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Autor: Hector Ferlini Salazar

La paz orwelliana (“1984”) y distópica

Por Jiddu Rojas

Seamos claros: se acaba de otorgar un nuevo y cuestionado Premio Nobel de la Paz 2025, que es prácticamente una licencia para una próxima invasión militar del hegemon norteamericano contra una sitiada Venezuela.

Por favor, sin entrar a defender o no al gobierno de Maduro ni al cuestionado proceso electoral bolivariano, pero ¿cómo se puede pedir una intervención militar extranjera contra su propia patria? ¿Cómo puede ser una supuesta líder política tan cipaya y servil? ¿Puede ser la ocupación extranjera imperial mejor que el régimen actual, bajo constante ataque económico y mediático de Estados Unidos y Occidente?

Hasta Henrique Capriles Radonski, excandidato de oposición a Maduro, condenó públicamente la amenaza de intervención militar de Trump y Marco Rubio. Muchos otros sectores de la oposición venezolana también condenan esas amenazas.

Pero seamos honestos: más allá de las simpatías o antipatías hacia el gobierno de Maduro, ¿realmente alguien cree que al gobierno de Estados Unidos le interesan los derechos humanos de los venezolanos o la “democracia”? ¿O se trata solo de su petróleo, de sus tierras raras y de sus recursos naturales?

¿Premiar así a una líder de extrema derecha, acusada de golpista y de promover la posible intervención militar norteamericana y occidental? ¿Una ficha geopolítica de Trump maquillada que gana un Premio Nobel de la Paz? Esto es una clásica inversión axiológica (Franz Hinkelammert), al mejor estilo de la novela 1984: un montaje internacional, un show mediático y una burda maniobra geopolítica.

¿A quién beneficia esta polarización extrema: María Corina vs. Maduro/Diosdado? No ciertamente al pueblo de Venezuela, agredido por esta guerra híbrida internacional, cuyas víctimas económicas son las propias comunidades civiles.

Trump queda doblemente expuesto, porque su incondicional “alfil” venezolano se convirtió en reina y le arrebató, sin querer queriendo, la corona y los laureles mediáticos que tanto necesitaba para frenar la caída de su popularidad interna. ¿Funcionará su pax imperial sobre los cadáveres de los niños, mujeres y civiles de Gaza, frente a la voracidad de la limpieza étnica de su socio Netanyahu, acusado internacionalmente de crímenes de guerra y de lesa humanidad?

Pero volvamos al Gran Caribe bajo la hegemonía norteamericana. No se trata de legitimar o no al gobierno de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello; se trata de no legitimar una inminente invasión militar de Trump a Venezuela.

Hagamos memoria: ¿qué salió de “bueno” para la humanidad de las invasiones a Granada, Panamá, Irak (Bush padre y Bush hijo), la antigua Yugoslavia, Afganistán, Somalia, Libia, Siria o Yemen, por parte de Estados Unidos y sus aliados europeos e Israel? ¿Blood for oil?

¿Qué resultado dejaron sus guerras “proxy”, como la de Ucrania frente a la invasión rusa? Miles de jóvenes muertos, un país devastado, dos pueblos hermanos enemistados y una gran venta de armas y nuevas tecnologías militares; además de, paradójicamente, consolidar la posición geopolítica de Rusia y del gobierno de Putin, pese a las sanciones occidentales.

¿Dejó de ser la Federación Rusa una amenaza militar o China Popular una superpotencia económica cada vez más consolidada? No. Tanto los gobiernos de Biden como los de Trump, con sus matices, parecen haber equivocado su política exterior belicista contra Rusia y China. ¿Se debilitaron los BRICS+ o se fortalecieron? La respuesta es obvia: se fortalecieron, igual que la búsqueda de un mundo multipolar.

En cambio, ¿ayudaron estas masacres imperialistas a consolidar un mundo más justo y multipolar, o solo reforzaron el viejo unilateralismo norteamericano y su dependencia del complejo militar-industrial?

Nada nuevo bajo el sol: el Premio Nobel de la Paz, después de figuras tan polémicas como Henry Kissinger, ya estaba devaluado. Pero para este complejo 2025, ¿realmente no había una persona más decente y coherente para recibirlo?

¿Qué hay de quienes han luchado pacíficamente contra el genocidio en Gaza?
Por ejemplo, Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los Territorios Ocupados, ha desarrollado una labor meticulosa y humanista frente a un genocidio televisado a vista de los poderosos.

Lamentable. Realmente lamentable. Será un craso error estratégico con consecuencias a largo plazo para la legitimidad democrática de los gobiernos del norte global.
Sus propios pueblos, más allá de la desinformación sistemática, comenzarán a sospechar más y más de sus gobiernos y de sus élites.

Como es arriba, es abajo, dijo Hermes Trismegisto. Este arrogante gesto geopolítico imperial traerá consecuencias. Se desenmascaran radicalmente ciertas instituciones nacionales e internacionales.

Las consecuencias de esta acelerada quiebra de legitimidad democrática, sumadas a la apatía colectiva, la desconfianza institucional y el crecimiento de la desigualdad estructural, pueden resultar letales para las democracias representativas, el ideal del Estado social de derecho y los ecosistemas del planeta.

