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Autor: Hector Ferlini Salazar

¿Qué hacer ante el proceso educativo nacional afectado por la Pandemia?

Vladimir de la Cruz

Me preguntan con frecuencia padres de familia, amigos, y familiares qué pienso del proceso educativo, en estos días de la Pandemia, donde se ha paralizado la asistencia a clases, prácticamente en todo el país, con el posible impacto negativo que eso tenga, especialmente para los niños y jóvenes de la enseñanza pública, más que la privada.

El 11 de marzo, cuando se empezaba a perfilar con fuerza el impacto del Coronavirus COVID-19 en el país, en Facebook escribí lo siguiente:

“Ante la crisis que se ha producido por el Coronavirus, y la posibilidad de su propagación, que ya afecta algunos centros escolares, propongo que se suspenda el ciclo lectivo de la educación primaria y secundaria, a nivel nacional, desde el próximo lunes 16 de marzo para iniciarlo nuevamente el lunes 13 de abril, es decir durante las próximas cuatro semanas.

De hecho se suspenderían las clases durante tres semanas, pegándose la cuarta con la Semana Santa, que siempre se da feriada en su totalidad.

De esta manera se aprovecharía por hacer limpiezas profundas en los planteles educativos y se tendría más cuidado, en las casas, sobre los niños y adolescentes en edad escolar.

La suspensión de clases no afectaría el ciclo educativo si en correspondencia a esta situación, en el mes de julio, cuando se producen las vacaciones de medio año, se usa una de esas semanas de vacaciones para reponer, una de las semanas que ahora se suspendería, y a finales de año, el curso se puede prorrogar por dos semanas efectivas, dentro del mismo calendario escolar, sobre esas dos semanas finales de calendario, que en la práctica educativa al final de año son muy leves o suaves en el trabajo magisterial.

Así el tiempo real se aprovecha de mejor forma y se atiende mejor la situación de la emergencia nacional ante el Coronavirus o el COVID 19.”

Desde 13 de abril, post Semana Santa, cuando escribí ese texto, ya ha transcurrido un mes, y casi cinco semanas, y la situación se ha agravado, por el impacto de la pandemia y las importantes medidas nacionales, tomadas por el Ministerio de Salud y con el acompañamiento de la Caja Costarricense del Seguro Social, y las otras instancias públicas que abonan en la dirección de detener, hasta donde se pueda, la Pandemia y la expansión del Coronavirus COVID-19.

No parece en lo inmediato que se abran las escuelas y colegios, ni se anuncian directrices cercanas en ese sentido. Entonces, ¿Qué hacer?, para dar al menos una respuesta a quienes me preguntan, a veces también con angustia, padres de familia, y para proponer una posible salida a esta situación.

Sinceramente creo lo siguiente, y es mi propuesta, que ojalá permita abrir una sincera y desprejuiciada discusión nacional, de argumentos y posibles soluciones. Aquí mis apuntamientos.

Primero. – Se debe suspender todo el proceso educativo nacional, preescolar, primaria, secundaria, la universitaria de hecho está paralizada desde el punto de vista de asistencia presencial de sus estudiantes a aulas.

Este cierre del proceso educativo debe continuarse hasta el 1 de agosto, en el supuesto que al 31 de julio se haya “normalizado” toda la vida nacional, en todos los sentidos, y se pueda reprogramar la vida educativa del país.

Este cierre por los siguientes tres meses permitiría desde el punto de vista del Ministerio de Educación Pública, de preparar mejor a todo el cuerpo docente nacional, que no entraría en vacaciones prolongadas, para atender la nueva situación “de la nueva normalidad” post pandemia.

Supone revisar y atender toda la infraestructura física de escuelas y colegios para adecuarlas a las nuevas necesidades de seguridad social, de salud, de electricidad, de aguas potables, de determinar cuántos niños y niñas se van a recibir por aula, si hay que establecer horarios más prolongados para la mejor atención de estos niños, de analizar la situación real de cada plantel educativo en sus posibilidades de medios audiovisuales y electrónicos, para poder desarrollar clases a distancia, si volviera a producirse un pico de esta pandemia que conduzca nuevamente a cerrar el proceso educativo, de preparar a los profesores en los sistemas de educación a distancia y por medio electrónicos, de preparar clases, en todo el sentido de la palabra, para que se transmitan por esos medios, no solo el envío de tareas para que se hagan en la casas, y de que esas tareas puedan evaluarse de manera automática, como lo he visto hacer en escuelas del Estado de Luisiana, en Estados Unidos, donde han estudiado nietos míos.

Serviría este tiempo para analizar realmente cuantas escuelas y colegios están en capacidad de atender estas formas de estudio a distancia, y para evaluar realmente cual es la situación de los estudiantes, niños y adolescentes, y en sus hogares, sobre las capacidades tecnológicas de computadoras, y otros medios que les permitan atender estas situaciones educativas.

Serviría igualmente para evaluar cuántos maestros y profesores tienen los instrumentos y medios electrónicos adecuados, desde sus hogares, para poder atender la educación a distancia, y realizar su trabajo desde sus casas, en la modalidad del teletrabajo educativo, y facilitarles la adquisición, a quienes no los tienen, para que puedan cumplir su noble misión docente y educadora.

No hay que engañarse con que en el país hay más de 2 millones de celulares, según me han informado.

La gente, en general, que tiene celulares, entre ellos los maestros, los profesores, y los estudiantes, son personas del mundo de las redes, pero no son del mundo del estudio en celulares, ni de la investigación académica, por celulares. Por lo que yo veo en redes muchas veces se aprecia un nivel muy bajo de comprensión de textos, ni siquiera se entienden los títulos de los artículos sobre los que algunas personas se pronuncian u opinan.

Los jóvenes, incluidos muchos universitarios no saben usar sus celulares para investigar, ni para fortalecer sus estudios. A lo sumo para buscar algún dato que los saque de algún apuro ante una tarea donde se les piden datos.

Segundo. – Iniciado el curso lectivo el lunes 3 de agosto próximo, de acuerdo con esta propuesta, si lo permite la pandemia, debe prolongarse de seguido hasta el 18 de diciembre del próximo año 2021, de manera que el ciclo lectivo del 2020 y del 2021 se realicen de manera continua, como uno solo, con breves períodos de vacaciones.

