Desde la Organización Interseccional Pro Derechos Humanos de Costa Rica consideramos indignante que el presidente de la República haya destituido a la ministra de Cultura y al comisionado de Inclusión Social por haber tramitado un decreto que declaraba de interés cultural la Marcha de la Diversidad que celebramos este domingo 30 de junio.
En la OIDH-CR señalamos que este hecho pone de manifiesto, una vez más, cómo el actual presidente está empeñado en traerse al suelo la democracia costarricense con actos arbitrarios.
La población sexualmente diversa de este país ha luchado durante décadas para alcanzar sus derechos y sentirse orgullosa de ser quien es.
Es indignante que este señor, que juega a dictador, como muchos otros de la región centroamericana, actúe de esta manera. Sin embargo, el señor presidente debe tener claro que esta acción, homolesbobitransfica no nos va a amedrentar. Seguiremos en la lucha, Costa Rica merece una sociedad inclusiva, justa, tolerante y respetuosa de su Estado Social de Derecho.
Por estas razones, OIDH-CR repudia estas acciones y llama a la población costarricense amante de la libertad, la inclusión y el Estado Social de Derecho a hacerse presente mañana en nuestra marcha del orgullo.
La Constitución Política de 1949 condensa en su articulado acuerdos que le permitieron a nuestro país fortalecer su institucionalidad pública. Tal pacto político, consecuencia de una confrontación armada, ha marcado, de manera profunda e ininterrumpida, la vida democrática costarricense.
Quienes hemos vivido en este país y puesto un grano de arena para hacerlo cada día mejor, sabemos que el nacimiento de las instituciones, programas y presupuestos públicos son resultado tanto de luchas como de negociaciones.
En 70 años de vida democrática, los y las costarricenses hemos elegido libremente la opción política de nuestra preferencia, sin obstaculizar la participación de representantes de otras opciones. Una mezcla de pensamientos y actores culturales, económicos y políticos moldean nuestra democracia conforme enfrentamos nuevos desafíos nacionales y globales.
Sin duda, nuestra institucionalidad requiere ser revisada y remozada. Enfrentamos retos que deben atenderse con seriedad, criterio técnico y sin dejar de lado la pluralidad de enfoques que han logrado posicionarse en democracia en estas siete décadas. Hacer “borrón y cuenta nueva” no es posible en una democracia como la costarricense, reconocida mundialmente.
Queremos resolver los desafíos en paz, con diálogo, participación ciudadana, respetando el debido proceso y la legalidad. La ruta está clara. No es cerrando programas e instituciones claves, recortando presupuestos, privatizando el patrimonio nacional y despidiendo a quienes adversan posiciones sin criterio técnico, como se van a resolver los problemas de inseguridad, pobreza y desigualdad. No es con mano dura, sin oposición, sin controles y sin contrapesos. Eso es autoritarismo.
El Frente Amplio condena enérgicamente el intento de golpe de Estado que se está gestando en estos momentos en el hermano Estado Plurinacional de Bolivia contra el gobierno democráticamente electo del presidente Luís Arce Catacora, por parte diferentes unidades de las fuerzas armadas lideradas por el Juan José Zúñiga.
Esto supone una violación al orden constitucional boliviano en detrimento de los derechos humanos del pueblo y las instituciones democráticas del país, como sucedió en el golpe de Estado del 2019 perpetuado contra el expresidente Evo Morales por parte de sectores de la ultraderecha boliviana.
Exigimos respeto a la decisión del pueblo boliviano que en el 2020 eligió democráticamente al Luis Arce como su presidente, hacemos un llamado a la paz y al respeto del orden democrático del Estado Plurinacional de Bolivia.
Instamos a la comunidad internacional a pronunciarse en contra de este nefasto intento de golpe, a solidarizarse con el gobierno boliviano y su pueblo y a mantenerse vigilantes al desarrollo de estos acontecimientos.
Momento oportuno para hacerlo, en consultas por iniciativa ciudadana, fue dilucidado por la Sala Constitucional.