Gracias, paz y justicia.
MEL. Jiddu Rojas Jiménez

Voces y Política y Kioscos Socioambientales: dos aniversarios que marcan la Acción Social universitaria

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, Costa Rica – 7 de octubre de 2025.
La Universidad de Costa Rica celebra este año dos aniversarios que reflejan su compromiso con la Acción Social: el Programa Kioscos Socioambientales, con 18 años de trabajo junto a comunidades, y el programa de radio Voces y Política, que llega a sus 20 años al aire, de los cuales una década ha sido compartida en alianza con Kioscos.

Ambos espacios se han consolidado como puentes entre universidad y comunidades, plataformas para visibilizar voces y territorios que con frecuencia quedan al margen de los grandes medios.

La celebración conjunta de estos aniversarios se realizará el miércoles 8 de octubre a las 5:00 p.m. en el programa Voces y Política, transmitido por Radio Universidad 96.7 FM y en sus redes sociales.

El Programa Kioscos Socioambientales nació en 2007 en el marco de la lucha contra el TLC con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, cuando la UCR impulsó los “Kioscos Informativos” para llevar conocimiento crítico a más de cien comunidades. Con los años, evolucionó hacia un trabajo sostenido de acompañamiento a comunidades indígenas, campesinas, costeras y migrantes en regiones como Talamanca, el Caribe Norte, la Zona Norte y el Pacífico Sur.

En 2011 se consolidó como programa permanente, integrando docencia, investigación y acción social. Desde entonces ha generado vínculos profundos con diversos territorios, incidencia en políticas públicas y articulación a nivel latinoamericano en temas como ecología política, pedagogías críticas, derechos humanos y territorialidad. Su trayectoria también se refleja en la producción de materiales socioeducativos, audiovisuales, cartografías y publicaciones.

Para la coordinadora del Programa, Mdh. Dylanna Rodríguez Núñez, “Kioscos Socioambientales es el resultado de 18 años de trabajo colectivo entre universidad y comunidades, en defensa del territorio, la justicia social y ambiental, mediante procesos que ponen en el centro lo común y lo colectivo por encima de valores que apuestan al individualismo y la competitividad. Su historia refleja la importancia de que la Acción Social universitaria no solo acompañe procesos locales, sino que se constituya en una voz crítica frente a los conflictos socioambientales del país”.

Por su parte, Voces y Política nació en 2005, impulsado por las emisoras culturales de la UCR bajo la dirección de Giselle Boza Solano, con el sociólogo Manuel Rojas Bolaños y el periodista Elbert Durán Hidalgo. El programa se planteó como un espacio para ofrecer análisis político documentado, plural y responsable, en contribución a la democratización de la información y al fortalecimiento de la opinión pública.

En dos décadas ininterrumpidas ha acumulado más de 920 emisiones y 1.840 invitados, con la participación de cerca de 20 locutores, productores y equipos de apoyo. Desde hace diez años forma parte de la Vicerrectoría de Acción Social, en articulación con la Escuela de Ciencias Políticas, Kioscos Socioambientales y, más recientemente, la Escuela de Estudios Generales.

Hoy, Voces y Política combina las voces universitarias con las de comunidades rurales, costeras y transfronterizas, consolidándose como un espacio radiofónico que conecta la academia con la realidad social y política del país, siempre con espíritu crítico y vocación pública.

Estos aniversarios reafirman la misión transformadora de la Universidad de Costa Rica y su compromiso de articular saberes con las comunidades, fortalecer la Acción Social y posicionar una voz crítica frente a los desafíos nacionales.

Óscar Aguilar Bulgarelli: “No hay golpe de Estado, hay defensa de la ley y de la democracia”

El historiador y analista nacional Óscar Aguilar Bulgarelli se refirió al reciente acuerdo del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de solicitar a la Asamblea Legislativa el levantamiento del fuero presidencial al mandatario Rodrigo Chaves Robles, tras considerar que ha incurrido en beligerancia política, lo cual está prohibido para el cargo según la legislación costarricense.

Aguilar explicó que el procedimiento aplicado por el TSE se encuentra claramente establecido en el artículo 270 del Código Electoral, aprobado en 1996, el cual determina que, ante una acusación de beligerancia política, el Tribunal puede rechazarla o remitirla a la Inspección Electoral para su investigación. Si esta instancia considera que existe mérito, eleva el caso nuevamente al Tribunal, que puede entonces solicitar el levantamiento del fuero presidencial.

“Así de fácil: es un procedimiento legal”, afirmó el historiador, señalando que las denuncias contra el presidente no son recientes, sino que se remontan a diciembre del año pasado. “Las últimas fueron presentadas en marzo de este año por un grupo de ciudadanos en el que también participé”, añadió.

Aguilar recordó que el mandatario ha sido denunciado reiteradamente por acciones contrarias a la neutralidad política y cuestionó las declaraciones de la diputada Pilar Cisneros, quien calificó la solicitud del TSE como un “golpe institucional”. “¿Qué entenderá esa señora por eso? —preguntó—. Golpe institucional sería que las mismas instituciones se dieran un golpe de Estado a sí mismas. Cuando se acata la ley no hay golpe. El problema es cuando no acatan la ley, como el presidente y como usted, doña Pilar”, expresó.

El historiador insistió en que las denuncias tienen sustento legal y no responden a motivaciones partidarias. “Nada tiene que ver con el Partido Liberación Nacional ni con acusaciones políticas. Todo eso son tonteras, maneras de ocultar la verdad. La verdad es que han violado la ley, y la ley está para cumplirse”, señaló.

