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Autor: Hector Ferlini Salazar

Neoliberalismo en tiempos de pandemia (II)

Escrito en . Publicado en Análisis, Trabajo.

“Inventa lege, inventa fraude». (máxima romana)

Manuel Hernández

El día de ayer, la Asamblea Legislativa aprobó, en primer debate, un proyecto de ley impulsado aceleradamente por el Poder Ejecutivo, que da luz verde a la reducción temporal de las jornadas de trabajo, cuando los ingresos de las empresas resulten perjudicados por una declaratoria de emergencia nacional, dictada al amparo de la Ley Nacional de Emergencia y Prevención del Riesgo, N° 8488 de 22/11/2005.

El proyecto legislativo se tramitó mediante una vía ultra rápida, a la que nos quieren acostumbrar.

El ámbito de aplicación se limita a las relaciones de empleo privado, regidas por el Código de Trabajo, y la duración temporal de la medida de reducción de la jornada se puede “autorizar” (el entrecomillado es propio e intencional) hasta tres meses, prorrogable por dos períodos iguales, para que no les falte.

La centralidad del proyecto radica en facilitar al patrono una generosa licencia, para que modifique unilateralmente los contratos de trabajo, habilitándolo –por mandato de ley- para que recorte hasta en un 50% la cantidad de horas de la jornada ordinaria, cuando sus ingresos brutos se disminuyan al menos en un 20%, en relación con el mismo mes del año anterior, a consecuencia del hecho que produce la correspondiente declaratoria de emergencia, que podría ser la actual, o en el futuro, cualquier otra.

Cuando la disminución de los ingresos de las empresas alcance o exceda un 60%, en relación con el mismo mes del año anterior, el patrono puede reducir temporalmente la jornada de trabajo hasta un 75% de la jornada semanal.

En todos estos casos, el salario se disminuirá proporcionalmente en función del recorte de la jornada de trabajo.

Esta patriótica iniciativa es susceptible de los siguientes comentarios puntuales:

1.- Cuestionable constitucionalidad de la reducción unilateral de los salarios, por voluntad exclusiva del empleador

El recorte de las jornadas de trabajo que los patronos quedan facultados para imponer unilateralmente, no es más que una excusa para legitimar la reducción de los salarios de las personas trabajadoras.

La reducción proporcional del salario, a consecuencia del recorte de la jornada de trabajo, por acto de imperio del patrono, es una solución legislativa de muy dudosa constitucionalidad.

El salario integra el núcleo duro de los derechos fundamentales de las y los trabajadores, que tiene una protección constitucional reforzada en nuestro ordenamiento jurídico.

El salario, normalmente el único patrimonio del trabajador y trabajadora, está revestido de una serie de medidas de protección, entre las cuales sobresale la garantía de irreductibilidad de los salarios.

Esta garantía es defensiva no sólo para resistir las potestades unilaterales del empleador (ius variandi), sino también oponible al legislador ordinario.

El salario constituye un derecho intangible que el legislador no puede trastocar, en perjuicio de las y los trabajadores.

Con mayor razón, el legislador mucho menos puede afectar el salario mínimo, normalmente el máximo que se paga a las personas trabajadoras del sector privado, porque tiene una protección constitucional privilegiada (artículo 57 constitucional).

Aunque la reducción de los salarios se pretenda aprovechar en una declaratoria de emergencia nacional, esta declaratoria no confiere ninguna patente de corso al legislador, para que se vulneren los derechos fundamentales de la clase trabajadora.

2.- Falta de razonabilidad técnica y proporcionalidad en la definición de los porcentajes de disminución de los ingresos de las empresas y reducción de las jornadas

El proyecto señala que si las empresas tienen una reducción de sus ingresos brutos, por lo menos de un 20%, o por lo menos de un 60%, en relación con el ingreso del mismo mes del año anterior, la jornada se puede reducir hasta el 50% de la cantidad de horas de la jornada ordinaria, o hasta el 75% de la jornada semanal, respectivamente.

Pero, además incorporó una cláusula abierta que estipula que si la reducción de los ingresos no se ajusta a los anteriores parámetros, pero si causa una afectación real, también se podrá reducir la jornada de trabajo.

Al tenor de esta norma, todo patrono que haya tenido una reducción en los ingresos, cualquiera que sea el porcentaje, incluso si los ingresos se contraen en un porcentaje inferior al 20%, puede siempre disfrutar de la licencia de reducir la jornada.

Así, independientemente del nivel de disminución de los ingresos brutos, se generaliza, sin ninguna restricción, la medida de recorte de la jornada laboral.

Hay que advertir que la curiosa métrica contable de la disminución de ingresos, no tiene ningún fundamento técnico, en la de menos construida en los astilleros del sindicato corporativo patronal, que tanto interés ha mostrado en que se apruebe este conveniente proyecto, y que la diligente respuesta legislativa no se ha hecho esperar.

Además, una reducción del salario semanal hasta en el orden del 75%, evidencia una regulación totalmente irrazonable, que prácticamente con ese simbólico ingreso, a duras penas, el trabajador podrá sufragar los gastos de transporte y alimentación en el centro de trabajo.

Por otro lado, el patrono puede demostrar alegremente la reducción de los ingresos de su actividad empresarial con una declaración jurada, autenticada por un abogado o una certificación de un contador público autorizado, cualquiera de las dos, a conveniencia del patrono.

Naturalmente el patrono tenderá a aportar una simple declaración jurada, que no es prueba idónea para demostrar su situación financiera, que así tan extraordinariamente fácil se la pusieron a la patronal.

Este otro vicio mayúsculo del proyecto se suma al anterior, en razón que carece de la debida razonabilidad técnica y proporcionalidad, que son parámetros de constitucionalidad de las leyes, desbordados en el proyecto de ley.

3.- Unilateralismo del pseudo procedimiento administrativo de modificación de los contratos de trabajo, a contrapelo del debido proceso y el derecho de defensa

El procedimiento de modificación de los contratos se tramita en sede administrativa, correspondiéndole a la Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social conocer y resolver la correspondiente solicitud patronal.

El diseño legal del procedimiento no contempla la mínima intervención de las personas trabajadoras que resultarán perjudicadas por la medida de reducción de la jornada, con la consecuente lesión salarial, ni siquiera a título informativo o comunicativo, por lo menos por urbanidad social.

La jornada de trabajo y el salario, nos dice pacíficamente la doctrina iuslaboralista, son elementos esenciales del contrato de trabajo; deviniendo, por tanto, inadmisible la alteración unilateral de estos elementos constitutivos, a gusto del patrono, dejando en total interdicción la participación de la persona trabajadora, en aquel procedimiento en que se está jugando –literalmente- el arroz y los frijoles de la gente más pobre, que no es cualquier cosa. Por ahí algún autor decía, con toda razón: “Para el trabajador, el salario es todo.” Es cierto, que el proyecto incorporó que la reducción de las jornadas de trabajo puede negociarse con los sindicatos, o en su defecto, con los representantes de los trabajadores, pero esta norma no es más que un espejismo jurídico, una lírica declaración de buenas intenciones, porque, como todos sabemos, los sindicatos que existen y funcionan en el sector privado son contados con los dedos de las manos.

La regulación de este desaguisado procedimiento es arbitraria, violatoria del más elemental debido proceso y el derecho de defensa, que excluye, de principio a fin, la mínima participación de quienes tienen un indiscutible interés legítimo en el asunto, en orden a la defensa, no de cualquier derecho, sino de sus derechos fundamentales.

La configuración legal del impresentable procedimiento administrativo, implica una ostentosa afrenta contra el Estado de Derecho, cuya misión es la protección suprema de los derechos y libertades fundamentales.

4.- “Autorización” ex post y no previa de la reducción de la jornada de trabajo y el descuento de los salarios

Existe otro aspecto muy serio, como si los anteriores no fueran suficientemente graves, que es necesario escudriñar entre la narrativa del contenido normativo del proyecto, que no se vaya a creer que se trata de una minucia jurídica irrelevante, porque realmente no lo es.

El proyecto habilita al patrono, ipso facto, para que de una vez, pueda reducir la jornada de trabajo, y en consecuencia, disminuir los salarios, solo con la condición que realice la correspondiente solicitud dentro de los tres días siguientes.

Es decir, el patrono no requiere ninguna autorización previa para ejecutar, de inmediato, la reducción de la jornada de trabajo y el castigo proporcional del salario.

 Así las cosas, la afectación se consuma de una vez, sin necesidad de permiso previo de la autoridad ministerial, cuya actividad administrativa se limita únicamente a constatar, a posteriori, que la solicitud del patrono cumple los ya vistos laxos requisitos de ley.

Entonces, la expresión “autorización” que tiene la denominación del proyecto de ley, reiterada en el desarrollo del mismo, induce a engaño, porque desde el punto de vista jurídico, la autorización siempre es previa al ejercicio de una conducta y no ex post, como de esta última manera se disciplina en el proyecto, con la finalidad de legitimar la modificación anticipada y abrupta de los contratos de trabajo, por lo que el procedimiento se limita a una cuestión de mero trámite, sin ninguna intervención de los afectados.

