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Autor: Hector Ferlini Salazar

Grupo de garantes al Señor Presidente de la República

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

San José, 20 de julio de 2020.

Sr. Carlos Alvarado Quesada
Presidente de la República
Casa Presidencial-Zapote

Señor Presidente:

            Con el respeto debido, una vez más nos dirigimos a usted en razón de la confianza que nos fuera depositada como Grupo de Garantes Éticos de su gobierno.

            Es evidente que la situación excepcional por la que atraviesa el mundo, y Costa Rica no es la excepción, ubica el tema de la gestión ética y el valor de la probidad en un plano mucho más allá de las eventuales denuncias por abuso de poder o corrupción por parte de algún funcionario público, para situar estas cuestiones en la base misma de la convivencia democrática y republicana, transformando esas valoraciones de moralidad y transparencia en pre-requisitos indispensables para poder sobrevivir estos difíciles tiempos con paz y justicia.

            Hemos escuchado, señor Presidente, con toda atención el mensaje que usted dirigiera al país el pasado domingo 19. Nos advierte usted de que vendrán tiempos aún peores de los ya vividos y que serán necesarios nuevos y radicales sacrificios. Creemos firmemente que este noble pueblo puede entender su llamado. No nos cabe duda que amplias mayorías comprenderán la necesidad de aportar y lo harán gustosas si se trata de superar la pandemia y reactivar la economía en dirección a reducir la pobreza y las desigualdades imperantes. Pero también es claro que esto supone que todos veamos el sacrificio de cada quien. No es justo ni legítimo que la contribución recaiga sólo en algunos y otros pretendan pasar por la tempestad absolutamente indemnes.

            También menciona usted la urgente necesidad de una actitud responsable y solidaria. Igualmente creemos que esto es posible, pero de nuevo se requiere que pasemos de las palabras a los hechos, de las consignas a los números. Esta sociedad se merece que con cuantificaciones claras y fieles, proporcionales y progresivas, según ingresos reales,  veamos con cuánto está contribuyendo cada uno, de la misma manera en que  se ha puesto números a la reducción del presupuesto nacional y a las disminuciones en salarios y pensiones del sector público. Es urgente que veamos los porcentajes y sumas aportadas por el sector privado que más beneficios económicos percibe. El país requiere, al menos,  de una propuesta para gravar las grandes fortunas y una estrategia que asegure minimizar la evasión y la elusión tributarias.

            Finalmente hace usted un vehemente llamado a la unidad nacional.  Nuestro criterio es que eso sólo será posible si previamente se anteponen los requerimientos nacionales en orden a construir un auténtico diálogo del gobierno con todos los sectores, que no se quede en un mero gesto o ritual, para demostrar que los intereses esenciales de cada quien, han sido considerados. Lo ideal sería un diálogo-debate nacional donde estén representados todos los sectores organizados del país, con mesas de trabajo especializadas y de donde salgan recomendaciones sobre las cuales usted pueda escoger. Hemos sido testigos de múltiples iniciativas, desde voces en la Asamblea Legislativa de diputados de oposición y de gobierno; así como del movimiento de Mujeres en Acción, Mujeres por Costa Rica, el grupo de economistas pluralistas, sindicatos y asociaciones de trabajadores,  y políticos y representantes de la sociedad civil que han dado sus puntos de vista y han concretado propuestas.  Por favor, señor Presidente, sin este ejercicio de diálogo eficaz no podrá hacerse realidad la unidad que todos quisiéramos.

            Con nuestra más alta consideración,

Quince Duncan Moodie, Margarita Bolaños Arquín, José Manuel Arroyo Gutiérrez

La urgencia democrática del dialogo social

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Manuel Hernández

El Informe de OCDE acerca del Mercado laboral y las políticas sociales (2017), advirtió que en nuestro país, el diálogo social está fragmentado y además, que esta debilidad puede ser una barrera para mejorar las condiciones de trabajo y retrasar muchas de las reformas que se necesitan.

La OCDE recomendó, desde aquella fecha en que el Gobierno estaba seduciendo a este organismo internacional, “que los encargados de políticas en Costa Rica (…) fortalezcan el diálogo social.”

No obstante, la Administración Alvarado Quesada, que tanto empeño asumió para que el país se adhiriera a este selecto club de países ricos, echó por la borda esta recomendación, y en su lugar, peligrosamente ha recorrido una ruta en sentido totalmente contrario al diálogo social.

Esta desafección del diálogo social se materializó con la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N° 9635 y la Ley para brindar seguridad sobre la huelga y sus procedimientos, N° 9808, que causaron una fuerte confrontación social, cuyas cicatrices todavía no han sanado.

No sólo por el procedimiento legislativo extraordinario que se diseñó –ad hoc- para la tramitación y aprobación atropellada de ambos proyectos, respaldada por una fuerte carga de intervención policial, sino, además, por su contenido normativo regresivo, quedó de manifiesto la rúbrica autoritaria del Gobierno y la Asamblea Legislativa.

Pero este déficit democrático de la gobernanza de las relaciones laborales, se ha profundizado a merced de la irrupción de la pandemia que nos flagela.

La pandemia se ha convertido en el útil Caballo de Troya, por un lado, para destruir los derechos que aún le quedan a la clase trabajadora, y por otro lado, para desmontar el raído Estado Social y Democrático, que lo tienen pegado a un respirador mecánico.

Recordemos que el Ministerio de Trabajo impulsó febrilmente un proyecto de ley de reducción de las jornadas de trabajo, con la consecuente disminución hasta de un 75% de los salarios, que tiene a miles de trabajadores del sector privado con trabajo, pero lamentablemente devengando salarios de hambre.

Por otra parte, en lugar de proteger la sostenibilidad de los salarios de las y los trabajadores, el mismo Ministerio apostó a la maquinilla, casi en automático, de la suspensión de los contratos de trabajo, cuyas resoluciones administrativas se editan como en planchas rotativas de periódicos.

Son más de tres meses que llevan estos trabajadores soportando, sin percibir salario, con el hambre confinada en sus estómagos, cuya medida se prorrogó por tres meses más.

 Ahora el epicentro del envite político se enfoca directamente contra los servicios públicos y las personas que trabajan en este sector, amplificado por las mediáticas campañas que destilan odio en las columnas editoriales y las pantallas de televisión.

En términos generales, podríamos decir que los correspondientes proyectos legislativos tienen un doble y concurrente cometido: desmantelar la institucionalidad pública y menoscabar los derechos laborales de este colectivo.

En la línea de erosión de la institucionalidad pública, sobresalen dos proyectos: el Proyecto de Ley de Empleo Público y la reforma de la Ley Orgánica del INA, sin dejar de omitir que a JAPDEVA que prácticamente ya lo cerraron.

El primer proyecto, que en buen español debería nominarse de des/empleo público, tiene el objetivo de someter a la exclusiva gobernanza política y normativa de MIDEPLAN, la totalidad del conjunto del sistema de empleo público: reclutamiento, selección, movilidad, traslados, carrera administrativa, promoción, concursos, formación, capacitación, remuneración y otros.

