Desde el Trabajo Comunal Universitario denominado “Dialogando el Presente” de la Escuela de Ciencias Políticas de la UCR, se invita al lanzamiento de la revista “Apoyo al Voto Informado”, la cual es un proyecto que pretende dar insumos de calidad a la ciudadanía para ayudarla en este reto tan importante que afrontaremos el próximo 6 de febrero.
En esta primera edición, encontrará todo lo relacionado con la política macroeconómica de los planes de gobierno, así como posibles soluciones y acciones dirigidas a mejorar las finanzas públicas y la problemática fiscal que enfrenta nuestro país. Informes al correo: dialogando.el.presente@gmail.com
La Universidad Técnica Nacional y Diócesis de Alajuela invitan al conversatorio político: “Por la esperanza de una mejor Costa Rica”, este jueves 20 de enero a las 7 p.m. Participan:
Nelly López: presidenta del Idespo
Hernán Alvarado: catedrático jubilado de la Universidad Nacional, sociólogo y economista con formación en psicoanálisis
Luis Fernando Astorga Gatjens: periodista y educador, especialista en derechos humanos, desarrollo inclusivo y discapacidad
Monseñor Ángel Sancasimiro Fernández: Obispo emérito de la Diócesis de Alajuela
Este conversatorio será transmitido por medio de la página de Facebook de la Diócesis de Alajuela o la página oficial de la UTN.
Las organizaciones UNDECA, BUSSCO y FSM compartieron con SURCOS una nota en la cual se señala que, la posición de la Organización Mundial de la Salud es que, para acabar con la pandemia, es necesario acabar con la desigualdad. La OMS también recordó que, no se podrá terminar con la fase aguda de la pandemia si se mantiene la desigualdad en el acceso a las vacunas. El 85 % de las personas en África todavía no han recibido una sola dosis y todavía se ve incierto el objetivo de que para mediados de este año, el 70 % de la población de cada país esté completamente vacunada. Noventa países no han alcanzado, siquiera, el objetivo de 40 % de su población vacunada y 36 de ellos han vacunado a menos del 10 %.
El Sindicato de Funcionarios Públicos y Privados de Costa Rica (SIFUPCR) llama a los trabajadores y trabajadoras de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), trabajadores del sector público y privado a castigar con nuestro voto al partido político Liberación Nacional (PLN) y a todo partido político que impulse iniciativas como la de la diputada Yorleni León Marchena de la fracción parlamentaria: Partido Liberación Nacional. Esto debido a la propuesta de la diputada Yorleni de cerrar el fondo de retiro especial para pensiones. En el siguiente enlace se puede encontrar una descripción de las motivaciones a cargo del dirigente sindical del SIFUPCR.
El pasado 6 de enero del 2022, según se indica oficialmente por parte del Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionista Extranjero y Estado (CIADI), se constituyó un Comité Ad Hoc para examinar la solicitud presentada por la empresa minera Infinito Gold (de Canadá) de anular la decisión anterior, dada a conocer por el CIADI en junio del 2021, y bastante favorable a Costa Rica.
Se trata de un nuevo episodio, en la larga polémica que ha generado el proyecto minero de esta empresa minera canadiense en Costa Rica; la cual se enmarca en una lectura bastante peculiar que hacen algunos tribunales arbitrales del CIADI sobre los alcances de las regulaciones ambientales, y que salió recientemente a relucir en el caso de una demanda presentada por una empresa minera (también canadiense) contra Colombia (Nota 1): un Estado que hoy es es el segundo con mayor cantidad de demandas ante el CIADI y que, a diferencia de los demás Estados de América Latina, había logrado hasta el año 2016 evitar ser demandado manteniendo una legislación muy restrictiva con relación a la posibilidad para un inversionista extranjero de recurrir al arbitraje internacional (Nota 2).
El proyecto minero de Crucitas: breve puesta en contexto
Como se recordará, este proyecto minero ubicado en Las Crucitas fue declarado sorpresivamente (y de manera inconsulta) de «conveniencia nacional» por el Poder Ejecutivo costarricense en octubre del 2008: a raíz de varias decisiones de la justicia costarricense declarando ilegal este proyecto en el 2010 y el 2011, la empresa minera canadiense Infinito Gold presentó una demanda contra Costa Rica ante el CIADI en febrero del 2014, la cual fue rechazada después de un largo proceso en junio del 2021.
El documental “El Oro de los Tontos” realizado en 2011 desde la Universidad de Costa Rica (UCR) – véase enlace en You Tube – permite tener una idea del nivel de ocurrencias gubernamentales y de profunda indignación que este proyecto minero suscitó en la sociedad costarricense a partir de octubre de 2008. En particular para quiénes, desde fuera, asocian a Costa Rica con la imagen de un país ecológico y lo consideran como un líder indiscutible en materia ambiental: de alguna manera, Crucitas vino a delatar al mundo la faz oscura de la Costa Rica verde, al tiempo que tres valientes jueces detectaron inusitadas anomalías proviniendo de las más altas esferas del poder, que calificaron de “concurrencia u orquestación de voluntades para llevar adelante, de cualquier manera, este proyecto minero” (Nota 3). Es la primera vez en la historia judicial costarricense que un tribunal refiere a una «orquestación de voluntades«.
