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Autor: María José Ferlini Cartín

Observación y acompañamiento electoral en Venezuela

Lic. José A. Amesty R.
18-noviembre-2021

Desde el año 1998 en Venezuela, con el triunfo del comandante Hugo Chávez, se vienen realizando observaciones y acompañamientos electorales en los distintos procesos electorales en Venezuela; ha sido una práctica de la Revolución Bolivariana, hacerse de este mecanismo de observación y acompañamiento.

¿Pero Cuál es la Diferencia entre Observación Nacional y Acompañamiento electoral Internacional?

La distinción entre las dos figuras se encuentra establecido en el artículo 471 del Reglamento General de la Ley Orgánica de los Procesos Electorales LOPRE, al indicar que la observación electoral pasó a ser un derecho reservado únicamente a los venezolanos y organizaciones nacionales de observación electoral, legalmente constituidas, y que soliciten presenciar un evento electoral.

Mientras que acompañamiento electoral internacional electoral se define en su artículo 481 como “aquella instituciones o autoridades electorales de otros Estados, organizaciones u organismos internacionales, así como las instituciones y ciudadanos en general, debidamente acreditados con tal carácter por el Consejo Nacional Electoral (CNE), sea por invitación del propio órgano o por solicitud realizada ante el órgano comicial, en los lapsos y condiciones correspondiente”.

¿Cuál es la Tarea Ideal de los Observadores y Acompañantes en Venezuela?

Velar porque se cumplan todos los requisitos y garantías de limpieza y transparencia exigibles para unos comicios, a saber:

*Libertad de campaña y propaganda de los partidos y candidatos (incluidos los de la oposición); derecho de voto universal, libre, secreto y directo; control de todas esas garantías mediante auditorías de todas las fases del proceso y escrutinio (avaladas por los representantes, testigos e interventores de la oposición, que deben suscribir las actas), y plenas facilidades a los electores para ejercer el voto, incluida la asistencia a los votantes que lo requiriesen.

*Constatar que la oposición cuente con medios y libertad, más que suficientes para desarrollar su campaña, incluyendo el control de grandes medios de comunicación en prensa y televisión.

Cada uno de los colegios electorales debe estar vigilado por un interventor de los partidos opositores.

*Cuidar que los partidos opositores cuenten con testigos (interventores) en todas las mesas electorales y puedan verificar paso a paso la limpieza de cada una de las fases del voto, en un sistema con cinco etapas de ejecución que hacen prácticamente imposible su manipulación:

Control de la identidad comprobada biométricamente mediante verificación informática del documento y de la huella dactilar; Selección electrónica del elegido en una pantalla táctil con la imagen de cada candidato y partido; Impresión del justificante del candidato elegido e inserción de ese voto en urna cerrada y opaca; Segunda verificación del votante mediante firma e impresión de la huella dactilar en el listado del censo; y Auditoría ciudadana final efectuada en la misma noche electoral en el 54% o en el 100% de las mesas, verificando la coincidencia de todos esos controles.

*Vigilar que, en el examen aleatorio de unas 120 mesas electorales, repartidas en diferentes zonas del país, estos observadores deben ser testigos de la plena libertad de los votantes, sin presiones ni proselitismo previo a la hora de votar, así como de la eficaz asistencia prestada por los funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE), para que comprendan plenamente el funcionamiento de las máquinas empleadas y de las distintas fases del voto.

Respetando al mismo tiempo el secreto absoluto de su elección, que es imposible de apreciar tras la pantalla/biombo instalada a tal efecto. Las personas (familiares o voluntarios) que asistan a ancianos o discapacitados sólo podían hacerlo para una sola persona.

Un proceso totalmente informatizado y contrastado por cuatro controles manuales y biométricos, además de una auditoría final con múltiples testigos.

*Custodiar que el proceso esté totalmente informatizado y la seguridad de las transmisiones encriptadas hacia la sede central del CNE, además de confirmar en todos los casos por la posterior verificación manual (ante testigos de todos los partidos y en un procedimiento presencial al que pueden asistir todos los votantes que lo deseen), de la coincidencia entre los datos aportados al sistema informático, los controles biométricos y las papeletas impresas depositadas en la urna.

*Prever que, por supuesto, se produzcan incidentes, como la apertura tardía de algunas mesas por el retraso en llegar de los integrantes, averías iniciales de algunas máquinas (y que los operadores deben resolver en plazos breves) y otros habituales en cualquier consulta electoral. En su conjunto no deben ser más importantes, que los que suelen ocurrir durante una jornada electoral en los países democráticos más avanzados del mundo y que no afecten de ninguna manera los resultados finales de las elecciones.

*Declarar finalmente, en lo posible, que el sistema electoral venezolano es uno de los mejores (si no el mejor) del mundo, incomparablemente más seguro, e invulnerable a toda interferencia, que el que está en práctica actualmente en España y otros países europeos. Por tanto, no entendemos que las autoridades de los países de la UE, además de EEUU, asuman de antemano, sin pruebas ni verificación alguna, las acusaciones de fraude vertidas por la oposición venezolana.

En consecuencia, estos acompañantes del proceso electoral deben manifestar su total confianza en la validez de los resultados ofrecidos por el CNE. También expresar su preocupación ante la irresponsabilidad que supone desautorizarlos.

¿Cuáles han sido y deberían ser algunas organizaciones ideales que deberían llevar a cabo el trabajo de monitoreo electoral en las próximas elecciones?

La Misión de Observación Electoral UE

La misión está conformada por un equipo principal de 11 expertos electorales, con Isabel Santos, miembro del Parlamento Europeo, a la cabeza, y al menos 100 observadores que harán el monitoreo a nivel nacional antes y durante el día de la votación

El equipo central evalúa todos los aspectos y etapas del proceso electoral, incluidos los aspectos políticos, electorales, legales, y cuenta con el apoyo de expertos en logística y seguridad.

Específicamente, la misión observará el marco legal y su aplicación; el trabajo de la administración electoral; las actividades de campaña; el papel de las instituciones estatales y la sociedad civil; la cobertura de los medios de comunicación; la votación, el escrutinio y la divulgación de resultados; el entorno en el que se llevan a cabo las elecciones y el proceso de quejas y apelaciones.

Una vez tengan la documentación lista, la MOE-UE emitirá una declaración preliminar dos días después de la votación del 21 de noviembre. Luego, uno o dos meses después del proceso, emitirá un informe detallado con recomendaciones para futuros comicios.

Es la primera vez en 15 años que Venezuela tendrá una delegación de este tipo en unos comicios. La última vez que esto sucedió fue en 2006, durante las elecciones presidenciales en las que el fallecido presidente Hugo Chávez fue reelegido para un segundo periodo.

El Centro Carter

Entre 1998 y 2013, la organización, fundada por el expresidente estadounidense Jimmy Carter, ha participado como observador electoral en Venezuela. El pasado 10 de octubre, tres de sus miembros asistieron como invitados al simulacro electoral que convocó el CNE.

Para el 21 de noviembre, desplegará una misión técnica compuesta por cuatro expertos electorales y dos representantes del Centro Carter. Su llegada está prevista para los primeros días de noviembre.

Debido a su “tamaño y alcance limitado”, la misión “no podrá realizar una evaluación exhaustiva de los procesos de votación, escrutinio y tabulación”. En cambio, se centrará en aspectos clave. Por ejemplo, el marco legal electoral, la libertad de los medios de comunicación, el uso de las redes sociales y la transparencia del CNE en relación al sistema electoral electrónico.

Los expertos también entrevistarán a los actores relevantes para el proceso electoral, incluidos los partidos políticos, el gobierno venezolano, organizaciones de la sociedad civil, entre otros. Su análisis se basará en las obligaciones y normas internacionales de derechos humanos para las elecciones democráticas.

Días después de la jornada electoral, el Centro Carter publicará un informe preliminar y, dos meses después, otro final “más detallado”, según anunció en un comunicado.

Un Panel de expertos de la ONU

La ONU tiene tres tipos de mecanismos para ayuda electoral: asistencia técnica, observación y organización y observación del proceso comicial. En el caso de Venezuela se trata de la última. Como el equipo solo contará con tres expertos, su labor será más limitada.

