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Autor: María José Ferlini Cartín

Una fotografía socioambiental: Principales hallazgos del Sexto Informe del Estado de la Región

El Observatorio de Bienes Comunes comparte una infografía de los principales hallazgos en la dimensión socioambiental del Sexto Informe Estado de la Región (2021), que nos permite caracterizar el estado de la conflictividad de los últimos 30 años en la Región Centroamericana y República Dominicana.

Una situación caracterizada por la presión de las industrias extractivas, la erosión de la institucionalidad pública y el incremento constante de escenarios de violencia sobre las personas defensoras.

Por esta razón, parece importante compartir esta infografía de los principales hallazgos del Sexto Informe del Estado de la Región, que permite identificar las principales tensiones del contexto para visibilizar esas dimensiones de urgencia que requieren nuestra atención.

La nota original se puede encontrar en el siguiente enlace: https://bit.ly/3jBheDk

 

Compartido con SURCOS por Luis Sanabria Zaniboni.

Homenaje a Paulo Freire

Con motivo de los 100 años del nacimiento de Paulo Freire (1921-1997), el XVI Congreso Latinoamericano y Caribeño de Extensión y Acción Social Universitaria dedica un homenaje al pensamiento crítico del gran maestro latinoamericano.

La producción ha estado a cargo del Dr. Oscar Jara Holliday (Costa Rica CEP Alforja–CEAAL) y la Dra. Simone Imperatore (Brasil, Universidad Luterana de Brasil).

El estreno del vídeo se programó para el 27 de octubre del 2021 a las 9:15. En este video participan personas colaboradoras cercanas de Freire: Carlos Rodrigues Brandão y Ana María Saul. También Nita Freire, viuda de Paulo, quien se ha encargado de divulgar su pensamiento.

El homenaje se complementa con un sitio web: http://extension.conare.ac.cr/espacio…

Asimismo, un acto cultural con la participación de la Camerata de Violões, un proyecto de extensión de Río de Janeiro. https://youtu.be/R8zQSuDalSU

Para seguir las conferencias y paneles se invita a suscribirse en el canal de YouTube en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/channel/UCEBI-cumcBkDIVprEXhO3QA

Este Congreso se realizará del 26 al 29 de octubre. Para conocer más puede ingresar al sitio web oficial http://extension.conare.ac.cr/

Correo oficial: congresouleu@conare.ac.cr

Facebook: https://www.facebook.com/CongresoULEU…

Para más recursos audiovisuales, conozca la plataforma virtual “Por Latinoamérica y el Caribe”: http://extension.conare.ac.cr/por-lat….

El Congreso es organizado en conjunto entre la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria (ULEU) y la Comisión de Vicerrectores de Extensión y Acción Social, del Consejo Nacional de Rectores (CONARE). La convocatoria concentra el trabajo articulado entre la Universidad de Costa Rica (UCR), el Tecnológico de Costa Rica (TEC), la Universidad Nacional (UNA), la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y la Universidad Técnica Nacional.

https://youtu.be/ifpCY2wpUC8

EL DESTINO DE TODOS DEPENDE DE UNO

Freddy Vargas Aguilar

El sufrimiento de cientos de millones de personas, disgregadas, sin proyectos ni organizaciones con tendencia a la unidad popular, clama. El cambio es posible, la esperanza se puede levantar en medio de la impotencia. UNO puede ponerse de pie, alzar la voz, extender sus manos, pensar constructivamente. Si lo que se ha hecho no ha conseguido la unidad en acción organizada, es de sentido común que hay que cambiar. Superar la inercia que no funciona, vencer la apatía y la indiferencia.

El llanto del niño, el grito del dolor de la mujer, el silencioso sufrimiento del hombre sin lo suficiente para sostener una familia dignamente, claman, claman a cada uno de nosotros. El silencio, la ausencia no tienen justificación. Por acción o, por omisión, quien no actúa en la dirección de una unidad sin exclusiones, es igualmente responsable.

La esperanza, el optimismo, la justicia, la verdad, son posibles si UNO se pone de pie e inicia la marcha reuniendo a TODOS.

SURCOS comparte el documento completo para su lectura:

Los jueguitos de un Presidente

Luis Fernando Astorga Gatjens

En un tono de regaño (que no le viene nada bien, por cierto), el presidente Carlos Alvarado les pidió a los candidatos presidenciales que “no pueden andarse con jueguitos” en lo concerniente al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). También sacó pecho para afirmar que dejará las finanzas públicas “estables” y que terminará su gobierno bien.