Aguilar citó también el artículo 166 del Código Electoral, que establece que si, tras las investigaciones y audiencias correspondientes, el Tribunal determina que se ha cometido delito, puede solicitar la destitución del presidente. “Ahí sí, pero es cumpliendo la ley. Ahí no hay golpe”, enfatizó.

El analista advirtió que la ciudadanía no debe caer en la indiferencia frente a estos hechos, porque ello pondría en riesgo la democracia costarricense. “Si los costarricenses seguimos siendo indiferentes, vamos a matar la democracia”, manifestó.

Aguilar afirmó que el mandatario ha violado el Código Electoral en al menos 25 ocasiones, de las cuales el TSE solo ha señalado 15 en esta acusación, además de tener “más de un centenar de causas abiertas en la Fiscalía”.

Concluyó su intervención reiterando que el país no enfrenta un golpe de Estado, sino una defensa de la ley y del principio democrático.

“Aquí no hay golpe de Estado. Aquí hay defensa de la ley. Aquí hay el principio de que el ciudadano tiene una ley que lo protege para que no nos roben la democracia. Eso es lo que estamos haciendo.”

Óscar Aguilar Bulgarelli: “Las pequeñas emisoras son bastiones de la democracia costarricense”

El historiador y analista nacional Óscar Aguilar Bulgarelli se refirió al debate público generado en torno al manejo de las frecuencias de radio y televisión en Costa Rica, tras la decisión del Gobierno de abrir una licitación en medio del proceso electoral. Aguilar cuestionó tanto el momento político de esa decisión como los juicios generalizados hacia quienes poseen concesiones radiofónicas y televisivas, en particular hacia las emisoras pequeñas, regionales y comunitarias, que —dijo— han sostenido históricamente la libertad de expresión en el país.

Aguilar recordó que conoce de cerca la historia de la radiodifusión nacional. Señaló que su padre fue uno de los fundadores de la radio costarricense en 1947, que él mismo administró una pequeña empresa radial durante varios años en la década de 1980 y que fue fundador del SINART radio y televisión. “Por lo tanto, no hablo desde la improvisación; he vivido la radiodifusión desde dentro”, afirmó.

El historiador explicó que el derecho a utilizar una frecuencia es una concesión de un bien público y, como tal, debe pagarse de forma justa y proporcional. Comparó esta situación con las licencias o patentes que paga cualquier pequeño negocio en el país: “Así como una pulpería paga sus impuestos y una patente para operar, los medios deben pagar por el uso de la frecuencia”.

Sin embargo, Aguilar subrayó que debe existir proporcionalidad. “No es lo mismo una gran cadena con presencia internacional que una emisora pequeña que apenas logra cubrir sus gastos”, dijo. Recordó que la legislación sobre radiodifusión tiene más de setenta años de antigüedad y que, a lo largo del tiempo, se ha modificado para favorecer a grandes consorcios mediáticos, mientras las emisoras pequeñas han quedado rezagadas y sin protección adecuada.

“Hay grandes empresas que han hecho fortunas con la pauta publicitaria y que pagan muy poco por sus frecuencias. Eso es injusto y debe corregirse”, expresó. Pero advirtió que sería igualmente injusto imponer los mismos cobros a las emisoras locales o comunitarias, muchas de las cuales sobreviven con presupuestos mínimos y sostienen su programación gracias al esfuerzo voluntario o al trabajo de sus comunidades.

Aguilar recordó que esas pequeñas estaciones “han sido bastiones en el sustento de la democracia costarricense”, pues han permitido la difusión libre de ideas y opiniones, incluso cuando los grandes medios concentran poder económico y mediático. “Mientras los grandes medios han sido manipuladores de la opinión pública, las pequeñas emisoras han luchado por décadas por la libertad de información y de pensamiento. Solo por eso hay que protegerlas”, señaló.

Advirtió que eliminar o debilitar a esas radios locales, por desconocimiento o conveniencia política, pondría en riesgo el pluralismo informativo y la salud democrática del país. “Siempre a los poderes concentrados, a quienes sueñan con establecer dictaduras políticas, les interesa manejar los medios. Y una forma de hacerlo es provocar que los medios libres desaparezcan, para luego controlar a los pocos que queden”, afirmó.

El analista concluyó su exposición reiterando que no defiende a los grandes grupos mediáticos, sino a las radios y televisoras pequeñas que han mantenido viva la comunicación libre y el pensamiento independiente. “Solo por eso hay que protegerlas. No pueden desaparecer, porque son parte del corazón democrático de Costa Rica”, afirmó.

Comunidades y organizaciones exigen medidas ante intoxicación por agrovenenos en escuela de San Isidro de Heredia

El Colectivo Agroecológico Zurquí (CAZ) y diversas organizaciones y personas de la sociedad civil manifestaron su profunda preocupación por la reciente intoxicación de 17 estudiantes de la Escuela Santa Cecilia de San Isidro de Heredia, ocurrida el pasado 24 de septiembre, tras la aplicación de un herbicida en una tomatera ubicada detrás del centro educativo.