A partir de noviembre, el panel de la ONU seguirá el proceso electoral, enfocándose en lo cualitativo y no en lo cuantitativo, con especialistas en áreas como soporte, apoyo logístico, comunicación, análisis de campo, entre otros. Revisarán aspectos como el manejo de la campaña, utilización de recursos públicos y equilibrio en los medios de comunicación.

A diferencia de la MOE-EU, no ofrecerá declaraciones públicas, pues le proporcionará al secretario general, Antonio Guterrés, un informe independiente e interno sobre el desarrollo general de las elecciones.

El Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela)

El organismo regional ha acompañado los procesos electorales venezolanos desde 2004, recibiendo críticas por, supuestamente, tener preferencias con el oficialismo.

En esta oportunidad, su misión estará integrada por especialistas electorales, entre los que se cuentan expresidentes, ex vicepresidentes y magistrados de organismos electorales.

El CEELA está autorizado para presenciar cada una de las etapas del proceso electoral. También puede participar en las auditorías practicadas a los distintos componentes del sistema automatizado de votación.

Asimismo, puede asistir a los centros de votación y presenciar el ejercicio del derecho al sufragio por la ciudadanía, con el fin de verificar la transparencia y confiabilidad de las elecciones.

Al final del proceso electoral, el CEELA entregará un informe a las autoridades del CNE con los detalles encontrados, las conclusiones y recomendaciones pertinentes.

El Parlamento Europeo

La delegación parlamentaria también estará liderada por la diputada portuguesa Isabel Santos y contará con 12 integrantes políticos: tres populares, tres socialistas, dos liberales y un miembro de los verdes, la izquierda, los conservadores y la ultraderecha, respectivamente.

“No debe ser considerada dentro de la misma categoría que la MOE-UE, porque, en principio, son personas con afiliaciones políticas. No vienen a hacer un trabajo técnico, sino a ver un poco el ambiente electoral y, desde el punto de vista político, tener una visión de lo que ocurre en el país”, explicó Humberto Rojas, miembro de la Red de Observación Electoral de Asamblea de Educación.

*Y en el ámbito nacional, el CNE autorizó el pasado 7 de octubre a seis organizaciones nacionales para la observación electoral. Ellas son: Proyecto Social; Red de Observación Electoral Asamblea de Educación (ROAE); Asociación Venezolana de Juristas; Observatorio Electoral Venezolano (OEV); Fundación por un Pueblo Digno; Centro Internacionales de Estudios Superiores.

Veamos un ejemplo reciente, las elecciones en la Republica de Nicaragua, y los Observadores:

¿Quiénes son los observadores y qué pueden hacer?

Dos Niveles de Observación

El primer nivel de observación es el de los observadores oficiales, que son la ONU y la OEA, organizaciones que tienen el respaldo y la autorización de los presidentes centroamericanos. Carácter oficial tiene también el Consejo de Jefes de Estado Libremente Elegidos, encabezado por el ex-presidente de los Estados Unidos Jimmy Carter. La ONU y la OEA firmaron un acuerdo con el gobierno de Nicaragua, comprometiéndose a enviar informes periódicos al CSE. Ambas misiones gozan de inmunidad diplomática y cuentan con un gran número de observadores y con una considerable infraestructura, lo que les permite realizar la observación electoral de manera adecuada.

«Los observadores de la ONU y de la OEA han recibido un mandato del gobierno de Nicaragua para elaborar informes periódicos en los que evalúen el cumplimiento y el desarrollo del proceso electoral y formulen recomendaciones al gobierno -comenta Sofía Clark-. Los observadores sirven también de garantes para los contras que decidan repatriarse a Nicaragua y dan también garantías a los partidos de oposición de que su seguridad personal estará protegida y de que podrán ejercer sus derechos cívicos a plenitud».

El segundo nivel incluye a todos los otros grupos que han pedido o se les ha ofrecido una invitación para que participen como observadores. Según Sofía Clark, el gobierno de Nicaragua considera que la función primordial de esos grupos es obtener información de las misiones de la ONU y de la OEA para divulgarla en sus respectivas áreas de influencia. La capacidad real de estos grupos y su propia apreciación del papel que juegan en estas elecciones varía enormemente.

Tanto el presidente de Nicaragua como el CSE pueden invitar observadores. Los partidos políticos y otras organizaciones nicaragüenses pueden solicitar al CSE que invite a determinados observadores, pero en la práctica esto no ha sucedido. Aunque el gobierno esperaba que los partidos políticos, especialmente la UNO, invitaran a grupos de observadores de derecha, los partidos, en general, parecen haber aceptado como legítima la observación que garantizan las misiones de la ONU y de la OEA.

Derechos de los Observadores

El CSE es quien acredita a las dos categorías de observadores. Todos los observadores tienen estos derechos:

– Entrar a las juntas receptoras de votos y revisar los catálogos y registros electorales.

– Estar presentes en los centros de cómputos nacionales y Regionales.

– Recibir información del CSE y de los Consejos Electorales Regionales.

– Tener acceso a las juntas presentadas al CSE sobre los procedimientos electorales.

– Observar el ejercicio de los derechos políticos.

– Observar el trabajo de los fiscales electorales.

– Abrir oficinas para sus delegaciones.

Finalmente, veamos como actuaron los observadores en dos procesos electorales presidenciales en Venezuela:

Elecciones presidenciales 2006

Es importante destacar que durante los primeros años del gobierno bolivariano siempre estuvo presente la observación electoral internacional tanto en las elecciones del 1999, en el referendo revocatorio del 2004, en las elecciones parlamentarias del 2005 y finalmente en las elecciones presidenciales del 2006, encontrándose los observadores de la OEA con el llamado grupo de países amigos, el propio expresidente norteamericano Jimmy Carter y la directora ejecutiva de su fundación, misión de la UE y representantes de diferentes ONGs de alcance global, quienes se movilizaron por todo el territorio para monitorear la celebración de los comicios y la certificación que se cumplían las garantías mínimas para su celebración.

Dentro de la normativa electoral los observadores electorales internacionales contaban con el derecho a la libre circulación por el país sin necesidad de permiso o notificación previa, al libre acceso a la información y a todos los partidos políticos, posibles candidatos y funcionarios electorales, así como los representantes de la sociedad civil y sus electores. Además, establecía la existencia de una coordinación con el CNE de realizar entrevistas, reuniones o visitas a los funcionarios electorales, espacios u oficinas, así como las empresas privadas que tengan a su cargo la organización y supervisión de los procesos de votación, captación de huellas, auditorías, escrutinio, totalización y cómputo de resultados.

Aunando planteaba el acceso a las auditorías previas, la observación y ejecución de las operaciones electorales, al acceso de la información relativa al Registro Electoral, a las bases de datos en los servidores, a los códigos fuentes y a los sistemas operativos referentes al mismo, a la observación de la votación, captación de huellas, auditorías, escrutinio, procedimientos de recuento, agregación y tabulación, transmisión y de resultados, lo cual terminaba en un informe publico donde se generaba recomendaciones claras y operativas ven su búsqueda de incidir en los procesos, y por ende, profundizar la democracia a través del tiempo.

Elecciones presidenciales 2012

Si bien las elecciones del 7 de octubre de 2012, se caracterizaron por no contar con la observación internacional, producto a la reforma del reglamento electoral venezolano del 2010, donde la figura del observador internacional fue eliminada, en su lugar el CNE invita a “acompañantes internacionales”, los cuales no pueden emitir declaración alguna sobre las elecciones hasta que el ente electoral haya proclamado un ganador, cuyos hallazgos y sugerencias deben ser entregadas al CNE confidencialmente.

Estas modificaciones al reglamento electoral son limitaciones que contradicen y vulneran los requisitos para desplegar misiones de observación acordados en la Declaración de Principios para la Observación Internacional de Elecciones suscrita el año 2007 en las Naciones Unidas, el cual también establece el código de conducta de los observadores internacionales.[4]Por lo tanto, esta reforma implico el divorcio definitivo con los observadores internacionales de amplia trayectoria en las elecciones venezolanas como las comisiones la OEA, la Unión Europea y el Centro Carter.