En su larga decisión del 3 de junio del 2021, se leyó (párrafo 799) que el tribunal arbitral del CIADI:
«c. DECLARA que, al sancionar la Prohibición Legislativa de la Minería de 2011 e implementarla por medio de la Resolución del MINAET de 2012, la Demandada ha incumplido su obligación en virtud del Artículo II(2)(a) del TBI de otorgar a las inversiones de la Demandante un trato justo y equitativo; d. DETERMINA que no puede otorgar compensación por daños por este incumplimiento«.
Es de notar que la demanda contra Costa Rica fue presentada ante el CIADI unos pocos días después del resultado de las elecciones (2 de febrero) (véase texto con fecha del 6 de febrero del 2014): a la fecha, no se ha dado explicación alguna sobre esta interesante espera de la empresa minera canadiense, que pudo acudir al CIADI desde mucho tiempo antes.
La solicitud de anulación prevista
La solicitud de anular un laudo arbitral de un tribunal del CIADI es un procedimiento previsto en los artículos 52 a 55 del instrumento internacional que estableció el CIADI en 1965, abierta tanto al Estado como al inversionista extranjero. El artículo 52 de la Convención que crea el CIADI, también conocida como Convención de Washington de 1965 (véase texto completo en español), establece que:
«Artículo 52:
(1) Cualquiera de las partes podrá solicitar la anulación del laudo mediante escrito dirigido al Secretario General fundado en una o más de las siguientes causas: (a) que el Tribunal se hubiere constituido incorrectamente; (b) que el Tribunal se hubiere extralimitado manifiestamente en sus facultades; (c) que hubiere habido corrupción de algún miembro del Tribunal; (d) que hubiere quebrantamiento grave de una norma de procedimiento; o (e) que no se hubieren expresado en el laudo los motivos en que se funde.
(2) Las solicitudes deberán presentarse dentro de los 120 días a contar desde la fecha de dictarse el laudo. Si la causa alegada fuese la prevista en la letra (c) del apartado (1) de este Artículo, el referido plazo de 120 días comenzará a computarse desde el descubrimiento del hecho pero, en todo caso, la solicitud deberá presentarse dentro de los tres años siguientes a la fecha de dictarse el laudo.
(3) Al recibo de la petición, el Presidente procederá a la inmediata constitución de una Comisión ad hoc integrada por tres personas seleccionadas de la Lista de Arbitros. Ninguno de los miembros de la Comisión podrá haber pertenecido al Tribunal que dictó el laudo, ni ser de la misma nacionalidad que cualquiera de los miembros de dicho Tribunal; no podrá tener la nacionalidad del Estado que sea parte en la diferencia ni la del Estado a que pertenezca el nacional que también sea parte en ella, ni haber sido designado para integrar la Lista de Arbitros por cualquiera de aquellos Estados ni haber actuado como conciliador en la misma diferencia. Esta Comisión tendrá facultad para resolver sobre la anulación total o parcial del laudo por alguna de las causas enumeradas en el apartado (1)«.
Foto de manifestaciones contra el proyecto minero de Crucitas en Costa Rica, extraída de artículo titulado «Canadian groups tell gold company to ‘stop harassing’ Costa Ricans» (Bilaterals.org., edición del 17/04/2013).
Según la información proporcionada por el CIADI (véase enlace), la solicitud de nulidad fue registrada formalmente por la empresa minera al CIADI el 18 de octubre del 2021. Al parecer, el equipo de asesores legales de la empresa minera se tomó un extenso tiempo de reflexión, y por alguna razón (que sería de sumo interés conocer), optó por presentar formalmente la solicitud de nulidad vencido el plazo de 120 días estipulado.
Pese a este pequeño detalle, el Comité Ad Hoc quedó conformado por tres integrantes y así anunciado oficialmente el pasado 6 de enero del 2022 por el CIADI: un paraguayo (véase hoja de vida y experiencia en el CIADI), una española (véasehoja de vida y experiencia en el CIADI), y un tercer miembro (que funjirá como presidente del Comité) de nacionalidad norteamericana (véase hoja de vida y experiencia como árbitro).
Según la escasa información oficial destinada al público que ofrece el CIADI sobre esta demanda contra Costa Rica (una situación que no debe sorprender y que se extiende a las demás demandas registradas en el CIADI), no se tiene acceso a la solicitud de nulidad presentada por la empresa minera canadiense ni se conoce su fundamentación. No obstante, un artículo recientemente publicado indica que algunos en Costa Rica sí han tenido acceso a información al respecto (véase artículo publicado en La Revista.cr, con fecha del 21/12/2021).