En total son 17 meses. Estos meses podrían tener pequeñas “vacaciones”. A modo de ejemplo señalo las siguientes fechas: una semana los últimos días de setiembre y los primeros días de octubre, dos semanas en diciembre, desde el sábado 20 hasta el domingo 3 de enero, en marzo y abril del 2021, se podrían dar dos semanas que incluyan la Semana Santa, dos semanas en julio, del sábado 19 al martes 3 de agosto, y de nuevo las últimas dos semanas de diciembre del 2021 y la primera de enero, si fuera del caso, desde el sábado 20 de diciembre hasta el lunes 3, o el lunes 10, de enero del 2022, que en ese mes de enero, y la mitad de diciembre anterior, por estar en las próximas elecciones nacionales, la Asamblea Legislativa estará en receso parlamentario, y el país en un alto nivel de agitación política donde se evaluará, en ese escenario, lo acontecido y atendido públicamente ante la pandemia, sin lugar a dudas.

Así en la práctica durante esos 17 meses a partir de agosto hasta diciembre del 2021, habrían prácticamente dos meses de suspensión de clases, de “vacaciones” intercaladas, y el proceso educativo no se detendría en su continuidad del 2020 y el del 2021, ni se provocaría un impacto negativo en el proceso de formación de los niños y jóvenes.

Tercero. – ¿Qué requiere una propuesta así, de considerarse positiva? Voluntad política para impulsarla con participación de todos los involucrados, el Ministerio de Educación Pública, como ente rector nacional de la educación, voluntad y apoyo de los padres de familia en este cronograma educativo. Pero, muy especialmente, el apoyo del Cuerpo Magisterial Nacional, de todos los maestros y educadores, de todas las organizaciones sindicales magisteriales comprometidas en esta tarea, que de paso es una forma de combatir a las personas que constantemente atacan a los maestros y educadores, y a los trabajadores del sector público, por su estabilidad laboral y su justo derecho de continuar recibiendo sus salarios, cuando el proceso educativo está paralizado como ahora, en que no han cesado ese tipo de ataques.

Cuarto. – Si ya hay deserción escolar, y hasta universitaria de manera importante, los efectos socioeconómicos de la pandemia van a intensificar y agudizar esta deserción del sistema educativo. Y esa deserción va a incidir en mayor informalidad laboral, en mayor índice de pobreza y de pobreza extrema.

Quinto. – La situación de deterioro socioeconómico va a incidir también en los tiempos de graduación alargándolos, con los efectos que ello tiene laboralmente y de empobrecimiento paulatino.

Sexto. – Podrá haber personas que crean que eso los beneficiará empresarialmente, porque podrán llegar a tener gente, o trabajadores, menos preparados, más baratos como mano de obra asalariada, quizá en el nivel de salarios de hambre literalmente, pero serán trabajadores, más resentidos socialmente, sujetos a cualquier explosión social de líderes populistas, de cualquier signo, que les motiven y les atraigan por sus soluciones sociales demagógicas.

Séptimo. – Los colegios privados algunos no tienen estos problemas. Los que están “empatados” con los sistemas de educación norteamericana, con infraestructura y capacidad tecnológica en sus instalaciones, y con la capacidad económica y social de sus alumnos, que tienen los instrumentos técnicos y computacionales, han continuado sus estudios que ya terminan para reiniciarlos en agosto o setiembre.

De este escenario de la pandemia se ha provocado una situación que puede afectar a colegios públicos, por rebote de los privados.

He visto, y conozco situaciones, con la reducción de jornadas laborales, con la reducción o pérdida de ingresos de padres y madres, con la inseguridad laboral y salarial que muchos tienen hacia el futuro inmediato, en que ya no podrán atender más la educación de sus niños en los colegios privados, algunos con la angustia de no poder pagar el segundo semestre, mes a mes, por el resto del año. Algunos padres que tienen financiado todo el año no tienen problemas, en ese sentido, por este año, pero ya piensan en trasladar a sus hijos a colegios públicos el próximo año. Este es el impacto en las clases medias que ha tenido la pandemia. Algunos padres y madres ya han reducido las actividades extraescolares que les pagaban a sus hijos para una mejor formación ante la vida y la educación, porque no las pueden pagar, o porque consideran que ya no son tan necesarias.

Las clases ricas y sus hijos no tienen problema en este sentido. Sectores de las clases medias altas pueden soportar esta situación. Pero, los padres de las clases medias-medias y clases medias-bajas, muchos de hogares de padres y madres profesionales, o de ambos en el hogar, que con gran sacrificio mantienen a sus hijos en las escuelas privadas, desde la preescolar hasta la colegial, sí están resintiendo esta situación con verdadera angustia.

Hay algo que es muy real. Los salarios como las pensiones están altamente comprometidos por quienes los reciben. Los salarios netos, deducidas las cargas sociales y los impuestos, apenas alcanzan para vivir, con grandes sacrificios para las clases medias, en general, que tratan de invertir en educación privada, para sus hijos, cuando consideran que allí pueden recibir mejor educación.

Octavo.- Para este momento de crisis nacional y de la pandemia se requiere rescatar la mística educativa, la formación apostólica con que salían graduados los educadores de la Escuela Normal de Costa Rica, fundada en 1914, bajo el modelo de los caudillos y grandes líderes culturales, de aquellos años, que inspiraron esos educadores, Luis Felipe González Flores, el Ministro de Educación de don Alfredo González Flores, los Directores de esa Escuela Normal, Omar Dengo Guerrero, Joaquín García Monge, Arturo Torres Martínez, Roberto Brenes Mesén, Carlos Gagini Chavarría, educadoras como Carmen Lyra, Carlos Luis Sáenz, Luisa González, Adela Ferreto.

Los sindicatos magisteriales deben levantar su Memoria y sus banderas en este compromiso nacional.

Yo hubiera deseado que una propuesta así la hubieran lanzado las organizaciones magisteriales. Todavía hay tiempo. No hay que dejar caer las banderas por la Patria.

Hay que pensar y discutir las soluciones económicas que el país, la sociedad en general, y los sectores sociales y económico productivos necesitan y se deben impulsar. Pero no podemos dejar de lado el problema de la Educación Nacional y su proceso educativo. Aquí dejo estas reflexiones.