Dichas comisiones internacionales presentaron su rechazo y diferimiento al concepto que el CNE maneja entre acompañamiento y observación, así como la intención de conformar el envío de un pequeño grupo de expertos para participar en algunas de las auditorias pre-electorales y la observación de la votación el día de la elección. A ello el Centro Carter aclaró que “el propósito del acompañamiento es invitar a extranjeros a observar las actividades realizadas durante día de la votación, mediante una presencia política mayormente simbólica; mientras que el propósito de la observación es el de invitar a organizaciones internacionales a evaluar el proceso electoral en su conjunto de manera sistemática”.

Producto a este escenario en las elecciones se contaron con 240 acompañantes internacionales: 170 eran parlamentarios, delegados de organizaciones internacionales, representantes de organizaciones gremiales, periodistas y académicos, de los cuales probablemente muchos desconocían la ley electoral venezolana y conocían superficialmente los estándares electorales aceptados internacionalmente. Tres organizaciones internacionales enviaron misiones de acompañamiento internacional: la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore).

En este último aspecto del acompañamiento internacional por parte de las mencionadas organizaciones internacionales, se hace mención de su papel en materia electoral: la Uniore conforma su primera comisión electoral dado a que no había tenido visibilidad en procesos anteriores, el Mercosur, que es una unión aduanera la cual no tiene atribuciones ni competencias electorales envió una misión casi simbólica. En cuanto a la recién creada Unasur, que probablemente sea la única organización internacional que reconoce el acompañamiento internacional, su experiencia en materia electoral era inexistente dado a que estas elecciones representaron su primera participación oficial como observadores.

Aunado a su falta de experiencia, hay un aspecto que coloca aún más en tela de juicio la neutralidad del accionar de estas organizaciones como acompañantes internacionales, como es el hecho que tanto las misiones de Unasur y Mercosur carece de las credenciales de independencia e imparcialidad. Por tanto, el papel desempeñado por este acompañamiento electoral no contó con un observador internacional capaz de denunciar las medidas ventajistas del gobierno de turno para evitar una contienda libre y justa.

Asimismo, el CNE al invitar a UNASUR a “acompañar” el proceso, el gobierno de Venezuela deja claro, una vez más, que no permitirá un monitoreo internacional independiente de las elecciones presidenciales venideras, tras la firma del «Acuerdo entre la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y el Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela sobre el acompañamiento internacional Electoral para la Elección presidencial.

Por lo tanto, si partimos de la premisa que la observación electoral ayuda a aumentar la calidad de las elecciones en el mediano plazo, en tanto permiten mejorar los procesos hacia la construcción de elecciones libres y justas, parece irónico que luego de las múltiples misiones de observación nacionales e internacionales que asistieron durante los primeros años del gobierno bolivariano, hayan transcurrido 11 procesos comiciales en los que el Consejo Nacional Electoral dejó de invitar a organismos internacionales como la OEA, la ONU y la UE.

Entendiendo que la observación electoral no es un proceso aislado ni una certificación de que el ganador es efectivamente quién el organismo electoral dice que es, sino un mecanismo para generar recomendaciones claras y operativas que logren incidir en los procesos, y, por ende, profundizar la democracia a través del tiempo.

Con ello el Gobierno Nacional al dificultar que los organismos de observación internacional asistan a los procesos electorales en el país como «acompañantes», hace imposible para las misiones dar declaraciones sobre el proceso y sellar a nivel gubernamental cualquier informe. Haciendo evidente la postura del Gobierno de separarse de su compromiso con la democracia y los derechos humanos, al no buscar garantizar el reconocimiento universal de la transparencia de los resultados, dejando a la sombra de las figuras de las irregularidades.

Luis Jiménez de Asúa: penalista y presidente de la Segunda República Española

Gabe Abrahams

Luis Jiménez de Asúa (Madrid, 1889-Buenos Aires, 1970) fue un destacado catedrático de Derecho Penal que ejerció de presidente de la Segunda República Española en el exilio.

Jiménez de Asúa nació en el seno de una familia humilde, en el número 84 de la madrileña calle de Hortaleza. Su padre, natural de Toledo, era procurador de los tribunales y gestor. Su madre era una vasca natural de Bilbao.

Tras cursar el bachillerato en el Instituto Cardenal Cisneros, Jiménez de Asúa alcanzó la licenciatura y el doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Madrid. Gracias a una beca de estudios de la Junta de Ampliación de Estudios, viajó después por varios países de Europa como Suiza, Francia y Alemania, antes y durante la Primera Guerra Mundial.

En 1923, inició su estrecha relación con Iberoamérica. Viajó a Argentina y Uruguay para impartir conferencias y cursos.

Siendo ya profesor de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Madrid, en 1926, Luis Jiménez de Asúa inició también su actividad política. Participó en la protesta contra las vejaciones sufridas por Miguel de Unamuno por parte de la dictadura de Primo de Rivera, lo que le costó ser suspendido de su cátedra y confinado en las islas Chafarinas. En julio de ese año, se opuso al nombramiento gubernativo de una nueva junta en el Ateneo madrileño, por lo cual padeció una breve estancia en prisión.

Un año después, Jiménez de Asúa negó a Alfonso XIII el doctorado honoris causa y fue separado de su cátedra. Al poco tiempo, renunció a seguir al frente de la misma.

En esos años de lucha, Jiménez de Asúa cultivó su pasión por Iberoamérica. Al viaje de 1923 que le condujo a Argentina y Uruguay, se añadieron otros a Perú, Chile, Brasil, Cuba…

Una vez proclamada la Segunda República Española en 1931, Luis Jiménez de Asúa ingresó en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), tras un breve paso por la Alianza Republicana. Elegido diputado a las Cortes Constituyentes, presidió la comisión parlamentaria encargada de elaborar la Constitución de la Segunda República Española.

En 1932, como director del Instituto de Estudios Penales, participó en la redacción de un nuevo Código Penal, un código para un nuevo tiempo republicano y democrático en España.

Jiménez de Asúa repitió como diputado en las elecciones de 1933 y 1936. Tras las últimas, alcanzó el cargo de vicepresidente de las Cortes.

Unos meses antes del Golpe de Estado del 18 de julio de 1936 que condujo a la Guerra Civil Española (1936-1939), concretamente el 12 de marzo, sufrió un atentado por parte de falangistas. Su escolta falleció.

Durante la Guerra Civil, Luis Jiménez de Asúa ocupó cargos diplomáticos en Polonia y Checoslovaquia, además de representar a España ante la Sociedad de Naciones.

Al finalizar la guerra, la dictadura de Franco lo expulsó de su cátedra y en aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas le expropió sus bienes. La dictadura franquista lo depuró como catedrático en febrero de 1939, con una Orden Ministerial que decía:

“… se separa definitivamente por ser pública y notoria la desafección de los catedráticos universitarios que se mencionarán al nuevo régimen implantado en España, no solamente por sus actuaciones en las zonas que han sufrido y en las que sufren la dominación marxista, sino también por su pertinaz política antinacionalista y antiespañola en los tiempos precedentes al Glorioso Movimiento Nacional. La evidencia de sus conductas perniciosas para el país hace totalmente inútiles las garantías procesales que, en otro caso constituyen la condición fundamental en todo enjuiciamiento, y por ello, este Ministerio ha resuelto separar definitivamente del servicio y dar de baja en sus respectivos escalafones a los señores: Luis Jiménez de Asúa, Fernando de los Ríos Urruti, Felipe Sánchez Román y José Castillejo Duarte, catedráticos de Derecho; José Giral Pereira, catedrático de Farmacia…”.

Aunque invitado por México, Luis Jiménez de Asúa se exilió en Argentina, donde continuó su labor en la Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad Nacional del Litoral. Fue director del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Nacional de La Plata, hasta que, en 1946, renunció a su cargo en protesta contra el régimen peronista. Esa renuncia le permitió tener tiempo para la redacción del Tratado, su obra magna, de siete mil páginas de erudición científica y legislativa, editada entre 1950 y 1970.