A modo de conclusión
Más allá de la poca transparencia del CIADI que llevó, conjuntamente con otras razones, a tres Estados de América Latina a denunciar la Convención de 1965 – Bolivia en el 2007, Ecuador en el 2009 (Nota 4) y Venezuela en el 2012 -, el recelo de información también se ha verificado en el caso de Crucitas desde las mismas instituciones estatales costarricenses, y persiste hasta la fecha. Cuando analizamos el contenido de la decisión favorable a Costa Rica (véase texto oficial en inglés y en español) dada a conocer en junio del 2021, nuestra breve nota se tituló precisamente: «Infinito Gold contra Costa Rica: nuevo fracaso de minera canadiense al tiempo que persisten secretos en Costa Rica«.
Esta solicitud de anulación presentada por Infinito Gold se resolverá dentro de unos años, dependiendo del grado de complejidad que presente para los tres integrantes del Comité (Nota 5). Se viene a añadir a tres demandas pendientes que tiene Costa Rica en su contra registradas en el CIADI: una presentada en el 2013 (véase información disponible), una en el 2020 (véase información) y una en el 2021 (véase información y breve nota publicada en el sitio especializado de CiarGlobal).
Actualmente en América Latina, Perú es el Estado con mayor número de demandas registradas en su contra ante el CIADI (con 22 demandas pendientes de resolución), seguido por Colombia (13), Venezuela (13), México (10), Panamá (7), Argentina (6), Guatemala (5), Chile (2), Nicaragua (2), República Dominicana (2) mientras que Bolivia, El Salvador y Honduras registran una sola en su contra (al tiempo que Ecuador no registra ninguna). Como bien se sabe, Brasil, principal receptor de inversión extranjera en América Latina, nunca ratificó (ni tan siquiera firmó) la Convención de Washington de 1965: tampoco ha ratificado uno solo de los tratados bilaterales de inversión (más conocidos como TBI) que ha suscrito (Nota 6).
— Notas —
Nota 1: En su decisión en el caso de la minera Eco Oro (véase laudo arbitral de septiembre del 2021), las regulaciones ambientales de Colombia para resguardar los páramos colombianos no se consideran como reglas que no impidan una debida compensación al inversionista. Sobre esta peligrosa interpretación que hicieron dos árbitros (de los tres que integraron el tribunal), véase comunicado conjunto de varias organizaciones ecologistas colombianas publicada en el sitio especializado de CiarGlobal). Así como BENTON HEATH J., «Eco Oro y el ocaso del excepcionalismo de políticas«, edición del 20/12/2021, IISD, disponible aquí y, este artículo escrito antes de conocerse la decisión del CIADI, GUZMÁN JIMENEZ L.F., «El arbitraje de inversión en asuntos ambientales. Una mirada al asunto Eco Oro Minerals Corp. v. Colombia-Páramo de Santurbán«, 29/07/2020, Departamento de Derecho al Medio Ambiente, Universidad Externado de Colombia, disponible aquí. En su opinión separada adjunta al laudo, y cuya lectura se recomienda, el árbitro designado por Colombia, Philippe Sands, sostiene que: «33. In the age of climate change and significant loss of biological diversity, it is clear that society finds itself in a state of transition. The law – including international law – must take account of that state of transition, which gives rise to numerous uncertainties. Adjudicators – judges and arbitrators – recognise the need to proceed with caution at a time of transition and uncertainty. Indeed, the precautionary principle has been developed to assist in the taking of decisions in times of uncertainty, and the Tribunal has correctly determined that the application of the precautionary principle – treated as being applicable as a rule of law in accordance with Article 832 of the FTA – to this case has contributed to the conclusion that there has been no actionable violation of Article 811 of the FTA. Yet in respect of Article 805, it seems that precaution has no place for the Majority«.
Nota 2: Cabe mencionar que en el caso de Colombia, una nota preparada por la Embajada de Estados Unidos en Bogotá de mayo del 2011 destinada a las empresas norteamericanas interesadas en invertir en Colombia, reconocía la gran dificultad que presentaba para el inversionista extranjero la legislación colombiana (al restringir la posibilidad de acudir a un arbitraje internacional), pero informaba que la suscripción de tratados de libre comercio (FTA en inglés) y tratados bilaterales de inversión (BIT) por parte de Colombia podría cambiar paulatinamente la situación. En la nota antes referida se lee textualmente que: “Since Colombia has become party to FTAs and multilateral and bilateral investment treaties, the number of international investment arbitration cases between investors and State entities will increase. These arbitration processes may help to change Colombian case law because FTAs, BITs and multilateral investment treaties empower arbitration tribunals to decide cases related to breach of treaty standards of investment protection”. Sobre la dificultades encontradas para las empresas norteamericanas, véase STRONG S.I., «International arbitration and the Republic of Colombia: commercial, comparative and constitutional concerns from A U.S. perspective«, Vol. 22, Duke Journal of Comparative and International Law (2011), pp. 47-107: texto integral disponible aquí. Desde el 2016, Colombia acumula 17 demandas en su contra en el CIADI, de las cuales 13 están pendientes de resolución.