MIDEPLAN sufre una metamorfosis y se trasmuta en un supra-ministerio, que concentra un poder desproporcionado, a cuyos mandatos imperativos quedan subordinadas prácticamente todas las instituciones, el Poder Legislativo y el Poder Judicial.

Este Leviatán hace añicos la independencia de poderes y la autonomía constitucional de la CCSS, universidades estatales y las municipalidades, reducidas a caricaturescas unidades ejecutoras de las directrices, lineamientos, procedimientos y resoluciones de SUPRAMIDEPLAN.

En el otro proyecto se pretende reformar la Ley Orgánica del INA, que ha jugado un papel fundamental en la formación y capacitación técnica de la clase trabajadora, cuyo objetivo es la externalización de los servicios que presta esta institución y la privatización de la relación de empleo de sus servidores.

En la línea de afectación directa de los derechos de las personas que laboran en el sector público, tenemos un emergente aluvión de proyectos, entre los cuales sobresalen, sin la intención de agotar el señalamiento de los tantos que conforman la saga de proyectos que se agolpan en la corriente legislativa, los siguientes: congelamiento de las anualidades 2021-2022, derogatoria de los regímenes de pensiones complementarias de trabajadores y trabajadoras de varias instituciones (CCSS, BCR, BN, ICE, ICT, JPS).

No podríamos dejar de mencionar la versión más creativa de estos proyectos: la reducción del 15% de la jornada de los funcionarios públicos que devengan una remuneración bruta mensual por lo menos de 1.500.000 colones, por un período de 12 meses, un verdadero despropósito, un impuesto disfrazado con lentejuelas, cuestionado por diferentes sectores, hasta incluso por partidos políticos que han hecho mancuerna con el Gobierno en la aprobación de aquellas leyes.

Todas estas iniciativas se han promovido y ejecutado de manera unilateral, inconsulta, cerrando todo espacio de interlocución a los actores sociales interesados.

No queda, entonces, la menor duda de la nula voluntad de diálogo y legitimidad democrática de este Gobierno, que en esta crisis desafortunadamente nos está llevando por un callejón al borde del despeñadero: en el ámbito del empleo, en el campo laboral, social, económico y productivo, que ojalá que en el orden sanitario, en definitiva, podamos salir bien librados de esta fatídica pandemia.

 Así las cosas, no es aventurado sostener que estamos llegando a una situación muy crítica, a un punto de inflexión, donde más allá de esta línea probablemente no habrá retorno.

La crispación social sube la intensidad del tono y las circunstancias podrían desbordarse, como la misma pandemia, las cuales exigen que el Gobierno de la República vuelva por el camino de la restauración democrática y se comprometa francamente en un proceso de diálogo con los actores sociales, cuyo objetivo debe ser la recuperación del empleo, mantener la sostenibilidad de los salarios de los trabajadores, la reactivación y la eficiencia económica y además, la construcción de un escudo social que proteja a la gente en condición social vulnerable, los siempre condenados de la tierra.

No es ocioso recordar, por aquello que a algún político desmemoriado se le haya olvidado, que la Constitución Política establece que Costa Rica es una República libre, democrática e independiente, sustentada en los principios de participación ciudadana y en la provisión de los servicios públicos.

El Diálogo Social es inherente a esta configuración democrática de nuestro ordenamiento constitucional, que además tiene respaldo en el Convenio N° 98, N° 144, N° 154 y varias recomendaciones de OIT.

En este aspecto es pertinente recordar los señalamientos del Comité de Libertad Sindical de OIT:

“356.- (…) El Comité llama la atención sobre la importancia que atribuye a la promoción del diálogo y la consulta en las cuestiones de interés común entre las autoridades públicas y las organizaciones profesionales más representativas del sector de que se trate», así como «el interés de consultar a las organizaciones de empleadores y de trabajadores en la preparación y elaboración de una legislación que afecta a sus intereses». El Comité subraya a este respecto la importancia de consultas detalladas y de que las partes tengan suficiente tiempo para preparar y expresar sus puntos de vista y, discutirlos en profundidad. El Comité subraya también que el proceso de consulta en materia de legislación contribuye a que las leyes, programas y medidas que las autoridades públicas tengan que adoptar o aplicar tengan un fundamento más sólido y sean mejor respetados y aplicados; en la medida de lo posible el Gobierno debería apoyarse en el consentimiento general ya que las organizaciones de empleadores y de trabajadores deben poder participar en la responsabilidad de procurar el bienestar, y la prosperidad de la comunidad en general [Informe N° 368 de Comité de Libertad Sindical, que remite a Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical, quinta edición, 2006, párrafos 1067 y 1072].

La OIT, en el Marco de las políticas de lucha contra el COVID-19, estableció que el Diálogo Social “en todo momento, promueve la participación democrática en el proceso de formulación de políticas de las personas más directamente afectadas; pero en momentos de crisis, cuando hay mucho en juego, esa participación resulta aún más importante.”

El Diálogo Social es un cauce de mediación democrática, que sustenta la legitimidad de las políticas públicas, las decisiones gubernamentales y legislativas, que tanto se echa de menos en esta Administración.

En esta durísima crisis que estamos atravesando, ahora más que nunca, antes que –parafraseando a Saramago- nos hundamos hasta la mierda y perdamos el optimismo que aun nos queda de reserva, es imperioso articular un proceso real de Diálogo Social.

En definitiva, es necesario pactar, de manera impostergable, una hoja de ruta tendiente a buscar una salida democrática de la crisis, en procura de un gran acuerdo de reconstrucción social y económica, destinado a refundar el Estado Social y Democrático, proceso en el que deben tener participación los actores sociales y representaciones de pequeños y medianos empresarios, agricultores, a quienes se les ha martillado de golpe en seco y trasladado exclusivamente el riesgo y el costo de esta crisis sobreviniente.

En este trance de crisis de la cohesión social, del tejido productivo y no menor tensión de la legitimidad democrática, el diálogo social no puede ser enervado o suplido por la gobernanza unilateral, excluyente y autoritaria, acompañada de la infaltable represión policial cuando es necesaria, que ha sido hasta ahora la única receta del formulario oficial del Gobierno de la República.

El giro de 180° hacia el Diálogo Social es una opción política que el Gobierno del Bicentenario debe seriamente valorar, en función del desarrollo humano, la dignidad de las personas y el bienestar general de las grandes mayorías.

18/07/2020

¡No estamos solos!

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Carlos Campos Rojas

Después de la intervención en cadena nacional del Presidente, el pasado domingo 12 de julio y de seguro en las que vendrán, quedamos informados que sería él, quien definiría los actores válidos para establecer la salida a la peor crisis que hemos vivido desde los años 80.

De la manera más grosera, dejó claro que la ciudadanía –la que carece de privilegios indecentes, pero que paga para que existan, no tiene espacio en participar en la toma de decisiones, en uno de los momentos más dramáticos de la reciente historia costarricense.