Desde hace mucho tiempo, desde la antigua Roma, existe aquella máxima inmortal, registrada en el primer diccionario DREA (1734): “Hecha la ley, hecha la trampa.”

A manera de cierre:

Nadie cuestiona que en esta situación tan dura por la que estamos pasando, el principal objetivo es combatir la pandemia, salvaguardar la salud y la vida de las personas y además, proteger el trabajo.

Pero aun así, en una situación extraordinaria, en el ámbito de las relaciones de trabajo, las medidas no pueden implicar una excepcionalidad tan extrema e intensa, que a merced de una declaratoria de emergencia nacional, se pueda cohonestar la violación de los derechos de las y los trabajadores, si se quiere de los más fundamentales, como es el salario, del cual depende su subsistencia y la de sus familiares.

En realidad, la pretendida reducción de la jornada no es más que un artificio legislativo, para disminuir los salarios de las personas a quienes con costo los empresarios, que hoy pegan el grito al cielo, les remuneran efectivamente el salario mínimo de ley.

El proyecto de ley destella una visión neoliberal, de corte autoritario, que proscribe toda participación de los trabajadores, en una especie de pseudoprocedimiento administrativo, que definirá la suerte de lo que antemano prácticamente está ya resuelto, en menoscabo del Estado de Derecho.

Sin la menor duda, se configuró un caricaturesco procedimiento permisivo, que podría facilitar el fraude de ley contra el salario de los trabajadores, pretextado en una declaratoria de emergencia; que ya de toda manera, la ley les quedará lista y empacada para aplicarla en cualquier otra situación.

Así también queda allanada la aprobación del otro proyecto de ley de flexibilización laboral, que significa la destrucción de la regulación de las jornadas de trabajo.

En un Estado Social y Democrático, en tiempo de crisis, las políticas de Estado deben decididamente proteger la situación social y económica de las personas trabajadoras más explotadas y no, por contrario, hacer más gravosas sus condiciones de trabajo y vida, ya de por sí muy precarizadas por el mercado de trabajo, para favorecer los espurios intereses de las cámaras patronales.

Los sacrificios no los tienen que seguir soportando los mismos de siempre.

Ilustración: https://www.ocac.cl/el-gen-de-los-obreros/

Las mujeres del campo y el coronavirus

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Los robles de sabana están en flor, en toda su belleza, los mangos también están en flor y los árboles de mayo, igual que otros en el norte y en el sur. Para nosotras ver los árboles en flor con sus distintos tonos de rosa, amarillo, naranja, es un regalo de la naturaleza y es hermoso. Podríamos disfrutarlos más si no estuviéramos en una situación tan difícil, tan peligrosa y sobre todo tan incierta. Este documento surge de diversas comunicaciones que hemos tenido entre las compañeras de la Red de mujeres Rurales desde sus regiones y la Asociación Tinamaste.

Hemos estado comentando varios materiales sobre la epidemia, el comportamiento del virus, y por supuesto son solo algunos, porque hay muchísimos sobre el tema y no podemos ni siquiera tratar de leer lo que sale y al ritmo que se están produciendo, sobre todo porque tenemos que seguir trabajando. No cabe duda que la información que tenemos es muy escasa.

Vemos muchas manifestaciones de solidaridad ante el desastre social y sobre todo de salud, y eso es maravilloso, y mucho se ha planteado que la pandemia nos debe hacer pensar que tenemos que salvarnos juntos o no nos salvaremos de esta crisis; ni de las que vienen.

Porque esta descomposición global, es resultado de un planeta enfermo y una sociedad enferma, todo deteriorado, maltratado. Y porque vendrán muchas más si no cambiamos.

Queremos plantear una vez más que esta situación no es resultado solo del virus como tal, ni que se resolverá una vez controlado el virus. Por eso queremos plantear y denunciar varios asuntos.

La crítica situación sanitaria nos pone enfrente de manifestaciones diversas, y podemos decir que todas agravan la discriminación que ya vivimos. Ya las relaciones sociales en esta sociedad nos afectan, pero se está profundizando el aislamiento y nos saca de la calle, de esa calle que nos ha costado tanto conquistar con muchos años de lucha y de ruptura del encierro de las mujeres. Esta situación además pone a las personas en una dependencia aún mayor de la comunicación electrónica, con el agravante de que no toda la población tiene acceso, y nosotras en particular no tenemos acceso a las mismas posibilidades de comunicación.

Algunas de las mujeres en el campo solo recibirán de información lo que vea en la televisión, en los noticieros que siempre nos han desinformado, sin acceso a internet, sin señal o sin el equipo necesario para poder comunicarnos, mientras que otros sectores de la población podrán buscar diversas fuentes de información, con las más variadas opciones tecnológicas. No es cierto que tengamos las mismas posibilidades.

Eso también nos pone en mayor desventaja ante la situación actual. Pero se nos presentan también otras muchas manifestaciones que evidencian que no todas y todos lo estamos viviendo de la misma manera. Suena fácil decir que no salgamos de casa. ¿será que no pueden pensar en cómo vivimos la mayoría de la población que vivimos con lo que nos ganamos al día.

Muchas de las mujeres de campo (y de barrios urbanos populares también) complementan sus ingresos con el trabajo doméstico en otras casas de otras familias. Aquí se presentan pocas opciones para aislarse y no entrar en contacto con otras personas, como pueden hacerlo familias de capas medias profesionales y por supuesto sectores dominantes. Las mujeres trabajadoras domésticas si no vamos a trabajar no tenemos ingresos para la alimentación de las familias y si vamos, debemos tomar autobuses, entrar en contacto con otras personas en diversos espacios, en fin, las posibilidades de contagio son mucho mayores. Y ni qué decir de las que trabajamos en reciclajes, donde nos llegan las basuras de otros lados. Hemos tenido que ser firmes en decir que no nos envíen desechos de hospitales.

Muchas mujeres en las comunidades rurales nos movemos a los centros de población a vender productos de los patios o parcelas, o productos procesados. El sistema capitalista neoliberal nos ha querido desaparecer como mujeres campesinas e indígenas, como familias y pueblos indígenas y campesinos, pero aún no lo lograba totalmente. La economía local se ha resistido a desaparecer y mucho de esto está en manos de las mujeres. Hoy denunciamos que bajo la excusa de la protección sanitaria, la policía persigue a las mujeres que requieren vender sus productos para poder llevar comida a sus familias. todas nosotras estamos paradas, vendemos cúrcuma, huevos, cacao, hacemos cajetas de leche y confites de cacao, vinagre casero y otras cosas, o le ayudamos a vender a otras mujeres y eso ya no lo podemos hacer. Pero no está prohibida la venta de alimentos en los supermercados, por supuesto. ¿Serán motivos sanitarios o será otra manifestación de discriminación de clase? Mientras en los espacios de las grandes discusiones se reconoce cada vez con más frecuencia que la producción local es la que nos puede salvar. Europa amanece con el gran dilema, cierra las fronteras y deja los miles de productos que alimentan a la población sin entrar o se verán obligados a dejar entrar los miles de vehículos terrestres, marítimos o aéreos con los alimentos. Pero el estado costarricense todavía no se entera que debe fortalecerse la producción y el mercado de productos nacionales y dejar de perseguir a las mujeres que con sus productos somos parte de la cadena de los mercados locales. Las grandes empresas que han venido acaparando la tierra, la producción y mercado, con el apoyo estatal, están aprovechando la crisis para intensificar la persecución contra nuestras ya reducidas economías para terminar de matarnos.

¿Será que con estos alimentos se provocará el contagio? ¿Será que se puede escoger entre no hacer las ventas o morirse de hambre? La solidaridad se debe practicar con el consumo de productos locales, no con la persecución.

Y también en las zonas rurales nos meten miedo sobre el consumo de nuestros alimentos.

Tenemos gallinas, y con la alerta sanitaria nos dicen que nos puede dar alguna enfermedad mortal, pero las cadenas comerciales si están haciendo billetes. Meterle miedo a la gente da buenos resultados a los grandes negocios y se trae abajo nuestra economía campesina y nuestras formas de sobrevivir. Están utilizando el coronavirus para legitimar la persecución social.

Y mientras el miedo por el coronavirus crece en el grueso de la población, las familias en zonas transfronterizas ven profundizarse las discriminaciones por su condición de pueblos transfronterizos. Estas fronteras establecidas sobre los pueblos que desde mucho antes se ubicaron en esas zonas. Por ejemplo, muchas familias ngäbes obtienen su sustento del trabajo que realizan a este lado de la frontera, pero duermen al otro lado de la frontera, o a la inversa, muchas mujeres tienen su casa a este lado y cuidan familiares al otro lado de la frontera. Hoy amanecieron con que no pueden pasar la frontera, y no pueden asistir a sus trabajos, y con ello no tendrán el jornal y con qué alimentar a sus familias. ¿Será el coronavirus es la amenaza mayor? ¿O la imposibilidad de comer? Por otra parte, las mujeres de los territorios indígenas, donde el Estado no ha procedido a dar ni un solo paso real para la defensa de los territorios y la protección de las poblaciones violentadas por los finqueros usurpadores, viven una amenaza inmediata a sus vidas, no por el virus, sino por los finqueros y matones pagados por los finqueros. A un año del asesinato de Sergio Rojas y a menos de un mes del asesinato de Yehry Rivera, ambos dirigentes indígenas en defensa de los territorios, la impunidad campea, los intereses de los finqueros racistas, usurpadores, ocupantes ilegales, se han impuesto con la protección del Estado costarricense. ¿Y la seguridad de las comunidades indígenas? ¿Y la aplicación de la ley y de las medidas cautelares de protección a las comunidades indígenas dónde queda? En estos momentos los finqueros se sienten seguros, confiados y están en total impunidad.

