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Autor: Hector Ferlini Salazar

Reforma al Reglamento de Calidad de Agua expondría a la población a consumir agua con residuos de plaguicidas

Expresidenta ejecutiva del AyA considera que reforma al Reglamento de Calidad de Agua expondría a la población a consumir agua con residuos de plaguicidas.

En una entrevista para el colectivo Bloque Verde, la M.Sc. Yamileth Astorga Espeleta, ex presidenta del AyA, catedrática de la Universidad de Costa Rica, bióloga y especialista en recursos hídricos, expresó su preocupación por las modificaciones al Reglamento de Calidad de Agua Potable, impulsadas por la ministra de Salud, Mary Munive.

Astorga advirtió que «estos cambios podrían exponer a la población al consumo de agua con residuos de plaguicidas, lo que incrementa el riesgo de enfermedades graves, como el cáncer».

La última semana de diciembre de 2024, el Ministerio de Salud (MinSa) publicó sigilosamente una consulta pública con una nueva versión del Reglamento de Calidad de Agua Potable DE-38924-S. Esta reforma deja desprotegido el agua destinada al consumo humano, permitiendo y legalizando la contaminación con plaguicidas en el agua que se distribuye a toda la población. Uno de los cambios más significativos es la sustitución del término “Valor Máximo Admisible” por “Valor de Alerta”, lo que faculta tanto al AyA como a las ASADAS para seguir distribuyendo agua con residuos de plaguicidas. Diversos sectores han manifestado su preocupación, y la ex presidenta del AyA respaldó los argumentos de las organizaciones ambientales.

Según Astorga, “esta modificación al reglamento expone a la población a un riesgo al consumir agua con residuos de plaguicidas, que son moléculas persistentes que se acumulan, principalmente, en el tejido graso del cuerpo humano. Conforme consumimos esta agua, los residuos se van acumulando hasta alcanzar concentraciones que, en efecto, pueden provocar algún tipo de enfermedad”.

Costa Rica cuenta con una Ley de Aguas desde 1942, que establece que cuando un manantial se utiliza para consumo humano, debe dejarse una zona de protección de 200 metros a la redonda. Astorga señaló una gran contradicción, ya que «en las fuentes que hoy día están contaminadas con clorotalonil, por ejemplo, en la zona de Cartago, el gobierno no está cumpliendo con lo que estipula la ley, y esta modificación al reglamento tampoco lo incluye».

En otros casos de contaminación por plaguicidas, como en las comunidades del Cairo y Milano (Guácimo y Siquirres) o en la Zona Norte (Veracruz y Pital), «lo primero que se hizo fue eliminar la fuente contaminante, que era el cultivo, dentro de un radio de 200 metros. Sin embargo, en Cartago no se ha aplicado la ley, lo que genera la pregunta: ¿por qué?», cuestionó la experta.

Otros expertos en contra del reglamento

Astorga mencionó que la comunidad académica de la Universidad de Costa Rica ha mostrado su preocupación y enviado observaciones al Ministerio de Salud sobre el borrador del nuevo reglamento. «Nosotros enviamos unas observaciones, en las que participaron dos investigadores del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA), una investigadora del Instituto de Investigaciones en Salud (INISA) y yo, como parte de la Escuela de Tecnologías en Salud. En esas observaciones manifestamos nuestra preocupación por la modificación, pues consideramos que Costa Rica necesita avanzar hacia regulaciones más estrictas y mejores, nunca en retroceso. Este reglamento, o mejor dicho, esta modificación, representa un retroceso para la salud de la población», afirmó Astorga.

Vea la entrevista completa en el siguiente enlace:

Créditos de la entrevista a la profesora Yamileth Astorga Espeleta sobre las pretensiones de modificar el reglamento de agua potable en Costa Rica:

Producción ejecutiva
IRENE BURGUÉS ARREA

Realización audiovisual
CARLOS GÓMEZ DE LA ESPRIELLA

Una producción de Trópico Rural S.A. en apoyo al Bloque Verde
Costa Rica, 2025

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Salario escolar en el sector privado

Freddy Pacheco León

En medio de tanta desinformación y prejuicios, contra todo lo estatal, algunos no se han enterado, que no solo los trabajadores del Estado pueden recibir el salario escolar.

