costa Rica, el bono Proteger establecido para apoyar a los trabajadores desempleados o que han visto reducida sus jornadas e ingresos y que ha cubierto alrededor de 530 mil personas durante 3 meses, puede asimilarse al ingreso básico de emergencia propuesto. Este bono pretende ampliarse por 3 meses adicionales e incluir a una población mayor cercana a las 900 mil personas, pero en la actualidad depende de la obtención de financiamiento extraordinario por parte del Gobierno.
Para otorgar liquidez a las empresas agropecuarias se proponen dos medidas complementarias: i) créditos blandos a empresas del sector productivo agrícola que operan en condiciones críticas y ii) bonos de inversión productiva para aumentar la inversión productiva en las fincas de los agricultores más rezagados mediante un bono de 250 dólares por explotación, entregado una sola vez, para adquirir fertilizantes, semillas y otros insumos.
Entre otras medidas mencionadas, es importante destacar la de expandir y garantizar el funcionamiento de los programas de apoyo a la producción de autoconsumo. Esta medida es crucial para los hogares de los agricultores familiares de subsistencia ante la disminución de sus ingresos no agrícolas, que en muchos casos representan más de la mitad de su ingreso total. (FAO, Boletín,2020).
La pandemia y el riesgo inminente de una crisis alimentaria recuerdan la importancia crucial de la agricultura y los sistemas alimentarios. La agricultura es una de las pocas actividades imprescindibles, así como son imprescindibles los bienes que produce.
La pandemia obliga a reforzar la resiliencia y la inclusión social y a no olvidar los objetivos de una agricultura más sostenible y las prácticas de adecuación al cambio climático. La sostenibilidad ambiental de la agricultura y los sistemas alimentarios y la integración entre la agricultura y la biodiversidad, son demandas de la sociedad que cobrarán más fuerza.
En una crisis sanitaria se valora más la calidad de los alimentos, la inocuidad, la trazabilidad, las certificaciones de calidad y los atributos ambientales, sociales o culturales. Los consumidores acelerarán el cambio de sus preferencias hacia alimentos sanos, saludables y con identidad.
Durante la pandemia, se ha establecido el comercio digital, este es el nuevo concepto de cadena corta de comercio. Se va a acelerar el surgimiento de oportunidades para la digitalización de la agricultura y con ello se incrementará la influencia de los consumidores en la definición de los modelos productivos y de los bienes generados por la agricultura. La digitalización será un gran desafío para la agricultura familiar y los pescadores artesanales, pues implica un modelo de negocio diferente de aquel al que están acostumbrados.
Con la emergencia se ha hecho evidente que se requiere de un Estado e instituciones públicas agroalimentarias y rurales fortalecidas, con mayores y mejores capacidades, circunstancia que ha vuelto a señalar la urgencia de la renovación de la institucionalidad pública agrícola, alimentaria y rural del país.
Hay importantes AVANCES logrados por los procesos de participación comunitaria, ciudadana, que están dirigidos a mejorar la situación del país, en diversas instancias: nacional, regional, local, institucional, etc.
Las exposiciones de cada una de las personas participantes demuestran que existen valiosos procesos en los que se rompe con las añejas apatías y los escepticismos por los beneficios que genera la participación de los y las habitantes del país. No sólo una hay “intención” por participar: se muestran importantes logros concretos en términos de la lucha por el agua; la defensa y el fortalecimiento de la CCSS; el mejoramiento de las condiciones de vida en la zona Atlántica; la defensa de los territorios indígenas, y su ancestral conocimiento de cómo utilizarlos; y la lucha por una gobernanza más transparente, con mejores rendiciones de cuentas por parte de las personas que ocupan –temporalmente, los puestos públicos.
Vencer apatías… promover la participación
Patricia Salgado Muñoz expone el vínculo entre vencer apatías y promover la participación.
Es como si estuviéramos cocinando un plato delicioso pero complejo, que requiere varios componentes, y cada quien, en su lucha, en su región, ha venido preparando algunos ingredientes… Siguiendo con la comparación: ¿Tenemos clara la receta? ¿Sabemos qué estamos preparando? Una de las participantes en uno de los encuentros de confluencia popular lo expresó así: “No estamos en la misma sintonía”. ¿Cómo visualizamos la Costa Rica por la que estamos luchando?(Desarrollaré un poco más esta idea más adelante).
Este tipo de ejercicios, ya sean presenciales o virtuales, generan beneficios múltiples:
El reconocimiento de que “hay un otro”, u “otra”, persona, organización, iniciativa, con la que compartimos aspiraciones, luchas y logros; ya sea que nos hayamos acompañado o que nos acompañaremos en los momentos difíciles, y que juntos y juntas lograremos mucho más. Esto tiene un valor simbólico y práctico importante. Varias personas lo dijeron: “el no sentirse solas”. Siguiendo con la comparación, cuando tengamos “la receta”, ese acompañamiento mutuo se desarrollará mucho más y dará beneficios mucho más significativos.