Eso les permite seguir quemando casas, cosechas, entrar en espacios privados y robar objetos, amenazar de muerte y violación a las mujeres. Se prevé que el encierro en las casas va a provocar más violencia en las familias y como mujeres debemos acompañarnos para que eso no suceda, pero ¿quién nos va a proteger de la violencia de los finqueros en los territorios indígenas?  Todas estas manifestaciones de la crisis de salud son resultado del mismo sistema en que vivimos. Por décadas el Estado neoliberal nos ha impuesto el monocultivo y la producción industrial como única forma de producción, diciendo que era progreso, que nos traía empleo y mejores condiciones de vida y con ello destruyeron la biodiversidad, nos llenaron de contaminación, con envenenaron el agua, nos quitaron la tierra, nos dieron trabajos mal pagados y en malas condiciones y nos enfermaron. Pero nos dijeron que eso era más limpio.

Hoy sabemos que el desequilibrio ambiental, la cría industrial de animales confinados y la destrucción de la Naturaleza, permiten la transmisión global de las enfermedades; la pérdida de la biodiversidad ha anulado barreras planetarias para responder ante virus y bacterias.

Además, sabemos que la producción industrial de alimentos nos ha quitado los alimentos saludables y diversos y todo ello se sostiene con la concentración de la tierra y otros bienes como agua y semillas. Nos plantean el aislamiento y las medidas de limpieza como las únicas vías para salir de la crisis del coronavirus, pero no dicen que solo es posible si tengo agua limpia, si tengo acceso a los productos de limpieza y sobre todo si podemos mantener altas las defensas del cuerpo y eso solo es posible si tenemos una dieta adecuada, diversa y suficiente.

Desde la Red hemos manifestado muchas veces la necesidad de cambiar estas relaciones de concentración económica, de concentración de la tierra. La diversidad de alimentos saludables y su producción solo puede estar en manos de la producción campesina. Se siguen gastando grandes cantidades de recursos públicos en prevención, contención y tratamiento, pero no se menciona ni una sola medida para cambiar las causas de tanto desastre.

Las mujeres del campo en el mundo hemos demostrado que desde otra lógica podemos producir los alimentos para nuestras familias y comunidades y comercializar en el espacio local para alimentar al mundo, que podemos producir manteniendo equilibrio con la naturaleza, siendo parte de ella y no explotándola. Ante la crisis de salud, de alimentación y de ambiente, solo hay una salida, distribución de la tierra, no acaparamiento de semillas, producción sin agrotóxicos, diversidad en la producción. Solo promoviendo la producción campesina, facilitando los mercados y las cadenas de distribución para poder comercializar nuestros productos, con la participación de las mujeres en la toma de decisiones y control de los bienes en las comunidades podremos construir otras formas de producir, otra forma de ser y otra forma de estar en el planeta.

RED DE MUJERES RURALES DE COSTA RICA
ASOCIACION TINAMASTE
20 de marzo de 2020



Promueven cierre preventivo del Caribe Sur

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

Una solicitud para el cierre preventivo del Caribe Sur dentro de las próximas 24 horas, impidiendo el ingreso a su jurisdicción, con un puesto de Salud y Seguridad en la Subdelegación Tuba Creek, permitiendo sólo el acceso de residentes y de proveedores, regulando el paso o imponiendo cuarentena, de acuerdo con los lineamientos de las autoridades de salud.

Esa es una propuesta ciudadana que ha surgido en el Caribe Sur.

Con esa motivación, un colectivo de Talamanca sustentaría la petición en el Artículo 9 de la Constitución Política que define el gobierno como participativo.

La organización muestra «gran preocupación ante la inminente situación sanitaria que enfrentamos, por la velocidad en la que se está manifestando este coronavirus en el país». Por ello promueve una consulta en la comunidad con estas preocupaciones:

1- El cantón posee una población vulnerable, con escasísimos recursos en Salud y una tremenda escasez de agua,

2- Aún no se ha presentado ningún caso positivo,

3- El país se encuentra en estado de Emergencia y en Alerta Amarilla,

4- El artículo 9º de la Constitución Política de Costa Rica confiere la potestad de participar directamente en la toma de decisiones,

5- En acción de cogobierno, debemos acompañar y reforzar las medidas tomadas por los tres Poderes de la República.

6- Mantener a la comunidad libre del virus por más tiempo no solamente es la estrategia de salud más recomendada por médicos y científicos alrededor del mundo (aplanar la curva para no saturar los servicios de salud y poder brindar atención médica a todos los que lo necesiten) sino que además nos permitirá enfrentar la crisis y reactivar la economía sin tantas pérdidas humanas y materiales.

Las personas promotoras de la iniciativa expresan además su compromiso por acompañar todos los esfuerzos de las autoridades en el combate al COVID-19.

Solicitud pública de la judicatura nacional a Corte Plena por personal auxiliar

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

Piden autorizar al personal auxiliar a quedarse en sus casas para cumplir el distanciamiento social y cierre de atención al público

SURCOS recibió el siguiente documento así como la respuesta de magistradas y magistrados que se puede descargar al final:

“Nosotros, jueces y juezas de la República, de todas las materias y partes del país, por medio de la presente hacemos un vehemente y enérgico llamado a los señores magistrados y señoras magistradas para que —debido a la situación de emergencia nacional ante la pandemia decovid-19 que afronta el país y la drástica elevación de los casos que ya han ocasionado la primera muerte— se adopten, de inmediato, los acuerdos necesarios para que se permita que el personal auxiliar y subalterno de esta institución, baluarte en la protección de los derechos de todas las personas, pueda permanecer en sus casas con sus familias, acatando las disposiciones del Ministerio de Salud para la protección de su integridad física y la de sus familias y se cierre la atención al público en la institución, salvo las salvedades usuales en este tipo de situaciones.

Debe tenerse en cuenta que los y las auxiliares de la administración de justicia, que ocupan la base de la “pirámide judicial”, son las personas más expuestas al contagio, dado que deben hacer uso de los medios de transporte público y atender a usuarios/as, en despachos abarrotados y, en muchas ocasiones, con condiciones inadecuadas de trabajo, situación distinta a la de quienes ostentamos puestos profesionales, magistratura incluida, cuyas condiciones son mucho más favorables. Por ello, las diferentes medidas que se han adoptado (teletrabajo sin posibilidad de acceso a sistemas informáticos o la reducción de la jornada laboral) no tienen posibilidad de disminuir estos factores de riesgo y se tornan inadecuadas para paliar el contagio.

Los y las firmantes nos comprometemos a mantenernos en nuestras funciones a fin de disminuir el impacto que tal medida pueda tener en el servicio de justicia”.

Dado en San José, Costa Rica, a las 18:00 horas del 18 de marzo de 2020.

Firmas:

Jueces y juezas del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San José

1.- Rosa María Acon Ng, cédula 700880120.

2.- Alfredo Araya Vega, cédula 303540110.

3.- Jorge Luis Arce Víquez, cédula 106250684.

4.- Maribel Bustillo Piedra, cédula 106830430.

5.- Melissa Campos Guzmán, cédula 10149400419.

6.- Marianella Corrales Pampillo, cédula 108980014.

7.- Rosaura Chinchilla Calderón, cédula 107260142.

8.- Gustavo Gillen Bermúdez, cédula 108250226.

9.- Manuel Gómez Delgado, cédula 109650871.

10.- Kattia Jiménez Fernández, cédula 401580862.

11.- Edwin Esteban Jiménez González, cédula 108580476.

12.- Rafael Mayid González González, cédula 109020374.

13.- Raúl Madrigal Lizano, cédula 0109150038.

14.- Giovanni Mena Artavia, cédula 107100029.

15.- Laura Murillo Mora, cédula 107480405.

16.- Francini Quesada Salas, cédula 107680495.

17.- Gustavo Adolfo Rojas Gutiérrez, cédula 110950534.

18.- Ana Isabel Solís Zamora, cédula 108460851.

19.- Alejandra Valenciano Chinchilla, cédula 1011040484.

20.- Patricia Vargas González, cédula 108860238.

21.- Iris Valverde Usaga, cédula 105590201.

Jueces y juezas del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil

22.- Erick Alonso Calvo Rojas, cédula 204330701.

23.- Flory Chaves Zárate, cédula 204030471.

24.- Jorge Camacho Morales, cédula 105480849.

