Ir al contenido principal

Autor: Hector Ferlini Salazar

¿En contra de qué y a favor de qué votó Costa Rica?

Escrito en . Publicado en Elecciones, Portada.

Un análisis a partir de encuestas del CIEP-UCR, IDESPO-UNA y Demoscopia permite comprender por qué el enojo social, la inseguridad y la decisión tardía pesaron más que los cuestionamientos éticos en el voto presidencial y legislativo.

SURCOS. El resultado de las recientes elecciones nacionales, que dio el triunfo al Partido Pueblo Soberano en la Presidencia de la República y le otorgó una amplia bancada legislativa, ha generado una pregunta insistente en amplios sectores sociales, académicos y organizativos: ¿cómo es posible que, pese a denuncias éticas graves, cuestionamientos públicos a candidaturas electas, un estilo confrontativo desde el Poder Ejecutivo y afectaciones visibles a instituciones como la Caja Costarricense de Seguro Social, la educación pública y los organismos de seguridad, una mayoría del electorado optara por esa opción política?

Los estudios de opinión elaborados por el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR), el Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional (IDESPO-UNA) y la firma Demoscopia permiten ofrecer algunas explicaciones sólidas, sin recurrir a descalificaciones simplistas del electorado ni a interpretaciones basadas únicamente en impresiones posteriores al resultado.

Prioridades sociales: inseguridad, enojo y costo de vida

Uno de los hallazgos más consistentes en los estudios de Demoscopia y del CIEP es la centralidad de la inseguridad ciudadana, la violencia criminal, la corrupción, el desempleo y el costo de la vida como los principales problemas percibidos por la población. En esas mediciones, temas como salud pública y educación, aunque importantes, no ocuparon los primeros lugares en la agenda inmediata de preocupación ciudadana.

Este orden de prioridades ayuda a comprender que una parte significativa del voto fue emitida a favor de promesas de orden, control y ruptura con lo que se percibe como ineficacia del sistema, y en contra del miedo, el enojo y la frustración acumulada, más que como una adhesión explícita a propuestas orientadas a debilitar derechos sociales.

Decisión tardía y uso de atajos emocionales

Otro elemento clave es el alto nivel de indecisión hasta las últimas semanas, documentado tanto por Demoscopia como por los informes del CIEP publicados en enero. Una proporción relevante del electorado decidió su voto en el tramo final de la campaña, cuando el tiempo para evaluar programas de gobierno, trayectorias personales y consecuencias institucionales es limitado.

En contextos de decisión tardía, las personas tienden a recurrir a atajos cognitivos y emocionales: liderazgo percibido como fuerte, discursos confrontativos, promesas simples, narrativas de castigo a “los de siempre” o identidades políticas definidas más por oposición que por proyectos programáticos. Este fenómeno ayuda a explicar por qué denuncias éticas graves no siempre se traducen en castigo electoral inmediato, especialmente cuando la prioridad está puesta en resolver problemas urgentes.

Seguridad y símbolos de “mano dura”: un refuerzo contextual

En este escenario, es razonable considerar que determinados gestos y anuncios simbólicos asociados al tema de la seguridad hayan reforzado percepciones de autoridad y control. Dado que la inseguridad aparece de forma reiterada como la principal preocupación ciudadana en las encuestas, propuestas divulgadas como la construcción de una megacárcel, así como la visita al país de figuras internacionales asociadas a políticas de “mano dura”, pudieron haber reforzado emocionalmente la idea de orden y firmeza, aun sin que existiera una evaluación detallada de su viabilidad, costos o consecuencias.

Metodológicamente, las encuestas no permiten afirmar una relación causal directa entre estos hechos y el resultado electoral. Sin embargo, en un contexto donde la inseguridad ocupa un lugar central en la agenda ciudadana, estos símbolos pueden actuar como catalizadores que inclinan percepciones y refuerzan decisiones ya frágiles o poco consolidadas.

Cuando la política no se conversa: el peso del silencio social

Un factor menos visible, pero crucial, aparece en los estudios del IDESPO: amplios segmentos de la población hablan poco o nada de política en sus entornos cercanos, ya sea en familia, con amistades o en espacios comunitarios. Este silencio cotidiano limita la posibilidad de procesar colectivamente información compleja, incluidos los cuestionamientos éticos.

Cuando no hay conversación social sostenida, las denuncias tienden a quedar aisladas, fragmentadas o absorbidas por un clima generalizado de desconfianza en la política, donde predomina la idea de que “todos son corruptos”. En ese contexto, lo ético no desaparece, pero pierde fuerza como criterio de decisión, frente a emociones más inmediatas como el miedo, el enojo o la sensación de urgencia.

Normalización del descrédito político

Los estudios del IDESPO y del CIEP muestran también altos niveles de acuerdo con afirmaciones como “la política es corrupta”. Esta percepción generalizada contribuye a que denuncias concretas sean relativizadas o normalizadas. Para una parte del electorado, el dilema no se formula como “quién es éticamente intachable”, sino como “quién puede enfrentar —o al menos confrontar— los problemas que más me afectan”.

¿Votaron entonces contra la CCSS, la educación o la democracia?

Las encuestas no permiten sostener que la mayoría del electorado haya votado explícitamente para debilitar la seguridad social, la educación pública o la división de poderes. Más bien, sugieren que muchas personas votaron priorizando otras urgencias, aun cuando esas decisiones puedan tener consecuencias negativas sobre derechos sociales históricamente conquistados.

La diferencia es fundamental: no se trata necesariamente de un voto de aprobación consciente, sino de un voto condicionado por el miedo, el enojo, la desconfianza y la percepción de crisis.

Desafíos para los movimientos sociales y la ciudadanía

El resultado electoral deja una lección clara: la disputa democrática no se resuelve solo en redes sociales ni en el plano de la denuncia ética. Los movimientos sociales y la ciudadanía organizada enfrentan el reto de reconstruir la conversación política en las comunidades, en los hogares, en los barrios y en los espacios cotidianos donde se forma la conciencia ciudadana.

Escuchar antes de convencer, vincular la ética con experiencias concretas de la vida diaria —salud, seguridad, empleo, educación— y fortalecer la organización territorial aparecen como tareas urgentes. Sin diálogo social sostenido, la ética se diluye; sin trabajo comunitario, el enojo puede ser capitalizado por discursos autoritarios.

Para complementar este análisis le invitamos a leer la nota de este lunes 2 de febrero:
Cuando la ética no circula: indecisión, voto silencioso y silencios cotidianos explican el resultado electoral. https://wp.me/p6rfbZ-y5B

Ticos y ticas de la diáspora votando en Londres

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Reportado por Laura Scott-Rosales tica en Londres

Este 1.º de febrero, la comunidad costarricense empadronada en Londres ha llegado (y sigue llegando) a ejercer su derecho al voto antes que cierren la mesa de votación a las 6 p.m. Las filas son largas, de hasta dos horas de espera, para llegar a la única mesa de votación, ubicada en la Biblioteca Pública de Victoria, habilitada especialmente para este fin, ya que la Embajada de Costa Rica es un espacio muy pequeño.

En Europa, en muchos países no hay embajada costarricense ( países tales como Europa del Norte, o Europa del este o países bajos), así que la gente se empadrona en sedes principales como Madrid, Berlín, Roma, otras y Londres. Hoy en Londres se ven personas que vienen desde Noruega, Escocia, Dinamarca, Irlanda del Norte. Vienen solas, se miran parejas con niñas y niños y familias enteras que se empadronaron en Londres como su opción de votar. Estas personas recorrieron largas distancias para cumplir con la responsabilidad y el privilegio de votar. Las filas rodean la biblioteca, pero la espera es paciente, amistosa y serena.