En un comunicado urgente, el CAZ expresó su solidaridad con la comunidad afectada y calificó la situación como “indignante e inaceptable”. La agrupación hizo un llamado a apoyar la producción agroecológica basada en prácticas sustentables y libres de agrovenenos, al tiempo que exigió la declaratoria de San Isidro y otros cantones heredianos como zonas libres de agroquímicos en áreas públicas, ecológicas o de riesgo para la salud humana.

“La salud de nuestra niñez no se negocia. ¡Exigimos una infancia libre de venenos!”, enfatizó el Colectivo en su pronunciamiento.

Por su parte, en el pronunciamiento público conjunto, suscrito el 26 de septiembre de 2025, las organizaciones firmantes denunciaron que este hecho revela una problemática estructural: el uso indiscriminado e irresponsable de agroquímicos altamente tóxicos en zonas residenciales, escolares y comunitarias, sin la debida supervisión ni fiscalización estatal.

El documento exige una investigación inmediata y transparente por parte del Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y aplicar sanciones ejemplares. Asimismo, plantea la necesidad de establecer zonas de resguardo alrededor de centros educativos y áreas de recarga acuífera donde se prohíba la fumigación con agroquímicos peligrosos, además de fortalecer la educación ambiental y la promoción de la agricultura orgánica y agroecológica.

Las organizaciones subrayan que “la vida, la salud y el ambiente deben estar por encima de cualquier interés económico” y llaman a los medios de comunicación, instituciones públicas y comunidades a actuar con urgencia ante una situación que, señalan, no es un hecho aislado sino reflejo de un modelo productivo que requiere transformación profunda.

Entre las firmas que respaldan el pronunciamiento se encuentran:

  • Colectivo Agroecológico Zurquí
  • Organización Regenerativa Matzu Insigne
  • Centro Agrícola Cantonal de Santa Bárbara
  • Finca Agroecológica La Amelia
  • Huerto del Colibrí
  • Red de Agroecología de Costa Rica
  • Finca Agroecológica La Plántula
  • Grupo de Vecinos Preocupados por los Agroquímicos de San Isidro
  • Puentes Comunes

Ambos comunicados concluyen con un mensaje común: la defensa de la salud, la niñez y el ambiente frente al uso de sustancias químicas que amenazan la vida y la integridad de las comunidades rurales.

Claves de la cosmovisión Bribri frente al Antropoceno

Maycol Alonso Morales Pita*

El Antropoceno se reconoce como la época actual en la cual la acción humana ha adquirido tal magnitud que se ha convertido en una fuerza geológica destructiva, provocando el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y poniendo en riesgo la vida en el planeta (Crutzen, 2002). Este concepto encierra la paradoja de una humanidad que, en lugar de sostener la vida, amenaza su propia existencia.

Frente a este escenario global de crisis, la cosmovisión bribri aporta claves esenciales para resistir, reconstruir y proyectar alternativas de vida. Esta cosmovisión no solo ofrece prácticas ambientales sostenibles, sino una concepción integral que conecta espiritualidad, territorio, comunidad y esperanza.

«El Siwa cuerpo del saber bribri

El Siwa constituye el cuerpo de conocimiento que articula la existencia bribri. Según Bozzoli (1990, 2021) y Jara (2016), este concepto expresa la interconexión entre el mundo espiritual y el mundo material en una unidad dinámica e inseparable.

  • Es aire, respiración, viento, alma, orden, aliento vital y orientación de la vida.
  • Contiene la narrativa del mundo de Sibö̀, el dios creador, y los códigos de comportamiento derivados de su organización del cosmos, como la creación de la semilla de maíz, origen de los pueblos indígenas.
  • No se limita a una colección de mitos: constituye un sistema filosófico, ético y práctico que regula la vida cotidiana.

El Siwa revela la existencia de dos mundos discursivos:

  • El espiritual o mitológico, que es origen y causa creadora de la vida.
  • El material o actual, que corresponde a la experiencia visible y tangible.

Ambos no se conciben como realidades separadas, sino como planos en permanente diálogo. El mundo actual es reflejo del mundo espiritual, más auténtico y trascendental. En este sentido, la cosmovisión bribri expresa una concepción multiversal y causalista: todo lo que existe en el plano sensible tiene su razón de ser en el plano espiritual (Jara y García, 2003).

Incluso la lengua refleja esta visión: el vocablo ka nombra simultáneamente el tiempo, el día, el lugar y el espacio, lo cual expresa una concepción circular y cíclica de la realidad (Guevara, 2016). Esto rompe con la noción lineal de tiempo dominante en Occidente y reafirma la lógica bribri como tejido vivo de interconexiones.» «Manuscrito Arroyo 2025)

El sujeto comunitario

En la cosmovisión bribri, el sujeto no es el individuo, sino la comunidad (Morales, 2019). Esta concepción se fundamenta en los lazos de reciprocidad y de vida compartida que sostienen al colectivo (Brandão, 2012). El individuo cobra sentido en función de su pertenencia a la comunidad, de manera que podemos hablar de un sujeto comunitario: un “nosotros” que siente, sufre, resiste y proyecta futuro.

El territorio es indispensable en esta concepción, porque constituye el espacio material e inmaterial en donde se sostiene la vida comunitaria y se realizan las prácticas ancestrales. La comunidad puede representarse como una red en la que cada miembro ocupa un lugar único e irreemplazable. Si un integrante se desconecta, el tejido se resiente y se abre un vacío que afecta a todo el conjunto.