Resulta que gracias a la Ley N.º 8682 para la promoción del salario escolar en el sector privado, el Banco Popular ofrece un producto voluntario, a partir de un porcentaje del salario bruto del trabajador (entre un 4.16% y el 8.33%)., donde los aportes realizados se devuelven, en su totalidad, en los primeros quince días del mes de enero de cada año.

Asimismo, a partir del tercer año desde la fecha en que el trabajador lo formaliza, la persona también recibe –según lo solicite– entre el 50% y el 90% de los intereses que genere su “Ahorro Salario Escolar”. Estableciéndose, además, que cada cinco años, ese trabajador podrá retirar el 100% de los rendimientos generados.

Se trata de ahorros exentos del impuesto sobre la renta, inembargables (excepto por pensión alimentaria), y los aportes mensuales, los realiza en forma directa el patrono, a través de una deducción de salario, determinada por el trabajador.

Así, gracias a esta buena legislación, este enero el Banco Popular está entregando cerca de ¢1.064 millones a un total de 12.681 trabajadores.

¿Dónde está escondido el Tribunal Supremo de Elecciones?

Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli

Es público y notorio, como dicen los abogados, que desde el mismo día que terminó la campaña política del 2022, Rodrigo Chaves Robles empezó, sin prisa y sin pausa, la de 2026. Muchos, obnubilados por su retórica populista y vulgar, le siguieron el juego sin darse cuenta de la gravedad de lo que estaba sucediendo. Hoy a tres años de aquel mal paso dado por nuestra democracia, muchos están cayendo en cuenta de su equivocación; pero algunos siguen con la vista nublada y apoyan a Chaves, quien ahora se quita la careta y a mandíbula o quijada batiente, anuncia que “piensa” en la posibilidad de renunciar a la Presidencia de la República y lanzar su candidatura a diputado, para lo que pide a sus súbditos que voten los suficientes por su partido taxi (¿?) para sacar 40 legisladores.

No cabe duda, es una estrategia muy bien planeada con mente diabólica, por sus asesores de la misma calaña. Primero, eso de renunciar a la Presidencia, está por verse; pues dice el artículo 121, inciso 8, de nuestra Constitución Política que corresponde a la Asamblea Legislativa recibir el juramento y “conocer de las renuncies de los miembros de los Supremos Poderes, con excepción de los Ministros de Gobierno, resolver las dudas que ocurran en caso de incapacidad física o mental de quien ejerza la Presidencia de la República y declarar si debe llamarse al ejercicio del poder a quien deba sustituirlo…” , pero también de acuerdo a los incisos 9 y 10 de la CP, le corresponde a la Asamblea admitir las acusaciones que haya contra esos funcionarios y resolverlas con votación calificada de 38 votos.

Entonces, Chaves tendrá que declararse loco, esquizofrénico, bipolar o padecer de trastornos de comportamiento disruptivo y disocial, de los que ya ha dado muestras o síntomas evidentes durante estos tres años transcurridos. Sin embargo, es importante tener en cuenta opiniones como la del jurista don Manrique Jiménez que considera que basta que el presidente comunique su renuncia a la Asamblea Legislativa, como un acto de formalidad, para que tenga validez y eficacia la renuncia y que no tiene necesidad de aprobación. Bueno, son opiniones contrastantes y, por lo visto, será un tema que desatará la controversia.

Pero la verdad, la tal renuncia es lo que menos le importa al tiranuelo de Chaves, es simplemente un distractor que le permite algo más importante para su proyecto político y el de su diabólico grupúsculo: tener participación político electoral activa y pedir votos para sus papeletas de diputados que viajan en su taxi político, conducido por Pilar Cisneros como chofer con sueldo millonario de diputada, pagado por todos los costarricenses.

Entonces cabe hacer la pregunta: ¿esa participación político electoral e ilegal de Chaves, se puede parar, evitar, frenar y ponerlo en orden?, ya sabemos que de mutuo propio no lo hará, pues su vocación violadora lo lleva a atentar contra la ley y no obedecerla. La respuesta es sí, y por eso me pregunto: ¿Dónde está, donde se escondido el TSE? Veamos.

En primer lugar, el Presidente de la República, al igual que los Vice Presidentes y Ministros, entre otros funcionarios, tienen prohibición de participación político electoral, según el artículo 146 del Código Electoral que entre otras formas de participación señala que no podrán asistir a reuniones de carácter político ni “utilizar la autoridad e influencia de sus cargos en beneficio de los partidos políticos ni hacer ostentación partidaria de cualquier otro género”, y Rodrigo Chaves ha incumplido ese texto, palabra por palabra, cuando ha tenido en las oficinas de la Presidencia de la República a funcionarios a sueldo organizando partidos, su participación en la campaña por las municipalidades y para organizar acciones con miras al 2026, tal como lo han reconocido públicamente por medios de prensa, Chaves y sus funcionarios.