Mientras tanto, se comparten historias, preocupaciones, opiniones y también ese cariño especial que une a desconocidos que, estando lejos, se reconocen en cuanto escuchan el acento tico. Es el amor por la patria lo que nos convoca y nos mantiene unidas y unidos.

Lo que más se repite en las conversaciones es este mensaje: “Ojalá que nuestros compatriotas en Costa Rica estén saliendo a votar. Estamos muy preocupados por lo que está pasando. No es momento de indiferencia ni de postergar decisiones. Costa Rica necesita defender su democracia. Por favor, salgan a votar.”

Costa Rica: la fuerza del sufragio responsable

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Por: Dr. Efraín Cavallini Acuña
Comunicador
Integrante Alianza Ciudadana por el Despertar Democrático

La Constitución Política constituye la norma más importante de un Estado, ya que regula aspectos tan importantes como los derechos fundamentales de los que gozan los habitantes del país, el sistema de gobierno que lo regirá, las competencias de cada uno de los poderes que conforman el Estado, entre otros.

Cabe mencionar que, si bien nuestra Constitución Política tiene poco más de setenta años, lo cierto es que su texto refleja una serie de valores y principios, y es fruto de las luchas que han dado nuestros antepasados durante más doscientos años de vida independiente para perfeccionar nuestra democracia, y que hoy nos definen como una democracia plena, según los indicadores internacionales. Entre estos logros, podemos citar la creación de instituciones tan esenciales para la democracia como el Tribunal Supremo de Elecciones, la abolición del ejército, la creación de la Sala Constitucional, así como el sufragio universal que permitió el voto de la mujer que es un símbolo que nos identifica a nivel mundial.

El poder del voto popular en los procesos de elección en nuestro país son una herencia importante en los valores esenciales de la Democracia Costarricense. Aunque el sufragio, se ha transformado y tuvo importantes reformas desde su creación, que coinciden, precisamente con la construcción del Estado Republicano, ha funcionado en el largo plazo, como un mecanismo de legalidad, de participación y de representación, es decir es el ejercicio ciudadano más generalizado hasta inicios del Siglo XXI.

El salto político que dio Costa Rica en el Siglo XIX , al desarrollar el concepto del sufragio primero indirecto, público y restringido, al sufragio directo universal y secreto, conllevó un largo proceso histórico, donde precisamente, confluyeron, las demandas, las necesidades, los intereses de distintos grupos sociales y económicos para el ejercicio pleno de la responsabilidad ciudadana de primer orden, quizás al tenerlo, como acto de absoluta voluntad, no estemos conscientes del valor y de la fuerza que implica ejércelo como herramienta y voz de cada uno de los ciudadanos

Estas cualidades, garantizaron que, el sufragio, directo, libre, universal, secreto y la capacidad jurídica de los ciudadanos para elegir, se convirtiera en un mecanismo de participación popular, aceptada y generalizada, durante estos dos siglos de vida independiente.

El voto lleva implícito una acción política poderosa, un criterio imperioso, una demanda firme, una voz potente, es derecho de ley, con ella elevamos nuestras demandas, escogemos a nuestros líderes, exigimos a quienes nos gobiernan una conducta coherente. No podemos hacer uso de esta herramienta de manera irresponsable, sin pensar, sin analizar, sin reflexionar, sin meditar en los alcances de una decisión, de cada uno y en conjunto de todos los que tenemos la obligación moral de ejercer el voto.

No se trata de votar únicamente por alguna filiación, no se trata de votar porque tengo intereses privativos y mezquinos, no se trata de votar solo con el corazón, no se trata de tematizar y polarizar las opiniones. Tampoco de despreciar el sufragio, anulándolo, no se trata de ejercer el voto protesta y no acudir a las urnas. Se requiere que las personas se informen sobre los temas de fondo, sobre los grandes retos y sobre la agenda que debemos resolver y afrontar todos y cada uno de los costarricenses.

EL sufragio cualidad de nuestra democracia se encuentra descrito en la Constitución Política de Costa Rica, en su Título VIII Derechos y Deberes Políticos, Capítulo I, Los Ciudadanos, por ello, en este proceso electoral que vive nuestro país en el 2026, considero pertinente compartir y reforzar los artículos sobre el Sufragio descrito en nuestra Constitución Política.

Artículo 93.

“El sufragio es función cívica primordial y obligatoria y se ejerce ante las Juntas Electorales en votación directa y secreta, por los ciudadanos inscritos en el Registro Civil”.

El sufragio o derecho al voto, constituye una de las expresiones máximas de la vida en democracia, en el tanto permite a las personas ciudadanas participar en la toma de decisiones de relevancia para el país, como es, por ejemplo, la elección de las personas que ocuparán puestos públicos de importancia, u otros temas de relevancia por medio de la consulta popular o referéndum. Ahora bien, cabe mencionar que el ejercicio del voto no constituye únicamente un derecho, sino también un deber, por lo que existe la obligación de participar en todos los procesos electorales y no únicamente en las elecciones nacionales.

Es pertinente aclarar que el hecho de alcanzar la mayoría de edad no otorga automáticamente el derecho a ejercer el voto, pues para ello es necesaria la inscripción de la persona ante el Registro Civil antes de una determinada fecha fijada por el Tribunal Supremo de Elecciones, así como contar con una cédula de identidad vigente.

Artículo 94.

“El ciudadano costarricense por naturalización no podrá sufragar sino después de doce meses de haber obtenido la carta respectiva”.

La nacionalidad costarricense puede obtenerse por nacimiento o por naturalización, siendo en este último caso el de personas extranjeras que por su propia voluntad deciden convertirse en costarricenses. Ahora bien, una vez que la persona cumple con los requisitos para obtener la nacionalidad costarricense, el Tribunal Supremo de Elecciones le otorga un documento denominado “carta de naturalización”, luego de lo cual se procede a su inscripción en el Registro Civil. Tras obtener este documento, y si la persona cuenta con la mayoría de edad, podrá ejercer su derecho al voto, siempre y cuando haya transcurrido ya

el plazo de doce meses que establece la Constitución.

Artículo 95

“La ley regulará el ejercicio del sufragio de acuerdo con los siguientes principios:

1.- Autonomía de la función electoral;

2.- Obligación del Estado de inscribir, de oficio, a los ciudadanos en el Registro Civil y de proveerles de cédula de identidad para ejercer el sufragio;

3.- Garantías efectivas de libertad, orden, pureza e imparcialidad por parte de las autoridades gubernativas;

4.- Garantías de que el sistema para emitir el sufragio les facilita a los ciudadanos el ejercicio de ese derecho;

5.- Identificación del elector por medio de cédula con fotografía u otro medio técnico adecuado dispuesto por la ley para tal efecto;

6.- Garantías de representación para las minorías;

7.- Garantías de pluralismo político;

8.- Garantías para la designación de autoridades y candidatos de los partidos políticos, según los principios democráticos y sin discriminación por género”.

Este artículo establece una serie de principios que deben cumplir los procesos electorales, con el fin de que éstas respondan a los principios democráticos que deben regir a este tipo de procesos. En ese sentido, un medio para garantizar la transparencia en las elecciones, se dispone la obligación de que el Estado provea a los electores de cédulas con fotografías, con el fin de evitar que personas se hagan pasar por otras para ejercer en su nombre el voto. Por otra parte, al garantizar la autonomía de la función electoral, se elimina la posibilidad de que las personas que se encuentran ejerciendo el poder al momento de las elecciones, puedan adoptar medidas tendientes a influir en el proceso electoral a su favor, por medio de acciones fraudulentas.

