Foro Encuentro Democrático
A la Fracción Legislativa del Partido Liberación Nacional
Sobre el Expediente 23.414, Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional
Encuentro Democrático se dirige respetuosamente a la Fracción Legislativa del Partido Liberación Nacional ante la próxima votación del Expediente 23.414, Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional.
Nos dirigimos a ustedes con preocupación y con sentido de responsabilidad democrática. El país necesita discutir con seriedad el futuro de su sistema eléctrico y avanzar en su modernización con criterios técnicos, institucionales y de interés público.
Precisamente por la importancia estratégica de este tema, consideramos que una reforma de esta magnitud no debe aprobarse sin atender de forma suficiente las observaciones técnicas, jurídicas, institucionales y políticas señaladas por distintos sectores. Entre ellas destacan las advertencias planteadas por la Juventud Liberacionista en su análisis sobre el Expediente 23.414 y la defensa del Instituto Costarricense de Electricidad.
Nuestra posición no parte de una negativa al cambio. Parte de una convicción distinta: el sistema eléctrico costarricense debe actualizarse sin perder su sentido público, su vocación solidaria ni la función histórica que ha tenido en la construcción del desarrollo nacional.
I. Aspectos que preocupan del Expediente 23.414
A partir de los criterios conocidos y de los argumentos expuestos por la Juventud Liberacionista, Encuentro Democrático considera necesario llamar la atención sobre varios puntos de fondo.
En primer lugar, preocupa que el proyecto pueda debilitar la planificación integrada del Sistema Eléctrico Nacional. La electricidad no es un asunto menor ni un simple bien de intercambio. Es una condición básica para la vida cotidiana, para la producción, para la educación, para la salud y para la cohesión territorial del país. Por eso, cualquier transformación del modelo debe asegurar que el Estado conserve una capacidad real de conducción estratégica.
También genera inquietud el posible impacto tarifario para los hogares y para las pequeñas y medianas empresas. Se ha advertido que una apertura mal diseñada podría permitir que grandes consumidores se aparten de ciertos costos comunes del sistema, trasladando esa carga a los usuarios que no tienen la misma capacidad de negociación. Este no es un detalle técnico: toca directamente la economía familiar y la estabilidad de miles de emprendimientos nacionales.
Otro elemento que requiere especial cuidado es la relación entre el ICE y los generadores privados. Los datos citados por la Juventud Liberacionista muestran diferencias importantes en los costos de generación. Por ello, antes de avanzar hacia un esquema de mayor apertura, el país necesita tener certeza de que esa reforma producirá beneficios reales para la ciudadanía, y no únicamente mejores condiciones para determinados actores del mercado.
Preocupa, además, la posible fragmentación institucional. La creación de nuevas instancias y la redistribución de funciones en un sistema tan sensible como el eléctrico no pueden hacerse de manera apresurada. Costa Rica ha construido, durante décadas, una institucionalidad que ha permitido cobertura, continuidad y capacidad de respuesta. Cualquier modificación debe demostrar que mejora esa arquitectura y no que la vuelve más débil, más costosa o incierta.
Resulta igualmente delicado que algunas disposiciones del proyecto puedan reducir el alcance de la electricidad como servicio público, sobre todo en lo relativo a la generación y a la comercialización mayorista. Para Costa Rica, la electricidad ha sido mucho más que una mercancía. Ha sido una herramienta de integración nacional, de justicia territorial y de desarrollo social.
A ello se suman las observaciones jurídicas y constitucionales que han sido planteadas por instancias especializadas. Una reforma estructural de este tipo debe nacer con plena solidez legal. De lo contrario, podría abrir un periodo de incertidumbre que afectaría al Estado, a las instituciones, a los usuarios y al propio sistema eléctrico.
Finalmente, preocupa el efecto que el proyecto pueda tener sobre la capacidad futura de inversión del ICE. El Instituto Costarricense de Electricidad ha sido una pieza decisiva del modelo costarricense. Limitar su posibilidad de planificar, invertir y desarrollar proyectos de largo plazo podría afectar no solo a la institución, sino al país entero.
II. Modernizar sin desmantelar
Encuentro Democrático considera que esta discusión no debe plantearse como una falsa oposición entre pasado y futuro. Costa Rica no tiene que escoger entre inmovilismo y apertura indiscriminada. Hay otro camino: modernizar con prudencia, fortalecer con inteligencia, corregir lo que deba corregirse y preservar aquello que ha sido esencial para el bien común.
El ICE puede y debe mejorar. El sistema eléctrico nacional puede y debe actualizarse. Pero ese proceso no debería hacerse debilitando la planificación pública, reduciendo la capacidad estratégica del Estado ni convirtiendo un bien esencial en un espacio sujeto prioritariamente a la lógica del mercado.
En este punto, la historia del Partido Liberación Nacional tiene un peso particular. La creación del ICE no fue un accidente administrativo. Formó parte de una visión de país. Una visión que entendió que la electricidad debía llegar a todos los territorios, que el desarrollo no podía quedar concentrado en unos pocos sectores y que ciertas áreas estratégicas debían permanecer vinculadas al interés nacional.
