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Autor: Hector Ferlini Salazar

Guanacasteca asume Presidencia Suplente del Consejo Universitario de la UNA

Escrito en . Publicado en Educación.

Por Dra. Ana Yury Navarrete
Académica
Universidad Nacional

La Doctora Sylvia Arredondo Guevara, destacada académica oriunda de Guanacaste, comunicadora, investigadora y defensora de la educación pública, asumió oficialmente este 11 de diciembre la Presidencia Suplente del Consejo Universitario de la Universidad Nacional (UNA), uno de los máximos órganos de gobernanza institucional encargados de orientar las decisiones estratégicas de la universidad.

Su nombramiento constituye un hito para Guanacaste y para el país, al visibilizar el liderazgo femenino en la academia, el empoderamiento de las mujeres en la investigación y la extensión universitaria, y el compromiso institucional con las cero tolerancias hacia la violencia de género: “ El nuevo Estatuto Orgánico de la UNA en proceso de construcción, debe también reforzar un enfoque de derechos, inclusión y equidad, asegurando que todas las personas tengan acceso real y justo a la educación superior, y que la UNA sea un espacio seguro, respetuoso y libre de toda forma de violencia o discriminación”.

La trayectoria de la Dra. Arredondo se ha caracterizado por impulsar espacios seguros, inclusivos y equitativos para las mujeres dentro y fuera de la universidad. Para Arredondo, desde la Presidencia del Consejo Universitario se estará ejerciendo con mayor rigor un papel vigilante y responsable sobre la gestión institucional, una vigilancia que busca fortalecer los procesos académicos, administrativos y estudiantiles, que impacte la acción sustantiva, siempre orientados al mejoramiento continuo y a la excelencia.: “Vigilamos para construir, no para dividir; para orientar, no para obstaculizar”.

Durante la sesión de designación, la acompañaron representantes de la Federación de Estudiantes de la UNA (FEUNA), quienes destacaron su capacidad de diálogo, su visión humanista y su firme defensa de los derechos estudiantiles: “ La UNA debe ampliar y diversificar las formas en que estudiantes, académicos y personal administrativo influyen en las decisiones institucionales, mediante consultas informadas, procesos digitales y espacios permanentes de diálogo, indicó Doña Sylvia: “Nuestro Estatuto debe impulsar la excelencia académica, mediante la actualización de políticas de docencia, investigación, extensión, producción y acreditación interna. La UNA del siglo XXI requiere programas flexibles, interdisciplinarios y socialmente pertinentes”

Su presencia refuerza el compromiso absoluto con la defensa de la autonomía universitaria: “La autonomía no es un privilegio sectorial: es un pilar constitucional que garantiza la libertad académica, la producción de conocimiento independiente y la capacidad de la universidad para servir al país con rigor y pensamiento crítico. Defenderla requiere coherencia, firmeza y transparencia. La autonomía es un pilar que desde la UNA seguiremos defendiendo”, señaló Arredondo, quien destacó la importancia de una gobernanza participativa, moderna, eficiente y transparente, donde el estudiantado se reconoce como aliado fundamental en la transformación universitaria: “Es momento de revisar estructuras, clarificar competencias y eliminar duplicidades para asegurar una toma de decisiones ágil, participativa y con rendición de cuentas efectiva”.

Para la presidenta suplente del Consejo Universitario otro aspecto indispensable y pertinente de darle prioridad en la UNA es la transformación digital institucional, definir y poner en funcionamiento un marco normativo para la educación multimodal, la protección de datos, la infraestructura tecnológica y el uso ético de herramientas como la Inteligencia Artificial

La Dra. Arredondo asume este cargo con una agenda orientada a la excelencia académica, el fortalecimiento de la investigación regional, la extensión crítica con impacto social y la construcción de una Universidad Nacional libre de discriminación, prejuicios, inclusiva y comprometida con el bienestar integral de las comunidades: “Pero junto con estos compromisos internos, es imprescindible reconocer que es nuestra responsabilidad la defensa de los valores democráticos que sostienen la existencia misma de la universidad pública. Es nuestra obligación garantizar nuestro compromiso para que Costa Rica sea ejemplo de estabilidad, paz y educación pública de calidad”.

En tiempos recientes, el país presencia tensiones, discursos polarizantes y dinámicas políticas que, desde distintos espacios públicos, pueden erosionar la convivencia, incentivar el desprecio hacia las instituciones y abrir puertas a la violencia y al odio, en este contexto, según Arredondo, el Consejo Universitario de la UNA tiene el deber constitucional, histórico y moral de alzar la voz: “ Cuando estas señales aparecen, incluso si proceden de autoridades del propio Gobierno, el Consejo Universitario de la UNA no puede guardar silencio, porque no hablamos desde la confrontación política. Hablamos desde la responsabilidad histórica”.

Doña Sylvia en su calidad de autoridad universitaria expresó que, la universidad pública debe ser un contrapeso ético y un espacio de luz ante toda forma de intolerancia, desinformación o ataque a la institucionalidad: “Nuestro deber es denunciar riesgos, defender la pluralidad, proteger la libertad de pensamiento y promover una cultura donde el debate se sostenga con argumentos, no con agresiones; con respeto, no con violencia; con veracidad, no con manipulación. La democracia costarricense no se debilita de un día para otro: se erosiona cuando se normaliza el irrespeto, la polarización, la mentira o la violencia simbólica”.

Arredondo, reiteró que desde la Presidencia del Consejo Universitario de la UNA se reafirma toda la disposición a trabajar con apertura, con diálogo constructivo y con un profundo sentido de servicio público: “La universidad es y debe seguir siendo un referente de libertad, pensamiento crítico, convivencia democrática y compromiso social”, indicó Arredondo.

