Juan Carlos Durán Castro, secretario de Seguridad Social de la Confederación de Trabajadores Rerum Nocarum nos ofrece su lectura de la elección de presidencia realizada en la Unión de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP). Le invitamos a escuchar su análisis.
Comunicado
El Movimiento Ciudadano Nacional que agrupa a las pymes de Costa Rica estima que hace falta una mirada más PYME en la toma decisiones.
Somos el sector más eficiente de la economía: según el INEC hoy podemos decir que somos 400 mil empresas que generamos 680 mil puestos de trabajo, 371 mil personas en trabajo independiente.
Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) aportamos a Costa Rica un 47% del empleo total y el 30% del PIB (producto interno bruto.)
Las PYMES representamos el 95% del parque total en el país. Es por esto que el Movimiento Ciudadano Nacional, que agrupa a las pymes de Costa Rica, tiene como objetivo visibilizar el peso que tiene nuestro sector y trabajar de la mano con los tres poderes de la república a la hora de implementar políticas públicas.
La crisis que provocó el Covid-19 evidenció que no hay una mirada PYMES, que se requiere impulsar este sector económico y productivo y analizar cómo el Gobierno ha distribuido los recursos a este sector.
Las PYMES debemos tomar conciencia de lo que somos, del lugar que ocupamos y de la necesidad de unir esfuerzos para desplegar todo el potencial de Costa Rica.
Invitamos a las PYMES a sumarse al Movimiento Ciudadano PYMES Costa Rica. Pueden unirse a este grupo de WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/LMrIYxXZHEC9AuF8ER2FTi
¡Llego la hora de las PYMES!
Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense
La avalancha de lugares comunes, de frases acartonadas repetidas hasta el cansancio, la repetición de verdades a medias, o de mentiras a lo sumo piadosas, el encierro dentro de las percepciones colectivas de nuestro entorno, propias de algunos grupos o clases sociales o de los “patriotismos” adscritos a los estados nacionales, las que nos impiden –por así decirlo- ver más allá de nuestra propia nariz, conforman un conglomerado de equívocos y sinrazones inconmensurables, las que han terminado por petrificar e imposibilitarnos la asunción del “recuerdo” de un acontecimiento histórico determinado, como algo que vaya más allá de los mitos o de las profecías autocumplidas o no, acerca de la imposibilidad de escapar a la fatalidad de un cierto destino “histórico” que nos acecha, sin importar lo que hagamos o dejemos de hacer, llevándonos en muchos casos a sumirnos en las más inútiles y esterilizantes lamentaciones. Sucede así que el hecho histórico, en su especificidad, es por lo general asumido de manera fragmentaria, dentro de la óptica de un cierto presentismo y de una ubicuidad espacial a ultranza que nos impiden captar el sentido y la presencia de poderosas corrientes sociales, las que van mucho más allá del hecho en sí mismo, y que actúan como poderosos ríos subterráneos que amenazan con arrasar cualquier esperanza para una acción, de verdad revolucionaria en términos de la praxis y de la forja del conocimiento, a partir del cual aprendamos de verdad de las enseñanzas implícitas en los acontecimientos históricos, conduciéndonos a retomar los caminos de la acción y la rectificación de lo actuado en cierta coyuntura, recuperando la memoria de nuestros muertos y de nuestros combatientes, aún en medio de la desesperanza, destacando el sentido de esas luchas para que no terminen siendo cooptadas para los intereses de unas clases dominantes que no han cesado de vencer (Walter Benjamin, dixit, sexta tesis sobre la historia).
La conmemoración de los cincuenta años del triunfo electoral de la Unidad Popular Chilena (el 4 de septiembre de 1970) y de los trágicos acontecimientos, acaecidos tres años después, exteriorizados en un primer momento por la brutal naturaleza del golpe militar del 11 septiembre de 1973, con el que se puso fin al gobierno del presidente Salvador Allende (los mil días de la Unidad Popular Chilena) y se dio inicio a una era, no sólo de terror y de muerte masivas, sino también de una reingeniería social retrógrada con pérdida de las conquistas sociales y económicas, alcanzadas tras décadas de duras luchas de la clase trabajadora, no sólo en Chile, sino en el resto de los países de la región( Argentina, Uruguay, Bolivia, Brasil, Paraguay, Perú y Ecuador), debe ir acompañada de un cuidadoso análisis de lo que en efecto ocurrió. Sin dejar de destacar la importancia de los hechos del 11 de septiembre de 1973, ubicándolos en su contexto nacional y dentro de la especificidad de la historia chilena, no podemos dejar de insistir en que se trató apenas de una parte de un evento histórico de más larga duración, y con alcances geopolíticos que trascienden con mucho los hechos luctuosos, tanto de aquel día como de los terribles años que siguieron. El golpe militar en Chile, considerado desde una perspectiva más amplia, fue apenas una parte de una contrarrevolución global y regional que se tradujo en el Plan Cóndor y cuyos orígenes pueden llegar hasta los tiempos del golpe militar contra el general Juan Domingo Perón, en el mes de septiembre de 1955 o bien, al derrocamiento del presidente brasileño Joao Goulart, en abril de 1964, con los que se puso fin a la era de los odiados “populismos” peronista y varguista en los dos países más extensos de la América del Sur.
