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Autor: Hector Ferlini Salazar

Panoramas SURCOS | 7 de setiembre de 2026

Le invitamos a conocer esta selección de temas publicados hoy en SURCOS y navegar en el medio:

Conmemorar el Día Internacional de la Mujer y Niñas Indígenas: resarcir una deuda histórica.
Sisa Pacari Bacacela.
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«Dime de qué presumes y te diré de qué careces»: La paz no se construye con bombillos.
Jaime E. García González.
https://wp.me/p6rfbZ-A0h

UCR recomienda no aprobar proyecto de ley que flexibilizaría intervenciones en parques nacionales.
https://wp.me/p6rfbZ-A06

Ataque soez a la Caja.
Freddy Pacheco León.
https://wp.me/p6rfbZ-A0p

Cuando la utopía entró al seminario.
Rodrigo Díaz Bermúdez.
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Venezuela, petróleo sin cuentos.
José A. Amesty Rivera.
https://wp.me/p6rfbZ-A0k

Revelan fondos opacos para financiar injerencismo regional. Parte II: Las travesuras de Cerimedo.
Rafael A. Ugalde Q.
https://wp.me/p6rfbZ-A0d

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Panoramas SURCOS | 6 de setiembre de 2026

Le invitamos a conocer esta selección de temas publicados hoy en SURCOS y navegar en el medio:

Centros de Datos: grave amenaza socioambiental para Bagaces y para Costa Rica.
FECON.
https://wp.me/p6rfbZ-zZA

Ni jueces sometidos ni jueces intocables.
Jaime E. García González.
https://wp.me/p6rfbZ-zZe

El TLC con Israel: algunos criterios sobre la inconveniencia para Costa Rica de aprobarlo.
Nicolas Boeglin.
https://wp.me/p6rfbZ-zZg

De la protesta del Plantón a la del Farolazo el 14 de setiembre.
Vladimir de la Cruz.
https://wp.me/p6rfbZ-zZr

Un debate sobre la democracia (para qué sirven las cifras).
Gilberto Lopes.
https://wp.me/p6rfbZ-zZy

CFIA: compromiso con la seguridad, la calidad y el interés público.
https://wp.me/p6rfbZ-zZU

Doña Laura: no queremos militares… no somos siervos menguados.
Óscar Aguilar Bulgarelli.
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Doña Laura: no queremos militares… no somos siervos menguados

Dr. Óscar Aguilar Bulgarelli

No lo digo yo, solo lo repito. La bien amada del chavismo y encartada en la fiscalía general la hoy simple asesora presidencial Pilar Cisneros, dijo el pasado mes de agosto del 2025 en el programa de televisión el Octavo Mandamiento, que a Doña Laura Fernández «a veces le cuesta concretar una idea sencilla«. Esto, que pudo ser una frase atribuible a los calores de la campaña y ella no la quería como candidata, por algunos «safis» que la señora presidenta ha tenido en estos cuatro meses supuestamente al mando del país, si nos vuelven un tanto terroríficos. Hoy vamos a dejarlos pasar un tanto inadvertidos, como eso de llamarle presidente a Rodrigo Chávez y para sacar las extremidades del barro dijo que ¡él también la llamaba ministra!, ¡más “pior!» dijo Gorgojo; para no distraernos de sus últimas declaraciones que resultan, simplemente, alarmantemente inaceptables.

Ante la afirmación hecha en declaraciones dadas a la agencia de noticias Reuter, en el sentido de que está anuente a recibir operaciones militares estadounidenses en Costa Rica, con el pretexto de combatir el narcotráfico y el terrorismo internacional, es preferible creer que el «síndrome pilarico» hizo su aparición, y no fue capaz de concretar claramente lo que talvez quiso decir, y por lo tanto, le salió semejante barbaridad.

Pero por si acaso, se le debe recordar a la presidencia de la República, a quienes la ejerzan de hecho y de derecho, que ellos tienen el poder y el gobierno de este país… prestado, por un tiempito. Y que, al ejercerlo, deben obedecer lo establecido en la Constitución y las leyes. En ellas, se les recuerda, está establecido que nosotros los costarricenses, desde 1848 vivimos en un país soberano y que ellos son guardianes de esa soberanía y nadie puede arrogarse ser ella y actuar por ella, fuera de las normas legales y constitucionales establecidas, sin caer en el delito de traición a la Patria.

En ese sentido, soberanamente los costarricenses desde 1949 abolimos el ejército y cualquier cambio, tratado o afectación a ese principio, debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa por 3/4 partes de la totalidad de sus miembros o sea 43 votos. Entonces, aunque alguien le silbe al oído que se pueden instalar bases militares gringas o traer fuerzas militares armadas sin la aprobación legislativa, seguro les está silbando desde una rama seca de alguna mata de cannabis.

No, miembros del régimen FER/CHA, por más convenios o acuerdos de escudos militares que hayan firmado -que deben ser conocidos por la Asamblea Legislativa- con el déspota de Trump y su aliado el genocida Netanyahu, aquí en nuestra querida Costa Rica la inmensa mayoría de verdaderos ciudadanos que no nos arrodillamos ni ante ustedes ni ante ellos y los fascistoides que han instalado en América Latina, vamos a permitir que las botas militares suenen en nuestro suelo…porque no somos siervos menguados y por eso vamos a exigirles que se respetan hasta la última palabra los derechos sagrados que la patria nos da.

CFIA: compromiso con la seguridad, la calidad y el interés público

Comunicado

El Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA) informa a la comunidad colegiada y a la opinión pública su posición respecto del proyecto de Ley N.° 25.747, “Reforma para la promoción de la libre competencia en los servicios profesionales y modernización del régimen de colegiatura”, desde una perspectiva jurídica, técnica y, especialmente, de protección del interés público:

  • Los colegios profesionales cumplen una función de interés público. Constituyen mecanismos especializados para la habilitación, fiscalización, ética y responsabilidad profesional, particularmente en actividades en las que una actuación técnica inadecuada puede generar consecuencias relevantes para la seguridad, el bienestar y la calidad de vida de las personas.
  • Las ingenierías y la arquitectura tienen una responsabilidad directa con la seguridad y mejorar la calidad de vida de las personas, así como la protección de sus bienes. Su adecuado ejercicio profesional contribuye a garantizar la idoneidad técnica, la aplicación y fiscalización de la normativa vigente y la calidad de las obras del país. Entre estos instrumentos se encuentran: el Código Sísmico de Costa Rica, el Código Eléctrico de Costa Rica, entre otros, así como la gestión de las plataformas digitales para la tramitación y fiscalización de proyectos de ingeniería, arquitectura, consultoría y construcción, utilizadas por el Gobierno Central y los gobiernos locales, y que ha contribuido a mejorar la competitividad del país.
  • La colegiatura voluntaria debilitaría el control ético y disciplinario del ejercicio profesional. El propio proyecto reconoce que la colegiatura obligatoria es necesaria cuando el ejercicio de una profesión compromete la fe pública o los derechos de terceros —criterio que aplica directamente a la ingeniería y la arquitectura—, pero al mismo tiempo pretende volver voluntaria la incorporación a los colegios que ejercen esa función.
  • Modernizar la regulación profesional y proteger el interés público son objetivos compatibles. Ambos deben avanzar de manera conjunta, procurando una regulación que responda a las necesidades actuales del país, sin debilitar los mecanismos que brindan confianza, seguridad y respaldo técnico a la sociedad costarricense.
  • Los aranceles permiten un parámetro técnico. Los mismos vinculan el costo de un servicio de ingeniería y de arquitectura con la complejidad, la responsabilidad civil y el riesgo asociados a cada proyecto; evitan una competencia basada únicamente en el precio, en detrimento de la calidad, la seguridad y la responsabilidad técnica de los proyectos del país.