¿Bien para quién? Es la inevitable pregunta que habría que formularle a un presidente, tan devaluado en su credibilidad como el colón. Y tendríamos que responder que para quienes habitamos esta Costa Rica bicentenaria y pandémica, y somos una inmensa mayoría, las cosas están mal. Estaban mal antes de la pandemia y a partir de las decisiones y políticas del actual gobierno, las cosas –en muchos aspectos– han empeorado.

No estarán de ninguna manera bien para quienes el hambre ha venido tocando sus puertas, sin clemencia, en los últimos meses. Tampoco para quienes apenas sobreviven en medio de una informalidad laboral, que es la otra cara de un crudo desempleo.

Obviamente que las cosas no están nada bien para los millares de hogares y las casi millón y medio de personas sumidas en la pobreza. Menos aún la situación estará bien para los sectores medios empujados a la creciente incertidumbre económica.

Claro está: El optimismo presidencial no estará bien para las crecientes cifras en desigualdad social y concentración de la riqueza en pocas manos.

No estará bien asimismo el final de esta administración para el casi 17 % de personas desempleadas y con un horizonte laboral marcado por la inseguridad laboral. No estará tampoco nada bien para los pequeños y medianos agricultores, productores pecuarios y pescadores que esa administración los abandonó a su suerte.

No estará bien para la salud pública, ya que la crisis financiera que golpea la CCSS sigue fijando un futuro sombrío para esta institución señera, mientras este gobierno, la fracción legislativa del PAC y otros diputados cómplices, se negaron a tomar medidas de fondo, para resolver una situación gravísima como lo fijó el informe de la comisión legislativa que investigó sus finanzas.

Y ¿Cómo puede decir el presidente Alvarado que terminará bien su mal-gobierno con el desastre que hereda en educación pública? O con la incapacidad manifiesta de su gobierno, en hacer avanzar la conectividad y la alfabetización digital para millares de hogares que podrían tener tal acceso, si se hubiera aquilatado a tiempo, el tamaño de la emergencia para utilizar los más de $ 300 millones de dólares que tienen en sus arcas FONATEL para tal propósito.

En fin, las cosas no marchan nada bien para un Estado Social de Derecho, de cuyo deterioro son corresponsables administraciones del PLN, PUSC y PAC, mientras que, en la acelerada erosión reciente, el gobierno de Alvarado Quesada tiene una cuota de responsabilidad enorme.

Para quienes si estarán bien las cosas es para las grandes empresas y personas, evasoras y elusoras de impuestos, sea que guarden sus enormes riquezas en paraísos fiscales (Papeles de Panamá y de Pandora), o en bancos propios o ajenos. Forman parte también de quienes se regocijan de felicidad ante las políticas de esta administración, esos “grandes contribuyentes” a los que este mal-gobierno les perdonó sus deudas.

Del presidente Alvarado ya no se puede esperar otra cosa que frases que ya no pueden causar un efecto favorable. Se trata de un gobernante que, a lo largo de estos tres años y medio, mostró su falta de liderazgo y su incapacidad absoluta de autocrítica. Se regodea en una mediocridad de varios días.

¿Cuántos días falta para el próximo 8 de mayo? No tantos en el calendario gregoriano, pero si demasiados para el fin de un gobierno que ha gobernado contra las mayorías.

(25 de octubre, 2021)

Realizan muestreos de fauna acuática en Rey Curré

Uriel Rojas

Este lunes 25 de octubre se llevó a cabo un ejercicio de muestreo sobre fauna acuática en varios sectores hídricos del territorio indígena de Rey Curré.

El equipo humano que lleva adelante este muestreo está compuesto por vecinos de la comunidad liderados por un biólogo que forma parte del ente consultor.

El objetivo de este estudio es identificar especies de peces e invertebrados existentes en estas aguas dulces, conocer el estado actual de dichas muestras y su hábitat natural para crear una estrategia conjunta de protección, restauración, cuido o manejo de dichas especies en la zona.

Esta iniciativa de mejoramiento ambiental cuenta con el apoyo y acompañamiento de la Asociación de Desarrollo Indígena de Rey Curré, quien destaca que estos muestreos, «son espacios valiosos para educar, aprender y crear conciencia comunitaria sobre la importancia de proteger los recursos naturales que existe en el territorio”.

Estos muestreos de fauna acuática se aplicarán también en otros sectores de este territorio indígena.

UNA CAMISETA: DOS MIL LITROS DE AGUA

Freddy Pacheco León

Henry David Thoreau, filósofo trascendentalista, ecologista del siglo XIX, quien decía solo sentirse pleno viviendo en comunión íntima con la naturaleza, relativamente lo logró por dos años, refugiado en una pequeña cabaña en la ribera de la laguna Walden Pond, en el histórico Concord, Massachusetts. Sus otros 43 años le fueron, como a todos nosotros, “diseñados” por el entorno en que subsistimos LOS QUE VIVIMOS EN COMUNIDAD. Si se quiere, presos en comunidad. Y es que pretender una adecuada calidad de vida para nosotros, nuestras familias, y demás habitantes de una región o una nación, sin “tocar” la naturaleza, es una utopía que en un sueño idílico sería posible, pero que ante el peso de la realidad es imposible. Así ha sido desde que los predecesores del Homo sapiens empezaron a reunirse en las cavernas, obligados por las circunstancias, para subsistir. Por eso el que se considera precursor del ecologismo, el filósofo Thoreau, no tuvo más remedio que dedicarse a la fabricación de lápices de grafito, para subsistir.                             
Igualmente, todos los individuos de nuestras sociedades, desde su nacimiento, no podemos más que ser cómplices de la huella de carbono que hasta una sencilla camiseta de algodón ha dejado tras de sí. Prenda común de algodón que al llegar a nuestras manos HA CONSUMIDO EN EL CAMINO UNOS DOS MIL LITROS DE AGUA. “Mejor no me hablen de ello”, dirán algunos para falsamente liberarse de la culpa, porque saben que no se trata solamente de una camiseta.                          
Citamos a Thoreau, movidos por unos estimables comentarios en contra de la propuesta de EXTRAER EL ORO que se encuentra en el subsuelo en la localidad de Crucitas, bien al norte de la provincia de Alajuela. Por nuestra experiencia de muchos años trabajando en el área de la conservación y protección ambiental, recibimos con respeto, pero no podemos compartir los criterios de que tal riqueza aurífera, ha de quedarse allí enterrada para siempre (o mientras tanto…) porque “la naturaleza es sagrada”.  Que más bien habría que buscar la manera de recuperar el bosque destruido en ese remoto lugar de Costa Rica. Que quizá, incluso, podría erigirse como un «atractivo turístico», algo así como «un museo» geológico en el que, extrañamente, no habría nada que exhibir. Y es que parece que lo dicen de buena fe, sin detenerse a pensar al menos un instante, en que esa riqueza perteneciente a todos los costarricenses, podría muy fácilmente CAER EN MANOS DE TRANSNACIONALES muy dispuestas a explotarla para su egoísta beneficio. Oro que todos conocen dónde se encuentra y que, con una injustificada modificación al Código de Minería, lo podríamos perder irremediablemente.              
Ante esa alternativa, invitamos muy respetuosamente a considerar la que creemos es más razonable. Como en toda evaluación ambiental, se trata de poner en una balanza los pesos y contrapesos: en un plato el impacto ambiental que el proyecto produciría (podría ser una carretera, por ejemplo) y en el otro, LOS BENEFICIOS SOCIALES Y ECONÓMICOS derivados del mismo, dentro de un contexto en que se consideran, por supuesto, las necesarias medidas de mitigación del impacto sobre el ambiente.            
En este caso, se trata de extraer el oro que tenemos en medio km2, muy degradado por cierto, de la totalidad del territorio nacional. Hablamos pues del 0,001% de una parte muy valiosa en recursos minerales de nuestro suelo. Explotación que, cabe aclarar de una vez, sería ejecutada POR EL ESTADO costarricense para su propio beneficio, por lo que no requiere siquiera derogar la prohibición legislativa que se aprobara hace una década en forma unánime, que impide otorgar concesiones obviamente a entes privados.                 
El sustento y motivación de esa idea que habría de evolucionar a proyecto si fuere acogido por nuestros gobernantes, es la población creciente de Ciudadanos de Oro. Esos CIENTOS DE MILES DE VIEJITOS que ya antes de la pandemia que parece interminable, ocupaban más del 65% de las camas hospitalarias y espacios en los centros de atención primaria, que por más de un millar tiene la CCSS por todo el país, para los cuales ya son insuficientes los recursos financieros, materiales y humanos.  En muy pocos años,  dicha población superará el millón de personas, y aunque hasta los expertos de la OCDE han reconocido que será IMPOSIBLE PARA LA CAJA atender las necesidades sanitarias de quienes las demandarán inevitablemente, los mismos analistas NO pudieron identificar una sola fuente de financiamiento. Nosotros sí hemos hecho la propuesta financiera, aunque para ello hemos de “tocar” la Madre Tierra., en circunstancias tales que seguramente el admirado Thoreau aprobaría, así como los ambientalistas que lucen camisetas de algodón… que cuestan dos mil litros de agua.
Como ilustración, ese medio km2 que se intervendría, corresponde a un área menor al del Parque Metropolitano de La Sabana. Es, en términos comparativos, un área insignificante que no está definida como área de conservación. Visto a través de una lupa de cristal fino, de esos que no distorsionan la imagen, se trata de una oportunidad, de una respuesta inteligente, de UNA SOLUCIÓN, a un gravísimo problema que tiene que ver con algo tan sensible como lo es el DOLOR HUMANO, el sufrimiento inmerecido de los que después de haberse sacrificado por Costa Rica y sus hijos, nietos, bisnietos y otros, demandan de una MANO AMOROSA para los últimos años de su vida terrenal. El desarrollo de UN SISTEMA HOSPITALARIO INTEGRAL, donde la medicina preventiva y el acompañamiento familiar sean parte importante, estaría garantizado con ese oro nuestro.       
El que hemos llamado HOSPITAL DEL ORO se regiría por esos principios. A diferencia de otros proyectos de indiscutible trascendencia, este bebé lleva «el bollo de pan bajo el brazo», como le escuchábamos decir a nuestro amado abuelito Juan León. No requiere de la venta de ninguna institución pública ni de ningún nuevo impuesto. Pero de lo que sí requiere es de la comprensión de los que prefieren usar una lupa que distorsiona las imágenes, en tal forma, que ven el Hospital del Oro cual si se tratara de un proyecto destructor de la naturaleza que se propone con fines electorales por quienes lo han acogido. A ellos, a los detractores, les pedimos, casi que les rogamos, que por lo menos no le pongan obstáculos en el sendero que, por fin, después de tres años del nacimiento de la idea, parece abrirse camino. ¡Démosle ese regalo a nuestros viejitos, a esos que usted y yo tenemos en nuestras familias!

 

Fotografía: Laguna Walden Pond.

Organización Interseccional pro-Derechos Humanos se pronuncia en relación con candidato a Fiscalía

Costa Rica, 26 de octubre de 2021

Carta Abierta a la ciudadanía

La Organización Interseccional pro-Derechos Humanos de Costa Rica (OIDH-CR) se ha enterado por la prensa nacional que el juez Francis Giovanni Porras León se ha postulado para el puesto de Fiscal General de la República, quien obtuvo un 92 % de calificación, lo cual lo ubica con alta probabilidad de ser electo para el puesto, según lo informa el diario La Nación.

Para nuestra Organización, la simple posibilidad de que esa persona pueda llegar a ocupar semejante puesto en la Administración Pública es un contrasentido y un agravio para la garantía de los derechos humanos de las personas ciudadanas de este país, en especial, aunque no exclusivamente, para las minorías sexuales. Recordemos que en el pasado el juez Francis Porras León ha sido un acérrimo enemigo y detractor de las luchas y conquistas de la comunidad de la diversidad sexual, afectiva y de género.

No podemos permitir, de ninguna manera que se repita aquella nefasta historia de Justo Orozco como presidente de la comisión de derechos humanos en la Asamblea Legislativa, o de la actual defensora de los habitantes. Costa Rica ha apostado contundentemente por un enfoque jurídico y político de respeto a los derechos humanos de todas las personas ciudadanas que habitamos en este país y no puede ser posible que estos derechos se vean de alguna manera socavados por la presencia de un fiscal general de la República cuyo discurso y prácticas, lejos de ser independientes y objetivos, se basen en preceptos religiosos fundamentalistas como ha quedado claro en sus acciones como juez de la República.

La OIDH-CR hace un llamado a la comunidad nacional y a los movimientos sociales que en el pasado han mantenido un espíritu de lucha por la promoción y defensa de los derechos humanos de todos los grupos sociales que históricamente hemos sido vulnerabilizados a unir esfuerzos y a manifestarse en contra de una posible designación de esa persona para el puesto de Fiscal General.

Costa Rica no puede, de ninguna manera, entregar a una persona que ha dado muestras fehacientes de ser un enemigo de las luchas por la justicia, la equidad, la inclusión y contra la estigmatización, por razones ideológicas asentadas en sus prejuicios religiosos, la tarea de impartir justicia en defensa de la legalidad y de los derechos humanos tutelados por la ley. Pues, como bien ha afirmado la Fundación para el Debido Proceso:

“El Ministerio Público (MP) debe desarrollar sus funciones de manera imparcial, con total independencia, es decir, sin interferencias ya sea de los poderes estatales, fuerzas políticas, grupos económicos, sociales, incluso de presiones de grupos criminales involucrados en las investigaciones. La independencia del MP es indispensable para que todas las personas tengan la misma posibilidad de ser procesadas según el mérito de la causa, sin distinciones ni privilegios de ningún tipo” (https://dplfblog.com/2021/08/31/una-fiscalia-general-para-una-costa-rica-convulsa-reflexiones-en-torno-a-la-proxima-eleccion/).

La Tiranía del Mérito

En el año 2020 fue publicado y traducido al español el libro de Michael Sandel “La Tiranía del Mérito”. En este se aborda el tema de la meritocracia y las razones por las cuales esa idea conspira contra los conceptos de bien común.

Sandel es filósofo, político y profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard. En su libro el autor señala cómo el problema de la meritocracia es que, en realidad, no existe una igualdad de oportunidades para todas las personas. 

En la meritocracia no existe la equidad, pues las personas no tienen las mismas condiciones sociales, económicas, ni materiales para alcanzar el éxito. Asimismo, el autor señala cómo la meritocracia propicia ideales de individualismo, desigualdad y xenofobia, pues la ética meritocrática fomenta valores negativos.

Para ampliar más sobre el tema compartimos el siguiente video:

https://youtu.be/O17b0mbcazk

Compartido con SURCOS por Mauricio Zeledón.

Ley para privatizar las semillas de nuevo

Haría ilegal y multa la comercialización de semillas criollas

(Bloque Verde) El actual texto sustitutivo nombrado como “ley para la modernización de la oficina nacional de semillas” expediente N#21087, conocido como Ley de Semillas, es un nuevo intento del sector agrocorporativo y sus socios del Estado para beneficio del sector agroindustrial de producción y las transnacionales de la comercialización de semillas.

Es un negocio potencial de 400 millones de dólares al año para las transnacionales como Bayer, Corteva, ChemChina y Limagrain que hoy controlan más del 50 por ciento de las semillas del mundo.  Este proyecto de semillas viene a fortalecer el monopolio de las semillas y por ende el control de los alimentos del mundo.

Es un mercado potencial pues actualmente según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) casi el 90% de las semillas que utilizamos en Costa Rica no están sujetas a mecanismos de certificación, o sea que la gran mayoría semillas son variedades locales, nativas y criollas. Ese 90 % es un gran y jugoso negocio.

Según la Oficina Nacional de Semillas en nuestro país, el negocio de importación de simientes o semillas reporta transacciones de hasta USD $36 millones anuales, repartidas entre 104 empresas con permisos para vender semillas certificadas, pero solamente 8 compañías controlan el 53% de todas las variedades disponibles comercialmente.

Entonces si sacamos la calculadora sabemos para quien está trabajando la Oficina Nacional de Semillas y la mayoría de diputadas y diputados que impulsan este proyecto de ley que han intentado aprobar desde inicios de la década del 2000.

Esta iniciativa de ley no fue consultada debidamente a los pueblos indígenas a pesar del derecho que les asiste con el Convenio 169 de la OIT. Además, tiene implicaciones para la agricultura campesina, así como para el cumplimiento de las obligaciones del país en el marco del Tratado de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura de la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la “Declaración de los derechos campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales” de las Naciones Unidas votada favorablemente por Costa Rica el 20 de noviembre de 2018.

Este proyecto convierte en ilegales las condiciones actuales de comercialización de semillas criollas al imponer parámetros y características de semillas comerciales (art. 29). También, crea hasta una policía de las semillas si en plena crisis fiscal y recortes a todo el empleo público, estos “inspectores oficiales” tendrán “fe pública y en el ejercicio de sus funciones tendrán acceso a cualquier propiedad pública relacionada con este campo,” (art. 15 y 16).

Para cerrar el círculo de represión en contra de nuestros labriegos y sencillos imponen multas por comercializar semillas de hasta 5 salarios base, aproximadamente 2.3 millones de colones (Art. 39 y 40).

Para completar el subsidio a las transaccionales, la Oficina Nacional de Semillas dedicaría, con fondos públicos, parte de su trabajo para incentivar y promover las semillas privatizadas (Art. 2 y 13) y muy seguramente toda la semilla que compre el Estado tendría que ser certificada lo que implicaría unas jugosas ganancias a las compañías más ricas del mundo, que hoy deberían estar más democráticamente distribuidas entre nuestro campesinado.

Este sería el segundo intento de los gobiernos del PAC de privatizar las semillas.

En mayo del presente año La Red de Mujeres Rurales con el apoyo legal del Frente Amplio ganó el juicio contra el Decreto Ejecutivo No. 40300-MAG que pretendía restringir el libre uso y comercio de semillas tradicionales, locales y criollas.

El Tribunal Contencioso Administrativo declaró la nulidad absoluta del Decreto Ejecutivo ordenó al Poder Ejecutivo a «cumplir con lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, con los artículos 82 y siguientes de la Ley de Biodiversidad y proceder a consultar previamente el criterio de las comunidades locales y pueblos indígenas sobre cualquier disposición normativa susceptible de afectar el uso de variedades locales, tradicionales y criollas de la biodiversidad, incluidas las semillas».

El decreto pretendía abrir un portillo para que las semillas criollas debían inscribirse en un registro previo a legalizar su comercialización. Sin dicho registro, no se permitiría realizar actividades con fines de lucro, abriendo paso a la industria de las semillas y desplazando las prácticas tradicionales.

Pronunciamiento proyecto de Ley N° 21.087: «Ley para la modernización de la Oficina Nacional de Semillas»

21 de octubre del 2021 

Para RedESS las semillas son cultura, conocimiento y vida, deben estar en manos de las comunidades y no de empresas cuyo único interés es el económico mercantil. 

Desde la Red Economía Social Solidaria de Costa Rica (RedESS) como espacio de articulación de organizaciones de la Economía Solidaria nos sumamos a los pronunciamientos y señalamientos de fondo que cuestionan las organizaciones de personas agricultoras, campesinas, indígenas y afrodescendientes del país. 

Consideramos improcedente que en el Proyecto de Ley N° 21.087 «Ley para la modernización de la Oficina Nacional de Semillas», conocido como Ley de Semillas, se establezcan normas que pretendan privatizar y entregar el control del uso de semillas a las empresas transnacionales. 

En el marco de las leyes vigentes en el país estas normas violan los derechos sobre el patrimonio genético y cultural, y especialmente los derechos colectivos de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes del país sobre su biodiversidad y sus semillas. 

Para RedESS es claro que, como está planteada esta ley, -declara de interés público para el país la protección y conservación de las variedades de semillas tradicionales, locales y criollas, como recursos fitogenéticos esenciales del país-, sin embargo, lo que se esconde es el control de las semillas criollas, que traería el riesgo de pérdida de autonomía por parte de las comunidades, tratando de igualar sistemas locales que han funcionado por generaciones al sistema convencional de producción de semillas certificadas.

Costa Rica ratificó la «Declaración de los Derechos Campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales» de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el 2018, que reconoce en el más alto nivel de gobernanza internacional el papel estratégico que cumplen campesinas y campesinos del mundo. La Declaración además complementa medidas y políticas necesarias para el Decenio de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena (2019-2028) y para la implementación del Artículo 9 del TI RFAA (Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura), resaltando el rol de las semillas campesinas para lograr la Soberanía Alimentaria y para el desarrollo de las políticas agrarias a favor del campesinado. 

Dicho tratado es claro es determinante en garantizar el derecho de los pueblos a «mantener, controlar, proteger y a desarrollar sus propias semillas y conocimientos tradicionales». 

Reclamamos procesos políticos transparentes basados en el diálogo con las organizaciones, comunidades y personas de la sociedad civil que busquen transformar los sistemas agroalimentarios en unos más justos, saludables, sostenibles y solidarios. 

¡Estamos en contra de aprobar este proyecto de ley porque significa permitir que se apropien de nuestro patrimonio, de nuestros saberes, de nuestras prácticas ancestrales y de nuestra vida!

¡Sin semillas libres no hay agroecología y sin agroecología no hay economía solidaria!

 

Compartido con SURCOS por Carlos Hernández Porras.