Desde 1955, Jiménez de Asúa fue director del Instituto de Ciencias Penales y Criminología de la Universidad Nacional del Litoral, entre otros cargos en diferentes universidades argentinas. Renunció a ellos otra vez en 1966 tras el golpe de Estado de Juan Carlos Onganía.

Luis Jiménez de Asúa compaginó su actividad académica en el exilio con su actividad política. En 1945, presidió en México la última reunión de las Cortes de la Segunda República Española. Y, tras la muerte en París de Diego Martínez Barrio en 1962, se convirtió en presidente de la Segunda República en el exilio, acompañado por Claudio Sánchez-Albornoz en la presidencia del gobierno y por otros conocidos republicanos en los diferentes ministerios.

Luis Jiménez de Asúa ocupó la presidencia de la Segunda República hasta su fallecimiento, ocurrido en Buenos Aires el 16 de noviembre de 1970. Pasó sus últimos años envuelto en sus trabajos académicos y en su labor política, peleando en todo momento por el final de la dictadura de Franco y el restablecimiento de una república en España.

Al igual que el presidente Diego Martínez Barrio y tantos otros ilustres republicanos, Luis Jiménez de Asúa falleció lejos de España, en el doloroso exilio, sin ver cumplidas sus aspiraciones, aunque no desfalleciendo en ningún momento. Fue, en definitiva, otro hombre ilustre que murió lejos de su país, forzado por la dictadura de Franco.

Acabada la dictadura, en los años ochenta del pasado siglo, Jiménez de Asúa recibió diversos homenajes en España por parte de la Universidad Complutense, el ministro de Justicia socialista Enrique Múgica y el propio Estado, con la concesión de la Orden del Mérito Constitucional.

Reflexiones en torno a la corrupción que nos carcome

Vladimir de la Cruz

Que la corrupción sea un fenómeno mundial, que se da en todos los continentes y países, con participación de grandes empresas y personajes, que se expresa en modelos políticos de distinto tipo como capitalistas, socialistas, republicanos, monárquicos, monárquico constitucionales, democráticos, tiránicos, despóticos, militaristas, autoritarios, de signos políticos liberales, socialdemócratas, socialcristianos, marxistas en cualquiera de sus variedades, de orientaciones religiosas islámicas, cristianas, católicas, budistas o las que sean, que se da en el seno de organizaciones políticas, económicas y sociales, particularmente, en partidos políticos, de todos las corrientes políticas o ideológicas, según se quieran ver, que se manifiesta especialmente en el ámbito de la administración pública, en todas sus instituciones y poderes públicos, y en el ejercicio de gobiernos nacionales, municipales o regionales, no significa que tenga que justificarse si se da en un país como Costa Rica.

Habrá quienes digan y sostengan que la corrupción es propia de esos sistemas y modelos de desarrollo económico, social y político, y consecuentemente con ello, en otros sistemas y modelos de desarrollo económico, social y político no existe, o al menos no debería existir.

Decir, como he oído decir recientemente, que es propio de la sociedad capitalista costarricense no es suficiente. Es obvio que esa es la sociedad que tenemos, pero no por ello podemos apartarnos de la lucha contra la corrupción en cualquier forma y en cualquier parte del mundo que haya que combatirla. Cuando se defienden gobiernos corruptos no costarricenses se mandan señales perversas de que, quienes así actúan, si gobernaran lo harían de la misma forma corrupta con que se defiende a esos gobiernos criticados.

La corrupción es un modo de vida y de comportamiento humano, que se da en todos los niveles de vida de cualquier sociedad, en todas las clases y estamentos sociales. Es una práctica social, que para algunas personas, los corruptos, puede ser hasta una costumbre. Pero, es un modo de vida de personas, no de las instituciones, sean gobiernos, poderes públicos, partidos políticos, iglesias, asociaciones, clubes.

Son las personas las corruptas, las sinvergüenzas, las que actúan delincuencialmente, individual o colectivamente. Son personas, para decirlo de esta manera, que se han echado a perder, que están en un estado de pudrición y de perversión permanente.

Corrupto es quien actúa con el propósito de sacar provecho en beneficio propio de manera indebida, ilegítima, alterando procedimientos, reglamentos, actos administrativos, haciendo que no se cumplan en su formalidad o provocando licitaciones y concesiones amañadas, amarradas, o hechas de tal manera que solo a una persona, o empresa de esa persona, o a dos empresas y dos grupos de personas o familias, se les beneficie, obligando a sacar de la competencia a otras empresas y personas, ofreciendo pagos a esas otras empresas para que no participen en licitaciones o concesiones, como se ha venido evidenciando en los escándalos de los casos que se están investigando.

El espejo del corrupto es el funcionario que aprovechando el poder, abusando del poder institucional, o del cargo que tiene, por la confianza pública que se le deposita, por las oportunidades de actuación, públicas y privadas, que puede ejecutar, lleva a cabo actos de los cuales, y por los cuales, se puede aprovechar quien procura un beneficio indebido o ilegítimo, aunque en la forma tenga el disfraz y el traje de legitimidad y de legalidad, de trámites de procedimientos y mecanismos aparentemente transparentes, aprovechando a la vez la debilidad de reglamentos, de marcos legales, de tipificación de figuras delictivas, de sanciones institucionales y legales en actos de corrupción, y que, hasta hoy, no hay en el país una buena Ley Anticorrupción.

Para que haya un funcionario corrupto se necesita un agente externo igualmente corrupto, el corruptor. Uno que ofrece la posibilidad del acto corrupto a realizarse, y el otro que acepta la realización de ese acto corrupto, por el que recibe a cambio un beneficio personal, dinero en efectivo, invitaciones y pagos de comidas en restaurantes, compra de comidas para la casa o el hogar, pagos de vacaciones en sitios caros, pago de hoteles de playa o viajes al exterior, pagos de cuentas, compra de casas o apartamentos, pago en servicios sexuales exclusivos, que implica una organización en este sentido que opera en la institucionalidad pública, por brindarles hombres o mujeres, según los gustos del agente corruptible, y satisfacción plena de las actitudes consumistas del agente corruptible, entre otros rubros que se cubren y se pagan de esa manera.

El agente corruptor parte de que todas las personas tienen un precio, y que tienen necesidades que satisfacer, y el corruptible tiene a la vez su propia dimensión de su propio valor, por el que cobra, y de las necesidades que debe satisfacer, propias y de familia, que queda involucrada en su actuación.

Otras formas de corrupción son las que legalmente se permiten de evasión y elusión de impuestos y cargas tributarias, de pagos obligados por ley, como los de la CCSS, que son las formas que han sido hechas, desde la Asamblea Legislativa, con apoyos de Poderes Ejecutivos, de acuerdo a las necesidades de ciertos grupos, y veces de ciertos personajes, de fuerte influencia política parlamentaria, cuando no de grupos de presión de esa naturaleza, que buscan beneficios y amparos de actuación indebida desde la legalidad misma. Los no cobros institucionales por esos motivos hacia ciertos personajes o empresas, el no envío de los inspectores institucionales, o de negociar la llegada de inspectores de trabajo, o de la CCSS, para la supervisión respectiva, generalmente acompañados de los Jefes de Personal, o de empleados de esas empresas, que cumplen esas funciones administrativas, para influir de esa manera en los informes respectivos, o de no tener el número necesarios de inspectores para todo el país es parte de esa corrupción pro beneficio de esos evasores o no cumplidores de las obligaciones legales.

Con la corrupción se depravan, se echan a perder, se dañan actos administrativos, procedimientos administrativos. Se echa a perder la imagen de las figuras públicas, depositarias muchas veces de la confianza y la voluntad popular, o que resultan electas por ella, se afecta la imagen pública de la Política, de la Administración Pública como conjunto, de los partidos políticos como instituciones de organización y de representación política, de las personas que se desempeñan como Políticos en general, de la democracia como sistema y organización de vida, orientando salidas hacia formas autoritarias de gobiernos pensando que ellas acaban con esos vicios de la corrupción.