El CFIA reafirma su compromiso con la promoción de un ejercicio profesional responsable, ético y de alta calidad. Asimismo, reitera al Poder Legislativo su disposición a participar en un diálogo técnico, constructivo y abierto, aportando su experiencia y conocimiento para contribuir a que cualquier reforma normativa fortalezca la modernización del país y, al mismo tiempo, preserve las garantías indispensables para la protección de las personas, sus bienes y el interés público.

03 de setiembre 2026
Junta Directiva
Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA)

Centros de Datos: grave amenaza socioambiental para Bagaces y para Costa Rica

Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente- FECON
Setiembre 2026

Recientemente se ha dado a conocer un proyecto para establecer un centro de datos para inteligencia artificial en Bagaces, Guanacaste. Se trata de Palo Negro AI & HPC Campus, una iniciativa impulsada por la empresa Cosfin Energía S.A., intencionada para atraer inversiones transnacionales para el desarrollo de infraestructuras de inteligencia artificial y computación de alto rendimiento (HPC, por sus siglas en inglés). Asimismo, el proyecto contempla también la producción local de aproximadamente 120 megavatios (MW) de energía eléctrica para abastecer la demanda del centro de datos, lo que podría implicar la instalación de nuevos proyectos de generación eléctrica de capital privado en la zona para esta finalidad.

Un centro de datos (o “data center”) es una instalación especializada, diseñada para albergar servidores donde se almacena y procesa enormes volúmenes de información de grandes empresas tecnológicas. En palabras simples, es un conjunto de megabodegas llenas de computadoras que permanecen encendidas de manera continua, 24/7. Durante los últimos años ha habido una explosión de centros de datos alrededor del mundo, asociado al auge de la inteligencia artificial y al crecimiento del uso de servicios en la “nube”. Cada vez más, aparecen noticias y estudios sobre los graves impactos socioambientales de los centros de datos, los cuales han provocado conflictos sociales en diferentes países, por ejemplo, en Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Chile, Uruguay, Indonesia, Malasia, entre otros.

Los centros de datos para inteligencia artificial son consumidores masivos de agua, energía y materiales y, en la misma medida, son productores de enormes cantidades de desechos. Por sus características, estas infraestructuras demandan energía de manera permanente e intensiva, para mantener encendidas las computadoras y aires acondicionados. Asimismo, utiliza enormes volúmenes de agua para enfriar las instalaciones, las cuales emiten calor por el uso de las máquinas. Un informe reciente, publicado por la Universidad de las Naciones Unidas, ofrece algunas estimaciones de la huella ecológica de los centros de datos a nivel mundial, las cuales resultan escalofriantes:

  • La energía eléctrica consumida por los centros de datos en 2025 es equivalente al consumo eléctrico total de la población de África Subsahariana (1.300 millones de personas) durante 2,6 años.
  • La huella hídrica de los centros de datos en 2025 fue de 4,5 trillones de litros de agua, suficiente para satisfacer las necesidades básicas de agua para consumo humano para 600 millones de personas. Para 2030, se estima que la huella hídrica podría alcanzar los 9,3 trillones de litros de agua.
  • Las infraestructuras de inteligencia artificial podrían generar hasta 2,5 millones de toneladas métricas de desechos para 2030, equivalente a 250 “Torres Eiffel” cada año.

Conforme se expanden los centros de datos por el mundo, van dejando tras de sí un impacto devastador en aquellos territorios en donde se instalan. Comunidades sin agua, aumentos abruptos en tarifas eléctricas, apagones e instabilidad en la corriente eléctrica, contaminación del agua, contaminación sónica, son algunos de los efectos nefastos de estas infraestructuras. Asimismo, se ha alertado sobre la falta transparencia de las grandes empresas tecnológicas en relación con sus impactos ambientales. En muchos países, las compañías han firmado contratos “confidenciales” con los gobiernos, de manera que hasta el momento se desconoce el verdadero impacto de sus operaciones en las diferentes localidades. Lo que se conoce es a partir de denuncias realizadas por poblaciones afectadas.

Pareciera ser que, frente al desastre producido por los centros de datos en el Norte global, sobre todo en Estados Unidos (país que concentra alrededor del 50% del total mundial y donde el tema se ha hecho muy mediático y controversial), se está dando una tendencia a “exportar” estas infraestructuras hacia el Sur global, fenómeno del cual Costa Rica no escapa. En las últimas semanas, se ha informado en diferentes medios que el país aspira a posicionarse como un “hub” de centros de datos a nivel regional, cuya demanda se estima podría triplicarse durante la próxima década. Más allá de un anuncio, ya hay acciones concretas en esta dirección, por ejemplo, la firma de un convenio de cooperación entre el gobierno y Google para estimular el desarrollo de centros de datos.

Volviendo a Bagaces, todo indica que el proyecto Palo Negro va en serio. Actualmente se encuentra en fase de prefactibilidad, sin embargo, sus promotores ya han iniciado comunicaciones y gestiones con las instituciones públicas correspondientes, entre ellas, con el ICE y la Municipalidad. Inclusive, recientemente el alcalde se reunió con la embajadora de Estados Unidos, en donde conversaron sobre la “atracción de inversión estadounidense” en el cantón. Por el otro lado, la población bagaceña no tiene información clara y fidedigna sobre este proyecto y mucho menos sobre los posibles impactos que pueda provocar. Las negociaciones entre la empresa y las autoridades se han dado “a puerta cerrada”, lo cual indica que se repite aquí el secretismo que se ha denunciado alrededor de centros de datos en otros países.

