Estamos en Semana Santa. Momento de reflexión y confinados para desacelerar el avance de una epidemia, que tiene la capacidad de acabar con el más pintado si no se cuida. Así le pasó al Primer Ministro de Inglaterra, que sostenía que a esto no había que prestarle mucha atención, que la economía no debía detenerse. Hoy está delicadísimo en cuidados intensivos.
El país y con esto quiero decir, la ciudadanía, debe asumir, como lo establece el Art. 9 Constitucional, su plena responsabilidad para salir adelante, no solo con quedarse en casa, sino –y principalmente-, para asumirse como El Soberano que es, para intervenir en la toma de decisiones sobre lo que debe hacerse, para que Costa Rica salga airosa. Así lo manda la Constitución Política. Somos una República Participativa.
La actitud del gobierno de centralizar todo en Casa Presidencial, incluyendo los acuerdos legislativos, no hace otra cosa, que devolver el proceso de descentralización que había comenzado hace ya algunos años de manera tímida, para volver convenientemente al pasado, al vallecentrismo. Los gobiernos locales que apenas van a asumir este primero de mayo, vuelven a mendigar.
De esta forma, llaman a la población a aceptar con la cabeza baja, los despidos, la reducción de las obligaciones patronales, la reducción salarial, es decir que el pueblo socialice las pérdidas, pero los amigos del gobierno, capitalicen las ganancias. El argumento es que el pueblo debe, en estos momentos ser solidario.
Es claro que el Gobierno no va a permitir que los intereses de quienes se agrupan en el sector económico financiero productivo y de comunicación, de los que se autodenominan empresarios privados, sean tocados.
Si el Gobierno respondiera a los intereses de la ciudadanía, estaría, por ejemplo, suspendiendo el pago multimillonario de alquileres de los edificios donde operan las instituciones, para dirigir esos recursos a atender la crisis del Covid 19. Sus dueños no dependen de esos pagos millonarios, para soportar la crisis. Si el Gobierno fuera responsable, estaría llamando a cuentas a las grandes empresas que durante diez años no pagaron impuestos o que reportaron pérdidas y que siguen sin pagar impuestos, mientras que la ciudadanía, de manera responsable y en medio de su pobreza, paga día a día sus impuestos para sostener este país, pues es gracias a eso que gozamos de la poca paz que queda.
La corrupción y la impunidad como cultura institucionalizada, dio espacio a que una mafia política usurpara el poder de la ciudadanía. Han puesto en crisis la institucionalidad, hoy tienen el mejor terreno para hacer de las suyas, pero no nos representan.
Se nos había vendido la idea que seríamos el primer país del mundo en transformarnos en un Estado Abierto. Es decir, que para no cumplir lo que establece el Art. 11 Constitucional, de la obligatoriedad de los funcionarios públicos a la transparencia y a rendir cuentas, se habilitarían los datos del funcionamiento institucional, a través de sus páginas web. Hoy, desde el gobierno, la transparencia es censurada, centralizaron las decisiones y excluyeron la ciudadanía. La Constitución les estorba.
La crisis no es hoy, será mañana, será en los días que vienen. Si el Gobierno no abre las puertas al diálogo y a escuchar desde cada parte del país, las propuestas de solución, no habrá nuevo pacto social. Será el conflicto y el distanciamiento social, lo que nos enrumbe de cara al desafío que Costa Rica tiene que enfrentar, en un mundo que no será geopolíticamente el mismo.
Aunque algunos estén haciendo números alegres de cara a la elección presidencial y de diputados –que será en un año y ocho meses-, mejor no se confíen. La brecha social, la desigualdad económica y la carencia de oportunidades a la que nos condenaron quienes administraron el país, se profundizará con los nuevos pobres que van a surgir, ahora serán principalmente las Pymes, aquellos emprendedores que verán derrumbarse sus negocios y sus inversiones, porque la riqueza del país, estará encaminada a sostener los amigos del Gobierno.
Es el momento de construir sin manos escondidas, los procesos de trabajo y de diálogo, para mantener la paz y el desarrollo que nos han caracterizado. No una consulta vertical como al Gobierno le gusta. Debe ser un diálogo horizontal, sin exclusiones. Será para rectificar los errores de administraciones irresponsables, para asumir el desafío que nos dejaron los héroes y mártires de nuestra historia, que con su vida y su sangre nos legaron una institucionalidad que a pesar de los golpes que le han dado, ha sabido y demostrado ejemplarmente, enfrentar esta crisis.
En estos momentos de crisis global sanitaria urge un diálogo inclusivo para construir las respuestas en colaboración con la Administración Pública
Carlos Hernández Porras*
La primera preocupación de las organizaciones sociales a las que representamos está siendo atender de la mejor manera posible a las personas que más lo necesitan. Encontramos en ellas ejemplos de responsabilidad y solidaridad, pero también mucha incertidumbre, necesidad y urgencia de respuestas de las autoridades. Nos preocupa el presente y el futuro, y es por ello por lo que instamos a la Administración Pública a lo siguiente:
Emplazamos a que se reconozca nuestra existencia y a que se incluya en el dialogo a otras representaciones. Hemos recibido documentos acabados de parte de las autoridades e instituciones, pero no como producto del consenso con nuestras representaciones.
Redes de la Economía Social Solidaria llama a la democratización de ese diálogo con base en los valores mismos de la Economía Social Solidaria como es la inclusión social.
El propósito debe ser encontrar las mejores soluciones tanto para las situaciones concretas de emergencia, como para las consecuencias sociales y económicas que vendrán y que generan una enorme preocupación e incertidumbre añadida.
Reiteramos nuestra voluntad de cooperación, poniéndonos a disposición para todo aquello en lo que consideren las instituciones que podemos ser de utilidad en este momento crítico para toda la población, y especialmente para la población más vulnerable.
Por lo que llamamos a actuar con sensatez, responsabilidad y voluntad de diálogo inclusivo de parte de las autoridades del sector. Esto debe ser de manera inmediata pues la gravedad de esta crisis representa un alto costo social. Este clamor no es único de nuestro país, sino que en otras latitudes se hace igual reclamo, para ello puede verse este enlace.
El confinamiento, si bien evita la propagación del Covid-19, peligrosamente complica la frágil y delicada situación económica de las organizaciones de la economía solidaria, de las micro y pequeñas empresas. Urge encontrar solución armónica entre ambos propósitos: evitar el contagio y no dejar morir la economía social solidaria.