Tenemos que reconocerle su coherencia, nunca ha tomado en cuenta la ciudadanía y no tenía por qué hacerlo ahora, pues todavía recuerda que él llegó a palacio, sin haber ganado ningún proceso electoral, pues en el primer round lo destrozó Fabricio Alvarado y en el segundo fue un plebiscito entre la Virgen de los Ángeles y Rony Chávez –el mesías de Fabricio-, donde terminó llevándose el Diablo a Rony y una campaña donde una gran verdad se exponía y era que Fabricio no tenía equipo para gobernar, a la par de una gran mentira, que Carlos Alvarado sí lo tenía, pues de los que nos presentó, ninguno –salvo su esposa, que ahora camina sobre rieles-, quedaron.

Lo cierto es que el sufragio – que no es votar, ni tampoco andar detrás de partidos-, fue destrozado, violentando el mandato de nuestro Art. 9 Constitucional. Así, la corrupción y la impunidad, impulsadas por la mafia política, lograban una victoria sin precedentes. El presidente llegaba al altar de la Patria, de la mano de su Horizonte Positivo y una estrategia precisa. Eran viejos conocidos, los “progres” lo sabían, lo importante era el botín, no le debían nada a este pueblo, era el momento de deshacerse de ese andamio.

Las organizaciones sociales, destrozadas como dice Kathya Benavides, por el “síndrome de Roque Dalton, el gran poeta salvadoreño”, es decir, la carnicería interna por lograr el título de “representante negociador”, terminó liquidándolas de una vez por todas, en la lucha heroica del 2018 contra el Plan Fiscal, donde demostraron que no sabían, ni estaban preparadas para conducir este pueblo a algún puerto, que no fuera defender sus prerrogativas.

Queda la ciudadanía, la persona ciudadana. La que nunca ha sido tomada en cuenta. La que han visto por debajo del hombro. La que consideran domesticada y manipulable. La que fue educada en el clientelismo político por los gobiernos anteriores y los partidos políticos, para que se venda por prebendas o se someta al poder que esos políticos inescrupulosos usurparon y que solo le pertenece a la ciudadanía, todo a cambio de un voto. La que se acostumbraron a usar como un despojo humano.

Tatica Dios, como decía nuestra querida Carmen Lyra, sabe hacer las cosas. Esta emergencia nacional del Covid, ha servido para desnudar la realidad nacional y de qué lado está cada uno. Donde están ellos y la mafia política y dónde estamos nosotros.

A ellos los une la riqueza que nos pertenece y que se la apropiaron, así como hacerse pasar como nuestros representantes legítimos para entregar el país y nuestras mejores instituciones (la Caja, el ICE, etc.). Consecuentes con el comportamiento de un régimen impopular, que busca en los bolsillos y sobre la espalda del Pueblo, tapar la torta económica del saqueo. Negándose a la transparencia y a rendir cuentas, como lo establece el Art. 11 de nuestra Carta Magna.

A nosotros nos une la pobreza y la angustia que queda después del saqueo. Nos despojaron de nuestras Pymes, de nuestros empleos, de nuestros salarios, de la riqueza que producían empresarios decentes que no eran parte del régimen ni de la facción que toma las decisiones en palacio, pero que tienen en sus loncheras suficiente comida.

Si no entendíamos la horrible sensación de ser víctimas de una violación, ahora la estamos viviendo en carne propia.

Somos rehenes políticos de una facción que no dio la talla para administrar el país.

La emergencia nacional nos obliga a actuar. Debemos asumir en manos de la ciudadanía, lo que corresponde hacer, debemos representarnos a nosotros mismos.

Primero, lo que desprecian y rehúyen en palacio, NOS TIENE QUE UNIR EL DIÁLOGO RESPETUOSO Y LA CAPACIDAD DE PROPUESTA, siendo tolerantes con los disensos, para construir consensos.

Apropiarnos de nuestro entorno, organizarnos calle a calle, barrio a barrio, imponernos las medidas de protección correspondientes y poner a trabajar la economía nacional. Asumiendo la responsabilidad y el deber que no ha podido la institucionalidad. Asegurar el bienestar de nuestras familias. Tomar en nuestras manos las decisiones que políticos sin agallas, no toman en muchas de nuestras municipalidades.

Dependemos de nosotros mismos, del deber, de nuestra responsabilidad, de nuestra dignidad, de nuestros conocimientos y saberes que son muchos, al igual que nuestra riqueza, porque sin ella este país no funcionaría.

No hagamos caso a golpes de estado, “videos filtrados”, ni otras fechorías, que impulsa la mafia política, con su propia prensa, para seguir en sus gollerías y distraernos. Hay que deshacerse del miedo al que nos han arrinconado y del falso confort de las redes sociales.

Es el momento de la paz, del encuentro, de hacer uso de la autoridad constitucional que nos da el Poder suficiente para poner en orden este desorden, para eso somos El Soberano, así lo estipula nuestra Constitución Política, en su Artículo 9.

Tenemos lo necesario, pongámonos a caminar, establezcamos entre personas ciudadanas, empresarios decentes y personas funcionarias honorables, las acciones de inmediato.

Solo así se construirá el nuevo Pacto Social, solo así recuperaremos nuestro país, no ocupamos a los mismos de siempre.

¡ESTAMOS NOSOTROS!

19 de julio de 2020

Parálisis presidencial – Crónica de una reunión con Carlos Alvarado

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Luis Paulino Vargas Solís
Economista, Director CICDE-UNED
Grupo Economía Pluralista

Durante los últimos meses he estado en tres reuniones virtuales con el presidente Alvarado. En la segunda y la tercera, acudí en mi condición de miembro del grupo Economía Pluralista. La última tuvo lugar recién el pasado viernes 17 de julio, y en representación de nuestro grupo, asistimos siete personas.

Una vez más, como en las dos ocasiones previas, acudí movido por la convicción de que es mi deber decirle al presidente lo que, humilde y modestamente, creo que debo decirle. Y de ponerme a su disposición, si es que él creyese que algo puedo aportar. Estoy seguro que a mis compañeras y compañeros presentes en la reunión, les animaba la misma intención y voluntad.

Solo que esta vez lo hice también cargado de un pesado sentimiento de escepticismo. Y no gratuito, por cierto.

En las dos reuniones anteriores, a grandes rasgos observé lo siguiente: un ambiente distendido y cordial, con un Carlos Alvarado que escuchaba con atención y se expresaba con inusitada franqueza. En ambas ocasiones salí pensando que algo se había incidido en el ánimo del presidente, y que no era descabellado pensar que tomaría en cuenta siquiera alguno o algunos de los planteamientos que se le presentaron.

De hecho, después de ambas reuniones, Alvarado se dejó decir públicamente cosas que parecían evidenciar que, en efecto, algo habíamos logrado. Pero en ambos casos, aquello no pasó de ser un triste “alegrón de burro”; una cuestión efímera, humo en el viento que rápidamente desapareció para nunca más volverse a ver.