25.- Gustavo Jiménez Madrigal, cédula 204560480.

26.- Helena Ulloa Ramírez, cédula 107110370.

27.- Rafael Segura Bonilla, cédula 401460866.

Jueces y juezas del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago

28.- Ivette Carranza Cambronero, cédula 108520427.

29.- David Alberto Fallas Redondo, cédula 108350935.

30.- Xiomara Gutiérrez Cruz, cédula 1010120159.

31.- Marco Mairena Navarro, cédula 502350939.

32.- Jaime Robleto Gutiérrez, cédula 800680284.

Jueces y juezas del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Guanacaste

33.- José Manuel Cisneros Mojica, cédula 1010730255.

34.- Cynthia Dumani Stradtmann, cédula 106520057.

35.- Wilson Flores Fallas, cédula 108980536.

36.- Marlene Mendoza Ruiz cédula 502790730.

37.- Rodrigo Obando Santamaría, cédula 107800204.

Jueces y juezas del Juzgado Agrario del II Circuito Judicial, Zona Atlántica

38.- Esteban Castillo Zúñiga cédula 10135300662.

39.- Elsa Centeno Jiménez, cédula 7113831.

40.- Geison López Barrantes, Juez Coordinador.

41.- Mayra Matamoros Rodríguez. cédula 107030728.

Jueces y juezas del Tribunal de Juicio de Quepos

42.- Maureen Víquez Córdoba, cédula 303200851.

43.- Hernán Enrique Moya Ureña, cédula 303470175.

44.- Johanna Bogantes Madrigal, cédula 109700436.

Jueces y juezas del Juzgado Penal de San Carlos

45.- Jeffrey Antonio Quesada Arroyo, cédula 2-0649-0316.

46.- Ivannia María Ramírez Hidalgo, cédula 2-0644-0977.

47.- Joselyn Villegas Araya, cédula 2-0672-0153.

Jueces y juezas del Tribunal Contencioso Administrativo

48.- Rosa Cortés Morales, cédula 1-0611-0837.

49.- Dr. Carlos Humberto Góngora Fuentes, cédula 303410335.

50.- Lindsay Rodríguez Cubero, cédula 1-1056-0070, jueza 3.

51.- José Martín Conejo Cantillo cédula 1-1058-0503.

52.-M.Sc. Eduardo González Segura, Juez decisor, Sección Segunda.

53.- Cynthia Abarca Gómez, cédula 1-764-404.

54.- José Roberto Brenes Chinchilla, cédula 107030314.

55.- Karla Madriz Martínez, cédula 3-0344-0025.

56.- Daniel Aguilar Méndez, cédula 3-0371-0684.

57.- José Roberto Garita Navarro, cédula 109280100.

Jueces y juezas del Juzgado Penal Juvenil de San José

58.- Lic. Danilo Segura Mata, cédula 0107470857, Juez Coordinador.

59.- Master Lucy Jiménez Jiménez, cédula 0105850816.

60.- Máster Laura Trejos Ramírez, cédula 0111520968.

61.- Licda. María Fernanda Herra Jiménez, cédula 0115040208.

62.- Máster Diego Barquero Segura, cédula 112990647.

Jueces y juezas del Tribunal de Apelaciones Civil y de Trabajo de la Zona Atlántica, Sede en Limón

63.- Guillermo Guilarte Corrales, cédula número 1-0721-0961.

64.- Alberto Cesar Juárez Gutiérrez, cédula número 5-0328-0870.

65.- Luis Esteban Araya Ugalde, cédula número 1-0860-0133.

Jueces y juezas del Juzgado de Tránsito del II Circuito Judicial de San José

66.- Ana Catalina Campos Ramírez, cédula 108310491.

67.- Marta Carolina López Espinoza, cédula 502840056.

68.- Tatiana Murillo Jara, cédula 401600673.

69.- Ileana Loáiciga Calderón, cédula 107070843.

70.- Mauren Ortiz Cerdas, cédula 303540070.

71.- Hans Leandro Carranza, cédula 303020068.

Jueces y juezas del Tribunal de Juicio de Alajuela

72.- Alberto García Chaves, cédula 1-1125-0346.

73.- Christian Quirós Alfaro, cédula 1-1657-435.

74.- Adrián Montero Carranza, cédula 2-480-806.

75.- Marianela Vargas Cousin, cédula 6-178-798.

76.- Giovanni Hernández Martínez, cédula 1-1035-0410.

Juzgado de Violencia Doméstica de Hatillo, San Sebastián y Alajuelita.

77.- Frania Emilia Rojas Vindas, cédula 1-893-608.

78.- Carmen Ligia Chacón González, cédula 1-891-810.

Jueces y juezas del Juzgado Penal de Puntarenas

79.- Jordan Josué Nelson Martínez, cédula 07-021210882.

80.- Luis Daniel Montero Rojas 04-0202-0980.

81.-Jeinny Blanco Quesada 02-0582-0599.

82.- Mariela Quesada Campos cédula 07-0196-0611.

Jueces y juezas de diversos despachos del país

83.- Jenny Aguilar Brenes, cédula 303530134, Juzgado Penal de Alajuela.

84.- Mariana Howell Blanco, cédula: 1-1317-0718, jueza en el Juzgado Tercero Especializado de Cobro del I Circuito Judicial de San José.

85.- Oscar Cruz Conejo cedula 30241034, Juez del Tribunal de Apelación Civil y Laboral de Cartago.

86.- Xinia González Grajales, jueza. Tribunal Colegiado Primera Instancia Civil de Puntarenas.

87.- Doralicia Orozco Camacho, cédula 109660188.

88.- Adriana Orocú Chavarría, cédula 303170898, jueza en el Juzgado Primero Civil de San José.

89.- José Barrantes Chan, cédula 602840477, juez supernumerario en Quepos.

90.- Ruth Alpízar Rodríguez, cédula 1-801-916, jueza Agraria de Liberia.

91.- Laura Chinchilla Rojas, cédula 1013160172, jueza del Tribunal de Juicio de Heredia.

92.- Estéfana Brenes Alfaro, cédula 1-910-772, jueza coordinadora Juzgado de Tránsito de Desamparados y Aserrí.

93.- Dr. Juan Carlos Alvarado Miranda, cédula 401300930, Juez del Juzgado de ejecución penal de Alajuela.

94.- Sandra Yorleny Tenorio Sánchez, cédula 5-219-979, Juzgado de Trabajo, Primer Circuito de San José.

95.- José Alberto Rojas Chacón, cédula 108340614. Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Alajuela, San Ramón.

96.- Susana Cristina Mata Gómez, Juzgado II especializado de Cobro, I Circuito Judicial de San José.

97.- María José Badilla Montes, cédula 113740745, Jueza en el Juzgado de Trabajo de Puntarenas.

Jueces y juezas en los Tribunales de Pérez Zeledón

98.- Manuel Fallas Calderón, cédula 109260942. Juez penal.

99.- José Luis Cambronero, cédula 106040350, jueza en materia penal.

99.- César Lara Fallas, 1-1302-0354. Tribunal de Juicio.

100.- Kiabeth Valverde Araya, cédula 1017110475. Tribunal de Juicio.

101.- Bryan Mejías Corrales, cédula 1016710832, Tribunal de Juicio.

102.- Daunett R. Chinchilla Segura, cédula 1015170476, Tribunal de Juicio.

103.- Carlos Adolfo Calderón Bogantes, cédula 1-0954-0798, Tribunal de Juicio.

104.- Katherine Agüero B., cédula 1-1536-0467, Tribunal de Juicio.

105.- Franz Loney Castro Solís, cédula 2-0575-0224, Tribunal de Juicio.

106.- Harol Ríos Solórzano, cédula 1-1288-0207, Tribunal de Juicio.

107.- Nikole Castro Mora, cédula 1017340017. Tribunal de Juicio.

107.- Hellen Hidalgo Ávila 1-1205-0338, Juzgado Civil y laboral.

108.-Norman Herrera Vargas 2-0513-0564, Juzgado Civil y laboral.

109.-Rafael Rojas 1-0746-0394, Juzgado Civil y laboral.

110.- Enar Venegas Pérez, 1-1100-0758, Juzgado Civil y laboral.

Jueces y juezas del Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José

111.- Hugo Porter Aguilar, 01-0731-0052.

112.- Adriana Tenorio Jara, 01-1044-0271.

113.- Alfredo Arias Calderón, 06-0215-0285.

114.- Yanan Chacón Mena, 01-1305-0239.

115.- Sergio Quesada Carranza, 1-0748-0131.

116.- Hannia Soto Arroyo, 01-0875-0490.

117.- Franz Paniagua Mejía, 01-0634-0520.

118.- Ivannia Delgado Calderón, 07-0125-0539.

119.- Mercedes Muñoz Campos, 01-1009-0474.

120.- Erika Calvo Navas, 09-0087-0465.

121.- Sharin Acuña Ruíz, 01-1261-0276.

122.- Ana Raquel Salas Bolaños, 01-1400-0194.

123.- Rosaura García Aguilar, 01-0626-0862.

124.- Maureen Iong Ureña, 01-0815-0990.