San José, 26 de junio de 2024. Esta tarde, las Magistradas y Magistrado electoral firmaron la consulta facultativa de constitucionalidad para que la Sala Constitucional se pronuncie sobre el proyecto “Ley jaguar para impulsar el desarrollo de Costa Rica”, objeto de la solicitud de autorización para recoger firmas presentada por los señores Alberto Cabezas Villalobos y Edgar Espinoza Rodríguez.
La consulta la plantea el TSE en atención a la jurisprudencia constitucional (voto 998-1998 del 16 de febrero de 1998) que limita las reformas a las competencias de la Contraloría General de la República definidas en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política.
El momento oportuno para hacer la consulta en el caso de referendos por iniciativa ciudadana, definido en el artículo 96 d) y 98 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, según fueron reformados el año 2021, fue conciliado por el voto 2024-017547 comunicado ayer de manera integral por la Sala Constitucional con el procedimiento dispuesto por la Ley de Regulación del Referéndum de manera clara: el TSE puede hacerlo en cualquier momento previo a la autorización de recolección de firmas.
Aclarado lo anterior y para seguridad jurídica de todos los actores concernidos en el proceso (independientemente de su posición respecto de la iniciativa legal), el TSE ejerce esta facultad en aras de que la Sala Constitucional se pronuncie, ya no solo sobre la legitimación y momento oportuno en que puede realizarse la consulta, sino sobre el fondo de esta.
El artículo 124 de la Constitución dice, en referencia al «acto legislativo para convocar a referéndum«, que se votará «en una sola sesión«. Es decir, habría solo una votación, que, en términos legislativos, conocemos como «primer debate».
Sobre ello, el texto es claro. ¡Lo que no está para nada claro!, es que, pese a que no puede modificarse el texto recibido del Poder Ejecutivo, SE IMPIDA a los señores diputados, conocerlo y dictaminarlo en comisión legislativa, como lo dispuso, sin cuestionamiento alguno, el señor Presidente don Rodrigo Arias.
Pero resulta que, al imponerlo así, sentimos que se pierde la esencia de la institución parlamentaria, pues el legislador se vería obligado a votar, ¡sin conocer los alcances de su voto!, independientemente, de la trascendencia del PROYECTO (¡Como ha de ser para un referéndum; no unas reformas legales!) que entregara la Presidencia de la República, como una invitación a sumarse a un «referéndum conjunto de ambos poderes», aunque el Poder Legislativo no hubiese tenido participación alguna en su elaboración.
Es tan importante este asunto, que, por ejemplo, si un proyecto de ley recibido por los señores diputados, permitiera el establecimiento de la pena de muerte, según lo argumentado, tampoco podría ser dictaminado en comisión legislativa, por lo cual, se obligaría a los diputados a votarlo «a la ligera», sin análisis alguno.
Pero hay algo más de especial trascendencia. En la resolución de cuatro magistrados de la Sala IV, donde se resuelve que la «ley jaguar» (ocho reformas a cuatro leyes), no está en el momento del proceso que permita hacer una consulta de constitucionalidad, se resuelve algo que no es menor cosa. Alega la Sala que «EL TEXTO NI SIQUIERA HA SIDO ANALIZADO EN UNA COMISIÓN LEGISLATIVA», y se agrega que, la consulta cabría «en el caso de que el proyecto de ley haya sido aprobado en primer debate«, desconociendo que no habría segundo debate alguno.
Con dicha resolución, se evidencian criterios divergentes entre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y el Presidente Rodrigo Arias Sánchez, pues los primeros, sí consideran la importancia, como parte del procedimiento constitucional, de que la llamada “ley jaguar”, sea analizada en una comisión legislativa, como efectivamente, creemos, corresponde exigir. Claro que a la Asamblea Legislativa no le corresponde pronunciarse sobre el fondodel texto, aunque sí, sobre la forma que, en este caso, es trascendental, existiendo, por supuesto, el derecho de los legisladores, a conocer un dictamen recomendando, o no, su aprobación, dejando claro su pensamiento en las actas de esa “única sesión”, como sustento de sus votos.