El Rector de la UNA Dr. Jorge Herrera Murillo, señaló el desempeño de la doctora Sylvia Arredondo y sus capacidades para ayudar estratégicamente al Consejo Universitario en la necesaria comunicación, tanto, a lo interno como a lo externo de la UNA: “ Agradezco a Sylvia porque siempre ha sido garante de estar posicionando temas a nivel político, tanto, en la Asamblea Legislativa como en otras instancias, así como a nivel internacional, de forma que su gestión y experiencia será muy valiosa para este órgano como para la Universidad Nacional”. Asimismo, el Rector de la UNA expresó tanto al Máster Braulio Sánchez Ureña, presidente titular y a la Dra. Sylvia Arredondo Guevara, presidente suplente, la disposición y apertura de la Rectoría de la UNA, para generar los espacios necesarios en aras de construir Universidad”.

Enlace:

Revista Wimblu dedica su décimo volumen a explorar la paz desde enfoques ecológicos, culturales y espirituales

Escrito en . Publicado en Cultura.

La revista multimedia Wimblu presentó su volumen 10, una edición dedicada a explorar el concepto de la paz desde perspectivas no convencionales, interseccionales y profundamente vinculadas con la relación entre las personas, los territorios y el mundo más-que-humano.

Este nuevo volumen reúne 12 historias de no ficción creativa que abordan la paz no como un estado ideal libre de conflicto, sino como un proceso dinámico de relación, transformación y cuidado. A través de formatos diversos —multimedia, cortometraje, texto, podcast y fotoensayos—, las obras invitan a repensar cómo se enfrenta el conflicto y cómo este puede convertirse en una oportunidad de cambio individual y colectivo.

Desde el equipo editorial de Wimblu se plantea que la paz implica la capacidad de relacionarse con la dificultad, la diferencia y la incertidumbre, sin permanecer en ellas, sino transformarlas en caminos hacia formas de convivencia más justas, amorosas y responsables con la vida y la Tierra.

En este volumen participan 19 autoras y autores de distintas geografías y realidades culturales, incluyendo aportes desde Lituania, Chipre, Colombia, Palestina y la Nación Muscogee. Más de la mitad de las historias corresponden a trabajos inéditos, junto con nuevas aproximaciones creativas de autores con trayectorias consolidadas en fotografía, cine y escritura.

La edición incorpora además un poemario con obras de figuras reconocidas en la reflexión sobre la paz y la transformación de conflictos, entre ellas Thich Nhat Hanh, John Paul Lederach, Mahmoud Darwish, Yahuda Amichai y la poeta costarricense Mía Gallegos, integrando miradas que conectan espiritualidad, justicia, memoria y ecología.

El proyecto editorial contempla la publicación periódica de las historias en la plataforma digital de la revista, acompañadas por contenidos divulgados a través de su boletín informativo y redes sociales. Asimismo, Wimblu complementa la revista con espacios presenciales y virtuales de diálogo, como lecturas, talleres y conversatorios, orientados a profundizar la reflexión colectiva sobre la paz y nuestra relación con la Tierra.

Wimblu es un estudio de documental creativo conformado por personas costarricenses, cuya labor se centra en la creación y difusión de historias que restauran el sentido de pertenencia y conexión con el entorno natural. Su revista multimedia constituye un archivo de no ficción creativa con más de 80 historias de autoras y autores de distintos continentes, y ha sido reconocida con el Premio Nacional de Comunicación Cultural Joaquín García Monge.

China eleva a otro nivel su vínculo estratégico con América Latina y el Caribe

Escrito en . Publicado en Análisis.

Mauricio Ramírez Núñez
Académico.

Mauricio Ramírez Núñez

Desde hace casi dos décadas, China viene construyendo un marco conceptual y político para su relación con América Latina y el Caribe (ALC) que ha ido madurando con una claridad notable. El Segundo Documento sobre la Política de China hacia ALC, publicado en 2016, ocho años después del primero, marcó un punto de inflexión: presentó por primera vez una arquitectura integral conocida como la estrategia de “Cinco en Uno”, que abarcaba política, economía, cultura, seguridad y acción multilateral. En aquel momento, Pekín buscaba ordenar la cooperación, establecer bases comunes y proyectar una relación más estable, aunque aún anclada en dinámicas sectoriales como el comercio y la infraestructura.

En este 2025, el nuevo Documento sobre la Política de China hacia ALC va mucho más allá. Los “Cinco Programas” no solo actualizan el marco previo: lo transforman. Lo elevan de un esquema técnico de cooperación a una propuesta política de carácter estratégico, que sitúa a la región como un actor clave en el proceso de reorganización del orden internacional. Esta evolución doctrinaria revela hasta qué punto China considera a ALC no como un espacio periférico, sino como un socio indispensable en la construcción de un mundo multipolar.

La primera gran evolución se observa en el plano político. Mientras en 2016 la prioridad era fortalecer el diálogo diplomático y consolidar mecanismos como el Foro China–CELAC, el Programa de la Solidaridad de 2025 convierte esa cooperación en un proyecto explícito de articulación del Sur Global. El foco ya no es solo conversar, sino coordinar posiciones en defensa de la soberanía, el multilateralismo y la reforma del sistema internacional. La relación pasa de ser bilateral o birregional a ser parte de un frente político global en favor de un orden más representativo.

En lo económico, el salto es igualmente profundo. El marco de 2016 impulsaba la cooperación en comercio, inversión y grandes obras; era una etapa fundamental para expandir la presencia china en sectores clave. Sin embargo, en 2025 el énfasis se desplaza hacia la integración productiva, la innovación, la infraestructura verde, la economía digital y la construcción conjunta de capacidades tecnológicas. China ya no se limita a operar como financista o constructor: propone asociarse con ALC para impulsar un modelo propio de modernización, más equitativo, más autónomo y menos dependiente de paradigmas externos. La lógica no es exportar e invertir, sino transformar y desarrollar.

