Tal acción es un reflejo del alto grado de fetichización (corrupción), dentro de un sistema de derecho nacional que se lo hacen ver “justo y legal”, pero al quitarle su careta resulta todo lo contrario, Es así como tenemos un Poder Judicial que camina hacia escenarios en los cuales no vemos garantía de respeto a los derechos humanos, laborales, sociales y políticos elementales, lo cual nos pone en un predicado muy peligroso, que el pueblo en su conjunto no atina a ver por distintas razones.
Sin duda los tenemos actores políticos de distinto tipo y de muy distintas disciplinas, tonalidades, sabores y colores profesionales, que han tomado los tres Poderes de la República y no dudamos que son altamente conservadores. Es decir, y para que se entienda en sencillo, son lobos y lobas con piel de oveja, son esos seres humanos que nos deslumbran por su profesionalidad y visión, pero que en resumidas cuentas tienen al país con cifras que dan vergüenza y para colmo de males van al extranjero y no dicen la verdad.
Esos sectores de han logrado avanzar como nunca en la historia reciente desde la Constitución de 1949 en el debilitamiento de la institucionalidad y no se detendrán hasta dinamitar y dejar casi en escombros una necesaria institucionalidad que aun con sus debilidades ha demostrado ser la tabla de salvación para miles de familias en el marco de la pandemia sanitaria del Covid- 19, cuyos efectos e impactos vemos más ahora pero que arrastramos desde hace años y no solo son el resultado del tema de salud, sino de otros propios de una sociedad que conducen a la decadencia.
Así las cosas, este acto de promover desde las entrañas del Poder Judicial una consulta facultativa sobre el proyecto 21.336 (Ley Marco de Empleo Público), lo podríamos categorizar de muchas formas y hasta darle diversas valoraciones, pero lo que debe entender el pueblo en sencillo es que dentro de ese mundo de leyes existen pujas internas que desde el plano ideológico tienen formas distintas de ver el proyecto de ley 21.336. Es decir, tenemos sectores progresistas y sectores más conservadores dentro del Poder Judicial y en este contexto histórico han decidido transparentar un poco esas diferencias, lo cual más allá de toda valoración, pose o posición, aporta al verdadero fortalecimiento de una democracia que se desvanece ante nuestras propias narices.
Debe nuestro pueblo entender que esa disputa de enfoque por el proyecto 21.336, que está teniendo lugar y es más visible ahora en lo relativo al Poder Judicial, tiene que ver con las mayorías (entiéndase más allá del sector público), pues ese debate político-ideológico en el corazón de la Corte, es posiblemente solo un fragmento revelador de lo que está en disputa para el futuro del país, para los siguientes cincuenta años o más, es decir, lo que se determine de esta situación que nos parece ajena y que parece va ganando el sector más adinerado del país en alianza con sus marionetas político-electoreras (tristemente electas por la gente), no parece presentar cambios halagüeños y mucho menos un mínimo viraje de camino en la mayoría de propuestas políticas para febrero 2022, lo cual acrecienta nuestras preocupaciones.
Este fenómeno social de tanto empuje de ideas conservadoras, esta ruta al parecer de alta derechización nacional (entiéndase como esa idea repetida mil veces de disminuir el Estado como única solución), provocará más temprano que tarde un punto de inflexión, un nuevo estallido social y esto no lo ponemos en duda, ya que ante una «LEGALIDAD INJUSTA», no dejan otra opción a los pobres y oprimidos que continuar organizándose y aunque suene feo, luchar desde una ILEGALIDAD JUSTA, para articular nuevos liderazgos y nuevas luchas sociales que restablezcan el buen vivir de las mayorías excluidas y el respeto a la madre naturaleza.
En el peor de los escenarios y ante la inminente aprobación del proyecto de ley 21.336, debido a tanta corrupción y enfoque dogmático, debemos apuntar con mirada de mediano plazo a caracterizar a los verdaderos patriotas (hombres y mujeres), para reimpulsar un enorme bloque patriótico y apostar a visibilizar con más fuerza modelos corruptos e injustos y redoblar el trabajo social y sindical en los territorios y con los sectores más oprimidos. Esa tarea urgente de confrontar modelos de desarrollo injustos y corruptos o los que van en esa ruta, como lo es el caso de Costa Rica, que hemos denominado «LA CHILENIZACIÓN TICA», debemos desarrollarla para edificar resistencias y tejido social, y así, ayudar a construir un nuevo bloque social de los oprimidos y sembrar semillas de cambio y esperanza.