Tuve muy presente eso cuando decidí asistir a esta tercera reunión. Sin esperar nada, tan solo me animaba lo que más arriba indiqué: mi convencimiento de que no debía desperdiciar la oportunidad de expresarle al presidente, aunque no fuera más que encapsulada en apretadísima síntesis, mi preocupación y mis propuestas. O, mejor decir, nuestra preocupación y nuestras propuestas, las del grupo del somos parte quienes ahí estuvimos presentes.

Nuevamente el ambiente fue cordial y agradable, y ello es algo que públicamente agradezco al presidente. Las siete personas que asistíamos a la reunión hicimos nuestra presentación, después de lo cual Carlos Alvarado tomó la palabra para responder a nuestros planteamientos. Y, una vez más, como en las dos reuniones previas, el presidente se mostró elocuente y locuaz, exponiendo con largueza sus puntos de vista, en lo que termina siendo una especie de monólogo, frente al cual no hay posibilidad de reaccionar (o “repreguntar”), ya que la reunión termina cuando el presidente concluye su exposición, después de lo cual solo queda despedirse.

Pero esta vez hubo algo que no se observó en las dos ocasiones previas: excepto por asuntos de muy segundo orden, el presidente fue desechando –literalmente tirándolos al canasto de la basura– cada uno de nuestros planteamientos y propuestas. En algunos casos de forma explícita, en otros por omisión, al silenciar toda posible respuesta respecto de asuntos de mucha envergadura.

La receptividad, siquiera parcial, aunque comprobadamente volátil y transitoria, que percibí en las dos reuniones anteriores, estuvo ausente en este tercer encuentro. Si hubiese sido asunto de dar “atolillo con el dedo”, habría que decir que Alvarado simplemente se lo economizó: no hubo atolillo alguno.

Uno agradece la franqueza de don Carlos, lo cual no carece de significado. No hubo guantes de seda ni disimulo. Y eso es bueno.

Ahora creo saber a qué atenerme: la adhesión del presidente a las tesis económicas ortodoxas y conservadoras, parece estar firmemente establecida.

Don Carlos no cree que el Banco Central deba hacer nada más allá de la insignificancia, perfectamente anodina, de lo que hoy día hace.

Don Carlos cree firmemente que la forma apropiada de enfrentar los graves desequilibrios fiscales que sufrimos es por medio del recorte y la austeridad.

En algunas oportunidades no dejó de admitir que las propuestas formuladas son sumamente imperfectas (por ejemplo, lo del recorte de jornadas laborales), pero, al parecer por razones de realismo político, no se siente en posibilidades, o no tiene la voluntad y disposición, de intentar algo mejor.

Claramente desecha la posibilidad de optar por un esquema de tributación realmente justa y progresiva, como clara y contundentemente se ha creído la narrativa de espantos y aparecidos, que asegura que salirse un centímetro de la ortodoxia prevaleciente traerá catástrofes inflacionarias, y el castigo implacable de los “inversores” y, con ello, huracanes y maremotos.

Los tiempos que vivimos son excepcionales desde todo punto de vista. Está claro que la pandemia del Covid-19, y la profunda crisis económica resultante, plantean un desafío no visto en generaciones. Ello exige un enorme esfuerzo de innovación en materia de política económica. Seguir haciendo lo mismo que siempre se hizo, como si nada estuviese pasando, sería absurdo, irresponsable y peligroso.

Pero eso es lo que la dominante ortodoxia económica impone. Su único activismo, es un activismo de signo negativo y destructivo: recorte fiscal y debilitamiento de la institucionalidad pública, justo cuando ésta más músculo necesita, para responder a las multiplicadas necesidades y demandas que la propia crisis trae consigo. Por lo demás, sus ideas se agotan en una cascada de imposibilidades, un “no se puede” multiplicado al infinito, que es una opción por la parálisis y el inmovilismo, y una aceptación pasiva de los acontecimientos en curso, la cual es, en sí misma, el combustible más poderoso para alimentar el desastre.

Y, tristemente, por las razones que sean (las cuales requerirían una discusión aparte), la mente y el corazón del presidente Alvarado, parece estar completamente atrapadas en las redes paralizantes de esa ortodoxia.

Tal vez don Carlos Alvarado recapacite; tal vez quiera escuchar otras voces e intentar otras opciones.

Creo que todavía está a tiempo. Para mañana podría ser muy tarde.

Texto compartido con SURCOS por el autor y publicado en su blog https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/2020/07/paralisis-presidencial-cronica-de-una.html?m=1

A 16 meses del asesinato impune de Sergio Rojas Ortiz – Comunicado de FRENAPI

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

Comunicado de FRENAPI
A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
A 16 MESES DEL ASESINATO IMPUNE DE SERGIO ROJAS ORTIZ
La lucha sigue y se extiende: 7 Fincas Recuperadas en Territorio Maleku

Si como sociedad queremos Paz, tiene que haber Justicia, que sólo se logra con el cumplimiento de TODOS los Derechos Humanos, de todas las personas y los Pueblos.

La reconciliación de la sociedad costarricense llegará cuando haya reparación y sanción. Sanción para los/as responsables de la violencia sistemática y crímenes contra personas indígenas, Comunidades, bienes materiales y espirituales de los Pueblos. Y reparación de los daños ocasionados por esos hechos violentos.

Hoy, 18 de julio del 2020, se cumplen 16 meses del ASESINATO del compañero Sergio Rojas Ortiz, Bribri de Salitre, zona Sur del país. Fundador y Co-coordinador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), miembro del Concejo de Semillas Cuidadoras de la Tierra (Ditsö Iriria Ajkönúk Wákpa- CODIAW). Este crimen, se encuentra en total impunidad; sin sanción y sin reparación. A la fecha no hay “Informes” de las autoridades administrativas ni judiciales sobre resultados o avances de la investigación de este asesinato. La familia, las Comunidades en Salitre y en el resto de los Pueblos Indígenas, Movimientos Sociales, Instituciones, Organismos Internacionales, junto a muchas personas dentro y fuera del país, seguimos esperando.

Mientras tanto, la violencia contra los Pueblos Indígenas en Costa Rica, sigue aumentando: el 09 de febrero 2020 fue baleado Minor Ortiz Delgado (Tubolwak Bribri de Salitre); el 24 de febrero fue ASESINADO Jery Rivera Rivera (Brôrán de Térraba); a inicios de marzo se promovieron quemas de parcelas en las Recuperaciones de Tierras Indígenas de las Fincas Las Huacas de Salitre y Crun Shurín de Térraba; Se organizaron Marchas y Reuniones en Buenos Aires de Puntarenas, encabezadas por funcionarios municipales, líderes comunales y empresarios de los alrededores, para hostigar y agredirnos en nuestros territorios una de ellas fue la marcha del 07 de marzo del 2020, convocada por la Municipalidad de Buenos Aires, Iglesia Católica, Iglesias Evangélicas y Organizaciones Comunales de Campesinos del Cantón, quienes bajo un discurso de Marchar por la “Paz” dejaron claro el repudio hacia las recuperaciones de Tierra/Territorio.