*COKOMAL S.C / Comisión Dinamizadora – Red Economía Social Solidaria /RedESS Tel. 8950-9945 Facebook cokomal.org/
El investigador y experto en estudios actuariales, máster Rodrigo Arias López envió una carta al licenciado Olger Sánchez Carrillo, auditor interno de la Caja Costarricense de Seguro Social, en la cual presenta denuncia y solicitud “para que se investigue la legalidad y correcta aplicación del acuerdo de Junta Directiva relacionado con la Base Mínima Contributiva y para que se le cobre al Estado el monto del descuento de primas en Invalidez Vejez y Muerte (IVM) y Salud”.
La misiva fue enviada el 5 de abril de 2020 y SURCOS recibió copia.
Arias López transcribe del artículo citado: “La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aprobó este jueves por la noche una reducción de un 75% en la base mínima contributiva vigente en el seguro de salud y en el de pensiones durante los siguientes tres meses, debido a la emergencia sanitaria que actualmente golpea al país”.
“Esto se aplicaría para la facturación de las planillas patronales, aportes de trabajadores independientes (incluye aquellos con Convenio Colectivo) y trabajadores del sector público que reportan jornada parcial según los registros del SICERE, correspondientes a los meses de facturación de marzo, abril y mayo del 2020”.
En el mismo medio se informa que el acuerdo de la junta directiva de la CCSS dice: «Este acuerdo no aplica para la forma de cálculo del monto a facturar al Estado por todas sus obligaciones con la Institución, con excepción de aquellas relacionados a su condición como patrono».
Ante ello, el experto en temas actuariales señala en la carta el auditor de la CCSS que “Lo informado no es completamente claro, no se conoce su impacto, ni si existe algún estudio actuarial que al menos determine el monto de la reducción de ingresos del acuerdo y que analice y justifique su aplicación o pertinencia. Me temo que la Administración de la CCSS lo que está haciendo es una reducción generalizada de un 75% en las planillas de ingresos de los trabajadores independientes, voluntarios, convenio y no estoy seguro si también en el caso de los salarios del sector de asalariados. De ser una reducción generalizada del 75% durante tres meses, podría tener un impacto estimado de 580.000 millones de colones, a lo que se debería agregar el impacto adicional por pérdidas de empleo”.
Ante ello, Rodrigo Arias López solicita que se investigue y se proceda con lo siguiente:
1) Si la Junta Directiva de la CCSS o la Administración de la Caja, están facultadas para realizar una reducción del 75% de las primas, en algunas o en todas las modalidades de aseguramiento de Salud y Pensiones.
2) Si existió un estudio actuarial conforme a los artículos 23, 41 y 42 de la Ley 17 para justificar el acuerdo.
3) Si existió algún criterio jurídico legal para respaldar el acuerdo.
4) Si lo que está aplicando la Administración de la CCSS corresponde efectivamente a lo acordado por la Junta Directiva sobre el asunto.
5) Que esa Auditoría realice un análisis legal para que se recomiende a la Administración de la CCSS y a su Junta Directiva, proceder a facturar al Estado como tal, el monto de esos descuentos, de conformidad con el artículo 73 y 177 de la Constitución Política de la República, a fin de no lesionar las finanzas de esa institución.
Cuando era niño, en los días de Semana Santa prácticamente desaparecía toda actividad que no fuera religiosa. Los autobuses dejaban de correr desde el Jueves Santo a medio día. Cerraban las pulperías y los restaurantes. De manera que si usted no comía en su casa se veía en verdaderas dificultades para encontrar un bocado. No había donde comprar, ningún negocio trabajaba. Algunas Iglesias tenían un comedor al lado, donde las señoras de la parroquia preparaban y vendían variadísimas viandas, y las cocineras se lucían haciendo deliciosos platillos, que por cierto se consumían después de las procesiones, sin faltar los dulces, arroz con leche, panecitos, dulce de chiverre y otros.
En las casas esos días las señoras no cocinaban formalmente, sino que previamente preparaban comidas frías y en conserva y en esa línea tenían además sardinas, atunes, encurtidos.
En el campo a los niños se les impedía jugar, ni subir a los árboles, ni hacer bulla y muchos no se bañaban el Viernes Santo, por temor a convertirse en sirenas.
Pero, así como apagaban las cocinas, también apagaban las emisoras de radio. Sólo quedaban algunas cuántas emisoras, que por lo general eran las emisoras noticiosas como Columbia, Reloj, Monumental, pasando programaciones radiales propias de Semana Santa, representaciones radiofónicas de los Evangelios y momentos culminantes de la historia de Jesús y sus Apóstoles teatralizados, el Mártir del Gólgota y todas estas historias bíblicas que siempre terminaban con un coro de gente gritando ¡Milagro Milagro!
Por supuesto que la televisión tampoco transmitía en Semana Santa. La televisión apagada totalmente.
Por aquel entonces yo era un fan de la radio y siempre estaba oyendo todo tipo de programas, como Woody Allen en “Días de radio”. En Semana Santa sintonizaba en la parte del dial donde no había emisoras locales funcionando y en ocasiones pescaba emisoras de otros países, que entraban al espectro nacional.
Por aquellos días de adolescente en mi casa había mucho rechazo hacia la música rock que era la que yo empezaba a escuchar “rupturando” el gusto y “estrideciendo” la paz familiar. Sobra decir que mi música, que sonaba a otros oídos como “tarros”, no era por aquel entonces valorada como música, ni como arte, en las altas esferas políticas de mi hogar, en resumen, no le gustaba a mi madre, y no la quería para nada. Me acuerdo que una vez iba caminando con mi radio de transistores cuando empecé a escuchar en una de esas emisoras que se colaban de no sé qué país por Semana Santa, un programa que explicaba la evolución de la música sacra. La narración empezaba desde el canto llano y quién sabe qué otras músicas, iba pasando por diferentes manifestaciones clásicas de la música religiosa y culminaba con la ópera rock Jesucristo Superestrella
No puedo describir la alegría que sentí cuando culminó aquella evolución con una ópera rock, porque eso era una valorización de la música que empezaba a descubrir, y con la que me identificaba.