La falta de reflexión crítica y la ausencia de una construcción de conocimiento que permitan superar (dialécticamente) esos “agujeros negros” de nuestra historia contemporánea, en todos los países de la región, siguen siendo los factores que impiden a muchas gentes de la “izquierda” mirar en retrospectiva, e intentar acercarse a lo que efectivamente ocurrió hace medio siglo, mientras otra encrucijada histórica tan temible como aquella nos envuelve ahora, sin que hayamos sido capaces aún de sacar las lecciones de lo ocurrido entonces y la importancia de dimensionarlo en sus alcances. El pico más alto de la represión en aquellos tiempos del Plan Cóndor no fue el que tuvo lugar en Chile, a pesar de lo dura que fue allí la represión, más bien fue la dictadura militar argentina, de más corta duración es cierto (1976-1983), precedida por la criminal traición de la derecha peronista, la que marcó el exterminio de toda una generación de jóvenes revolucionarios e importantes líderes y militantes de las organizaciones de la clase trabajadora, con más de treinta mil detenidos desaparecidos, además de que la Argentina fue desindustrializada en beneficio del capital financiero y de los intereses imperialistas durante esos años, tal era el odio hacia la clase obrera que tenía la vieja oligarquía rural en el país situado al otro lado de la Cordillera de los Andes. Empecemos por la verdad y un dimensionamiento más aproximado de lo ocurrido para empezar a marchar de nuevo, tal vez a la manera de Sísifo pero esperanzados y poniéndole cara a la realidad.
Observatorio Ciudadano Municipal
Durante los primeros cien días del Gobierno Local del Cantón Central de Cartago, no podemos dejar de lado que alfabetizar la ciudadanía, en temas medulares propios del quehacer municipal a nivel nacional, es de verdadera importancia lo que nos brindará las herramientas para lograr nuestro objetivo: el análisis de la gestión municipal para lograr la transparencia y la probidad. Debemos empezar por entender la naturaleza y la sustancialidad de los gobiernos locales, o sea, ¿qué es el gobierno local?, mediante su normativa expuesta en el Código Municipal hasta leyes complementarias como la Ley General de Control Interno, la Ley de Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, La Ley de Contratación Administrativa y su reglamento, La ley 8839 Residuos Sólidos y por supuesto la Ley Anticorrupción.
Nuestros representantes deben demostrar la capacidad y preparación para el análisis y la toma decisiones, cada voto negativo o positivo debe acompañarse del análisis correspondiente, su justificación y argumentación. Las grandes políticas, los grandes derroteros, los grandes desafíos para sacar nuestro cantón adelante deben demostrarse que existen. Que haya claridad en los roles de un órgano deliberativo que analiza, evalúa y tomo decisiones en pro del desarrollo del Cantón y direcciona de forma correcta el accionar del rol ejecutivo y administrativo. Aquí no deben dejarse de lado los principios de gobierno corporativo, trabajando en ese desarrollo social, político y económico del Cantón dejando a un lado intereses que distancian la labor transparente. Hoy más que nunca y debido a la grave situación que enfrenta el país la cohesión del Consejo Municipal, en el análisis claro, con conocimiento y argumento, será de vital importancia en la toma de decisiones.
Todo lo anterior no será posible si el ciudadano no dimensiona la responsabilidad que se le encomienda en los Artículos 9 y 11 de la Constitución Política de Costa Rica. Donde el ciudadano entiende la responsabilidad de incidir en la toma de decisiones que oriente el uso correcto de la institucionalidad en pro de sus necesidades. Una ciudadanía proactiva y propositiva de sus necesidades, que entienda el quehacer de los representantes que ha elegido para la administración e inversión de sus recursos y que de igual forma formula el proceso de rendición de cuentas para corroborar el impacto y el buen uso de esos recursos. La transparencia en la gestión será el punto de observancia, la ignorancia no nos convertirá en cómplices de lo incorrecto y las malas prácticas que han tratado de formar parte de la cultura institucional.
La Asociación Latinoamericana de Enseñanza e Investigación en Trabajo Social invita a participar de esta sesión del ciclo de debates Pandemia y Trabajo Social: reflexiones y comprensiones.
En esta oportunidad se analiza el tema Vulnerabilidades y resistencias sociales asociadas con la pandemia.
Participantes:
Lewis León, Universidad de Cartagena, Colombia
Hannia Franceschi, Universidad de Costa Rica, Costa Rica
Marisa Mesina, Instituto Vasco de Quiroga. México
Jorge García, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú
Olga García, comentarista, AMIETS, México
Viernes 11 de setiembre a las 5 de la tarde
https://www.facebook.com/bivits/
Biblioteca Virtual de Trabajo Social
Compartimos el breve mensaje de Salvador Allende compartido con SURCOS por Óscar Jara Holliday:
La Sala Constitucional declaró “sin lugar” el recurso interpuesto por Angie Gabriela Durán Granados contra Elides Rivera Navas, Pablo Sibar, Robert Alexis Morales Villafuerte, Roxana Figueroa Calderón y Vinicio Navas Nájera.
Durán Granados alegó que “su familia tiene más de 45 años de vivir en el lugar y son propietarios de una soda ubicada en una parte de la casa en la que residen”. Reclama que “desde siempre se han abastecido de agua de la naciente de una quebrada cercana a la vivienda, tanto para consumo, como para limpieza, riego y el cuido de los animales que tienen”. Dice que la toma de agua fue dañada por las personas a quienes acusa. Añade que, “si bien la naciente se encuentra dentro del territorio indígena”, el Estado se reservó los ríos, quebradas, el subsuelo y caminos públicos.
Por su parte la representación del pueblo brörán respondió que “no es totalmente cierto que los y las accionases residen de manera permanente en este lugar”. Detallaron que el terreno en disputa está totalmente comprendido dentro del Territorio Indígena de Térraba y que la recurrente Hilda Valentina del Carmen Granados Solís desarrolla distintas actividades en el área tales como bar, restaurant y cabinas, cancha de fútbol y peleas de gallos.