Jueces y juezas del Juzgado de Cobros del II Circuito Judicial de San José

125.- Susana Mata Gómez, cédula 113870756.

126.- Jenny Corrales Torres, cédula 113090580.

127.- Giovanni Morales Mora.

128.- Fiorella Guzmán Valerio, cédula 114750195.

129.- Isabel Castillo Navarro.

130.- María Vargas González.

Jueces y juezas de Corredores

131.- Andrea Arauz Cabrera, cédula 603190013, Jueza del Tribunal Penal de Corredores.

132.- Irma Zúñiga Rodríguez, cédula 113810733, Jueza del Tribunal Penal de Corredores.

133.- Doni Pantón Moya cédula 701210171, Juez del Tribunal Penal de Corredores.

134.- Luis Guillermo Miranda Blanco, cédula 502900998, Juez del Tribunal Penal de Corredores.

135.- Yamila Ulate Young, cédula 109250150, Jueza del Tribunal Penal de Corredores.

136.- Kenneth Monge Palma, cédula 701640503, Juez del Tribunal Penal de Corredores.

137.- Víctor Rivera Mora, Juez del Tribunal Penal de Corredores.

138.- Diana Vargas B., Jueza del Tribunal Penal de Corredores.

139.- Lester J. Villalobos Gallardo, Juez del Tribunal Penal de Corredores.

140.- Melany Valdés Duarte, cédula 603410804, Jueza del Tribunal Penal de Corredores.

141.- Gregory Chinchilla Lázaro, cédula 604150634, Juez del Tribunal Penal de Corredores.

142.- Catiana Delgado Trujillo, cédula 603230543, Jueza del Tribunal Penal de Corredores.

143.- Yolanda Venegas Caballero, cédula 602700438, Jueza del Tribunal Penal de Corredores.

144.- Sergio López Arias, cédula 205310810, Juez del Tribunal Penal de Corredores.

145.- Alicia Anchía Delgado, cédula 110060573, Jueza del Tribunal Penal de Corredores.

146.- Daniel Venegas Carrillo, cédula 604110174, Juez del Tribunal Penal de Corredores.

147.- Seidy Ugalde Almengar, cédula 602440918, Jueza del Tribunal Penal de Corredores.

148.- Wilbert Vallecillo.

Foto: UCR

Respuesta de magistradas y magistrados:

Oficio-a-Presidencia-emergencia-Covid-19.pdfDescarga

De la pandemia, la FANAL, y la ingratitud

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Dr. Jorge D. García, Ph.D.
Cédula 1 0403 1429

“Sin mascarillas ni gel hidroalcohólico…Así es como luchan contra el coronavirus médicos y enfermeras franceses, quienes se sienten desamparados, estresados y enfadados.” Este es el recuento de un medio digital nacional para describir lo que viven actualmente muchos trabajadores de salud en Francia.

En contraste, y si por algo debemos sentirnos afortunados, es de que nuestros trabajadores de salud no sufran las mismas estrecheces, particularmente en lo que se refiere a solución alcohólica desinfectante, de probada eficacia para inactivar el coronavirus. Damos por un hecho, y ni siquiera pensamos, en que FANAL rutinariamente surte las necesidades de alcohol de toda la Caja Costarricense de Seguro Social, A PRECIO DE COSTO.

Se dice que, si algo permite separar el grano de la paja, es una crisis. La pandemia en curso ha permitido a los costarricenses aquilatar el espíritu de servicio de los servidores públicos, y ver de primera mano cómo responden a las necesidades de la población. Irónico contraste con la campaña infame de desprestigio mantenida por el poder mediático en su contra durante los últimos años. En esta ocasión, han sido los trabajadores de FANAL, con total dedicación, los primeros que han dado ejemplo de entrega y sacrificio para dotar de antiséptico protector a quienes lo solicitan. Y ello ha sido claro y patente para todos. Pero hay quienes, engolosinados ante la perspectiva de hacerse del negocio de los licores y lucrar con él, y vitoreando anticipadamente la venta o concesión, encuentran insufrible la idea de que FANAL sea vista con alivio y agradecimiento por los costarricenses.

Como es costumbre, esos intereses no encuentran mejor manera de expresar su enojo ante la renovada y positiva percepción popular de la FANAL, que enlodar a la institución, acusándola, una vez más, de ser un fardo de añejas deudas y de no valer gran cosa. Insólito caso de FANAL, editorializan, y arrastran por el barro su gestión. Pero lo que es realmente insólito es que el mismo Consejo Nacional de Producción (al que FANAL está adscrita), haga más fácil el ataque y no salga a defender el papel que FANAL juega en el país. Cuánto más, porque la realidad histórica apunta a que las deudas y pérdidas de FANAL ni siquiera se originaron en su propia gestión institucional. Pero haría falta una investigación técnica, honesta y objetiva, para demostrarle al país el verdadero origen de las pérdidas señaladas. Desprestigiar a FANAL ha sido una constante durante los últimos años. Pero que lo hagan en la presente circunstancia, cuando la institución brilla por mérito propio, es el colmo de la ingratitud y la mezquindad. Por lo menos el proverbial borracho en la vela podía después disculparse aduciendo obnubilación. Ellos lo hacen con pleno conocimiento de causa. ¿Habrán oído acaso que es de bien nacidos ser agradecido?

Cooperativa pide a INFOCOOP acciones integrales en momentos de crisis

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

Coopaseguros R.L señala en un documento enviado al INFOCOOP “el vital aporte del sector cooperativo a la estabilidad social y económica del país y la necesidad de reforzar los protocolos de actuación con un objetivo prioritario: garantizar la seguridad, salud y bienestar tanto de los cooperativistas como de la población en general”.

Asimismo, destaca “la imprescindible labor del sector cooperativo en el abastecimiento al mercado de productos y servicios, que garanticen la salud y seguridad alimentaria del país”. La cooperativa del sector seguros señala por ello el instituto que rige al cooperativismo, la necesidad de una serie de medidas con el apoyo FECOOPSE, que es la federación que agrupa a “más de 33 asociaciones cooperativas de diversas zonas del país”.

El documento, firmado por José Luis Barrientos León, gerente general de Coopaseguros R.L. propone estas medidas urgentes:

1- Que el Infocoop establezca una serie de medidas excepcionales de apoyo a los sectores cooperativos afectados económicamente por la propagación del coronavirus COVID-19. En donde se considere flexibilización de los términos contractuales de los créditos vigentes en cuanto a las tasas de interés, plazos, intereses de mora, costos administrativos por atrasos, comisiones y multas.

2- Que el Infocoop establezca una serie de programas crediticios especiales por la condición de emergencia que afecta al sector, en donde se consideren aspectos económicos y financieros flexibles y se establezcan condiciones de análisis, trámite, garantías, formalización y desembolso excepcionales de apoyo a las cooperativas que se vean afectadas económicamente por la propagación del coronavirus COVID-19.

3- Que el Infocoop establezca líneas de crédito especiales para las cooperativas de ahorro y crédito con el fin de que, por medio de ellas se estructuren programas crediticios especiales a sus asociados que mantengan la economía nacional dinámica y activa.

4- Que las cooperativas de ahorro y crédito, especialmente las asociadas a FECOOPSE, para contribuir con medidas de apoyo a la economía nacional y a las familias de asociados más expuestas al impacto económico de la pandemia, ponga en marcha líneas de financiación especial de préstamos personales con los recursos que facilite el Infocoop, para que sus asociados puedan gestionar su liquidez y garantizar el pago de sus compromisos y obligaciones.

5- Que el Infocoop, permita la presentación de una solicitud para la modificación de términos y condiciones establecidas en los contratos de crédito en donde se permita la interrupción y el cómputo del plazo en mora hasta que los efetos económicos de la propagación del COVID 19 se hayan superado.

6- Que el Infocoop, permita la readecuación de cuotas para aquellas cooperativas que se encuentran en zonas de alta vulnerabilidad social, cuya situación especial por afectación en sus ingresos este generando una disminución importante en sus flujos de efectivo, poniendo en riesgo su operativa normal, con la posible generación de desempleo.

7- Que el Infocoop permita a las cooperativas de ahorro y crédito directamente supervisadas por la institución mediante el sistema de alerta temprana, flexibilizar los términos de las reservas financieras y valoración de sus instrumentos financieros, de tal forma que no genere un impacto inmediato en los resultados de excedentes producto de la estimación de reservas. Y que en caso de que estas cooperativas deban mostrar necesariamente perdidas por irrecuperabilidad, las mismas puedan diferirse al menos en un plazo de 36 meses. En este caso, el saldo diferido deberá ser expuesto en las notas de los estados contables.

8- Que el Infocoop establezca la constitución de un fideicomiso de avales y garantías en donde se incorporen las propiedades en desuso o en condición de bienes temporales del Instituto, de tal forma que las cooperativas puedan hacer uso de estos avales para la formalización de créditos de capital de trabajo. De la misma forma que este fidecomiso pueda ser utilizado por las Cooperativas para la obtención de recursos de capital por medio del Sistema de Banca para el Desarrollo, para lo cual el Infocoop deba negociar una alianza estratégica especial con SBD.