La dimensión cultural también experimenta una evolución notable. Los intercambios académicos y culturales promovidos en 2016 eran valiosos, pero seguían funcionando como herramientas tradicionales de diplomacia pública. El Programa de las Civilizaciones de 2025, en cambio, introduce una visión mucho más ambiciosa: plantea un diálogo civilizatorio que reconoce a ALC como una civilización plena, con identidad propia y valor intrínseco dentro del mundo multipolar. Ya no se trata solo de aprender mutuamente, sino de desafiar la idea de universalismo cultural que durante siglos colocó a Occidente como medida única de lo humano.

En el terreno de la seguridad, el contraste es evidente. En 2016, China ofrecía apoyo en temas de seguridad no tradicional y cooperación técnica, con cautela y sin protagonismo. El Programa de la Paz de 2025, sin embargo, concibe la seguridad como un componente político de la soberanía y del orden multipolar. Propone la construcción de un ciberespacio soberano, la defensa del derecho internacional y el refuerzo del carácter de ALC como Zona de Paz. Es una visión que, sin alianzas militares ni intervencionismo, redefine el concepto de seguridad desde una perspectiva cooperativa y civil, no geoestratégica ni coercitiva.

Finalmente, la evolución multilateral es uno de los cambios más relevantes. En 2016, China buscaba coordinarse con ALC en la ONU o el G20; era un enfoque pragmático para influir en debates globales. En 2025, la propuesta es mucho más profunda: reformar de manera conjunta la gobernanza internacional, fortalecer la voz del Sur Global y proyectar una comunidad de futuro compartido. En otras palabras, pasar de participar en el sistema a transformarlo.

La suma de estas transformaciones revela un cambio cualitativo: la relación China-ALC ya no se concibe como cooperación entre un gran inversionista y una región en desarrollo, sino como una asociación estratégica integral del Sur Global, con identidad política propia y proyección a largo plazo. El paso del “Cinco en Uno” a los “Cinco Programas” marca el tránsito de una cooperación estructurada a un proyecto geopolítico compartido, más maduro, más ambicioso y con un horizonte claramente multipolar.

Para América Latina, este cambio abre oportunidades, pero también exige responsabilidad. China ha puesto sobre la mesa una visión que reconoce la autonomía, la soberanía y la proyección global de la región. Depende ahora de los gobiernos latinoamericanos decidir si quieren aprovechar esta evolución para construir un lugar propio en el mundo que nace, o si permitirán que la inercia de viejas dependencias siga dictando su destino.

Ante el autoritarismo, apertura democrática

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Margarita Bolaños Arquín

Enfrentar la pasión autoritaria que ha sembrado el chavismo con un supuesto apoyo del 63% al presidente y un 38% a la candidata oficialista continuista, requiere, según algunos analistas, de cambiar el discurso y la estrategia para sacar a las personas indecisas a votar en su contra. Pero ¿qué elementos del discurso democrático se deben cambiar, y cuál es la estrategia para sacar de la indecisión, el hartazgo y la indiferencia a una porción importante y diversa de la ciudadanía?

Estamos más acostumbrados a tomar en cuenta las opiniones de quienes tienen el megáfono que a escuchar los mensajes de las mayorías silenciosas. Y es que el silencio no necesariamente es indiferencia o ausencia de posición. Por eso las encuestas tienen su límite para interpretar las preocupaciones y los clamores de amplias y heterogéneas mayorías. ¡Y claro que sorprenden los números!

Sorprenden porque nunca hemos tenido tan variadas y creativas estrategias para defender la democracia, atacar al presidente y su estilo de gobierno autoritario. Desde el humor más fino, la poesía, la música hasta los más chabacanos comentarios. Una creatividad impresionante de formas y argumentos de variada naturaleza intelectual, cultural y legal.

¿Pero por qué no convencemos? Si ha habido un partido que ha dado una lucha incuestionable desde la Asamblea Legislativa en estos años por la defensa de la institucionalidad democrática, la ética en la función pública y ha hecho aportes sustanciales para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables, es el FA. ¿Pero por qué no lidera la intención de voto?

Lo que parece más que evidente es el deterioro estratégicamente planificado del sistema de partidos políticos, armazón de la institucionalidad democrática. Tenemos 20 partidos y una candidata que se dice ganadora con un partido nuevo que no es el que los eligió, que reivindica la continuidad de escasos 4 años contra la presencia de un PLN sexagenario que no se le pueden negar sus aportes al desarrollo de este país.

Entonces, para frenar el continuismo autoritario se requiere en primer lugar de los votos necesarios en la primera ronda, independientemente de su pasado político. ¿Y cómo se logra? Pues creando los acuerdos básicos con quienes estén dispuestos a parar en seco esa tendencia autoritaria y retomar la senda democrática. Pero ese es el inicio de la gran reforma democrática que se deberá impulsar de inmediato.

Tenemos claridad de los desafíos que enfrentamos para promover un desarrollo económico y social que parta de generar bienestar para todas las personas, pero no lo podemos hacer con la visión política que produjo el desencanto democrático. Y lo primero es lo primero, sumar los votos y desde ya comprometernos con esos acuerdos que le den a la política y a la democracia capacidad de transformación colectiva y en paz.

Yiski cuestiona falta de fiscalización en tala dentro del Parque Nacional Braulio Carrillo

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

La Asociación Conservacionista Yiski alertó nuevamente sobre la corta intensiva de árboles y cobertura boscosa que se realiza en el tramo de la Ruta 32 que atraviesa el Parque Nacional Braulio Carrillo (sector Zurquí). Según denuncia su presidenta, María Elena Fournier, la intervención continúa ejecutándose bajo el argumento de “derecho de vía”, pero sin controles técnicos visibles, sin información pública clara y en sectores donde no hay evidencia de deslizamientos o emergencias viales que justifiquen una remoción de tal magnitud.