En este momento hay gran preocupación y angustia entre la población bagaceña alrededor de este proyecto. Algunas personas han empezado a organizarse y a exigir un debate público informado, crítico y transparente, más allá de las promesas vacías de “desarrollo” que se ofrecen. La principal preocupación tiene que ver con el agua. Recordemos que este cantón ha enfrentado en tiempos recientes un grave problema de abastecimiento de agua potable debido a contaminación por arsénico, el cual, después de una larga lucha, se resolvió parcialmente con la construcción de un nuevo acueducto. Las y los bagaceños se preguntan, con toda razón, de dónde se va obtener el agua para el posible centro de datos, cuánta agua se pretende extraer y si esta extracción podría amenazar el abastecimiento para las comunidades, en una región ya de por sí muy afectada por la sequía y el cambio climático.

Otro tema preocupante es el de la energía. El centro de datos demandaría una enorme inyección de energía eléctrica, priorizando el uso corporativo por sobre las necesidades sociales y amenazando con afectar la calidad y estabilidad del sistema. Si miramos el escenario nacional, esto tiene relación con el proyecto de ley de armonización eléctrica, el cual propone permitir las compraventas directas de electricidad entre generadores privados y grandes consumidores (en este caso, el centro de datos). Es decir, el proyecto de ley pareciera estar hecho a la medida de los intereses de este tipo de megaproyectos, que implican un consumo energético voraz.

En este momento crítico, desde el movimiento ecologista manifestamos nuestro apoyo a las y los bagaceños que están iniciando esta lucha contra el centro de datos Palo Negro. No aceptamos que este país se convierta en una zona de sacrificio socioambiental para este nuevo extractivismo digital de las grandes corporaciones tecnológicas.

Un debate sobre la democracia (para qué sirven las cifras)

Gilberto Lopes

Costa Rica atraviesa un escenario político distinto al que caracterizó su vida en os últimos 75 años. Transita por un terreno árido. Tanto por la irrupción de personajes ajenos a los bloques políticos tradicionales, como por la introducción de una agenda que prioriza temas hasta ahora ausentes (en particular la crítica a los poderes del Estado) expresadas en un tono poco habitual en el escenario político nacional. Suficiente para remecer las estructuras tradicionales e introducir en el debate la sensación de que peligran sus instituciones democráticas.

Un griterío ensordecedor ha sustituido el debate sobre alternativas de desarrollo. Ni el gobierno, ni la oposición, parecen sentirse obligados a poner sobre la mesa ideas sobre el tema. Barridas para debajo de la alfombra, se podría pensar que tienen poco que ver con el debate sobre la democracia.

¿Qué problema han resuelto los representantes de esa nueva expresión política que gobierna el país desde 2022? Pensemos un poco: ¿alguna propuesta para enfrentar la deuda sin coartar la creciente necesidad del gasto social? ¿Alguna idea nueva? ¿Alguna sugerencia para tratar el tema de la informalidad, de la creciente desigualdad social? ¿Alguna propuesta para restaurar una indispensable calidad de la educación pública, la atención del seguro social, las pensiones?

La lista es interminable. No se trata de ver los problemas resueltos en los cortos cuatro de la una administración. Eso no se puede. Estoy hablando de ideas, de propuestas capaces de ilusionar a los costarricenses, de hacernos ver un camino por el que nos gustaría caminar. ¡Ideas! Siempre pienso que, en política, son el motor de todas las cosas.

El sistema democrático tradicional

Elliot Coen, consultor político costarricense, decía –con acierto, en mi opinión– que la extrema derecha gana “porque ha sabido leer la grieta fundamental de nuestra época: la desolación de millones de personas para quienes el sistema democrático tradicional dejó de ser una promesa de futuro y se convirtió en una abstracción inútil”.

El estancamiento prolongado, la precarización, la inflación, “han pulverizado el contrato social. Para el trabajador informal o el repartidor de plataformas, el Estado no es un garante de justicia”, señaló. Yo agregaría que hoy tampoco es un instrumento de esperanza.

Sobre el sistema democrático tradicional, el exvicepresidente de la República Kevin Casas, hoy secretario general del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), con sede en Estocolmo, escribió recientemente un artículo. De paso por el país, sugirió su lectura.

Es un texto curioso, publicado en Americas Quaterly el pasado 31 de agosto. El entusiasmo por lo que Casas califica de “notables y sostenidos progresos en desarrollo humano” en América Latina está vinculado, en el artículo, a la celebración de elecciones democráticas. En su opinión, “las elecciones le han dado a los ciudadanos latinoamericanos una participación en el poder sin precedentes”. Al mismo tiempo señala –citando datos de la Cepal– que la pobreza en América Latina se redujo a la mitad desde 1990, que la extrema pobreza bajó en cerca de 40% y la desigualdad de ingresos ha disminuido en prácticamente en toda la región en las últimas tres décadas.

Una lectura que no deja de sorprender. Desde mi punto de vista choca, por un lado, con la impresión que deja cualquier recorrido atento por la región. Desde luego choca si solo miramos el escenario costarricense, el político y el económico. Por otro lado, me parece difícil de sostener ese vínculo entre el proceso electoral y el desarrollo virtuoso, con la idea de que las elecciones han dado a los ciudadanos latinoamericanos una participación en el poder “sin precedentes”.

El mismo artículo reconoce lo vacío de esos procesos electorales, las crecientes irregularidades con que operan. Lo más sorprendente, por contradictorio, es la afirmación de que estudios de la propia IDEA muestran que, en la región, se ha ido perdiendo la credibilidad en las elecciones y la confianza en las autoridades electorales.

Entonces ¿a qué atenernos?

Veamos los datos de la Cepal a los que acude Casas. Se trata del “Panorama Social de América Latina y el Caribe 2023”. Es cierto que podemos ver en el gráfico 3 que el 51,2% de la población estaba en la pobreza en 1990 y que 15,5% estaba en la pobreza extrema. Esas cifras habrían caído a 29,1% y 11,4% en 2023. De modo que podemos estar satisfechos con esa reducción, sobre todo si no entramos en detalles de cómo se hacían las mediciones entonces. Pero hay que ser cuidadoso en el manejo de las cifras. El mismo gráfico nos muestra que en 2010 el 31,5% estaba en la pobreza y el 8,6% en pobreza extrema. O sea, en los últimos quince años la pobreza se mantuvo prácticamente sin cambio, mientras la pobreza extrema creció ligeramente.

En el mismo documento de la Cepal podemos leer que “en la dimensión laboral, América Latina y el Caribe viven una crisis en cámara lenta desde 2010”. “De 2014 a 2023, la tasa de crecimiento del número de ocupados fue de solo el 1,26%, casi la mitad del 3,2% registrado en la década perdida de 1980”. Y el 49% de los trabajadores trabajaban en la informalidad, en el cuarto trimestre de 2022.

En todo caso, el informe advierte que “para 2023 se proyecta un leve aumento de la pobreza y la pobreza extrema, lo que alerta sobre la sostenibilidad de la recuperación experimentada en 2022 en estos indicadores”.