9- Además, con el propósito de aportar a la superación de la crisis causada por esta pandemia, Coopaseguros R.L ratifica su intención de “Participar en mesas de trabajo que se generen para buscar alternativas desde la institucionalidad pública y cooperativa, para que de manera conjunta y solidaria podamos encontrar soluciones que nos permitan superar los efectos negativos de la pandemia COVID 19”.

La moción promovida por Coopaseguros R.L, enviada además del INFOCOOP a la federación citada y al Consejo Nacional de Cooperativas, fue propuesta en la sesión de consejo de administración por el presidente de la organización Gerardo Incera Villalta y aprobada por unanimidad.

En el documento se explica que “el sector cooperativo nacional es sumamente vulnerable” a los efectos negativos que generan las medidas extraordinarias tomadas a causa del COVID19. “La estructura y conformación de las cooperativas y las zonas económicas y geográficas en las que desarrollan las actividades” son factores que provocan esa vulnerabilidad, se expone en el escrito.

“El sector cooperativo es un factor esencial en el desarrollo y reactivación de la economía, por la cantidad de asociados que aglutina y por la diversidad de sus actividades económicas, aunado al espíritu de solidaridad que lo identifica”, dice también el llamado.

El cooperativismo se sustenta en valores y principios de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. “Estos deben verse expresados en sus representantes y organizaciones que reúnen y promueven el cooperativismo como lo son el Infocoop y Fecoopse”, se señala.

Pandemia y suspensión de los contratos de trabajo

Escrito en . Publicado en Análisis, Trabajo.

Manuel Hernández

Varios medios informaron que a raíz de la pandemia, que lamentablemente ya cobró su primera víctima mortal en el país, una considerable cantidad de empresarios están haciendo fila, solicitando al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social autorización administrativa de suspensión parcial o total de los contratos de trabajo, sin responsabilidad patronal, al amparo del artículo 73 y 74 Código de Trabajo (CT).

La pregunta que corresponde plantearse, desde el punto de vista legal, es si resulta procedente la suspensión colectiva de los contratos de trabajo, ya sea parcial o total, sin responsabilidad del patrono, por los emergentes motivos, de orden económico, invocados por los empresarios.

El artículo 74 CT elenca las causales de suspensión colectiva de los contratos de trabajo, a saber:

i.- La falta de materia prima para realizar los trabajos, siempre que no sea imputable al patrono.

ii.- La fuerza mayor o el caso fortuito, siempre que tengan como consecuencia directa, inmediata y necesaria la suspensión del trabajo.

iii,. Finalmente, la muerte o la incapacidad del patrono, cuando tenga la misma consecuencia anterior.

Como se puede advertir, los motivos de orden económico argüidos por los empresarios, no están expresamente contemplados en la ley.

Las pérdidas económicas que puedan sufrir las empresas, a consecuencia de la pandemia, no es un motivo que esté previsto –ex profeso- en la legislación, ni tampoco por si mismo se puede reconducir a la figura de la fuerza mayor o el caso fortuito, contemplada en el artículo 74 CT; que, además, es necesario agregar que en nuestro ordenamiento laboral, la noción de fuerza mayor y caso fortuito, tiene un alcance más restrictivo que el tradicional del derecho civil.

No deja de ser importante acotar que existen otras legislaciones, a diferencia de la nuestra, que establecen motivos objetivos de suspensión de los contratos de trabajo, fundados en razones de orden técnico, productivo, económico y organizativo de las empresas.

En realidad, hay que hacer una lectura muy forzada del texto legal, una interpretación muy patronal, invirtiendo el principio “in dubio pro operario”, para sostener que estas contingencias económicas, aunque sea a consecuencia de la pandemia, salvo que el cierre del establecimiento sea por orden sanitaria, tengan la virtud jurídica de suspender los contratos de trabajo, con el efecto de escamotear temporalmente a los trabajadores el disfrute de su salario.

Por este motivo, las autoridades de trabajo que les compete atender las solicitudes patronales y dictar las resoluciones administrativas, deben ser muy estrictas en la apreciación legal de las causas invocadas, para declarar la pertinencia o no de la suspensión colectiva de los contratos de trabajo, con las consecuencias tan serias que implican para las personas trabajadoras y sus familias.

Y no solamente las causas, sino que la autoridad administrativa debe ponderar, siempre con el mismo rigor, el alcance personal de la medida, en orden a la definición de los puestos y la cantidad de trabajadores que necesariamente puedan resultar afectados por la suspensión de los contratos.

Los trabajadores y trabajadoras no tienen por qué soportar todos los riesgos y consecuencias económicas de la emergencia sanitaria, que ya el sacrificio impuesto en los últimos años ha sido muy fuerte y desproporcionado.

El antivirus costarricense

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

En realidad la abundancia de facilidades educacionales, o culturales, o normativas, debiera ser el objetivo final del desarrollo económico; y la igualdad de oportunidades de mejoramiento individual debiera ser el móvil principal de las luchas sociales.

José Figueres Ferrer, Cartas a un ciudadano.

Álvaro Vega Sánchez. Sociólogo

Podría resultar una necedad seguir insistiendo en que no hay mejor inversión que la que ha hecho el país en salud y educación. No lo es, por dos razones. Primero, porque desde la década de 1980 y hasta hoy se ha tenido que librar una ardua y combativa lucha por sostener un sistema público de salud y de educación de alcance universal y de calidad. Segundo, porque los trabajadores públicos de la salud y la educación han venido siendo objeto de críticas odiosas e injustas, y sometidos públicamente a un juicio mediático lapidario.

Los logros y avances en salud y educación, que nos han colocado entre los países con mejores índices de desarrollo humano en América Latina -y que nos hacen sentirnos orgullosamente costarricenses-, no han sido producto de una concesión gratuita y voluntarista de la clase política que nos ha gobernado en las últimas cuatro décadas. Todo lo contrario, esta ha venido cediendo a la avidez privatizadora de la oligarquía neoliberal. Ha sido, más bien, la resistencia de una ciudadanía defensora del Estado Social de Derecho, que ha puesto frenos a este cogobierno decidido a desmantelar la institucionalidad social del país.

A pesar de ello, hoy celebramos los excelentes logros obtenidos, pero debe quedar muy claro a quiénes pertenecen los méritos y a quiénes no. Los méritos y reconocimientos les pertenecen a los trabajadores de la educación de nuestras escuelas, colegios y universidades que han sabido asumir, como un apostolado, su labor docente, investigativa y de acción social, para preparar al más alto nivel científico-técnico y cultural-humanístico a ese batallón –perdón por la imagen militar, pero de eso se trata en tiempos del coronavirus– de abnegadas y abnegados trabajadores de la salud, que hoy salvan vidas arriesgando las propias.    

Somos testigos de que si no hubiese sido porque este país apostó sabiamente por invertir, sin mezquindad, en educación para la salud y salud para la educación, no contaríamos con el valioso recurso profesional, de equipo e infraestructura que nos va a permitir enfrentar esta pandemia, como ya se está haciendo con algunas medidas asertivas, y poder salir airosos.

Saber leer los signos de los tiempos es un imperativo ético fundamental. Requiere, eso sí, humildad para la autocrítica y disposición para rectificar, cuando sea necesario y de manera oportuna. Nada hacemos con mostrar ante las cámaras y en el discurso gran sensibilidad, y hasta claridad respecto de los derroteros a seguir y aquellos a rectificar, si no actuamos con decisión, contundencia y a tiempo.

Más allá de medidas paliativas coyunturales, es el momento oportuno para hacer cambios de más largo aliento y estructurales. El gran desafío es revitalizar el Estado Social de Derecho. No permitir que se devalúe nuestro sistema público de salud y educación. Más aún, brindarle todo el apoyo que requiere para elevar sus niveles de calidad y competencia.

Una coyuntura propicia para que los poderes Ejecutivo y Legislativo den muestras concretas de buena voluntad, en la dirección anotada, conteniendo el avance de proyectos y medidas que están significando un golpe más al debilitado Estado Social de Derecho, tales como la regla fiscal, la posible venta de instituciones públicas como FANAL, la política de salarios decrecientes en el sector público, los inhumanos proyectos de privatización de los régimen de pensiones, que ya están golpeando más que el coronavirus a las personas mayores, entre otras.

Y también para detener la campaña mediática, avalada por el gobierno, de desprestigio y violencia simbólica contra los trabajadores y pensionados del sector público. No se puede continuar pisoteando la dignidad de los trabajadores de la salud y la educación, cuando han dado muestras contundentes de gran generosidad y compromiso, y hoy lo ratifican asumiendo el desafío que representa una pandemia que nos convierte a todos en víctimas potenciales.

Ojalá se atienda con sabiduría a los signos de este tiempo, para rectificar el rumbo. Cabe recoger lo señalado, con gran acierto, por don Pepe: poner el desarrollo económico al servicio de la educación y la salud y ofrecer igualdad de oportunidades a las hijas e hijos de esta patria, que supo apostar por la solidaridad, el derecho y la justicia social ¿Acaso no es el mejor antivirus?