Asimismo, se dispone la obligación de garantizar el pluralismo político como un medio para que todos los pensamientos políticos o ideológicos puedan participar en los procesos electorales, siempre y cuando estos no promulguen ideas que resulten contrarias a los principios que rigen el país (por ejemplo, un partido que promueva ideas racistas). Además, se busca que los procesos garanticen la participación en puestos políticos de en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, al prohibir la discriminación por motivos de género.

La fuerza del sufragio, no se compara con ninguna otra, dentro de una sociedad democrática. El voto lleva implícito una acción política poderosa, una voz potente, un criterio imperioso, una demanda firme, es derecho de ley, con ella elevamos nuestras demandas, escogemos a nuestros líderes, exigimos a quienes nos gobiernan una conducta coherente. No podemos hacer uso de esta herramienta de manera irresponsable, sin pensar, sin analizar, sin reflexionar, sin meditar en los alcances de una decisión, de cada uno y en conjunto de todos los que tenemos la obligación moral de ejercer el voto.

Como ciudadanos apelamos a la tesitura, a la recuperación de los mejores valores, que como sociedad democrática hemos construido, actuar conforme a nuestra vocación del ser costarricense, no como discurso vacío, si no como producto histórico, reconocidos como colectivo de vocación civilista, democrática, dialogante y pacifista. Se trata de recomponer la cohesión social, y que en esta elección salga lo mejor de nosotros.

Con la convicción de que el disenso y las diferencias son parte fundamental en toda democracia, hacemos un respetuoso llamado a los diversos sectores del país para intensificar el diálogo nacional en busca de acuerdos que nos permitan seguir construyendo una sociedad sustentada en valores, de respeto a la libertad de opinión, de tolerancia activa, de crítica constructiva y, en general, la sociabilidad humana donde la Ciudadanía es la Democracia.

Instamos a la ciudadanía costarricense a ejercer este sagrado derecho del sufragio y poder afirmar que la democracia formal, el sistema electoral y la alternabilidad en el poder, son garantía de nuestro Estado de Derecho.

Referencia Bibliográfica:

Una Constitución Política para todas y todos. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia Costa Rica. Escuela de Planificación y Promoción Social-Universidad Nacional, Costa Rica. Tribunal de Honor y Ética Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica-COLPER. Progreso Editorial 2022. San José-Costa Rica

A un tico lo dejaron sin patria

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Rafael A. Ugalde Q.*

En los 176 años del natalicio de José Martí, amigo, gigante y luz de los pueblos.

Tratando de encontrar una respuesta sobre por qué hubo en estas elecciones costarricenses una especie del síndrome de “huerfanidad” histórica, política y económica – éste viene, aunque nos duela aceptarlo, desde hace más de cuatro décadas – por eso no me perdí la mayoría de los “monólogos” sostenidos por nuestros representantes de la estirpe socioeconómica, prometiendo ser el mejor presidente o diputados, si eran electos.

Pero debo decir que todavía estoy azurumbado y con mayores preguntas y dudas qué harán después de 2030 con los recursos del país y sí, las generaciones venideras, podrán disfrutar todavía de una nación de ellos, o serán extranjeros en su propia tierra, como ya ocurren con las mejores playas, los aeropuertos, las carreteras etc.

Cada cuatro años vemos como votantes con su cara quemada por el sol, gente humilde de todas las provincias tratan de arrimarse al árbol que les ofrece mejor sombra, frente a la ausencia real de un “proyecto país viable” por parte de otras fuerzas capaces de dinamizar la democracia para sean las bases que dan y no esperar recibir.

Ni siquiera hubo en dichos “monólogos un “mea culpa” sincero por el desbarajuste ocasionado en toda nuestra sociedad a partir de los Ajustes Estructurales de la Economía, ni por las imposiciones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, con excepción en estos últimos años del expresidente Rodrigo Carazo, a quien salió caro echar de la casa de gobierno a una delegación fondista.

A partir de 1986 las semillas sembradas en el almácigo ordenado por esos organismos germinaron de maravilla y echaron raíces profundas, hasta llegar a tener una especie de nuevos filibusteros “calidad ultra”, para exportación.

Tampoco hubo entre ellos un balance a conciencia en torno a los efectos negativos del famoso Tratado de Libre Comercio (TLC) con Norteamérica y República Dominicana, en cuanto a nuestros pequeños y medianos agricultores, el auge del proceso de transnacionalización a costa de nuestros trabajadores, empleados públicos, comerciantes, pequeños y medianos emprendedores.

Así, por ejemplo, a pesar de las duras condiciones de financiamiento, tecnología, desarrollo de las cadenas de suministros, entre otras, las pequeñas y medianas empresas locales, frente a una economía cada vez más transnacionalizada, generaban en 2023 cerca de 647 mil empleos (Periódico La República 24 /6 / 2023).

Tampoco hubo excusa alguna por el negocio Caja-Fischel, el dinerillo de Alcatel, los mordiscones que dieron a la seguridad social con las mascarillas, mientras estuvimos encerrados, etc. Rarísimo, porque muchos de los comparecientes a los tales debates quedaron con la mente en blanco con estos asuntos, en tanto sus compinches optaron por no amargar la “fiesta democrática” a quienes estaban a la par con cartón lleno.

Perdí el tiempo oyendo, hablando en plata, sobre nuevos memorandos del miedo en torno el peligro de terminar en una “dictadura” al estilo de Venezuela o Nicaragua, así como ustedes lo escucharon y vieron. Todos los candidatos coincidieron en estas barrabasadas, como para que Marco Rubio y Donald Trump, siguieran tranquilos con ellos.

La cuestión esta del injerencismo rabioso introducido para ver quién ganaba más votos, dejó de ser una posición de afinidad ideológica con el que ocupa la Casa Blanca, para pasar a un plano ético – moral ligado estrechamente con la dignidad y el decoro de los participantes de dichos “monólogos”. Con las pruebas dadas a conocer por la prensa internacional, ya no hay dudas que Trump figura como uno de los pedófilos mas grande en la historia estadounidense.

Volviendo a la amenaza de una “dictadura” en caso que un partido tenga 38 o más diputados en la Asamblea Legislativa, ignoro si frente a las cámaras televisivas tenía una sarta de mentirosos o un equipo seleccionado de ignorantes. Después de 1949 nunca he visto en nuestra Asamblea Legislativa constituirse de obreros, campesinos y trabajadores en general.

Dicen que en este tipo de campañas los políticos mienten, tienen que ilusionar a su público meta, etc., pero otra cosa diametralmente opuesta es el cinismo como arma electoralista. Después del golpe de estado de 1948, quienes controlan los partidos han sido muy cuidados con la escogencia de su gente y así, nuestra Asamblea Legislativa no pierda nunca ese maravilloso aroma a Paco Rabanne o Carolina Herrera.

Por el contrario, cuando el campechano Juan Guillermo Brenes de Cartago, sirvió en la Asamblea Legislativa en cuatro ocasiones, colegas suyos de un partido que se aseguraba el voto en proyectos claves, chantajeaban a este agricultor cambio de las famosas “partidas específicas” para asociaciones de desarrollo comunal.

Algunos de estos “padres de la patria” miraban el ingreso del llamado “Cachimbal” al salón de sesiones y de inmediato se arrimaban a la “barra de prensa” para convertirlo en hazmerreir con afirmaciones como “qué tirada, se trajo a la curul la hediondez del apio”, “véanlo bien ya está sentado y va a llenar de barro el plenario “.

El Consejo Universitario de la UCR condenó la criminalización de la protesta social, consignó la periodista Zaida Siles.

