Mauricio Ramírez Núñez
Académico

Uno de los pilares discursivos más sólidos del actual gobierno ante un sector importante del electorado es su supuesto apego a los “valores tradicionales” de la familia, la moral cristiana y la defensa de la vida. Este relato ha sido hábilmente explotado como herramienta de movilización política, en especial en temas como el aborto, la educación sexual y la política exterior presentada como defensa de la democracia. No es un recurso nuevo: partidos como Nueva República, entre otros, han recurrido a la misma estrategia para cazar votos apelando a la sensibilidad religiosa y moral de la población. Sin embargo, la coherencia entre lo que se predica y lo que realmente se cree y practica en las altas esferas del poder resulta frágil, cuando no abiertamente inexistente.

Las declaraciones que días atrás ofreció a un medio de comunicación la diputada oficialista Pilar Cisneros, afirmando abiertamente que es atea y que “no le pueden demostrar que Dios existe”, ponen en evidencia, de forma directa, la contradicción central del discurso gubernamental. No se trata de cuestionar su derecho a la libertad de conciencia o de creencias, un principio y derecho fundamental de toda democracia, sino de señalar la incoherencia política: ¿cómo puede un gobierno que se presenta como paladín de los valores cristianos más conservadores tener como figura clave a alguien que, por convicción, no comparte el núcleo religioso sobre el que supuestamente se asienta toda su narrativa moral?

En cualquier sociedad democrática, la pluralidad de creencias es legítima y bienvenida. Pero cuando un gobierno basa buena parte de su capital político en agitar banderas morales y religiosas para ganar votos, el asunto deja de ser una cuestión de diversidad y se convierte en un caso de manipulación consciente y mal intencionada. Es el viejo truco del poder: decir lo que el pueblo quiere oír para conquistar su voluntad, mientras en la práctica se defienden otros intereses y se opera bajo una lógica de conveniencia ideológica. Esto es más de lo mismo, la vieja política disfrazada de cambio.

Lo mismo ocurre con el tema del aborto: el oficialismo se presenta como una fuerza implacablemente “provida”, pero la integridad de esa postura se desmorona cuando se evidencia que el compromiso no es con principios inmutables, sino con la estrategia política del momento. El discurso se activa o se silencia según convenga para mantener la base electoral, y no porque exista una convicción moral auténtica y uniforme en la cúpula.

La contradicción se vuelve aún más evidente cuando observamos cómo los diputados oficialistas dicen representar un partido en el Congreso para mantener sus privilegios parlamentarios, pero de hecho responden a otro, a Pueblo Soberano. ¿Qué es este nivel de coherencia? Este doble juego parlamentario es el mismo mecanismo que en otros contextos se ha identificado como una de las prácticas del chavismo: crear lealtades por conveniencia, camuflar agendas y manipular el lenguaje para ocultar la verdadera naturaleza de su proyecto político. Mientras tanto, sus seguidores aplauden ciegamente, sin percatarse de la realidad.

Lo que se presenta como la defensa inquebrantable de los valores de la familia y la moral cristiana no es más que una fachada propagandística. Las declaraciones de Pilar Cisneros no son el problema en sí mismas; son, más bien, el síntoma visible, la prueba inequívoca de una maquinaria política que opera con una lógica de engaño calculado y mentiras. Es la gran estafa moral y política de este gobierno: usar la fe y los valores del pueblo, que es lo más sagrado que puede tener la nación, como instrumento de poder, mientras se traiciona su esencia desde adentro.

La credibilidad cuesta años construirla, pero basta un instante para perderla. Doña Pilar pasó de ser el pilar, en nombre y en imagen, de la confianza, a convertirse en el centro de la desconfianza de un movimiento político que le creyó a ciegas, seducido por palabras bonitas que hoy se revelan vacías.