Compartido con SURCOS por Juan Carlos Durán Castro.
Desde la industrialización de las actividades humanas, la explotación de fuentes fósiles sirvió para consolidar la hegemonía colonial de algunos Estados sobre el resto del mundo. Y la actividad petrolera en particular permitió concentrar mucho poder en ciertas élites de esos países.
Poca diferencia existe con las tendencias actuales a concentrar el manejo de las energías emergentes. Las grandes corporaciones privadas y estatales las alteran datos y crean falsas necesidades para justificar un sistema de consumo abusivo, que no deja espacio a nuevas alternativas energéticas ni a la participación de los pueblos en las decisiones.
Considerando que la energía es una necesidad básica de todas las personas, el movimiento ecologista plantea la necesidad de orientar sus esfuerzos para reivindicar la energía como un bien común y un derecho humano, planteando un cambio total en los patrones de consumo que derivaron la crisis ecológica mundial.
En este boletín se encontrará información sobre la situación actual de las energías en Costa Rica, expresada mediante las estadísticas y tendencias de la gestión estatal de las energías y la creciente participación privada que presiona para liberalizar el negocio de la generación eléctrica.
El contenido se orienta por las reflexiones del Diálogo Virtual realizado en mayo sobre el tema energético con presentaciones de Raquel Bolaños, representando al Movimiento Ríos Vivos, Osvaldo Durán de Proyectos Alternativos (PROAL) y Mariana Porras de COECO-Ceiba Amigos de la Tierra.
El programa Alternativas, invita a sintonizar su programa en donde se hablará sobre “Realidad colombiana contemporánea: orígenes, actualidad y perspectivas” el día 10 de diciembre a las 6:00 p.m. Se contará con la participación de:
Robert Daza
Armando Wouriyu
Alejandra Jaramillo
Ariel Rosbel
El programa se transmitirá por medio de Facebook Live y Radio16, en los 1590 AM.
El pasado 06 de diciembre arrancó el juicio político en contra de Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), en el que fue acusado por instigación pública al llamar a la ciudadanía costarricense a la protesta social.
En el video que se encuentra al final de la nota, se pueden ver las declaraciones de Albino Vargas en ese juicio. Expuso la corriente ideológica sindical que sustenta y reiteró que la situación legal en la que se encuentra en este momento es impulsada por un grupo liderado por la abogada Gloria Navas, respaldada por el Ministerio Público y el Presidente Carlos Alvarado.
El pasado lunes 6 de diciembre a las 4:00 p.m. la ONU y la Embajada de Suiza en Costa Rica, llevaron a cabo el conversatorio: “Hablemos de soluciones para superar las violencias hacia mujeres, adolescentes y niñas”. Se contó con la participación de:
Allegra Baiocchi, coordinadora ONU
Rita Duca, jefa de misión adjunta
Tiffany Hall Campbell, sexóloga y trabajadora social
El próximo jueves 9 de diciembre del 2021, a las 3:00 pm Costa Rica / 6:00 pm argentina se realizará el encuentro: “Masculinidades y Educación Popular. Encendiendo el fuego del encuentro”.
En este segundo encuentro seguimos tejiendo un espacio para reflexionar y profundizar en la crítica a la Masculinidad Hegemónica y buscar juntes las herramientas necesarias para este tiempo de las masculinidades del CEAAL, en América Latina y el Caribe. En esta oportunidad compartiremos las experiencias de los compañeres:
Nicolás Vargas. Asociación Ecuménica de Cuyo -FEC- Mendoza/Argentina.
Javier Omar Ruiz. Colectivo Hombres y Masculinidades. Colombia
Ya se encuentra a la venta y para descarga gratuita el libro: “El gobierno de Carlos Alvarado y la contrarrevolución neoliberal en Costa Rica”, de Iván Molina Jiménez y David Díaz Arias.
El ejemplar electrónico es gratuito, lo puede descargar en: https://ciliac.fcs.ucr.ac.cr/e-books/ (a partir del 8 de diciembre). El ejemplar impreso tiene un costo de 5.000 colones, y está a la venta en el CIHAC (10:00 am a 2:00 pm).