¿Y por qué, en estos monólogos, una parte importante de los participantes, consciente o inconscientemente, cerraron filas con el “chavismo” y el “oficialismo” en torno a la supuesta dictadura en Venezuela, Cuba o Nicaragua? Por algunas razones que no se pueden dejar pasar: 1) sus coeficientes intelectuales llegaron a los “monólogos” destiempados como para poner en su correcta dimensión el significado crudo de la Doctrina Monroe y el agotamiento mundial de la llamada “democracia liberal”.

El elemento 2) tiene que ver directamente con su franquicia electoralista, pues sí se aparta del relato de Zapote, de Milei o Trump etc., corre el riesgo de perder el financiamiento bancario. Para esta gente pareciera que viendo el payaso sueltan la risa.

El factor 3) fue el más evidente. No tienen el menor interés de preguntarse qué diablos es eso del injerencismo y, por qué sí, es tan dañino optar por la independencia de los pueblos, ¿por qué secuestraron al presidente Nicolás Maduro, redoblan en este momento la asfixia contra los cubanos y amenazan a los nicaragüenses por sus relaciones con China?

En todo caso, queda para la historia y los futuros análisis, como estos candidatos desde ya infectaron para siempre cualquier intento de “proyecto país” unitario y viable, surgido de las bases empoderadas y alcanzado gracias a un crudo debate de ideas, conforme a nuestra verdad histórica, esa que nos forjó Juan Rafael Mora Porras y el General Cañas.

Por dicha a Mora y Cañas los siguieron muchos hombres y mujeres que en el pasado sintieron el ácido del destierro, sus familias lloraron el fusilamiento de seres queridos, pero no los doblegaron para que las presente y futuras generaciones no callen frente a quienes nos hipotecaron la patria, contra el aplastamiento de nuestros campesinos, los desfalcos sostenidamente habidos durante más de 40 año y desafíen la ingrata judicialización de la protesta social en la bicentenaria democracia.(Ver Consejo Universitario… https://www.cu.ucr.ac.cr/inicio/noticias/noticia/Articulo/ucr-defiende-derecho-a-la-protesta-social-pacifica.html).

La experiencia con esta gente, que confunde el decoro con los relatos filtrados y brochares coloreados quién sabe desde dónde, es que, a la hora de desarrollar una democracia protagónica, directamente vinculada con los campesinos, los empleados públicos, mujeres, profesionales, intelectuales trabajadores, jóvenes y pensionados, entre otros, se convierten en peligrosísimos boicoteadores desde adentro. Es algo así como dormir con el enemigo.

Así ocurrió con la Revolución Ciudadana en Ecuador. En reiteradas ocasiones fue advertida del grupo de traidores encabezados desde adentro por el exvicepresidente, Lenin Moreno, cayendo a cuentas hasta que sucedió. Pero ya era tarde: el nazisionismo ya se había instalado.

Quienes creyeron en falsos liderazgos, vanidades y recurrieron desde adentro a coqueteos con la democracia, donde sacaban al pueblo boliviano como dueño de su destino, ya ahora conocen las consecuencias, por más explicaciones teóricas que nos quieran dar.

Es imposible que una persona o un grupo de ellas, que hacen suyo el grito de quienes no han perdido una sola elección presidencial o una curul durante 76 años seguidos, a costa de la cercada Cuba, la amenazada Nicaragua y la bombardeada Venezuela, se labre un futuro politiquero para servir a un amo. Pero cuidado con la historia y su basurero que nunca se llena.

Si ni siquiera tuvieron valor de llamar a cuentas a quienes cuentearon a los costarricenses con los PAES, la reelección presidencial para que fuéramos el “ primer país desarrollado de América” y cada cual tuviéramos un carrito popular, tendrán acaso dignidad en un proyecto político país que nos dé patria a todos, nos devuelva la soberanía que nos dejó Mora y Cañas, tengamos justicia social, los trabajadores no se les castigue congelándoles su salario para pagar a otros sus deudas nacionalizadas.

Si por la víspera sacamos el día y esta gente, en un evento coyuntural como son unas elecciones, echaron mano a recursos tan infames, si mañana me los encontrara por la misma acera, prometo cruzar la calle. No hay rencor, todos tienen derecho a reivindicarse. Cambio e acera por seguridad política.

*Periodista, abogado y notario por la U.C.R.

Contra la violencia sexual: un llamado a la responsabilidad pública

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Pronunciamiento público SEPROJOVEN y CASA RUAH

Como organización comprometida con la defensa y promoción de los derechos humanos, expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo ante cualquier discurso que relativice, normalice o justifique la violencia sexual, especialmente cuando involucra a personas menores de edad.

Las recientes declaraciones emitidas por una persona aspirante a un cargo de elección popular, en las que se presenta como “normal” una relación entre una adolescente de 15 años y un hombre adulto de 35 años, resultan alarmantes y contrarias a los principios de protección integral de la niñez y la adolescencia, reconocidos tanto en la legislación costarricense como en los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Este tipo de afirmaciones desconocen las evidentes desigualdades de poder que existen por razones de edad, género y posición social, así como los riesgos físicos, emocionales y sociales que enfrentan las personas menores de edad en estas circunstancias. Presentar estos vínculos como aceptables no solo invisibiliza la violencia, sino que debilita los mecanismos de protección, desacredita la palabra de las víctimas y reproduce patrones históricos de abuso y dominación.

Las declaraciones realizadas desde espacios de representación pública no son neutras ni privadas. Tienen consecuencias reales ya que influyen en la forma en que la sociedad percibe la violencia y pueden legitimar prácticas que atentan contra la dignidad y la integridad de niñas, niños y adolescentes. Por ello, quienes aspiran a ocupar cargos públicos tienen una responsabilidad ética mayor en la manera en que se refieren a estos temas.

La violencia sexual contra personas menores de edad no puede reducirse a opiniones personales ni tratarse como casos aislados. Se trata de una problemática social estructural, vinculada a desigualdades históricas que colocan a niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad frente a personas adultas. Minimizar estas realidades contribuye a normalizar el daño y a mantener el silencio alrededor de situaciones que requieren protección y acción inmediata.

Recordamos que la protección de la niñez y la adolescencia es un asunto de interés público y una obligación indeclinable del Estado y de toda la sociedad. No puede quedar sujeta a criterios morales individuales ni a interpretaciones que desconozcan

el enfoque de derechos, la evidencia técnica y los estándares internacionales de protección. La integridad y el bienestar de las personas menores de edad constituyen un límite ético y jurídico que no admite relativizaciones.

Reiteramos nuestro compromiso con la prevención y erradicación de toda forma de violencia sexual, así como con la construcción de entornos seguros que garanticen protección efectiva, atención oportuna y acceso a la justicia. Defender los derechos de la niñez y la adolescencia no es una postura ideológica; es una responsabilidad colectiva y una condición básica para una sociedad democrática y justa.

Como organización, hacemos un llamado a las autoridades, a los actores políticos y a la ciudadanía a asumir una postura clara, informada y coherente con los derechos humanos. La dignidad de niñas, niños y adolescentes debe ser una prioridad incuestionable en cualquier discurso o proyecto político.

31 de enero de 2026, Costa Rica

Mesa de Trabajo por una Agenda Social para los Cuidados exige responsabilidad ética frente a la violencia sexual contra personas menores de edad

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Las organizaciones de sociedad civil, instancias académicas y colegios profesionales que formamos parte de la Mesa de Trabajo por una Agenda Social para los Cuidados de Niñas, Niños y Personas Adolescentes en Costa Rica expresamos nuestra profunda preocupación ante declaraciones públicas recientes que relativizan, justifican o normalizan la violencia sexual contra personas menores de edad.