En el informe se puede leer también que el índice de desigualdad de Gini cayó entre 2019 y 2022. Pero “pese a estas mejoras, las brechas de ingreso continúan siendo muy elevadas en los países de la región”. “No solo en el ingreso total, sino también en el ingreso laboral, que es la principal fuente de recursos para los hogares de todos los estratos”. Pero no se trata solo de los ingresos laborales, sino también del patrimonio. “Junto con la desigualdad del ingreso, la extrema concentración del patrimonio es una de las expresiones más evidentes de la desigualdad”. El patrimonio de los 105 milmillonarios de América Latina y el Caribe (es decir de las personas cuyo patrimonio excede los mil millones de dólares) “llegó a 453 mil millones de dólares corrientes en 2022, 4.600 millones de dólares más que en 2021”, dice la Cepal.

Para tener una idea de la magnitud de la riqueza de esos 105 milmillonarios, comparémosla con el PIB de tres países: el de Costa Rica fue, en 2024, de poco más de 89 mil millones de dólares; el de Chile, en 2025, fue de 357 mil millones de dólares; el de Colombia, 457 mil millones.

No me voy a extender sobre el tema. El informe de la Cepal está disponible en línea y me parece que da una imagen más ajustada de la realidad que un entusiasta optimismo sobre los notables progresos en desarrollo humano que los repetidos proceso electorales habrían ayudado a promover en la región.

Volvamos a hablar sobre la democracia.

La calidad de la democracia

Es muy difícil oír a Kevin hablar de democracia sin recordar su papel en la discusión del TLC en 2007, cuando era vicepresidente de la República, durante el gobierno de Oscar Arias. Sus recomendaciones para volcar la votación a favor del tratado -conocidas como el “Memorando del Miedo”– son cualquier cosa menos una receta democrática.

Permítanme una referencia personal sobre el tema. A Kevin lo había conocido antes de que asumirá sus cargos políticos. Después lo vi poco. Nos volvimos a encontrar en un hotel de San José, en alguna reunión a la que yo asistía como periodista y cuando ya había pasado lo del TLC. Kevin se me acercó y dijo algo sobre ese hecho, sobre el que suponía –con razón– que yo estaba muy molesto. Me dijo que lo lamentaba, que había sido un error lo del memorando. Yo estuve de acuerdo con él. Le dije que si de verdad era así, debía decir públicamente que lo que se había logrado de manera ilegítima, fraudulenta, era también ilegítimo. Kevin me contestó –y creo que lo cito textualmente, pese a que, de eso, ha pasado mucho tiempo– que “eso no lo podía hacer”.

Pero creo que la actitud de Kevin se enmarca en un escenario que ya estaba más comprometido para la democracia. Su memorando no era más que el reflejo de un clima creado antes y de mucho mayor trascendencia para la democracia y para la independencia de poderes en el país.

Me explico. Oscar Arias aspiraba a volver al gobierno. La constitución se lo impedía. Empezó entonces a mover sus hilos. Necesitaba el apoyo de la Sala Constitucional. Creyó que lo tenía, pero cuando se puso a votación el tema, lo perdió. Se sintió traicionado, pues le habían prometido los cuatro votos necesarios. Pero no desistió. Hacía falta lograr la mayoría en la Sala y maniobró para lograr la elección de magistrados favorables a su tesis. Manipuló el Poder Legislativo y el Judicial para lograr su objetivo.

¿Para qué lo hizo? Creo que la razón principal era hacer aprobar el TLC. De paso vio la oportunidad de privatizar las telecomunicaciones. Darle un golpe al ICE. Todo eso se hizo.

Viendo el mundo de hoy me parece evidente la mirada corta de quienes apostaban por un tratado que ha contribuido a desarticular la economía nacional, mientras se avanzaba con el proceso de privatizaciones, cuyos resultados me parecen evidentes y lamentables.

Desde mi punto de vista, ambas cosas resultaban un ataque al entramado social sobre el que sustenta la democracia costarricense.

Más de una vez escribí sobre las consecuencias de esas acciones. Siempre pensé que ese manoseo de los poderes Legislativo y Judicial tendría graves consecuencias para el país. Quizás alguien podría pensar que no, que exagero. Pero me parecía que eso era corrosivo, que tendría consecuencias a largo plazo. Me preguntaba que si una persona que había gozado de los mayores honores y privilegios se sentía con derecho de manipular la Constitución en beneficio propio, ¿dónde debía detenerse un padre que no podía alimentar y educar adecuadamente a sus hijos?

Creo que aquellas aguas trajeron estos lodos. Y no veo otra manera de enfrentar el problema sin ir a sus raíces. Chaves no es más que la versión chabacana de esa tragedia, que tiene antecedentes más largos.

Cómo retomamos el camino perdido

Si es así, ¿cómo retomamos el camino perdido? Coen ha sugerido algo que quisiera rescatar: “La extrema derecha no está ganando en América Latina porque sus consultores hayan descubierto el algoritmo de la piedra filosofal. Gana porque ha sabido leer la grieta fundamental de nuestra época: la desolación de millones de personas para quienes el sistema democrático tradicional dejó de ser una promesa de futuro. Lo convirtieron en una “abstracción inútil”.

Es esa grieta la que tenemos que sellar. Entiendo bien lo sensible que es la discusión de cómo hacerlo. Pero hay que intentarlo. Desde mi punto de vista ha sido esa insensata destrucción de lo nacional –desde el sistema bancario hasta las telecomunicaciones, el sistema público de salud, de educación– la apuesta por un modelo de desarrollo basado en un “sector dinámico” de zonas francas que no alcanza para desarrollar un país, mientras un “régimen definitivo”, orientado al mercado local, que emplea a cerca de 85% de la mano de obra, se tambalea. Un sistema que mantiene en la informalidad a poco más de 40% de la población económicamente activa, que se suma a un desempleo de 10% y un subempleo de alrededor de 8% no es sustento para ningún régimen democrático. Son cifras que han permanecido con poca variación (salvo durante la pandemia), con un índice de desigualdad superior al promedio de la OCDE.

De la OCDE son también cifras que nos debían llenar de vergüenza. Pero, sobre todo, hacernos ver que el camino emprendido requiere revisión. Me refiero a la tasa de pobreza entre menores de 17 años, en la que Costa Rica ocupa el primer lugar entre los países de esa organización, con una tasa de 29,6%. Nos siguen Israel, con 23% y España, con 21%. Tampoco hemos hecho la tarea con los mayores de 66 años. Aunque no somos los primeros, ocupamos un sexto lugar, con una tasa de pobreza de 25,8%.