En ese libro se menciona como en el 2018, las oligarquías empresariales costarricenses alcanzaron una posición de poder sin precedente desde el período anterior a la dictadura de Tomás Guardia Gutiérrez (1870-1882). Su intervención directa en las políticas públicas se materializó en una regresiva reforma tributaria, una estratégica legislación antisindical y otros cambios institucionales que debilitan o desmantelan la institucionalidad democrática, profundizan las desigualdades y acrecientan el descontento social. Todavía en curso, esta contrarrevolución neoliberal distancia a Costa Rica de los estilos de desarrollo que en el pasado la diferenciaron del resto de Centroamérica y la aproximan a la experiencia de Chile, antes de la revuelta popular de 2019.
Y ahora le tocó el turno a la Caja. La entrevista a Elián Villegas, ministro de Hacienda, publicada hoy en La Nación, es una declaratoria de guerra que lanza el gobierno de Carlos Alvarado contra la Caja. Es obvio que el machete está listo para cortar también sus presupuestos.
Afirma Villegas que la Caja es muy gastona, y amenaza los sagrados «equilibrios» fiscales que este gobierno idolatra. Es el mismo ministro que guarda silencio sobre el caudaloso fraude tributario que, por años y años, ha subvertido la sostenibilidad de las finanzas públicas. El mismo que elude afanosamente hacer contribuir a los más ricos, mientras lanza la carga tributaria sobre los pobres y los grupos medios.
Cuánto cinismo y desparpajo. Porque, además, es fácilmente demostrable que, comparativamente hablando, nuestro sistema de salud funciona con costos bajísimos.
Después de leer esa nota infame, hice un ejercicio de búsqueda de información para contar con evidencia que me permitieran confirmarlo. En media hora, recopilé datos de 10 países. Les compartiré aquí solo dos ejemplos ilustrativos:
– En 2019, nuestra esperanza de vida al nacer era de 80,8 años, mucho mejor que los 78,5 años de Estados Unidos. Y, sin embargo, la inversión en salud por habitante en Estados Unidos multiplica por 8,2 veces la nuestra.
– Nuestra esperanza de vida es algo inferior a la de Dinamarca (81,3 años), solo que la inversión en salud por habitante de este país, es 4,84 veces la nuestra.
(Con base en datos del PIB según “paridad del poder adquisitivo”, o sea, corrigiendo las diferencias en los niveles de precios).
La Nación, Villegas y Carlos Alvarado mienten: nuestro sistema de salud es ejemplar, por sus logros y por el bajo costo al que esos logros se alcanzan.
Por Nicolas Boeglin, profesor de la Facultad de Derecho
El libro ‘El Acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental y su relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible’ nos ofrece las contribuciones de renombrados/as especialistas de diferentes países de América
El pasado 25 de noviembre del 2021, la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas (Cepal) dio a conocer una nueva publicación sobre el Acuerdo de Escazú, elaborada en colaboración con la Universidad del Rosario, Colombia (véase el enlace a presentación virtual realizada desde la misma Cepal, así como el video de la actividad, colgado por la Universidad del Rosario).
Berta Cáceres Flores, lideresa hondureña lenca, asesinada el 3 de marzo del 2016. Foto extraída de la nota del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (Gaipe). Este es un equipo de investigación internacional constituido para esclarecer su asesinato y en particular la trama político-empresarial responsable de su muerte, la cual el mismo Estado hondureño intentó encubrir y maquillar en un primer momento (véase al respecto el informe titulado «Represa de Violencia. El Plan que asesinó a Berta Cáceres»).
Una obra de lectura muy recomendada
Esta obra se titula El Acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental y su relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y reúne diversas contribuciones de renombrados/as especialistas de distintas latitudes del continente americano. El texto completo del documento (298 páginas) está desde ya disponible en este enlace oficial de la Cepal.
Cabe destacar que el prefacio de este libro es autoría de John H. Knox, antiguo relator especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente.
Como bien se recordará, el título oficial del Acuerdo de Escazú, adoptado en Costa Rica el 4 de marzo del 2018 (véase el texto completo de su versión oficial en español) es Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.