Resulta especialmente alarmante que, desde aspiraciones a cargos de representación o desde cualquier posición de liderazgo público, se sostengan discursos que desconocen sentencias judiciales firmes y que niegan la condición de persona menor de edad a niñas y adolescentes, reproduciendo narrativas que banalizan relaciones profundamente marcadas por la desigualdad de poder, la coerción y la violencia.

Este tipo de afirmaciones no solo contradicen el ordenamiento jurídico costarricense —incluido el Código de la Niñez y la Adolescencia, la Ley de Relaciones Impropias N.º 9406 y el marco penal vigente— sino que también vulneran los estándares internacionales de derechos humanos que el Estado costarricense ha asumido, entre ellos el principio de protección integral, el interés superior de la persona menor de edad y el deber reforzado de prevención, sanción y erradicación de todas las formas de violencia sexual establecido por la Convención Internacional de los Derechos del Niño.

El carácter inválido e improcedente de todo consentimiento sexual declarado por una persona menor de 18 años está debidamente regulado en Costa Rica por vía del “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños”, instrumento conocido como Protocolo de Palermo, ratificado por Costa Rica mediante la Ley N.º 8315 del 4 de noviembre de 2002, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. El Protocolo de Palermo forma parte del ordenamiento jurídico costarricense y rige sobre todo lo relacionado con la validez o no del consentimiento sexual para actos donde la parte actuante sea menor de 18 años de edad.

Como sociedad, debemos ser claros e irreductibles: no existe consentimiento válido en relaciones sexuales entre personas adultas y personas menores de edad, y cualquier intento de presentarlas como “normales” constituye una forma de legitimación simbólica de la violencia sexual. Estos discursos tienen efectos reales y dañinos, pues refuerzan la impunidad, desalientan la denuncia, revictimizan a quienes han sobrevivido a estas violencias y debilitan la confianza en las instituciones encargadas de garantizar protección y justicia.

Quisiéramos enfatizar que toda persona que ejerza o llegue a ejercer funciones de servicio público —particularmente en espacios de influencia legislativa o de formulación de políticas públicas— debe demostrar la capacidad de ajustar sus concepciones, discursos y actuaciones al marco de derechos de la niñez y la adolescencia. La función pública exige un compromiso ético ineludible con la dignidad humana, el Estado de derecho y la protección de las poblaciones en mayor condición de vulnerabilidad.

Reafirmamos que la protección de niñas, niños y personas adolescentes frente a la violencia sexual no es una cuestión ideológica, partidaria ni opinable. Es una obligación jurídica, ética y democrática. Costa Rica ha construido, con enormes esfuerzos históricos, un marco de protección que no puede verse erosionado por discursos regresivos que normalizan la violencia y desconocen la evidencia, la ley y la experiencia de las personas sobrevivientes.

Desde la Mesa de Trabajo por una Agenda Social para los Cuidados, reiteramos nuestro compromiso con la promoción de una cultura de derechos, con la prevención de todas las formas de violencia y con la exigencia de que quienes aspiren a ejercer poder público actúen con responsabilidad, conocimiento y respeto irrestricto por los derechos humanos de niñas, niños y personas adolescentes.

El cuidado, la protección y la dignidad de las personas menores de edad deben ser un mínimo ético compartido en cualquier proyecto de país.

Defender la democracia: un llamado urgente

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Tatiana Herrera Ávila
Mesa Coordinadora Encuentro Democrático

El escenario electoral que enfrentamos hoy como sociedad civil, como república democrática, es complejo y nublado. La pregunta es inevitable: ¿cómo llegamos aquí? Cada uno de nosotros debería hacérsela, porque todos tenemos responsabilidad en este posible entierro… que aún estamos a tiempo de evitar.

Las nubes que oscurecen nuestro cielo no son sólo las del cambio climático. Son también las de una tormenta política que ha enfermado a tantos países de América Latina: la tentación de la dictadura. Sorprende que, conociendo las atrocidades de los diferentes sistemas totalitarios (de izquierda y de derecha y de todos los colores), todavía haya quienes la consideren una opción legítima.

La apuesta del oficialismo se sostiene sobre una figura de tono mesiánico, respaldada por sectores que buscan perpetuarse en el poder, debilitar la Constitución, eliminar controles democráticos y avanzar hacia un modelo de gobierno sin contrapesos. Se promete seguridad fácil, se invoca el orden, pero lo que se pone en juego son nuestras garantías individuales y sociales, ya dicho y promulgado por ellos mismos.

Costa Rica ha atravesado encrucijadas históricas antes. Así nació nuestra Segunda República: de un conflicto doloroso, pero también de un pacto democrático que nos hizo transitar una vía distinta a nivel regional. Ese Estado social, democrático y republicano no fue un accidente: fue una conquista.

Y hoy estamos peligrosamente a punto de perderla. Ante el desencanto, la corrupción, el costo de la vida, el miedo, el abstencionismo, el avance del narco y la fatiga colectiva, este domingo 1° de febrero de 2026 se nos convoca a las urnas. Votar no es un trámite: es un privilegio, un derecho y un deber histórico.

No da lo mismo. No son todos iguales. Sí hay por quién votar. El voto es hoy una forma de impedir que el país derive hacia un autoritarismo sin frenos. Es defender la institucionalidad democrática, nuestras garantías sociales y la posibilidad misma de un futuro común. Y también importa la Asamblea Legislativa: toda democracia necesita contrapesos, vigilancia y dignidad política.

El panorama en efecto aparece hoy más opaco, más nublado, más oscuro. Y conviene decirlo con claridad: este domingo no vamos a definir el fin del patriarcado ni transformar el modo de producción. Pero sí está en juego algo más inmediato y decisivo: la supervivencia estratégica de la democracia.

Lo que se disputa es la continuidad de nuestras libertades, de nuestras garantías sociales e individuales, del Estado social de derecho y de conquistas históricas que, sin ser un sistema perfecto, son invaluables: vivir en paz, en libertad, en una sociedad donde todavía es posible pensar, disentir y trabajar por mejorarnos. Mantener eso es conservar el terreno para poder enfrentar los retos del futuro.

Y, quizá, también convenga decirlo: esta primera ronda puede tener un sentido estratégico. Impedir que el continuismo autoritario se imponga sin contrapesos e irremediablemente, y más bien, abrir la posibilidad de una segunda vuelta donde el país pueda deliberar con más claridad, respirar con más tiempo y rechazar el chantaje del miedo como destino inevitable.

Porque si esa segunda vuelta llega, deberá ser el momento de tender puentes. De reunir, sin ingenuidad, pero con responsabilidad histórica, a las diversas “comunidades de base” de creyentes comprometidos, a las fuerzas patrióticas, socialdemócratas, progresistas, populares, en fin, a las fuerzas vivas del país que todavía creen en la convivencia republicana, en la justicia social y en la paz institucional. No se trata de pureza ideológica: se trata de defender el suelo común.

Porque la democracia inicia en las urnas, y luego se cuida y se construye todos los días. ¡Antes patria, que partido!

El proceso electoral – Algunas claves para entender la democracia ante sus amenazas en las elecciones presidenciales

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Vladimir de la Cruz

Costa Rica ha sido reconocido como un país, como una República, de una tradición democrática muy sólida y antigua. La más vieja y estable del continente americano. Dictaduras, tiranías, satrapías, despotismos gubernativos caben en un mano. Gobiernos militaristas, de excepción.

Hoy esta situación se siente amenazada. Hay las posibilidades de que se rompa esa tradición democrática costarricense en las elecciones presidenciales del primer domingo de febrero próximo.

De seguido algunas claves para entender mejor la situación que enfrenta Costa Rica ante las elecciones de febrero.