Este sujeto comunitario no es solo cultural, sino también político. Se configura en la acción colectiva y crítica frente al mundo no indígena, resiste y reconstruye posibilidades de existencia a partir de los saberes ancestrales y del diálogo con nuevos conocimientos. Según Valero (2009), el paso del “yo” al “nosotros” es un proceso de emancipación social: los sujetos recuperan su lugar en la historia, despliegan sus capacidades en común y generan acuerdos colectivos para sostener la vida.

Claves de la cosmovisión bribri frente al Antropoceno

  1. Naturaleza como ser vivo

La cosmovisión bribri reconoce a la naturaleza como sujeto vivo y no como recurso. Ríos, montañas, bosques y animales son parientes con los que se establece una relación de reciprocidad y respeto. Este principio cuestiona directamente la visión utilitaria del Antropoceno, en la que la naturaleza es reducida a mercancía. Reconocer a la naturaleza como ser vivo implica que su destrucción es también la destrucción de la comunidad.

  1. Equilibrio y reciprocidad

El principio del dar y recibir regula la vida cotidiana: se toma solo lo necesario y se devuelve a la naturaleza mediante reforestación, cuidados y rituales. En la agricultura, por ejemplo, se combina la diversificación de cultivos con la regeneración del suelo. Este equilibrio confronta la lógica capitalista del consumo ilimitado y constituye una práctica concreta de sostenibilidad frente a la crisis climática.

  1. Comunidad como principio

El bienestar es siempre colectivo. La vida bribri se organiza en torno a prácticas comunitarias como la mano vuelta o Juntas, donde el trabajo se comparte para beneficio de todos. La comunidad es una red: si un miembro se rompe, el tejido entero se resiente. Desde esta lógica, el sujeto comunitario se convierte en el centro de la existencia. Esto contrasta con el individualismo del mundo moderno, y muestra que la fuerza colectiva es la clave de la resiliencia.

  1. Educación viva

El aprendizaje se transmite en comunidad, de generación en generación, mediante la oralidad, los relatos míticos y la práctica directa. La educación bribri no solo busca transmitir información, sino formar en valores, espiritualidad y ética. Esta educación viva se convierte en un acto de resistencia cultural frente a los modelos homogenizantes de la modernidad, y garantiza la continuidad de la memoria y la identidad.

  1. Defensa del territorio

El territorio no es únicamente tierra cultivable, sino espacio espiritual, político y cultural. Es el lugar donde se sostiene la vida y se materializa el Siwa. Defender el territorio implica resistir frente a invasiones, proyectos extractivos y políticas estatales que amenazan la autonomía indígena. Sin tierra no hay cultura, y sin cultura no hay futuro. Frente al Antropoceno, la defensa del territorio es la defensa de la existencia misma.

  1. Mirada intracultural

Fortalecer los valores, el idioma y la espiritualidad interna permite enfrentar con mayor fuerza los desafíos externos. La intraculturalidad no es aislamiento, sino el fortalecimiento interno que posibilita establecer alianzas y diálogos con el mundo global. Desde esta clave, los bribris no se limitan a resistir: también construyen puentes desde la solidez de su cultura.

  1. Crítica al sistema capitalista

El capitalismo global ejerce una presión permanente sobre los bienes comunes y promueve el extractivismo. Su lógica de acumulación amenaza el agua, la tierra y los bosques. Para la cosmovisión bribri, la vida no tiene precio y no puede mercantilizarse. En este contraste, la cosmovisión indígena se levanta como una resistencia ética y política frente al paradigma dominante.

  1. Conectar con la esperanza

Finalmente, la cosmovisión bribri no se limita a resistir: también proyecta futuro. La esperanza no es una ilusión, sino una fuerza vital que orienta las prácticas de construcción viva. El amanecer sobre el territorio, la siembra de nuevas semillas, la transmisión de saberes a los jóvenes son expresiones concretas de esa esperanza que mantiene viva la posibilidad de otro mundo.

Reflexiones finales

La cosmovisión bribri constituye un marco alternativo para enfrentar la crisis civilizatoria que el Antropoceno representa. El Sũwõ’ (siwa), como cuerpo del saber, y la noción de sujeto comunitario, como sujeto político y cultural, se articulan con claves prácticas: reconocer a la naturaleza como ser vivo, vivir en equilibrio y reciprocidad, sostener la comunidad, defender el territorio, fortalecer la intraculturalidad, resistir al capitalismo y proyectar esperanza.

Estas claves, lejos de ser simples prácticas locales, representan aportes universales para la humanidad. En tiempos de crisis climática y devastación global, el mensaje bribri es contundente:

“Defender la vida es construirla cada día, en comunidad y con la naturaleza.”

Referencias

  • Bozzoli, M. E. (1990). El Poder de Sibö̀. Editorial Costa Rica.
  • Bozzoli, M. E. (2021). El mundo espiritual bribri. Editorial Costa Rica.
  • Brandão, C. R. (2012). La comunidad como sujeto. Editorial Popular.
  • Crutzen, P. (2002). Geology of mankind. Nature, 415(6867), 23.
  • Guevara, J. (2016). Tiempo y espacio en la cosmovisión bribri. Revista de Antropología, 45(2), 199–210.
  • Jara, C. (2016). El mundo bribri: espiritualidad y territorio. Universidad de Costa Rica.
  • Jara, C. & García, M. (2003). Mundos discursivos y causalidad en la cosmovisión indígena. Editorial UCR.
  • Morales, M. (2019). Siwa ka. Manuscrito inédito.
  • Valero, A. (2009). El sujeto colectivo y la emancipación social. En Bonafe, J. (Ed.), Procesos sociales y resistencia. Editorial Popular.