Nota 3: Según los tres jueces costarricenses del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA), en el párrafo XL de su sentencia de 14 de diciembre de 2010, se lee que: “En relación con este punto, es necesario indicar que en el presente caso ocurre algo excepcional y es que las distintas ilegalidades detectadas y las nulidades declaradas, son todas coincidentes en el sentido de que tendían a la aprobación del proyecto minero Crucitas y varias de ellas se dictaron estando vigente un decreto ejecutivo de moratoria de la minería metálica de oro a cielo abierto, todo lo cual hace viable pensar como posible una eventual concurrencia u orquestación de voluntades para llevar adelante, de cualquier manera, este proyecto minero”
Nota 4: En el caso de Ecuador, sus actuales autoridades, electas en febrero del 2021, decidieron volver precipitadamente a firmar y a ratificar la Convención de 1965: en efecto, la toma de posesión de las nuevas autoridades el 26 de mayo del 2021 fue seguida de la firma de la Convención de 1965, el 21 de junio, y su ratificación el 4 de agosto del 2021 (véase estado oficial de y firma y ratificación). Se trata posiblemente de la ratificación más expédita de esta Convención por parte de nuevas autoridades electas de un Estado registrada en la historia del CIADI. Nótese que el precitado estado oficial de firmas y ratificaciones de la Convención de 1965 del CIADI omite por completo indicar que Ecuador, al igual que Bolivia y Venezuela denunciaron dicha convención. Años antes del 2021, Ecuador había explorado activamente con la UNASUR nuevas vías regionales para el arbitraje de inversión, ante la creciente desconfianza generada por el CIADI: véase al respecto GRANT K., » ICSID’s reinforcement?: UNASUR and the rise of a hybrid regime for international investment arbitration«, Vol. 52, Osgoode Hall Law Journal (2015), pp.1115-1149, artículo disponible aquí.
Nota 5: En el caso Glencore International (consorcio minero suizo) contra Colombia (véase detalle del procedimiento), la solicitud de anulación fue presentada por Colombia en marzo del 2020 y fue rechazada en septiembre del 2021 (véase decisión del 21 de septiembre del 2021). En el caso de Occidental Petroleum et alii (consorcio norteamericano) contra Ecuador (véase detalle del procedimiento), la solicitud de anulación fue presentada por Ecuador en octubre del 2012 y parcialmente aceptada en noviembre del 2015 (véase decisión del 2 de noviembre del 2015).
Nota 6: Los diferentes TBI suscritos por Brasil en los años 90 pueden ser consultados en este enlace.
(*)El presente texto fue elaborado por Nicolás Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Juan Carlos Duran Castro, dirigente sindical, SIFUOCR
Por este medio se informa que actualmente el Hospital San Juan de Dios mantiene un recargo de funciones, esto debido a que hay una tasa de contagios sumamente agresiva lo que ha elevado la tasa de incapacitaciones, esto resulta particularmente preocupante ya que podría afectar e ir en detrimento de la salud de los pacientes y el servicio que se les brinde. En atención a la situación sanitaria actual que enfrentamos el Movimiento por la salud y la Libertad y del Consejo Asesor Médico-Científico Médicos por la Libertad, tomando en cuenta la necesidad de acceso a profesionales éticos para apoyar a la población con su salud y bienestar con respecto de patologías crónicas preexistentes y, por otro lado de cara al llamado Sars-Cov-2, así como los efectos adversos que las inoculaciones podrían ocasionar, hemos decidido crear un Directorio Médico de profesionales de la salud para que ustedes puedan acercarse a ellos para solicitar una valoración de su condición de salud y evacuar dudas con respecto de las inoculaciones desde el punto de vista médico.
Con respecto a la elaboración de dictámenes médicos, les informamos que esto está sujeto al criterio del médico que valora en la consulta al paciente y podrían requerirse exámenes de laboratorio y/o la presentación del expediente médico para una valoración del historial clínico del paciente. Así mismo, queremos informarle a toda la ciudadanía, que de acuerdo con lo señalado por la Dra. Jaqueline Aguilar Marín, en su calidad de Fiscal Auxiliar del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, en el oficio del FJG-1728-2021, del 06 de octubre del 2021, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7, inciso a), del Decreto Ejecutivo No. 39609-S así como lo que dispone la Ley General de Salud de nuestro país, todo médico debidamente acreditado cuenta con fe pública, por lo que en caso de ser necesario emitir un dictamen, este se constituye en un documento debidamente legitimado de acuerdo con la normativa existente actualmente, independientemente de si es realizado por un médico que atienda de manera privada o en alguna institución del Estado.