Las negociaciones que culminaron en el 2018 duraron cinco años, siete meses y siete días. Si lograron concluir exitosamente, fue gracias a la habilidad de las gestiones diplomáticas desplegadas tanto por Chile como por Costa Rica, que lideraron el proceso de negociación.
En su presentación, las tres editoras de este libro indican que «Con el fin de dar paso al lector para que pueda sumergirse en el contenido de esta obra, es preciso enfatizar que para la CEPAL y la Universidad del Rosario el Acuerdo de Escazú representa una oportunidad muy valiosa y sin precedentes para América Latina y el Caribe no solo para el fortalecimiento de la democracia, los derechos humanos y la protección ambiental, sino también para el cumplimiento de la agenda global más importante de nuestro tiempo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible» (p. xxiv).
El lector encontrará en esta obra artículos de gran valor escritos por la pluma de destacados/ as especialistas de América Latina y del Caribe, y es de esperar que sea ampliamente difundido en cuanto a su contenido.
Una contribución más que necesaria ante la desinformación existente
Pese a su entrada en vigor el pasado 22 de abril, el Acuerdo de Escazú persiste en polarizar como raramente observado a las opiniones públicas en varios Estados de América Latina y del Caribe, cuyos decisores políticos siguen indecisos en aprobar este innovador acuerdo regional.
Ello se debe en gran parte a una verdadera campaña de desinformación orquestada por algunos sectores económicos y políticos opuestos a ver consolidados y afianzados los derechos de quienes defienden el ambiente. Entre muchos, destaca el caso de Chile, Colombia, Costa Rica, Paraguay y Perú.
Estos «argumentos» en contra de Escazú se asemejan más a mitos promovidos por algunos sectores políticos cercanos a influyentes cúpulas empresariales que a argumentos sensatos y razonables: desde la fantasiosa idea según la cual al aprobar Chile este tratado, una demanda boliviana en su contra sería inminente, hasta la supuesta pérdida de soberanía peruana en la región amazónica, pasando por la intención de favorecer el aborto que encontró la iglesia paraguaya en el Acuerdo de Escazú, sin hablar de la inversión de la carga de la prueba (que vendría a amenazar la presunción de inocencia en materia penal) o bien, el hecho de que se ahuyentaría la inversión extranjera de aprobarse el Acuerdo de Escazú. Estos y muchos otros supuestos «argumentos» han sido sólidamente refutados en varias latitudes, desde la academia y desde organizaciones de la sociedad civil (Nota 1).
Ante la intensidad de esta campaña de desinformación y la de sus relevos encontrados en influyentes medios de prensa, algunos muy valiosos esfuerzos en materia de comunicación han intentado contrarrestarla (Nota 2). No obstante, el desequilibrio existente explica, al menos en parte, que de los 24 Estados que han firmado el Acuerdo de Escazú, solamente 12 lo hayan ratificado (véase tabla oficial de firmas y ratificaciones). Este desequilibrio puede también explicar en parte que varios Estados ni siquiera hayan optado por firmarlo (entre los cuales, en América Latina, figura el atípico caso de Chile, así como Cuba, El Salvador, Honduras y Venezuela).
Considerando el actual panorama del Acuerdo de Escazú en la región, esta nueva contribución de la Cepal en este mes de noviembre del 2021 permite una mejor comprensión del Acuerdo de Escazú y de sus alcances, en particular de cara a los desafíos que enfrenta América Latina en materia social y en materia ambiental.
Defensores del ambiente y asesinatos: un angustiante panorama
En relación con uno de los Estados que persiste en no firmar este tratado, Honduras, son muchos los activistas de América Latina en recordar que la fecha de adopción del Acuerdo de Escazú (4 de marzo) acordado por parte de las 33 delegaciones oficiales se escogió en homenaje al natalicio de Berta Cáceres, lideresa lenca asesinada en marzo del 2016 en Honduras (véase informe de un grupo de expertos internacionales (el Gaipe) que investigó sobre su muerte).
Por su parte, cabe indicar, en el caso de otro Estado ausente entre los firmantes, que Chile inició estremecido este último mes del 2021 al conocerse el asesinato de una gran activista ambiental como lo fue Javiera Rojas (véase nota de prensa del 1/12/2021). Pocos días después de lo ocurrido en Chile, es en Perú (que sí ha firmado mas no ratificado Escazú) donde se asesinó a un reconocido líder indígena en la región amazónica: Lucio Pascual Yumanga (véase nota de prensa de la DW del 6/12/2021).