Pero bueno, volvamos al tema acerca de cómo se fue dando la incursión de la televisión y de la música “profana” en la radio, durante la Semana Santa. Debo decir que la incursión de la televisión y la radio, y su tránsito hacia temas profanos en Semana Santa, fue así como de puntillas y con argumentos de que lo hacían por razones religiosas y para llenar las necesidades espirituales del “culto público”. ¿Y cómo no? Quién iba a pensar otra cosa. Casualmente recuerdo que una vez Teletica anunció que:
“Este Viernes Santo, Teletica uniéndose al fervor religioso del pueblo costarricense, programará, – oiga usted- Las Sandalias del Pescador”. Una película que posiblemente todavía la esté pasando y que trata sobre la historia de un Papa. Y así fue como con este pretexto y con esta estrategia, esta emisora empezó a abrir la programación en Semana Santa, iniciando claro está, con temas religiosos.
Y es que hay que admitir que Teletica fue en el pasado una emisora terriblemente moralista y santulona, y no fue sino en los últimos tiempos que capituló con rumbo a las Narconovelas y otros temas más mundanos y escabrosos, pero también más redituables.
Un recorrido parecido tuvo la radio.
Recuerdo que radio Juvenil, que era la emisora de la música rock, también apagaba en Semana Santa. No obstante, en su momento, también empezó, incursionando de puntillas, programando, ¿qué creen?, un especial de Jesucristo Superestrella.
Pero igual ocurrió con otras empresas y establecimientos comerciales. Y un día de tantos, para servir a la comunidad religiosa, y esto y el otro, Pizza Hut decidió abrir solo por un rato, nada más, para ofrecer comidas para las personas que así lo requieran. Y de este modo como de puntillas, poco a poco, empezaron también las empresas y el comercio a abrirse paso hasta llegar al día de hoy, en que usted no se da cuenta que se está viviendo una Semana, que alguna vez fue de tanta trascendencia como aquellas que le estoy contando, y que los abuelos saben y recuerdan.
Hoy, en cambio, si usted se descuida, no se da cuenta que se está viviendo una semana de tanta trascendencia. Alguna vez leí las palabras de un Pastor, pero pudo haber sido también un antropólogo, que se refería a la importancia de que no todos los días sean iguales. Indicaba que es importante que haya momentos en el año, y en la vida, que sean distintos. Días que tengan un grado distinto de significado, para que el tiempo no sea idéntico, es decir, para que no sea homogéneo.
A lo largo del año el tiempo debe tener hitos, de lo contrario es como andar una carretera asfaltada donde todos los trechos son idénticos. Es lo que pasa cuando se han borrado todo día de celebración cívica o religiosa. Cuando todo resquicio de “tiempo sagrado”, es sustituido por el “tiempo profano”.
Esto lo he entendido mejor en los últimos años, estudiando la función de los ritos y el tiempo cíclico, a propósito, por cierto, de la tradicional fiesta boruca de los Diablitos. Y estudiando el eterno retorno y el sentido del tiempo sagrado en las fiestas rituales de los pueblos antiguos. Estas fiestas siempre fueron una manera de marcar el tiempo, de poner hitos y de darle sentido al tiempo y a la vida, para que no perdiera su circularidad antigua, quizá de origen agrario. Pero la mercantilización del tiempo, que incluso se vende como tiempo de trabajo, nos ha traído este tiempo homogéneo, idéntico, insaboro e incoloro, dónde lo mismo da Chana que Juana y viene a ser lo mismo un lunes de oferta que un Domingo de Pascua.
Escrito a vuela pluma un Viernes Santo de cuarentena por José Luis Amador, antropólogo.
Por: Dr. Jorge Loaiza Cárdenas- Msc Efraín Cavallini Acuña- Académicos Escuela de Planificación y Promoción Social EPPS-UNA
Imagen: Rodrigo Valverde Naranjo
Como lo planteara E. Morín en la última página de su libro: La Vía para el futuro de la humanidad: “Quizás encuentren, en alguna parte de las ruinas de una biblioteca, este mensaje que les devuelva la esperanza y el coraje”; queremos compartir con ustedes unas palabras de esperanza y decisión, que nos permita enfrentar estos momentos de desesperanza e incertidumbre, al que hemos sido llevados ante la emergencia nacional que enfrenta el país a causa de la pandemia provocada por la enfermedad coronavirus COVID-19 en Costa Rica.
Hoy más que nunca estamos en crisis, no solo provocada por la pandemia del COVID 19, sino por las crisis de un modelo de desarrollo que nos ha llevado a un subdesarrollo intelectual, psíquico, tecnológico y moral.
Intelectual, porque la formación disciplinar que recibimos los occidentales, al enseñarnos a disociar todo, nos ha hecho perder la capacidad de relacionar las cosas y, por lo tanto, de pensar los problemas fundamentales y globales y abordarlos desde la complejidad en que están insertos, es decir vincular lo global con lo local y lo general con lo particular.
Psíquico, porque estamos dominados por una lógica puramente económica, que no ve más perspectiva política que el crecimiento y el desarrollo, y estamos abocados a considerarlo todo en términos cuantitativos y materiales.
Tecnológico, porque no debemos considerar a las tecnologías, como la herramienta que nos resuelve todos los problemas de la comunicación humana. Las tecnologías de la información y comunicación pueden hacernos bien o mal. No todas las tecnologías y cualquier uso que hagamos de ellas es lo más apropiado. No todas nos harán bien. Al contrario, utilizadas inapropiadamente pueden provocarnos torceduras, golpes en nuestra vida diaria, y pueden, sencillamente, embrutecernos. Pero aprovechadas de manera inteligente serán saludables y nos permitirán avanzar sanamente. Se debe elegir con lupa el menú tecnológico, conectarlo a nuestras necesidades reales y proyectos de mejora de la condición social. Es un imperativo utilizar la tecnología con sabiduría e inteligencia. Con ellas tenemos que hacer esfuerzos para tratar de recuperar el contacto humano, y, por consiguiente, la solidaridad. Como ciudadanía tenemos que apropiarnos de las tecnologías de la comunicación e información y reconocer su valor antes de que ellas desbocadas profieran el bazucazo a la humanidad y sigan colonizando nuestra mente y nuestra sociabilidad. Evitemos caer en la red de sus intereses comerciales y/o políticos. Recordemos, como se ha dicho en varios foros, que no está hecha la persona para la tecnología. Sino la tecnología para el ser humano.