La corrupción como se manifiesta, y en la forma escandalosa que se hace, también afecta la imagen democrática de la sociedad. No se valora, sin embargo, que democráticamente se actúa contra esta corrupción por los actos que realiza el Organismo de Investigación Judicial y la Fiscalía General, por la independencia institucional que tienen.

No hay una ética de la corrupción, que justifique el comportamiento humano del corrupto, salvo la propia autovaloración que de sí mismo tiene el corrupto, que ve, probablemente como moralmente válido lo que hace en su beneficio. El comportamiento moral del corrupto es su inmoralidad, es su actuación contra el comportamiento humano moralmente establecido y aceptado, al margen de los valores del bien, del deber, del bienestar común, de la feliz convivencia social, de actuar como se debe ante los deberes, los derechos y las obligaciones, y ante la justicia misma.

Los actos de corrupción que se investigan atentan contra la Justicia Social, contra la convivencia social de los costarricenses. ¿Acaso esto no es penable? Se pone en entredicho el sistema democrático y de seguridad jurídica de los costarricenses. La corrupción estimula la actuación del más fuerte, la ley de la selva en la sociedad económica e institucional, se actúa contra la convivencia pacífica y la seguridad jurídica, en cierta forma contra el mismo Estado de Derecho.

La educación en general, la educación ciudadana y la educación cívica se orientan a formar ciudadanos responsables con el Estado, con la Sociedad, con la Convivencia armónica, lo que queda en el suelo, y en el canasto de la basura, cuando se estimulan los actos y comportamientos corruptos, o se dejan sin castigar, sobre todo sin sancionar ejemplarmente, con la fuerza institucional y jurídica con que se puede hacer penar, pero también con la fuerza política para someter a los responsables y corresponsables de esas personas corruptas y sus corruptores.

En los casos que se vienen anunciando, e investigando, se han evidenciado personas, colectivos de personas, e instituciones, actuando criminalmente, vinculadas, organizadas, respondiendo a una planificación para la actuación y para sacar provecho de esas actuaciones inmorales e ilícitas, como se están comprobando en los expedientes judiciales, según se ha dicho. Son verdaderas cuadrillas criminales.

Si hablamos de ética pública esta recae en los funcionarios que se desempeñan en la función pública, desempeño que debería ser ejemplar y de profundo respeto por las normas de vida institucional y de la convivencia pública. Cuando se viola esta ética pública se trasluce que el actuar del funcionario no es el bien común, es su interés personal y personalísimo desde el puesto que tiene.

Los funcionarios públicos, y los corruptores que los han involucrado en esos actos, han afirmado a Maquiavelo, que parafraseado, recomendaba actuar de manera aparentemente moral a sabiendas que no lo eran, o solo de aparentar actuar moralmente.

Recuerdo a mi abuelita materna Ofelia, que pasaba diciéndonos, a sus nietos, “el que roba un cinco, roba pesos”, “el que roba poco, roba mucho”, machacando constantemente normas de conducta de honradez, honestidad, respeto, de actuación ante la vida, y de relaciones sociales.

Era una escuela formativa para formar valores de responsabilidad social y de rectitud moral, de actuación, que permitiera rechazar todo provecho o ventaja personal que se pudiera sacar del ejercicio del cargo o del puesto, de actuar con rectitud, honradez, honestidad, rechazando provechos que se puedan obtener de por sí, o por interpósita mano. Se inculcaba y enseñaba que el trabajo era el principal y más honesto modo de ganarse la vida, de ganar dinero.

Con una ética pública sólida se le enseña a la ciudadanía una ética social de comportamiento, donde todos realicemos el buen comportamiento, la buena conducta, ante el servicio público que tenemos y desempeñemos desde los distingos puestos de trabajo, que produzca la mayor confianza posible en el buen ejercicio del Gobierno y de la Administración Pública en general.

Aquí funciona la probidad, la actuación con integridad, con rectitud, con honradez, con la imparcialidad en el proceder institucional, con la objetividad en el trato para darle a cada quien lo que corresponde en su derecho y en su razón, para producir una igualdad real de las personas en condiciones iguales, sin atender preferencias, privilegios, sin recibir premios o dádivas a cambio del trabajo prestado y rechazando la influencia indebida de quienes presionan por obtener ventajas.

En todos estos escándalos e investigaciones, que se están haciendo, lo que está al margen totalmente es la Procuraduría de la Ética Pública. Supuestamente existe, por su función legal, como la Oficina contra la corrupción en la función pública. Existe, además, para promover la ética en la gestión pública.

La Procuraduría de la Ética Pública debe realizar acciones, que no se sienten ni se ven, para prevenir, detectar y erradicar la corrupción, debe recibir y tramitar denuncias administrativas por actos de corrupción, de falta de ética y transparencia en el ejercicio de la función pública y debe denunciar y acusar penalmente de los actos que conozca.

¿Dónde está la Procuraduría de la Ética Pública? ¿Existe? ¿Qué ha hecho en este sentido? Valdría la pena que en estas investigaciones que lleva a cabo el Organismo de Investigación Judicial y la Fiscalía General de la República le toque la puerta a su silencio cómplice, a su ceguera institucional y a su sordera pública, cuando en este país, Costa Rica, a gritos todo el mundo habla de corrupción. ¿Cobija la Procuraduría de la Ética estos actos a todas luces públicos? ¿O, cobija a los corruptores y corruptos públicos conocidos?

En el año 1996 la Licda. Marina Ramírez Altamirano, publicó con auspicio del AID y de la Asamblea Legislativa, el libro “Ética en la función pública. Una aproximación al tema”, que debería ser de estudio de los diputados, de los que van a llegar a integrar la próxima Asamblea Legislativa y de los funcionarios que ocuparán cargos en la Administración Pública.

Es un libro que a pesar de los años de su publicación sigue teniendo validez y vigencia, y que puede permitir su lectura una buena revisión y actualización, a la luz de todos los escándalos habidos en estos últimos 25 años, desde su publicación, porque la corrupción ha existido en estos años.

Ahora bien, en todo este escándalo, especialmente el de los alcaldes, la lucha la han enfocado contra la reelección de alcaldes. ¿Es eso correcto? Yo creo sinceramente que no es en la reelección de alcaldes ni de funcionarios públicos donde está el mal. La raíz está en la formación individual de esos funcionarios, en sus bases morales y éticas, en su educación familiar y social, en el entorno que les ha tocado vivir.

Los alcaldes no son maná del cielo. Son electos por los partidos políticos para ser presentados a los electores, quienes depositan su confianza electoral en ellos, garantizando de esa manera el acto supremo de la soberanía popular. Si los alcaldes resultan malos son malos los partidos que los han escogido, y son los partidos, con sus dirigentes, con sus asambleas partidarias, los responsables directos de sus nombramientos y de su elección popular. Son los partidos que se inhiben, o no pueden actuar, porque estatutariamente tienen los candados para expulsar a las personas involucradas en este tipo de actos, más aún cuando se desempeñan en cargos públicos de elección popular y forman parte, también, de los organismos políticos internos, de mayor jerarquía de esos partidos. Y los Comités de Ética de esos partidos son más Comités de Estética partidaria que de ética pública. Su quehacer se orienta a lavar la cara de los partidos más que a establecer sanciones ejemplares contra esos dirigentes políticos.

Se quiere prohibir la reelección de alcaldes como si allí descansara la fuente del mal de la corrupción. Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia se pueden elegir indefinidamente por períodos de ocho años, los de Tribunal Supremo de Elecciones por períodos de seis años, los miembros de ciertas Juntas Directivas, de distintos tipos de instituciones y sociedades del sector público y del privado se pueden elegir por varios períodos y por muchos años. Los alcaldes y miembros de los Consejos Municipales también se pueden elegir indefinidamente, hasta que los electores no voten por ellos ni por sus partidos políticos. Los partidos políticos se pueden elegir consecutivamente en las municipalidades, en la Asamblea Legislativa con sus diputados y en el Gobierno mientras los electores voten por ellos.

¿Qué diferencia hay en reelegir a un partido político en el Gobierno, en la Asamblea Legislativa o en las Municipalidades, aun cuando cambia de candidatos, si es ese partido el responsable de nombrar honrados o sinvergüenzas ciudadanos?