Especial relieve en la tradición democrática costarricense ha tenido el predominio de gobernantes, desde 1824, que han sido educadores, abogados, médicos, periodistas, civiles en general. Militares de hecho desde 1890 solo uno, por un breve período, mientras duró su dictadura, 1917-1919.

Sobresaliente reconocimiento ha tenido Costa Rica el que haya eliminado su Ejército, desde 1948, y se le reconozca como una Democracia Desarmada. Al decir Costa Rica se afirmaba que era un país con más maestros que soldados, frase que se usaba como dato distintivo aun cuando existía el Ejército, hasta 1948.

Ha sido un país con un Estado de Derecho muy sólido y estable, desde 1825 cuando se constituyeron sus Poderes Públicos, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, y desde 1949 el Electoral, cuando se le dio ese rango al Tribunal

Supremo de Elecciones, TSE; el órgano o institución encargada de administrar todo proceso electoral nacional, provincial, cantonal o distrital del país, que tenga que ver con la representación política, para los diversos cargos de la Dirección política Estatal y Administrativa, del país, de sus 84 cantones y casi 500 distritos. Los resultados electorales en Costa Rica, declarados por el TSE tienen carácter inapelable. Hasta hoy nunca se han cuestionado los resultados ni las declaratorias de presidentes, diputados o representantes cantonales.

Este Estado de Derecho se ha caracterizado por el respeto absoluto que se ha tenido de las funciones de cada uno de los Poderes Públicos, en la especificidad, indelegabilidad e insubrogabilidad de sus funciones, las funciones ejecutivas, legislativas, judiciales y electorales, en el respeto que se han tenido entre sí, de sus propias áreas de trabajo.

Desde el punto de vista de procesos electorales, se han tenido para la escogencia de representantes populares, desde que se eligió al Diputado ante las Cortes de Cádiz, en 1812. Durante el proceso de la Independencia la escogencia de los delegados de los pueblos que fueron enviados a Cartago, la vieja capital colonial, para discutir y aprobar la Independencia de Costa Rica, el 29 de octubre de 1821.

De seguido a la Independencia con la constitución de los primeros gobiernos de carácter colegiado, las Juntas Gubernativas del período 1821-1824, y a partir de allí, cuando nos incorporamos a las Provincias Unidas de Centroamérica, luego llamada República Federal de Centroamérica, período en que Costa Rica se llamó Estado, y nombró sus jefes de Estado, siendo el primero de ellos Juan Mora Fernández, electo en tres ocasiones hasta 1833. Durante la República Federal elegimos las autoridades federales y las locales y elegimos diputados en el Congreso Federal.

A partir de 1838 Costa Rica se separó de la Federación de Centroamérica, el mismo año en que también se separaron Nicaragua y Honduras, permaneciendo bajo la figura de Estado hasta el 31 de agosto de 1848 cuando Costa Rica se proclamó República.

Bajo la República Federal de Centroamérica, en el Estado y en la República de Costa Rica funcionaron los tres poderes públicos clásicos. Durante la República Federal, los presidentes de la Federación lo fueron también de Costa Rica, en armonía con los jefes de Estado costarricenses.

La estabilidad política del país se caracterizó, entre otros factores, por el desarrollo constitucional que se fue impulsando, 11 constituciones entre 1821 y 1871 y tres constituciones desde 1871 hasta hoy, dos de ellas de largos períodos, (1871-1917 y 1919-1948), la de 1917-1919 que correspondió al periodo dictatorial de Federico Tinoco, y la actual desde 1949.

La estabilidad política se acompañó con el desarrollo de libertades individuales y de derechos ciudadanos, así como con la promulgación del Capítulo de las Garantías Sociales, que desde 1943 se incorporó a los cuerpos constitucionales de Costa Rica, la Constitución de 1871 y a la de 1949, derechos y libertades que se han ido ampliando y fortaleciendo al calor del desarrollo de los Derechos Humanos y sociales internacionales de nueva generación ratificados por Costa Rica, dando origen al Estado de Derecho Social y Democrático de Costa Rica.

Parte de este desarrollo democrático institucional se vio fortalecido por la periodicidad y regularidad de los cambios de gobierno, por la vía de las elecciones, que desde 1847 se mantienen en periodos gubernativos de cuatro años, con excepción de breves gobiernos que se establecieron por períodos de seis años, con el derecho de reelección presidencial y de diputados de forma consecutiva. Actualmente, desde 1949 la reelección consecutiva no se permite. La alternativa de presidente se permite dejando pasar ocho años entre una gestión y otra. En este sentido, solo dos presidentes han tenido la oportunidad de elegirse de esta manera constitucional, José Figueres Ferrer, en sus gobiernos de 1953-1958 y en 1970-1974, y Oscar Arias Sánchez, en los suyos, 1986-1990 y en el 2006-2010.

En el desarrollo democrático institucional de Costa Rica el derecho al sufragio evolucionó desde el siglo XIX al XXI fortaleciendo el sufragio y el régimen de partidos políticos.

Hasta 1889 el voto era indirecto. Había una ronda de electores que escogían entre ellos a otros electores que decidían la votación. Los electores debían ser hombres, mayores de edad, alfabetos, con capacidad económica comprobada. El voto era público hasta 1924, que se estableció secreto. Desde 1949 se estableció el voto universal, reconociéndose el voto de la mujer, que empezó a votar en 1951. Empezaron a ser electas diputadas desde 1953, y en el 2010 se eligió la primer mujer presidenta en Costa Rica.

Es posible, y hay gran probabilidad, que en las elecciones de febrero del 2026 alguna otra mujer pueda ser electa presidenta de la República, habida cuenta que en el proceso actual electoral destacan cinco candidatas mujeres que compiten por ese alto cargo público, Claudia Dobles, Ana Virginia Calzada, Laura Fernández, Natalia Díaz y Luz Mary Alpízar.

Desde 1890 se estableció que para aspirar a cargos de elección popular solamente se podía hacer por medio de partidos políticos. De esta forma, desde esa fecha se desarrolló la democracia política electoral de Costa Rica, que en términos generales ha sido bastante democrática, sin restricción de partidos políticos exceptuando las restricciones que se establecieron para la participación de los comunistas en 1929 que se prohibió que lo hicieran con ese nombre, por lo que el Partido Comunista de Costa Rica, fundado en 1931, cambió de nombre para efectos electorales, por el del Bloque de Obreros y Campesinos, nombre con el que participó en elecciones desde 1934 hasta 1942. En 1943 el Partido Comunista, resultado de una alianza con la Iglesia Católica y el gobierno del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, para aprobar las Garantías Sociales y el Código de Trabajo, cambió de nombre por Vanguardia Popular. Con este nombre participó en la coalición Bloque de la Victoria, en 1944 y lo intentó en las elecciones de 1948. El resultado de la guerra civil de marzo y abril de 1948 lo proscribió electoralmente desde 1948 hasta 1975.

En el siglo XX se desarrollaron las corrientes político-electorales de izquierda, socialistas, comunistas y las social cristianas y social demócratas, especialmente a partir de la década de 1940

Varios intentos de partidos de izquierda, para participar en elecciones entre 1948 y 1969 fueron sometidos a la proscripción que existía desde 1948. A los comunistas les prohibieron elegir por ellos mismos, pero a las personas comunistas no les impidieron votar por otros partidos, durante esos años. Este es el lunar que la democracia electoral de Costa Rica que ha tenido.

Desde 1970 hasta hoy ha habido representación electoral de izquierda en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, desde dos hasta nueve diputados, de 57 parlamentarios que integran el Poder Legislativo costarricense. Actualmente hay seis.