Además, deseamos recordarles que la mejor manera de prevenir enfermedades es manteniendo un estilo de vida saludable y activo. Por ello, les recomendamos evitar el uso de artículos que impidan una respiración libre, comer saludable y balanceadamente, incorporando una variedad de carbohidratos saludables (de bajo índice glicémico) como vegetales, verduras, legumbres, frutas; suficiente proteína (preferiblemente magra); grasas saludables como aguacate, semillas, aceite de oliva y evitando frituras; así como tomar una adecuada cantidad de agua y realizar -al menos- 30 minutos de ejercicio físico diario.
Esperamos que esta información sea de utilidad para toda la ciudadanía y les deseamos una vida saludable y balanceada. Les enviamos un abrazo de parte del Movimiento por la Salud y La Libertad y del Consejo Asesor Médico-Científico Médicos por la Libertad. A continuación el comunicado completo y el directorio de consulta médica- Médicos por la Libertad
Si usted después de haber escuchado, leído u observado las propuestas de los 25 partidos políticos que luchan por la Presidencia de la República 2022-2026 en diferentes formatos tiene muchas dudas sobre cómo cumplirán con sus promesas, o de dónde sacarán los recursos financieros para hacer lo que anuncian, o si tras de ver debates, leer planes de gobierno o ver anuncios sigue sin comprender bien las implicaciones ocultas en lo que ofrecen, no se preocupe.
Desde el Trabajo Comunal Universitario (TCU) Dialogando el Presente de la Universidad de Costa Rica, surge la revista Voto informado con apoyo de la plataforma UCR Electoral. Dicha revista abordará las propuestas contenidas en los planes de gobierno de las 25 personas postuladas para concursar por la Presidencia del país en ocho ejes temáticos: 1) política económica, reactivación económica, empleo y pobreza, 2) arte, cultura, deporte y recreación, 3) reformas al Estado, instituciones públicas, 4) transparencia y corrupción, 5) ordenamiento territorial, 6) educación, ciencia y tecnología, 7) Ambiente y 8) seguridad y salud. Pese a ello, tendrá nueve ediciones, ya que el primer eje temático se publicará en dos partes, donde en la primera se abordarán las políticas económicas, y en la segunda la reactivación económica, el empleo y la pobreza.
Además de presentar las propuestas en un lenguaje de fácil comprensión, se presenta el contexto, la metodología, de dónde se obtendrá el financiamiento para realizar lo expuesto en dichos planes, y su fundamentación legal, económica, jurídica, ambiental o de otra índole que la haga viable y posible, siendo así que se dejan por fuera del análisis aquellas propuestas que no son concretas en esos parámetros.
La coordinadora del TCU de marras y docente de la escuela de Ciencias Políticas, Rebeca Gu Navarro, detalló cómo fue todo el proceso de trabajo con el estudiantado en medio de una modalidad virtual exigida por el contexto sanitario actual. «Desde el TCU trabajamos desde el proceso socioeducativo con apoyo a la política, se trabajó con los estudiantes con el fin de sacar un producto, finalizando el año junto con un grupo de estudiantes sacamos un grupo de ejes temáticos y cada quien se repartió las propuestas de un partido político por eje temático».
Para Gu Navarro todo producto que ayudase a enriquecer la iniciativa y que aportase insumos era válido «Desde el año pasado el grupo de estudiantes fue sintetizar la información, luego se habló del formato, se unió la FEUCR (Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica), el proceso ha sido trabajo en línea, con discusión, comunicación, complemento con otros productos como los debates, los Diálogos desde los territorios, los conversatorios…Acá hemos hecho alianza con el CIEP, teníamos otra iniciativa como Diálogos Territoriales, todo giraba cómo pensar la política desde la ciudadanía y no desde los escenarios tradicionales. Le hemos venido dando seguimiento al trabajo, hay un compromiso, no sustituye los planes pero sí condensa con el criterio operativo, cómo, de dónde se iban a obtener los recursos, y cuál iba a ser el procedimiento, así como un criterio de viabilidad».
Finalmente Gu Navarro negó que durante el proceso se hubiera llamado a los partidos para evacuar ninguna duda sobre los planes de gobierno, ya que para ella los documentos debían ser lo suficientemente comprensibles por sí mismos como para que no quedara más que resumir lo propuesto.