En su comunicación más reciente, Fournier señala que la situación avanza “demasiado rápido” y que se han cortado árboles en zonas que no presentan riesgo evidente, lo que podría generar afectaciones irreversibles en un ecosistema reconocido por su biodiversidad y sensibilidad ecológica.

La denuncia formal fue registrada ante el Sistema Integrado de Trámites y Atención de Denuncias Ambientales (SITADA), bajo el número 33035, y remitida además al ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach; a la Auditoría del SINAC; y al Área de Conservación Central (ACC). En la presentación, Fournier solicita aclarar quién está fiscalizando los trabajos y bajo qué criterios técnicos se autorizó la intervención en un área protegida donde la legislación exige supervisión estricta.

Preocupación por limitaciones al acceso a información pública

En los correos dirigidos al MINAE y al SINAC, Fournier cuestiona que el sistema SITADA no permite solicitar información urgente, pues únicamente está diseñado para registrar denuncias. Subraya que la ciudadanía tiene derecho a recibir información completa, oportuna y verificable sobre decisiones que afectan bienes de dominio público, especialmente cuando se trata de un parque nacional.

Señala además que las respuestas institucionales insisten en redirigir todo trámite al SITADA, sin atender de manera directa la consulta central: quién supervisa la tala y bajo qué justificación técnica se está realizando.

Impactos en el ecosistema del Zurquí

De acuerdo con los antecedentes aportados por Yiski y especialistas en derecho ambiental, esta intervención se suma a presiones acumuladas sobre el ecosistema:

  • ruido constante y tránsito pesado,
  • contaminación por combustibles,
  • iluminación artificial continua,
  • ausencia de pasos de fauna,
  • disminución de especies sensibles, como ranas de cristal,
  • interrupción de corredores biológicos utilizados por aves, mamíferos y otros organismos que se desplazan sin tocar el suelo.

El profesor de Derecho Internacional Público Nicolas Boeglin recordó en el documento anterior que cortar árboles sin prever medidas de conectividad, como puentes de lianas, afecta directamente la movilidad de especies que dependen de la continuidad del dosel forestal.

Solicitudes planteadas a las autoridades

La Asociación Conservacionista Yiski insiste en tres puntos fundamentales:

  1. Detener temporalmente la corta hasta contar con un análisis técnico verificable.
  2. Aclarar quién dirige y fiscaliza la intervención en el derecho de vía.
  3. Garantizar la protección del ecosistema del Zurquí, conforme a la normativa de áreas silvestres protegidas.

La organización advierte que continuará recurriendo a los mecanismos institucionales disponibles, incluyendo acciones constitucionales, si la información solicitada no es entregada dentro de los plazos legales.

Hospital sin Paredes: una historia vigente de salud comunitaria

Escrito en . Publicado en Salud.

Observatorio de Bienes Comunes

El Hospital sin Paredes sigue siendo una de esas experiencias que nos recuerdan que la salud nace en la comunidad. Hoy compartimos una reedición histórica y dos entrevistas con Enid Cruz que nos ayudan a volver sobre esa memoria viva y necesaria.

¿Por qué leer y ver este material?

* Porque muestra cómo la salud se construyó caminando con la gente, no desde un escritorio.

* Porque recuerda la visión del Dr. Ortiz y su apuesta por un modelo cercano, humano y participativo.

* Porque ofrece aprendizajes para pensar hoy los bienes comunes sociales: participación, organización y soluciones colectivas.

* Porque esta historia sigue siendo una brújula para defender una salud pública que escuche y responda a las comunidades.

* Porque necesitamos volver a experiencias que demostraron que otro modelo de atención sí era —y es— posible.

Una memoria que sigue iluminando el presente.

Leé la nota y mirá los videos aquí:

https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/hospital-sin-paredes-una-historia-vigente-de-salud-comunitaria/

Costa Rica no necesita salvadores

Escrito en . Publicado en Análisis.

Abelardo Morales Gamboa (*)

Reinventar el país: la tarea política de todos que no podemos seguir posponiendo

Los graves problemas de la Costa Rica del siglo XXI, acumulados por casi cuatro décadas, no se resolverán ni en estas elecciones ni en los próximos cuatro años. El raquitismo político es evidente. En el cuatrienio reciente, lejos de enfrentarse estos desafíos, se ampliaron y agravaron, provocando un retroceso social y el estrangulamiento de posibles caminos hacia el desarrollo. A pocos actores políticos parece importarles realmente esto, pero la necesidad de actuar es urgente.

Hace cinco años publiqué un artículo sobre las fracturas sociales y los claroscuros ideológicos que atravesaban a Costa Rica en el segundo gobierno del PAC. Aquella publicación pasó casi desapercibida, como otros diagnósticos que quizás no encontraron su momento. No busco ahora reconocimiento, sino entender mejor nuestras penas colectivas. Los problemas no comenzaron entonces, pero sus manifestaciones ya eran inocultables.

Luego vinieron nuevas crisis: la pandemia del COVID-19 y su impacto sanitario, las tensiones fiscales, protestas sociales, el sacudón electoral de 2022 y un profundo desalineamiento político que resquebraja la hegemonía de los actores tradicionales. A esto se sumó el giro conservador del segundo gobierno del PAC y la represión de protestas sociales. Muchas de las fracturas previas persisten, pero han cambiado de forma e intensidad. Algunas se han profundizado; otras se expresan de modo distinto; y en ciertos ámbitos es necesario afinar el lente analítico.

Lo que presento ahora es una actualización crítica de aquel diagnóstico, basada en evidencia reciente de las universidades públicas, organismos internacionales y los procesos políticos que han marcado al país desde 2018.