Pero además, el Presidente Chaves desde hace meses en reuniones públicas realizadas en Nicoya, Limón, Cartago, San Carlos y difundidas urbi et orbi por su prensa vasalla y todos los mércales en su show de noticias, habla claramente de sus deseos electorales, pide votos para elegir 40 diputados, alaba a los actuales y pide que se elijan 40 como ellos, según él…¿para qué?, para dominar el Poder Legislativo, pasar las leyes cargadas de inconstitucionalidades que ahora no ha podido, convocar una Asamblea Constituyente que él anuncia, desde ya, quiere presidir para hacer un régimen autoritario y antidemocrático al estilo Bukele, Maduro u Ortega, según sea su gusto del momento. Inclusive, en su show mediático del pasado miércoles 11 al dar respuesta a la negativa de los presidentes de los otros poderes a participar en su “show debate”, amén de su mofa y tono sarcástico, de nuevo se lanzó a la arena político electoral abiertamente; mientras el TSE sigue guardando silencio.

Todo lo anterior, tiene tres años de hacerlo abiertamente, reconozco que es en la único que Chaves no ha sido hipócrita y no ha mentido, también ante la mirada impávida del TSE. Si a los magistrados les ha dado temor de actuar de oficio, desde hace muchas semanas tienen en sus manos, varias denuncias presentadas por ciudadanos y por el presidente del PLN que, conforme a los artículos 266 y 267 del Código Electoral, llenan los requisitos de legitimación y procedimental para ser acogidos y tramitados. Porque el deber de los magistrados del TSE es, de acuerdo con el artículo 146 del Código Electoral “ordenar la destitución e imponer inhabilitación de ejercer cargos públicos por un periodo de dos a cuatro años a los funcionarios citados, cuando sus actos contravengan las prohibiciones contempladas en este articulo”, más claro no canta un gallo.

Me dirán que conforme los señala el mismo Código hay procedimientos a seguir según el artículo 269; si en efecto los hay, pero el levantamiento de ese expediente no tiene plazo y por lo tanto, pueden los señores Magistrados poner términos perentorios por la gravedad de los hechos, por su urgencia y porque todo lo denunciado es público, está en mil lugares, en los medios de comunicación y en las propias computadoras del TSE, no es nada esotérico, pues hasta en sus celulares encuentran las imágenes de estos hechos; es decir si se trabaja de verdad y se tiene el valor necesario para tomar decisiones y no se esconden de sus obligaciones; el TSE debería estar poniendo orden, aunque fuera una “jaladita de orejas” a un Presidente acosador y abusador de nuestra democracia y nuestras libertades.

Pero no, parece que están escondidos, pidiendo que no les “hagan olas” pues todo hace pensar que no saben nadar en esos mares tormentosos.

Coopesantos celebra 60 años de aportar al progreso regional y comunitario

Hace 60 años, un hecho histórico cambió para siempre la vida de un sector significativo de comunidades costarricenses.

Se trata del nacimiento de Coopesantos que marcó el inicio de una nueva era para miles de personas de las comunidades rurales del sur de las provincias de San José y Cartago.

SURCOS comparte esta significativa celebración y se suma a los parabienes expresados por la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, y por la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo.

Asimismo, compartimos el saludo de Henry Mora Jiménez quien expresa: ¡Gracias por ser parte de nuestra historia!

Le invitamos a ver el video de la cooperativa:

Repudian presencia de Edmundo González Urrutia en Costa Rica

Comunicado

Desde el Movimiento Ríos Vivos Costa Rica rechazamos y repudiamos el reconocimiento de Edmundo González como presidente de Venezuela por parte del gobierno de Costa Rica y la Asamblea Legislativa, entre otros por los siguientes motivos:

1) Edmundo González posee un pasado oscuro como ex agente de la CIA vinculado con varias masacres en El Salvador, asesino de sacerdotes jesuitas entre ellos Oscar Arnulfo Romero.

2) Rechazamos la política nacional injerencista en los asuntos internos de terceros países; Costa Rica debería mantener el principio del derecho internacional de autodeterminación de los pueblos asi como volver a posiciones pacifistas y de neutralidad.