En fin, somos parte de la desolación que afecta a “millones de personas” provocada por proyectos que funcionan mal, que han minado la base social y el apoyo a la democracia. Por lo tanto, hay que empezar por ahí, por reconstruir el modelo de economía nacional, por revivir la seguridad social y la educación pública. Por atender las necesidades de la gente. Por reconstruir el tejido social sobre el que se basa nuestro orden político. Por difícil que sea, no veo otro camino.

FIN

De la protesta del Plantón a la del Farolazo el 14 de setiembre

Vladimir de la Cruz

En Costa Rica conocemos históricamente muchas formas de luchas sociales y protestas ciudadanas. Resistencias y rebeliones indígenas, cuando las hubo en la colonia, las protestas anticoloniales, que contribuyeron al proceso de la Independencia, las luchas de los pequeños propietarios campesinos en Guanacaste, en los primeros años de la vida independiente, cuando se empezaron a privatizar las tierras de pastoreo y se cercaron los accesos a los ríos y pozos de agua, que habían tenido un carácter comunal abierto en la colonia…

En la vida independiente, durante el desarrollo y surgimiento del Estado las diversas modalidades de luchas políticas y electorales que fueron surgiendo durante el siglo XIX, hasta que empezó a manifestarse el capitalismo agrario en el último tercio del siglo XIX y la modernización que empezó a tener el país con la construcción del ferrocarril al Atlántico, como se decía, con la traída de mano de obra extranjera afrodescendiente de Panamá y luego de Jamaica, para esos duros trabajos industriales que exigía el ferrocarril, el muelle y la ciudad de Limón, especialmente, junto a los chinos y los italianos, grupos sociales que en sus trabajos impulsaron y desarrollaron luchas más típicamente capitalistas, en defensa de sus salarios, de defensa de sus contratos de trabajo, que desarrollaron huelgas, paros y otras formas de protesta, más de carácter sindical, cuando los sindicatos estaban en gérmenes iniciándose con sus organizaciones antecesoras, las sociedades mutualistas, de mutuo auxilio y de socorros mutuos, junto con las sociedades de trabajadores, de artesanos y de obreros, hasta que con las transformaciones capitalistas de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX surgieron las Ligas de Obreros y los Sindicatos tal y como ahora los conocemos.

Con el ferrocarril luego se impulsó la producción bananera que prácticamente desde su origen tuvo en sus trabajos protestas laborales y huelgas, casi una docena de huelgas desde 1890 hasta 1934, siendo la más importante y bulliciosa la de 1934, dirigida por el Partido Comunista que se acababa de fundar en 1931.

En aquellos años, desde principios de siglo XX, las huelgas y las huelgas de, o en solidaridad, con otros huelguistas, habían aparecido, así como ciertas políticas sociales relacionadas con pensiones, y otras regulaciones en materia laboral para trabajadores organizados, como fueron entre ellos los maestros y educadores, y los trabajadores del campo que luchaban por la ley de accidentes de trabajo, que se logró en 1925. La jornada de trabajo de 8 horas ya se había logrado en diciembre de 1920, la que se llevó al Código de Trabajo de 1943 y a la Constitución Política de 1943 y luego a la vigente de 1949.

La prensa diaria y la prensa social, surgida en la última década del siglo XIX, que atendía la situación de los trabajadores, de los chaquetas, descamisados y descalzos, de los grupos urbanos marginados, recibiendo información de las grandes huelgas por la jornada de 8 horas en Europa, y los Estados Unidos, que culminaron con las triunfantes huelgas de Chicago de 1886, 1890 y las siguientes para imponer a partir de este año esa lucha a escala internacional, fueron también, desde aquellos años, hasta la segunda década del siglo XX, que se acompañaron con otros procesos huelguísticos en el país de trabajadores migrantes, españoles especialmente, y con una migración europea intelectual de gran valía en el campo educativo, de las ciencias, las artes y la cultura en general, hicieron surgir también una conciencia política anti oligárquica, de carácter popular.

En el campo político con el surgimiento de los partidos políticos a partir de 1890 surgieron también las organizaciones políticas de los trabajadores, que incluso en la última década del siglo XIX pudieron nombrar o elegir sus propios diputados, como lo fue el Partido Independiente Demócrata, que forzó para que los partidos oligárquico liberales crearan a su amparo los clubes respectivos de trabajadores, artesanos y obreros, eligiendo ellos también un diputado representante de estos trabajadores, en esos años.

Ese final de siglo XIX se fortaleció en el campo de las ideas políticas, además del liberalismo, cuando por la prensa, especialmente, empezó a llegar la información de las ideas y de los movimientos anarquistas, socialistas, socialdemócratas y socialcristianas de Europa. Estas últimas con el impacto que tuvo la Encíclica Rerum Novarum, que con el Obispo Bernardo Augusto Thiel, impulsó su Carta Pastoral No. 30 reproduciendo prácticamente su contenido, a los “desposeídos de bienes de fortuna”, donde defendió el derecho de organización sindical, el derecho a la huelga y el derecho a un justo salario, creando las condiciones para que la Iglesia impulsara y apoyara el Partido Unión Católica, e hiciera surgir a un grupo de cristianos muy importante socialmente que también se organizaron alrededor del periódico La Justicia social.

En otro ámbito del debate político la Iglesia desde sus publicaciones religiosas atacaba violentamente a los masones y la influencia que tenían en el desarrollo institucional y político del Estado y de la sociedad costarricense.

Las elecciones de 1910 tuvieron la organización de partidos regionales obreros en Limón, Grecia y San José, por las concentraciones de trabajadores agrícolas y urbanos, que surgían y se impulsaban con los cultivos de café y sus Beneficios, y con la caña de azúcar y sus Ingenios.

Desde 1900-1902 con el surgimiento de los sindicatos se pasó en 1905 a la constitución de la primera Federación de Trabajadores de San José, fortaleciendo más la organización y las luchas de los trabajadores. En 1909, con el surgimiento del Centro de Estudios Sociales Germinal, estas organizaciones y luchas se consolidaron. Hicieron surgir en 1913 la primera Confederación General de Trabajadores que dio origen, desde entonces, a la celebración del Primero de mayo en Costa Rica, como día internacional del Trabajador, y a poner en alto la lucha por la jornada de trabajo de 8 horas, la que se logró establecer en el país den 1920.

Entre 1909 y 1913, entre 1917 y 1921 y luego, entre 1927 y 1934 se produjeron grandes movimientos y “oleadas” huelguísticas en el país, que se acompañaron, en esos mismos años, con el surgimiento de esos grupos políticos de trabajadores, en el Centro Socialista de Costa Rica del Dr. Aniceto Montero, que fue el primer intento importante de desarrollar y organizar un Partido Comunista en el país, que organizó desfiles de duelo de trabajadores, por la muerte de Lenin, del partido Reformista, impulsado por el sacerdote Jorge Volio Jiménez, y luego por el surgimiento, en 1931 del Partido Comunista de Costa Rica.