No me siento representada, estoy excluida

Carlos Campos Rojas

Así se expresó Yorleny Córdoba, al escuchar el Plan Económico del gobierno, para enfrentar las consecuencias del Covid 19. Ella es una joven empresaria, dueña de una Pyme del sector de la Belleza y la Salud. Ha construido su empresa con esfuerzo y riesgo personal, paga puntualmente sus impuestos. Su sector económico, invisible todavía por las políticas hacendarias y de género, representan más de 50.000 Pymes.

Es claro que la propuesta económica presentada, nace sin el consenso nacional, ausente del compromiso que debemos asumir todos. Sin ese nuevo pacto social que exige la situación internacional, ni la visión estratégica para encarar el desarrollo de nuestro país, donde la exclusión no es un punto de partida.

El burbujeante discurso económico, desoye incluso al INCAE, quienes recomendaron claramente que los beneficios debían incorporar hasta el jardinero, porque hay que ser innovadores, ver a largo plazo y contener la violencia estructural.

Solo entre todos podemos sacar adelante Costa Rica.

En lo mucho que poseemos, está la CCSS, el INS, el ICE, desde luego hay que reformular la institucionalidad, pero pretender salvar empresas amarradas al viejo modelo económico, que los mejores analistas internacionales han demostrado que no tiene futuro, manifiesta con claridad, el temor al diálogo sincero y transparente con la ciudadanía. Sobre todo, con aquellas empresas pequeñas y medianas, que responsablemente cumplen con sus impuestos, para asegurar el pago puntual de los salarios de gobierno, porque se debe administrar bien el país, pero que además confiaron en darle una nueva oportunidad, a un proyecto partidario, que llegó hace seis años a dirigir el país desde Zapote.

La propuesta económica oficial escogió un grupo de ganadores, que ya eran perdedores antes de la emergencia, así se invertirá el escaso dinero de la hacienda pública.

La riqueza nacional se produce con la pobreza y la desigualdad social de muchos.

Para mejorar los ingresos nacionales, el presidente ya anunció que 300.000 personas que solicitaron en esta emergencia el Bono Proteger, confesaron que eran Pymes en la clandestinidad y que ahora Hacienda irá por ellas para que paguen lo que deben. El anzuelo oficial dio resultados. En su afán, lo respaldan las empresas de Grandes Contribuyentes que no pagaron impuestos o declararon cero ganancias durante los últimos diez años y a los que se les perdonó la deuda, mediante una moratoria inmoral, pero legal.

El país sabe, que fue la decidida acción del Movimiento de Ciudadanía que Construye Territorios Seguros en el 2018, que los puso en evidencia, rompiendo el secretismo y la censura impuesta de distintas formas, por una mafia política que no soporta la transparencia y la probidad, porque amparada en el autoritarismo, se regodea de la corrupción y la impunidad.

La burbuja económica propuesta por el equipo económico del gobierno, estallará muy pronto en la cara de todos. Perderemos todos, unos más que otros. El cáñamo no servirá para amarrar el descontento ciudadano, ni la violencia que se avecina en un país, que verá más profunda la desigualdad social que ya teníamos. Tal vez sirva a algunos para quemarlo y olvidarse por un momento de la realidad.

Para salir adelante está la decencia. Solo quedamos nosotros, las personas, la ciudadanía, acompañados de la fuerza moral de verdaderos empresarios, funcionarios públicos que aman este país y la fortaleza y el arrojo de las Pymes.

Debemos encontrarnos y construir lo que no pueden hacer quienes usurparon la política y la prostituyeron.

Tenemos que demostrarnos que la suma de nuestros conocimientos y sabidurías, así como la capacidad, está por encima de a quienes irresponsablemente pusimos a administrar nuestra principal empresa: Costa Rica.

Podemos y debemos hacerlo, es nuestra responsabilidad, nuestro deber, para eso somos constitucionalmente el Primer Poder de esta República Participativa, debemos asumirnos y ejercer el poder que como El Soberano nos corresponde.

Solo entre todos podemos sacar adelante Costa Rica.

¡¡¡YO, digo presente!!!
12 de mayo de 2020

Construyendo confluencia desde la base social

Comentario del Encuentro de Confluencia Popular celebrado el 9 de mayo del 2020

José María Gutiérrez, profesor emérito Universidad de Costa Rica

Las enormes deficiencias e injusticias que caracterizan a los modelos de desarrollo prevalecientes han quedado una vez más al descubierto con la crisis generada por la pandemia COVID-19. Desde la década de 1980 se nos impone una propuesta centrada en el deterioro de las instituciones base del estado social de derecho, la privatización y depredación del ambiente, el reinado del mercado como la fuerza que dirige las sociedades, el predominio del individualismo y la mezquindad sobre la solidaridad y el bien común, y la exclusión y violencia estructural hacia sectores vulnerables de diverso tipo en nuestro país. Si bien ya venía siendo evidente, la incapacidad de este modelo para promover el bienestar y la equidad ha quedado al desnudo en esta crisis que es, a la vez que sanitaria, social, económica, ecológica y cultural. En el mundo entero se debate sobre lo que vendrá después.

Las propuestas para afrontar esta crisis por parte de los grupos de poder económico nacionales no pueden ser más decepcionantes. Han sido incapaces de mostrar una dosis de solidaridad, al no considerar ceder parte de sus enormes ganancias, mediante un impuesto transitorio, para apoyar a los sectores más golpeados en estos momentos acuciantes. Y también han sido incapaces de mostrar imaginación, para abrir espacios a opciones creativas y dignas; simplemente proponen más de lo mismo.

Pero en la sociedad costarricense se mueven procesos e iniciativas centrados en otras frecuencias. Las instituciones públicas de salud y las universidades públicas han estado a la altura. Acciones esperanzadoras se han dado en la misma base social comunitaria, desde abajo. En el contexto de la crisis del COVID-19, ha quedado clara la importancia de la organización de base centrada en la solidaridad y la reciprocidad, la defensa del ambiente y de los territorios, la institucionalidad pública al servicio del bien común, la soberanía alimentaria frente a las grandes cadenas agroindustriales globales, y la base científico-tecnológica endógena centrada en las universidades públicas; en fin, de esfuerzos centrados en el bienestar colectivo, el respeto a la diversidad y el paradigma del cuidado. Son estos procesos de base los que ofrecen las mejores salidas a la crisis del COVID-19.