Moral, porque el egocentrismo domina sobre la solidaridad. Además, la hiperespecialidad, el hiperindividualismo y la falta de solidaridad desemboca en el malestar, incluso en el seno del confort material. Como mal social, la corrupción es capaz de permear por completo un sistema político, afectándolo desde la cúpula hasta las actividades más cotidianas de la convivencia social sin importar las circunstancias en que nos encontremos. La permanencia de la corrupción en la política permite y atrae a personas impropias e inadecuadas para ejercer cargos públicos y desmotiva y repele a personas honestas que tienen una legítima vocación de servicio público. Los economistas, los sociólogos y los políticos tienen que tener cuidado con pronósticos imprudentes. En el desarrollo de esta crisis del COVID 19, se han visto algunos políticos que vacilan en asentar su estrategia en el principio de que el esfuerzo del Estado debe orientarse a salvar la vida de todos sus ciudadanos, que son los sectores sociales los que deben tener prioridad frente al cálculo utilitarista y mercantilista de las consecuencias económicas, que puede tener esa estrategia que beneficien a ciertos sectores privilegiados a contrapelo de la clase trabajadora y de quienes no gozan de garantías para acceder a una vida justa. La inseguridad no sólo se refiere a la lucha contra la pandemia, también a las consecuencias económicas y sociales que son impredecibles. Por ello, como sociedad, debemos incidir para lograr liderazgos políticos honestos para las siguientes décadas, que cultiven y promuevan la verdadera democracia y no contaminarla.
La crisis de la humanidad son crisis interdependientes, interrelacionadas, tenemos crisis en la salud, cognitiva, de pensamiento, política, económica, social, ambiental, cultural, ética; tenemos una crisis en la relación fundamental entre el individuo y la sociedad, el individuo y la familia, el individuo y él mismo; es decir, estamos abocados al abismo.
Sufrimos un malestar interior que parasita nuestro bienestar exterior. Aquellos que gozan de un aumento de su nivel de vida, ven reducida la calidad de la misma. Pero este es un malestar difuso, que se vive de maneras distintas; por ejemplo, el malestar que afronta la juventud, la desintegración de la familia, el significado de la vejez para la sociedad mundial actual ante la pandemia del COVID 19, entre muchos otros.
Pero toda crisis comporta riesgos y oportunidades; sin embargo, esta crisis humana que hoy enfrentamos con la pandemia del COVID 19 es solo una de ellas; que nos ha llevado a evidenciar los riesgos, pero nos obliga, a buscar las oportunidades de cómo superarlas. La oportunidad es ver la crisis como una vía hacia un cambio, Así surge la gran capacidad creadora del ser humano que permita regenerar nuestra vida, la vida de nuestras culturas, del legado del pensamiento y conocimiento al cual hoy en pleno siglo XXI hemos logrado alcanzar; este será nuestro máximo instrumental de lucha que nos permitirá definir la ruta que nos llevará hacia ese gran cambio. Como dice Morin “cambiar de vía”.
Pero cambiar de vía no significa frenar el desarrollo científico-técnico-económico, por el contrario, significa repensar y hacer un alto y un acto de contrición, para valorar lo bueno y malo que tenemos en nuestras vidas, de tal forma, que abramos una pluralidad de caminos, reformadores a nuestra vida. Serán muchos los caminos, pero como dice Machado “. el camino se hace al andar”.
El cálculo monetario no puede evaluar el bienestar y el malestar. La tristeza, el abandono y la soledad buscan consuelo en la compra y el consumo. La lógica del cálculo, de la máquina determinista, del rendimiento y de la productividad se extiende por toda la sociedad y se apoderó de todos nosotros. Por esto, necesitamos una reforma de vida, que pueda reducir el poder del dinero y del afán de lucro y de todos aquellos que siempre nos presentan las mismas recetas economicistas.
Necesitamos de una política de solidaridad real no de una de anonimato de solidaridad del estado de bienestar, es decir pasar de promulgar la solidaridad a liberar la fuerza de las buenas voluntades y favorecer las acciones solidarias, por ejemplo, impulsar la economía solidaria en donde se fortalezca el cooperativismo y las asociaciones sin afán de lucro que presten servicios de proximidad, o en el campo educativo, en donde profesores y docentes ofrezcan espacios de formación y acompañamiento técnico y profesional a aquellos que más lo necesiten; o en el campo de la seguridad ciudadana, en donde las comunidades se organicen para controlar la delincuencia y el robo.
Necesitamos un reencuentro con el trabajo en el que se dignifique el aporte de todo ser humano; volverle a cada ser su capacidad de crear, de innovar, de producir de sentirse útil en la vida, produciendo para sí mismo, para otro o para un mercado. Hoy más que nunca hemos aprendido que la salud y la alimentación son las principales fuentes de vida que todo ser humano necesita de manera indispensable, es nuestra responsabilidad velar porque nuestro país siga conservando y consolidando el sistema de salud que poseemos, pero en cuestiones alimentarias debemos reconocer el abandono y desconocimiento al que hemos llevado a nuestro sistema agroalimentario nacional, haber pasado de un sistema autosuficiente que garantizaba su seguridad alimentaria, de tan solo hace 30 años, con un liderazgo y reconocimiento a nivel ciudadano de nuestros agricultores, a un nivel de dependencia absoluta por lo que consumimos a nivel básico y sobre todo por el desconocimiento e invisibilización del pequeño y mediano agricultor de nuestro país, a punto de desaparecerlo. Es innegable e indispensable reactivar el sistema agropecuario de nuestro país, tarea que solo grupos multidisciplinarios y en dialogo abierto y permanente podrán buscar la forma de lograrlo.
Esta reforma de vida necesita de una reforma del pensamiento, que nos muestre la importancia de los prejuicios y los paradigmas que inconscientemente dirigen nuestras formas de conocimiento y comportamiento y nos hacen incapaces de comprender que los demás obedecen a otros preconceptos y otros paradigmas.
Tres pilares fundamentales para cimentar una sociedad próspera, solidaria, cohesionada, un Estado fuerte, representativo y garante de los intereses de los diversos sectores y que convoque a una ciudadanía participativa y proactiva, son la Ética Pública, la idoneidad- y la probidad, estas cualidades garantizan, a su vez la transparencia, la rendición de cuentas y son el filtro para detener los abusos del poder, la corrupción y el favorecimiento económico de una minoría. De manera tal, que se pueda cumplir con los requisitos de una democracia representativa y de una economía solidaria, eficiente y distributiva de la riqueza social. El modelo de desarrollo del Estado costarricense, desde la Segunda República, es una fuente para repensar el Estado y el rumbo de la Costa Rica, de los próximos 30 años.