Esos años, desde principios del siglo XX hasta mediados de la década de 1930-1940, se dieron una diversidad importante de movimientos y de luchas nacionalistas, antiimperialistas y patrióticas, con participación importante de sectores de la oligarquía nacional y de ricos empresarios que salían afectados con los contratos que se celebraban con empresas extranjeras y con el Tratado de Comercio con Estados Unidos que se celebró en esos años.

En la lucha contra la dictadura de los Tinoco, 1917-1919, papel importante jugaron los maestros y los estudiantes de los colegios de la capital.

El antiimperialismo, y en las décadas de 1930 y 1940 el antifascismo y el antinazismo también fueron movimientos políticos importantes que se manifestaron en Costa Rica.

La década de 1940 surgieron los estudiantes de la Universidad de Costa Rica, como una nueva fuerza social organizada. En este mismo tiempo los maestros y educadores también fortalecieron sus niveles organizativos y de luchas.

El marco de la II Guerra Mundial y la derrota del nazi fascismo provocó una nueva situación política nacional muy particular, que dio por resultado la alianza del Partido Comunista de Costa Rica, jefeado por Manuel Mora Valverde, el gobierno del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia y la Iglesia Católica costarricense, liderada por su arzobispo Dr. Víctor Manuel Sanabria Martínez, a cuyo amparo se aprobaron las Garantías Sociales y el Código de Trabajo, situación que condujo, por los problemas político electorales de esos años, a la guerra civil de marzo y abril de 1948, que impuso en el gobierno, durante los años 1948-1949, al grupo armado victorioso de la guerra civil que gobernó con el nombre de Segunda República de Costa Rica.

Durante el período de la Segunda República, desde el gobierno de Otilio Ulate Blanco, 1949-1953, se dieron luchas políticas intensas por recobrar la legalidad e institucionalidad política democrática, que se afectó hasta 1975, por los efectos de la guerra civil.

La democracia costarricense, así se fortaleció de nuevo en su derechos y libertades ciudadanas. El valor democrático de su institucionalidad igualmente se fortaleció.

El Estado de Derecho y el Estado Social de Derecho se consolidaron más. Se amplió la sociedad democrática a los jóvenes con el sufragio a los 18 años, el de las mujeres desde 1949, y la igualdad de género se ha fortalecido ampliamente.

Los Derechos Humanos de han fortalecido en la institucionalidad nacional, convirtiéndose en el gran paraguas de la vida social y política nacional.

Durante la Segunda República a su vez se crearon una serie de instituciones dentro de una perspectiva de un Estado más proteccionista de los sectores populares y sociales más débiles, y de una clase media vigorosa que se creó en estos años, hoy muy amenazada en el conjunto de sus condiciones vitales.

Las políticas económicas y públicas que se han desarrollado desde 1980 del mismo modo han contribuido a debilitar este Estado Social de Derecho, al tiempo que se fortaleció el Estado de Derecho con el establecimiento de la Sala Constitucional de la República, o Sala IV como popularmente se le conoce.

El período político más reciente ha contribuido a desarrollar nuevos grupos económico financieros, con poca expresión política, pero con éxito electoral para haber alcanzado el Gobierno de la República en el período 2022-2026 y 2026-2030, con el propósito claramente definido de acabar con el Estado de Derecho, de su institucionalidad democrática, de los controles institucionales existentes de la Administración Pública, y acabar también con el Estado Social de Derecho para lo cual han venido, en estos dos gobiernos, impulsando medidas con acabar con todas las instituciones sociales existentes, con derechos fundamentales de los ciudadanos y de los trabajadores, con políticas de estado que claramente conducen a un mayor empobrecimiento de toda la población, especialmente de los grupos sociales marginales, excluidos, agrupados en la extrema pobreza, en la pobreza, que se hacen más pobres, y en sectores medios que son empujados hacia la pobreza. El congelamiento de salarios y pensiones por los últimos cinco años y proyectados de igual manera para los siguientes cinco años, el debilitamiento económico de las universidades públicas, el desfinanciamiento de las instituciones sociales, pilares de estos grupos sociales, son parte de este proceso, que se impulsan bajo los gobiernos de Rodrigo Chaves y Laura Fernández, gobiernos que no ocultan sus intenciones autoritarias, dictatoriales, tiránicas y militaristas.

El enfrentamiento que han hecho contra los poderes públicos que no controlan son parte de este proceso, de estas políticas y de este propósito que impulsan.

Dichosamente el pasado 6 de agosto se produjo el llamado Plantón por la Democracia, que se constituyó en un gran movimiento popular, expresado en distintas partes y pueblos del país, con gran éxito, como un gran movimiento popular que se logró articular en defensa de la institucionalidad democrática, en defensa de la independencia de los Poderes Públicos, de las Libertades y Derechos Ciudadanos, en defensa de las instituciones controladoras de la corrupción y de las finanzas en la Administración Pública.

El Plantón como manifestación de protesta, de esa forma, no se había realizado antes en el país. Como concentración pacífica, popular, prolongada como ll fue para exigir respeto por el Estado de Derecho y el cese de la agresión a la Independencia de los poderes públicos, resultó un gran éxito.

Se convocó a la Plaza de la Democracia en San José y ante los principales edificios públicos y de gobierno, como en las calles públicas en los pueblos donde se realizó ese Plantón.

Fue una gran muestra de apoyo de la población, de reconocerse en esa lucha distintos sectores y ciudadanos identificados totalmente con la Democracia como sistema político y de vida nacional.

El plantón del 6 de agosto fue igualmente una manifestación de fuerza popular y un claro mensaje a las autoridades del Poder Ejecutivo para que paralicen sus discursos ofensivos, irrespetuosos contra ciudadanos y podres públicos, y cesen sus amenazas y acciones contra la libertades públicas, entre ellas las de prensa y expresión ciudadanas.

Para el próximo 14 de setiembre, en paralelo con el tradicional desfile que se organiza simbólicamente que trae, desde Guatemala hasta Cartago, la Antorcha de la noticia de la Independencia, que había dispuesto Guatemala y comunicaba al resto de las Provincias, para que cada una decidiera lo correspondiente respecto a España, se está llamando a otro Plantón Popular.

Se le llama el Farolazo, para que de igual manera en todo el país, con faroles, como los escolares y colegiales, la gente se manifieste por la Independencia Nacional, por la Independencia de los Poderes Públicos amenazados por Rodrigo Chaves y su gobierno mancomunado con Laura Fernández, para evitar el establecimiento de un gobierno autoritario y despótico.