El mundo y nuestra sociedad no serán iguales en la etapa post-COVID-19. La interrogante es cómo serán y hacia dónde nos dirigimos. Esa realidad se debe ir construyendo desde ahora, en medio de la crisis. Más allá de los rasgos específicos, tenemos el desafío de salir de esta etapa con una visión diferente de lo que son el desarrollo y el bienestar. Debemos abrir espacios para formas de relación entre las personas y entre estas y el ambiente centradas en otros paradigmas, de mayor hermandad y de un cuido más esmerado que procure el bienestar de todas y todos. Esto nos obliga a acercarnos más, a dialogar entre nosotros y nosotras, a ver los temas comunes que vinculan nuestras luchas y esperanzas, para construir colectivamente senderos de mayor bienestar y justicia.

En esta compleja coyuntura, la Alianza por una Vida Digna organizó el pasado 9 de mayo un Encuentro de Confluencia Popular, en el cual participaron seis personas representantes de organizaciones y procesos de base popular del país, provenientes de regiones distintas. El evento permitió evidenciar el efecto de la violencia estructural y la exclusión sistemática que sufren sectores sociales y comunidades en varias regiones del país. Así mismo, fue muy esperanzador escuchar a personas de orígenes muy diversos compartiendo sus visiones, angustias, propuestas y esperanzas. Las presentaciones de estas compañeras y compañeros dejaron ver, en medio de las particularidades de los escenarios en los que viven y luchan, un espacio común de intereses y propuestas. Quedó clara la existencia de un hilo conductor que une estos movimientos y estas realidades. Fortalecer ese hilo conductor para generar acciones de mayor impacto es una tarea de gran importancia.

El evento mostró, y así lo hicieron ver las y los participantes, que es indispensable tender puentes de confluencia entre sectores y territorios, para promover formas de vida y de organización social y económica más acordes con una visión centrada en la equidad y la solidaridad, y en la procura del bienestar colectivo. La búsqueda de la unidad en medio de la diversidad debe caracterizar el momento actual de los procesos populares. Se debe ir estructurando, sobre la base de la práctica social y la organización, un conjunto de propuestas que permitan buscar ese bien común. Propuestas que incluyan la protección del ambiente en los territorios, la gestación de formas de economía social solidaria en las comunidades, la soberanía alimentaria, la defensa de las instituciones públicas, y el fortalecimiento del tejido social comunitario.

El encuentro del 9 de mayo mostró que debemos encontrarnos más, para generar espacios de reflexión colectiva y compartir experiencias que están surgiendo en la cotidianeidad de las comunidades y territorios, aprendiendo entre todas y todos. No es la separación y el aislamiento lo que nos ofrecerá un mejor futuro, sino la búsqueda de puntos de encuentro y confluencia.

Frente a la mezquindad y falta de imaginación de quienes ofrecen salidas que profundizan la inequidad y la injusticia, ese conglomerado de sectores, procesos y fuerzas que se desenvuelven con energía y creatividad en la base social de nuestro país está llamado a buscar salidas a la crisis actual, y a las crisis que nuestro país estaba enfrentando antes del COVID-19. Esperemos que nuevos encuentros de confluencia popular contribuyan a transitar colectivamente hacia esas metas.

Imagen ilustrativa: Encuentro de Confluencia Popular, Dominical, marzo del 2011.

Video: Encuentro de Confluencia Popular

La Alianza por una Vida Digna organizó un Encuentro de Confluencia Popular, el cual se realizó este sábado 9 de mayo.

La actividad se inició con la siguiente pregunta generadora ¿Cómo se vive la lucha social por la justicia y la participación ciudadana desde las regiones? Prioridades / procesos / acciones

La lucha de las regiones fue expuesta por Mariana Delgado Morales de la Región Brunca (el tema fue la lucha de los pueblos indígenas y la realidad de las mujeres de estas comunidades); Antonieta Fernández Quirós, por la Región Central (ella es la coordinadora del Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS); Luis Fernando Barrantes Cortés, de la Región Chorotega, expuso la experiencia del movimiento Territorios Seguros.

Por la Región Huetar Atlántica estuvo María Miranda Cortés, secretaria de Finanzas del Sindicato de Trabajado res de JAPDEVA y Afines Portuarios (SINTRAJAP), Francisca Inés Wilson Santana, de la Red de Mujeres Rurales de Costa Rica hizo su aporte por la Región Huetar Norte, y Francis Cordero Mojica, de la Región Pacífico Central, dio a conocer la lucha de las comunidades del Norte de Puntarenas que se agrupan en la Alianza por la Defensa del Agua – Puntarenas.

Puede ver lo expuesto en este Encuentro de Confluencia Popular en este video:

Entre las personas que siguieron el Encuentro por el Facebook Live de SURCOS estuvo Patricia Salgado Muñoz, quien propuso el tema ¿Cómo hacer para lograr una cobertura universal de los servicios de internet? Esto, por cuanto en este periodo no tener internet es un factor de exclusión. Según el Programa del Estado de la Nación, el 40% de las viviendas en el país no tiene acceso a internet.

Mario Cabrera comentó: “Desde las Asambleas Patrióticas Populares (APP, en San Ramón de Occidente), -que ya estuvimos en el conversatorio anterior con nuestra coordinadora general Dayana Ureña-, estamos avanzando con tres grandes ejes luego de la lucha contra el combo fiscal: 1) La Defensa de la Caja y la Seguridad Social (pleno apoyo al trabajo coordinado desde el FRENASS). 2) La lucha por una Política de Justicia Tributaria para el Desarrollo Social y Solidario, y 3) La Alfabetización Constitucional sobre todos nuestros derechos como Poder Soberano. Felicitaciones a SURCOS por estos espacios de hermanamiento de nuestras luchas populares”.

Karolina Rojas saludó desde Tibás y expuso que los sindicatos en la empresa privada fueron sustituidos por asociaciones solidaristas, por ello el sindicalismo no existe en el sector privado.

