Por Carlos Meneses Reyes
Lo sucedido el pasado viernes 08 de octubre, en el municipio colombiano de Tibú, zona fronteriza con Venezuela, en el que fueron asesinados un niño y un joven de nacionalidad venezolana y dejados sus cuerpos baleados en la cabeza, en la carretera de salida, en un barrio de esa localidad; fue un claro y escueto linchamiento, iniciado en un local comercial al que presuntamente entraron, el niño de 11 años y el joven de 17 años dizque para robar ropa.
Las secuencias fotográficas existentes registran que ambos salen de los vestuarios con ropa del almacén puestas y presumible iban a huir sin pagarlas. Así expuesto, se trataría de un intento de hurto, al no mediar violencia alguna. No de robo, en el que el elemento violencia es lo determinante. Impetuosamente, esa si en forma violenta y grave, el propietario o encargado del almacén, procede a retenerlos, impidiendo que huyan o se salgan. Se forma la trifulca y en medio del alboroto aparece un justiciero, quien con infundada autoridad los condena y con ayuda de un secuaz los filman con un celular y habla: “Vamos a entregar a estos muchachos a las autoridades, para que se hagan cargo de los individuos estos, lamentablemente son muy jovencitos, no queremos verlos mañana tirados en la orilla de la carretera, bajo nuestra responsabilidad están”. Falso. El motivo o causa del suceso estaba determinado desde el momento en que inició la arbitraria retención. No digamos que se desvaneció la intención de entregarlos a las autoridades; sino que el sujeto incriminado relató el modus operandi de finalidad in si tu (en el lugar del hecho). En unos minutos, sujetos armados que se movilizaban en motocicletas, llegaron al almacén y se llevaron -a ojos vista- a los dos jóvenes. Minutos más tarde, los jóvenes fueron encontrados asesinados, con disparos en la cabeza, en Barrio Largo, en la vía que conduce a El Tarra. Un oficial de la Policía explicó que en momento alguno recibió llamada del propietario o encargado del almacén de ropas, ni ningún reporte por parte de la comunidad, ni se enteró del tumulto ocasionado por lo que estaba ocurriendo a las dos víctimas, vilmente asesinadas.
Versiones publicadas relatan que en la retención de los jóvenes también acudieron algunos habitantes, comerciantes y mototaxistas, de esa población de El Catatumbo, que les ataron las manos y les colocaron carteles que decía “ladrones”. Dizque al parecer las autoridades policiales no se enteraron de tamañas violaciones a sus derechos y todo ese proceder reprochable.
Desde el primer momento el niño y el joven fueron objeto de un linchamiento, resultado de ejecución tumultuaria, con claros sujetos individualizados y reconocidos, con la intención de aplicar justicia por mano propia. Colocados en una situación de indefensos al que fueron sometidos; con desconocimiento total de su condición notoria de menores; descartando cualquier emulación a la protección especial conque cobija la ley a los menores de edad. Ya el que hayan aparecido asesinados, es una relación concomitante que acompaña la acción delictiva, desde el inicio mismo de la retención de los menores.
Destaca un factor de distracción en todo este entramado: un oficial de la Policía resaltó que no tuvo ningún reporte, por parte de la comunidad o interesados, sobre el hecho que estaba ocurriendo con las dos víctimas asesinadas.
Como sujetos activos del linchamiento y ejecución de los dos menores de edad, están involucrados: el propietario y /o empleados del almacén. El autor de los vídeos que graba a los niños y al justiciero que adelanta sentencia, ni siquiera sumaria, al hacer apología del delito y entregar al niño y al joven a la muerte segura. Quienes les ataron las manos y colocaron los letreros. A la Policía del lugar que no se hizo presente y que con su omisión permitió la incursión de los sujetos armados; en un acto de sinceridad narrativa, ante la protuberante pestilencia y corrupción por acusaciones de vínculos con el para militarismo que asiste a la institución de las fuerzas armadas en Colombia. Los mismos medios de difusión oligárquicos reseñan, que precisamente, el doble asesinato hoy tiene en apuros a los policías de Tibú, pues varias personas que estuvieron presentes cuando los jóvenes fueron atrapados, presuntamente, robando en un local de ropa, denunciaron que llamaron más de una docena de veces a las autoridades para que se hicieran cargo de ellos, pero que jamás les contestaron.