En mi opinión es que pasado el Plantón del Farolazo hay que convocar para el Primero de Diciembre, día en que se celebra la abolición del ejército en Costa Rica, otro Plantón popular festejando y apoyando la abolición del Ejército, y exigiendo que no se introduzcan los grados militares en el ordenamiento y organización policial del país. Ese es el camino disfrazado con el que el concubinato político de Rodrigo Chaves y Laura Fernández quieren avanzar hacia el restablecimiento del ejército para tener un brazo armado en capacidad de sostener una gobierno absolutista, dictatorial, tiránico, autoritario, antidemocrático, antinacional costarricense.

El TLC con Israel: algunos criterios sobre la inconveniencia para Costa Rica de aprobarlo

Nicolas Boeglin
Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho UCR

nboeglin@gmail.com

Desde hace varias semanas, la Asamblea Legislativa de Costa Rica examina el Expediente Legislativo 25.542, relativo a la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Israel, suscrito el 8 de diciembre del 2025.

Como es costumbre en este tipo de trámite legislativo relacionado a un tratado internacional, han sido varias las consultas solicitadas por la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Legislativa a diversas entidades gubernamentales, académicas, así como a algunas personas. El pasado 3 de septiembre comparecieron funcionarios de la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER, una entidad pública costarricense) al parecer muy poco informados sobre algunos aspectos jurídicos debatidos en Naciones Unidas y en el seno de la Unión europea (UE) desde hace varios años con relación al comercio con Israel: véase esta nota del medio digital Delfino.cr y titulada de manera muy oportuna “PROCOMER desconoce si Costa Rica puede detectar bienes israelíes producidos en Palestina ocupada”.

En lo que concierne posiciones más informadas y críticas con relación a la conveniencia de aprobar en estos momentos un TLC con Israel, remitimos en particular al criterio enviado por Wajiha Sasa Marín, Cónsul Honoraria de Palestina en Costa Rica, así como por el economista Luis Paulino Vargas Solís y otra opinión remitida por quien suscribe estas líneas. Desde perspectivas y razonamientos muy distintos, y citando en el caso de los dos primeros, numerosas fuentes de información, los tres criterios enviados son coincidentes en poner en tela de duda la supuesta conveniencia para Costa Rica de aprobar este tratado en las actuales circunstancias con Israel (tal y como lo sostienen varias entidades gubernamentales, así como varias cámaras empresariales y los precitados jerarcas de PROCOMER en su comparecencia del día 3 de septiembre del 2026).

Los textos completos de cada uno de los tres criterios pueden ser consultados en los siguientes enlaces:

Escrito remitido por Wajiha Sasa Marín a la Comisión de Relaciones Internacionales, con fecha del 4 de agosto del 2026

Escrito remitido por Luis Paulino Vargas Solís a la Comisión de Relaciones Internacionales, con fecha del 9 de agosto del 2026

Escrito remitido por Nicolás Boeglin a la Comisión de Relaciones Internacionales, con fecha del 28 de julio del 2026;

Es muy posible que hayan sido enviados escritos críticos adicionales a estos tres, de los que no tenemos conocimiento.

El texto enviado por la representante de Palestina explica de manera muy detallada las razones por las que no se puede separar el tema comercial de asuntos legales relacionados a la ocupación ilegal del territorio palestino ocupado por parte de Israel, y del drama indecible al que Israel somete la población civil en Gaza desde octubre del 2023.

Con respecto a la perspectiva estrictamente comercial, se recomienda la sección 3 del escrito del economista Luis Paulino Vargas Solís sobre lo que denomina “La irrelevante relación económica y comercial entre Costa Rica e Israel” (páginas 19-21), en particular gráficos muy ilustrativos elaborados a partir de los mismos datos oficiales de PROCOMER y de COMEX (Ministerio de Comercio Exterior).

Con respecto a nuestra perspectiva jurídica internacional, ésta se ha dado a conocer en este mismo espacio de SURCOS Digital hace ya más de un año (véase nuestra nota publicada el 12 de agosto del 2025 y titulada “¿Resultará realmente oportuno y conveniente para Costa Rica… firmar un TLC con Israel?”) y lo remitido a la Asamblea Legislativa no hace más que resumirlas y actualizarlas, a partir de un hecho muy sencillo de corroborar: el Primer Ministro israelí sigue siendo objeto de una orden de captura emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) siempre vigente desde noviembre del 2024, para que sea juzgado a título individual por crímenes de guerra cometidos en Gaza; al tiempo que Israel (como Estado) enfrenta ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) un procedimiento iniciado por Sudáfrica desde el 30 de diciembre del 2023, con base en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. Una situación que ha llevado a muchos Estados a suspender o bien a revisar a la baja sus compromisos comerciales con Israel, en particular los que, al igual que Costa Rica, son Estados Parte a la precitada convención contra el genocidio (y que tienen muy claro los alcances de la obligación jurídica de prevenirlo).

Desde el mes de agosto del 2025, fecha en las que redactamos y publicamos en SURCOS Digital algunas reflexiones con respecto a este TLC, Israel ha ido acumulando una serie de pronunciamientos en su contra de diversos órganos de Naciones Unidas y de condenas por parte de diversos Estados en el mundo, por sus reiteradas exacciones en el territorio palestino ocupado. Resulta de cierto interés “destacar” la omisión total de Costa Rica, cuya diplomacia pareciera enmudecida cuando se trata de condenar el accionar de Israel en Gaza, así como en Cisjordania y en Jerusalén Oriental. El pasado 2 de septiembre, la organización Amnistía Internacional hizo un llamado para que otros Estados además de Sudáfrica remitan a la CIJ observaciones y datos sobre el incumplimiento de Israel con respecto a lo que le ha ordenado la justicia internacional e informen de las acciones que han tomado para impedir el genocidio en curso (véase comunicado oficial).

Recientemente, una solicitud para que compareciera ante la Comisión de Relaciones Internacionales la Cónsul Honoraria de Palestina, Wajiha Sasa Marín, así como otras personas y entidades, incluido el autor de estas líneas, fue rechazada (véase nota del Semanario Universidad del 20 de agosto).

Al tener la Asamblea Legislativa la responsabilidad de decidir si este TLC con Israel le conviene a Costa Rica o no le conviene, resultará de interés observar cuáles han sido las entidades llamadas a comparecer a esta Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa.

Ni jueces sometidos ni jueces intocables

«La independencia judicial es el escudo del ciudadano frente al abuso del gobernante, pero nunca puede convertirse en el velo que oculte los errores o la impunidad de los tribunales».

Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)
biodiversidadcr@gmail.com

Defender la judicatura frente a la intimidación del Gobierno de turno es un deber; tolerar la opacidad y la lentitud burocrática es un error. Las claves para evitar la trampa de la «mano dura».

Hay una frase que convendría repetir estos días hasta que nadie pueda hacerse el desentendido: defender la independencia del Poder Judicial no significa darle un cheque en blanco. Tampoco significa considerar infalibles a sus jueces, colocar sus decisiones por encima de la crítica o asumir que toda persona que cuestione su funcionamiento es, por ese solo hecho, enemiga de la institucionalidad. Una democracia adulta debería ser capaz de entender algo tan elemental.