Finalmente, entre los Estados como Perú que han firmado pero que no han aún ratificado este tratado, resulta de interés recordar que dos líderes indígenas en Costa Rica fueron asesinados en la región de Salitre en menos de un año (marzo del 2019 – febrero del 2020).
Es posible que la impunidad campante, que pareciera mantenerse en ambos asesinatos, sea parte de las inquietudes del relator especial de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas en su visita a Costa Rica prevista en el mes de diciembre del 2021 (véase comunicado oficial).
En este mes de diciembre, se conmemora en Costa Rica la muerte de los cuatro integrantes de AECO, acaecida hace 27 años, un doloroso caso que se mantiene en una indignante impunidad (véase artículo de opinión titulado «Sembrando memoria contra la impunidad y el olvido» publicado en el Semanario Universidad).
Foto extraída de la nota de prensa de la BBC “Los países en los que matan a más ambientalistas en el mundo y el terrible récord de América Latina”, del 30 de julio del 2019.
La realidad del Acuerdo de Escazú y la puesta a prueba de los supuestos «argumentos» en su contra
Es de notar desde ya que en los Estados que ya han firmado y ratificado este novedoso instrumento regional (como Argentina, Bolivia, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá o Uruguay), sus economías no han sufrido ninguno de los supuestos efectos negativos que conlleva, según estas mismas cámaras empresariales, la aprobación del Acuerdo de Escazú. Tampoco se ha observado que el principio de la inversión de la carga en materia ambiental haya en lo más mínimo erosionado, en materia penal, la presunción de inocencia en estos Estados: se trata de un principio moderno del derecho ambiental que ya aplica desde hace muchos años y que de ninguna manera amenaza otras esferas del ordenamiento jurídico.
En relación con los temores de los altos mandos militares peruanos, los respectivos ejércitos de los Estados antes señalados no han cedido un solo ápice de soberanía territorial desde que se aprobó.
Finalmente, en el caso de Costa Rica, destaca el hecho de que una de las principales cámaras empresariales opuesta al Acuerdo de Escazú haya rehuido el debate público con especialistas en derecho ambiental y derechos humanos (Nota 3).
Durante la reciente COP26 celebrada en Glasgow, las autoridades colombianas se sintieron obligadas a hacer un anuncio oficial en favor del Acuerdo de Escazú (véase nota de prensa de El Tiempo), evidenciando su profundo malestar, dada la dramática situación que enfrentan en Colombia los defensores del ambiente (véase nota de prensa de El País).
Recientemente en Costa Rica, se publicó por parte de la Asociación Costarricense de Derecho Internacional (Acodi) un valioso artículo que refuta nuevamente las leyendas creadas por algunas cámaras empresariales costarricenses (y sus siempre muy hacendosas fichas políticas) en contra de este instrumento (véase artículo titulado «El Acuerdo de Escazú sin Costa Rica», cuya lectura también recomendamos).
Es de resaltar que, en el caso de Costa Rica, las autoridades de la Universidad de Costa Rica (UCR) han sido particularmente activas (véase comunicado oficial de mayo del 2021), seguidas por la Universidad Estatal a Distancia (UNED) (véase pronunciamiento de junio del 2021), al tiempo que las autoridades de las demás universidades estatales, por razones que se desconocen, se han mantenido mudas.
A modo de conclusión: a propósito de dos Estados en deuda con toda una región y sus defensores ambientales
En junio del 2018, se pudo leer por parte de Chile y de Costa Rica en una declaración oficial conjunta (véase texto completo aún colgado por la diplomacia chilena) que:
«Costa Rica y Chile creen firmemente que la pronta entrada en vigor del Acuerdo de Escazú será una señal inequívoca de la vocación de nuestra región para avanzar hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y representa una importante contribución al multilateralismo«.
En el marco de una visita realizada un mes después por el presidente de Chile a Costa Rica, se leyó en su discurso (véase texto completo), que:
«Quisiera destacar el acuerdo que impulsamos conjuntamente con Costa Rica, el Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo que busca darle más transparencia y mayor eficacia a la defensa del medio ambiente, y que vamos a poner a disposición del resto de los países de nuestro continente en la Asamblea General de Naciones Unidas».