Si se trata de prohibir la reelección de personas debería tratarse la posibilidad de no permitir la participación de partidos políticos que tienen historia de nombramientos de estos funcionarios corruptos. Si se trata de limpiar la cancha de candidatos, o de personas, hay que limpiar la cancha de equipos que podrían ser también la maquinaria institucionalizada de la corrupción y de ciertos corruptos que reptan en sus entrañas a veces de manera camaleónica.

Llevar el asunto a la no reelección de alcaldes, y a lo no reelección en general, o a facilitarla una sola vez, es distraer la atención de las fuentes de la corrupción. No hay que dejarse engañar con cantos de sirena.

Hay que atacar la corrupción con toda la fuerza institucional que se permita. Hay que castigar ejemplarmente a los corruptos y corruptores con el mayor peso posible que permita la legislación. Hay que mejorar la legislación, actualizarla a las nuevas modalidades de actos de corrupción.

Hay que fortalecer la educación pública, desde los primeros niveles, al menos, en los valores cívicos y ciudadanos, en valores morales sólidos, en el valor de la responsabilidad social, la honestidad, la honradez, y de la función del servicio público.

UCR Electoral: Las mujeres recuperadoras: protagonistas invisibles de un país premiado por proteger la naturaleza

Dos recuperadoras preparan una saca de plástico para cargarla al camión transportista que llevará los materiales hacia su próximo destino que puede ser una planta transformación en el territorio nacional o exportación para ser valorizado en el exterior en países asiáticos como Tailandia y Taiwán. Foto: Katzy O´neal C.

Trabajan en el anonimato y muchas veces bajo condiciones de exclusión social y económica, ellas hacen posible que nuestros residuos vuelvan a tener valor.

Dentro del centro de acopio de residuos del cantón de Grecia suena Chayanne, se escuchan risas, bromas y sonidos de sacas repletas de papel, vidrio y cartón que son arrastradas por el suelo. Allí, de 6:00 a.m. a 1:00 p. m., 12 mujeres, la mayoría jefas de hogar, se encargan de separar y clasificar los residuos de este cantón alajuelense de 76.898 habitantes.

Estas 12 mujeres conforman la cooperativa Coopeambiental R.L., una agrupación que desde el año 2011 trabaja para recuperar los residuos valorizables que generan los comercios y los ciudadanos. Su labor contribuye a reducir la basura que llega a los rellenos sanitarios y ríos, además es un eslabón clave en la cadena de reciclaje que permite que los materiales extraídos de la naturaleza vuelvan al ciclo de producción.

En la actualidad, este centro de acopio funciona mediante un convenio entre la cooperativa y la Municipalidad de Grecia, la cual aporta las instalaciones y la recolección de los residuos en la ciudad y su traslado al centro. Su modelo de gestión es un ejemplo de una alianza público-privada que hace posible sostener esta actividad a nivel cantonal.

Un sector desconocido

En el país existen más de 200 empresas gestoras de residuos ordinarios, metales y chatarra registradas ante el Ministerio de Salud. Sólo en el 2019, entre todas gestionaron más de 39 mil toneladas de materiales (Papel, cartón, plástico, vidrio, tetrapak, aluminio).

Un mapeo de empresas trabajando en la Gestión Integral de Residuos Sólidos realizado en 2020 por la Cooperación Alemana, MINAE y Fundación CRUSA reconoce que también existen centros de acopio informales que funcionan bajo la responsabilidad de organizaciones comunitarias, los cuales también aportan a la recuperación de los residuos valorizables. Este estudio también identificó 7 modalidades de alianzas que involucran cooperativas, municipalidades ong´s y otros actores de la cadena de reciclaje.

Sin embargo, no existen estadísticas sobre las empresas conformadas o lideradas por mujeres o la cantidad de mujeres dedicadas a esta actividad, las líderes de organizaciones como Red Concerva y ACEPESA (Asociación Centroamericana para la Economía, la Salud y el Ambiente) reconocen que las mujeres representan una mayoría, especialmente en los centros de acopio donde se clasifican los materiales, no así en las labores de recuperación en la calle donde predominan hombres.

Sujetas al vaivén del mercado

Sigue un merengue que dice: «Yo no soy una loba no…» y al ritmo de la música estas mujeres trabajan en conjunto y se cuidan entre ellas. Lo hacen por amor al ambiente, pero también para subsistir con el pequeño ingreso que reciben semanalmente por su ardua labor.

Pero no todas tienen la misma suerte, explica Margarita Castro Campos, fundadora y presidenta de la Red Concerva (Red Costarricense Centros de Recuperación de Residuos valorizables). Año a año pequeñas iniciativas de mujeres recuperadoras cierran, se cansan, desisten por la falta de apoyo y los bajos ingresos que genera la actividad, sujeta a constantes cambios en los precios de los materiales y a los volúmenes de residuos valorizables que generan los comercios y los hogares.

Yessenia Arrieta, administradora y fundadora de CoopeAmbiental se siente orgullosa del trabajo que realiza y de que su hija ahora tiene la oportunidad de estudiar una carrera universitaria. Una característica de las recuperadoras costarricenses, a diferencia de las de otros países latinoamericanos, es cuentan con mayor nivel de escolaridad que les permite capacitarse y realizar trabajos más especializados dentro de la cadena del reciclaje.

“Los precios son bastante malos” dice Yesenia Arrieta, una de las fundadoras y actual administradora de Coopeambiental. Explica que un kilo de papel que antes se pagaba a 35 colones ahora vale 20 colones. A pesar de que sus ingresos disminuyen, ellas siguen en esta actividad que da para comer, pero no para ganar.

La Ing. Kathia Elizondo Orozco, gestora ambiental de la UCR, explica que la fluctuación en los precios de los materiales es un problema para la sostenibilidad de estas agrupaciones: «Muchas veces el costo de operación es mayor que la ganancia» . Otro factor que afecta los precios es que los residuos aún no se ven como materiales, “solo cuando se perciban como tales, podrían tener precios que vuelvan la actividad rentable”, advierte la experta.

Según el estudio “Análisis de los retos para el desarrollo de la cadena de valor del reciclaje en Centroamérica” publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), os precios internacionales del petróleo afectan el precio del transporte, mientras la oferta y demanda a su vez afecta los precios de los materiales. Esta es una realidad que enfrentan organizaciones de todo el istmo.

La Ley para la Gestión Integral de Residuos N°8839, promulgada en el año 2010, establece que se «…fomentará la creación, el desarrollo y el fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas, las cooperativas, las organizaciones de mujeres y otras formas de organización social que coadyuven al cumplimiento de la política, el Plan Nacional, el plan municipal respectivo y los objetivos de esta Ley».

Excluidas de la seguridad social

Las mujeres recuperadoras son un eslabón importante de la economía circular, brindan un servicio al ambiente y a la salud pública por un precio bajísimo, pero su trabajo pocas veces es reconocido por la sociedad. La falta de aseguramiento es un problema para este grupo de trabajadoras, ya que limita su derecho a gozar de los beneficios del seguro social como la atención médica en caso de enfermedad o de la incapacidad.

Desde su escritorio en el centro de acopio, Yessenia, quien administra la cooperativa, saca cuentas para calcular el pago semanal de sus compañeras y asegura que el negocio no da para pagarles a ellas y pagar el seguro. El pago que reciben por sus horas de trabajo suele ser menos de 50 mil colones por semana. Es decir, no llegan ni al salario mínimo, y en realidad no tienen salario, ni seguro, y pues, tampoco tendrán una pensión.

Lo mismo ocurre en otras organizaciones, asegura Margarita Castro Campos, fundadora y presidenta de la Red Concerva, que actualmente agrupa a 26 micro y pequeñas organizaciones de mujeres recuperadoras de diferentes comunidades de Alajuela, Cartago, Guanacaste y Limón. Esta red integra a más de 400 mujeres, en su mayoría jefas de hogar costarricenses, pero también extranjeras.

En el centro de acopio la mayoría de las mujeres realizan labores de clasificación de los residuos. La administradora, además participa en la carga de los materiales al camión y lleva el control del peso y material que contiene cada una de las sacas.