*Publicado en el espacio de Facebook del autor y compartido con SURCOS por Alberto Rojas Rojas. Maycol Alonso Morales Pita es un sociólogo bribri.

La producción arrocera defiende su papel frente a los ataques oficiales y rechaza la eliminación de CONARROZ

La producción arrocera nacional respondió a recientes declaraciones de la diputada Pilar Cisneros, quien calificó al sector como “ineficiente” y afirmó que cerrar el Corporación Arrocera Nacional (CONARROZ) permitiría repartir millones de colones entre las personas productoras.

El sector considera esas afirmaciones injustas y carentes de fundamento, y advierte que cerrar CONARROZ no solo sería improcedente, sino destructivo, ya que significaría eliminar la institución que por décadas ha sostenido la productividad, la innovación y el financiamiento de la producción arrocera nacional. Además, un eventual nuevo marco legal tardaría años en aprobarse, dejando desprotegido al sector.

FONARROZ: un mecanismo de protección, no un impuesto

El comunicado aclara que el Fondo Nacional de Arroz (FONARROZ) no representa un impuesto, sino un aporte equitativo entre personas productoras e importadoras, con un impacto mínimo de apenas ₡12,6 por kilo, destinado a mantener viva la producción nacional y resguardar la seguridad alimentaria.

CONARROZ: resultados concretos

La organización destaca que los logros de CONARROZ son verificables:

  • Financiamiento accesible: ha permitido a micro, pequeñas y medianas personas productoras acceder a crédito, actuando como banca de segundo piso ante la falta de respaldo estatal.

  • Innovación y productividad: mantiene convenios con el Fondo Latinoamericano para Arroz de Riego (FLAR), con resultados comprobados en el aumento de los rendimientos nacionales.

  • Asistencia técnica directa: ofrece acompañamiento en las regiones arroceras, incluso donde el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) ha dejado de brindar apoyo.

Gracias a estas acciones, Costa Rica ha alcanzado rendimientos de entre 4,2 y 6 toneladas por hectárea, cifras comparables con los mayores exportadores mundiales, como India, y muy por encima de países como Tailandia.

Una caída histórica

El texto recuerda que entre 2012 y 2024 el área sembrada de arroz se redujo un 60 %, afectada por fenómenos climáticos y por políticas públicas que, según el sector, han sido más devastadoras que los propios desastres naturales. Actualmente, el país enfrenta el menor promedio histórico de hectáreas sembradas desde hace décadas.

Más que cifras, son familias

El 80 % de la producción nacional está en manos de micro, pequeñas y medianas personas agricultoras. Desmantelar el sector significaría destruir economías rurales, empleos y una parte fundamental de la seguridad alimentaria nacional.

Llamado a la reflexión

El comunicado pide a la diputada Cisneros recordar la tradición solidaria y hospitalaria de Costa Rica, que ha dado oportunidades a miles de familias. En esa línea, instan a tender la mano al sector arrocero, no a cerrarle el paso.

Conclusión

El mensaje concluye afirmando que la producción arrocera nacional es eficiente, productiva y resiliente, y que CONARROZ es vital porque financia, capacita y eleva los rendimientos, haciendo lo que el Estado debería garantizar.
La aprobación del proyecto de ley 24.211, señalan, fortalecería la producción nacional, protegería a las familias productoras y aseguraría la continuidad del alimento más consumido por las personas costarricenses.
Imagen: https://www.noticiaslagaritacr.com

Cineastas del Ecuador condenan represión violenta durante el paro nacional

La Asociación de Directores y Guionistas del Ecuador emitió un pronunciamiento en el que rechaza enérgicamente la represión contra quienes se manifiestan en el marco del actual Paro nacional.

En su comunicado, la agrupación exigió al gobierno respetar la Constitución y el derecho ciudadano a la protesta pacífica, al tiempo que repudió el derramamiento de sangre en el país. Señalaron haber sido testigos de hechos indignantes, entre ellos un manifestante que recibió disparos y personas agredidas cuando intentaban socorrerlo, quedando tiradas en la vía.

Los cineastas afirmaron que, pese a las diferencias políticas, la ciudadanía no puede permanecer en silencio frente a la violencia. Subrayaron que los manifestantes no son terroristas y recordaron que la riqueza del Ecuador radica en su diversidad y en la capacidad de diálogo.

La Asociación exhortó al gobierno y a las fuerzas armadas a actuar en estricto apego a la Constitución, e instó a que los hechos violentos no queden en la impunidad. Además, llamaron a la ciudadanía a continuar documentando lo que ocurre en las calles.

Puede ver el video completo en este enlace: Facebook Video

Reforma al Reglamento del Plan Regulador de Escazú: la comunidad exige más participación

La organización CODECE informa a la comunidad de Escazú que este martes 30 de septiembre los regidores municipales presentarán una reforma al Reglamento de la Comisión del Plan Regulador de Escazú.