Más de tres años después, si bien ambos Estados siguen encabezados por los mismos dos mandatarios de junio del 2018, el tono ha sustancialmente cambiado.
El caso de Costa Rica (que persiste en no ratificar este instrumento) y de Chile (que ni tan siquiera lo ha firmado) son particularmente llamativos (Nota 4). En efecto, se trata de los dos Estados que lideraron las negociaciones que concluyeron con la adopción del Acuerdo de Escazú.
Cabe indicar que, al revisar el texto de sus respectivos discursos oficiales durante la reciente Asamblea General de Naciones Unidas celebrada en setiembre del 2021 (véase texto de uno y otro), ambos jefes de Estado omitieron toda referencia al Acuerdo de Escazú (el cual entró en vigor unos meses antes, el 22 de abril del 2021): ni una sola mención, ni congratulación o alguna frase saludando de alguna u otra manera su entrada en vigor. Se trata de una omisión (en nuestra modesta opinión, grosera) que amerita ser señalada.
Es probablemente la primera vez en la historia del derecho internacional público que dos Estados que lideraron la negociación de un instrumento internacional no logran formar parte del primer grupo de Estados que permite su entrada en vigor, evidenciando así ante el resto de la comunidad internacional su inconsistencia; y contribuyendo a minar la credibilidad de sus autoridades en materia ambiental y en materia de derechos humanos.
En este mes de diciembre en el que se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, un anuncio oficial medianamente decoroso de ambos Estados en favor de los derechos de todas las personas que defienden el ambiente en América Latina y en el Caribe sería muy deseable, así como otras iniciativas en favor de la pronta aprobación del Acuerdo de Escazú, en particular en Estados en los que las muertes de estas personas siguen ocurriendo (así como las diversas formas de intimidar a sus compañeros/as de lucha). Aprobar este instrumento regional tan necesario para consolidar una verdadera democracia ambiental sería la mejor manera de rendirles un justo tributo y honrar la memoria de quienes perdieron la vida en defensa del ambiente.
Notas
Nota 1: Por ejemplo, en Costa Rica el equipo de periodistas de Doble check publicó en abril del 2021 esta muy completa guía titulada «UCCAEP usa argumentos falsos para oponerse al Acuerdo de Escazú», disponible en este enlace. En Colombia, la organización Ambiente y Sociedad publicó esta otra contribución titulada «Mitos y verdades del Acuerdo de Escazú», disponible en este enlace. En Perú, la Sociedad Peruana para el Derecho Ambiental (SPDA) difundió este artículo titulado «10 mitos y verdades sobre el Acuerdo de Escazú: democracia y defensores ambientales». En Paraguay, el sitio El Surti explicó en un texto titulado «Cinco puntos para que entiendas cómo te afecta el Acuerdo de Escazú» que el aborto no está de ninguna manera contemplado en el Acuerdo de Escazú, entre muchas otras leyendas que se originaron en la sociedad paraguaya en relación con el Acuerdo de Escazú.
Nota 2: En Colombia, el talentoso equipo de comunicadores de La Pulla realizó un video de gran calidad que busca responder a las diversas maniobras políticas de algunos sectores políticos colombianos, titulado «La nueva trampa que nos quieren hacer los congresistas» (disponible aquí). En Costa Rica, ante la falta de voluntad política para aprobar el Acuerdo de Escazú, recientemente fue la misma Universidad de Costa Rica (UCR) la que elaboró dos cortos videos, que, en lo personal, se recomiendan: El Acuerdo de Escazú y los defensores del ambiente, disponible en YouTube aquí, y otro video titulado UCCAEP y el Acuerdo de Escazú, disponible aquí.
Nota 3: En efecto, tan pronto conocido el comunicado de una influyente cámara empresarial en Costa Rica en contra del Acuerdo de Escazú en el mes de abril del 2021, se invitó a sus representantes legales a un debate público virtual con dos académicos especialistas en derecho ambiental, al que prefirieron no asistir: véase emisión de Café para tres del medio digital costarricense Delfino.cr con los dos académicos invitados a «debatir» con los ausentes. En mayo del 2021, un segundo intento desde la UCR confirmó la renuencia al debate antes señalada (véase foro en este enlace oficial de la UCR). En junio del 2021, fue esta vez desde el Colegio de Biólogos de Costa Rica que se confirmó, por tercera vez consecutiva, que rehuir el debate es para algunos la manera acordada para defender sus supuestos «argumentos» (véase foro).