Usted puede presenciar el lanzamiento de la iniciativa por el Facebook Live de la FEUCR a partir de este viernes a las 11:30 am, o puede sintonizar las transmisiones de lanzamiento de las siguientes ediciones los lunes, miércoles y viernes hasta el 2 de febrero. Puede consultar los ejemplares disponibles en el sitio https://linktr.ee/VotoInformadoUCR
Sergio Rojas Peralta, docente de la Escuela de Filosofía e investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas
Foto: Anel Kenjekeeva, UCR.
Se carece de un proyecto común, lo cual es un problema de la clase política, pero también de la ciudadanía en general
Nos invaden candidaturas llenas de una cierta arrogancia de poder resolver los problemas, sin haber explicado tan siquiera en qué consisten
Las elecciones se avecinan. Con mucha prisa y poco debate. Precipitados y precipitadas sobre la elección, vemos cómo candidatos y candidatas balbucean sus ideas. Sí, las balbucean, mejor o peor según los casos, pero lo que hacen es balbucear, si no simplemente expresar una letanía de desgracias que no comprenden ni entienden cómo afrontar. La política nacional ha consistido en los últimos decenios en predicar abstractamente un cambio. El problema de la abstracción radica en imaginar un futuro mejor, desearlo, pero nunca decir cómo se alcanza ese futuro. Incluso cuando se indican unas ciertas políticas que señalan la descarga económica de la ciudadanía, no se indica nunca las consecuencias negativas que implican esas políticas: gastar más y suprimir impuestos es genial, pero ¿cómo?; privatizar todo, como si todos y todas tuviésemos espíritu empresarial –como si el hecho de convertirnos en comerciantes a todas y todos resolviera el asunto-, y un largo etcétera. Veinticinco propuestas para estar mejor: claro, ¿quién no desea estar mejor? Pero eso no basta. ¿Qué es entonces necesario?
Viendo los perfiles de quienes se postulan a la presidencia o a una diputación, sale a la vista que dentro de los primeros, primeras, la mayoría ha ocupado como mucho un puesto de diputación. Y dentro de los segundos, si no se formulan como repitentes para una diputación, no han ocupado cargo público alguno. ¿Cuántos y cuántas conocen las complicaciones y dificultades de la administración pública desde dentro? ¿Quiénes saben que deben lidiar con una clase funcionaria que no es electa y que está siempre ahí y que el cambio les mortifica –por decirlo claramente-? Cuando se estudia los perfiles presentados ante el Tribunal Supremo de Elecciones, se ve que la mayoría no ha ocupado un cargo público. ¿Qué significa esto?
Hay por lo menos un optimismo ingenuo según el cual llegar a presidente o presidenta, a diputado o diputada resuelve las cosas. Pero parece que esto significa varias cosas.
Primero, nos encontramos la idea muy acentuada y extendida según la cual ocupar los puestos superiores resuelven las cosas. Resuelven las cosas como si los mandos intermedios o incluso las bases (hablo de las instituciones, no de los partidos) no pudiesen, no quisiesen intervenir u oponerse según sus conveniencias, ¿acaso la conveniencia de cada uno no sea defendida? Parecen nuevos.
Segundo, nos encontramos la creencia igualmente extendida que los problemas se resuelven haciendo leyes. Promulgar más leyes, además del batiburrillo administrativo que produce, no significa nada, si no va acompañado de un cambio cultural en la administración y en la ciudadanía. Si hay corrupción, se prefiere hacer más leyes que aplicar las leyes –sobre al interno de las instituciones-. Estudiado está el hecho de que la ley por sí misma no cambia las cosas. Alguien la debe ejecutar y parece que el problema no radica que en tengamos malas leyes o una mala constitución –lo cual además académicamente no ha sido demostrado-, sino en que no parece que estemos dispuestos a aplicarlas o, incluso diría, a someternos a ellas. Dicho así, no sé por qué ser libertarios o por qué ser anarquistas, si en el país parece cada cual hace como le parece sin mirar a quién, sin mirar la ley.
Tercero, muy en consonancia con el primer punto, que por una reputación o una genialidad, se trataría de las personas candidatas de personas superiores –muy a pesar de ver que sus cualificaciones dejan mucho que desear, no ya del conocimiento que puedan tener de la cosa pública, sino del simple hecho de saber expresarse oralmente en público, unos más, otros menos-. Nos invaden candidaturas llenas de una cierta arrogancia de poder resolver los problemas, sin haber explicado tan siquiera en qué consisten, menos aún de los métodos… Caídos del cielo, estas potencias angélicas –y además parece que entre los y las votantes se espera a un ángel o a una santa o algo similar para ocupar los cargos- nos vienen a iluminar. Prefiero al viejo y pobre Diógenes que provocadoramente busca de día con su lámpara en mano a alguien honesto. Resulta curioso que pocas personas candidatas hayan sido regidoras, concejales o alcaldes, antes de aspirar a puestos de presidencia o diputación. Sin mencionar el hecho según el cual, les da la impresión de que pueden hacer o proponer lo que les venga a la mente. La presidencia o una diputación tienen el inconveniente –agravante, se podría agregar- de poder proponer más o menos cualquier cosa, lo cual no ocurre con los otros puestos o puestos inferiores a esos. Esto subraya el desconocimiento de la cosa pública por parte de las personas candidatas.