HIPÓTESIS: El Terrorismo de Estado imperante en Colombia, ha dado instrucciones a los colaboradores paramilitares, para mantener “el orden” y la “seguridad”. Resalta una permisividad de actuar manifiesta. El tratamiento contra insurgente dado a la protesta social ha agudizado el problema de inseguridad en el país. Se asiste a un Estado inviable. Difunden la especie que las insurgencias colombianas armadas impulsan la tal “limpieza social”, dizque para obtener adeptos o aceptación en las comunidades y dizque tal fenómeno se agudizara hasta después de las elecciones del año 2.022… Tamaño despropósito no tiene cabida. Solo a un montaje de la inteligencia militar se puede explicar el que en días pasados aparezca un panfleto atribuido al EJERCITO POPULAR DE LIBERACIÓN (EPL) en el que anuncia que pondrá en práctica la tal “limpieza social” matando bazuqueros, traficantes, ladrones, en todo el país. Es decir, a un reducto que actúa principalmente en El Catatumbo, la Provincia de Ocaña y el Sur del Cesar, le dan a gratuito una cobertura nacional. Por el solo análisis de prensa de la región, inducen a que están siendo duramente golpeados y de buenas a primeras aparecen actuando con presencia en todo el país. De otro lado, la mediática falsaria difundió, de buenas a primeras, que los autores de los asesinatos del niño y el joven venezolanos, son las Nuevas Farc, que operan en Tibú, todo el Departamento de Norte de Santander y se a extienden al Magdalena Medio, bajo el mismo nombre de Frente 33 de las antiguas farc, como resultados de los incumplimientos oligárquicos a los Acuerdos de La Habana. De por sí, las guerrillas colombianas son anticapitalistas y no van a maquillar a una sociedad corrupta y en decadencia. Eso explica la no sintonía de la lucha armada con la solución inmediata a los graves problemas sociales y políticos, que genera el dominio de la corrupción y el destrozo de la cosa pública en Colombia. Ellos esperan que el Estado se auto destruya y en modo alguno contribuirán a que en forma alterna y sabia aplicación política, se pueda remediar el ejercicio del poder político en Colombia.
Que la opinión internacional y la comunidad mundial sepan de la grave situación y carencia de intervención estatal en Colombia, para recuperar el respeto a los Derechos Humanos en todos sus grados y generaciones. No se puede continuar con el solo registro de cifras.
Ahora aparece foto del joven asesinado en Tibú
Los nombres completos y verificación de nacionalidad y datos personales de los dos asesinados, pareciere un misterio. Esta clara la identidad del niño de 11 años, de origen indígena wayuu, y la penosa espera de su madre por recuperar su cadáver; pero del segundo, de cerca de 17 años- conforme a la denominada edad corporal, diferente a la edad real- no se sabe. Surgen especulaciones para deslustrar su minoría de edad. Entonces opera la mediática falsaria: difunden, según medios venezolanos de oposición, que la familia de Jackson Enrique-de quien informan es un desaparecido-vive en el sector Las Virtudes del municipio Tulio Febres Cordero, del Estado Mérida, en Venezuela; pero que no contarían con dinero para trasladarse a Cúcuta a identificarlo plenamente y solicitar la entrega del cuerpo para llevarlo y sepultarlo al otro lado de la frontera. Anuncian que Jackson Enrique Arriaga Parra, en medio del atroz hecho que se dio la mañana del viernes 08 de octubre y que ha causado rechazo, conmoción y la motivación del presente artículo, es un hombre, de 23 años, que al parecer es padre de una niña… Las fotografías lo muestran saliendo del vestidor con camisas que se estaba midiendo… No indica esto hasta ese momento acción delictiva. Así fueron apresados con las ropas puestas… Las mismas con las que fueron encontrados sus cuerpos acribillados… Un medio como el diario La Opinión, se presta al montaje. Da por cierta la identificación del “otro” asesinado, cuando corresponde es al forense venezolano identificarlo y que la inexistencia de unas relaciones exteriores, impiden que se aclare la identidad del occiso y por ende la carga de esa identidad la asuma el Estado colombiano.
Un análisis de las dos fotografías que aparecen en ese diario, en la edición del 14 de octubre, de la faz izquierda del occiso, atinente a la morfología de la oreja derecha, tanto la del joven encontrado asesinado como el del “desaparecido” Jackson Enrrique, permiten destacar y determinar: 1. El tuberciulo de hélice- elix- conocido como Pabellón de la oreja- no coinciden en absoluto, en las dos fotografías. La del asesinado es más protuberante y en modo alguno el pabellón de la oreja de Jakson esta aprisionado por la orilla de la gorra, conque aparece en la fotografía. La raíz de hélice que penetra al oído interno no logra preciarse en las dos tomas fotográficas; pero si por el trago (no trazo), que da al orificio auditivo, se puede apuntar una coincidencia; impera la guía de los expertos: “la naturaleza nunca se repite así misma” y es diferente hacia la concha, o parte interna del pabellón la figura, forma, hechura o configuración de esa dos orejas. Y en cuanto a la zona de la oreja llamado antitrago, que está al frente del trago, denota forma diferente, en ambas fotografías. Qué no resaltar del lóbulo de la oreja que son totalmente diferentes y que significan el elemento de mayor identificación forense. De manera, que, a simple vista, se trata de dos orejas diferentes y por ende de distintas personas… A la inteligencia popular no se le mete el dedo en la boca… El militarismo de derecha narco en el poder, quiere o aspira a confundir en la minoría de edad de los dos asesinados, por sus aliados paramilitares.
Al momento de concluir la redacción de este artículo, el diario La Opinión de Cúcuta en edición de domingo 17 de octubre de 2021, anuncia que la Familia del joven asesinado en Tibú llegó a Cúcuta. En tanto, la fallida política e inexistente diplomacia del gobierno títere colombiano, para con la soberana República Bolivariana de Venezuela, le da plena jurisdicción a la Justicia Internacional, en este aberrante caso.