En la vida parlamentaria de Costa Rica, por la fuerza liberal de finales del siglo XIX se prohibió en 1898 que los católicos se organizaran en partido político, y se estableció que no se podía participar en elecciones aduciendo o agitando sentimientos religiosos.

A partir de 1970 empezaron a surgir partidos de orientación cristiana no católicos, que han venido participando en las elecciones, eligiendo diputados desde 1998. La restricción para los partidos católicos sigue vigente, no así para los partidos cristianos no católicos, que actualmente tienen seis diputados.

En el desarrollo político gubernativo de Costa Rica desde 1953 hasta hoy ha habido 18 gobiernos estables de cuatro años cada uno. Nueve de ellos la socialdemocracia ha gobernado, seis lo ha hecho el socialcristianismo. Esto dio origen para que se estableciera el criterio del bipartidismo político, para destacar el control que, del gobierno, especialmente, ha tenido el Partido Liberación Nacional, social demócrata, y el partido Unidad Social Cristiana.

Este bipartidismo también se dio por el control que ambos partidos y tenían mayoritariamente de la Asamblea Legislativa, por la capacidad de pactos o acuerdos político-legislativos que podían establecer o imponer.

En 1998 este bipartidismo parlamentario se rompió, obligando a esos partidos a tomar en cuenta a los otros partidos, por pequeños que fueran para los acuerdos y pactos parlamentarios.

En el 2010 el bipartidismo gubernativo se rompió cuando surgió un nuevo partido político, en el 2002, Acción Ciudadana, que llegó a gobernar de manera seguida en los gobiernos del 2014-2018 y del 2018 al 2022. Este partido surgió con ex militantes de Liberación Nacional y de otras corrientes de izquierda. A partir de ese momento bien se podía hablar del tripartidismo gubernativo.

Pero, para las elecciones del 2022 surgió participando, por primera vez, el Partido Progreso Social Democrático, que eligió al actual presidente de la República, Rodrigo Chaves, exministro de Hacienda del gobierno de Acción Ciudadana del 2018-2022, que funcionario internacional del Banco Mundial por 35 años, igualmente alejado de la vida política por esos mismos años, desconectado de la tradición política y democrática del país, modelado al estilo de los ejecutivos de estos organismos internacionales, acostumbrados a imponer a los países en que actúan sus políticas y decisiones, como verdaderos tiranos, y acostumbrados por la debilidad de los gobiernos tercermundistas donde actúan a ser acatadas aceptadas sus decisiones, bajo la amenaza de retirarles los apoyos financieros y de asesorías que les acompañan. Del Banco Mundial salió expulsado acusado de acoso sexual a funcionarias de esa institución, existiendo una disposición que le prohíbe entrar a las oficinas de dicho Banco.

En la campaña electoral Rodrigo Chaves logró capitalizar la simpatía electoral enfrentando al bipartidismo tradicional, habida cuenta de que los dos partidos que lo representan habían tenido escándalos políticos asociados a expresidentes, que habían sido acusados penalmente. Su discurso también se orientó hacia los sectores sociales y de las regiones marginales y periféricas que en las políticas y acciones públicas habían sido marginadas o excluidas, donde se concentraba la mayor pobreza del país.

En esas elecciones su partido Progreso Social Democrático apenas pudo elegir 10 diputados, situación que no ha podido manejar, por la no tradición y experiencia política de su ausencia del país, y por la improvisación que ha tenido que hacer de los funcionarios y equipos de gobierno que ha nombrado, que están sometidos al Estado de Derecho, a la Constitución Política, Leyes de la República e instancias controladoras públicas, como la Contraloría General de la República, encargada de la vigilancia y buena administración de la Hacienda Pública, que solo les permite actuar en el marco de las leyes, bajo controles, y no como quisiera el presidente, actuar sin controles y sin leyes.

Como presidente ha enfatizado en el discurso de “que no lo dejan gobernar”, que “los gobiernos anteriores, desde 1953, han sido de dictadores y tiranos, que solo han gobernado contra el pueblo favoreciendo a grupos económicos, financieros y empresariales asociados a los presidentes” de esos 17 gobiernos anteriores al suyo.

En su práctica política y gubernativa se ha enfrentado a los Poderes Públicos, a la Sala Constitucional del Poder Judicial, a la Contraloría General de la República, a los partidos políticos con representación parlamentaria, a los medios de prensa y de comunicación nacional, a sus periodistas y a gestores de opinión y comunicadores sociales. Su enfrentamiento es al cuerpo de los integrantes de estas instancias, con lenguaje soez, vulgar, provocador, amenazante, actuando desde a institucionalidad que el gobierna y maneja como un déspota o tirano, contra las personas que pueda afectar con las acciones de esas instancias gubernativas.

Ha dicho claramente que desearía gobernar con mayoría legislativa de por lo menos 40 diputados, con mayoría de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con la mayoría plena de los magistrados del Tribunal Supremo de elecciones y sin la institución Contraloría General de la República. en su

En su accionar y en sus ataques ha debilitado al Estado de Derecho y al Estado Social de Derecho. Ha impulsado nacionalmente una situación de tensión social aguda, de falta de respeto, de agresiones orales a las personas que se le oponen o critican, ha provocada que eso se extienda a la ciudadanía y a los grupos que moviliza cubriéndoles gastos de transporte, comida y un pago por participar en las movilizaciones o convocatorias que realiza. Ha convocado a grupos de ciudadanos para ir a pedir la destitución y agredir verbalmente a los miembros de la Corte Suprema de la Corte, de su Sala Constitucional, de la Contralora General de la República y también contra el Tribunal Supremo de Elecciones. A este último lo acusa de intentar un golpe de Estado en su contra.

Constantemente habla de ese peligro que él corre, provocando con la violencia ciudadana que se vive, estimulada por el mismo gobierno, un estado de inseguridad, con el ánimo de poder establecer, de ser posible antes de las elecciones de febrero o de abril, si hubiera una segunda ronda, un Estado de Excepción, que le permita gobernar sin leyes, y en condiciones de un Estado de Sitio, como en las dictaduras.

Ha mostrado su interés de continuar gobernando a partir de mayo próximo cuando se le acaba su período presidencial, lo que no puede hacer porque no tiene opción de reelección continua. Tiene que esperarse ocho años. Esto lo tiene desesperado.

Pero existiendo elecciones, ha logrado inscribir varios partidos políticos con el ánimo de lograr esa mayoría parlamentaria, con la cual acabaría con el Estado de Derecho.

De los partidos que inscribió, que se identifican con él, el que recibe todo su apoyo principal es el que propone la candidatura presidencial de su ex ministra de Planificación y ex ministra de la Presidencia, Laura Fernández, que repite el mismo discurso del presidente. Ella ha sido clara: quiere 40 diputados. Ha dicho contundentemente que quiere gobernar sin controles de ningún tipo para poder gobernar. Claramente ha manifestado que el problema principal del gobernante es que está sometido a leyes y a controles de administración.

Este es el peligro fundamental que tiene hoy la democracia costarricense: que se acabe con su Estado de Derecho, con su Estado Social de Derecho, con sus libertades y derechos ciudadanos, que por la vía electoral se mantenga un gobierno interesado en desarrollarse con formas tiránicas, dictatoriales, despóticas, autoritarias, que por la fuerza y sin controles, legales ni político administrativos, puedan impedirles actuar.

Continuar con el gobierno, con su partido Pueblo Soberano, con su candidata Laura Fernández, es avanzar hacia la bukelización de la sociedad costarricense. Es colocar al país en la balanza de los mandatarios de la ultraderecha latinoamericana, como Javier Milei, en Argentina; José Antonio Kast, en Chile; Nayib Bukele, en El Salvador; Rodrigo Paz en Bolivia; Daniel Novoa, en Ecuador; Nasry Asfura, en Honduras, en caso de que se imponga como ganador, junto a los presidentes de Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana, y como faldero sumiso de Donald Trump.