Necesitamos afrontar la relación con los demás a través de la comprensión del prójimo, la humanización de las emociones y el respeto democrático.
Todos debemos buscar aquello que es importante y necesario para nosotros, todos debemos encontrar el camino de nuestra regeneración, una vuelta a las fuentes generadoras-creadoras.
Trabajemos para diagnosticar y transformar, trabajemos para relacionar y unir. Las reformas son solidarias; no son solo institucionales, económicas, políticas o sociales, son también mentales, y requieren una aptitud para concebir y abarcar los problemas globales y fundamentales, una aptitud que, a su vez, precisa de una reforma de la mente y la forma de pensar nuestras vidas. Pero la reforma de la mente depende de la reforma educativa y de la reforma del pensamiento, ambas son complementarias e indispensables.
En materia educativa es momento para reorientar el modelo, hacerlo más inclusivo, más participativo, las TICS nos han ofrecido herramientas tecnológicas que van a revolucionar la enseñanza y el aprendizaje, y es precisamente donde la juventud nos ha dado una clase de destreza y habilidad para acoplarse a estas nuevas herramientas, el reto es porqué no incluirlos en el diseño de las nuevas formas de implementar el proceso de enseñanza aprendizaje valiéndonos de las TICS.
Ante esta época de crisis provocada por la pandemia del COVID 19 es momento para replantearnos, hacer un alto en nuestras vidas, valorar lo que tenemos, mirarnos como humanos, preguntarnos qué queremos de nuestras vidas, en qué estamos dispuestos a cambiar, y lo más importante creo yo, que puedo hacer por el prójimo, sobre todo aquel que ha perdido las esperanzas de vivir la vida con dignidad humana, aquel necesitado de espiritualidad, de oportunidad, de valoración por lo que es, y no por lo que tiene o puede producir, aquel que anda en la calle sin norte, aquella que enfrenta sobrevivir con una familia sin oportunidades de trabajo o empleo, pero no solamente él o aquella que parece estar alejada de mí, muchas veces, ella o él están muy cerca o son parte de mi núcleo familiar.
Insto a que olvidemos nuestro ego disciplinar que no nos deja ver la realidad compleja que afrontamos, debemos pasar de las recetas que todo lo solucionan desde una disciplina; receta, donde mi disciplina es la más favorecida, y los o las otras, son las que deben implementar las sabias soluciones propuestas; debemos buscar el encuentro con el otro, a reconocernos en el otro u otra, a dialogar, a buscar puntos de convergencia que nos permita avanzar en la convivencia fundamentada en el amor por nuestro semejante, porque solo de esta manera podremos avanzar en una sana convivencia en donde lo que planifiquemos sea producto del aporte de cada uno de nosotros.
Finalmente, consideramos que el gobierno y quienes lo presiden realizan las acciones y medidas que humanitariamente, con meditación o alevosía, consideran más oportunas, más que criticar dichas propuestas, debemos realizar aportes o propuestas que mejoren dichas acciones, hay que pasar de la reacción a la acción propositiva. Ya no basta con denunciar, ahora es preciso enunciar, no es suficiente reconocer la crisis, la urgencia, también hay que saber por dónde empezar, el reto es ahora o nunca.
Aún tenemos tiempo para reconstruir y fortalecer aquellas prácticas ciudadanas, que soportan la institucionalidad y la praxis democrática, y que se fundamentan en la moral y la ética pública.
Las Américas y el mundo se enfrentan actualmente a una emergencia sanitaria global sin precedentes ocasionada por la pandemia del virus que causa el COVID-19, ante la cual las medidas adoptadas por los Estados en la atención y contención del virus deben tener como centro el pleno respeto de los derechos humanos.
La pandemia del COVID-19 puede afectar gravemente la plena vigencia de los derechos humanos de la población en virtud de los serios riesgos para la vida, salud e integridad personal que supone el COVID-19; así como sus impactos de inmediato, mediano y largo plazo sobre las sociedades en general, y sobre las personas y grupos en situación de especial vulnerabilidad.
Esta es parte de la introducción al documento Pandemia y Derechos Humanos en las Américas publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Artículo 50 de la Constitución de la República de Costa Rica.
Álvaro Vega Sánchez, sociólogo
Se habla hasta la saciedad de recortar salarios, pensiones y en general el gasto público. El peso de la balanza recae sobre este sector, mientras lo privado se mantiene casi intocable, como si fuese el “lugar santísimo” del templo de la patria. Este país, en materia de política pública y privada, es tan laico (de laos: pueblo) como cualquier Estado de Derecho.
Efectivamente, nuestra Constitución establece que se pueden imponer limitaciones a la propiedad privada en razón del “interés social” (Artículo 45), es decir, del bien común. Hasta ahora, y en medio de un Estado de Emergencia Nacional, no se han impuesto limitaciones de ningún tipo sustantivo a lo privado, y por el contrario se le sigue facilitando su gestión, para que despida, postergue contrataciones y negocie condiciones con los trabajadores, que solo favorecen al gran empresario y su capital.
O sea, el gobierno no está cumpliendo a cabalidad con el mandato constitucional de procurar “el mayor bienestar de todos los habitantes” propiciando un “adecuado reparto de la riqueza”, hoy concentrada escandalosamente. Riqueza que ha crecido exponencialmente, porque ha sido eximida, vía concesiones tributarias y amnistías, de cumplir con la responsabilidad social que le compete en un Estado Social de Derecho, que todavía existe porque tenemos una Constitución que lo respalda.
El Banco Mundial, para nada sospechoso de ser enemigo del sector privado, llama la atención al peligro de festinar con los recursos públicos para enfrentar la crisis producida por el COVID-19. Plantea algunas consideraciones a tener en cuenta. Por ejemplo, proteger los trabajos, tanto públicos como privados, es una prioridad; los funcionarios públicos prestan gran parte de los servicios esenciales para responder a la crisis en primera línea; los Gobiernos deben permitir el teletrabajo y reorganizar las tareas y responsabilidades en vez de imponer recortes y despidos; la crisis ha subrayado la importancia de tener instituciones públicas eficaces para proteger las vidas y los medios de subsistencia de las personas.