Desde la organización se recalca que cualquier modificación a este reglamento debe fortalecer la participación ciudadana y no restringirla, pues las decisiones sobre el desarrollo y ordenamiento territorial del cantón impactan directamente en la vida de sus habitantes, el uso del suelo y la protección de los recursos naturales.

CODECE advierte que se mantendrá atenta y vigilante ante la propuesta de reforma, recordando que el futuro de Escazú no puede decidirse a espaldas de la ciudadanía. La consigna es clara:
“¡Reforma en camino! La comunidad espera más participación”.

La organización hace un llamado a vecinos y vecinas a involucrarse activamente en este proceso, para asegurar que las decisiones que se tomen realmente reflejen los intereses colectivos y promuevan un desarrollo local sostenible, inclusivo y democrático.

Genocidio

José Manuel Arroyo Gutiérrez

         La normativa internacional. El delito de genocidio fue incorporado al derecho internacional mediante la aprobación y entrada en vigencia de la Convención de Naciones Unidas para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio.[1] Su descripción típica incluye “…todos los actos cometidos con el propósito de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso” y describe como acciones específicas constitutivas de la conducta delictiva: (a) Matanza de miembros del grupo; (b) Atentado grave contra la integridad física o mental de los miembros del grupo; (c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial; (d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; y (e) Traslado forzoso de niños del grupo a otro grupo. (Artículo II).

         Esta figura penal es dolosa, es decir, su perpetración supone una “intención probada” de destruir físicamente a un grupo, siendo que la Convención entra a señalar las modalidades de comisión a ser castigadas: (a) El genocidio; (b) La asociación para cometer genocidio; (c) La instigación directa y pública a cometer genocidio; (d) La tentativa de genocidio; (e) La complicidad en el genocidio. (Artículo III).

         La competencia para el juzgamiento del genocidio y figuras asociadas la tiene el tribunal competente del Estado en cuyo territorio se haya cometido el acto, o ante la corte penal internacional que sea competente conforme a los estados-parte que hayan reconocido su jurisdicción. (Artículo IV).

         Finalmente, la comisión de este delito admite como posible agente de la acción o conducta a la persona individual, sea como autor directo, como instigador o como cómplice.

         La normativa nacional. El tipo penal de genocidio fue vertido casi literalmente a la legislación interna de Costa Rica mediante artículo 382 del Código Penal vigente (1970).[2] Prevé una sanción entre 10 y 25 años de prisión, a quien tome parte con propósito homicida, en la destrucción total o parcial de un determinado grupo de seres humanos, por razón de su nacionalidad, raza, o creencia religiosa o política.[3] Con idéntica pena sanciona las conductas particulares de quien: (1) Causare a los miembros de esos grupos graves daños corporales o psíquicos; (2) Colocare a dichos grupos en condiciones de vida tan precaria (sic) que haga posible la desaparición de todos o parte de los individuos que los constituyen; (3) Tomare medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro de esos grupos; y (4) Trasladare, por medio de fuerza o intimidación, niños de uno de esos grupos a otros distintos.[4]

         La génesis del concepto. El principal impulsor del concepto genocidio [del griego genus (raza, tribu) y el latín cidio (matanza, masacre)], fue Raphael Lemkin, jurista polaco-judío, quien por vez primera lo acuñó en su libro El Poder del Eje en la Europa Ocupada, publicado en los Estados Unidos de América en 1944, testimonio en el que denuncia los crímenes cometidos por los nazis en Europa.

         Para el criminólogo neozelandés Wayne J. Morrison, “El problema de Lemkin era que ninguna terminología adecuada del crimen cubría los datos que él estaba recibiendo. Las doctrinas tradicionales sobre las leyes o la guerra se basaban en la noción de que estas últimas se libraban entre Estados, en tanto que el Estado alemán estaba librando una guerra contra pueblos, bajo una ideología de superioridad biológica y limpieza racial, y reestructurando Europa. El objetivo nazi no era meramente la derrota de los enemigos del Estado, sino la reorganización biológica de Europa y, más tarde, el establecimiento de un nuevo orden mundial.”[5]

         Aparte de este señalamiento esencial de Morrison en tanto el genocidio es una acción dirigida contra poblaciones determinadas, respecto de las cuales cabe responsabilidad de dirigentes y líderes políticos, insiste en que los alemanes nazis tenían a los civiles como blanco deliberado, se trataba de destruir los elementos esenciales de la vida de ciertos grupos nacionales, destruyendo sus instituciones políticas, sociales, culturales; también su idioma, su seguridad personal, y por supuesto, su vida, libertad, salud y dignidad.