Compartido con SURCOS por el autor.

Eligiendo Patria

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Por Arnoldo Mora

Cada cuatro años los costarricenses somos convocados para escoger a quienes dirigirán en el próximo gobierno los destinos de la Patria rigiéndola dentro de las normas constitucionales propias de nuestro sistema democrático. Tradicionalmente nuestro pueblo ha vivido el proceso (“campaña electoral”) que culmina con el traspaso de poderes a quienes ganaron la justa electoral como una fiesta cívica; durante los meses que la antecedieron multitudes expresaron sus opciones políticas mediante desfiles, banderas, vehículos haciendo sonar sus pitonetas, gentes gritando, candidatos dirigiendo encendidos discursos a entusiastas multitudes en los más variados rincones de nuestra geografía. Hoy nada de eso se ve o, más exactamente, tan sólo existe en la memoria de quienes teníamos al menos siete años de edad entonces. Actualmente todo ha sido sustituido por las redes sociales, los debates en la televisión, los anuncios en medios de comunicación promoviendo a quienes se postulan como candidatos; la campaña electoral se ha dividido en dos, ya no se lleva a cabo tan sólo cada cuatro años, sino cada dos años: una para elegir a quienes dirigirán las riendas del país desde el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo, y otra para escoger a las autoridades municipales; sin embargo, se le da más importancia a la primera, como se muestra en el hecho de que en las elecciones para elegir munícipes, la asistencia a las urnas suele ser al rededor del30% del padrón electoral. Esta vertiginosa y honda transformación de nuestra cultura política es consecuencia de la profunda e irreversible repercusión en nuestros hábitos de vida, tanto públicos como privados, se debe a la influencia de la revolución científico-tecnológica en los medios de comunicación. Esta revolución ha afectado de manera particular a los medios de comunicación, de cuyo ejercicio depende en buena medida la actividad política, ya que ésta consiste en la predominancia del recurso a la palabra y a la imagen visual (“lenguaje icónico”) como medios de persuasión. Y todo hecho con una impactante eficacia y rapidez, que nos permite tener literalmente el mundo en nuestras manos con sólo mover nuestros dedos en la estrecha pantalla de un teléfono celular dondequiera que estemos. Más aún, me sospecho que no está lejano el momento en que podremos ejercer el democrático derecho de elegir a quienes deseamos que nos gobiernen recurriendo a estos medios que nos ofrece la tecnología…

Pero volvamos al aquí y al ahora… Lo cierto es que ya debemos prepararnos para ir al recinto donde, en la presencia tan sólo de quienes cuidan las urnas, depositemos la papeleta señalando como expresión de nuestra voluntad soberana, a quienes queremos que sean las futuras autoridades. Para conocer a estos personajes, su perfil personal, sus propuestas programáticas y la ideología en que las fundan, la Constitución ha previsto que el Tribunal Supremo de Elecciones organice y promueva la campaña electoral en los meses previos a la elección. Esta cita con el destino de la Patria reviste dos facetas: una exterior que nos concierne en cuanto miembros de la sociedad, y la otra que atañe a la solitaria intimidad de nuestra conciencia ciudadana; ambas se anudan en el preciso momento en que cumplimos nuestro deber cívico, gracias al ejercicio mismo de depositar el voto en una urna que acoge en sus sigilosas entrañas la huella indeleble de nuestra voluntad de ciudadanos libres. En cuanto a la primero faceta, la Constitución ha dispuesto sabiamente que el Tribunal Supremo de Elecciones asuma el mando de las fuerzas policíacas, lo cual garantiza que los ciudadanos ejerzan sus derechos sin coerciones ni temores. De ahí el ambiente festivo que rodea a los recintos – normalmente escuelas y colegios públicos- a donde acuden los ciudadanos a votar. Valga la oportunidad para externar mi efusiva felicitación al Tribunal Supremo de Elecciones, no sólo por cumplir escrupulosamente este deber constitucional, sino también para, aprovechando el tiempo de campaña, incitar a los ciudadanos a cumplir con sus deberes patrios, labor altamente cívica pues ataca a uno de los mayores enemigos de nuestro alabado sistema democrático, como es el masivo y creciente abstencionismo.

Pero más allá del mundo exterior, hay otra dimensión de la vida democrática que concierne al ámbito de nuestra conciencia ciudadana. Cultivar nuestra conciencia ciudadana con los mejores valores cívicos constituye la más sólida base que nos garantiza el poder gozar de una auténtica democracia; de poco sirven la leyes y las instituciones pública, por más buenas que sean, si dentro de nuestra piel no palpita el amor a la Patria que nos lleve a la práctica de las más acrisoladas virtudes que adornan a un hombre de bien. Nuestra conciencia configura el ámbito axiológico, lo cual no es mensurable, pues nos revela lo cualitativo y no lo cuantitativo de la humana existencia, si bien se refleja en las consecuencias verificables de los efectos que nuestra conducta produce en nuestra condición de miembros de la sociedad en cuyo seno vivimos. Ejercer nuestros deberes y derechos ciudadanos es, por ello mismo, un deber para con la Patria, pues, si bien tenemos derecho a nuestra privacidad, somos igualmente miembros de una comunidad, por lo que nuestros actos repercuten, para bien o para mal, en la marcha del todo social en el que estamos insertos; cada uno de nuestros actos define el tipo de sociedad que queremos, el tipo de ser humano que deseamos ser como parte del tejido social; nuestro país es lo que sus habitantes quieren que sea; no esperemos milagros; si nos amamos y nos respetamos a nosotros mismos y soñamos con un futuro halagüeño para nosotros y nuestro país, debemos asumir la responsabilidad que esto implica.

Todo la cual es particularmente importante en las elecciones que tendremos el próximo 1ro. de febrero. Desde 1949, año en que se promulgó la Constitución Política que actualmente nos rige, el Estado de Derecho nunca había sido cuestionado como sistemáticamente se ha venido haciendo durante todo este cuatrienio; el Poder Ejecutivo ha sembrado la duda en torno a las disposiciones del Tribunal Supremo de Elecciones, ha cuestionado a la Corte Suprema de Justicia y a la Sala Constitucional, ha desprestigiado al Primer Poder de la Nación, ha violentado el derecho a la libre expresión de los ciudadanos y, en especial, de los medios de comunicación que lo adversan, ha cultivado un lenguaje agresivo, que propicia la discordia entre los ciudadanos, todo lo cual riñe con lo que solemos entender por democracia.

Este insólito y preocupante fenómeno político se sustenta en una causa: se ha roto el contrato social en que se basaba el orden democrático que ha regido en el país después de la Guerra Civil que ensangrentó y dividió a la familia costarricense en el fatídico verano de 1948. Todo lo cual no es más que el reflejo a nivel local de lo que está pasando en el mundo entero, cuando el esperpéntico jefe del Poder Ejecutivo de la hasta hace poco nación más poderosa del mundo, desafía con histriónicos gestos a todo el orden mundial. Costa Rica o, más exactamente, sus actuales gobernantes, como súbditos obsecuentes de ese decadente imperio, no podía quedarse al margen. Por eso el reto que asumimos las generaciones actuales, es ir dando pasos para la construcción de una Patria que esté a la altura de nuestros próceres y de los sueños de las nuevas generaciones, apoyando con nuestro voto a quienes han demostrado con su trayectoria política que están a la altura de tan nobles ideales. Hoy tenemos una cita con la historia: elegir la Patria que queremos.