Una propuesta razonable y proporcional, y que toma en consideración los aspectos mencionados, entre otros, es la formulada por el economista don Francisco Esquivel, que en sus nueve puntos condensa medidas que son una garantía para el cumplimiento del precepto constitucional contenido en el Artículo 50, columna vertebral de nuestro Estados Social de Derecho. No privilegia a ningún sector, sea público o privado, que cuente con la capacidad y responsabilidad de aportar solidariamente, y sin apelar a subterfugios como los que han venido abaratando el concepto de solidaridad, de gran contenido ético-humanista. Una propuesta juiciosa y patriótica.
También se han hecho aportes valiosos por parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), de la Federación Ecologista de Costa Rica (FECON), de la Maestría en Planificación de la Universidad Nacional, entre otras. El movimiento social y la academia han sido proactivos y solidarios en esta lucha de todos y todas.
Solo falta voluntad política, humildad y amplitud de miras para salir adelante, como bien señala Harari, ante los desafíos de este Siglo XXI: “Aunque los retos no tienen precedentes y aunque los desacuerdos son enormes, la humanidad puede dar la talla si mantenemos nuestros temores bajo control y somos un poco más humildes respecto a nuestras opiniones” (21leccionespara el siglo XXI, p.179).
El gobierno tiene que contribuir a conjuntar las mejores ideas y propuestas, en esta hora decisiva, para ser garante del precepto constitucional que le asigna al Estado, como tarea fundamental, impulsar “el más adecuado reparto de la riqueza”.
Tenemos que superar, de una vez por todas, los enfoques que han venido propiciando el antagonismo entre trabajadores del sector público y privado, para afirmar el compromiso que ambos tienen en contribuir al bien común, especialmente en situaciones de emergencia como la que estamos padeciendo. Solo a las élites económicas, políticas y mediáticas privilegiadas les interesa poner a pelear a los trabajadores de ambos sectores. No hay que prestarse a ese juego sucio y mal intencionado.
El ministro de Salud, Daniel Salas llama a que no se den manifestaciones de odio a propósito de la pandemia por COVID-19. Puede escucharlo en el siguiente video de un minuto:
San José, Costa Rica — El Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica cumplió 176 años de existencia el jueves 9 de abril, en una fecha que demostró que la política exterior costarricense, enfrentada a la pandemia del Covid—19 como la más difícil y dramática crisis humanitaria del siglo XXI y una de las más severas desde 1844, quedó rebasada como plataforma de iniciativas internacionales de mediano y largo plazo, más allá de sus gestiones obligadas de “carpintería” de corto alcance.
Luego de que el 6 de marzo de 2020 se confirmó el primer caso de coronavirus en Costa Rica y comenzó su transmisión a decenas y centenares de personas, en un proceso paralelo a la complicación mundial de la enfermedad, la Casa Amarilla—sede de la cancillería costarricense—empezó a exhibir la ausencia de una política visionaria al menos de carácter regional e interamericano.
En la precipitación global de los problemas provocados por un padecimiento del que China alertó en diciembre de 2019 (pero brotó en noviembre de ese año), la Casa Presidencial de Costa Rica tampoco hizo nada para que Relaciones Exteriores, como su base de proyección internacional, adoptara los correctivos necesarios y generara una o varias propuestas, serias y profundas, para posicionar a San José en un puesto de liderazgo exterior frente a una demoledora situación sanitaria.
¿Qué hicieron los jerarcas de Barrio Otoya (cancillería) sin que el de Zapote (Presidencia) instruyera y ordenara ejecutar un golpe de timón en la política exterior, como líder de un control de mando con verdadera visión de estadista y más allá de mensajes sin fondo, actos ceremoniales intrascendentes y “campañitas” mediáticas de propaganda?
Con el avance de la crisis, la cancillería se limitó a convertirse en una especie de agencia de viajes para coordinar con gobiernos del resto del mundo el traslado a Costa Rica de los costarricenses que, por una u otra razón, quedaron atrapados o retenidos en esas naciones por el impacto de la pandemia en la conectividad aérea mundial. Nadie puede oponerse a esa labor de rescate de los costarricenses y el aplauso y la felicitación son merecidos.
¿Y qué más hizo cancillería, para trascender y demostrar que su concepción política global va más allá de una recepción calurosa en la pista del aeropuerto internacional Juan Santamaría o en los corrillos migratorios y aduanales de esa que es la principal terminal aérea de este país?
La Casa Amarilla se quedó ahí y no hizo nada más. La rampa del Santamaría fue su horizonte.
Por un lado, es claro que la tarea de rescate, encomiable sin la menor duda, pudo haber sido desplegada por los “carpinteros” de la cancillería. Por el otro, la jefatura de esos valiosísimos peones debió concentrarse en los asuntos duros, fuertes, desafiantes y sensibles de la pandemia desde una perspectiva de política internacional.
¿Cuáles? Los siguientes:
Nicaragua:
Frente a la irresponsabilidad, por omisión y por comisión, del régimen gobernante en Nicaragua de negarse a adoptar los protocolos urgentes para tratar de contener la propagación del contagio, Costa Rica reaccionó—para decirlo en términos futboleros—con una delegación de jugadores novatos. El sábado 21 de marzo de 2020, los jerarcas de Relaciones Exteriores, Seguridad Pública y Salud de los dos países se reunieron en el puesto fronterizo bilateral de Peñas Blancas, para “analizar acciones contra el Covid–19”, según un recuento de la cita difundido por la Casa Amarilla.
Pero el habilidoso aparato de poder en Managua despachó a pesos pesados—los legionarios—con abundante experiencia política, encabezados por un militar: Denis Moncada, canciller, consentido de Rosario Murillo—vicepresidenta, esposa del presidente Daniel Ortega y mandamás todapoderosa—ex embajador en la Organización de Estados Americanos (OEA) y amigo íntimo de la dinastía dictatorial.
La comitiva costarricense, sin experiencia en negociaciones duras y menos en zarandeadas de este tipo con Nicaragua, llegó a la cita con la meta de acordar con Managua un cierre total—o sea, todo, no a medias—a ambos lados de la frontera.
