El próximo jueves 9 de diciembre del 2021, a las 3:00 pm Costa Rica / 6:00 pm argentina se realizará el encuentro: “Masculinidades y Educación Popular. Encendiendo el fuego del encuentro”.
En este segundo encuentro seguimos tejiendo un espacio para reflexionar y profundizar en la crítica a la Masculinidad Hegemónica y buscar juntes las herramientas necesarias para este tiempo de las masculinidades del CEAAL, en América Latina y el Caribe. En esta oportunidad compartiremos las experiencias de los compañeres:
Nicolás Vargas. Asociación Ecuménica de Cuyo -FEC- Mendoza/Argentina.
Javier Omar Ruiz. Colectivo Hombres y Masculinidades. Colombia
Ya se encuentra a la venta y para descarga gratuita el libro: “El gobierno de Carlos Alvarado y la contrarrevolución neoliberal en Costa Rica”, de Iván Molina Jiménez y David Díaz Arias.
El ejemplar electrónico es gratuito, lo puede descargar en: https://ciliac.fcs.ucr.ac.cr/e-books/ (a partir del 8 de diciembre). El ejemplar impreso tiene un costo de 5.000 colones, y está a la venta en el CIHAC (10:00 am a 2:00 pm).
En ese libro se menciona como en el 2018, las oligarquías empresariales costarricenses alcanzaron una posición de poder sin precedente desde el período anterior a la dictadura de Tomás Guardia Gutiérrez (1870-1882). Su intervención directa en las políticas públicas se materializó en una regresiva reforma tributaria, una estratégica legislación antisindical y otros cambios institucionales que debilitan o desmantelan la institucionalidad democrática, profundizan las desigualdades y acrecientan el descontento social. Todavía en curso, esta contrarrevolución neoliberal distancia a Costa Rica de los estilos de desarrollo que en el pasado la diferenciaron del resto de Centroamérica y la aproximan a la experiencia de Chile, antes de la revuelta popular de 2019.
Y ahora le tocó el turno a la Caja. La entrevista a Elián Villegas, ministro de Hacienda, publicada hoy en La Nación, es una declaratoria de guerra que lanza el gobierno de Carlos Alvarado contra la Caja. Es obvio que el machete está listo para cortar también sus presupuestos.
Afirma Villegas que la Caja es muy gastona, y amenaza los sagrados «equilibrios» fiscales que este gobierno idolatra. Es el mismo ministro que guarda silencio sobre el caudaloso fraude tributario que, por años y años, ha subvertido la sostenibilidad de las finanzas públicas. El mismo que elude afanosamente hacer contribuir a los más ricos, mientras lanza la carga tributaria sobre los pobres y los grupos medios.
Cuánto cinismo y desparpajo. Porque, además, es fácilmente demostrable que, comparativamente hablando, nuestro sistema de salud funciona con costos bajísimos.
Después de leer esa nota infame, hice un ejercicio de búsqueda de información para contar con evidencia que me permitieran confirmarlo. En media hora, recopilé datos de 10 países. Les compartiré aquí solo dos ejemplos ilustrativos:
– En 2019, nuestra esperanza de vida al nacer era de 80,8 años, mucho mejor que los 78,5 años de Estados Unidos. Y, sin embargo, la inversión en salud por habitante en Estados Unidos multiplica por 8,2 veces la nuestra.
– Nuestra esperanza de vida es algo inferior a la de Dinamarca (81,3 años), solo que la inversión en salud por habitante de este país, es 4,84 veces la nuestra.
(Con base en datos del PIB según “paridad del poder adquisitivo”, o sea, corrigiendo las diferencias en los niveles de precios).
La Nación, Villegas y Carlos Alvarado mienten: nuestro sistema de salud es ejemplar, por sus logros y por el bajo costo al que esos logros se alcanzan.
Por Nicolas Boeglin, profesor de la Facultad de Derecho
El libro ‘El Acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental y su relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible’ nos ofrece las contribuciones de renombrados/as especialistas de diferentes países de América
El pasado 25 de noviembre del 2021, la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas (Cepal) dio a conocer una nueva publicación sobre el Acuerdo de Escazú, elaborada en colaboración con la Universidad del Rosario, Colombia (véase el enlace a presentación virtual realizada desde la misma Cepal, así como el video de la actividad, colgado por la Universidad del Rosario).
Berta Cáceres Flores, lideresa hondureña lenca, asesinada el 3 de marzo del 2016. Foto extraída de la nota del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (Gaipe). Este es un equipo de investigación internacional constituido para esclarecer su asesinato y en particular la trama político-empresarial responsable de su muerte, la cual el mismo Estado hondureño intentó encubrir y maquillar en un primer momento (véase al respecto el informe titulado «Represa de Violencia. El Plan que asesinó a Berta Cáceres»).
Una obra de lectura muy recomendada
Esta obra se titula El Acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental y su relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y reúne diversas contribuciones de renombrados/as especialistas de distintas latitudes del continente americano. El texto completo del documento (298 páginas) está desde ya disponible en este enlace oficial de la Cepal.
Cabe destacar que el prefacio de este libro es autoría de John H. