Casa de la Ciudad invita al programa Noches de tertulia con el tema “Madres heroínas” el día 25 de agosto a las 6:00 p.m. con la participación de:
Conduce: Eduardo Castillo
El programa se podrá sintonizar por el Facebook de Casa de la Ciudad.
Compartido con SURCOS por Marco Castillo Rojas.
Desde el canal de YouTube Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) realizan un vídeo con un pronunciamiento en donde alzan la voz por el país nicaragüense; desde las redes de El Salvador, Honduras y México, las compañeras Morena Herrera, Gilda Rivera, Yésica Sánchez y la co directora regional Lydia Alpízar dan voz a la denuncia que ellas interponen de la situación que viven las mujeres que defienden el derecho a construir una Nicaragua más justa e igualitaria. La situación de las compañeras en Nicaragua sigue siendo dramática, por ello, ahora más que nunca, es imprescindible que todas las voluntades y responsabilidades involucradas reaccionen con compromiso y de acuerdo con la gravedad de la situación. Realizan un llamado a la comunidad internacional a continuar desarrollando esfuerzos para condenar las distintas formas en que se manifiesta la represión en Nicaragua, exigir su cese y la liberación de todas las personas presas, así como garantizar la efectividad de los DDHH.
Llaman a organizaciones feministas y de DDHH y movimientos sociales de la región y del resto del planeta a seguir acuerpando a las compañeras nicaragüenses, quienes constantemente son agredidas por el gobierno neoliberal, misógino, corrupto y autoritario de Daniel Ortega.
¡Acuerpemos a las defensoras nicaragüenses!
Para más información se puede acceder al siguiente enlace: https://bit.ly/2W8wNKn
Se invita a ver el vídeo:
Compartido con SURCOS por Yasy Morales Chacón.
Petróleo o turismo, parece ser el dilema que nos quieren imponer, y la respuesta es obvia. Es el turismo, principalmente de mar y playa, la fuente de divisas y empleo más importante de Costa Rica. El ramillete de maravillosas y pequeñas playas que tenemos en ambas vertientes, no es usual encontrarlo en otros países. Caracterizadas por un clima admirable y una vegetación esplendorosa, la gran mayoría exhibe una limpieza certificada ambientalmente, que permiten vislumbrar para después de la pandemia, una recuperación y desarrollo turístico acelerado, si contribuimos con ello. Un nuevo aeropuerto internacional en Orotina, unido una nueva autopista por una nueva ruta hacia el Pacífico, será parte de esa infraestructura necesaria. De lograrse, se facilitará el ingreso de al menos seis o siete millones de visitantes, atraídos es cierto, por el verdor de nuestros remanentes bosques y diversidad de zonas de vida, pero inobjetablemente, por el sol, el mar y la playa, que conforman el imán virtual que invita a venir a los millones de visitantes, principalmente del hemisferio norte.
Pero, imprudentemente, frente a esa realidad, desde hace unos años hay quienes muestran obsesión por los espejismos del negro petróleo. Hace unos 40 años, en la administración de don Luis Alberto Monge, pretendieron construir nada menos que en bahía Culebra, ¡donde hoy se desarrolla el visionario Polo Turístico Golfo de Papagayo!, decenas de tanques gigantescos y un muelle para buques petroleros, como parte de la infraestructura de un oleoducto interoceánico. Gigantesco ducto, que supuestamente iría a trasladar diariamente 1.200.000 barriles de petróleo estadounidense a través de Costa Rica, por el que nos pagarían US$10 millones anuales. Aunque, como ahora, lo presentaban como la salvación fiscal de Costa Rica, fácil es imaginar que, de haberse ejecutado dicho proyecto, el desarrollo del turismo ¡jamás habría sido una realidad tangible!
Pasado ese capítulo y luego de la aprobación de una Ley de Hidrocarburos, modelo de entreguismo antipatriótico, un día sí y otro no, como abejones de temporada, brotan los que, ¡sin prueba alguna!, afirman que nuestro precioso país está prácticamente flotando en petróleo y gas metano, ese al que llaman “gas natural” y que es decenas de veces más contaminante que el CO2.
¡Que es «un pecao» no aprovecharlo, dicen, pues con su explotación pasaríamos a ser una nación petrolera casi como Catar! ¡Que es increíble (como decía el Trump) que los prejuicios “ideológicos” impidan que los costarricenses no podamos gozar de la riqueza que el petróleo nos garantizaría! Hasta ahora no han dicho que con él todos tendremos un BMW, como “vendían” el TLC, pero quizá no habría que esperar mucho.
Y lo peor es que hay gente que les cree esos cuentos demagógicos. Cuentos en los cuales no se menciona que habría que gastar cientos de millones de dólares para tratar de encontrar, después de muchos años, dónde se esconden esos hidrocarburos altamente contaminantes, pues ni sus fanáticos proponentes tienen idea. Cuentos también, que no mencionan que el Estado costarricense tendría que construir una refinería a un costo cercano a los US$2.000 millones, para un supuesto petróleo del que no se sabe cuál sería su costo de extracción, su transporte desde quien sabe dónde, su valor de mercado internacional, su cantidad explotable ni sus características.
Así, cual, si los costarricenses pudiésemos endeudarnos más para financiar esa «lotería petrolera», no nos hablan de por cuántos años tendríamos que estar pagando más caros los combustibles que eficientemente nos ofrece el Estado, mientras superamos esa jarana sin sentido y dimensiones inimaginables.
O sea, compatriotas, mientras por un lado una cosa semejante sería como un mazazo demoledor para la industria turística que tantos beneficios socioeconómicos concretos nos aporta, por otro, y esto también es de la mayor importancia, algunos ilusos quieren que Costa Rica se promocione como nación enemiga del ambiente y entusiasta promotora del cambio climático. Quieren que se nos reconozca como un pueblo ajeno al futuro que se vaticina para nuestro planeta, el único habitado del Universo, el que tenemos el deber de resguardar como parte del esfuerzo común que la mayoría de pueblos del mundo ha asumido como tarea. Gente que, cual, si eso no importara, mira hacia atrás y no hacia las fuentes de energía limpias del futuro, que como costarricenses hemos de estar comprometidos en promover. Gente a la que tampoco le importaría, ya a nivel nacional, los inevitables y frecuentes derrames de petróleo que podrían arrasar con quién sabe cuántas de nuestras formidables pequeñas playas, para así mandar al carajo el esfuerzo de tantos años. Personajes que, además, quieren llevar esas ideas a la Presidencia de la República.
Compartido con SURCOS por Freddy Pacheco León.
Se le invita a participar de la conferencia “efectos de la pandemia sobre los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas”. Esta se llevará a cabo el día lunes 23 de agosto a las 3:00 p.m. impartida por:
Se transmitirá por la señal de canal 15 UCR vía Facebook Live en las redes de la Universidad de Costa Rica.
Si hay algo de escaso merito, por parte de ejecutorias gubernamentales del sub presidente colombiano, significa la fallida política exterior y por ende la carencia de una acertada visión de relación con los Estados, en cuanto al tema migratorio acaece.
Lo migratorio clasifica como álgido en la agenda internacional de cualquier país. Subsume diagnósticos tempranos y problemas de afrontar como la salud, educación, seguridad; acorde con el panorama geopolítico, el tránsito, recepción y destino, de esa población, que afecta el tejido social y de entorno.
Tal cual ha sucedido con la concentración de migrantes (la mayoría haitianos y de otros países) en Necloquí, la improvisación y la desidia, redundan en característica y el trato dado a la población migrante venezolana, aupada y soliviantada por motivaciones de injerencias extranjeras y manejo maquiavelista de obtusa oposición al reconocimiento de un gobierno constitucionalmente establecido, conllevan al diagnóstico que en materia de relaciones exteriores y comportamiento migratorio nacional, se está ante una verdadera pifiada
En el presente mes entró en vigencia una nueva Ley de Fronteras, por medio de la cual se establece un régimen especial para los corregimientos, municipios, departamentos y regiones de frontera de Colombia, en desarrollo de lo dispuesto en los artículos 9, 289 y 337 de la constitución política. La norma fue impulsada por el Gobierno Nacional para regular lo relacionado con las zonas fronterizas de los países vecinos. Al igual que todas las leyes en Colombia, se hacen de espaldas a un debate nacional y a auscultar las necesidades recientes locales. Un ingente esfuerzo, que en nada compensó situaciones nuevas suscitadas en el escenario internacional; precisamente por falta de una perspectiva funcional de las relaciones exteriores aplicada, o sin aplicar, debido al desconocimiento y lo sujeto a la improvisación. Es así, como se estrena esa ley, que plasma situaciones de hecho acomodadas y que ante lo inusitado que ha resultado, el paso por el territorio nacional y permanencia de población migrante haitiana y de otros países, concentrados en zonas no fronterizas, nos damos el lujo de estrenar nueva ley, que no contempla la situación de hecho planteada.
Para el próximo mes de octubre, queda definida la legalización de más de 1.700.000 venezolanos de ambos sexos, que permanecían en el país, a partir del 31 de enero de 2.021.
La carencia de una política consecuente con las actividades e intereses de relaciones de poder y de grupo de los migrantes en Colombia, explica por qué ahora, salta la liebre en un mundo tan distante como el lejano oriente y nos vemos avocados a la orden imperial de tener que aceptar la permanencia y hospitalidad de población afgana, resultado de la debacle producida en ese país invadido por las fuerzas estadounidenses y de la OTAN.
El Estatuto de Permanencia Permanente en el Territorio para venezolanos, conocido como Estatuto Temporal de Protección (ETP), está compuesto por tres fases, a partir del Registro Único de Migrantes venezolanos (RUMV). En USA se denomina Estatuto de Protección Personal (TPS). ¡Tamaña coincidencia! La primera etapa se inició el 5 de mayo. La segunda etapa se inicia el 1 de septiembre e incluye la verificación de datos de manera presencial y el registro biométrico; la tercera fase, concluye hasta octubre de 2.021. A partir del mes de octubre de 2.021 los venezolanos obtendrán la decisión de recibir el certificado de permanencia, como documento permanente, en el plazo de treinta días. Desde ya indicar que esa permanencia se otorga gratuitamente por el plazo de 10 años, como algo que no ajusta realidades cambiantes en la situación venezolana interna. En tanto, ningún venezolano está beneficiado por el Estatuto, sin cambiar su condición migratoria, que es lo indispensable para poderse beneficiar del Sisben, por ejemplo. Están como en el limbo, sin cédula, pasaporte, opciones; algo cohonestado por el sistema migratorio inoperante y que laxa el control de comportamiento social de esta población migrante. Es de enterarse que el actual éxodo de población venezolana no había tenido parangón de proporción, por su cantidad, en América Latina. Ha venido siendo resuelto en otros países y Colombia, la mayor receptora de ese fenómeno no ha logrado dar las pautas de ejemplo a seguirse.
Suscita debate e interpretaciones diversas la permanencia de venezolanos en el país. Expertos los califican de mitos y los reducen a grupos o temas como el que los migrantes salen de su país porque quieren. Generaran inseguridad. Representan peligro para la cultura del país. Afectan la capacidad laboral y de trabajo a la población colombiana. Discriminan a la mujer venezolana situándola en que vienen a embarazarse a Colombia y tener a sus hijos, en garantía a una permanencia.
Naturaleza de la población migrante venezolana en Colombia
A Colombia arriban venezolanos y venezolanas migrantes, motivados por situaciones económicas, sociales, de subsistencia. Se trata de desplazados laborales, emigrantes económicos. Buscan mejorar sus calidades de vida; o salir, puesto que lo hicieron sus familiares; también, para reunificarse. Buscar otros horizontes, etc. Etc. En modo alguno son perseguidos políticos. Huyen por las condiciones económico, sociales y de desventaja, producto de las medias coercitivas y de embargos contra las divisas internacionales del país bolivariano; bloqueos y sanciones impuestos por decenas de países, incluidos los Estados Unidos y la UE, como agentes instigadores principales. Buscan la caída no solo del presidente N. Maduro, sino de todo el sistema imperante de la Revolución Bolivariana. Y esto no es simple afirmación, sino punto de vista escueto. Obedece a la característica de esa población, a la luz del Derecho Internacional Público. Por el contrario, los refugiados son personas que huyen de conflictos armados y de persecución directa. Por motivos políticos, religiosos, raciales, de género, de libre determinación de sexo. Califican como personas en quienes penden amenazas, procesos y/o sentencias adocenadas de parcialidad política, persecución y sobre quienes pesa grave riesgo de perder la vida y por ende a quienes resulta peligroso negar el refugio o el asilo. En esto del estatus de refugio y asilo impera es el estado de conciencia subjetivo del perseguido y/o solicitante. Algo que la regularización del tal Estatuto de personas migrantes venezolanas no califica, para permanecer como refugiados en Colombia.
El régimen de refugiados está claramente normado en lo internacional. Los países respetan y aplican esa normativa que sustenta el principio de legalidad interna. De manera que el tratamiento dado a la población migrante venezolana no admite discusión y es en ocasiones, contenido de acciones y conductas prevaricadoras. Cada país tiene soberanamente procedimientos especializados para conceder o negar un estatutos de refugiados y o asilados; así como para declarar personas no gratas y hasta permitirse el no ingreso o expulsar a extranjeros. Eso concierne al poder de discrecionalidad. En Colombia el invento del Estatuto Provisional de Permanencia por más de diez años, da al traste con esos principios de aplicación universal del debido proceso. Es claramente inconstitucional.
De la naturaleza de los migrantes afganos
Al respecto hablemos de una caja de Pandora. El gobierno narco paramilitar, cipayo, pro imperio y los medios de alienación masiva (MAM), mantienen en vilo a la opinión pública nacional acerca de la llegada de más de 4.000 afganos, que huyen de su país de origen. Se anticipan a calificarlos de refugiados. Tamaña tropelía. El solo hecho de acatar la propuesta unilateral, inconsulta, de orden y mando del gobierno norteamericano, para que sean recibidos un numero de afganos que han salido de su país y ellos han evacuado, previamente, representa el asomo de un flagrante delito de abuso de poder, en un país bajo un supuesto régimen de Estado de Derecho. ¿Qué conlleva esa aceleración confusa?: a una flagrante violación de la soberanía nacional. El trasfondo de supuestos ciudadanos, mujeres, familias y niños perseguidos abrirá la patente de corso para que los efectivos para invasores afganos, actores de crímenes de guerra y de alistamiento militar, traídos, al servicio de las tropas invasoras del pueblo afgano, llegaren a las fértiles tierras del narco para militarismo estatal colombiano. ¿Cuántos de ellos mercenarios y sicarios, en listados de aprobación del Pentágono y de la CIA? Anuncian además, que USA costeará todo, cual prebendas, de por sí denigrantes; lo cual de por si es manifiestamente inconstitucional y craso delito a lesa soberanía (me abstengo de mencionar lesa “patria”, que la bota militarista del ejército made in Usa, ha pisoteado).
Todo pareciere indicar que la llegada de los tales afganos fracasará. ¡De lo contrario, es porque hay Troya!
El relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos de los pueblos indígenas, Francisco Calí Tzay, de la etnia maya cachiquel y nacido en Guatemala, estará de visita en Costa Rica desde este viernes 20 y hasta el miércoles 25 de agosto.
Durante esta gira, Calí Tzay impartirá una conferencia en el Aula Magna de la Universidad de Costa Rica (UCR) denominada Covid-19: Efectos de la pandemia sobre los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. La actividad se llevará a cabo el lunes 23 de agosto a las 3 de la tarde y será posible presenciarla a través de la señal en vivo de Canal Quince-UCR y del canal de Youtube de la Universidad de Costa Rica.
Esta conferencia es organizada por la Rectoría de la UCR, y la representación de las Naciones Unidas en Costa Rica.
Además, el relator de la ONU visitará diversos proyectos de la UCR con comunidades indígenas y se reunirá con estudiantes universitarios provenientes de pueblos originarios, previo a su presentación en el Aula Magna.
Para el secretario académico de la Rectoría, Felipe Alpízar, la visita de Calí Tzay es una oportunidad para intercambiar conocimientos sobre la situación de los pueblos indígenas en el contexto de la pandemia producida por el COVID-19.
“Esta actividad nos permitirá reflexionar en conjunto con el relator de la ONU sobre los efectos del coronavirus en estas poblaciones. Además, esta gira y la conferencia nos hacen un llamado a analizar la situación de las comunidades indígenas en Costa Rica, sus problemáticas y particularmente las luchas por defender sus tierras, el reconocimiento de sus identidades y otros puntos de una agenda pendiente que tiene el país con esta población”, expresó Alpízar.
El secretario académico de Rectoría afirmó que esta es una muestra más de los esfuerzos que hace la UCR en el aporte a la discusión de la situación de los pueblos indígenas en el territorio nacional. Asimismo, agradeció las gestiones realizadas por la representación de la ONU en Costa Rica para hacer posible la visita de su relator.
Entre otros muchos cargos, Calí Tzay ha fungido como director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala. También ha sido consultor de la Vicepresidencia de Guatemala respecto al tema indígena y el cumplimiento de los compromisos internacionales. Además, destacó por ser asesor político de la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú Tum.
Pablo Mora Vargas
Periodista, Rectoría, UCR
En un contexto donde por medio de la asfixia económica se pretende silenciar la encomiable labor de defensa y promoción de los derechos humanos en Guatemala.
“No tenga la menor duda de que estaremos atentos al desarrollo de los eventos y que no escatimaremos esfuerzos para denunciar la reiteración de esta lamentable situación”, dice parte de la nota.
Acceda a la carta completa AQUÍ.
Desde las comunidades y organizaciones rurales, las acciones colectivas han sido una de las formas más efectivas para visibilizar las problemáticas que atraviesan, así como sus demandas y pretensiones. La gran mayoría de las veces, las acciones colectivas tienen su raíz en conflictos sociales, laborales y ambientales más amplios, los cuales se llevan a cabo principalmente en las zonas periféricas del país. De hecho, muy posiblemente por ese sesgo valle-centralista, muchas de estas acciones colectivas pasan desapercibidas por los grandes medios de comunicación, o bien pasa que estos no reflejan el verdadero sentir de las personas que habitan de forma directa estas realidades.
Si comenzamos a profundizar sobre todas las distintas acciones colectivas de protesta que se han desarrollado en los últimos años en el país, podremos encontrar muchísimas pistas que nos pueden llevar a comprender ese pulso que se vive en varias regiones fuera del área metropolitana. ¿Qué queremos decir con esto? Que, en definitiva, la conflictividad social, laboral y ambiental está sumamente presente en la ruralidad del país, y al mismo tiempo mediáticamente invisibilizada.
Las causas de las acciones colectivas son diversas, aunque comparten un lugar común, este es sin duda alguna el producto de la extensión del modelo económico extractivista y desigual, que se va profundizando cada vez a través de distintos mecanismos de despojo, privatización, cercamiento y expulsión, vulnerabilizando cada vez más a las comunidades costeras, campesinas, indígenas y rurales de este país.
No obstante, a pesar de la invisibilización mediática de estas realidades, algunos medios de comunicación alternativos, locales, e incluso en la escala “1 a 1” (es decir por conversaciones directas), han permitido ir compilando y registrando todo aquello que ocurre alrededor de estas llamadas acciones colectivas, ya sean de protesta o de otras formas.
Este ha sido el trabajo del Observatorio Comunitario de Acciones Colectivas, el cual busca ampliar y complementar el registro de acciones de protesta de la base de datos PROTESTAS del Instituto de Investigaciones Sociales UCR. El proyecto se desarrolla mediante el monitoreo de organizaciones sociales y medios de comunicación locales, junto al impulso de formación de una comunidad virtual de colaboradores y colaboradoras, vinculadas a proyectos de la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica para la recolección de información de carácter local, haciendo uso de las tecnologías de la información. Como bien mencionan en su último informe, con este Observatorio se pretende sumar en la visibilización de los conflictos y las denuncias cotidianas que se generan desde diferentes comunidades y organizaciones. Además, intenta ser un punto de encuentro, un lugar desde el cual dichas acciones se pueden sumar, y así encontrar otras similares en diferentes regiones del país.
A pesar de la pandemia por COVID-19, que ha limitado enormemente la posibilidad de manifestarse de forma segura (en términos de contagio), las acciones de grupos y organizaciones de la sociedad civil que se lograron registrar en el informe del 2020, fueron un total de 431. Entre esas formas de acciones colectivas se encuentran las denuncias, pronunciamientos, marchas, asambleas, bloqueos, recuperaciones de territorio, entre otras, las cuales buscaban la garantía de derechos humanos, la protección del ambiente, la defensa de los ríos y la oposición a proyectos de ley, en su mayoría. Destacaron en el informe acciones alrededor de los derechos de los pueblos indígenas (121) y la defensa del ambiente (87).
Desde el Programa Kioscos Socioambientales, invitamos a todas las personas a conocer el detalle en los informes que cada cuatrimestre está elaborando el Observatorio en la página web: https://www.accionescolectivas.ucr.ac.cr/. Sin duda alguna, un excelente aporte que surge desde el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica.
Los pescadores artesanales están convocando a una manifestación frente a la Asamblea Legislativa y Casa Presidencial el próximo 23 de agosto e invitan a las ONG’s a que se sumen a la marcha.
Entre las peticiones está pedir apoyo a los diputados para el veto de la pesca de arrastre. Además, solicitar que se apruebe el proyecto de ley 22092.
También, expresan estar en contra del plan presentado por MINAE del 30 por 30, su descontento ante la falta de personal en la capitanía de puertos de Guanacaste, la falta de personal de INCOPESCA, la no concreción de las áreas de pesca responsable presentadas por el sector pesquero de Guanacaste y el no cuido del Golfo de Nicoya y la Zona Norte.
La Cámara de Pescadores de Guanacaste invita a confirmar la asistencia al 2670-0026.
En el siguiente link https://m.facebook.com/profile.php?id=100016517682597 encontrará la página de Facebook de la Cámara de Pescadores de Guanacaste donde comunicarse para coordinar con ellos.
Imagen tomada del Facebook de la Cámara de Pescadores.
En la plataforma virtual de Kerwá de la Universidad de Costa Rica se encuentra disponible una nueva publicación sobre la experiencia del taller virtual de Educación Popular y Territorios Comunitarios.
La publicación comparte reflexiones de diálogo durante el taller y las diferentes formas de comunicarse y analizar a través de dispositivos tecnológicos. Desde la perspectiva de los autores, se ha vuelto un reto enorme imaginar algo tan vivencial y corporal, como es la Educación Popular, de forma virtual. Y consideran que todavía no saben del todo cómo hacerlo, ya que superar la enorme brecha tecnológica que les está separando de las comunidades con las cuales han trabajado todos estos años, no es una tarea fácil.
Puede leer el documento completo en el siguiente enlace https://www.kerwa.ucr.ac.cr/handle/10669/84328
Información compartida con SURCOS por José Mora.