La concentración ciudadana realizada el pasado 6 de agosto en la Plaza de la Democracia merece ser interpretada, ante todo, como una defensa de la independencia judicial frente a cualquier intento de sometimiento político. Esa defensa es legítima y necesaria, pues la judicatura no constituye un privilegio corporativo ni una concesión de quienes ocupan transitoriamente otros poderes del Estado: es una garantía esencial para todos los ciudadanos.

Precisamente por eso, acuerpar la institución no puede confundirse con defender indiscriminadamente todo lo que ocurre dentro de ella. Existe una diferencia fundamental entre ambos extremos: la primera es una obligación democrática; la segunda corre el riesgo de convertirse en un corporativismo ciego.

Cuando las decisiones generan sospechas

Costa Rica necesita un Poder Judicial fuerte e independiente, pero también eficaz, transparente, oportuno y sujeto a la rendición de cuentas. De acuerdo con el reporte mañanero de Delfino.cr de este 4 de septiembre, existen fallas sistémicas preocupantes en la aplicación de las medidas cautelares.

El informe expone ejemplos críticos: un funcionario judicial investigado que en el pasado liberó a un líder criminal que posteriormente se fugó; la liberación de un sospechoso de homicidio que después falleció en un tiroteo contra la policía; y un juez penal que dictó sobreseimiento en un caso relacionado con 800 kilos de cocaína, permitiendo la huida de los imputados.

Cada uno de estos casos puede estar rodeado de complejidades y tecnicismos jurídicos que deben ser analizados conforme a la ley y al debido proceso. Pero, considerados en conjunto, inevitablemente encienden las alarmas públicas. La independencia judicial es vital, pero no puede convertirse en un muro de silencio frente a resoluciones cuyos desenlaces resultan particularmente graves.

Cuando varias decisiones terminan teniendo consecuencias de esta naturaleza, es perfectamente legítimo preguntarse cómo fueron valorados los riesgos y si los mecanismos institucionales de control están funcionando adecuadamente.

¿Mano dura o reformas democráticas?

Ante el crecimiento del narcotráfico, el sicariato y el crimen organizado, aumenta la demanda social de «mano dura». Es comprensible. Pero la pregunta que debemos hacernos es otra: ¿mano dura contra el delito o mano dura contra los controles democráticos? No son la misma cosa.

Nuestro país necesita fiscales más eficaces, policías mejor preparados, investigaciones rápidas y jueces rigurosos. Necesita que los procesos no se eternicen y que quienes representen un verdadero riesgo para la sociedad no puedan burlar fácilmente las medidas impuestas por los tribunales.

La firmeza frente a la corrupción, la transparencia en la gestión pública, la evaluación de resultados y la eliminación de privilegios injustificados no son amenazas contra el Poder Judicial; son, por el contrario, condiciones indispensables para fortalecerlo.

El peligro real aparece cuando la llamada «mano dura» se convierte en intimidación, concentración del poder o sometimiento de los jueces a las decisiones del Gobierno de turno. Entonces ya no estamos hablando de reforma, sino de una amenaza directa al Estado de derecho y al orden constitucional.

Escuchar el malestar ciudadano

El profundo malestar ciudadano con el funcionamiento de la justicia no puede despacharse como ignorancia, manipulación o conspiración. Hay personas que esperan años por una resolución, víctimas que sienten que sus casos no avanzan, y ciudadanos que perciben una justicia lenta, burocrática y distante. Ese desencanto existe y merece ser escuchado.

Si las instituciones no lo atienden, otros terminarán capitalizándolo. Una ciudadanía frustrada puede llegar a pensar que cualquier transformación es preferible a mantener el estado actual de las cosas, incluso si para conseguirla debe sacrificar contrapesos institucionales. Esa tentación es peligrosa, pues las instituciones democráticas son mucho más fáciles de debilitar que de reconstruir.

Por lo tanto, es vital impedir que el descontento ciudadano se use como pretexto para arrodillar a los jueces, tanto como evitar que la bandera de la independencia judicial sirva para frenar las transformaciones urgentes del sistema. El reto democrático actual exige rechazar dos posturas destructivas por igual:

  • Exigir rendición de cuentas es un derecho cívico; presionar o amedrentar a la judicatura es una amenaza autoritaria.
  • Eliminar privilegios injustificados fortalece la República; subordinar los tribunales a los intereses del Ejecutivo la destruye.
  • Reclamar eficiencia y resultados es indispensable; concentrar el poder en el gobierno de turno es inaceptable.

La Costa Rica que necesitamos no es una Costa Rica con un Poder Judicial subordinado ante el Gobierno, pero tampoco una nación donde las instituciones puedan decirle a la ciudadanía: «confíe en nosotros y no haga preguntas». Eso tampoco es democracia.

La movilización pacífica del 6 de agosto debería servir para defender algo mucho más profundo que una entidad concreta: el principio republicano de que ningún Gobierno puede convertirse en juez de sus propios actos. Pero esa defensa quedaría incompleta si no incorporamos otro principio igualmente importante: ninguna institución democrática está por encima de la ciudadanía a la que sirve.

El peor escenario para el país sería tener jueces sometidos al poder político, pero tampoco es saludable tener instituciones que, amparadas en su independencia, terminen convencidas de que no tienen que dar explicaciones.

No queremos un Poder Judicial débil, pero tampoco uno intocable. Queremos una judicatura responsable, transparente y capaz de responderle a la ciudadanía cuando esta pregunta, con toda legitimidad: ¿por qué? Y cuando las preguntas son legítimas, las instituciones democráticas no deberían sentirse amenazadas por ellas; deberían responderlas.

Panoramas SURCOS | 4 de setiembre de 2026

Le invitamos a conocer esta selección de temas publicados hoy en SURCOS y navegar en el medio:

Frente de Lucha por el Nuevo Hospital de Cartago convoca a «Faroleada por la Salud y la Democracia» el 14 de setiembre.
https://wp.me/p6rfbZ-zZ4

Lo que no se mueve se termina moviendo – Crónica.
Memo Acuña.
https://wp.me/p6rfbZ-zZ7

CIDE UNA alerta que reducir la inversión educativa compromete el futuro de Costa Rica.
https://wp.me/p6rfbZ-zYW

“Dime quien es tu enemigo y te diré quién eres”.
Marielos Aguilar Hernández.
https://wp.me/p6rfbZ-zYR

Tejer la memoria: una lectura de Un silencio lleno de murmullos de Gioconda Belli.
Heidy Valencia Espinoza.
https://wp.me/p6rfbZ-zYT

UNDECA: Debilitar a la CCSS llevará al país a una catástrofe de salud pública.
https://wp.me/p6rfbZ-zZa

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