3) El reconocimiento de Edmundo González no ayuda a promover la paz en Venezuela, por el contrario, es parte de una agenda externa y de la oposición venezolana para crear división, desestabilizar y generar caos con el pueblo como principal perjudicado.

Movimiento Ríos Vivos Costa Rica,
15 de enero del 2025.

Wajiha Sasa, cónsul honoraria del Estado de Palestina en Costa Rica anuncia cese al fuego en la Franja de Gaza

Con inmensa alegría y alivio, informo al pueblo costarricense y a la comunidad internacional sobre el acuerdo de cese al fuego alcanzado entre la resistencia palestina y el Estado de Israel, el cual entrará en vigor a partir de este domingo 19 de enero.

Esta noticia ha sido recibida con júbilo por el pueblo palestino en Gaza, Cisjordania y entre la diáspora. Tras quince meses de sufrimiento y de una brutal agresión israelí, finalmente se vislumbra un horizonte de paz.

He mantenido un contacto constante con el Embajador del Estado de Palestina ante las Naciones Unidas, Riyad Mansour, quien ha expresado: «Acogemos con beneplácito este acuerdo. Hemos trabajado incansablemente durante los últimos 15 meses para poner fin a esta agresión genocida contra nuestro pueblo».

Si bien celebramos este logro, debemos permanecer vigilantes. Todas las personas que aman la paz y respetan el derecho internacional, en particular los derechos humanos, deben mantenerse alerta ante cualquier nueva agresión por parte de la fuerza ocupante de Israel.

Ahora más que nunca, corresponde a todos los países y pueblos del mundo apoyar al pueblo palestino en su camino hacia la autodeterminación, el derecho al retorno de los refugiados de Gaza y de quienes fueron desplazados desde 1948.

Instamos a la comunidad internacional, al gobierno y al pueblo de Costa Rica a encontrar formas de apoyar al pueblo palestino, a resistir la ocupación israelí y a mantener el boicot, desinversión y sanciones (BDS) hasta que finalice la ocupación y Palestina sea libre.

Agradecemos el constante apoyo de Costa Rica a la causa palestina.

Wajiha Sasa Cónsul Honoraria del Estado de Palestina en Costa Rica San José, Costa Rica, 15 de enero de 2025.

Nogui Acosta enemigo de la educación pública

Comunicado del SEC

Nogui Acosta ministro de Hacienda, se pronunció esta semana por varios medios de comunicación rechazando la resolución de la Sala Constitucional que declaró inconstitucional el presupuesto asignado a la educación pública en el presente año 2025, por no respetar el artículo 78 de la Constitución Política que fija una asignación mínima de un 8% del PIB para la educación.

Dicho ministro anunció al país que ordenó congelar las transferencias presupuestarias aprobadas a la educación pública en 8 mociones introducidas al presupuesto 2025 por la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, las que asignaron 38 mil millones de colones para financiar partidas urgentes como las becas «Avancemos», los subsidios para transporte estudiantil y el Programa de Comedores Escolares, las transferencias a las juntas de educación y a los colegios científicos así como el faltante en el Fondo Especial de la Educación Superior (FEES), entre otras partidas omitidas por el Poder Ejecutivo al enviar el presupuesto a la Asamblea Legislativa.

El SEC denuncia estas acciones del ministro de Hacienda como impropias de un jerarca del Poder Ejecutivo de un Estado democrático; primero porque irrespeta el principio de supremacía constitucional. Como bien conocemos la Constitución Política representa el nivel normativo superior al cual están sujetos, no solo los jueces constitucionales, sino todas las autoridades de gobierno incluyendo al señor Nogui Acosta por más «superministro» que se crea. El congelar estas partidas autorizadas por diputadas y diputados, es una burla porque él no está por encima de la ley para irrespetar las disposiciones de la Sala Constitucional (sentencias firmes) y de la Asamblea Legislativa (leyes de la República). Es una violación sin precedentes del principio de separación de poderes, provocando un peligroso conflicto constitucional de competencias entre los poderes, de consecuencias imprevisibles para el Estado de Derecho.

El SEC denuncia la evidente intromisión del señor Nogui Acosta en asuntos que son propios de educación, suplantando una vez más la autoridad de la ministra de Educación Pública quien brilla por su ausencia.