Asimismo, indicaron que Granados “metió un tractor de oruga en la rivera del Río Grande de Térraba para remover vegetación y tierra, realizando daños ambientales y de patrimonio cultural en un sitio arqueológico, por lo que el MINAET, SINAC y el Museo Nacional tuvieron que intervenir dichas acciones destructivas”. Agregaron que el territorio en disputa ha sido ocupado de manera irregular ya que este forma parte del Territorio Indígena de Térraba y mediante Ley Indígena No. 6172, no es permitida su posesión ni su explotación por parte de personas no indígenas, como lo son en este caso las personas accionantes.
El testimonio del grupo representante de la comunidad de Térraba añade que “no es cierto que el agua solamente la requieran los amparados para las necesidades vitales de la familia, pues se usa para atender la chanchera, el restaurant y cabinas, para riego y todo lo demás que conlleva la operación de su negocio que está en ampliación.
Esta comunidad indígena es beneficiara de las medidas cautelares 321/12 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y peticionarios del caso 14026 ante esa misma comisión; así lo hicieron notar en su respuesta a la acción de Granados.
La Sala Constitucional señala que en el Juzgado Agrario de Buenos Aires se tramita un proceso sobre la posesión del territorio, además, que el 31 de julio del 2020 un arqueólogo del Departamento de Antropología e Historia del Museo Nacional de Costa Rica dirigió a la Fiscalía de Buenos Aires una denuncia contra Hilda Granados Solís por, supuestamente, realizar trabajos de nivelación en un terreno ubicado en el lugar indicado en este amparo en donde existe evidencia arqueológica de actividades domésticas y funerarias indígenas.
La Sala indicó que al no darse los requisitos de admisibilidad y al existir un proceso en la vía agraria el amparo no resulta procedente.
La Sala Constitucional declaró “sin lugar” el recurso interpuesto por Angie Gabriela Durán Granados contra Elides Rivera Navas, Pablo Sibar, Robert Alexis Morales Villafuerte, Roxana Figueroa Calderón y Vinicio Navas Nájera.
Durán Granados alegó que “su familia tiene más de 45 años de vivir en el lugar y son propietarios de una soda ubicada en una parte de la casa en la que residen”. Reclama que “desde siempre se han abastecido de agua de la naciente de una quebrada cercana a la vivienda, tanto para consumo, como para limpieza, riego y el cuido de los animales que tienen”. Dice que la toma de agua fue dañada por las personas a quienes acusa. Añade que, “si bien la naciente se encuentra dentro del territorio indígena”, el Estado se reservó los ríos, quebradas, el subsuelo y caminos públicos.
Por su parte la representación del pueblo brörán respondió que “no es totalmente cierto que los y las accionases residen de manera permanente en este lugar”. Detallaron que el terreno en disputa está totalmente comprendido dentro del Territorio Indígena de Térraba y que la recurrente Hilda Valentina del Carmen Granados Solís desarrolla distintas actividades en el área tales como bar, restaurant y cabinas, cancha de fútbol y peleas de gallos.
Asimismo, indicaron que Granados “metió un tractor de oruga en la rivera del Río Grande de Térraba para remover vegetación y tierra, realizando daños ambientales y de patrimonio cultural en un sitio arqueológico, por lo que el MINAET, SINAC y el Museo Nacional tuvieron que intervenir dichas acciones destructivas”. Agregaron que el territorio en disputa ha sido ocupado de manera irregular ya que este forma parte del Territorio Indígena de Térraba y mediante Ley Indígena No. 6172, no es permitida su posesión ni su explotación por parte de personas no indígenas, como lo son en este caso las personas accionantes.
El testimonio del grupo representante de la comunidad de Térraba añade que “no es cierto que el agua solamente la requieran los amparados para las necesidades vitales de la familia, pues se usa para atender la chanchera, el restaurant y cabinas, para riego y todo lo demás que conlleva la operación de su negocio que está en ampliación.
Esta comunidad indígena es beneficiara de las medidas cautelares 321/12 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y peticionarios del caso 14026 ante esa misma comisión; así lo hicieron notar en su respuesta a la acción de Granados.
La Sala Constitucional señala que en el Juzgado Agrario de Buenos Aires se tramita un proceso sobre la posesión del territorio, además, que el 31 de julio del 2020 un arqueólogo del Departamento de Antropología e Historia del Museo Nacional de Costa Rica dirigió a la Fiscalía de Buenos Aires una denuncia contra Hilda Granados Solís por, supuestamente, realizar trabajos de nivelación en un terreno ubicado en el lugar indicado en este amparo en donde existe evidencia arqueológica de actividades domésticas y funerarias indígenas.
La Sala indicó que al no darse los requisitos de admisibilidad y al existir un proceso en la vía agraria el amparo no resulta procedente.
Información enviada a SURCOS por Pablo Sibar.
Yamileth González García, Colectivo Mujeres por Costa Rica
En el contexto actual, frente al desarrollo de una pandemia que ha trastocado el sistema educativo mundial y, desde luego, el nacional, los desafìos que enfrenta la educación son profundos, nada volverá a ser como lo era antes del COVID-19.
El año 2020 fue declarado, por el Consejo Superior de Educación, MEP, como el año de la Transformación Educativa, precisamente, buscando continuar el camino emprendido “Hacia una Nueva Educación”; con la idea de que, además de enfrentar los típicos problemas de acceso y de cobertura, se asumiera, también, la importancia de una educación para la vida y la convivencia, una educación con enfoque en derechos humanos y basada, sobre todo, en el desarrollo de destrezas y habilidades.
La pandemia ha mostrado, algunas de las vulnerabilidades del sistema educativo nacional: la desigualdad imperante y la poca preparación existente para pasar masivamente a la educación digital y a distancia. También nos ha permitido ver algunos rasgos positivos de nuestra sociedad y del colectivo de los y las educadoras, que han trabajado con mucha solidaridad y dando una respuesta clara a los desafíos.