Ana Lorena Cartín Leiva saludo a las y los exponentes desde Montes de Oca y felicito a las personas de cada región “por su gran trabajo”.

Margarita Torres saludó y felicitó estas iniciativas del movimiento social.

Rafael Eduardo López Alfaro comentó desde Heredia: “Un gran saludo a las personas de las regiones que hoy nos comparten sus experiencias organizativas”.

Caro Somarribas expresó desde San José: “Que bueno compartir con ustedes en este Encuentro. Un gran saludo a todas las personas”.

Ivannia Lazzaro escribió: “Saludos desde Esparza”.

Dylanna Muñoz manifestó: “Saludos a todas y todos, que alegre escuchar las voces de las comunidades. Nos seguimos encontrando”.

Mario Cabrera desde San Ramón de Alajuela agregó: “Aprender ese tipo de habilidades comunicacionales es de vital importancia para continuar con el trabajo de organización, reflexión y articulaciones de base comunitaria y popular. Que el Soberano no pierda su protagonismo debido al confinamiento”.

Desde la Zona Sur, Buenos Aires de Osa llegó el saludo de Ricardo, quien no dio su apellido.

Pablo Gch: “Importante encuentro de voces alternas. ¡Excelente!”

Lidia Orias: “Gracias por los aportes tan significativos. El análisis crítico es muy necesario en este momento. Gracias”.

Murió la oportunidad

Óscar Madrigal

Me atrevo a afirmar que las organizaciones sociales hicieron decenas, casi centenas, de propuestas al Presidente Alvarado. ¿Cuántas aceptó? Ninguna. Cero.

De las que hizo la UCCAEP, ¿cuántas aceptó? Todas.

Las cámaras patronales están muy satisfechas. Las organizaciones sociales una vez más muy decepcionadas.

El plan que el Gobierno presentó la semana pasada se resume en una sola cosa: salvar a las empresas. Darles 900.000 millones de colones en préstamos subsidiados para su rescate.

¿Y qué pasará en el futuro inmediato? Quedará a la suerte del empresariado. El Estado se ha negado rotundamente a señalar un nuevo derrotero económico al país. Para el Gobierno el futuro está solo en el cáñamo.

Mientras, los exportadores, los grandes comerciantes, los grandes bancos no aportarán nada más, ningún sacrificio ni esfuerzo. Tal vez unos salarios, pero con flexibilidad laboral, sin horas extras y con cotizaciones sociales bajas.

El movimiento popular una vez más sale en ascuas, sobresaltado, se da directamente contra una posición inquebrantable. Si esperaba algún cambio, por mínimo que fuera, tendrá que seguir esperando.

Si como dicen algunos, las crisis también son oportunidades, en este país ha muerto una de ellas, una vez más.

Fortalecer la producción de granos básicos, una decisión acertada frente a la pandemia

German Masís Morales

El Ministro de Agricultura y Ganadería ha anunciado una inversión de 2.800 millones de colones para apoyar al sector de granos básicos en el fomento de la producción y en el fortalecimiento de la seguridad alimentaria.

Esta iniciativa impulsada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería en conjunto con el Consejo Nacional de Producción permitirá incrementar el área de producción en 3.400 has y la producción nacional de frijol en 1.900 TM adicionales a partir de la próxima cosecha 2020-21.

El plan incluye tres proyectos, el primero de los cuales consta de la inversión de 1.200 millones provenientes de la Comisión Nacional de Emergencias, para la compra y distribución de semilla certificada de arroz y frijoles entre más de 3.000 productores de las regiones Chorotega, Huetar Norte y Brunca.

Según el Presidente Ejecutivo del CNP la semilla se entregará a los productores con menos de 4 Has de tierra, que representan el 60% de la fuerza productiva nacional. Por su parte en el segundo proyecto, el Instituto de Desarrollo Rural inyectará 800 millones adicionales para aumentar la compra de frijol nacional por medio del programa de Abastecimiento Institucional (PAI).

El tercer proyecto con aporte de 250 millones del FODESAF, que serán invertidos en la compra de dos cámaras de refrigeración, una en la zona norte y otra en la zona sur del país, para el almacenamiento de granos en condiciones adecuadas, que permitirá conservar cerca de 30 mil quintales de grano en espacios de almacenamiento climatizados con los que se garantice la calidad del producto.

Según manifestó el Ministro Alvarado, “estamos decididos a fortalecer la producción de granos básicos, mediante la transferencia de tecnología, el uso de semillas certificadas y mejoras en las condiciones de comercialización para beneficiar a las familias productoras y a los consumidores”. (mag.go.cr, Noticias,9-5-2020).

Este nuevo plan de las instituciones del sector agropecuario podría ser similar al Plan para la Producción Nacional de Alimentos Básicos, ejecutado durante la II Administración de Oscar Arias, originado en los problemas de escasez y altos precios de los alimentos provocado por la crisis económica mundial del 2007-08 que derivó en una crisis de abastecimiento de alimentos.

En esa oportunidad el Gobierno promovió el aumento de la producción y la productividad del arroz, el frijol y el maíz blanco en las regiones antes mencionadas, con una inversión cercana a los 20 mil millones de colones y en donde el abastecimiento de semilla se consideró un requisito indispensable sobre todo si se parte del principio de elevar la productividad, pues no se puede pretender la ampliación de las áreas de siembra si no se cuenta con la semilla necesaria para ese fin (Sector Agropecuario,2008)

Respecto a la ejecución de aquel plan, se cuestionaba que la crisis de abastecimiento surgía del desestimulo a la producción de granos iniciada hace dos décadas, el cual redujo sustancialmente los programas de investigación y transferencia, disponibilidad de infraestructura y el acceso a los programas crediticios.

El Plan de Alimentos anterior logró un éxito relativo en el aumento de la producción y la productividad del arroz y del frijol en un período de dos años, cuando se suspendió su ejecución, pero demostró que se puede elevar la productividad y mejorar la producción de granos, actividad tradicionalmente relegada, con la introducción de tecnologías de producción y manejo postcosecha apropiadas a las unidades de producción familiar. (Masís, G. Revista Ambientico Nª178,208).