No es el Ministerio de Hacienda la autoridad llamada a fijar el rumbo de la educación pública costarricense. Sin embargo, con total atrevimiento sobre este tema que no conoce ni le compete, pretende delinear «la ruta de la educación» para los próximos 25 años, preguntándose: «¿Cuántos niños vamos a tener en 2050? (…) ¿tiene sentido el 8% de la educación en 2050?».

Obviamente don Nogui desconoce el contenido del Informe del Estado de la Educación y las recomendaciones de organismos internacionales especializados entre ellos la UNESCO, que señalan la importancia de incrementar el financiamiento de la educación pública como medio para solventar el empobrecimiento de los conocimientos de las personas estudiantes provocado por la pandemia COVID 19 y como mecanismo idóneo para mejorar la calidad educativa.

Es el momento ideal para mejorar la asignación de recursos por estudiante y para reducir el tamaño de los grupos en el aula procurando una educación más personalizada. Los informes especializados advierten sobre el peligro de desatender las obligaciones estatales con el financiamiento educativo, lo cual podría ser motivo de retrocesos irreversibles en la calidad de vida de las personas, en la capacidad productiva del país y en la vigencia misma de los valores democráticos de la Nación. El ministro Nogui Acosta se muestra así, como un completo ignorante de la lección fundamental sobre educación que impartió el benemérito de la patria don Mauro Fernández Acuña en 1885 — hace 140 años – al dotar al país de una visión educativa de largo plazo, proporcionándole a la educación pública los mejores recursos que el país podía ofrecerle, con lo que nos heredó una Costa Rica educada, culta, democrática y emprendedora, que es orgullo nacional así como motivo de reconocimiento internacional.

El SEC solicitará el apoyo de la Defensoría de los Habitantes, y de las señoras y señores diputados para establecer el conflicto constitucional de competencias que establece el artículo 109 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Consideramos que toda la comunidad educativa, padres y madres de familia que verán afectados los servicios educativos para sus hijos, organizaciones sociales y magisteriales debemos declarar «non grato» al ministro Nogui Acosta, por considerarlo enemigo público de la educación costarricense.

SEC junto al pueblo.

El SEC exige cumplimiento del 8% del PIB para la educación en el 2025

SEC pide a la asamblea legislativa ordenar las transferencias completas aprobadas al MEP para este año

La Sala Constitucional declaró inconstitucional el presupuesto de educación 2025 aprobado por la Ley N° 10.620, al no cumplir con el mandato constitucional de destinar al menos el 8% del PIB a la educación pública, considerando que este presupuesto que asigna solo el 4.98% del PIB, viola el derecho fundamental a la educación gratuita y costeada por la Nación, según lo establece el artículo 78 de la Constitución. La resolución responde a una consulta de la Defensoría de los Habitantes y reclamos del SEC, otros sindicatos, universidades públicas y la Mesa de Diálogo Social y Productivo.

Aunque la Asamblea Legislativa ajustó parcialmente el presupuesto con 438.000 millones adicionales, esto no cubre el mínimo constitucional. Ahora, el Poder Legislativo debe aprobar presupuestos extraordinarios para garantizar el financiamiento de los servicios educativos en 2025.

Cabe recordar que ya existía otro antecedente similar en 2016, en el cual además se advirtió que esta reincidencia podría derivar en sanciones penales contra autoridades como diputados, ministros y el Presidente, según el artículo 314 del Código Penal.

El SEC advierte que solicitará las acciones penales correspondientes en caso de que las autoridades mencionadas insistan en desacatar lo ordenado por la Sala Constitucional, en ambos votos, por lo tanto, instamos a los sectores políticos como sociales para que nos unamos alrededor del objetivo común de defender y exigir el cumplimiento del 8% del PIB para la Educación Pública.

El pronunciamiento de la Sala Constitucional nos llama a no aceptar más recortes presupuestarios a la Educación Pública.

iSEC JUNTO AL PUEBLO!

Comunicado del SEC.

Sala Constitucional: La omisión de incluir en el presupuesto de Educación el 8% del PIB viola el mandato de la Constitución Política

La Sala Constitucional “determinó que la omisión de incluir en el presupuesto del Ministerio de Educación Pública (MEP) el porcentaje correspondiente al 8% del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a financiar la educación pública constituye una violación al mandato establecido en el artículo 78 de la Constitución Política”. La consulta facultativa de constitucionalidad fue interpuesta por la Defensoría de los Habitantes.

SURCOS comparte el comunicado para descargar.