El día martes 24 de agosto a la 1:00 p.m. se llevará a cabo una conferencia virtual inaugural del curso: Disputas territoriales y socioambientales en Costa Rica. Lo anterior, estará a cargo del Dr. Andres León, quien se desempeña como director del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), de la Universidad de Costa Rica y abordará la temática “Perspectivas históricas de los monocultivos”.
El evento se transmitirá por Facebook Live de Programa Kioscos Socioambientales. La invitación es para que difunda la información y asista a esta conferencia.
Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
Su cuerpo muestra cierto rictus de dolor y cansancio. Nos comunicamos en un inglés claramente básico; entablamos una corta conversación en la que me explica que proviene de Nepal y que ha perdido la cuenta de los días y semanas que le ha tomado caminar desde que entró a Latinoamérica, no recuerda si por Ecuador o Brasil.
Estamos en las instalaciones provistas por el Estado panameño para atender a las personas migrantes en tránsito. Esa atención, valga decirlo, consiste en una rápida gestión que permita a «Juan» y otras personas como él, continuar su camino a su destino final: Estados Unidos. Son una especie de albergues que a la postre se convierten en sitios de detención mientras se define la situación migratoria de las personas que allí se encuentran.
Es 2011 y participo de un equipo de investigación que realiza un estudio regional sobre los determinantes que explican y caracterizan las movilidades denominadas en ese momento, como ahora, “extracontinentales”, conformadas por personas provenientes de varios países de África y Asia. Me corresponde estudiar el contexto panameño como principal puerta de entrada entre Sur y Centroamérica para estos grupos.
En cierto momento pregunto a «Juan» por el tránsito entre Colombia y Panamá, esa región mitológica, inexpugnable, denominada Tapón del Darién. Su rostro, ya de por sí marcado por meses interminables de viaje e incertidumbre, se desencaja por completo.
Me explica, haciendo un sobre esfuerzo, que jamás hubiera pensado salir de allí con vida. “Me entrego”, me cuenta que dice a los oficiales de migración panameños cuando les ve a la distancia. Recuerda en frente mío la seña que hizo con sus manos para que le colocaran las esposas. Siente que ya no puede más.
Este testimonio, por cierto, fue trabajado como crónica en nuestras reflexiones sobre las migraciones regionales publicado por Editorial Amargord (España, 2019) y sobre el cual hemos venido reflexionando durante estos años tanto desde la literatura como el ejercicio. Denominamos «Juan» a esta biografía, como una forma de apalabrar la cercanía con esa, su historia.
Hablar de Darién es hacer referencia a una frontera poco aquilatada en los análisis regionales, quizá por el peso y la importancia que tiene para las movilidades humanas la parte norte entre Mexico y Guatemala y porque las referencias mediáticas siempre van a acudir al discurso de crisis y no al de las subjetividades.
Por esa región peligrosa y riesgosa han transitado en los últimos 12 años cerca de 160.000 personas migrantes de varias nacionalidades según algunos acercamientos periodísticos. Recientemente se ha observado el aumento de la presencia de personas chilenas en los grupos migrantes pasando por allí. Deben superar la densa selva, animales peligrosos y la acción de actores del crimen que controlan parte de los territorios.
Al tiempo que se escribe esta nota, se conoce del proceso de tránsito de cerca de 10.000 personas ahora conformadas por grupos mixtos provenientes de África, Asia, Cuba, Venezuela y Haití. Este último país, desgarrado por conflictos políticos, pobreza y, por si fuera poco, la acción devastadora de dos terremotos con 11 años de diferencia.
Hace 10 años «Juan» recordaba con drama el paso por Darién, una región selvática de más de 575.000 hectáreas donde ya para entonces la acción de esos actores irregulares había empezado a cobrarse la vida de cientos de migrantes. El número de personas desaparecidas en esa zona es indeterminado, aún al día de hoy. Lo que no es indeterminado son los relatos acerca de personas fallecidas, cuerpos ya irreconocibles que los migrantes en tránsito van sorteando, dejando en el camino en esa frondosa región del planeta.
En estos tiempos en que la movilidad ha quedado confinada desde lo formal, las rutas, boquetes y caminos no oficiales han continuado su funcionalidad para las necesidades de miles de personas que ven en la migración, una estrategia para seguir viviendo.
No sabemos el destino de «Juan». No conocemos si habrá logrado su propósito. Pero estamos seguros de que cualquier cosa distinta a sus recuerdos sobre el paso por el Tampón del Darién significó una luz en su camino.
Conozcamos esas otras realidades sobre el paso incesante de personas por nuestra región centroamericana. Asumamos sus pies. Caminemos con ellos.
Por Osvaldo Durán-Castro, Sociólogo, profesor ITCR, ecologista FECON
Regresión de más de un siglo
¡Aberrante! Pocas veces esta palabra puede ser usada con tanta precisión, como en este caso para referirnos al “Proyecto de ley reforma al artículo 3 de la “Ley n° 7200 ley que autoriza la generación eléctrica autónoma o paralela”, expediente legislativo n° 22.601, que el Poder Ejecutivo presentó a la Asamblea Legislativa. Esta propuesta, encabezada por el Presidente de la República, remataría el modelo público de carácter social y solidario, y su institución rectora, el ICE, pues se orienta exactamente a favorecer la inversión privada de empresas generadoras tanto nacionales como externas. El proyecto además coloca al Gobierno de rodillas, como súbdito obediente, ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En este texto explicamos por qué el proyecto es un retroceso histórico de más de un siglo, y algunas de sus múltiples debilidades. Una revisión de algunos proyectos de privatización impulsados en anteriores administraciones y la complacencia del gobierno actual con la OECD, los revisamos en el artículo “Gobierno se somete a generadores privados de electricidad y a la OECD”, de próxima publicación.
La esencia del proyecto está explícita en el escrito del Gobierno: “El presente proyecto de ley se presenta ante la Asamblea Legislativa con el fin de eliminar la barrera a la participación extranjera en el sector eléctrico, al no existir una justificación ligada a esta restricción para la actividad económica atendida bajo la modalidad de servicio público”, y agrega que “la eliminación de esta restricción busca fomentar el comercio y la participación de la inversión extranjera en el país, así como las ventajas y efectos económicos, sociales y de desarrollo que de ellas derivan” (negrillas ODC).
Ese proyecto constituye un retroceso histórico inaudito que borraría uno de los avances sobresalientes de la sociedad costarricense, como fue la nacionalización de la electricidad y la posterior creación del ICE. De aprobarse, convertiría el mercado eléctrico nacional en un campo de competencia privada ya no sólo entre nacionales, y de éstos con el ICE, si no para favorecer directamente las inversiones transnacionales con plena igualdad de derechos al ICE, y obligando a la entidad estatal a comprar la electricidad que generen. Es decir, se perdería cualquier condición asociada a la nacionalización de la electricidad y su carácter de servicio social, para convertirla en un servicio público regido por la competencia privada, aunque el ICE siga presente como intermediario obligado entre los generadores y los consumidores finales, ya sea dentro del país o en el mercado regional, al que también los privados siguen presionando por incursionar.
Este tipo de apertura ilimitada es otro mecanismo o vía de privatización, prestación y venta de servicios públicos en favor del capital privado y desnacionalización, que se ha usado en paralelo a las concesiones de obra pública y las alianzas público-privadas. Todas conllevan el riesgo asociado de ampliar el tablero de corrupción, como ha ocurrido en muchísimos países del mundo, incluida Costa Rica. Con este proyecto el Gobierno abona directamente a la liberalización de la economía nacional entregando el servicio de electricidad al capital privado, lo cual será una pérdida para toda la sociedad costarricense.
Es una aberración que en Costa Rica el Gobierno acelere en reversa en tiempos en que urge proteger los beneficios colectivos y las economías nacionales, tal y como pide el Secretario General de la ONU, Antonio Gutiérrez. Aunque no nos detendremos en esa historia, vale decir que todos los componentes de los “modelos económicos fallidos” que vivimos hoy en el mundo, incluyeron, e incluyen, medidas de privatización y desnacionalización como las contenidas en el expediente n° 22.601 del Poder Ejecutivo. Debería el Gobierno recordar, o más bien conocer, lo que en el 2003 dijo Joseph Stiglitz, que fue jefe de economistas del Banco Mundial: “A todos aquellos que viven en México, Indonesia, Brasil, la India y otros mercados emergentes se les debería dar una consigna diferente: no luchen por la mítica economía de libre mercado, que nunca existió”. Lo que incomoda es que Stiglitz nunca lo expresara cuando él mismo impulsaba las políticas que empobrecieron y siguen llevando al hambre a millones de personas en todo el planeta.
“Ley Alvarado” para privatizar y desnacionalizar
El expediente n° 22.601 de la Administración Alvarado es mucho más intrépido que cualquiera de los intentos precedentes de privatización de la electricidad en Costa Rica. Suma un componente de desnacionalización que en aquellas propuestas no había sido expuesto de manera tan explícita con el objetivo de reafirmar los beneficios para el segmento de la élite nacional e inversionistas externos, que hasta ahora se han beneficiado con la generación privada de electricidad. La propuesta desconoce más de un siglo de avances sociales y colectivos en cuanto al servicio de electricidad frente a los intereses privados. Nos devuelve al año 1900 cuando la empresa The Costa Rica Electric Light & Traction Co., empezó a concentrar el servicio eléctrico de Costa Rica; aunque esta misma empresa fue desplazada por la American & Foreign Power Co., que concentró prácticamente todo el mercado. Esta propuesta de “ley Alvarado” desconoce la historia de luchas sociales para la nacionalización de la electricidad en Costa Rica, de fortalecimiento del servicio de electricidad con la creación de Compañía Nacional de Fuerza y Luz en 1941, pero sobre todo aniquila el Decreto Ley No. 449 del 08 de abril de 1949 que creó al ICE, del que cualquier gobernante, medianamente sensato, debería sentirse orgulloso y ser defensor.
Se podría decir incluso que la iniciativa pone en riesgo a las cooperativas y empresas de servicio público de electricidad, que contribuyeron, al menos en parte, a fortalecer el mercado eléctrico con sentido nacionalista y ampliando la cobertura a más regiones del país. (El principio de “solidaridad” en el caso de las empresas con formato cooperativo, habría que analizarlo a partir de los precios al consumidor final y del uso y reparto de sus excedentes). Digo que esas empresas reforzaron “en parte” el servicio público, pues hace años la Contraloría General de la República en un informe sobre “la eficacia y eficiencia en la asignación de fuentes de energía para la generación eléctrica”, advirtió “que los costos estimados de la energía de los proyectos de empresas distribuidoras públicas y cooperativas de electrificación rural, son en su mayoría superiores a los promedios determinados por la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA)” (CGR, 2016, p. 2). En esa misma línea, otro dato que debería revisarse con todo cuidado y seriedad es que, según explicó la Contraloría en el mismo documento sobre la eficiencia de proyectos: “no son competitivos Eólico Valle Central de la CNFL, S.A. y Los Santos de Coopesantos R.L, cuyos costos nivelados de la energía de 18,38 y 16,33 c$/kWh están muy por encima del rango utilizado de 7,09 y 12 c$/kWh. Ello, a pesar de que este tipo de generación es cada vez más competitiva y los mejores proyectos a nivel mundial alcanzan consistentemente los 5 c$/kWh sin financiamiento” (CGR, p.10).
Toda la argumentación del proyecto presentado por el Ejecutivo se subsume en un artículo que, aunque pareciera inofensivo, es la propuesta más regresiva que hayamos enfrentado desde 1990, cuando entró en vigencia la Ley 7.200 para favorecer a los generadores privados. Dice el “ARTICULO ÚNICO. – Refórmese el Artículo 3 de la Ley No. 7200, del 28 de setiembre de 1990, cuyo texto dirá: “Artículo 3.- Interés público. Se declara de interés público la compra de electricidad, por parte del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), a las cooperativas y a las empresas privadas, que establezcan centrales eléctricas de capacidad limitada para explotar el potencial hidráulico en pequeña escala y de fuentes de energía que no sean convencionales” (Negrillas ODC).
Las debilidades y imprecisiones de este proyecto en general (que revisaremos en un próximo texto), y particularmente del texto del nuevo artículo, hacen que no soporte el mínimo escrutinio técnico. Alguna de esas carencias las revisamos en seguida:
Declarar de “interés público” la compra de electricidad generada por cualquier oferente privado, nacional o extranjero, colocaría al ICE en una condición peor que la que tiene hoy comprando y pagando electricidad de acuerdo con las obligaciones que le imponen las leyes 7.200 y 7.508 aunque no sea requerida por la sociedad costarricense. La determinación del interés público no debe reducirse a un antojo político y comercial. Debe responder a un proceso técnico para definir la necesidad para el país de cada proyecto en particular. Esto está asociado con la relación oferta-demanda, y es bien sabido que el país cuenta con una capacidad instalada y de generación que duplica y más la demanda nacional. Además, esa generalidad flexibiliza la rigurosidad para concluir sobre la viabilidad social y ecológica y la factibilidad económica, que debe establecerse científica y socialmente, también para cada uno de los proyectos.
Esa idea general de “interés público” está copiada del proyecto “Ley General de Electricidad”, expediente No. 17.812, de los Gobiernos Arias Sánchez y Chinchilla Miranda, cuyo artículo 11 indicaba: “Se declaran de interés público y conveniencia nacional los proyectos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica que desarrolle cualquier agente del mercado eléctrico nacional”. Para facilitar aún más la construcción de nuevas plantas generadoras, el proyecto proponía que “…los órganos e instancias del Estado y los gobiernos locales otorgarán trato prioritario sobre otros proyectos, a los trámites y gestiones necesarios para el desarrollo acelerado de estos proyectos. Los plazos serán reglamentados por el Poder Ejecutivo”. Ese proyecto de 2009 buscaba la igualdad de condiciones para la competencia entre el ICE y privados en el mercado eléctrico, y esta nueva iniciativa avanza sustancialmente promoviendo “eliminar la barrera a la participación extranjera en el sector eléctrico”.
Declarar de “interés público la compra de electricidad” es otro mecanismo legal que obligará al ICE a adquirir la electricidad de cualquier competidor privado, aspecto que hace menos de un año se mostró espinoso cuando el ICE decidió no renovar algunos contratos de generadores privados por ser innecesarios para atender demanda nacional de electricidad. El pago a generadores privados llegó a 3.141 millones de dólares entre 1989 y 2021, según datos del ICE publicados por el Semanario Universidad. Aunque la amenaza de debilitamiento del ICE es el problema principal en este proceso, la misma institución ha tenido un papel destacado. De acuerdo con Mauricio Álvarez “El ICE viene actuando en esa dirección, pues ya convirtió a la transnacional española Unión Fenosa en la mayor productora de electricidad privada en nuestro país, con un total de 100 MW, al otorgarle un segundo proyecto (actualmente posee Torito, de 50 MW y La Joya, también de 50 MW)”.
A la ausencia de definiciones y numerosas imprecisiones se suma la de que la compra se hará a “centrales eléctricas de capacidad limitada”. Esa es una ligereza insalvable que le resta el mínimo rigor al proyecto. No es lo mismo capacidad limitada en Noruega que en China, pues cada país establece sus propios estándares, como incluso ocurre en Costa Rica. Retomemos como ejemplo lo ya sabido y señalado: los proyectos con la Ley 7.200 no pueden superar los 20.000 kW (20 MW) y los contratos bajo la Ley 7.500 tienen un tope de 50.000 kW (50 MW) gracias a la (capítulo II de la 7.200), entre ambas modalidades el tope de generación es el 30% de la capacidad del Sistema Eléctrico Nacional. Independientemente del uso que se le ha dado a esas leyes, establecen límites y cantidades claras. Y este proyecto adolece del todo de esas precisiones elementales.
Cualquiera que revise el proyecto y lea que el ICE deberá comprar la electricidad de “fuentes de energía que no sean convencionales”, lo primero que se pregunta es ¿Cuáles son esas fuentes? En el mercado eléctrico de Costa Rica podemos anotar como convencionales la hidroelectricidad, térmica, geotérmica, hasta la eólica y la generada con biomasa, si consideramos que ya tienen bastantes años de ser parte de la oferta nacional. ¿A qué se refieren con “no sean convencionales”?
La misma finalidad del proyecto “eliminar la barrera a la participación extranjera en el sector eléctrico” es otra imprecisión inaceptable, pues no define condiciones para ejecutarla. Dada esa generalidad, el término “eliminar” permitiría eventualmente una apertura indiscriminada que sería imposible subsanar, corregir o definir por medio de un reglamento. De hecho, es común que muchos ajustes legales para favorecer la generación privada, hasta ahora, se hayan hecho por medio de decretos y directrices ministeriales, pero en este caso, es imposible determinar cómo se dará esa eliminación de barreras a la inversión privada, y sobre todo cuáles serán sus impactos en el mercado eléctrico y para la sociedad costarricense que finalmente deberá consumir esa electricidad a precios de mercado privado. Por eso el texto implica un conjunto de amenazas que ameritan su rechazo absoluto.
Forzar la Constitución para desnacionalizar
La otra línea de justificación, a la cual se le dedica la mayor parte del proyecto, es un conjunto rebuscado de argumentos para forzar la conclusión de que actualmente la inversión privada está poco menos que imposibilitada en Costa Rica. Estirando las ligas al extremo, el proyecto funde el argumento de la OECD -eliminar barreras de inversión privada- con una interpretación de la Constitución Política y de jurisprudencia constitucional de manera más que rebuscada. Dice el Gobierno que “eliminar la barrera a la participación extranjera en el sector eléctrico”, “Es una recomendación (de la OECD) que se relaciona con el principio constitucional de igualdad, en términos generales y de igualdad entre los nacionales y extranjeros, en términos específicos, y conlleva que no se discrimine entre unos y otros, salvo las excepciones y limitaciones que la Constitución y el ordenamiento establezcan. También se relaciona con la libertad constitucional de empresa o de ejercicio de la actividad comercial”.
Esa interpretación no sólo se usa para promover la privatización del servicio público de la generación, compra, distribución y consumo de electricidad, si no que busca desnacionalizarlo. Por eso hablamos de una regresión hasta antes del 8 de abril de 1949 e incluso hasta 1900 a tiempos del mercado eléctrico controlado desde el sector privado nacional y transnacional.
Este proyecto es un gesto de genuflexión ante el empresariado privado, y en el ámbito global, una reverencia neocolonial ante la OECD. Nadie antes, ni con los proyectos de ley de los partidos más antiguos y tradicionales como Liberación nacional y la Unidad socialcristiana, se llegó al extremo de buscar “el principio constitucional de igualdad…entre los nacionales y extranjeros” para que no se “discrimine entre unos y otros”. Siendo la nacionalización de la electricidad y la creación del ICE insignias notables del Estado social de Costa Rica, es imposible aceptar lo que proponen estos gobernantes, como la idea de no discriminar y de procurar “igualdad entre los nacionales y extranjeros” en el control de una actividad económica verdaderamente crucial para la sociedad costarricense, como es la electricidad. Si se piensa en los costos de la cobertura en regiones de difícil acceso, de nuevo cobra más que pertinencia la necesidad de fortalecer al ICE como entidad de servicio social, y preguntarse si los privados, como nunca ha sido hasta ahora, prestarían el servicio en cualquier región del país.
Cierto es que para algunas empresas privadas del sector eléctrico la apertura indiscriminada podría ser una buena oportunidad para aliarse con foráneos, como ya ocurre con los proyectos (BOT sigla en inglés) Construcción, Operación y Transferencia de la ley 7.508, pero en un escenario de competencia abierta hasta las demás empresas, como las cooperativas, podrían ser disminuidas, parcialmente absorbidas y hasta eliminadas del mercado. No es que los empresarios nacionales de la electricidad privada ameriten defensa, pues ya hemos documentado cómo han hecho fortunas vendiendo electricidad cara e innecesaria. Se trata de que la soberanía, como condición fundamental de un país y de una nación, debe considerar como principio la defensa de “lo nacional” ante la invasión de capitales foráneos, sobre todo en la prestación de cualquier servicio social prioritario, como es la electricidad.
El proyecto no establece ningún límite de inversión para el capital externo. No señala plazos ni condiciones de inversión y venta de la electricidad. No justifica, ni remotamente, que esta apertura se fundamente en una necesidad nacional de electricidad y además, como hemos demostrado, en Costa Rica no falta ni un peso de inversión privada para atender la demanda de electricidad.
Como ciudadanía, este proyecto nos debería regresar a los primeros años del siglo pasado, pero para emular los movimientos sociales que iniciaron la nacionalización la electricidad en Costa Rica con la dirección de la Liga Cívica Nacional, lo cual se logró en 1948 tras décadas de lucha social.
Carlos Alvarado Quesada, Presidente, Rolando Castro Córdoba, Ministro a.i. de Ambiente y Energía y Elian Villegas Valverde Ministro de Hacienda, deben pasar a la historia como destacados peones de la destrucción del Estado social costarricense, y del ICE en particular. Deberían ser recordados por promover la apertura del mercado eléctrico para su privatización y transnacionalización, devolviéndonos a los peores tiempos de vasallaje en las relaciones entre países.
Sin transparencia no hay democracia y el deber ineludible del Pueblo digno y empoderado como debe ser, es exigirla siempre, tanto en las instituciones públicas como en las privadas pues a ambas las mantiene y soporta constantemente con sus esfuerzos y recursos. «La verdad os hará libres» decía sabiamente Jesús de Nazaret, fuente fundamental de valores éticos y morales. En cambio, los dictadores, los corruptos, los cobardes los enemigos de la Humanidad y de la Madre Naturaleza, temen y aborrecen la verdad y a sus defensoras y defensores como el diablo a la cruz, como los vampiros a la luz, como los genocidas mercaderes de la guerra y la muerte a la paz, como los maleantes a la justicia.
La demagógica exigencia de «lealtad hacia la institución», no es más que un sucio subterfugio de las argollas mafiosas hegemónicas que dirigen esas instituciones, para obligar a sus subalternas y subalternos a callar a fin de seguir realizando impunemente todo tipo de chorizos para su único y personal beneficio.
Un honesto jerarca al servicio del Pueblo debe más bien exigirle a las y los empleados denunciar incluso cualquier sospecha de malversación de los recursos públicos que allí se manejan. Deben premiar a las y los trabajadores que honestamente defienden y practican la transparencia y la excelencia laboral pues, repetimos, su deber fundamental es servir al Pueblo como soberano que es de toda auténtica Democracia.
Quienes defienden la verdad y la transparencia, la honestidad y la decencia, es decir la vida, son las y los imprescindibles, las y los indispensables, las y los ejemplares e inmortales. En cambio, quienes defienden la mentira y la opacidad, la deshonestidad y la matráfula, es decir, la muerte, son las y los efímeros, las y los breves que van raudos, como ejemplos de odiosos antivalores, al basurero de la vergüenza de la Historia.
Hoy el Pueblo que a fuerza de golpes por dicha ha despertado, se informa -estudia-, se une, se organiza, se empodera, se moviliza y rápido se va convirtiendo en Poder Popular (artículo 9 constitucional), pues es el real dueño de nuestro país, debe proteger, ensalzar e imitar a quienes defienden la verdad y la transparencia en todos los campos, en especial en nuestras instituciones públicas.
Dejémonos de pendejadas, de «nadaditos de perro», es el momento de definirnos, comprometernos y sobre todo actuar en pro de la verdad, la transparencia, la auténtica justicia, la real democracia, la Humanidad y la. Naturaleza.
De pie valientes y libres ya o, de rodillas, cobardes y esclavos siempre. Usted escoge.
Se invita a las personas mayores de edad sexualmente diversas sancarleñas para una investigación titulada: “Políticas anti-género y movimientos fundamentalistas: Ser LGBTIQ+ en San Carlos durante la primera y segunda ronda electoral del 2018”
Toda la información recopilada será confidencial y se realizarán reuniones de manera virtual.
El boletín oficial de la Alianza Nacional de Ríos y Cuencas de Costa Rica en su edición N°38 incluye los siguientes títulos y sus respectivos contenidos:
Voluntariado Cruz Roja costarricense
Segunda capacitación sobre festivales de esferas de barro
Observatorios ciudadanos del agua
Festival de esferas de barro en el río Tirimbina
Monitoreo de la calidad del agua mediante el análisis físico-químico
¡Sembrando agua y refugio para la vida silvestre!
Mi reto guardián en casa
El planeta convoca a sus guardianes de la naturaleza
Bosque y ríos
Árboles en la ciudad: mucho más que sombra
¿Qué es un proyecto regenerativo?
Bienestar en Costa Rica a través del desarrollo regenerativo
Publicaciones
El cambio climático | el gran informe científico sobre cambio climático responsabiliza a la humanidad del aumento de fenómenos extremos
Recurso hídrico y contaminación | el papel de los ríos en el transporte de los residuos plásticos al mar
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Por Gustavo Chan Mora, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Profesor Catedrático UCR
Dr. Gustavo Chan Mora. Foto: Anel Kenjekeeva, UCR.
En el periódico El Mentor costarricense del 21 de diciembre de 1844, alguien escribió:
«Los cosecheros de café deben dormir tranquilos, en la confianza de que sus intereses jamás serán sacrificados por la falta de buenos defensores; puesto que apenas hay un individuo en los supremos poderes que no tenga alguna conexión con ese ramo” (según cita de Granados, Mónica. 1991, p.219.)
Con esto, sin saberlo, el autor dejaba en evidencia para futuras interpretaciones históricas, el contexto sociopolítico, y socioeconómico de su tiempo: precisamente, el del nacimiento y consolidación del Estado oligárquico, en el cual, dicho sea con toda claridad, los cafetaleros eran dueños del Estado costarricense.
Todas y cada una de las instituciones del incipiente Estado, eran absolutamente funcionales al desarrollo cafetalero. Quienes estudiamos de manera especializada, por ejemplo, las formas y objetivos que tenía la sanción penal en esa época, en nuestros primeros acercamientos a este tema, nos dimos cuenta con asombro, que el uso preferente y extendido de la pena de trabajo forzado en esta época, tenía como fin la construcción de infraestructura para la exportación del monocultivo, y estaba muy lejos de representar un afán de humanización de los castigos.
Esta economía, y su correspondiente estructura estatal, esa para la gran “hacienda cafetalera”, se afianzaron y extendieron hasta bien entrado el siglo XX. Están bien documentados, en registros históricos, y en la memoria de muchos de nuestros abuelos, el empobrecimiento de amplios sectores de la población, e incluso los procesos y mecanismos de segregación de los miserables, que las leyes e instituciones estatales de la época provocaron.
Aquella manera de comprender cualquiera de los problemas nacionales, desde la visión de los dueños de la Hacienda, permanece todavía en la cabeza de muchos grupos y sectores en Costa Rica.
El proyecto reformista de los años cuarenta del siglo pasado, todo el proceso de cambio Constitucional, que culminó con la Ley Fundamental de 1949, y se materializó con una novedosa estructura de autonomías institucionales —dicho sea con toda franqueza— fueron vistos en ese entonces, y siguen siendo vistos en la actualidad por algunos sectores y grupos sociales, como el medio con el cual se les arrebató el control y dominio sobre la finca.
Lo que quiero decir con este sumarísimo repaso histórico, es que, si bien uno podría leer las leyes desde criterios meramente técnico-jurídicos sobre su claridad, congruencia interna, y coherencia con normas superiores, o incluso desde criterios racional instrumentales (su capacidad para lograr ciertos objetivos); lo cierto es que se obtiene una mejor comprensión de los cuerpos de ley, mediante el análisis genealógico, sobre el origen y precedentes económicos y políticos de estas.
Toda ley, y lo que más importa, sus objetivos declarados y no declarados (latentes), siempre se entienden mejor cuando se enmarcan en el contexto económico y político real en que se les produce, y que provoca su promulgación.
Pero también, junto a ello, las leyes se entienden mejor, si se logra hacer la distinción, sin engaños, de los efectos que provocan, o que potencializan en la realidad; de aquello para lo que efectivamente sirven, y de lo que simplemente no cumplen, ni pueden cumplir.
Dicho esto, frente a la comprensión amplia de las leyes, uno no debe concentrarse en la lectura meramente jurídico dogmática de las mismas; sino realizar una aproximación sociojurídica a ellas.
Dos preguntas clave deberían guiar cualquier reflexión acerca de las normas de ley y de rango constitucional, que instalaron el régimen y la estructura institucional de las autonomías en Costa Rica, incluyendo claro está, las reglas de autonomía universitaria:
¿Cuál fue el contexto sociopolítico y socioeconómico en el cual se aprobaron esas normas de rango constitucional y legal?
¿Qué efectos o consecuencias reales provocaron en la sociedad costarricense?
Las normas constitucionales sobre la autonomía universitaria, se discutieron y aprobaron en el contexto de reconstrucción del Estado costarricense luego de la guerra civil de 1948. Ello representó un reacomodo de las élites gobernantes, pero en el plano socioeconómico significó la transición definitiva desde una economía liberal decimonónica, y su correlativa estructura estatal funcional; a una economía liberal de base Keynesiana criolla, y su correlativo Estado benefactor, traducido en numerosas instituciones, más abiertas a discusiones, pugnas y consensos de distintas fuerzas sociales.
En ese contexto debemos ubicar el artículo 84, de la Constitución Política de Costa Rica, el que bien sabemos indica lo siguiente:
la Universidad de Costa Rica es una institución de cultura superior que goza de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios. Las demás instituciones de educación superior universitaria del Estado tendrán la misma independencia funcional e igual capacidad jurídica que la universidad de costa rica (…) el Estado las dotará de patrimonio propio y colaborará en su financiación”.
Pero además deberíamos saber, que la redacción de esta norma estuvo a cargo de don Fernando Baudrit Solera y don Rodrigo Facio Brenes, quienes desde sus particulares formaciones jurídicas tenían absolutamente claro, el modelo político de Estado que se estaba construyendo con la nueva Constitución.
De igual manera, deberíamos entender que, por la razón que fuera —ya sea por la convicción acerca de este nuevo modelo de organización estatal y la economía; o por la concesión que se vieron obligados a hacer frente a una realidad de inequidades que explotaba en la cara— la construcción de la autonomía universitaria fue producto de un pacto entre diversos sectores políticos y económicos de la sociedad costarricense.
Las consecuencias que tuvo esa norma, las puede atestiguar toda la sociedad costarricense: la educación superior pública, y el régimen de autonomía en que se basa, fueron y siguen siendo el motor para un proceso de enseñanza libre e independiente frente a los grupos de Poder, sus intereses e ideologías; que puedan estar controlando y dirigiendo el Estado costarricense, como consecuencia de los vaivenes electorales.
En su momento, esto ha sido bien comprendido por el intérprete constitucional, sin ambages, ni dubitaciones:
(…) La autonomía universitaria tiene como principal finalidad procurar al ente todas las condiciones jurídicas necesarias para que lleve a cabo con independencia su misión de cultura y educación superiores. En ese sentido la Universidad no es una simple institución de enseñanza (…), pues a ella corresponde la función compleja, integrante de su naturaleza, de realizar y profundizar la investigación científica, cultivar las artes y las letras en su máxima expresión, analizar y criticar, con objetividad, conocimiento y racionalidad elevados, la realidad social, cultural, política y económica de su pueblo y el mundo, proponer soluciones a los grandes problemas y por ello en el caso de los países subdesarrollados o poco desarrollados como el nuestro, servir de impulsora a ideas y acciones para alcanzar el desarrollo en todos los niveles (espiritual, científico y material), contribuyendo con esa labor a la realización efectiva de los valores fundamentales de la identidad costarricense, que pueden resumirse … en los de la democracia, el Estado Social de Derecho, la dignidad esencial del ser humano y el ‘sistema de libertad’, además de la paz (artículo 12 de la Constitución Política) y la Justicia (41 ídem); en síntesis …que la Universidad, como centro de pensamiento libre, debe y tiene que estar exenta de presiones o medidas de cualquier naturaleza que tiendan a impedirle cumplir, o atenten contra ese su gran cometido (…)” (Voto 2008-013091, la Sala Constitucional de Costa Rica).
Es esta materialización de la autonomía universitaria, la que ha generado consecuencias constatables en el desarrollo de Costa Rica: fueron la formación de una amplia clase media y el impulso permanente para el ascenso social logrado mediante esfuerzo y estudio; los que permitieron que este pedazo de tierra dejara de ser una hacienda cafetalera, y lo que nos permitió, en su momento, el orgullo de poder exhibir algunos de los mejores índices de desarrollo humano, de salud, de equidad en todo América.
¿Adónde estaríamos sin esa libertad que provoca la inclusión educativa, adónde estaríamos sin esa libertad para la discusión de ideas que provoca y permite la libertad de Cátedra? O más importante aún ¿Adónde nos llevaría la disolución de la autonomía, y la aniquilación de la Universidad Pública que se pretendía y pretende, tanto con proyectos de ley, como con actos solapados?
Deben subrayarse entonces, aquellos contextos en que se construyó la autonomía de nuestras universidades públicas, y todo lo que esto potenció; para entender el nuevo contexto, político y económico, en el cual se pretendió y se sigue intentando destruirla.
El reciente fallo de la Sala Constitucional, conocido hasta ahora en su parte dispositiva únicamente; y las múltiples declaratorias de inconstitucionalidad que conlleva respecto del proyecto de ley de Empleo Público —en mucho producto de precedentes como el citado, que obligaban a cierta congruencia del alto Tribunal— no puede, no debe ser leído nunca en clave estrictamente jurídica.
Por el contrario, dicho fallo, deja en evidencia claramente el trasfondo económico y político en el cual se proyectó la ley de empleo público, y las consecuencias que ello hubiese generado. Para esto, basta con leer algunas de las declaraciones dadas por el propio presidente del Constitucional ante la prensa:
Es un tema más que todo de respeto al derecho y a la Constitución de 1949 que estableció un diseño constitucional. El constituyente opta por un modelo de descentralización administrativa, crear entes con grados de autonomía. En el caso de las municipalidades se les dotó de una autonomía política. Ese diseño constitucional es como un plano hecho por un arquitecto, sobre ese plano se edifica -valga la redundancia- el edificio de la institucionalidad costarricense. Sin una reforma a la Constitución, ese diseño no puede ser alterado y la Sala sale en defensa de ese diseño consagrado en la Constitución Política.”
Lo que se optó por defender entonces, fue un modelo de Estado Social de Derecho (creado y establecido en el contexto político y económico al que se ha hecho referencia), con un sólido régimen de autonomías; frente a otro modelo (un Estado Neoliberal centralista) que justamente traslucía, se hacía evidente en la ley de empleo público.
Vamos, digámoslo en blanco y negro:
La decisión de la Sala Constitucional representa el freno a un intento de reforma (y destrucción) del modelo de Estado Social de Derecho, pensado en función de un proyecto de Estado Neoliberal y mediante todo su andamiaje de leyes (inconstitucionales).
Con ello, se puso freno al más oprobioso intento de acabar con la división de Poderes (base misma de una democracia formal) sobre todo por la injerencia en el Judicial; con la Autonomía Universitaria y de las Municipalidades, y del Tribunal supremo de elecciones; para los cuales se proponía el control centralizado desde un súper ministerio de planificación.
Esa tentativa de destrucción del Estado social de Derecho, se ejecutó mediante mecanismos consabidamente espurios: se quiso modificar la estructura esencial del Estado, consagrada en la carta fundamental, mediante una ley; cuando el único mecanismo de discusión legítimo que existe al efecto es en el contexto de una Asamblea con Poder Constituyente.
En toda la historia de la Segunda República, nunca se había ensayado proyecto autoritario y de concentración de Poder de tal magnitud.