El objetivo era imponer un cerco sanitario para bloquear, de sur a norte y de norte a sur, el paso de personas con la única excepción de costarricenses viajando de Nicaragua a Costa Rica y nicaragüenses transitado de Costa Rica a Nicaragua. (Si el gobierno de Costa Rica sale ahora a decir que nunca pidió a Nicaragua el cierre de la frontera, entonces la respuesta es clara: ¡Apague y vámonos!)
A nombre de su gobierno, el general Moncada rechazó esas y otras opciones extremas. Si la representación nicaragüense aceptaba la propuesta (cajita blanca) de Costa Rica, para Nicaragua habría sido aceptar que la situación por la pandemia es grave y admitir que, para contenerla, urgía cerrar fronteras.
“El general y su gente se comieron a los emisarios de Costa Rica, con muy pocas horas de vuelo frente a los de Nicaragua”, me dijo un experimentado diplomático costarricense que en distintos foros internacionales se batió con argumentos sólidos con Moncada para derrotar sus arremetidas en contra de los intereses nacionales.
El resultado real de la reunión del 21 de marzo en Peñas Blancas es evidente.
Nicaragua todavía no cierra ni las playas o lagos y continúa en su carnaval de aglomeraciones y demás actos masivos en sitios públicos, convencida de que la sangre de los nicaragüenses derrotará al implacable virus. Nicaragua le dijo no a la lógica—y única—propuesta costarricense de blindar el sector limítrofe común.
Los novatos nacionales, algunos con desempeño notable en el torneo nacional y pobre fuera de las cuatro fronteras de Costa Rica, retornaron a San José sin conseguir el propósito político y sanitario. La consecuencia es que, a hoy, la frontera está abierta en Nicaragua y sus más de 300 kilómetros de longitud con trillos ciegos son un pasadizo problemático para Costa Rica.
¿Qué debieron hacer Zapote y Otoya frente a la negativa de los enviados del dúo gobernante atrincherado en un búnker fortificado del Barrio El Carmen, de Managua, de cerrar frontera, con lo que exponen la salud de los más de cinco millones de costarricenses a un riesgo mayor por el ataque del Covid—19 ante una migración irregular e incesante de nicaragüenses?
Luego del encuentro de Peñas Blancas, y en defensa férrea y valiente de la salubridad de los habitantes de y en Costa Rica, Presidencia y Relaciones Exteriores debieron denunciar internacionalmente la actitud de irresponsabilidad absoluta que Ortega y Murillo ratificaron el 21 de marzo. En estos momentos, y con la sanidad de los costarricenses de por medio, tampoco interesa que a Ortega y a Murillo les guste o disguste lo que haga Costa Rica: urge actuar.
Aquel devaluado con Costa Rica “no se juega” de otro inquilino de Zapote sigue todavía más depreciado si se evalúa la reacción de las autoridades costarricenses tras las afrentas del tenebroso y demencial matrimonio Ortega—Murillo, ya despojado de sensibilidad y decidido a jamás ceder.
En forma paralela, Zapote y Otoya debieron seguir por las siguientes vías:
Convocar a una Cumbre de las Américas Virtual, al cobijo de la OEA y sin necesidad de que ningún jefe de Estado y de Gobierno del continente tenga que viajar al exterior, en el complemento de una ofensiva diplomática desde San José sustentada en dos finalidades muy claras:
1—Volver a denunciar en un foro de esa dimensión interamericana que Nicaragua pone en peligro la salud del pueblo de Costa Rica, por negarse a dictar las medidas preventivas y reactivas internas por la incursión incesante del coronavirus y por impedir que, en un país con una fragilidad sanitaria tras casi dos años de hondo conflicto político, institucional y socioeconómico, los nicaragüenses sigan migrando a suelo costarricense como potenciales portadores del virus.
2—Como país sin ejército desde 1948, con abundante autoridad moral de nación que hace más de 71 años le declaró la paz al mundo y decidió gastar sus recursos en educación y salud, exigir a los restantes 34 gobiernos de América que, en lo inmediato y frente a los efectos sanitarios y socioeconómicos de la pandemia, recorten sus presupuestos militares y refuercen con urgencia los gastos en seguridad social.
¿Cuál es el consuelo de los argentinos al saber que su ejército, con la responsabilidad de defender la soberanía y la integridad territorial de Argentina, perdió un submarino que, además del saldo mortal del incidente, le significó un costo millonario en su presupuesto?
Viendo a Europa, ¿de qué le sirvió a Italia, en la catástrofe que se hundió por el azote del fenómeno, tener aviones supersónicos que apenas sirvieron en este escenario de tragedia humana para hacer dibujitos con los colores de la bandera italiana con sus chorros en el aire?
Sí, de nada. E igual sucede, por ejemplo, con los tanques rusos en Nicaragua o con los aviones rusos en Venezuela y con la avalancha de cuantiosa ayudar militar por décadas de Estados Unidos a América Latina y El Caribe.
En este contexto, los dos siguientes datos son contundentes:
Un recuento del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, principal centro global de monitoreo de presupuestos de defensa, reveló que América Latina y El Caribe (excepto Costa Rica) gastaron mil 485 mil 600 millones de millones de dólares de 1988 a 2018.
En contraste, la intergubernamental Conferencia Latinoamericana de Saneamiento mostró otro drama latinoamericano y caribeño: 14,3 millones de personas defecan al aire libre, 17,5 millones usan letrinas simples y solo 51,8% de sus 660 millones de habitantes tiene servicios seguros de saneamiento para eliminar excrementos.
Sin duda que el resultado de este tipo de gestiones internacionales es incierto y en especial en el contexto de la OEA. También lo es la iniciativa—valiosa y oportuna—que el Ministerio de Salud de Costa Rica lanzó en marzo pasado ante la Organización Mundial de la Salud (OMS) para facilitar las condiciones de acceso a tecnologías en el combate al coronavirus.
Si los países americanos se niegan a recortar los gastos militares, pues que los organismos internacionales que hoy están recibiendo sus solicitudes de préstamos para luchar contra el Covid—19 entiendan que esas naciones están mandando un mensaje claro: los militares, sus armas y sus tropas son intocables, aunque la insalubridad y la vida de millones de personas esté bajo una amenaza con desenlace sin certidumbre.
De carambola, Costa Rica se instalará en un sitial de liderazgo y, a tres bandas, podrá tener puertas abiertas para acudir a recursos frescos y en condiciones favorables para la guerra verdadera: defender la salud de las personas que habitan en sus 51 mil kilómetros cuadrados.