         Para ilustrar la barbarie del fenómeno genocida, el mismo Morrison hace un inventario de al menos 20 genocidios en el mundo, los más graves, durante el siglo XX. Recogemos los que nos han parecido los peores: (1) Entre 1885 y 1908, se exterminó a 8 millones de nativos congoleños del Estado Independiente del Congo, a manos del régimen de Leopoldo II de Bélgica. (No reconocido por la ONU); (2) Entre 1915 y 1922, al menos 1 millón y medio de armenios de Turquía fueron exterminados por los nuevos turcos surgidos del colapso del Imperio Otomano. (Reconocido por la ONU); (3) Entre 1932 y 1933 murieron 38 millones de ucranianos por hambruna impuesta por el gobierno stalinista de la Unión Soviética. (No reconocido por la ONU); (4) Entre 1939 y 1945 se masacró a 6 millones de judíos europeos y a otros 5 millones de gitanos, discapacitados, homosexuales y otros, por parte del régimen nazi de Alemania. (Reconocido por la ONU); (5) En 1965 fueron eliminados físicamente alrededor de 600 mil militantes comunistas por parte del gobierno de Indonesia. (No reconocido por la ONU); (6) En 1971 se calcula que entre 2 y 3 millones de bengalíes de Paquistán Oriental fueron asesinados por el Gobierno Pakistaní. (No reconocido por la ONU); (7) Entre 1975 y 1979 murieron 2 millones de camboyanos a manos del Gobierno de los Jemeres Rojos. (Reconocido por la ONU); (8) En 1995 fuerzas militares servio-bosnias mataron a cerca de 8 mil hombres civiles musulmanes, en la ciudad de Srebrenica, supuestamente bajo protección de los Cascos Azules de Naciones Unidas. Este fue solo un episodio de muchos otros. (Reconocido por la ONU); (9) En 1994 se dio muerte a más de 800 mil personas de la etnia tutsi de Ruanda por parte de milicias de la etnia hutu y soldados del gobierno. (No reconocido por la ONU).[6]

         En América Latina, los hechos más cercanos a genocidios han ocurrido con la masacre perpetrada por el gobierno paraguayo contra el pueblo indígena aché (1972), así como la política de exterminio llevada a cabo contra poblaciones aborígenes por regímenes militares guatemaltecos (1965-1992) y los desaparecidos por razones políticas en Argentina, Uruguay y Chile (1970-1980).

         Genocidio en Gaza. Frente a nuestros ojos, en todo tipo de pantallas, se revela una realidad que evidencia el desarrollo de un genocidio en toda regla. El gobierno del Estado israelí, encabezado por Netanyahu, su gabinete y el ejército de ese país, han puesto en práctica una estrategia de agresión indiscriminada que pretende destruir un grupo nacional, el pueblo palestino, mediante matanzas, atentados contra la integridad física y psicológica de las víctimas, sometiéndolas a condiciones de vida que procuran su aniquilamiento dando muerte a mujeres y niños, y obligando a una expulsión forzada de sus tierras. Todo va dirigido, como lo hicieron los nazis con los judíos, contra un pueblo, una etnia y una cultura. Estas acciones han producido ya, según cálculos conservadores 65 mil asesinados, incluidos más de 20 mil niños y niñas; se realizan constantes bombardeos y destrucción de viviendas, hospitales y escuelas, campos de refugio y ametrallamiento de personas mientras hacen fila para obtener alimentos. No puede caber duda de que se trata de un conjunto de acciones dolosas dirigidas al exterminio de los palestinos para consumar una limpieza étnica y cultural. Bajo ningún concepto de derecho penal internacional puede negarse que estas conductas criminales son técnicamente típicas del delito de genocidio.

         No es de recibo tampoco la alegación de que esto es una “defensa propia” originada en el ataque terrorista de Hamas en octubre de 2024. El derecho penal común contempla los límites de la legítima defensa, obligando a respuestas proporcionadas y razonables, prohibiendo los excesos en toda acción defensiva. Además, el conflicto palestino-israelí no surgió hace un año. Ya son siete décadas en que, como medida agónica del colonialismo inglés, se impuso la creación del Estado de Israel, iniciándose de inmediato las estrategias de despojo y exterminio, más allá del territorio concedido, contra las posesiones territoriales de Palestina. Una solución adecuada, en estos momentos avalada por la inmensa mayoría de naciones del mundo, será la creación y reconocimiento de un Estado Palestino al lado del Estado de Israel.

         Es inadmisible, finalmente, la estrategia propagandística del Estado agresor, acusando de antisemitismo cualquier crítica que se haga a Israel. Los responsables de este genocidio son los militantes de una ideología sectaria llamada sionismo, supremacistas blancos, de extrema derecha y fanáticos del mito bíblico del pueblo elegido, que no puede ser asimilado, bajo ningún concepto, al pueblo y cultura judía.

[1] Emitida el 9 de diciembre de 1948. Entró en vigencia el 12 de enero de 1951. Costa Rica firmó adhiriéndose a esta Convención el 14 de octubre de 1950. El Estado de Israel la firmó el 9 de marzo de 1950. La Delegación Palestina se adhirió el 2 de abril de 2014. Los Estados Unidos de América se adhirió el 25 de noviembre de 1988.

[2] El autor de este artículo no encontró evidencia de que el tipo penal de genocidio fuera incorporado a la legislación interna antes de la emisión del Código Penal de 1970.

[3] El tipo penal costarricense en comparación con el texto de la Convención agrega, en este encabezado, el “propósito homicida”, elimina la razón por “etnia” y agrega la razón “política”.

[4] Este mismo tipo penal nacional, prácticamente es copia literal del Artículo II de la Convención de Naciones Unidas, con la única diferencia que no incluye el supuesto 1) de la Convención referido a causar “Matanzas” de los grupos aludidos, probablemente por darse por supuesto en el encabezado de la versión vernácula el “propósito homicida”.

[5] Morrison, Wayne; Criminología, civilización y nuevo orden mundial; Antrophos Editorial; Barcelona, 2012.npp. 86-93.

[6] Ibid., p. 94.