Es justo reconocer que educadoras y educadores han tenido un papel esencial, adaptándose a una nueva forma de enseñar y de aprender, al ir desarrollando todo un sistema de educación a distancia, que, en buena medida, es lo que les ha permitido mantener su labor educativa. Lo han hecho con una dedicación y entrega admirable, con sus propios recursos, pagando el Internet, la electricidad, el teléfono celular y …, convirtiendo sus casas en aulas, demandando a sus familias silencio mientras desarrollan las clases, etc. Siempre hemos creído en la necesidad de una dignificación de la profesión docente y la pandemia da base sólida para emprender esa tarea.
Han tenido que capacitarse en la marcha y por su propia iniciativa, enfrentándose a circunstancias inéditas, implementando metodologías novedosas y han mostrado que la educación del futuro, en todos sus niveles, no podrá prescindir de las herramientas de la educación a distancia; que quizás no sea el único camino a seguir, pero sí, uno y muy importante. El uso de plataformas como Zoom, Teams, la Radio, el WhatsApp, la televisión, los correos electrónicos llegaron a la educación para quedarse. Se derrumba el mito de que la educación y los educadores no cambian.
El uso de las tecnologías, en estos meses de la pandemia, ha sido clave, por varias razones: para mantener el vínculo entre educadores y estudiantes; lo ha sido para que los estudiantes se acerquen más y con mayor confianza al grupo y se expresen más libremente; para fortalecer la comunicación con los hogares (educadores, madres y padres han tenido que realizar un trabajo más en colaboración para cumplir con la tarea educativa); así alumnos, educadores y familias y sociedad estrechan la relación.
Es de esperar, entonces, que la educación, posterior a la pandemia, use, con más intensidad, las tecnologías de la educación a distancia, como una herramienta de apoyo fundamental. La Radio, por ejemplo, ha mostrado, una vez más, su efectividad y es de esperar que las radioemisoras rurales tengan un papel de mayor protagonismo en la enseñanza.
Ya desde antes de la pandemia, se conocía el significativo papel que las tecnologías y el Internet tienen para el desarrollo educativo, no obstante, hoy en día, más que en cualquier otro momento de la historia, se ha puesto en evidencia su importancia. Lo anterior no quiere decir que no se encuentren desafíos significativos en su quehacer, sobre todo en lo que tiene que ver con la equidad y la inclusión de la población más vulnerable y marginada.
Como lo refiere Andreas Schleicher, director de Educación en la OCDE[1], “Los estudiantes privilegiados consiguieron sortear rápidamente las puertas cerradas de los centros y encontrar vías hacia oportunidades de aprendizaje alternativas apoyados por sus padres y deseosos de aprender; los de familias desfavorecidas se quedaron fuera cuando las escuelas cerraron”. (Simón Granja Matías, en ¿Cómo será la educación después de la pandemia?, El Tiempo, 2020).
La Unesco, por su parte, ha evidenciado esa realidad, al señalar que la mitad del total de los alumnos en el mundo –unos 826 millones de estudiantes– que no pueden asistir a la escuela debido a la pandemia, no tienen acceso a una computadora en el hogar y el 43 % (706 millones) no tienen Internet. Una situación que afecta a hijos e hijas de vendedores ambulantes, de trabajadores rurales, de empleadas domésticas, etc.
Es importante dejar claro, también, que los tiempos del COVID-19 han reafirmado la importancia de la educación presencial. Un ámbito y una metodología que muestra su valor, como espacio de socialización, de encuentro y de aprendizaje. Esa aula presencial, donde todos comparten un mismo lugar, ese encuentro, esa reunión que da la posibilidad de estar juntos, sin importar el origen, la etnia, el género, se ha mostrado, también, imprescindible. La pandemia enseña la importancia de la socialización para aprender.
El aula tradicional, se vuelve, entonces, muy necesaria, como un espacio en el que si bien, como han señalado algunos estudiosos, no se logran borrar las diferencias sociales, las condiciones son mejores para los que menos tienen. Además, se ha visto en forma reiterada, que el encerramiento tiene facetas muy perjudiciales para la niñez y la juventud. La mayoría añora el regreso al aula y expresan su angustia, temor y estrés frente a los encerramientos.
Por otra parte, las condiciones en que vive la población estudiantil, muestran diferencias muy marcadas según su situación socioeconómica; algunos tienen todo lo que se requiere para realizar el estudio (casa, una habitación propia, buen acceso a Internet, computadora personal …) pero, muchos otros carecen del mínimo necesario, como es el acceso a Internet, una computadora…; a menudo tiene que compartir, equipos con hermanos o con padres que hacen teletrabajo; viven con muchas otras personas y con padres y madres sin las condiciones adecuadas para apoyarles.
También ha quedado en evidencia, que tanto los estudiantes, como los maestros encuentran muy agotador estar en las pantallas todo el día, es decir, la virtualidad no es la respuesta total, ni es la panacea. Los desafíos a los que se enfrenta la educación a distancia tienen que encontrar una salida, si se quiere avanzar hacia una nueva educación.
El director de campus y educación secundaria de La Grande Boissière, Escuela Internacional de Ginebra, Conrad Hughes, en un artículo para el Foro Mundial Económico, plantea una disyuntiva: “¿Volveremos al aprendizaje pasivo tradicional frente a un tablero, o nos moveremos a un nuevo camino centrado en el bienestar de los estudiantes y en la reducción de las profundas desigualdades del aprendizaje global? ¿qué camino tomarán los educadores y las escuelas, los padres y los estudiantes, los gobiernos, la humanidad?”.