Una economía que crece, pero para pocos

Costa Rica sigue moviéndose al ritmo de la inversión extranjera, las exportaciones y los servicios. No obstante, la desigualdad se mantiene entre las más altas de la región, incluso después de las reformas fiscales dirigidas a contener el déficit. Esta contradicción —crecimiento sin reparto— es hoy una característica estructural. La concentración de la riqueza se naturaliza, especialmente en manos de capitales transnacionales.

El mercado laboral confirma esta tendencia regresiva. Aumentan la informalidad, el subempleo y la dificultad para que las personas jóvenes —incluso con estudios universitarios— encuentren trabajo estable. La pandemia aceleró procesos previos: automatización, teletrabajo, reconfiguración del comercio y debilitamiento del empleo formal. El resultado es un país donde tener trabajo ya no garantiza bienestar ni movilidad social. La Costa Rica de la paz social y la equidad reformista se diluye rápidamente.

De la política sin brújula al embrujo del desencanto

En 2018 señalé el vacío ideológico y el avance del conservadurismo. Esos procesos continúan, pero la escena política se ha vuelto aún más volátil. Las elecciones de 2022 lo evidenciaron: el PAC se desfondó, Liberación Nacional profundizó su desgaste, la izquierda no logró consolidarse y surgieron candidaturas “antisistema” con apoyo considerable.

El país vive una mezcla de antipolítica, personalización del poder y discursos cargados de enojo. La radicalización derechista es solo una pieza del rompecabezas: también influyen la frustración por el deterioro de la calidad de vida, la pérdida de servicios públicos robustos y la sensación creciente de que “nadie nos representa”. La crisis de confianza afecta por igual a instituciones, partidos y liderazgos. En este contexto, resulta más fácil fabricar encantamientos mesiánicos que construir soluciones estructurales. La fragmentación ideológica se ha convertido en un rasgo permanente de nuestra convivencia.

Clases medias: del pilar histórico al mosaico fragmentado

Uno de mis planteamientos centrales era la erosión del papel estabilizador de las clases medias. Esto sigue siendo cierto, pero la evidencia reciente muestra un panorama más complejo. Las clases medias no son un bloque homogéneo; hoy constituyen un conjunto de segmentos desconectados y, muchas veces, en competencia entre sí.

Conviven al menos cinco grupos: funcionarios públicos con empleos relativamente estables, pero bajo presión fiscal y estigmatización; profesionales jóvenes endeudados, con trabajos temporales o mal remunerados; pequeños comerciantes y emprendedores golpeados por la competencia global y la disminución de ingresos; hogares de ingresos medio-bajos, altamente bancarizados y vulnerables a caer en la pobreza; agricultores y productores rurales afectados por la apertura comercial y el abandono estatal.

Cada grupo experimenta el malestar de manera distinta. Algunos se distancian de la política; otros se inclinan por opciones conservadoras; otros buscan salidas tecnocráticas, antiélite o directamente mesiánicas. El bloque de clase media que ayudó a sostener la estabilidad política del siglo XX es hoy un territorio fragmentado, sin proyecto común ni expectativas claras. Su “embotellamiento” físico y social se ha vuelto más literal: viven endeudadas, frustradas y escépticas respecto a cualquier promesa de futuro.

Una sociedad civil debilitada, pero en movimiento

En mi diagnóstico original subrayé el debilitamiento de la sociedad civil. Esa tendencia se mantiene, aunque con matices. Desde 2018 ha habido momentos de movilización: protestas contra la reforma fiscal, contra medidas regresivas, huelgas sectoriales, luchas ambientales, territoriales y feministas.

Sin embargo, estas expresiones no han logrado articularse en un proyecto político alternativo. Funcionan como válvulas de escape de la frustración social, pero no como plataformas de cohesión. La fragmentación general del país también se reproduce en la protesta. Existe activismo, pero escasa capacidad para convertirlo en transformación institucional.

Un país que necesita repensar su pacto social

La evidencia muestra que Costa Rica ha entrado en una fase en la que ya no basta con diagnosticar fracturas. Los pilares históricos del pacto social están en crisis: la desigualdad no es una falla, sino parte del sistema; el empleo dejó de garantizar bienestar; las clases medias se desfondan; la confianza en las instituciones se erosiona; el sistema de partidos se pulveriza; las narrativas ideológicas tradicionales ya no movilizan ni sostienen un sentido de comunidad.

El desafío central no es “restituir” lo perdido, sino imaginar un proyecto de país capaz de garantizar movilidad social, estabilidad democrática y sentido colectivo en un contexto global adverso, marcado por la precariedad, el individualismo y la polarización.

Costa Rica vive un momento decisivo. Las desigualdades crecientes, la precarización del empleo, la crisis educativa y el desgaste político han debilitado los fundamentos que sostuvieron al país durante décadas. Administrar la crisis no alcanza: necesitamos reconstruir el pacto social desde sus bases.

Esa reconstrucción exige nuevos consensos, capaces de reconocer nuestras realidades sin nostalgias ni simplificaciones. Implica que sectores tradicionalmente distanciados —clases medias vulnerables, sectores productivos, territorios rurales, personas jóvenes, funcionariado público y movimientos sociales— se reconozcan como parte de un mismo proyecto nacional.

Para que esos consensos emerjan es indispensable renovar el ejercicio del poder. Requiere abandonar el personalismo, la confrontación y la opacidad. La política debe recuperar su sentido de servicio, su capacidad de diálogo y su vocación de acuerdos duraderos. Costa Rica no necesita salvadores, sino instituciones fuertes y liderazgos responsables.

En ese proceso, rescatar la educación pública es una prioridad absoluta. Sin un sistema educativo robusto —financiado, inclusivo y conectado con el mundo del trabajo— cualquier pacto social será frágil y cualquier promesa de movilidad quedará vacía. La educación es el principal mecanismo para evitar que las desigualdades actuales se vuelvan permanentes.