Esto no es poca cosa: estamos hablando del ensayo más fuerte que se ha hecho en la historia de la Segunda República para acabar con pilares esenciales de la organización democrática.
Lo expuesto, también permite entender la propuesta de estructura estatal que subyace en el proyecto de ley de empleo público, dentro de peligrosas tendencias autoritarias que se perfilan en nuestro tiempo, en numerosos países.
Conviene subrayar siempre, que la división de poderes, y su correlato de autonomías institucionales, tienen como objetivo esencial, mantener ciertos “cotos” para la toma de decisiones de interés general; frente a los intereses particulares de ciertos grupos económicos y políticos.
En el caso de las universidades, esa autonomía es condición fundante, básica (aunque se requieren muchas más), para que la formación y difusión de saberes, así como para que la investigación científica, estén perfiladas por una conciencia crítica, y no plegadas o condicionadas a aquellos intereses sectoriales, de grupo, o político partidistas. Eso, precisamente, fue lo que supieron leer los constituyentes del 49.
Eso, nada más y nada menos, es lo que se pierde con leyes como la aludida. Lamentablemente, esa forzosa vuelta de timón que se intentó, esa inclinación, concuerda con lo que se hizo y ha venido haciendo en los más nefastos proyectos autoritarios y totalitarios de la historia.
Muchos han dado cuenta ya, de que para el actual proyecto económico global, estorban, y estorban mucho, las formas y las estructuras institucionales de la Democracia. Pero más importante aún, esas tendencias autoritarias, tienen la capacidad de sobrevivir, camufladas en las democracias formales.
En su conocido libro, “Los orígenes del Totalitarismo”, Hanna Arendt supo distinguir claramente entre el totalitarismo como régimen político, y el pensamiento totalitario. El primero, como forma de Estado o de Gobierno con ejemplos históricos concretos. El segundo, como manera de pensar el ejercicio del Poder, que puede existir y tener una amplia extensión incluso sin que esté consolidada aquella forma de Estado o Gobierno.
De ahí que, desde la conciencia crítica que nos permite la autonomía universitaria, y que debemos ejercer desde ella; nuestra opción debe ser siempre analizar, valorar y cuestionar, cuánto pensamiento autoritario existe ya, en las prácticas y normas de un Estado formalmente democrático; y cuánto abonan en su limitación o en su avance los nuevos proyectos de ley que se plantean.
Ahora, como antes, en este tipo de coyunturas me resulta imposible no recordar las famosas palabras de Unamuno, cuando se encontraba sitiado por las fuerzas franquistas en la universidad de Salamanca… En este momento particular, guardando las distancias, sí, es bueno recordar a Unamuno y saber que quienes defendieron, promovieron y garantizaron aquel proyecto de ley, ni vencieron, ni convencieron.
Gustavo Chan Mora Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Profesor Catedrático UCR
D19, ACODEUH y Colectivo de Solidaridad con el Pueblo de Honduras invitan al Foro Internacional «No más impunidad en Honduras» en el cual se contará con la participación de:
Norma Rodríguez – Madre de Keyla Martínez
Lucy Pagoada Quesada
José Carlos Cardona Erazo
Dora Lilith Cálix
Félix Ovidio Cubias
Trino Barrantes Araya
El foro se dará el día 19 de agosto a las 7:30 pm hora C.A / 9:30 p.m hora New York, el foro se podrá sintonizar por medio de Facebook Live Justicia para Keyla Martínez
Se les invita a sintonizar el programa radial Alternativas; éste se transmitirá el día viernes 20 de agosto a las 6:00 p.m. Se desarrollará el tema: “Hacia la consolidación del auténtico poder popular en Costa Rica”. Se contará con la participación de:
Doris Ríos Ríos: Territorio indígena Cabécar China Kichá y defensora de la Madre Tierra
Carlos Campos Rojas: Coordinador Nacional del Movimiento de Ciudadanía que Construye Territorios Seguros
Lidieh Rojas Ocampo: Comité de la toma de terreno del asentamiento de La Cruz en Monte Alegre de Los Chiles.
Ronulfo Morera Vargas: Buen Vivir, Costa Rica.
José María Gutiérrez: Profesor emérito, Universidad de Costa Rica. Foro Confluencia Solidaria.
Mario Cabrera: Integrante de las Asambleas Patrióticas Populares
Puede sintonizar el programa por medio de Radio 16 en la emisora 1590 am o en el Facebook Live de Alternativas.
El pasado miércoles 18 de agosto se llevó a cabo la séptima sesión del proceso capacitación a las Juntas de Salud de FRENASS. Facilitación a cargo de:
Norman José Solórzano Alfaro
Vínyela Devandas Brenes
Carolina Somarribas Dormond
La propuesta formativa de la sesión incluyó temas como los siguientes:
Aspectos relevantes de la participación en las juntas de salud.
Vías y mecanismos de participación democrática en las juntas de salud
Como eje central se abordaron los temas de la participación, los mecanismos necesarios para desarrollar procesos de participación democráticos. Ante esto se destacó la importancia de tener vinculación con organizaciones del entorno, articular con los actores comunales, proyectar el trabajo en el corto y mediano plazo, manejo de los recursos para la promoción de la salud, promover la participación inclusiva, relevos y renovación de liderazgos.