Nota 4: Sobre el peculiar caso de Costa Rica, remitimos a nuestros estimables lectores a BOEGLIN N.: «¿Escazú sin Costa Rica? Así como se oye, por más extraño que suene», sección Voz experta, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), 8 de mayo del 2021, disponible aquí; así como a PEÑA CHACÓN M., «Desmitificando el Acuerdo de Escazú», Derecho al día, edición del 28 de noviembre del 2020, disponible aquí. En el caso de Chile, véase DURAN V. & NALEGACH C., «¿Por qué Chile debe adherir al Acuerdo de Escazú?», Perspectivas del Centro de Derecho Ambiental, número 2, noviembre 2020, disponible aquí.
Nicolas Boeglin Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica
En octubre la FAO realizó una gira a territorios indígenas de la zona sur: China Kichá en Pérez Zeledón; Cabagra, Salitre, Térraba, Boruca y Rey Curré en Buenos Aires. (Foto: Maikol Sosa).
Pueblos indígenas
Por Fabiola Pomareda García
Solicitan a Casa Presidencial, al Poder Judicial, a la Asamblea Legislativa y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que no se dejen impunes los asesinatos de los líderes Sergio Rojas Ortiz y Jehry Rivera Rivera.
Escritores, académicos, activistas, teólogas, artistas, economistas y estudiantes firmaron una declaratoria de solidaridad visibilizando la lucha de las personas indígenas en el marco del Bicentenario.
El documento y las firmas recolectadas serán enviadas a Casa Presidencial, a la Asamblea Legislativa, a la Corte Suprema de Justicia y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, informó la docente Isabel Ducca, de la organización Confluencia Solidaria, que tuvo la iniciativa junto con el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL).
Según destacan en el documento, la independencia de España, cuyo bicentenario se ha celebrado este año, “no condujo, lamentablemente, al cese del saqueo y del irrespeto a la cultura y la espiritualidad de los pueblos indígenas”.
“A lo largo de estos dos siglos, se han mantenido el racismo, la discriminación y la violación de sus derechos”, señalan.
“Hoy, en nuestro país, persiste la indolencia por parte de los poderes del Estado para brindarles protección ante las vejaciones y amenazas de muerte de las que son víctimas. Incluso, se ha pretendido dejar impunes los asesinatos de los líderes Sergio Rojas Ortiz y Jehry Rivera Rivera. Tampoco se les reconoce el derecho a sus tierras y, más bien, se protege a quienes las han usurpado”, señalan las personas firmantes.
Entre las organizaciones que respaldan el documento están colectivos de España, Honduras, Guatemala, Argentina y entre las personas firmantes hay escritoras, docentes y estudiantes universitarios, activistas, economistas, músicos, agrónomos, personas jubiladas y comunicadores.
También criticaron que contrasta el discurso de país ecológico que tiene el Gobierno “con el desamparo hacia los principales protectores del medio ambiente: los pueblos originarios” y que se contrapone un discurso de país defensor de Derechos Humanos con los asesinatos de líderes sociales y la impunidad de estos.
Según se lee en la petición, “como parte del Bicentenario de la Independencia de Costa Rica, queremos levantar una declaratoria a favor de los pueblos originarios para visibilizar, de distintas formas y métodos, su identidad y su gesta tan negada, oculta o tergiversada por la institucionalidad y la cultura oficial”.
Y en esta hacen un llamado “a que el Estado reconozca la autonomía de los pueblos indígenas, para que, en el futuro, Costa Rica no tenga que avergonzarse por la violación de los derechos humanos de los pueblos originarios ni de ningún otro grupo humano”.
Confluencia Solidaria se define como «un espacio colectivo abierto para los sectores sociales, las organizaciones y las personas que, desde una pluralidad de perspectivas, quieran aportar a la construcción de propuestas cuyo objetivo sea la construcción de una sociedad justa, digna y solidaria, centrada en la búsqueda del bien común».