En una investigación de la OCDE recién publicada sobre la educación después de la Covid-19, se dan algunos lineamientos de cómo debe ser ese cambio, se resalta que “…el éxito en la educación tiene que ver con la identidad, la capacidad de intervención y las metas. …En el pasado, el saber se recibía; en el futuro tiene que generarlo quien vaya a utilizarlo. Antes, la educación era básicamente temática; en el futuro deberá basarse más en proyectos, en construir experiencias que ayuden a los estudiantes a pensar más allá de los límites de las disciplinas temáticas” … “El pasado era jerárquico; el futuro será colaborativo y reconocerá que tanto los enseñantes como los estudiantes son recursos y cocreadores”. Las nuevas políticas que orientan hoy en día la educación en Costa Rica están enmarcadas en esa visión de futuro que indica la OCDE. La Transformación Educativa declarada este año, se desarrolla en ese marco de cambio y avance.
Se conocen los problemas del sistema educativo nacional y las alternativas para transformarlo; se sabe que antes del COVID-19 existían condiciones estructurales complejas, como el financiamiento, la cobertura, el abandono escolar, la desigualdad… que la pandemia, sin duda, las va a acrecentar y a mostrar la urgencia de avanzar hacia un nuevo camino. Un reto en el que los principios de la Agenda de Educación 2030 son más relevantes que nunca y en el que el financiamiento estatal no puede disminuir si queremos avanzar hacia una Costa Rica que supere la problemática actual.
Como lo dice la UNESCO, hay tres compromisos fundamentales que hay que tener presente siempre, como son, la educación pública, los bienes comunes y la solidaridad. No es el momento de dar un paso atrás y debilitar estos principios, sino de reafirmarlos y reforzarlos. Se tiene la oportunidad de proteger y promover, aún más, la educación pública, fortalecer los bienes comunes mundiales y fomentar la cooperación internacional a medida que se despierta nuevamente la solidaridad. “Sería conveniente aprovechar la ocasión, ya que la historia nos ha enseñado que los cambios transformadores pueden ocurrir repentinamente y, a menudo, en el período inmediatamente posterior a una crisis”. Unesco, 2020.
En la Costa Rica del bicentenario se debe garantizar el papel clave de la educación para avanzar hacia el desarrollo, para poner fin a la pobreza y para eliminar la desigualdad y la injusticia.
[1] OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Organismo intergubernamental de carácter mundial al que costa Rica ingresó recientemente.
Organización Política Carmen Lyra
Durante esta semana han salido a la luz los presuntos culpables de los asesinatos de María Luisa Cedeño y Allison Bonilla, y en lo que llevamos del año, según el Observatorio de violencia de género contra las mujeres y el acceso a la justicia, se han registrado 9 casos de femicidios reconocidos judicialmente en Costa Rica.
Estos femicidios son una evidencia irrefutable de lo violento que es este sistema patriarcal y machista con el que tenemos que convivir día a día las mujeres, un sistema que quiere mantener siempre el control de nuestro cuerpo, y en caso de que alguna de nosotras reaccione de manera negativa o confrontativa ante este control, se le trate de manera violenta, denigrante y agresiva contra nuestra integridad física, psicológica y sexual.
Las formas bajo las cuales se llevan a cabo estos feminicidios y se realiza su investigación solamente nos recuerda y reafirma la necesidad de reivindicar la condición de humanidad de las mujeres como personas que merecen ejercer su vida con dignidad. El papel trascendental que juegan las mujeres en el desarrollo de una sociedad más justa, digna y equitativa se ve minimizado con las formas de violencia que se normalizan.
Los deficientes procesos judiciales en los cuales no se prioriza la búsqueda de los asesinos ni la claridad de sus condenas evidencia la poca importancia que le dan las autoridades de la materia a las vidas de las mujeres. Pero esta solo es una parte de la cultura de violencia hacia las mujeres que debe de eliminarse. La cultura de prevención de la violencia está sumamente minada y olvidada, y es allí donde se debe promover que las vidas de las mujeres importan tanto como la de cualquier ser humano que habita la tierra.
Las condiciones actuales nos exigen un profundo replanteamiento del valor que se le da a las labores de cuido en esta sociedad. No hay que olvidar que esta labor ha recaído históricamente sobre las mujeres como un papel secundario; sin embargo, es a través del cuido y la crianza que se forman los seres humanos, y es a través de ellos que podremos crear más y mejores condiciones para lograr que las mujeres seamos al fin libres de realizarnos como personas con todo nuestro potencial.
Mientras esta situación no cambie, viviremos con sentimientos de rabia y de tristeza a la vez, y es esta combinación de sentimientos lo que nos permite tomar las acciones que sean requeridas para evitar que las vidas de las mujeres sean asesinadas y ultrajadas de su dignidad.
Desde la Organización Política Carmen Lyra apoyamos y nos solidarizamos con las acciones feministas ejecutadas en el país, y condenamos rotundamente que se sigan cometiendo femicidio, asesinando a las mujeres solo por el hecho de serlo. Hacemos un llamado a las autoridades a que tomen todas las medidas requeridas para que las personas culpables cumplan las penas correspondientes, y a la sociedad para que reflexionemos sobre los principios que están manteniendo nuestras relaciones actuales.
Datos 2020: https://observatoriodegenero.poder-judicial.go.cr/images/Estadisticas/Femicidio/Documentos/Femicidio_2020_28agosto_cdr.pdf
Observatorio de violencia de género contra las mujeres y acceso a la justicia: http://observatorio.mj.go.cr/observatorio-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-y-acceso-la-justicia
M.Sc. Rodrigo Arias López
Lic. Rafael Ángel Ugalde Quirós
Los mega huecos ocasionados a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS o Caja) por políticos y empresarios, ampliamente difundidos últimamente por medios de prensa, desde el PLN, el PAC, PUSC y sus Gobiernos, se hacen cotidianamente, con el único fin de debilitarla. Van saliendo poco a poco a la luz pública, a pesar del esfuerzo para taparlos incluso, desde la misma institución y el Ministerio de Hacienda (MH). Y eso que la Fiscalía General de la República (FGR) ha prometido combatir a fondo estas cosas.