Al margen de las cosas estructurales, que son ya muchas y muy graves, nos encontramos con el hecho de ver candidaturas oportunistas. Es parte de la naturaleza humana. Las pruebas Faro no nos inmunizarán contra eso, y seguramente no habrá prueba alguna que forme la personalidad y el carácter para evitar soñar despiertos, ni considerar que se tiene la panacea en el botiquín. No bastó que un candidato en los años ochenta se opusiera a que un expresidente intentara lanzarse. No bastó que ese candidato, una vez presidente, no hiciera lo propio para volver, él sí, a lanzarse y, además, con éxito. No bastó ver un candidato perder, hay que verlo volver veinte años después. Y también, nuevamente, otro expresidente. Y todos, llenos de una sabiduría –a veces cuántica, es decir, para el caso, a veces sí, a veces no-, no tienen el reparo de venir a arreglar las cosas que en parte echaron a perder.
Pero no basta con todo ello. Hay aún que escuchar los discursos de izquierda y de derecha como si de la década de los sesenta se tratara y escuchar la perorata de que el sector privado esto y el sector público aquello. Curiosamente, ambos sectores funcionan –perdón por la exageración, quise decir disfuncionan- en el mismo tono. Tanto en uno hay que esperar seis meses para un repuesto –no vaya a ser que las bodegas se llenen- como seis meses para ser operado. Exagero, pueden ser más meses evidentemente. El problema del país es la cultura institucional y nuestras candidatas y candidatos, a la presidencia o a las diputaciones solo juegan con sus puestos, con sus oportunidades, pero no parecen plantear nada serio con lo cual trabajar.
La democracia está fundada sobre una apuesta sobre los cargos elegibles. O al azar –cosa que en algunas ocasiones los atenienses de la Antigüedad estuvieron de acuerdo- o por pocos requisitos –una cierta edad y poco más, como en nuestro caso-. En 2018, acabadas las elecciones, se discutió sobre los requisitos para ocupar el cargo en diputaciones. La democracia no apunta a lo mejor, ni a los méritos, sino a la representatividad. Es problemático, porque evidentemente cualquiera esperaría tener a la persona mejor formada o mejor preparada para ocupar los puestos. Y de hecho, nos preparamos para evaluar las candidaturas según una cierta idea abstracta de lo mejor –la abstracción no es monopolio de los políticos, también forma parte de la construcción del imaginario de quienes votan-. Y entonces, no formulamos legalmente muchos requisitos, pero evaluamos como si cumplieron unos espléndidos pero abstractos requisitos (porque tampoco tenemos una buena medida para medir los “méritos”). Pero esa no es la definición de la democracia; es la de la aristocracia.
En consecuencia, ¿deberíamos resignarnos a los peores? Aristóteles, por muy conservador que fuera –que lo fue-, apuntaba, al contrario de alguna aristocracia, que el gobierno no debía quedar en mano de los mejores –y lejos que estamos, de todas maneras, y habría que discutirlo, porque lo mejor de nuestra ciudadanía no está en las papeletas-, sino en los comunes, entreviendo que en el común hay una inteligencia –hoy diríamos colectiva- que en una cierta consonancia es capaz de atender los problemas. Nuestro problema radica en que en los últimos años nos hemos dedicado a producir disonancias, polarización, en lugar de ser capaces de dialogar. Esto se confirma por la cantidad de candidatas y candidatos. Al mismo tiempo, las propuestas de quienes se postulan son abstractas, simples, tal vez simplistas, poco generosas en la exposición y en ese sentido poco planificadas y ambiciosas a largo plazo. Y las personas candidatas entre sí se critican sobre la misma abstracción –ya sabemos que no van a votar por los demás, pero podrían hacer las preguntas que la ciudadanía no tiene oportunidad de hacerles-. Las abstracciones no se combaten con más abstracciones. Además, en algunos casos parecen ignorar el funcionamiento de la administración pública, lo cual hace que las propuestas sean más abstractas aún, al punto que parecen tener que ocupar el cargo para hacerse una mejor idea de lo que hay que hacer (faltaría entonces experiencia).