Promotoras del trabajo digno

En cuestión de media hora, al ritmo de la música, ya han cargado un camión de plástico. Trabajan rápido y con entusiasmo. En este centro de acopio las condiciones son agradables, pues cuentan con instalaciones municipales, hay iluminación, ventilación, oficina, área de cocina, y lo más importante, no hay malos olores y hasta tienen música.

La situación en otros lugares es distinta, las condiciones son, en algunos casos, deplorables comenta Margarita, preocupada, pero a la vez entusiasmada por que se escuchen las necesidades de estas mujeres, cuya labor ha sido siempre invisible.

«Dignificar la labor de estas mujeres» es la meta de Margarita, quien a sus 70 años y después de tres infartos, dice que no se cansa de luchar por mejorar las condiciones de las trabajadoras y protectoras del medio ambiente: las mujeres recuperadoras.

En el Centro de acopio de Grecia, Yesenia, no pide mucho, solamente que los ciudadanos separen los residuos adecuadamente y le den una enjuagadita a las cajas de leche y otros envases, tener seguro social y que los precios de los materiales den, al menos, para pagar las horas trabajadas por sus compañeras esta semana.

 

Katzy O`neal Coto
Periodista, Oficina de Divulgación e Información

¡Vení a dejar tus medicamentos vencidos a la UCR!

Foto: Karla Richmond, UCR.

18 y 19 de noviembre de 2021 en Sede Rodrigo Facio

La Facultad de Farmacia y la empresa Roche estarán recibiendo los fármacos en el Centro de Vacunación de la UCR

El miércoles 18 y 19 de noviembre de 2021, la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica (UCR) y la compañía Roche estarán recolectando medicamentos vencidos, en mal estado o sin uso, de 8:00 a. m. a 11:30 a. m.

El lugar de recolección será únicamente el Centro de Vacunación de la UCR (comedor estudiantil) ubicado en la sede Rodrigo Facio.

Este esfuerzo se da en el marco del curso de “Intervenciones de salud pública en farmacia de comunidad”, liderado por las y los estudiantes que cursan la carrera de Farmacia de último año.

De acuerdo con la Dra. Angie León Salas, docente del curso por parte de la Facultad de Farmacia, la campaña pretende evitar un potencial riesgo de salud producto de la acumulación innecesaria y peligrosa de los fármacos. Estos pueden causar graves consecuencias ante un consumo equivocado o, incluso, de automedicación.

“Esta actividad la estamos desarrollando con estudiantes del curso, en el cual uno de los ejes de acción es desarrollar estas iniciativas para que las personas dispongan adecuadamente de los medicamentos, se reduzca el impacto de estos al medio ambiente, se prevengan posibles intoxicaciones y, al ser destruidos adecuadamente, no puedan ser utilizados para actividades ilícitas como la falsificación”, destacó la Dra. León.

Los tipos de desechos de medicamentos que se estarán recibiendo son tabletas, cápsulas, antibióticos, botellas de jarabes o incluso aerosoles de hasta 10 ml, cremas, ampollas, entre otras.

Es importante resaltar que no se recibirán jeringas de ningún tipo, frascos de medicamentos quebrados, sucios o con derrames del producto.

Diseño: Dennis Castro Incera, UCR.

Un respiro al ambiente

Esta campaña de recolección de fármacos en mal estado (o sin uso) se vuelve fundamental ante la actual situación ambiental que vive Costa Rica.

Un reciente artículo publicado durante el 2020 en la prestigiosa revista Science of the Total Environment denominado “Ocurrencia de fármacos, evaluación de peligrosidad y ecotoxicológica en plantas de tratamiento de aguas residuales en Costa Rica”, encontró 33 compuestos de fármacos en aguas residuales del país.

Lo anterior fue ampliamente explicado en el suplemento C+T, en el cual se destacó que esas 33 moléculas se podían dividir en distintos grupos terapéuticos.

Entre ellos estaban los antibióticos, los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos (AINE), los fármacos psiquiátricos, los estimulantes del sistema nervioso central (SNC) y los reguladores de grasas, principalmente.

Luego del tratamiento de las aguas residuales, se hallaron 30 de los fármacos. En este caso, los más frecuentes fueron la cafeína, el naproxeno (para aliviar la fiebre y el dolor de cabeza) y el gemfibrozil (regulador de grasas), seguidos por el ibuprofeno y el 1,7-dimetilxantina.

La presencia de esos 30 químicos después del tratamiento del agua genera una llamada de atención importante, pues son los compuestos que, finalmente, quedarán expuestos al ambiente.

“El enfoque estimó el mayor peligro en las aguas residuales urbanas, mientras que los resultados ecotoxicológicos mostraron la mayor toxicidad en las aguas residuales de los hospitales y los rellenos sanitarios”, se menciona en el artículo científico.

Foto: Karla Richmond, UCR.

Contaminantes emergentes

El Dr. Carlos Rodríguez Rodríguez, microbiólogo del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA-UCR) y uno de los investigadores del artículo científico y del proyecto “CEmerge– Contaminantes emergentes: monitoreo y diseño de estrategias para la mitigación de su impacto ambiental”, indicó que tirar a la basura convencional los fármacos que ya no sirven por una u otra razón los convierte en contaminantes emergentes.

¿El motivo? La liberación de los compuestos químicos potencialmente dañinos, los cuales afectan a los microorganismos que están en contacto con las aguas residuales del país. Pero no solo eso, sino también se incentiva la presencia de microplásticos producto de la desintegración de los blísteres.

“Los fármacos de consumo humano son contaminantes ambientales de gran importancia. Por eso, la gente no debería tirar pastillas sin usar o vencidas, y tampoco sobredosificarse con ellas”, señaló el Dr. Rodríguez en el C+T.

Otros de los detrimentos ambientales del mal desecho de los fármacos está en la resistencia a los antibióticos. En la última comunicación emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se indicó que la resistencia a los antibióticos está aumentando en todo el mundo a niveles peligrosos.

“Día tras día están apareciendo y propagándose en todo el planeta nuevos mecanismos de resistencia que ponen en peligro nuestra capacidad para tratar las enfermedades infecciosas comunes. Un creciente número de infecciones como la neumonía, la tuberculosis, la septicemia, la gonorrea o las enfermedades de transmisión alimentaria, son cada vez más difíciles —y a veces imposibles— de tratar, a medida que los antibióticos van perdiendo eficacia”, anotó la OMS en su página oficial.

Así, el desecho adecuado de estos recursos es crucial para evitar el desequilibrio ambiental y alteraciones en las comunidades de microorganismos tanto acuáticas como terrestres.

“Cuando se finaliza un tratamiento médico, los envases en donde vienen empacados los medicamentos, como por ejemplo los frascos de vidrio, láminas de aluminio y cajas de cartón, no deben desecharse en un basurero común. Lo mismo sucede si hubiera sobrantes del medicamento o si este estuviera vencido. No se recomienda tirarlos por desagües o en el servicio sanitario, ya que podrían llegar a fuentes de agua y suelos, en donde las bacterias ambientales podrían comenzar a adaptarse, desarrollar mecanismos de defensa y proliferar en el ambiente. Además, si las personas enferman con este tipo de bacterias disminuyen las opciones de tratamientos que puedan ser efectivos para tratar estas infecciones”, explicó Gina Gutiérrez, farmacéutica y coordinadora de calidad de Roche.

La campaña de recolección también será un espacio para educar a la población costarricense en el manejo responsable y seguro de los medicamentos.

Actualmente, gran parte del presupuesto que tiene la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se invierte en medicamentos. Esto es un gasto importante para el país, por lo que es necesario aprovechar estos fármacos de manera óptima.

En caso de que no pueda acudir a la campaña de recolección, se les recomienda acercarse a su Ebáis o clínica más cercana y consultar si pueden ser recibidos sus medicamentos vencidos, así cómo aprovechar otras campañas de recolección de medicamentos para que se les pueda dar un manejo adecuado a estos desechos.