Es increíble como “jinetean” el dinero de los trabajadores quienes terminan engañados como pensionados después de pagar primas duplicadas a la CCSS recibiendo jubilaciones de hambre, ofreciéndoles la institución, listas de espera, falta de equipo, medicamentos y un llamado a “socializar” una reforma al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) que fue conducido a la quiebra. Algo parecido ha pasado en otros países latinoamericanos; en Colombia, por ejemplo, las mafias del poder se robaron el Seguro Social (Así se robaron…https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11420683).
Durante años los gobiernos del PLN, PUSC y PAC simularon preocupación por el futuro de la Caja; sin embargo, el ejemplo más reciente de la farsa fue publicado en estos días por diversos medios. “Caja inicia ejecución de sentencia para recuperar casi ₡6 billones que le adeuda el Estado” aparece en titulares del Semanario Universidad (https://semanariouniversidad.com/ultima-hora/caja-inicia-ejecucion-de-sentencia-para-recuperar-casi-%E2%82%A16-billones-que-le-adeuda-el-estado/), que informa:
“La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) presentó formalmente la ejecución de sentencia por la deuda de casi ₡6 billones que tiene el Estado con la institución debido al traslado del primer nivel de atención en salud.
Esa decisión fue comunicada por el presidente ejecutivo de la Caja, Román Macaya al diputado del Frente Amplio, José María Villalta.”
El diputado del Frente Amplio José María Villalta, valientemente demandó al Estado en el año 2013 por el incumplimiento del giro a la CCSS de los fondos ordenados por el artículo 9 de la Ley N° 7374. ¿Pero, cómo fue que los políticos de alta alcurnia desde los distintos gobiernos durante años engañaron a los trabajadores presentándose como defensores de la CCSS?, se preguntarán los lectores. Una respuesta resumida es recurriendo a una serie de mecanismos muy parecidos a una especie de lavado, fraude de ley, tráfico de influencias, maquillajes de estados financieros, corrupción e impunidad. Trataremos de explicarlo en esta nota y en las próximas.
Cuando se aprobó la universalización del seguro de salud (SEM) con la Ley N° 5349 del 24/09/1973 (http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=32335&nValor3=34110&strTipM=TC ), se trasladó a la CCSS una buena parte del personal del Ministerio de Salud (MS), 22 hospitales nacionales y se le obliga a atender la salud, prácticamente, a toda la población. Solo los programas de atención preventiva de la salud quedaron a cargo de la cartera de salud, según el artículo 6 de dicha ley. Por tal motivo, el MS continuó a cargo de los Programas de Atención Primaria, Ampliado de Inmunizaciones, Cáncer, Tuberculosis, Lepra, Odontología Sanitaria y Control de Enfermedades de Transmisión Sexual, para lo cual el ministerio del ramo continuó con la infraestructura de una parte del personal, 494 puestos de salud y 90 centros de salud, entre otros.
En el año 1993, con la reforma del sector salud impuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y aceptada de rodillas por los políticos criollos, se promulgó la Ley N° 7374 del 03/12/1993 (http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=22571&nValor3=23930&strTipM=TC ), la cual ordenó al Gobierno en su artículo 5, pagar en efectivo todas las obligaciones pendientes (hasta 1993) con la CCSS en un plazo de cuatro años y seguir pagándole en efectivo las obligaciones futuras a partir de 1997. Se cumplió aquello que dice: El papel aguanta lo que le pongan cuando la corrupción es la que gobierna, porque eso fue el disimulo para iniciar uno de los huecos más grandes contra la CCSS y sus cotizantes. Una vez puesta la primera piedra de la obra se impone el artículo 7 para el traslado a la CCSS de los programas antes citados que estaban a cargo del MS y los centros y puestos de salud, motivo por el cual, no solo se derogó el artículo 6 de la Ley N° 5349, sino que en el artículo 8 se autorizó el traslado a la CCSS del personal del MS que estaba a cargo de esos programas. Simulando el derecho a la salud de todos los habitantes, se ordenó a la CCSS “continuar con el proceso de universalización” y “lograr su fortalecimiento, su administración y la prestación integral de ellos”, lo cual significaba para la Caja aumento de inversiones y gastos en adición al costo de la planilla de trabajadores que se trasladó.
La Ley N° 5349, dispone, por otra parte, en su artículo 1 que “La Caja Costarricense de Seguro Social no podrá aceptar ningún traspaso mientras no se le fijen las rentas suficientes para atender el servicio médico a los no asegurados”. Por tal motivo la Ley N° 7374 dispuso en su artículo 9 lo siguiente:
“ARTICULO 9.- El Ministerio de Hacienda, a efecto de cumplir con lo establecido en los artículos 7 y 8 de la presente Ley, tomará las previsiones presupuestarias, para trasladar mensualmente a la Caja Costarricense de Seguro Social los recursos financieros necesarios, a fin de cubrir las nuevas obligaciones asumidas por el traspaso del programa de atención a las personas.”