La violencia sistemática en nuestra contra persiste. Las amenazas y persecución, continúan contra varios/as compañeros/as del FRENAPI y de las Fincas Recuperadas en los Territorios Brôrán de Térraba, Cabécar de China Kichá y Bribris de Salitre y Cabagra. Amenazas y agresiones que se dan tanto en las Comunidades, como por las Redes Sociales, de manera pública- abierta y de lo que tienen conocimiento autoridades del Poder Ejecutivo y Judicial ante las denuncias realizadas.

Cuando nos desalojaron violentamente de la Asamblea Legislativa, a un grupo de 27 delegadas/os de todos los Pueblos Indígenas en Costa Rica, sacándonos a rastras y golpes por la parte de atrás del Edificio en la madrugada del 10 de agosto del 2010, Día Internacional de los Pueblos Indígenas; la Asamblea del FRENAPI decidió que era el momento de iniciar el Proceso de Afirmación Territorial Autónoma (PATA). Fue Sergio junto con las/os hermanas/os Bribris de Salitre quien encabezó las primeras Recuperaciones Directas de Tierra/ Territorio, seguidas por las Comunidades de Cabagra, Térraba, Yimba Caj, China Kichá. Ese ejemplo de valentía indomable, sigue dando frutos y en abundancia, tal como vemos en las recientes 7 Recuperaciones en el Territorio Maleku, entre el 11 y 13 de julio del 2020.

El ASESINATO del hermano Sergio Rojas Ortiz, puso al descubierto al Estado Costarricense, como un Estado etnocida y negligente, responsable de toda esta violencia sistemática impune, que permite las invasiones y arrebato de nuestras Tierras/ Territorio, y otros actos delictivos contra nuestros Pueblos en lo material y cultural, que también permanecen en la impunidad. No hay justicia, no hay Paz.

Es esa violencia sistemática y sistémica, la que lleva a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a dictar Medidas Cautelares (de Protección) el 30 de abril del 2015 (MC 321–12–2015) a favor de las Comunidades Bribris de Salitre y Brôrán de Térraba para garantizar la vida y protección integral para las personas miembros de ambos Pueblos. Estas Medidas se mantienen, e incluso se podrían ampliar a otros Territorios por el aumento de la violencia ya mencionado.

Sergio abre un anchuroso camino que cada día se amplía, se fortalece y mantiene viva la Memoria, la Historia y la lucha de los 8 Pueblos Indígenas en Costa Rica. ¡Sergio NO murió, se multiplicó!

En la Lucha por Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, Sergio se involucró, lideró su Organización Propia -el Concejo de Semillas Cuidadoras de la Tierra (Ditsö Iriria Ajkönúk Wákpa- CODIAW)- e integró la Coordinación Nacional del FRENAPI. Su lucha e impronta lo llevó a la cárcel por 5 meses, con una infundada acusación, pensando que podían, con eso, detener a las Comunidades, que por el contrario, aumentaron su movilización, recuperando más Tierras/Territorio. Esto fue causa de una feroz persecución contra Sergio que, finalmente les llevó al vil ASESINATO en la oscuridad y la serenidad de su casa en Yeri de Salitre, el 18 de marzo de 2019.

El Saneamiento Territorial, de invasores/as y usurpadores/as de las Tierras Indígenas, es imprescindible como elemento principal para que haya justicia y traiga la Paz a nuestros Pueblos; por ser un derecho ancestral, que lleva la sangre de tantos hermanos y hermanas, que como Sergio y Jery, no se doblegaron jamás y son motivación para mantenernos de pie hasta ver estas Tierras/ Territorios en manos de las Comunidades Indígenas que las habitan (Artículo 3 de Ley Indígena N°6172).

La Pandemia NO puede convertirse en un discurso cómplice de impunidad, ni en una justificación de violencia y discriminación contra nuestras Comunidades/Pueblos, ni tampoco la falta de recursos puede justificar la desatención y el abandono por parte del Estado/Gobierno a sus responsabilidades históricas, en una deuda que debe asumir para que podamos reconciliarnos como costarricenses, para vivir en paz, en una sociedad respetuosa de nuestros valores por el Buen Vivir, la defensa y el respeto de nuestra Madre Tierra, nuestra Autonomía, diversidad e identidad cultural y espiritual.

Enviamos de todas las Comunidades de Recuperantes de Tierra /Territorio Indígenas, los mensajes de alegría y de apoyo a las familias Malekus, que hoy asumen la tarea de luchar por su Autonomía y sus Derechos Humanos, cuenten con nuestro acompañamiento, sin condiciones. Esperamos que el Estado/Gobierno costarricenses, haga cumplir las Leyes y los Tratados que respaldan nuestros Derechos y nuestra Lucha.

A 16 meses de impunidad, a nuestro hermano Sergio desde la intimidad de nuestro espíritu le recordamos como la semilla que es, en cada recuperación de Tierra/ Territorio vemos su Siembra. NO nos detendremos hasta que su ASESINATO sea sancionado y reparado.

¡NO MAS IMPUNIDAD!
#SergioRojasVIVE
#JeryRiveraVIVE
¡LA LUCHA SIGUE Y SE EXTIENDE!
FRENTE NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS (FRENAPI)
Acompaña: COMITÉ NACIONAL DE APOYO A LA AUTONOMÍA INDÍGENA
18 DE JULIO, 2020

En los laberintos del robo y la mentira más descarada

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

Rogelio Cedeño Castro, catedrático UNA

Mienten descaradamente los medios de la maquinaria mediática totalitaria de este país, y tratan de cubrir de infamia a los profesores universitarios de este país, especialmente el diario La Nación y su redactora Dorelia Cerdas E, tal y como nos lo demuestran en el día de ayer, viernes 17 de julio de 2020, en los contenidos su página 11 (curiosamente referida a Sucesos y Judiciales), cuando titulan REFORMA DE LEY BAJA PENSIÓN DE EXRECTOR EN 3 MILLONES DE COLONES, con un curioso pretítulo donde afirman lo siguiente: “Monto de pensión bajó 5,8 millones a 2,6 millones”, cuando en realidad debían haber dicho que le “robaron” o saquearon más de mitad la pensión, para la que cotizó una vida entera el señor Henning Jensen. Ni una palabra de que pagará (ya paga) casi un millón de colones de impuesto sobre la renta mientras la ICE and Farm y La Nación no pagan nada por ese concepto, trescientos mil colones al régimen de enfermedad y maternidad de la Caja del Seguro Social a diferencia de la gran mayoría de los pensionados, medio millón de colones para cotizar a un régimen de reparto que ya no existe (artículo 70 de la ley 7531 de pensiones del magisterio nacional), puesto que lo saquearon los gobiernos entre 1958 y 1995, más de un millón de colones de “contribución” aumentada por artículo 71 de la ley 7531, cuyo destino será el agujero negro de la caja única del estado y otros montos desmesurados, todo eso si el señor exrector no tiene deudas, y otros compromisos familiares, como sucede a muchos pensionados universitarios que todavía nos dimos el “lujo” de jubilarnos. La pensión del señor Jensen, al igual que la de muchos de nosotros no fue rebajada, sencillamente fue escamoteada, con toda la saña e hipocresía del caso, mientras un coro de insultos de cobardes e ignorantes lo insultan (nos insultan) todos los días.