Por eso, el 176 cumpleaños del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica que se celebró el 9 de abril demostró una reiterada triple ausencia de política internacional, de visión de estadista y de compresión geopolítica en Otoya y en Zapote.
Jerarcas del gobierno de Costa Rica se movilizan en lancha para una inspección en la zona fronteriza con Nicaragua este 10 de abril. Foto: Presidencia de Costa Rica.
(*) José Meléndez es un periodista costarricense que es corresponsal del periódico El Universal, de México, para América Latina y El Caribe, y que escribe para medios de comunicación de España, Colombia y Estados Unidos.
“La preocupación por el hombre y su seguridad debe ser el interés principal de todos los esfuerzos” (Einstein)
Manuel Hernández
Rescatar del olvido las comisiones de salud ocupacional
1.- La lucha global de los y las trabajadoras en la autodefensa de su salud
En varios países del mundo, el personal sanitario se manifiesta y protesta contra las condiciones precarias en que están prestando los servicios para acometer la pandemia, agravadas por la falta de equipos de protección personal.
El justificado reclamo se ha extendido a todos los rincones del planeta.
En Italia, el personal de algunos hospitales declaró una huelga, en media pandemia, exigiendo al Gobierno de Giuseppe Conte los implementos de protección personal, para prevenir contagios a pacientes, compañeros de trabajo y salvaguardar su propia vida y familia.
Lamentablemente en Italia ya han fallecido 80 médicos a consecuencia de la pandemia.
En New York, en el corazón de un imperio cuya fragilidad y profunda injusticia social quedó al descubierto, la lucha de las enfermeras ha sido un ejemplo mundial, quienes realizaron una manifestación para denunciar que las estaban mandando a la guerra sin armadura.
A principio de la pandemia, los y las trabajadoras del Museo del Louvre, cerraron dos días este establecimiento, ejerciendo su derecho de autotutela y resistencia, exigiendo condiciones de seguridad adecuadas y suministro de equipos de protección personal.
El día de hoy, médicos, enfermeras y personal sanitario de los hospitales de Bogotá y otros departamentos de Colombia, realizaron una manifestación demandando el mejoramiento de las condiciones de los servicios, EPP y el pago de los salarios que les tienen retrasados.
En estos países, y otros como Chile y Argentina, frente al avance irreversible de la pandemia y la vulnerabilidad de las condiciones en las que están laborando, los trabajadores están reivindicando la autotutela, el derecho de resistencia, la auto organización y la constitución de comités de seguridad e higiene, con la finalidad de defender su salud frente a los voraces intereses patronales.
2.- Las comisiones de salud ocupacional en la legislación costarricense
En nuestro país, el artículo 288 del Código de Trabajo, tristemente olvidado y recluido en esta pandemia, prácticamente en régimen de prisión domiciliara, establece que en cada centro de trabajo, donde laboren más de 10 personas, deben crearse y funcionar las comisiones de salud ocupacional, integradas de manera paritaria, por representantes del patrono y los trabajadores.
La finalidad de las comisiones es investigar las causas de riesgos del trabajo, determinar las medidas para prevenirlos y vigilar que se cumplan las disposiciones de salud ocupacional.
Por su parte, el Reglamento de las comisiones y oficinas de salud ocupacional dispone que las comisiones “tendrán como objetivo garantizar y ofrecer formas participativas de permanente diálogo y concertación en la construcción de soluciones en materia de salud ocupacional.” (artículo 4)[1]
Se trata, sin lugar a duda, de una norma de la mayor relevancia, de un alto contenido democrático, que promueve y garantiza la negociación permanente y la definición pactada de las decisiones en esta materia.
Este Reglamento establece que los empleadores están obligados a constituir las comisiones de salud ocupacional y facilitar todos los recursos que requieran para su funcionamiento, incluyendo los permisos remunerados de sus integrantes.
El decreto desarrolla las atribuciones que les competen a las comisiones, entre las cuales destacan, además de las contempladas en la ley, las siguientes:
Investigar las causas de los riesgos de trabajo.
Vigilar el cumplimiento de las disposiciones normativas.
Solicitar información de las estadísticas de los accidentes y los informes de riesgos que ocurran en el centro de trabajo (artículo 19).
Las comisiones constituyen una valiosa herramienta de organización y lucha de la clase trabajadora, en orden a la participación y negociación de las condiciones de salud ocupacional.
3.- La cuarentena en que están las comisiones de salud ocupacional
En el escenario de la emergencia sanitaria que estamos pasando, se vuelve imperativo que las comisiones de salud ocupacional asuman su protagonismo, la responsabilidad y el rol que les manda, ex lege, el ordenamiento jurídico.
No obstante su trascendencia, en el diseño político-institucional de la gestión de la emergencia sanitaria, las comisiones de salud ocupacional fueron completamente borradas del mapa.
Esta interdicción ilegítima de las comisiones de salud ocupacional refleja una política de gobierno e institucional unilateralista, que enerva el derecho de autodefensa de los trabajadores, un derecho irrenunciable, que no es negociable.
Es necesario rescatar del confinamiento las comisiones de salud ocupacional y potenciar su participación en todos los centros de trabajo del país, en fábricas, establecimientos comerciales y en las instituciones públicas, indistintamente que presten o no un servicio esencial.
Con mayor razón y manifiesta urgencia, es absolutamente impostergable poner en funcionamiento eficaz y permanente las comisiones de salud ocupacional de aquellas instituciones donde las y los trabajadores están en las trincheras de batalla contra la pandemia, particularmente la CCSS, cuerpos policiales, servicio de bomberos, AYA, recolectores de basura y otros colectivos laborales que configuran los servicios esenciales.
El gobierno y la gestión de la seguridad y salud de los trabajadores, no puede quedar a merced exclusivamente de las autoridades institucionales, patronos y empresarios.
Los trabajadores y trabajadoras tienen que redimir el derecho propio de participar activamente en la definición de las políticas y toma de decisiones en este terreno.
Los trabajadores y sindicatos deben exigir la activación de las comisiones de salud ocupacional, de manera inmediata, con la finalidad que cumplan el cometido de ley y contribuyan a la mayor protección de la salud de la población.
El coronavirus también seduce tentaciones autoritarias y pone en peligro los pocos mecanismos institucionales de participación democrática de la clase trabajadora costarricense.