Al darse el resultado de la votación, en ese momento, los señores diputados ya no tendrían competencia sobre esa sui generis etapa, y, por ende, la consulta oportuna, lógica, formal, deseable, solo podrá ser tramitada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), que, presumimos, ya debe estar considerando la admisibilidad de la propuesta de referéndum por “iniciativa ciudadana”, presentada por dos ciudadanos, uno de los cuales, por cierto, estuvo exiliado en Nicaragua, bajo la protección de Daniel Ortega, al alegar que su vida estaba en peligro en Costa Rica.
Contrario al voto mayoritario, nos dicen los tres magistrados que emitieron un voto de minoría, que los artículos 96 y 98 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sí facultan a los diputados para formular consultas de constitucionalidad sobre proyectos que se quieran llevar a referéndum, antes de que se realice la única votación que corresponde al plenario legislativo. O sea, que mientras se está realizando el debate reglado de la sesión del plenario legislativo, en que se votaría la iniciativa conjunta, sí podrían los legisladores que, creemos están siendo atropellados en sus derechos, presentar, ante la Sala Constitucional, una nueva consulta facultativa, ahora con más elementos jurídicos, donde incluso, se podría argumentar, la imposibilidad de analizar el texto enviado por el Poder Ejecutivo, en una comisión legislativa, como, reiteramos, precisamente lo sugiere el voto mayoritario recién recibido.
Francia, sin duda, en el campo político y de la protesta social, ha sido un referente histórico disruptivo.
Empezando por la gloriosa Revolución (1789), que transformó, hasta nuestros días, el destino de la humanidad.
Y no menos gloriosa, casi cien años después (1871), la épica Comuna de Paris, en la que -como decía Marx- los obreros tomaron el cielo por asalto.
No quiero ser muy extenso, y por eso me tomo la licencia de hacer un salto en el tiempo, hasta las revueltas estudiantiles y sindicales de mayo de 1968, cuya lema fue: “La imaginación al poder”.
Más recientemente, no se puede dejar de lado las revueltas urbanas, convocadas, en las redes sociales, por ese movimiento disperso e inorgánico, Chalecos Amarillos, que hicieron arder Paris.
Ahora, cien años después, se realizará en Francia, el próximo mes, las Olimpiadas 2024.
El rio Sena será un privilegiado epicentro de la competencia olímpica, lamentablemente muy contaminado, en el que se realizarán múltiples competencias, no obstante, que desde 1923, está prohibido nadar en el río.
Con la finalidad de descontaminarlo, se han realizado cualquier cantidad de obras de limpieza y otras, con un presupuesto público asignado de 1.400 millones de euros.
Muchos sectores se han opuesto a esa inversión, porque estiman que Paris tiene necesidades más apremiantes.
Además, existe un serio cuestionamiento de la calidad y salubridad de las aguas del río, destinado, contra viento y marea, a servir de anfitrión de la justa olímpica.
El presidente Macron y la alcaldesa de Francia, están tratando de desvirtuar el cuestionamiento acerca de la calidad del agua y anunciaron que van a nadar en el río el 23 de junio.
La ciudadanía parisina, siempre tan creativa, reacciono y lanzó, desde las poderosas redes sociales, la campaña “Je chie dans La Seine le 23 junio”, es decir: “Yo me cago en el Sena el 23 de junio”.
El objetivo es inundar de excrementos el cauce del río, cuyo objetivo tratarán de alcanzar de muchas y creativas maneras.
Hasta una herramienta tecnológica inventaron que permitirá definir a los protestantes, auténticos y revolucionarios cagones, la hora y día, en que pueden defecar, desde diferentes territorios, para que sus heces puedan alcanzar el cauce del río y llegar exactamente el 23 de junio, al río, justo a la hora en que la alcaldesa y Macron demostrarán que el río es apto para realizar las competencias acuáticas.
¡A las armas ciudadanos, como dice la Marsellesa, que ahora la munición será “puré merde”!
Dichosamente, el 23 de junio, estaré en Francia, en una ciudad cerca de Paris, y ya tengo la hora bien calculada, en que me corresponde hacer mi modesto, pero internacionalista aporte solidario.
Estaré el 22 de junio, a las 7pm, bien, bien sentado en el trono, escuchando la Marsellesa, dirigiendo intencionadamente mi evacuación intestinal hacia el cauce del río.
La Ciudad de la Luz, con toda la Torre Eiffel, lucirá encandilada de mierda.