Al día siguiente, sábado 18 de julio de 2020, en su página 4, el diario producido por los más fieles discípulos de Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de Adolfo Hitler(1933-1945), al que algunos llaman con mucha razón “La nazi-on”, en un texto de su redactora Silvia Artavia, habla de una contribución solidaria, a título de aporte “en solidaridad con los demás habitantes”, cuando en realidad lo que hicieron fue castigar a un numeroso grupo de pensionados cuyos montos nominales de pensión están entre los 2 y los 3 millones de colones, con lo que: “Anteriormente, el aporte se aplicaba solo a las jubilaciones superiores a los 4 millones en el caso del magisterio y a partir de los 2.7 millones en la DNP. Con la nueva ley el cobro se impone a todas las pensiones mayores a los 2.296.000…La entrada en vigencia de la norma permitirá cobrar el aporte solidario a un total de 4.118 pensiones de lujo, 3198 adicionales a las 920 que ya eran gravadas anteriormente por ese concepto.” Con todo esto lo que sucede el estado se apropia de 12 mil millones de colones diz que para otorgarlo como subsidios que llaman “pensiones no contributivas” (ibid) que vienen siendo manejadas a partir de la CCSS por lo que miente de nuevo La nazi-on: esas no son pensiones como bien lo demostró el economista Francisco Esquivel. En resumen, la población adulta mayor pensionada seguirá subvencionando a partir de su disminuido peculio a los grandes evasores y elusores fiscales, entre ellos los propietarios del diario La Nación, con lo que sucede así que quienes cotizaron durante décadas sumas mucho más altas que las del IVM de la CCSS (hasta un 17% de su salario), pagarán una vez el saqueo al fisco con affaires como la trocha, la ruta 27, la carretera Kooper- Florencia en San Carlos y muchas otras estafas al fisco…una mentira y otra de principio a fin, tenemos que empezar a proclamar la verdad, aunque los corifeos del régimen y los desinformados se molesten. El neofascismo acecha y se prepara para cosas mucho peores aún, las que afectarán en lo más hondo a las grandes mayorías de la población.

Partido Humanista: comunicado

Escrito en . Publicado en Derechos.

San José, Costa Rica, 16 de julio de 2020

Ante las declaraciones brindadas por el expresidente de la República, Rafael Ángel Calderón Fournier a un medio de comunicación, en las que invita a la Unidad Social Cristiana, Liberación Nacional y otros partidos a la construcción de una gran coalición política “centrohumanista”, el Partido Humanista manifiesta su total rechazo al uso politiquero, demagógico y oportunista del término humanista por parte de organizaciones que ven a la política simplemente como un negocio.

No nos sorprende que, ante la crisis de los partidos tradicionales, generada por sus propias contradicciones e incoherencias, su engaño sistemático a nuestro pueblo con promesas incumplidas y corrupción y su incapacidad para responder a los nuevos retos que ha enfrentado el país desde hace décadas, buscan como maquillar su oferta electoral que solo ha generado pobreza, desigualdad y desesperanza.

Tanto dolor y sufrimiento ha generado la clase política tradicional con su pragmatismo, neoliberalismo y entreguismo económico, que han desgastado su discurso usando mentirosamente como fachadas ideológicas al socialcristianismo, la socialdemocracia y el liberalismo y ahora desean incorporar el término “humanista” en un nuevo producto electoral, que en realidad es más de lo mismo al servicio del gran capital y nueva traición al pueblo costarricense.

Ya en el Documento Humanista se denuncia la mala fe y el bandolerismo semántico en la apropiación de las palabras por parte de los representantes del Anti-humanismo, vaciando de sentido y contenido a términos de tanto valor como es el Humanismo.

El Lic. Rafael Ángel Calderón Fournier, fue condenado por su participación en el escándalo Caja-Fischel y nunca se arrepintió de sus actuaciones que empobrecieron a una de las instituciones más emblemáticas de la democracia costarricense, como es la Caja Costarricense de Seguro Social. No solo no le importó tratar de enriquecerse por medio de influencias y negocios corruptos aprovechándose de su condición de expresidente de la República, sino que cree que puede seguir participando en política como si nuestro pueblo no tuviera memoria de lo que han significado esa forma turbia y opaca de hacer política, por debajo de la mesa y a espaldas de la sociedad. Bien haría en retirarse y dejar de empobrecer nuestra democracia con sus actuaciones de gabinete.

En nuestro país, centenares de miles de personas y numerosas organizaciones trabajan día a día, codo a codo por Humanizar Costa Rica, su institucionalidad, su democracia y mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo, atendiendo a sus necesidades básicas y mejorando también a su salud y educación, por lo que denunciamos el uso del concepto Humanista para intereses espurios y ajenos a la gente que dicen defender y avisamos de la maniobra planteada y nuestra total oposición a tal intento.

“El progreso de unos pocos termina en progreso de nadie. No habrá progreso si no es de todos y para todos” Silo

Rafael Eduardo López Alfaro
Presidente Comité Ejecutivo Nacional

Camino a la democracia participativa

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Hernán Alvarado

Por fin una buena noticia: el pasado viernes 17 de julio, el Movimiento territorios seguros resolvió el gran desafío de organizar de manera virtual, en un contexto de pandemia y con el meritorio apoyo de la UNED, la magna actividad llamada «Segunda actividad nacional de rendición de cuentas y evaluación de resultados». Esta actividad innovadora permitió sopesar el avance de la participación ciudadana en diferentes instituciones, reuniendo trabajadores públicos y población civil.

Palabras auspiciadoras

En esta segunda actividad nacional, se escucharon palabras certeras por parte de Román Solís y Fernando Cruz del Poder judicial; Emilia Navas de la Fiscalía general; Julio Jurado de la Procuraduría; Max Esquivel del Tribunal de elecciones; Tatiana Mora de la Defensora de los Habitantes, entre otras. Se escuchó clara la importancia de defender el Estado de derecho y, en primer lugar, la Constitución. Eso pasa por fortalecer la institucionalidad y la participación ciudadana dentro de ella, así que se avizora una nueva veta para el desarrollo de la institucionalidad pública.

Carlos Campos, coordinador del movimiento, subrayó que el poder de la República radica en el Pueblo, que hemos comenzado a poner con mayúscula, aunque no aparece así en la carta magna; porque el Pueblo constituye el primer poder de la República; no es la Asamblea Legislativa, que sería el segundo; el Ejecutivo sería entonces el tercero y el Poder judicial el cuarto. Esos cuatro poderes deben garantizar que la sociedad disfrute de su bien social supremo que es la paz. Eso es respetar el orden constitucional. Y es que antes que funcionarios y autoridades, antes que trabajadores o empresarios, somos ciudadanos. Todos somos parte del Pueblo, que es la fuente de todo poder y en Costa Rica tiene el mandato de cogobernar como soberano, junto a tres poderes independientes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).