El país aún posee capacidades para reinventarse, pero la ventana de oportunidad se estrecha. Podemos seguir administrando el deterioro o asumir la responsabilidad histórica de reconstruir un horizonte común. El futuro no está escrito: se construye con acuerdos, con instituciones sólidas y con una ciudadanía consciente de su poder transformador.

Tal vez se requiera algo más que unas elecciones y el acartonado ritual de los comicios. Tal vez lo que necesitamos, con urgencia, es recuperar la convicción de que un país se sostiene —o se derrumba— en la calidad de sus consensos y en la fuerza de sus instituciones.

(*) Sociólogo, comunicador social y analista internacional.

Calle Álvarez, Guatuso, vive un abandono que ya no se puede ocultar

Escrito en . Publicado en Comunidad.

Mientras el río se debilita por la extracción de material y se levantan proyectos en zonas de riesgo, la comunidad vive con la inseguridad permanente de quedar aislada cada vez que llueve y de enfrentar nuevas inundaciones sin una ruta segura de salida.

Este caso revela cómo las desigualdades socioambientales se sienten en el cuerpo y cómo las decisiones (y las omisiones) institucionales aumentan la vulnerabilidad de las personas.

Leé la nota completa del Observatorio de Bienes Comunes y conocé por qué este no es solo un problema local, sino un síntoma de un modelo que construye “desarrollo” a cualquier precio.

https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/calle-alvarez-cuando-el-abandono-institucional-se-vuelve-parte-del-paisaje/

¿Dictadura?…. ¿de 70 años?

Escrito en . Publicado en Elecciones.

JoseSo (José Solano-Saborío)

Hay momentos en que uno escucha ciertas frases y piensa: ¿En serio llegamos a esto? Sí, mucha gente está cansada, indignada, harta de que algunos políticos se hayan burlado de la confianza pública. Y tienen razón en estar molestos. Pero, ojo: ese resentimiento legítimo lo están usando como leña para incendiar lo único que todavía nos sostiene como país -nuestra democracia-.

Y eso ya no es ingenuidad: es traición a los grandes costarricenses que forjaron esta democracia centenaria costarricense.

Rodrigo Chaves vio la grieta y metió la ‘pata e’ chancho’. Con ambición y oportunismo, decidió venderle al pueblo cansado la mentira más descarada de todas: que Costa Rica ha vivido “en una dictadura de 70 años”. ¡Setenta! Lo dice sin parpadear, como si insultar la historia patria fuera un acto de valentía y no una maniobra barata para engañar a quienes no la conocen ni la estudiaron.

Hace años, aquí en Costa Rica, Julio María Sanguinetti, expresidente uruguayo, soltó una frase que aún retumba:

“Donde haya un costarricense, esté donde esté, hay libertad.”

No lo dijo por quedar bien; lo dijo porque lo vio. Lo vivió. Lo reconoció.

Y ahora viene Chaves a decir que eso fue una farsa y que él es el gran libertador.

¡Por favor!

Si usted anda repitiendo como chachalaca que «vivimos en dictadura» y que el «mesías de Monterán» lo «despertó», no se me ofenda. De verdad no es personal. Pero sí le voy a decir algo con franqueza: lo agarraron pollo. Ese cuento no nació en Costa Rica; salió calcado de los manuales de populismo autoritario que están carcomiendo democracias en todo el mundo.

Y Chaves, sin ningún pudor, lo está usando como trampolín.

Ahora bien, antes de seguir repitiendo el estribillo, respóndase esto con honestidad:

¿Dónde están los presos políticos?

¿Cuántos desaparecidos deja esta “dictadura”?

¿Cuántos exiliados perseguimos?

¡Despiértese!

Porque cuando usted dice que Costa Rica es una dictadura, no solo insulta la inteligencia nacional; también ultraja la memoria mártires y caudillos latinoamericanos de esos que sí enfrentaron tiranos de carne y hueso. Gente que murió o fue encarcelada por defender su dignidad.

Gente como Augusto César Sandino, Monseñor Óscar Arnulfo Romero, Omar Torrijos, Salvador Allende, Pepe Mujica, y tantos otros que pagaron con su vida, su sangre o sus años de cárcel.

A esa gente sí le dispararon.

A esa gente sí la persiguieron.

A esa gente sí la quisieron callar.

Eso es dictadura.

Lo nuestro es otra cosa: es una democracia cansada, golpeada, imperfecta… pero democracia al fin. Y cuando permitimos que un gobernante la llame “dictadura” solo porque no puede controlarla a su antojo, lo que hacemos es entregarle el arma para que la dispare contra ella misma.

La democracia no se muere de vieja.

Se muere de desidia.

Se muere cuando empezamos a creer sus mentiras.

Se muere cuando dejamos que los oportunistas llamen “dictadura” a lo que les estorba.

Y ahí sí, cuando despertemos, ya será tarde

Mujeres indígenas miskitas en Costa Rica: breve análisis a raíz de una emisión radial

Escrito en . Publicado en Equidad y derechos de la mujer.

Nicolas Boeglin
Profesor de Derecho Internacional Público
Facultad de Derecho UCR
nboeglin@gmail.com

En una emisión radial del programa Interferencia de Radio Universidad, realizada el 4 de diciembre del 2025 (véase video y audio), se informó de la presencia en Costa Rica de aproximadamente 40.000 indígenas miskitos en proveniencia de Nicaragua, en su gran mayoría mujeres y niños. La cifra es la que se mencionó en la precitada entrevista, a una integrante de una organización de la sociedad civil: es muy probable que el Estado costarricense no conozca con exactitud un número más exacto.