Por eso apelamos, respetuosamente, a esa memoria. No para impedir el debate ni para cerrar la puerta a las reformas, sino para recordar que la modernización solo tiene sentido si conserva el horizonte de justicia social que dio origen a nuestras mejores instituciones.
III. Una decisión con consecuencias políticas
La votación del Expediente 23.414 no será leída únicamente como una decisión técnica. Tendrá también una dimensión política e histórica. En ella se juega una señal sobre el papel que tendrá la oposición legislativa en la defensa de la institucionalidad pública, del Estado Social de Derecho y de los equilibrios democráticos que el país necesita.
La ciudadanía ha pedido contrapesos, responsabilidad y defensa de las instituciones. Esa demanda no debe entenderse como una consigna partidaria, sino como una preocupación profunda por el rumbo del país. En ese contexto, la Fracción Legislativa del Partido Liberación Nacional tiene la oportunidad de actuar con prudencia, escuchar las distintas advertencias y evitar una decisión que pueda resultar irreversible.
También consideramos importante que las voces jóvenes del liberacionismo sean tomadas en cuenta. La Juventud Liberacionista ha hecho un planteamiento serio, fundamentado y coherente con una tradición partidaria que históricamente defendió el papel social del Estado. Escuchar esa voz no debilita al partido; al contrario, honra su tradición deliberativa.
Llamado final
Por las razones expuestas, Encuentro Democrático solicita respetuosamente a la Fracción Legislativa del Partido Liberación Nacional votar en contra del Expediente 23.414.
Formulamos esta solicitud con firmeza y respeto, desde la preocupación legítima por el futuro del sistema eléctrico nacional y desde la convicción de que aún es posible abrir una discusión más amplia, transparente y segura para el país.
Costa Rica necesita modernizar su sistema eléctrico, pero no a costa de debilitar al ICE. Necesita eficiencia, pero no al precio de perder soberanía energética. Necesita reformas, sí, pero reformas que fortalezcan el interés público y no que generen incertidumbre sobre uno de los pilares de nuestro desarrollo nacional.
En un asunto de esta trascendencia, la prudencia es una expresión de responsabilidad histórica.
A continuación, presentamos una síntesis puntual de algunos de los principales cuestionamientos técnicos, institucionales y jurídicos asociados al Expediente 23.414:
Perjuicios al país del Expediente 23.414
Síntesis elaborada a partir del documento de la Juventud Liberacionista: “El Expediente 23.414 y la defensa del Instituto Costarricense de Electricidad”.
- Debilita la soberanía energética y rompe la planificación estatal. El proyecto fragmenta el Sistema Eléctrico Nacional, sustituye funciones del ICE y crea un mercado mayorista que “compromete la soberanía energética del país” y convierte la electricidad en un commodity sujeto a especulación.
- Aumentará las tarifas para familias y PYMES. La propia CEDET advirtió que la apertura permitiría que grandes consumidores evadan los costos fijos del sistema, trasladándolos al resto de usuarios:
“Los costos se tendrán que trasladar al resto de los usuarios con graves aumentos a las tarifas de las familias y PYMES”.
3. Favorece estructuralmente a grandes generadores privados. El ICE genera energía más barata que los privados:
Según los datos citados, el ICE generó energía a 42,65 colones por kWh en 2023, mientras que los generadores privados bajo la Ley 7200 lo hicieron a 52,90 colones por kWh y los de la Ley 7508 a 69,38 colones por kWh. En ese contexto, el proyecto fortalecería a actores cuyos costos de generación serían entre un 24% y un 63% superiores.
4. Riesgos técnicos severos por fragmentación del control del sistema. La creación del ECOSEN implica duplicidad de funciones, pérdida de economías de escala y debilitamiento del despacho unificado. El documento advierte que esto “destruiría la capacidad de respuesta integrada del sistema eléctrico nacional”.
5. Elimina la naturaleza de servicio público en la generación. El Artículo 3 inciso v) excluye la generación y comercialización mayorista del concepto de servicio público, debilitando la capacidad regulatoria del Estado y priorizando la rentabilidad privada.
6. Riesgos jurídicos y constitucionales. La Procuraduría General y Servicios Técnicos de la Asamblea han advertido vicios de razonabilidad, legalidad y posibles afectaciones a competencias constitucionales del ICE.
7. Desfinancia y limita la inversión futura del ICE. Nuevas plantas del ICE deberán competir en subastas, eliminando certeza regulatoria y afectando su capacidad de planificar proyectos de largo plazo.
Más allá de las objeciones técnicas y jurídicas señaladas, este expediente también plantea una definición política de fondo sobre la defensa del Estado Social de Derecho, el modelo de desarrollo, la institucionalidad pública y la responsabilidad histórica de quienes hoy deben votar.
Autoría:
José Solano-Saborío , Tatiana Herrera Ávila
Mesa Coordinadora
Encuentro Democrático
Alfredo Chocano Dobles, Jiddu Rojas Jiménez