El intercambio de “los cómo lo hiciste/lo hicimos” permite reconocer lo bueno de los procedimientos en otros lugares o luchas, así, podemos evitar cometer los mismos errores, o bien, replicar sin que llegue a ser un “calco”.
Los problemas enfrentados han sido sino comunes al menos semejantes: la lucha por elementos como el agua, o la tierra; la aspiración por mejores condiciones laborales; por servicios de salud para todos y todas, incluyendo población indígena y migrante, históricamente excluidas; la defensa de instituciones clave, como la CCSS. Esta comprensión de tener “problemas semejantes” debería permitir seguir indagando y analizando más en las causas u orígenes de tipo estructural, “ir más a la raíz”, del sistema (capitalista) en que vivimos y que genera esas condiciones de desigualdad, exclusión, extracción y destrucción del medio ambiente, etc.
Se reconoce la importancia del aprovechamiento del marco constitucional, legal o institucional, para “sacarle sus mejores frutos”: la Constitución, especialmente los artículos 9 y 11; el marco legal de la CCSS; la utilización de la Defensoría de los Habitantes, etc.
La comprensión de que la adversidad puede ser vencida, y que al hacerlo “sacamos músculo”: promovemos o fortalecimos el sentido organizativo; buscamos y analizamos información y con ello generamos saberes y conocimientos; líderes y lideresas surgen o se fortalecen.
Todas las personas, a su vez representantes de organizaciones (sindicales, comunitarias, ciudadanas) manifiestan con entusiasmo su disposición al trabajo conjunto: si cada una de las iniciativas puede verse como un tronco, podemos “construir una balsa”, y tener así más fortaleza que la que tiene cada uno, individualmente.
REFLEXIONES FINALES:
Sabemos que existen procesos particulares, cada quien, en su organización, comunidad, institución, etc, como los presentados en los encuentros de confluencia popular; incluso sabemos que existen aún más iniciativas.
Los logros y avances de cada uno a su vez deberían de contribuir a un proceso general o global, nacional, y al cual “convergen” como los afluentes de un río.
Las comparaciones con el mundo material ayudan, pero… la realidad social es mucho, muchísimo más compleja.
Esa convergencia no necesariamente “se daría” automáticamente, sin la participación humana. Debemos de hacer un esfuerzo consciente, sistemático, para encauzar esos afluentes.
Al igual que la idea que presentamos antes, de una “receta” esta otra de los afluentes de un río, dan una imagen mental; sin embargo, un país, con toda su institucionalidad, marco legal, procesos productivos, grupos de interés, etc.; no puede “reducirse” a una “cena” o un “almuerzo”, o a unos ríos que se juntan.
Otra comparación –también del mundo material, sería si estuviéramos haciendo, colectivamente, un mural, una pintura gigantesca, de una gran pared o un muro enorme. ¿Cómo ponernos de acuerdo en las imágenes, los colores, los detalles?
Si aún algo así –como pintar un mural, requeriría muchas horas de conversaciones, análisis, debates, elaboraciones de propuestas y revisiones…. ¿ahora cómo construir una “imagen-país” ?, que además requeriría actualizarse cada cierto tiempo.
Ha habido algunos intentos por producir documentos que describen el país que queremos (ahora no tengo referencias bibliográfica a mano, pero sé que se han dado).
Por ejemplo si se hubiera tenido alguna “imagen-país” de lo que queremos y por lo que luchamos, ahora habría que “actualizarla” con las condiciones que ha develado el Covid 19.
Si bien han quedado visibilizadas y agravadas muchas inequidades y desigualdades, también “han aparecido” fortalezas y oportunidades. Respecto a estas últimas: la rapidez con que las universidades públicas han desarrollado respuestas técnicas y las han puesto al servicio de las autoridades del sector Salud. Con ello, el país ha recibido beneficios de la inversión social que se ha venido haciendo en décadas anteriores.
Al igual que los procesos de participación ciudadana, visualizo la construcción de la “agenda” (la receta, el mural que queremos) como un proceso. Es conveniente si se cuenta con un documento, pero éste requeriría revisiones y actualizaciones.
Existen metodologías y técnicas para apoyar procesos de planificación y elaboración de agendas, pero igualmente su aplicación, a escala nacional, tiene mucha complejidad y se requerirían recursos que los movimientos comunales y populares no tienen.
Tal vez podría dedicarse algún encuentro de confluencia popular sólo al tema específico de “la Imagen-País que los movimientos comunitarios queremos”.
Crear la agenda popular de la Costa Rica de los próximos años…
Patricia Salgado Muñoz: Crear la agenda popular que muestre la Costa Rica de los próximos años
* Jubilada del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA).
La carga de la crisis del COVID-19 no se comparte de manera equitativa: martillo para el pueblo, y baile para el gran empresariado.
En este programa de El Telar: voces del tejido comunitario analizamos los problemas que se arrastran y las medidas neoliberales que se implementan y refuerzan tras la emergencia sanitaria por el coronavirus.
Acompañános a escuchar lo que los medios tradicionales no quieren informar.