Entonces, nace la pregunta: ¿quién es ese Pueblo? En primera instancia, Pueblo somos todos los ciudadanos, ellas y ellos, niños, jóvenes y adultos mayores; no solo los que votan. Se constituye, por tanto, con todas las personas sujetas de derecho, cuyos derechos el Estado reconoce y cautela. Aunque sea una definición pasiva, incluso vaga o poco operativa, que corresponde más al criterio de inclusión que al de participación. La inclusión es ciertamente una condición indispensable, como la información, pero no agota ni las posibilidades ni las necesidades de la participación ciudadana.

¿Y quién es entonces el soberano?

La Constitución reclama un Pueblo que actúe como soberano, es decir, como Pueblo con disposición y capacidad de sujeto político. Para esto es necesario ser y sentirse parte del Pueblo, pero no es suficiente. El Pueblo resulta ser una entelequia si no hay voces que asuman el interés general que él representa. De manera que soberano no es quien se siente depositario de derechos, pero no portador de deberes cívicos. El soberano tiene tareas por cumplir, entre ellas las de vigilancia y control del aparato de Estado; para garantizar que los representantes, autoridades y funcionarios públicos cumplan con sus deberes de representación, dirección y ejecución; al servicio de la convivencia pacífica. En ese sentido, la posición soberana implica un proceso de auto empoderamiento y de auto capacitación, para ejercer plenamente la ciudadanía activa. Eso requiere aprender e incorporar una serie de atributos que forman parte de un proceso de emancipación, con respecto a fantasmas o miedos propios, tanto como a poderes fácticos y formales; lo que supone compromiso personal. Ser parte del soberano implica que cada individuo, cada yo, se forme como una persona ciudadana, lo cual se realiza a través de un proceso educativo organizado.

Además se trata de construir un sujeto social con una inteligencia colectiva que supone voces particulares que se transforman constantemente, mediante diálogo, en una voz cada vez más abarcadora y comprometida con el bien común. El soberano deviene así un constructo social y dialógico que no se puede dar por supuesto, sino que implica una acción consciente e intencional.

Sin embargo, como toda educación política, ese proceso no acaba en un aula, ni basta con un libro, porque al final solo se logra en la práctica, que es donde se adquiere la conciencia social. El ciudadano aprende a serlo ejerciendo sus derechos y confrontando a quienes pretenden restringirlos, conculcarlos o burlarlos. Lo que supone superar la posición de víctima pasiva de los poderes constituidos y fácticos para asumir una actitud digna y responsable, de cara a la construcción histórica y social del gobierno del Pueblo, para el Pueblo y con el Pueblo.

Así resulta que todos pertenecemos al Pueblo, pero no todos deciden ser parte del soberano. A nadie se le puede obligar a ello. El soberano implica auto incluirse, capacitarse y asumir una posición permanentemente activa, crítica y propositiva. Así, todos nacemos con derechos protegidos por el Estado, pero no todos los defendemos y derecho que no se ejerce es como si no existiera. Pero no todos los pobladores deciden ser soberanos y a ninguno se le puede obligar. En esa voluntariedad del soberano radica su legitimidad y autoridad moral. Todo esto forma parte del ideario de este movimiento.

Un índice de participación ciudadana

La metodología y la tecnología no fueron toda la novedad que nos trajo este evento. La sorpresa, cual cereza en el pastel, fue la presentación del «Índice de participación ciudadana». Entre otros componentes, el índice incluye el tema presupuestario; en la medida en que esto contribuye o no a la formación de personas ciudadanas. El presupuesto es la frontera próxima de una participación cuyo fin último es el empoderamiento ciudadano.

Se pretende medirlo cada año para ser presentado en el mes de julio, en conmemoración de la reforma del artículo 9, impulsada en el 2003 por esa persona extraordinaria que ha sido doña Jocelyn Sawyers. Hay que ver lo pequeños que se ven los actuales diputados a la par de esta gran maestra pensionada, el verdadero lujo es tenerla aún con nosotros. Significativamente, fue un viento fresco que también, como este movimiento, vino del Caribe. Otra cosa que habrá que agradecer siempre al espíritu, que hoy parece extraviado, del PLN.

Aunque se comprende finalmente que la rendición de cuentas no es un tema para un evento extraordinario anual, sino un proceso de mejora continua y cotidiana; un proceso constructivo, permanente, que seguirá encontrando obstáculo en la inercia de la cultura institucional tradicional y en la falta de voluntad política de los gobernantes que ven en la ciudadanía activa no el gran recurso y aliado que puede ser, sino la amenaza constante que también es para el ejercicio vertical, autoritario y arbitrario del poder delegado.

Una construcción democrática

Queda claro que la democracia participativa que manda la Constitución no caerá del cielo. Requiere un proceso histórico y social que depende de la participación misma. La democracia devendrá participativa en la medida en que se vuelva participante. Eso implica abrir las puertas de las instituciones a una ciudadanía decidida a ocupar su silla responsablemente, para el pleno ejercicio de su derecho a incidir en las decisiones.

La participación debe conducir a ese proceso de empoderamiento sin el cual la palabra soberano no pasará de ser una magnífica ficción jurídica, como decir Estado o comunidad. El soberano demanda organización y método, así como un movimiento consciente, con voluntad política, que se levanta sobre los hombros de una ciudadanía comprometida, consciente de sus obligaciones civiles y responsable con sus deberes patrios. Eso es una revolución democrática que avanza en silencio, pero firme, como toca a quien tiene un rumbo cierto.

Al juzgar los informes presentados por las distintas instituciones parece que estamos en una primera fase que es la lucha por la transferencia y la rendición de cuentas. Es una etapa en que la ciudadanía se concibe como audiencia, como destinataria de información; aún no como decisiva y auditora. Por ejemplo, se mencionó como algo relevante que la información debe ser accesible, no solo por los canales que se usen, sino por el lenguaje mismo y los formatos que la vehiculizan.

Como lo reconociera con honestidad Francisco Flores, de la Asamblea Legislativa, en última instancia la ciudadanía aspira a participar en la elaboración de leyes, pero aún no se cuenta con los mecanismos y recursos que lo hagan posible. Eso es particularmente crítico en relación con algunos grupos, como las personas con discapacidad, o las que sobreviven en condiciones socioeconómicas o de género adversas, por lo demás inaceptables. Sin embargo, poco a poco se irá avanzando más allá de los esfuerzos de transparencia o de consulta hacia la participación efectiva del soberano en la toma de decisiones. La Constitución convoca al Pueblo a ejercer el gobierno de la República como soberano, no solo a orientarlo, controlarlo y evaluarlo. A la luz de ese gran propósito, estamos en pañales, pero el camino se ha ido abriendo de manera perseverante e inteligente.

Un feliz aniversario

A lo largo de diez años, el Movimiento territorios seguros ha venido abriendo un camino que solo se hace ascendiendo desde la base social, desde las comunidades, desde el corazón del Pueblo y con fuerza de mujer. Así se ha ido hallando la metodología para formar ciudadanía consciente y activa (metodología de los triángulos) y para convocar a instituciones que vienen avanzando en el tema de participación. Habría que reconocer por lo menos la inclusión desde el principio del Poder judicial y de las universidades públicas, dicho a modo de ejemplo.