Se trata, según el estudio mencionado durante la entrevista, de personas oriundas de territorios comunitarios indígenas en Nicaragua que se han visto forzadas a salir en razón del clima de violencia en su contra perpetrada por terratenientes nicaragüenses así como debido a varios extensos megaproyectos de extracción minera concesionados a varias empresas chinas en Nicaragua (véase nota de noviembre del 2025 de SwisInfo). Salvo error de nuestra parte, no se tiene conocimiento de iniciativas desde China para que Nicaragua resguarde y respete los derechos de las poblaciones indígenas en las zonas concesionadas. Sobre China, es de recordar que la apertura oficial de relaciones diplomáticas oficiales entre China y Nicaragua data de diciembre del 2021 y que inició una era de intercambios comerciales y de cooperación bilateral muy sostenidos desde entonces, en muy diversos ámbitos: remitimos a nuestra nota del 2021 sobre este episodio.

Muchas de estas personas, antes de llegar a Costa Rica,  vivían en sus territorios comunitarios, y en el caso de varios de ellas, no hablan español, o bien tienen un conocimiento muy aproximativo del mismo.

Foto extraída de artículo de prensa titulado «Los miskitos ya resienten el cierre de Cejudhcan: “fue una venganza”» del medio digital Divergentes, en su edición del 22 de marzo del 2022. Texto integral disponible aquí.

Un estudio de lectura muy recomendada

El estudio como tal titulado  «Mujeres indígenas nicaragüenses desplazadas en Costa Rica: lo que sienten, lo que piensan y lo que han vivido» está disponible en este enlace: se recomienda su lectura, al recoger testimonios muy valiosos de personas desplazadas con varios años buscando integrarse sin lograrlo del todo en Costa Rica.

En la página 21 de dicho estudio, se lee que:

«Viven en precarios que frecuentemente no cuentan con servicios básicos como acceso al agua potable; comparten viviendas con otras mujeres y frecuentemente, en condiciones de hacinamiento. Su llegada a sitios urbanos marca una diferencia sustantiva respecto a sus lugares de origen que, en la mayoría de los casos, se localizan en comunidades indígenas en zonas rurales de Nicaragua. 

Eso representa cambios en sus hábitos, modos de vida y cultura; pero también en relación con sus formas de subsistencia porque muchos recursos alimenticios que antes estaban a su alcance en el bosque o mediante la siembra de cultivos en sus tierras comunitarias, ahora los tienen que comprar. 

La mayoría de las mujeres están en rangos etarios entre los 18 y 54 años; es decir, en edades que las ubican plenamente como fuerza productiva y las califican para participar activamente en el mercado laboral. Por otra parte, son mujeres con un cierto nivel educativo pues han alcanzado algún grado de primaria e incluso de secundaria».

Como se puede observar es muy poco lo que se ha logrado hacer por parte del aparato estatal costarricense para responder a esta llegada masiva de personas oriundas de territorios indígenas en Nicaragua, y que deben, en muy poco tiempo, adaptarse a la vida cotidiana en los precarios de la Gran Area Metropolitana (GAM) en el seno de la capital costarricense, con limitantes de todo tipo.

Una problemática desatendida desde hace varios años

Las invasiones violentas de tierra por parte de no indígenas miskitos en Nicaragua han dado lugar a varios documentales, como este documental realizado por Expediente Público en el 2021 y este otro por el medio digital Confidencial en el 2022. 

En el caso de la población miskita refugiada en Costa Rica, este reportaje del 2023 realizado por el medio Nicaragua Investiga hace ver que sus necesidades no han sido debidamente atendidas por parte de las autoridades costarricenses, tal y como se dejó ver de manera muy clara en la precitada entrevista del programa Interferencia de la radio universitaria (la cual recomendamos escuchar, al mencionar de manera detallada las carencias de todo tipo del aparato estatal costarricense ante la llegada masiva de estas familias miskitas en los últimos años).

En julio del 2024 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fueron varias las organizaciones de la sociedad civil nicaragüense las que denunciaron un verdadero «etnocidio» (véase nota) por parte del Estado nicaragüense.

Este otro reportaje del 2019  del medio Nicaragua Investiga sobre la población miskita refugiada en Honduras permite conocer el alcance de la grave crisis provocada por la llegada de colonos en territorios miskitos en Nicaragua, y el clima de violencia e impunidad que desata, sin que las legítimas reivindicaciones de las poblaciones miskitas sean debidamente atendidas en Nicaragua. En el caso específico de Honduras, este informe del 2021 de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) analiza la fuerte discriminación y la xenofobia que sufren los miskitos hondureños en la misma Honduras. En el 2021, Honduras fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (véase sentencia de agosto del 2021, caso Los buzos miskitos vs Honduras).

En el caso específico de Costa Rica, tuvimos la ocasión de analizar el contenido del informe realizado luego de su visita a Costa Rica por parte del Relator Especial de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, cuyos hallazgos y recomendaciones en beneficio de las poblaciones indígenas costarricenses… siguen esperando ser objeto de acciones correctivas por parte del Estado costarricense: véase nuestra nota de septiembre del 2022 titulada «Pueblos indígenas y sus derechos: revelador informe del Relator Especial de Naciones Unidas exhibe graves y persistentes lagunas en Costa Rica«. Por otra parte, persiste un clima de xenofobia contra los migrantes nicaragüenses en algunos sectores de la sociedad costarricense: ya en el año 2018, tuvimos la ocasión de analizarlo en nuestra nota publicada en el portal de la UCR, y titulada «El derecho internacional ante la xenofobia, el racismo, la discriminación y la incitación al odio en Costa Rica«.

Sin lugar a dudas, la falta de atención ante las necesidades básicas de estas poblaciones miskitas oriundas de Nicaragua en Costa Rica y en Honduras, plantea serias interrogantes: más aún en el caso de Costa Rica, cuya legendaria tradición de asilo y de refugio constituye uno de los pilares de su imagen internacional.