Con el anuncio del nuevo plan de granos básicos, el ministro está siendo consecuente con los comentarios vertidos en su red social personal sobre el apoyo a la producción para el mercado interno y a la legítima preocupación por la seguridad alimentaria de la población, pero también es congruente con el pronunciamiento de la FAO sobre los efectos de la pandemia en la seguridad alimentaria en América Latina, cuando afirma que “para garantizar la oferta de alimentos básicos, es clave mantener el funcionamiento de las explotaciones agropecuarias, con especial atención a la agricultura familiar campesina, facilitar el transporte y acceso económico a insumos productivos (semillas, fertilizantes, piensos, etc.) y a maquinaria e infraestructura”. (FAO, Boletín, 27-4-2020).

Quizás este sea el momento privilegiado en nuestra historia…

¿Por qué seguir viviendo/luchando en medio de esta pandemia?

Jorge Luis Hernández Cascante

¿Por qué seguir viviendo/luchando en medio de esta pandemia?

Porque quizás este sea el momento privilegiado en nuestra historia, para revisar en nuestra cultura y nuestra forma de vida; e intentar cambiar nuestra perspectiva de vida.

La mayoría de las personas estamos sometidas a una forma de vida donde el tener es lo principal.

En esta parte del mundo vivimos en una sociedad dominada por la propiedad privada, el lucro y el poder.

Por eso para mí, para vos; adquirir, poseer y lucrar, es tener la felicidad más completa posible.

Para muchos, ir a un mall o supermercado, tal vez sigue siendo el gran paseo, la gran alegría para la familia.

Por ello quizás este sea el tiempo privilegiado, para remar mar adentro; entre nuestras ambiciones intereses y prioridades.

Es la gran posibilidad de detenernos,
mirar, revisar,
vaciarnos,
dejar de lado nuestro egoísmo.

Quizás así;
ser
consigo mismo (dejar de aparentar),
con el otro a nuestro lado,
con la naturaleza,
con nuestra espiritualidad y trascendencia.

Hora de “galopar territorio adentro”, conocerse a sí mismo (nos dirá Pepe Mujica).

Hora de los desapegos
y recuperar el gusto del vivir y con esperanza.

Saborear la brisa, el amanecer o atardecer, el esfuerzo o tarea cotidiano, nuestros diálogos, sueños, el arte en lo grandioso y lo simple.

La vida es hermosa, ser parte de ella es la gran aventura;
a ella seguimos convocados,
por eso suelta, suelta y ¡éntrele!

¡Seguimos!

Otros textos de esta serie de reflexión: https://bit.ly/2WgNjVW

¿Hablamos en serio de pensiones?

Hernán Alvarado

            El señor Presidente Carlos Alvarado volvió a su campaña contra las pensiones. Posteó en Facebook que «las pensiones son para proteger, no para enriquecerse», después de presentar personalmente una coadyuvancia que, como ha denunciado la AFUP, es intimidatoria.[1] Por lo visto, la Ley 9796 no se sostiene sola y le espera el merecido viacrucis jurídico. Además, él ha repetido que renunciará a su pensión de ex Presidente en su deslucido «informe» del 4 de mayo pasado.[2]

            El caso es que, a través de la Ley 9796, el Estado costarricense pretende ejercer una violencia patrimonial arbitraria gravando reiteradamente los ahorros de las personas adultas mayores. Además, esa ley cohonesta la irresponsabilidad de un Estado que no formó el fondo de pensiones solidario que mandaba la Ley 2248, cuando menos para el Magisterio Nacional.

            Así responde el mandatario a la acción jurídica de un primer grupo de pensionados que defienden, de manera legítima, sus derechos lesionados. De nuevo, redes sociales, medios de prensa y declaraciones de la clase política aparecen orquestados para intranquilidad de las personas adultas mayores. Ellas debieran demandar también a todos aquellos que usan el cliché o estigma difamatorio con que se les chuza sistemáticamente desde hace tiempo, por ser un comportamiento que atenta contra la dignidad de la persona, corazón del sistema jurídico. No se vale que siga impune y no hay que darle alas al animal ponzoñoso, según reza el refrán popular.

            Ahora bien, ¿habla en serio el Presidente de un tema tan delicado? En primer lugar, nadie se enriquece con una pensión por más alta que sea, como tampoco se puede llamar enriquecimiento a un salario público de ₡ 9,500,000. Si así fuera, habría que decir que él mismo puso a doña Rocío Aguilar a enriquecerse. Pero la verdad es que no hay manera de hacerse realmente rico sin explotar al prójimo, sin contratar a muchos trabajadores que produzcan riqueza para uno. A estas alturas no hay misterio al respecto, ni otra forma legal o ilegal de lograrlo.

            Por eso, ningún pensionado aparecerá jamás en la lista de ricos de la revista FORBES. El Presidente puede preguntar a quienes ahí aparecen: Rodolfo Jiménez Borbón, por ejemplo, recibe ₡ 875,185 millones al año, Carlos Cerdas Araya ₡ 389,600 millones y Steve Aronson ₡ 84,750 millones anuales. Un pensionado que recibiera, supongamos, ₡ 15 millones al mes, obtendría al año ₡ 180 millones, es decir, 0,02 % de lo que recibe don Rodolfo, o bien, 0,2 % de lo que recibe don Steve.

            Por tanto, las categorías de riqueza, privilegio y lujo no aplican a pensionados ni a empleados públicos, a no ser que uno quiera hacerse el cínico, el ignorante o el charlatán. Y si le cabe duda, el Presidente puede preguntar qué es enriquecimiento a la UCAEP, que tal vez podría aconsejarle, de paso, sobre cómo combatir la evasión de impuestos, las deudas con la seguridad social y la exportación de ganancias a paraísos fiscales; o cuando menos podría recomendarle a los mejores asesores en un tema que fue el gran ausente de su «informe a la nación». ¿Por qué, señor Presidente, evade usted el tema de la evasión siendo tan importante para este Pueblo?

            En segundo lugar, una pensión no es para proteger a nadie, salvo en una visión asistencialista o paternalista pasada de moda. El señor Presidente debiera saber que una pensión es un ahorro que una persona hace a lo largo de toda su vida laboral para tener una jubilación digna y puede ser tan alta como corresponda a sus cotizaciones. Hace años se promovió, por ejemplo, pasarse del Magisterio a la CCSS y era atractivo porque implicaba una reducción de las deducciones salariales, o sea, aumentaba los ingresos mensuales. Pero muchas personas no lo hicieron pensando en un futuro mejor, ¿quién les explica ahora que ahorraron en saco roto?