Así se ha venido abriendo un espacio de diálogo entre ciudadanía y funcionarios que hoy es un referente a escala internacional. Queda sin duda mucho por andar, pero la dirección ya está trazada. El movimiento construye territorios de paz gracias al concurso de ciudadanos activos y funcionarios que comprenden que son ante todo servidores públicos. Por eso, constituye hoy, por méritos propios, la vanguardia de la democracia participativa, exigida por el artículo 9, según se reformara en el 2003, y el artículo 11, que establece que los funcionarios son «simples depositarios de la autoridad» obligados a informar, rendir cuentas y ser evaluados.[1] ¡Larga vida a este heraldo de paz social!

[1] Constitución de la República de Costa Rica.

Foto de cabecera: Mayo del 2019. Segundo congreso del Movimiento de Ciudadanía que construye Territorios Seguros.

Ministro de Hacienda: mejor pobreciticos

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Recibí un video sobre cómo está enfrentando Alemania las consecuencias socio-económicas de la pandemia. Sorprendido por sus medidas atrevidas y visionarias, lo que parecía una noticia falsa más, me di a la tarea de verificar.

Efectivamente, ese país no ha escatimado esfuerzos y recursos para evitar el colapso económico y social. Se atreve a romper su política de cero déficit fiscal y, desde inicios de la pandemia, decide endeudarse por 156.000 millones de euros, para evitar el desempleo y la quiebra de empresas. Ni pensar en vender las “joyas” nacionales. Más bien, empresas como Luftansa son candidatas a una “seminacionalización”[1].

Las medidas para proteger al ciudadano, para los ticos nos parecen de ciencia ficción: no pago de alquileres, postergación del pago de deudas, financiamiento a empresas pequeñas y grandes. La mayor parte del fondo es para garantizar empleo y rescatar empresas de hasta diez trabajadores.

Mientras tanto, en nuestro país se le sirvió en bandeja de plata a la empresa privada para que despidiera o subcontratara, lo que ha disparado el índice de desempleo a más del 20%. Y ahora, el nuevo Ministro de Hacienda nos dice que “el país necesita que todos nos hagamos chiquiticos, porque la pandemia hizo a esta economía más chiquita”. En términos futbolísticos invita replegarse, evitar salir a la ofensiva. O sea, contraer la economía, siguiendo los dictámenes de la “pandemia” (UCCAEP, FMI). Todo lo contrario a lo que está haciendo Alemania.

Por supuesto que las comparaciones tienden a ser odiosas, más cuando no guardamos las distancias entre la situación de países pobres y ricos. Sin embargo, algo tenemos que aprender en doble vía. Claro, no podemos comparar a uno de los países de la Unión Europea que cobra un 55% de impuestos a los que más tienen con este país donde el impuesto a la renta promedio es de un 22.5%, candidato a la OCDE donde el promedio es de un 38%.

Más aún, un país donde las concesiones a los sectores empresariales y financieros más poderosos son vergonzantes e indignantes. O sea, al declarar cero ganancias, se les está permitiendo estafar y quebrar al Estado. Solo en impuestos evadidos se alcanza a la cuantiosa suma de 2.870.000.000.00 (2 billones 870 mil millones por año), el equivalente a un 8.2% del PIB; y en exoneraciones 2.100.000.00 (2 billones 100 mil millones de colones por año), lo que representa un 6,2% del PIB[2].

El nuevo ministro de Hacienda busca salvarlo con políticas de empequeñecimiento, atendiendo al mandato de esos sectores que solo les interesa reducir el sector público, y quitarle músculo al Estado, es decir, capacidad para regular el mercado. Y, así, seguir usufructuando de sus jugosas ganancias. “En río revuelto, ganancia de pescadores”. El ministro apela a la vieja excusa de salvar a los pobres, cuando lo que está haciendo es salvando a los ricos y hundiendo al país entero.

El economista Bernal Jiménez ha señalado que “con hacernos chiquiticos, la economía menguará, se reducirá el PIB y aumentará la desocupación y la pobreza […] reducir el nivel del presupuesto contrae la economía”. Efectivamente, lo que se busca es hacernos más pobreciticos de lo que ya somos, donde se hacen pruebas de Covid19 muy selectivas por falta de recursos.

Y es que ya hace rato nuestros anémicos gobiernos se vienen conformando con poco, conduciendo al apocamiento del país. ¡Qué gran daño! El gobierno de Oscar Arias celebró paliar la crisis del 2008, sin impulsar ninguna medida tributaria sustantiva, solo con paliativos asistencialistas. El de Luis Guillermo Solís celebró la reducción de la tasa de hogares pobres en un 0.5% en dos años (2016-2017). Y el gobierno de Carlos Alvarado con logros pírricos en reducción del déficit fiscal, mientras justificó la aprobación de un plan fiscalista que golpea a los pobres y a la clase media y premia con amnistías a las grandes empresas evasoras[3].

Mejor pobreciticos. Por este camino, estamos jodidos ¿Cuándo vamos a jugar a la ofensiva: reactivación económica con justicia social?

[1] https://www.dw.com/es/alemania-aprueba-un-contundente-plan-econ%C3%B3mico-contra-las-consecuencias-del-coronavirus/a-52891560

[2] https://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/costa-rica-calcula-evasion-fiscal-en-82-del-pib/GB4YDJLQYRBVNK7ISFH3WCEOZA/story/

http://wwhttpsw.nacion.com/el-pais/politica/exoneraciones-fiscales-casi-equiparan-monto-del/FX6XOJXJZZF6ZIZVYCIJLS76SE/story/

[3] https://semanariouniversidad.com/opinion/costa-rica-un-pais-apocado/

Imagen: INEC editada.

Sector de la Belleza solicita que les dejen trabajar

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

SURCOS recibió el siguiente comunicado:

“La Comisión Costarricense de Técnicos en Belleza les informa:

Les compartimos esta propuesta. Por parte de la CCTB, agradecer a la academia IECSA por brindar la iniciativa.

La Comisión Costarricense colaboró en la redacción del texto.

  1. Métase a su perfil de Facebook.
  2. Dale clic a la foto de perfil.
  3. Agregar marco y lo buscan con el nombre: #NecesitamosTrabajar.
  4. Agregar marco.

Pueden buscar ya este marco.

En el sector del Cuidado e Imagen Personal, constituimos más de 50,000 pymes, que aportamos a la Economía Nacional, somos empresa privada en las modalidades de: estilistas, barberos, manicuristas, maquillistas, esteticistas, masajistas, maso terapeutas, entre otros. Somos jefas de hogar, población LGTBQ y jóvenes que contribuimos con la reducción de la pobreza.

Urge reactivar nuestras labores el próximo lunes 20 de julio para poder seguir aportando a la economía y salir adelante con nuestras familias.

Hemos sido empresarios responsables, cumplido con todos los lineamientos del Ministerio de Salud en relación al Covid 19 y estamos preparados para recibir a nuestros clientes, protegiendo su salud y la nuestra”.