Los órganos internacionales de derechos humanos y las comunidades miskitas de Nicaragua

De manera a poder conocer con más detalles el alcance del drama que viven las poblaciones miskitas del Caribe en Nicaragua, este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dado a conocer en el mes de agosto del 2025 (véase enlace) enlista las recomendaciones hechas a Nicaragua (páginas 128-131), pero también a los integrantes de la comunidad internacional como tal (páginas 131-132). 

En una de sus conclusiones (páginas 124-128) se lee que:

«204. En particular, los hallazgos de la CIDH muestran que los patrones de la violencia en contra de las comunidades indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe se caracterizan por: i) la continuidad y frecuencia de ataques armados perpetrados por grupos de colonos y del crimen organizado que ocurren con la tolerancia y aquiescencia del Estado; ii) asesinatos y criminalización de autoridades tradicionales, líderes comunitarios y personas defensoras del territorio; iii) amenazas, hostigamientos y la extorsión de comunidades por grupos de colonos armados; iv) hechos de tortura y violencia sexual; y v) la impunidad estructural en un contexto de concentración absoluta del poder en el Ejecutivo. Conforme al derecho internacional, estos hechos configurarían graves violaciones a los derechos humanos«.

Esta resolución del año 1984 de la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre un acuerdo de solución amistosa entre las autoridades de Nicaragua y las comunidades miskitas, hace ver que sí hubo en algún momento en Nicaragua voluntad política para resolver la problemática de la tenencia de la tierra y permitir una forma de autogestión dentro de los territorios indígenas miskitos.  En el 2001, Nicaragua fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (véase sentencia de agosto del 2001, caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua, en particular el párrafo operativo 173).

Desde el mes de abril del 2018, la situación de los derechos humanos en Nicaragua se ha gravemente deteriorado, aunada, a partir del 2020, del auge del mercado de la carne en Nicaragua y de megaproyectos mineros que  provocan una presión extrema sobre los territorios indígenas miskitos y sobre las reservas biológicas en Nicaragua. El documental «Patrullaje» del 2023 (véase enlace) ilustra de manera muy completa esta fuerte presión que se ejerce también sobre la reserva Indio Maíz y sus frágiles ecosistemas, con la complacencia de las actuales autoridades de Nicaragua. En esta resolución de octubre del 2025 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se señalan (a puntos 4-9) las diversas gestiones hechas desde este órgano del sistema interamericano desde mediados del 2018 ante el recrudecimiento de la represión contra personas defensoras de derechos humanos y opositores políticos en Nicaragua.  

En este reportaje de ElPais (España) de agosto del 2025 titulado «Etnocidio  y exterminio simbólico: la prisión política se ensaña contra los indígenas en Nicaragua«, se puede consultar este informe sobre la criminalización de los líderes indígenas en Nicaragua y su encarcelamiento sistemático.

Ya en el año 2019, la ONG especializada en el litigio ante el sistema interamericano de protección a los derechos humanos, CEJIL, había detallado la larga lista de las obligaciones internacionales que tiene Nicaragua en materia de derechos de las poblaciones miskitas: véase asl respecto su  informe titulado «Resistencia Miskitu: una lucha por el territorio y la vida«, en particular páginas 60-64. 

Por su parte, esta resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del mes de junio del 2023, evidencia el incumplimiento hecho a los requerimientos del juez interamericano de derechos humanos por parte de Nicaragua. 

Desde el punto de vista de la historia del derecho internacional, no está de más recordar que el tratado entre Nicaragua e Inglaterra de 1860 estableciendo un protectorado británico sobre los denominados «Mosquito Indians» en el siglo XIX, dio lugar a unas de las primeras sentencias arbitrales entre dos Estados en el año 1881. Este laudo arbitral entre Inglaterra y Nicaragua fue dictaminado por el árbitro escogido por ambos Estados: el Emperador de Austria (véase texto). Para nuestros estimables lectores poco familiarizados con la historia del derecho internacional, el primer arbitraje entre dos Estados se registró nueve años antes, en 1872, entre Estados Unidos e Inglaterra (véase breve nota nuestra al respecto titulada «El arbitraje del Alabama de celebración (1872-2022)«.

Siempre desde el punto de vista estrictamente jurídico, es de precisar que Nicaragua sigue siendo Estado Parte a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más conocida como «Pacto de San José«. En cambio, al cumplirse el 18 de noviembre del 2022 un año desde la notificación enviada formalmente por Nicaragua, dejó de ser Estado Parte de la Organización de Estados Americanos (OEA): véase texto de la notificación enviada en noviembre del 2021.

A modo de conclusión

Tal y como se ha señalado desde ya varios años, la atención básica a estas poblaciones indígenas oriundas de Nicaragua debe ser garantizada por los Estados en las que buscan refugio, huyendo el clima de violencia que sufren. 

En el caso de Costa Rica, estas personas deben enfrentar una situación de discriminación y xenofobia que persiste aún con respecto a migrantes oriundos de Nicaragua en varios sectores de la sociedad costarricense, aunada al la falta de voluntad política de las autoridades de Costa Rica por atender las legítimas reivindicaciones de sus propias comunidades indígenas, tal y como lo detalla el precitado informe de Naciones Unidas del 2022. 

A ello se deben sumar los serios retrocesos en materia de atención a las personas migrantes en general observados en los últimos años en Costa Rica (véase artículo del Semanario Universidad). Es de notar que a diferencia de otros ámbitos en materia de derechos humanos, Costa Rica se resiste hasta la fecha a ratificar la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familiares que existe desde 1990 (véase estado de firmas y ratificaciones). Llama poderosamente la atención que, desde 1990, el Poder ejecutivo costarricense haya sido incapaz de tan siquiera firmarla…

Como usualmente suele suceder en materia de derechos humanos, la no atención a una problemática en materia de derechos humanos se traduce con el pasar del tiempo, en una agravación de la misma: es precisamente el caso de las mujeres miskitas oriundas de Nicaragua en Costa Rica.