            Por otro lado, una pensión también puede verse como un incentivo para renovar trabajadores activos. La idea es que entren a trabajar fuerzas nuevas que adelanten las innovaciones que el sistema económico demanda constantemente. Por eso, en la medida que la jubilación es voluntaria, si las pensiones no son dignas dicho proceso se retrasa o se malogra. De hecho, varios colegas se han retractado últimamente de pensionarse, por la incertidumbre que pesa sobre el futuro de sus ahorros. Así que los más jóvenes tendrán que esperar. ¿Dónde están los estudios que permitan decidir sobre un asunto clave para la productividad promedio del país?

            Nadie parece haber tenido eso en cuenta en este «debate» tan pobre en ideas. Tanto que ni siquiera ha partido de los correspondientes estudios actuariales de los diferentes fondos. Nadie menciona tampoco el interés de privatizar dichos fondos que le hacen la boca agua al sector financiero, el único y verdadero protegido del neoliberalismo; como se puede ver en el tema de usura, aludido anecdóticamente por el discurso presidencial.

            La protección de los más pobres no se puede lograr confiscando ahorros a las pensiones más altas para pasárselas a las pensiones más bajas. Del todo, la pensión no es el instrumento idóneo para eso. Además, es ilegal e inconstitucional que el Estado pretenda trasladar su responsabilidad a un pequeño grupo de pensionados. Por cierto, ¿alguien puede creer en la sinceridad de unos diputados orgullosos de su «solidaridad» con el dinero de otros?

            Si de protección se trata, hablemos en serio de un salario social o de un ingreso universal que garantice a cada ser humano un mínimo de subsistencia, desde la cuna a la tumba, por el simple hecho de serlo, tema de punta en esta materia. Así se acabaría, por fin, con la pobreza extrema. Aunque no del todo con la pobreza, que es un concepto relativo, como decir riqueza, porque mientras la política pública siga favoreciendo la desigualdad social siempre habrá algunos demasiado ricos que correspondan a muchos demasiado pobres. ¡Cuánta falta hace hoy en día la visión de estadista de Alfredo Gonzalez Flores, Rafael Ángel Calderón Guardia, José Figueres Ferrer, Daniel Oduber Quirós o Rodrigo Carazo Odio!

            En una crisis sanitaria como la actual un ingreso vital universal hubiera mostrado su eficacia porque no habría dejado a nadie librado a su suerte. Luego, sería como un seguro si se toma en cuenta que nunca habrá una vacuna contra todas las pandemias.[3] Como un solo ejército combatiríamos así cualquier virus, entrando y saliendo a las casas, en táctica de acordeón, a una sola orden del Presidente. Además, podría asociarse a determinados deberes cívicos y comunitarios con el fin de fortalecer, por ejemplo, educación y salud, incentivando la participación ciudadana en todos los niveles de la administración pública. Dede luego, mucha tela queda por cortar al respecto, pero eso sería comenzar a caminar en serio hacia los más vulnerados, implicando también al sector financiero con su añorada bancarización universal.

            En cuanto a la renuncia a la pensión de ex Presidente, es casi increíble que el mandatario insista en cosechar un rédito publicitario con un derecho que todavía no goza. A penas comparable con repartir los ahorros confiscados a los pensionados cuando ni siquiera ha entrado en vigencia la Ley 9796, para tildar después de egoístas a quienes defenderían su patrimonio. Si esto no es populismo que alguien nos diga cómo se llama; tal vez algún garante nos pueda explicar qué tipo de ética es esta.

            Además, mientras no se modifique la norma de pensiones para ex Presidentes (Ley 7302, capítulo III) el mandatario no podrá hacer lo que promete y no parece haber voluntad política para esto. Lo que podrá hacer eventualmente es donar lo que será entonces su dinero privado. A la mejor usanza neoliberal que trata la pobreza como un asunto de caridad o filantropía y no de justicia. Pero en ese caso, según recomienda el Evangelio, mejor que la derecha no se entere de lo que hace la mano izquierda.

            Por otro lado, en rigor, la pensión de un ex Presidente es espuria, pues no corresponde a lo cotizado. En ese sentido, el dilema será siempre servir a la Patria o servirse de ella. Por eso, aunque legal, puede que no sea bien vista. Más aún, no debiera existir, ya que ser Presidente es un honor y un servicio a la patria que no tiene por qué ser retribuido de por vida. Tampoco la de un diputado o la de un Ministro en las mismas condiciones. Pero no se justifica hacer escarnio público de personas honorables por algo que es un defecto del diseño institucional.

            En sentido estricto los ex Presidentes no hacen nada ilícito al aceptar ese dinero que, como muchos otros estímulos, hoy se tiene y mañana no. Ellos no fueron quienes aprobaron la ley y esta es una sociedad basada en incentivos monetarios y normas, aunque para algunos resultan ser válidos para el ganso pero no para la gansa. Satanizar los incentivos monetarios es a penas propio del terrorismo neofascista y ultra liberal que campea hace rato en el valle central y que representan mejor que nada la tentación suicida del capitalismo.

            Se ve claro entonces que este no es el caso de una pensión digna o verdadera, como derecho adquirido y consolidado después de 30 o 40 años de cotizaciones. La poca seriedad con que se ha tratado el tema es obvia por la mezcolanza abigarrada que los diputados han hecho en esta materia, en contubernio con una prensa acrítica, superficial y complaciente con los poderosos. La ley 9796 exacerba el conflicto que divide a la sociedad costarricense desde hace más de 30 años y crea más problemas de los que resuelve. Señal de que no es justa, puesto que la justicia pacifica tanto como la injusticia enerva; si fuera justa se defendería sola.