Sin embargo, nuevamente la corrupción y el tráfico de influencias entraron en acción, ya que durante muchos años de vigencia de la Ley N° 7374, los burócratas y políticos de la CCSS facturaron anualmente a sus camaradas del MH solamente una pequeña fracción del nuevo costo asumido por la Caja; pero sus camaradas no aceptaron la dadivosa bicoca porque ellos pretendían una fracción más pequeña, logrando que transcurrieran más de 25 años sin pagar y sin tomar las “previsiones presupuestarias” que ordena el artículo 9 citado, atenidos, al fin y al cabo, a que la maraña de leyes nunca serian entendida por el pueblo y que la prima duplicada del 15% o más que pagan los trabajadores asalariados al SEM desde el año 1982, alcanzaría para cubrir ese nuevo costo, e incluso, sobraría para acceder a otros mega engaños que se abordarán en otro próximo artículo.
La Asamblea Legislativa, donde por años se aparentó un supuesto debate de ideas (prácticamente inexistente hoy con el “gobierno de unidad nacional” del PAC, PLN, PUSC y un pequeño séquito) tiene responsabilidad, porque para aceptar imposiciones extranjeras simplemente ordenó a Hacienda, sin definir la fuente permanente de los recursos; urgía someterse cuanto antes al FMI, aunque a decir verdad, esto tampoco hubiese sido garantía, pues los dineros ordenados por el artículo 7 de la Ley N° 5349 tampoco llegaron a la Caja. ¿Qué se hicieron esas rentas e ingresos? ¿Dónde están las rentas específicas creadas a favor de la CCSS por el Estado ahí ordenadas? ¿Dónde están esos estudios conjuntos de la Caja y el Ministerio de Salud ahí también ordenados? ¡Sí usted conoce esos estudios, hágale un favor al país, díganos dónde ubicarlos!
Todo lo tenían fríamente calculado para que a la CCSS no le llegaran nuevos recursos. En la página numerada como 53 de la “Memoria del MS 1994” (http://www.asamblea.go.cr/sd/memoriasgobierno/forms/allitems.aspx ) los políticos establecieron que uno de los objetivos de la reforma del sector salud era el “Fortalecimiento Institucional de la CCSS”, con la condición de que la Caja debía “velar por que los servicios que se suministren se ajusten a los recursos disponibles, provenientes de las obligaciones que el Estado, patronos y trabajadores destinen a cada seguro” (página 55). Más claro no canta un gallo.
En los gráficos siguientes se muestra la cantidad de trabajadores y los gastos del MS y la CCSS, usando como fuente las memorias del MS y la página web de la CCSS, entre otras. Los costos del MS corresponden a los asociados con el presupuesto vinculado.
Por ejemplo, en los años 1994, 2000 y 2017, las cantidades de empelados del MS fueron 6.465; 3.864 y 4.914; con reducciones de 2.581 y 1.551 en 2000 y 2017, respecto del dato de 1994. El gasto sobre el PIB pasó de 0,51% a 0,31% en 2000 y a 0,24% en 2017. En la CCSS la cantidad de empleados fueron 27.305; 31.381 y 55.878 en esos años; es decir, en 2017 la cantidad duplicó la que había en 1994. En el caso de los costos sobre el PIB los valores fueron 4,48%; 4,63% y 5,86% en esos años, respectivamente.
Los “maquillistas de oficio”- nadie los conoce pero que de lejos se nota son inexpertos en guarismo –al determinar el monto de las nuevas obligaciones asumidas por la Caja, pretendieron meter gato por liebre a los asegurados (https://neumoexpertos.org/2018/12/03/que-no-te-den-gato-por-liebre-a-proposito-de-una-tribuna/), pues lo estimaron como el 80% del costo de la planilla de 1.515 funcionarios del MS trasladados a la CCSS, más un 30,58% de cargas sociales. “Nadie sabe” los motivos para incluir solo el 80%. Ese “modelo” era tan bueno para el Gobierno que mantenía las 1.515 plazas fijas hasta el fin de los tiempos, con la posibilidad de que, si nadie escudriñaba, a medida que los trabajadores trasladados ya no estuvieran en alguna de esas plazas, entonces se cobraría por los que hubiera. Como este mundo es tan pequeño, se logró escudriñar que ya en el año 2008 solo se cobraba por 1.200 plazas. La perfección del disfraz era tal, que tampoco consideraba costos por servicios no personales, compra de medicamentos, inversiones en ebais, etc. Ni se incluían costos del período 1994-1997. Era un traje a la medida.
En el proceso de la demanda del diputado Villalta, la CCSS y Hacienda trataron de maquillar un poco más al gato con pimienta y comino para que su carne tuviera sabor a liebre, agregando unos recargos por servicios no personales; pero dejando fija la cantidad de plazas en 1.515 y, excluyendo grandes costos de inversión que tuvo la CCSS, así como medicamentos, equipos, etc.; es decir, en el fondo siempre el asegurado comería gato por liebre y Hacienda “caviar marinado”. Para ello elaboraron un “Prospecto de Programas Trasladados del Ministerio de Salud a la CCSS y Propuesta de metodología de estimación de costos complementarios al recurso humano trasladado”. Aunque el MH quería más, decía que cuando todos los trabajadores trasladados fallecieran, se pensionaran o renunciaran, el costo sería nulo. Incluso, era de la tesis que la CCSS solo podía cobrar los costos de 1994 a 1997, para lo cual también tenían un proyecto de interpretación auténtica que sería enviado a la Asamblea Legislativa.
Según los datos de la CCSS, en el año 2014 el gato disfrazado de conejo era equivalente a ₡413.384,79 millones, desglosados como la suma de ₡193.822,48 de las 1.200 plazas hasta 2008; ₡37.553,93 millones de las restantes 350 plazas “olvidadas” hasta 2008 y ₡182.008,38 millones para que el gato tuviera mejor sabor. Ver certificación en:
https://drive.google.com/file/d/1o8wTjWHpRf3mWd83hCz9ThTdBqw-2cG_/view?usp=sharing
Al 30 de junio de 2020 la CCSS tenía una cuenta contabilizada por cobrar al Estado por un monto total de ₡1,9 Billones, de los cuales ₡0,3 Billones eran del IVM y ₡1,6 Billones del SEM. Dentro de estos ₡1,6 Billones aparece el gato disfrazado por un monto de ₡484,3 mil millones, como se muestra en el anexo del oficio GF-DFC-1828-2020 del 31/7/2020; los restantes ₡1,12 Billones son por otros conceptos.