El conjunto de tantas propuestas, a veces las mismas, complica la labor de los y las votantes. La tarea no es sencilla y está cargada de responsabilidad. ¿Acaso deberíamos terminar votando al azar? ¿Acaso en realidad simplemente no faltan más candidatos, unos cinco millones más, para que el proceso al azar fuera más exacto? ¿O simplemente el voto, aunque no siguiese ese “método” aleatorio, no terminaría siendo al azar incapaces los electores y electoras de ver las diferencias significativas? Si últimamente se ha vuelto cada vez más común pasar a una segunda ronda, quizás no sea simplemente por la cantidad de propuestas que dividen los votos, sino porque de manera natural se instala un modo “selectivo” que responde más al azar que a la preparación de la clase política –si tal clase lo es efectivamente-, a la falta de propuestas concretas y ejecutables, a la falta de un conocimiento suficiente –informado, como dice el TSE-. Tal vez expresen los y las candidatas representativamente las diferencias, pero muestra la carencia de un proyecto común. Y esto es tanto un problema de la clase política como de la ciudadanía en general.
Sergio Rojas Peralta, Docente de la Escuela de Filosofía e investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas, UCR
El incendio provocado en Yuwi Senaglö amenaza con extenderse a otras recuperaciones
Esta forma de agresión es muy utilizada por finqueros en verano
Martes 18 de enero del 2022. Al ser las 12 medio día un recuperador Cabécar de Yuwi Senaglö divisó el inicio del fuego muy cerca de la casa donde se mantiene atrincherado Miguel Vargas, persona no indígena que ocupa ilegalmente parte del Territorio Cabécar de China Kichá, al sur de Costa Rica.
Las llamas se aproximaron al lugar donde habitan las y los recuperadores dentro del terreno recuperado y en horas de la tarde, debido al cambio en la dirección del viento, las llamas se extienden a gran velocidad hacia Kono Jú, otro terreno recuperado en el que hay cultivos por cosechar y viviendas de las familias recuperadoras. El incendio provocado es una forma de agresión física y psicológica utilizada por los finqueros que ocupan ilegalmente parte de los Territorios de los Pueblos Originarios de la zona sur.
Según el «Informe de agresiones y violaciones a los derechos humanos contra los Pueblos Originarios en la zona sur de Costa Rica; enero-diciembre 2020», en ese año fueron provocados 17 incendios en esta zona, poniendo en peligro la vida e integridad física de las y los recuperadores, quemando casas y cultivos y dañando la flora y fauna.
Como es de conocimiento público y ha sido denunciado judicialmente, Miguel Vargas se ha visto involucrado, incitando y participando en varias agresiones contra el Pueblo Cabécar de China Kichá, como en el ataque por una turba del 7 de marzo de 2020.
Reiteramos al Estado de Costa Rica su obligación de garantizar la vida e integridad personal y territorial del Pueblo Cabécar de China Kichá; por lo que debe tomar las medidas preventivas, policiales y judiciales necesarias.
Requerimos la presencia inmediata del Cuerpo de Bomberos para controlar el incendio y evitar daños mayores y que todas las instancias necesarias investiguen su origen y den con los responsables.
También exigimos al Poder Judicial acabar con la impunidad en la que naufragan las múltiples denuncias contra Miguel Vargas y otros finqueros y sus peones que ocupan ilegalmente el Territorio, por todas las agresiones contra el Pueblo Cabecar de China Kichá.
¡Alto a la impunidad!
¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!
El Centro de Estudios Internacionales mantiene una fórmula en la que propone los recursos académicos y un vínculo con el medio que pretende generar un impacto informativo, esto mediante la transformación como un referente de los estudios internacionales en Iberoamérica, siendo un centro de estudios que convoca al mundo académico, público y privado, en torno a las principales temáticas globales y que a su vez, tiene como finalidad ser un polo que genera diálogos, redes e iniciativas en los estudios internacionales, colaborando con la misión de la Universidad en la producción de conocimiento interdisciplinario de frontera y con impacto en la sociedad.
Por lo que el CEIUC invita a leer el siguiente pdf titulado “Riesgo político – América Latina 2022” que contempla 10 temas de alta importancia a considerar para entender los riesgos y desafíos que afronta la región en materia política. Para ello, contempla tópicos como erosión democrática, cambio climático y escasez hídrica, protestas sociales y violencia, crisis migratoria, economías ilícitas, polarización política, inversión extranjera en caída, auge de China y un calendario electoral de América Latina 2022.
En este análisis se abren debates e interrogantes de carácter primordial para el estudio de la región. En la presentación del libro se plantean los riesgos de la pandemia del Covid-19 y sus afectaciones, que en números, ha dejado un tercio de las muertes que han ocurrido en el hemisferio, se destruyeron más de 20 millones de empleos, los niveles de informalidad laboral se dispararon, la desigualdad aumentó y la pobreza se empinó a cerca de un tercio de Latinoamérica. La pandemia también ha sido una oportunidad para que ciertos gobiernos concentren mayor poder y apliquen indebidamente los estados de excepción. Nuevos autoritarismos emergieron en sociedades impacientes, desconfiadas y fuertemente golpeadas por la emergencia sanitaria.
Le invitamos a descargar el siguiente pdf para leer con detalle el estudio.