            Por lo demás, en una República participativa, como la que establece el artículo 9 de la Constitución, una reforma de pensiones debiera ser un proceso transparente, participativo y concertado, con rigor técnico y sensibilidad social, garantizando confianza como ingrediente indispensable. El Presidente dejó claro que eso no le interesa al nombrar a doña Rocío Aguilar en la Superintendencia de Pensiones, burlándose sin disimular de la Contraloría. Ella ha reforzado la desconfianza al nombrar a Nogui Acosta. Puede que sea parte del magnánimo espíritu protector del Presidente, pero el hecho es que participación y acción ciudadanas no tienen ningún peso en su discurso. Lo cual no solo es inconsecuente con el nombre de su partido, sino que implica una posición poco democrática que no honra la norma superior.

            En conclusión, todavía no se ha hablado con el rigor que merece de un tema tan complejo, pero el debate ya fue cerrado antes de abrirse, por una campaña que concita prejuicios, envidias y odios. Los daños morales y políticos, directos y colaterales, son cuantiosos; aunque todavía a nadie se le pasa factura. Por su parte, los trabajadores activos no parecen haber considerado debidamente lo que todo esto implica para su futuro. Pero ya se darán cuenta. El pato de la fiesta o «chivo expiatorio» ha sido un grupo de personas mayores a quienes no solo se les quiere confiscar sus ahorros, nuevamente y de modo discriminatorio, sino que encima se les difama gratuitamente y se les insulta porque defienden su derecho.

            Ahora, la justicia tendrá que dirimir de qué lado está la razón. Si rige o no el principio de no retroactividad de la ley. Si se vale o no que el Estado-patrón legisle a su favor para evadir su responsabilidad social y sus compromisos legales; si el derecho defiende al débil o complace al fuerte en un asunto eminentemente laboral. Si está del lado del ciudadano, protegido del Soberano, o valida las pretensiones de un Estado abusivo mal encaminado por intereses politiqueros. Si los derechos humanos están pintados en la pared y sirven para ganar votos e imagen, o deben respetarse seriamente por seguridad jurídica de todos y para la defensa de la paz social y la democracia costarricense.

[1] Lamentablemente, los integrantes de otros Poderes se están habituando a puyar a los magistrados como si fueran diputados que ceden a presiones mediáticas.

[2] Como «evaluación de resultados y rendición de cuentas» que debería dirigirse al Pueblo, más que a la Asamblea Legislativa o al Poder Judicial, ese discurso no es de recibo. El nuevo Presidente de la Asamblea Legislativa se dio el lujo de eximirlo del «control político». Ambos incumplieron flagrantemente el artículo 11 de la Constitución, pues «Los funcionarios son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la Ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella.» Ellos que juraron cumplir con la norma superior. Ahora ¿quién podrá defendernos?

[3] Ahora el Gobierno español ha mostrado interés en el «salario social básico» que se ha puesto en práctica en Asturias, desde hace una década, y que cuenta con otras réplicas que pueden servir de referencia.

Foto: Actividad de la Asociación de Funcionarios Universitarios Pensionados (AFUP)

Solos no salimos adelante…necesitamos formar, fortalecer la comunidad

¿Por qué seguir viviendo/luchando en medio de esta pandemia?

Jorge Luis Hernández Cascante

¿Por qué seguir viviendo/luchando en medio de esta pandemia?

Porque estos días nos ayudan a comprender que solos no salimos adelante. Necesitamos formar, fortalecer la comunidad.

El Covid 19 nos llega a esta sociedad muy desigual y por eso sus coletazos en lo económico y social los sufre tantas personas de nuestras comunidades.

Somos parte de los vecinos, del barrio, de la comunidad o parroquia.

Pero…

El confinamiento, el capullo en que ahora vivimos, ¿nos permitirá cambiar nuestra relación hacia la participación y compromiso con nuestra comunidad?

¿Podremos salir de nuestro ego, esa cárcel de oro y confort?

¿Podremos mirar al lado, a nuestro alrededor y darnos cuenta de que somos parte de la comunidad?

Estos días nos ayudan a comprender que solos no salimos adelante, hace más claro y urgente, vernos en comunión cómo iglesia, eclessia (asamblea popular constituida por todos los ciudadanos) en comunidad que comparte una fe, tareas, objetivos.

Ante todo, no caer en el embeleso de esta burbuja individual o familiar, esta zona de confort al que nos acostumbramos estos días.

Por eso este tiempo que sea posibilidad de reflexión e impulso hacia más solidaridad y compromiso comunal.

Sea este un tiempo de renovación en nosotros, hacia la construcción de comunidades más solidarias.

Que nos sirva para:

Acercarnos o respaldar las organizaciones de nuestra comunidad
O fortalecer los grupos de iglesia hacia el servicio y labor social solidario.
Y ante todo aprovechar las iniciativas de solidaridad de estos días e intentar que se vuelvan permanentes en nuestro pueblo, parroquia, comunidad.

¡Seguimos!

También, el Papa Francisco aseguró que “no hay espacio para el egoísmo en el corazón cristiano” y añadió que “a diferencia de la sociedad humana, donde se tiende a buscar los propios intereses a toda costa, o incluso, en detrimento de otros, la comunidad de creyentes destierra el individualismo para fomentar el compartir y la solidaridad”.

Papa Francisco, 26 junio 2019

Otros textos de esta serie de reflexión: https://bit.ly/2WgNjVW

Hoy 9 de mayo a las 2 Encuentro de Confluencia Popular

Encuentro de Confluencia Popular este sábado 9 a las 2 pm

¿Cómo se vive la lucha social por la justicia y la participación ciudadana desde las regiones? Prioridades / procesos / acciones.

Participantes:

Región Brunca: Mariana Delgado Morales (pueblos indígenas)

Región Central: Antonieta Fernández Quirós (coordinadora de FRENASS)

Región Chorotega: Luis Fernando Barrantes Cortés (Territorios Seguros)

Región Huetar Atlántica: María Miranda Cortés (SINTRAJAP)

Región Huetar Norte: Francisca Inés Wilson Santana (Red de Mujeres Rurales de Costa Rica)

Región Pacífico Central: Francis Cordero Mojica (Alianza por la Defensa del Agua – Puntarenas)

Cada persona expondrá un panorama de su región y mediante Facebook Live o WhatsApp (88429818) se recibirá otros aportes. Facebook Live de SURCOS.

Imágenes de cabecera y galería: Encuentro de Confluencia Popular en Barva, 9 de junio del 2012.