El Día Después

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Álvaro Salas Chaves, Expresidente Ejecutivo CCSS

¨Llegará el día en que un estornudo en oriente provocará un cataclismo en occidente¨. Así se expresaba la Dra. Libia Herrero en una charla sobre virus en la Universidad de Costa Rica hace algunos años. Pues amigos y amigas, ese día llegó.

Después de esta pandemia del coronavirus, nada volverá a ser lo que fue. Todos los órdenes existentes sobre la tierra: el político, social, económico, religioso, militar, habrán cambiado para siempre. Si el ataque y destrucción de las torres gemelas de New York cambiaron la organización y los esquemas de seguridad del transporte aéreo mundial, la pandemia del coronavirus trastornará los sistemas políticos y sociales, los esquemas económicos como la globalización y los sistemas de suministros y transporte de personas y carga del mundo. 

La pandemia del coronavirus ha venido a demostrar la absoluta vulnerabilidad de todas las sociedades del mundo, grandes y pequeñas, poderosas y débiles, de un signo político o del otro. Tendremos que repensar lo que creíamos que era estable y perenne. Quedó claro una vez más que ¡Nada es para siempre!

Los personajes más poderosos de la tierra reyes, príncipes y princesas, presidentes, generales jefes de ejércitos, actores de cine, primeros ministros, sacerdotes, médicos, enfermeras, cantantes, pobres y ricos, absolutamente todos, tenemos las mismas probabilidades de enfermar y morir por esta enfermedad como nos cuentan los medios informativos continuamente.

La pandemia, sin estar o estando, en la agenda secreta de los poderosos de Washington, Moscú o Beijín, ha venido a transformarlo todo. Este planeta fue uno antes de la pandemia y será otro después de la pandemia.

Un ejemplo concreto de esta situación es la cuaresma, la época más sagrada de toda la cristiandad, suspendida en todos los pueblos y ciudades del mundo católico. Igualmente ha sucedido con el peregrinaje y las celebraciones hacia la Meca. Aquellos millones de musulmanes caminando en círculos en los sitios sagrados del Islam han desaparecido en las pantallas de televisión. De igual manera, las celebraciones ancestrales del judaísmo han sido canceladas y podrán ser seguidas por la televisión religiosa y el internet.   

En Ciudad del Vaticano, todas las actividades religiosas masivas de la Semana Santa han sido canceladas, además de la ausencia del Papa Francisco en todas, nos demuestra que aquí están pasando cosas muy graves. Pero es claro, Su Santidad es un anciano muy enfermo con solo un pulmón que toda la gente quiere tocar, abrazar y recibir su bendición. Se convierte así en la persona más vulnerable sobre la tierra. Esa no es la situación de Donald Trump, nadie quiere acercarse y menos ser tocado por él y sin embargo se tuvo que realizar la prueba del coronavirus por un cuadro gripal que sufría.

Todo cambió en un segundo. Las actividades religiosas se podrán seguir, únicamente, por medio de la televisión religiosa, páginas web, los podcasts de cada una de las órdenes religiosas, sean estas cristianas, judías, o musulmanas. Para ello habrá necesidad de rediseñar y simplificar la liturgia que lo acompañe. Pero sin duda, habremos ganado mucho haciendo la actividad religiosa mucho más espiritual, mucho más íntima y menos una obra de teatro.

La cancelación de todos los cursos presenciales en las universidades europeas, americanas y, las nuestras en Costa Rica, demuestra que en adelante, los cursos tendrán que rediseñarse con un gran componente de elementos pedagógicos a distancia, desde la casa, el kiosco o la biblioteca, no por los libros que contiene, sino que por los espacios y la conectividad. Las enormes ciudades universitarias, los costosos y vistosos auditorios y las salas magnas, serán historia del pasado.

Los innovadores de cursos y carreras, técnicas y profesionales a distancia están teniendo en este momento una enorme vigencia y gran apoyo político académico para salvar la educación superior y también las finanzas universitarias, del presente y del futuro. Todo tendrá que ser rediseñado, repensado, innovado o desaparecer. Se requerirán un nuevo set de habilidades y destrezas educativas para lograr remontar este momento.

Los servicios de salud serán, en un alto porcentaje, organizados en forma ambulatoria y a distancia igualmente. Los pioneros de la telemedicina sienten hoy que es su oportunidad, que les llegó el momento que tanto esperaban. Se habían abierto camino casi a codazos en la tradicional y ancestral forma presencial de hacer medicina.

Grandes contingentes de pacientes podrán ser diagnosticados, tratados y seguidos clínicamente vía la televisión especializada, páginas web especializadas, y otros medios que todavía no existen ni conocemos, para desarrollar el componente capacitación y educación a pacientes. Vendrán nuevos desarrollos de algoritmos, aplicaciones y equipos sencillos adaptables a los teléfonos y las computadoras desde sus casas o centros de trabajo.

Como dijo el presidente Emmanuel Macron de Francia: queda claro que los servicios de salud y de salud pública no pueden ser un producto del mercado. La Salud y la Salud Pública para todos, deben estar organizados y financiadas por el estado. Este es el único que tiene la capacidad de respuesta, de oportunidad y de estar preparados para entrar en la batalla. El gobierno español ha decretado la integración de los sistemas de salud públicos y privados de Madrid para poder copar con la inmensa demanda insatisfecha que se ha generado.

Las empresas de entrega de comida y paquetes a domicilio evolucionarán a transporte autónomo en base a drones especializados en el traslado de muestras de laboratorio y entrega de medicamentos delicados que ya existen pero que se han desarrollado en forma tímida hasta ahora. Toda la información biomédica entre médicos y pacientes será canalizada por la web de cada institución de salud y de seguros.

Por supuesto que esto generará otro sinfín de nuevos problemas. Si los pacientes, especialmente los ancianos, permanecen en sus casas, muchos de ellos viven solos, habrá que pensar en las nuevas formas de cuidarlos. ¿Quién les dará de comer, quien les ayudará en el aseo personal, quién o qué les lavará la ropa y les limpiará las casas? Surgirán, sin duda, nuevas propuestas inteligentes para hacerlo.

O sea, todas las empresas de telecomunicaciones y apps médicas y de laboratorio estarán desarrollando cientos de nuevos dispositivos para los teléfonos, las tabletas y las computadoras para evitar el traslado masivo de personas a los hospitales y centros de salud.

El transporte público, ahora sí, ya no lo podrán contener más, será autónomo, con vehículos que no contaminen más. Lo que está sucediendo en Beijín no tiene parangón en la historia de la humanidad. El cielo azul se empieza a ver nuevamente. Ese color amarillo sucio, denso, mal oliente está siendo barrido por el viento y por primera vez en muchos años, los chinitos empiezan a entender por qué China era conocida como el Reino Celeste.

¿Qué haremos con el desempleo que se generará? A pensar señores, llegó el tiempo de pensar, de investigar, de tratar, de imaginar, de soñar, todo se vale.

La economía sufrirá los cambios más intensos de todos los sectores. La globalización llegó a su término. Las cadenas de abastecimientos mundiales han demostrado su inoperancia en estos casos de paralización mundial del transporte aéreo, marítimo y terrestre. Los suplidores únicos de productos intermedios o finales para toda la industria, llegó a su fin.

Los mercados de valores tendrán que buscar nuevas alternativas. Llevamos ya dos semanas de las peores pérdidas en bolsa desde la segunda guerra mundial. Las empresas aéreas reportan pérdidas billonarias, los aviones están en tierra costando una fortuna mantenerlos sin que exista siquiera una fecha aproximada para reiniciar las operaciones. El fantasma del desabastecimiento de productos básicos alimenticios y de uso doméstico se observa en todos los países. Las personas acaparan como si no fuera a existir el día después.

Imagen alusiva: Semanario Universidad.

Crónica: Fronteras, movilidades, subjetividades: Pensar Centroamérica en medio de una crisis sanitaria global

Escrito en . Publicado en Análisis, Comunidad.

Por Guillermo Acuña González
Sociólogo y escritor
16 de marzo 2020

Doña Mercedes es una mujer pequeña, que trenza su pelo blanco hasta convertirlo en una especie de ritual milenario. Viajamos juntos en un bus internacional. Me cuenta tantas cosas, como si se hubiera enterado de mi interés siempre presente por las biografías relacionadas con las movilidades humanas, sus impactos, sus consecuencias.

Hablamos de políticas de población, por ejemplo. “tuve doce hijos y usted no sabe cómo cuesta sacarlos adelante”. De esos doce hijos, dos viven en Costa Rica. El varón, al que visitó en estos días, vive en Jacó. “construye casas”, me dice. De su hija mujer solo me cuenta que tuvo cuatro hijos y que no se acuerda donde vive. Es originaria de Palacagüina, la de la canción. “Ahí nació Cristo, el de los pobres”, me dije. Unos kilómetros antes de llegar, al pasar por Sébaco, me comparte su recuerdo acerca de uno de sus hijos que fue enviado por un Banco a salvar al pequeño productor, ahogado en deudas.

Me pregunto sobre si es ahora, en un contexto de precariedad económica y social, pero no, me confirma que fue hace muchos años. En realidad la región tiene ya muchos años de experimentar estos desequilibrios sociales e institucionales y ahora, le toca enfrentar, desde sus especificidades, los efectos de una realidad sanitaria global que en el reloj de la muerte ya lleva avanzadas horas de contar víctimas. Retomamos la conversación poblacional: “ahora la mujer no quiere tener hijos”, me resume así su pensamiento sobre esas políticas de población no escritas, pero que la fuerza del empuje de las reivindicaciones y los derechos de la mujer, ha transformado en realidades latentes que se esparcen por toda la región, como reconocimientos conquistados y en proceso de consolidación.

Prontos a llegar al lugar donde el Autobús se detendrá para que doña Mercedes baje, 50 kilómetros antes del puesto fronterizo Las Manos, entre Honduras y Nicaragua, me pregunta y le contesto: “a Honduras, a un encuentro regional de poesía y a hablar sobre la gente como su hijo, el que vive en Costa Rica”. Nos decimos adiós desde lo habitual, como si siempre hubiéramos compartido viaje, como si siempre nos hubiéramos visto. Ahora, con el pasar de los días, pienso en su menudencia, preparada para todas las inclemencias posibles, incluso las que dictan los designios de una calamidad global que empieza a expandir sus tentáculos haciéndose más fuerte, mostrando la debilidad humana, pero sobre todo la debilidad de un sistema económico que, basado en la extracción y la competencia desigual, pareciera haber iniciado un largo periodo de reseteo.

Los regímenes de movilidad son espacios en los que las fronteras internacionales adquieren un carácter especial. Pienso en esa noción mientras camino con mi pasaporte en las inmediaciones de una polvorienta estación migratoria de paso entre Nicaragua y Honduras llamada Las Manos. Como en otras zonas de paso, a ambos países los divide una aguja que es levantada insistentemente por funcionarios migratorios en medio de una dinámica compleja, desordenada, que interviene en eso que Stefanie Kron (2011) denomina la tensión entre los movimientos migratorios y los intentos para “sujetarlos, conducirlos, gobernarlos. Son regímenes migratorios en los que las fronteras adquieren un carácter especial: son a la vez regímenes fronterizos.

Cruzar en estos días los regímenes fronterizos como Las Manos, o Peñas Blancas entre Costa Rica y Nicaragua, es tensionar constantemente las narrativas entre el control global, la restricción de la movilidad impuesta por las circunstancias y lo que realmente ocurre en esos territorios de interrupción y continuidad que se producen en las divisiones sociopolíticas centroamericanas.

De regreso a Costa Rica, luego de comprobar que la palabra puede abrirle orificios enormes al dolor y la desigualdad a un país como Honduras, nos detenemos en Las Manos. Paradójicamente recuerdo a Kilapayún y su solicitud de unir todas las manos negras y blancas para construir una muralla. Es una mañana fría y con más polvo que de costumbre. Nos dirigen hacia una estación sanitaria improvisada (un gran toldo y varios funcionarios protegidos de nuestros cuerpos) adonde seremos testeados, revisados en nuestra biografía de los últimos 14 días y orientados a dirigirnos a un centro médico si presentamos los síntomas ya referidos en los medios de comunicación y en redes sociales.

Es una especie de sitio centinela, que la epidemiología contemporánea define como lugares de vigilancia al paso de grupos humanos para analizar su comportamiento. Ahí estoy yo y varias personas centroamericanas más. Luego mi observación sobre los espacios de porosidad, la movilidad latente, las narrativas de construcción de muros que son derribados por estas lógicas mediante las cuales las personas esquivan, responden, cruzan. Los personajes de frontera, la transacción formal e informal permanente, la urgencia por cruzar. Observo tres mujeres con sentido Nicaragua-Honduras dirigirse a hacer sus diligencias migratorias. Pienso en las desigualdades, las violencias, el acceso. Las veo marcharse entre la espesura de vehículos de gran tracción estacionados como grandes dinosaurios en medio de la nada. La vida sigue, pero ayer mismo esa frontera fue cerrada. Las manos se convirtieron en puño, hasta nuevo aviso.

En el camino de regreso, termino de leer el trabajo de Óscar Martínez sobre las movilidades humanas centroamericanas de hace diez años. Busco en redes sociales avances, novedades sobre la pandemia mientras vamos dejando atrás una apacible y rápida frontera entre Nicaragua y Costa Rica. Contrario a hace unos días, cuando fuimos encuestados por funcionarios del Gobierno de Nicaragua, el paso de regreso solo nos trajo preguntas sobre el cambio de córdobas a pesos, las ventas de comida y artesanías, en medio de un calor sofocante de las tres de la tarde.

La relación entre pandemias y movilidades humanas no es nueva. La historia está llena de imágenes y metáforas sobre las malas noticias de las que son portadoras las corporalidades humanas a los ojos de los otros. Pienso en eso mientras reflexiono haberme movilizado en estos contextos. Lo volvería a hacer sin duda, como lo hice, extremando los cuidados, los míos y los de los otros. Así transcurrieron algunos días en Tegucigalpa, de la que regresé lleno de poesía, pero también de imágenes sobre su realidad, su contexto de desigualdad, sus rasgos de un estado entregado a los vicios de los poderes fácticos, la porosidad de la frontera y esos contextos de discriminación y racialización, al ver un inmigrante, posiblemente haitiano, ayudar a acomodar los equipajes en el autobús luego de la inspección de rigor por parte de las autoridades migratorias costarricenses. Sus facciones y su requerimiento en francés para pedir campo y cumplir con su trabajo informal, me recuerdan todas las metáforas posibles en las que los costarricenses hemos construido al otro en los últimos años. Busco información actualizada. Y da la casualidad que Oscar Martínez, el de las crónicas sobre los migrantes de hace diez años, también colabora para el diario Español “El país”, en el que escribió el viernes 13 de marzo, estas líneas:

“en esta pandemia se recomienda no viajar, mucho menos desde países que tengan casos de coronavirus, como México o Estados Unidos. Eso sí, si usted es migrante centroamericano olvide lo que hemos dicho.Se recomienda también lavarse las manos varias veces, con detenimiento y detalle. Pero en estos países un gran porcentaje de la población no recibe agua potable. Miles de esas personas pagan el servicio, pero la falta de planificación urbana que permitió la construcción de colonias obreras encaramadas en cerros, los sistemas de tuberías viejos y dañados y el acaparamiento han llevado a que esa gente no tenga más que un pequeño hilo de agua una hora o dos por las madrugadas. Otros, nada. Si en estos países uno vive en las zonas pudientes y tiene una cisterna que chupe agua para acumular en las horas que el servicio llega, puede lavarse las manos tal como indican los manuales. Si uno vive en las comunidades y cantones centroamericanos y el agua que acarrea del pozo es a base de sudor y músculo, quizá no vaya a cumplir a rajatabla las instrucciones de la Organización Mundial de la Salud. Saludarse con el codo, dicen. Mejor aún, de lejitos, si es posible. En Honduras, por ejemplo, una de cada cinco personas vive en pobreza extrema en zonas rurales. O sea, con menos de $1.90 al día. Esa gente, muchos de ellos vendedores informales de lo que cosechan, viajará en autobús al pueblito más cercano, tomado de la barandilla más a la mano, sin alcohol-gel por ninguna parte, que cuesta unos centavos el botecito, se refundirá en algún mercado e intentará vender de puesto en puesto lo que cultivó. Esa gente dará la mano a quien deba darla para cerrar un trato y extenderá la palma para recibir monedas cuando se las ofrezcan a cambio, porque si no lo hace no será el coronavirus el que lo matará, sino el hambre. Esa misma gente, no se preocupen, no acaparará nada en ningún supermercado. El coronavirus ya llegó a esta región, plagada de calamidades. Ahora, hará lo suyo. Porque lo otro, lo de construir sociedades con un abismo profundo entre unas clases y los de abajo, ya está hecho desde hace décadas” (Oscar Martinez. “Ser pobre en una región que espera el coronavirus”. Recuperado el 16 de marzo de https://elpais.com/internacional/2020-03-14/ser-pobre-en-la-region-que-espera-el-coronavirus.html)

Cada país de la región ha enfrentado a su manera el desafío. Ha acudido a las narrativas del poder, de la imposición, de la construcción de comunidad bajo el lema “juntos saldremos adelante”. Pienso en Doña Mercedes, en ese migrante haitiano en la frontera, en las movilidades humanas que continúan despachando esos países. Pienso en las décadas de discurso orientado a la individualidad y la competitividad, la exclusión, la desigualdad y luego vuelvo a pensar en las fronteras, en las movilidades humanas como recurso para la sobrevivencia. Pienso en todo eso mientras abro la puerta de mi casa, a asistir como ritual, a varios días de cuido y reflexión sobre la región que somos. En cómo haremos para pensarnos como comunidad, en como abrirle a las manos, los puños y volver a estrecharlas en un régimen ya no de separación, sino de alegría y construcción colectiva.