 

Jenniffer Jiménez Córdoba
Periodista, Oficina de Divulgación e Información

Denuncia pública: extranjero explota centro turístico dentro del Territorio de Salitre

SURCOS comparte la siguiente denuncia:

  • Extranjero ocupa y explota ilegalmente centro turístico dentro del Territorio de Salitre

  • Con la ayuda de otros finqueros dañan el ambiente e irrespetan sitios sagrados

Martes 16 de noviembre de 2021. Desde el año 2006 aproximadamente el señor Colin John Howard con pasaporte del Reino Unido de Gran Bretaña N. 706454646 ocupa ilegalmente una finca de 197 hectáreas ubicada en la comunidad de O Tene (conocido como Olan), la cual se encuentra dentro del Territorio Bribri de Salitre.

En el terreno ubicado aproximadamente 2 kilómetros noroeste de la escuela de O Tene, Howard construyó un centro turístico denominado “Capilla Las Nubes” en el cual realiza actividades turísticas y otras actividades que le generan ganancias.

A pesar que el bloque de constitucionalidad, convenios internacionales (Art 13 al 19 del Convenio 169 de la OIT) y la Ley Indígena prohíben expresamente (artículos 3, 5,6 y 7) que personas no indígenas registren, posean y exploten las tierras y recursos naturales que se encuentran de los Territorios Indígenas; la propiedad se encuentra inscrita bajo Matrícula 77935-000 del Registro de la Propiedad.

Debido a la posesión y explotación ilegal por parte de Howard sobre el terreno en mención, el Pueblo Bribri de Salitre en el legítimo ejercicio de su derecho colectivo a la tierra y de acuerdo a su cultura, desde hace más de una década ha venido denunciando pública y judicialmente esta situación.

Es así, como el hermano Sergio Rojas Ortiz (cuyo asesinato por razones políticas se encuentra en la impunidad) en representación del Pueblo Bribri de Salitre, interpuso el debido proceso de desahucio administrativo ante el Ministerio de Seguridad Pública, expediente 175G-11 y el 18 de octubre del 2011 el Ministro del ramo Mario Zamora Cordero resolvió acoger la petición y ordenó el desalojo, sin embargo 10 años después el Estado de Costa Rica no ha sido capaz de cumplir con su deber.

Cercano al centro turístico Capilla Las Nubes, se encuentra un lugar sagrado para el Pueblo Bribri de Salitre llamado Talok Tene, además de la ruta que antiguamente utilizaron muchos de los antepasados Bribris en su camino a Talamanca Bribri.

El terreno donde se encuentra Talok Tene, ahora es ocupado ilegalmente por el no indígena Victor Hugo Zúñiga y familia, quienes desarrollan actividades ganaderas y agrícolas en el lugar y quienes junto con otros finqueros han cometido múltiples agresiones al Pueblo Bribri de Salitre y que también fueron denunciados judicialmente por Sergio Rojas justamente antes de su asesinato.

Este lugar sagrado, a partir de la llegada de no indígenas ha sido profanado y sus montañas devastadas, grandes manchas de potrero para ganado se observan hoy en día, la actividad ganadera de sus usurpadores no indígenas está contaminando los ríos y quebradas. La entrada casi semanalmente de turistas a la Capilla Las Nubes es una acción que violenta los principios de nuestra cosmogonía.

En la actividad turística participan también Víctor Hugo Zúñiga y su hijo Víctor y otras personas no indígenas que se benefician económicamente de la misma y se mantiene en complacencia de las autoridades gubernamentales a quienes en reiteradas ocasiones el Concejo Ditsö̀ Irìria Ajkö́nu̱k Wakpa (CODIAW) le ha expresado la urgencia de que esta persona usurpadora salga del territorio Bribri.

El CODIAW como beneficiario de las Medidas Cautelares MC 321-12 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hace un llamado al Poder Ejecutivo y Judicial que se pronuncie sobre las acciones que han llevado a cabo con el fin de sanear estos lugares.

Por todo lo anterior demandamos:

  • Se le exige las autoridades estatales investigar y establecer las sanciones correspondientes ante las diversas ilegalidades en las que ha incurrido Colin John Howard al ocupar y explotar ilegalmente ese lugar dentro del Territorio
  • Continuar sin dilación alguna y ejecutar el desalojo administrativo contra Howard ordenado hace ya 10 años

-Se investigue el actuar del Instituto Costarricense de Turismo y de la Municipalidad de Buenos Aires de Puntarenas sobre el caso y que dichas instancias, así como los Poderes Ejecutivo y Judicial, brinden un informe detallado al respecto en un máximo de 15 días hábiles después de recibir el presente documento.

TERRITORIO INDIGENA BRIBRI DE SALITRE.

Concejo Ditsö̀ Irìria Ajkö́nu̱k Wakpa (CODIAW).

Coordinadora de Lucha Sur Sur.

Contactos:

codiawdayedi@gmail.com

coordinadoraluchass@gmail.com

Compartido con SURCOS por Alberto Gutiérrez Arguedas.

Recolección de ayudas para pareja de refugiados haitianos

El FENTRAGH está realizando una campaña de recolección de ayudas para la pareja de refugiados haitianos: Stael, María y el bebé que están esperando.

Toda ayuda será bien recibida; se requieren:

  • Víveres
  • Ropa
  • Dinero
  • Muebles: de sala, cama, cuna
  • Ollas
  • Sartén eléctrico
  • Colchón 
  • Artículos para el hogar 

El centro de acopio es en la oficina de FENTRAGH, local #7 sobre la terminal de los Caribeños.

Teléfono: 2758-0508. 

Horario: 8:00 am a 5:00 pm.

 

Compartido con SURCOS por Maikol Hernández.

Pandemia, racismo y acceso a la educación virtual

El jueves 18 de noviembre se realizó la sesión 4 de la segunda “Campaña para la Erradicación del Racismo en la Educación Superior en América Latina”. En esta ocasión se desarrollará el tema: “Pandemia, racismo y acceso a la educación virtual”.

Desde México nos comparten la iniciativa de «Chíimpool: voces para una cultura antirracista», compuesta por una serie de seis conversatorios que abordan el tema desde la reflexión y el cuestionamiento.

Para más información acceder a: https://eduantirracista.blogspot.com/2021/10/chimpool-agenda-octubre-7-diciembre-16.html o https://www.instagram.com/p/CWYc_karMzi/?utm_medium=share_sheet

Compartido con SURCOS por Vania Solano Laclé.

América Latina en la geopolítica del extractivismo: los nuevos tiempos de la disputa por el desarrollo

El próximo martes 23 de noviembre del 2021, a la 1:00 pm en el programa “Aula Abierta” se abordará el tema: “América Latina en la geopolítica del extractivismo: los nuevos tiempos de la disputa por el desarrollo”. Se contará con la participación de:

  • Msc. Emiliano Terán Mantovani, Sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, ecologista político y máster en Economía Ecológica por la Universidad Autónoma de Barcelona. Doctorando en Ciencia y Tecnología ambientales por la Universidad Autónoma de Barcelona.

Se transmitirá en vivo en el Facebook Live del Programa Kioscos Socioambientales.

Esta será la conferencia de Cierre del curso sobre “Disputas territoriales y socioambientales en Costa Rica: el caso de los monocultivos”

Emiliano Terán Mantovani participa en el Grupo Permanente de Trabajo Sobre Alternativas al Desarrollo organizado por la Fundación Rosa Luxemburgo, en el Grupo de Trabajo CLACSO sobre ecología política y ha colaborado con el proyecto EjAtlas – Justicia Ambiental con Joan Martínez Alier. Miembro fundador del Observatorio de Ecología Política de Venezuela.

 

Compartido con SURCOS por Dylanna Rodríguez-Muñoz y Mauricio Álvarez Mora.

¿Cómo construir mi idea de negocio?

UNED

Durante la Feria Vocacional en Línea se impartirá la charla gratuita “Persona joven emprendedora: ¿cómo construir mi idea de negocio?”, este jueves 18 de noviembre a las 3:00 p.m. Estará a cargo del Programa de Desarrollo Gerencial de la Dirección de Extensión Universitaria, la charla se transmitirá por medio de Facebook Live de DIREXTUNED.