Welmer Ramos González
Economista
La evidencia desmiente lo que la política repite con fe ciega.
Durante décadas se nos ha vendido, casi como una ley natural, que bajar los impuestos a los muy ricos impulsa el crecimiento y beneficia a toda la sociedad. Se trata de un mantra vacío que resuena en campañas electorales, tertulias televisivas y discursos de “expertos” de ocasión. Esther Duflo y Abhijit V. Banerjee, premios Nobel, lo exponen con claridad en el libro Buena Economía para Tiempos Difíciles: es una idea muerta que sigue caminando porque a muchos les conviene mantenerla viva.
El guion es siempre el mismo: “si los millonarios pagan menos impuestos, invertirán, innovarán y crearán empleo”. Una historia cómoda para quienes ya están arriba, pero incompatible con los hechos. Entre 1936 y 1964, Estados Unidos mantuvo tasas marginales del impuesto sobre la renta entre el 77% y el 90%. ¿El resultado? El país no se hundió; creció, se industrializó, innovó y se consolidó como potencia mundial. Desde entonces, las tasas han caído hacia el 30%, sin que el crecimiento se haya acelerado. Las rebajas fiscales solo enriquecieron a quienes ya lo eran.
Los ejemplos abundan. Clinton subió impuestos y la economía se expandió. Bush los bajó y lo único que aumentó fue el déficit fiscal. El estado de Kansas implementó una reducción tributaria radical entre 2012 y 2013: prometieron un boom económico y obtuvieron un colapso fiscal que obligó a cerrar escuelas y a recortar servicios esenciales. Hubo cero crecimiento y un enorme daño social.
La evidencia académica es igualmente contundente. Un estudio citado por Duflo y Banerjee, realizado por la Universidad de Chicago sobre 35 reformas tributarias en Connecticut desde la Segunda Guerra Mundial, demostró que reducir impuestos al 10% más rico no mejora empleo ni ingresos, mientras que aliviar la carga al 90% restante sí impulsa la economía. Es simple: cuando la mayoría tiene poder adquisitivo, la economía se mueve. Cuando se engorda a los superricos, el dinero termina en ahorro o en especulación financiera.
Aun así, la política insiste en defender este dogma sin sustento. La reforma fiscal de Donald Trump en 2017 —que redujo la tasa corporativa del 35% al 21%— es prueba suficiente: no hubo incremento en inversión ni en producción. Sí hubo, en cambio, caída en la recaudación y aumento en la desigualdad. Los datos no mienten; los discursos, sí.
Lo más llamativo es que funcionarios, consultores y opinadores sigan defendiendo estas rebajas como si fueran pociones mágicas. Hablan de “crecimiento potencial” sin una sola cifra que los respalde. Repiten el dogma porque creen en él o porque les conviene creer. Cuando la evidencia los contradice, la descartan como si se tratara de un error metodológico. Así es como la economía se convierte en religión.
Mientras tanto, la realidad grita lo que la ideología se niega a oír: las sociedades más prósperas —Suecia, Finlandia, Dinamarca, Países Bajos— combinan impuestos altos con Estados robustos. Y también combinan bienestar, movilidad social, cohesión, infraestructura, ciencia y estabilidad. No es coincidencia; es causalidad.
Los impuestos no son un castigo: son el precio de vivir en un país que funciona. Sin ellos no hay educación pública, salud, carreteras, seguridad, justicia independiente ni oportunidades reales. La pregunta no es si debemos pagar impuestos, sino qué tipo de país queremos construir.
El caso costarricense: un modelo tributario que premia la elusión
En Costa Rica, se ha consolidado un modelo que favorece a las empresas de mayor tamaño —particularmente al 1% de mayor facturación— mediante menores cargas impositivas y amplias exoneraciones. La existencia de portillos legales permite la elusión mediante el traslado de compañías al Régimen de Zonas Francas, la desviación de utilidades hacia jurisdicciones de baja tributación, el uso de una territorialidad extrema que desvincula el impuesto del verdadero origen de los fondos y la permisividad con estructuras corporativas radicadas en paraísos fiscales.
El resultado es un sistema desigual que expone a las pequeñas y medianas empresas a una competencia desleal devastadora, mientras el país no muestra mejoras significativas en crecimiento económico ni en sofisticación productiva. Se ha premiado la ingeniería fiscal, no la innovación ni la inversión real.
Una estructura tributaria que castiga a la mayoría y privilegia a unos pocos
Hoy en Costa Rica, quienes sostienen el funcionamiento cotidiano del país, son las pymes, las personas trabajadoras por cuenta propia, los asalariados y, en general, la ciudadanía; esos son quienes cargan con la mayor proporción de los impuestos. El problema no es técnico; es ético y político. Mientras la mayoría cumple, ciertos grupos empresariales con facturaciones superiores a los ¢20.000 millones anuales han aprendido a no pagar, aprovechándose de portillos legales y de asesorías diseñadas para erosionar la base tributaria. No contribuyen al país que les permite operar; extraen de él.
Amparados en vacíos normativos y en un ecosistema de consultores sin escrúpulos, han logrado operar como verdaderos parásitos fiscales, disfrutando de una posición de privilegio que —además de esa desigualdad obscena— resulta ofensiva para cualquier noción de justicia económica. Manipulan regímenes fiscales especiales hasta prostituir su propósito original, convirtiéndolos en plataformas de ingeniería contable destinadas a evadir responsabilidades.
El resultado es una competencia desleal brutal: las pymes deben enfrentar el mercado pagando lo que la ley exige, mientras algunos grandes capitales compiten con reglas diseñadas —o toleradas— para favorecerlos. El país premia la elusión sofisticada en lugar del esfuerzo productivo; la contabilidad creativa en vez de la innovación; el privilegio en vez del mérito.
Los datos recientes lo confirman
Las cifras del Ministerio de Hacienda muestran que, mientras en 2024 la producción creció con fuerza y los ingresos tributarios aumentaron en casi todos los rubros, ocurrió un hecho revelador: los impuestos sobre la renta pagados por las personas jurídicas (particularmente los grandes contribuyentes) cayeron.
Esto es consecuencia directa de las reformas legales impulsadas por la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo para reforzar el concepto de territorialidad, que permite trasladar utilidades generadas en Costa Rica hacia el exterior y simular que se obtienen en territorios de baja tributación. Esos privilegios no solo distorsionan la competencia, sino que debilitan la capacidad del Estado para financiar los bienes públicos indispensables para un crecimiento equilibrado y sostenible.
Lo más grave es que —como lo demuestran Duflo y Banerjee— estas rebajas fiscales no producen crecimiento económico, ni en Estados Unidos ni en Costa Rica. Solo generan desigualdad, pérdidas fiscales y una peligrosa ilusión de prosperidad.
Costa Rica necesita valentía política
La idea de que los impuestos bajos para los multimillonarios generan desarrollo es un mito tóxico. Lo sorprendente no es que siga circulando; lo sorprendente es que aún haya quienes lo defiendan con seriedad.
La economía progresa cuando se invierte en la gente, no cuando se subsidia a quienes ya lo tienen todo. La ciencia económica ya dio su veredicto. Lo que falta ahora es que la política —y especialmente quienes aspiran a gobernar Costa Rica— dejen de repetir supersticiones y tengan la valentía de enfrentar el modelo impositivo con seriedad, coherencia y datos.
El país necesita líderes capaces de romper con los dogmas, no de repetirlos.