Ver: https://drive.google.com/file/d/1PQA8UOlkOJqH5wZTxO-QsSGE5slH_bwF/view?usp=sharing
La sentencia del 04/12/2015 del Tribunal Contencioso Administrativo (expediente 13-006261-1027-CA) no estableció el monto de la deuda del Estado del artículo 9 de la Ley N° 7374, solamente resolvió
“(…) En consecuencia se acoge parcialmente la demanda establecida por el actor José María Villalta Flores-Estrada contra el Estado, y se condena al Ministerio de Hacienda a cesar en la conducta omisiva y cumplir con la obligación establecida en la Ley N° 7374. A efecto de hacer posible el traslado de los fondos debidos a partir de la firmeza de ese fallo, se dimensiona esta sentencia para que en etapa de ejecución de sentencia y en un plazo máximo de cinco meses el Ministerio de Hacienda y la Caja Costarricense de Seguro Social, de forma consensuada adopten una metodología que les permita determinar el monto que se deberá trasladar de forma mensual a la Caja Costarricense de Seguro Social. Se condena al Estado al pago de los daños y perjuicios ocasionados al Seguro de Enfermedad y Maternidad, originados en la omisión, los cuales serán fijados también en etapa de ejecución de sentencia. Se resuelve sin especial condenatoria en costas. NOTIFIQUESE.”
Sin embargo, en la etapa deliberativa, la CCSS presentó al gato disfrazado de conejo, como puede verse en los ítems 29 al 34 del “RESULTANDO” de la sentencia, páginas 28 a la 34. Ver:
https://drive.google.com/file/d/1x5JEFF5uKny9PB0anoHhD-FGVMjaztyG/view?usp=sharing
El representante del Estado no estuvo de acuerdo con el Tribunal- recordemos los objetivos en la “Memoria del MS 1994”– por lo que presentó apelación. La Sala Primera dispuso en la resolución Nº 00197-2018: “Se declara sin lugar el recurso promovido por el representante de Estado, quien deberá sufragar sus propias costas.” Ver:
https://drive.google.com/file/d/1qXxy9WjUSOh5TvGahuWAS_8FkT88sfwt/view?usp=sharing
Ahora la gente puesta por los partidos políticos dentro de la CCSS presenta para liquidación de sentencia al posible conejo real, ya viejo y con cataratas en los ojos de tantos años de espera, con un bolso gigante para recoger ₡5,93 Billones, en lugar del gatillo flaco maquillado que estaba asentado en los estados financieros con que quisieron engañar a los trabajadores. Esta liebre, es solamente por la deuda del artículo 9 de la Ley N° 7374, un auténtico dinosauro; es decir, no incluye la deuda de ₡1,12 Billones del SEM de otros conceptos, ni la de ₡0,3 Billones del IVM, por lo que, si los jueces no le dan “chiquitolina” al dinosaurio, el monto de la deuda estatal no negociada subiría a ₡7,35 Billones (5,93 + 1,12 + 0,3). Caso contrario, hasta nos podrían recetar de nuevo el gato, incluso más empapelado y con más pulgas que carne.
Llama la atención que dentro de los ₡5,9 Billones de pretensión, se incluyen solamente ₡1,8 Billones de intereses – 46% del principal – usando “la tasa básica pasiva promedio anual” y posiblemente el interés simple. Considerando que la Caja normalmente obtiene en sus inversiones rendimientos reales superiores a un 4%, lo anterior nos conduce a que el mega hueco podría ser superior al monto pretendido. La niña “Pochita” dando su clase de matemática explica que si al principal de ₡3,9 Billones reclamado judicialmente se le incluyera un rendimiento real de interés de 4%, el dinosaurio de ₡5.93 Billones se elevaría con creces al tamaño de una ballena de más de ₡8,5 Billones; ya que como el principal, sigue explicando la “Pochita”, es una deuda de largo plazo, lo esperado es que los rendimientos superen el monto del principal, tomando en cuenta que la tasa de inflación anual promedio de 1994 a 2019 fue 8,7%; pero en el período 1994-2008 rondó el 12,8%. Niños, fíjense, les explicaba la maestra, por ejemplo, ₡1 de diciembre de 1993 vale hoy ₡8,5, tomando en cuenta solo el efecto inflacionario; pero al agregarle el 4% real el valor ahora sería ₡23,5.
La parte positiva; pero dolorosa de este apestoso mega hueco presupuestario urdido por la clase política, es que deja en evidencia el doble discurso y la doble moral con que una vez y otras también, actuó para llevar a la quiebra al IVM, al mejor estilo de Chile de Pinochet y Piñera o del de México de Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón, Vicente Fox o Peña Nieto, una verdadera escuela de disimuladores del “progreso” y “modernización” de sus países.
¿Por qué para la ejecución de sentencia los políticos de la Caja presentaron la liebre gigante en lugar del gato con artritis? ¿Por qué la FGR no ha hecho nada para responsabilizar penal o administrativamente a quienes maquillaron y jugaron con las finanzas de la Caja? ¿Cuántos de estos políticos y burócratas son examinados por la Fiscala General en relación con el cumplimiento de sus deberes?
Nos referiremos en próximas entregas, esperando que el gato siga vivo.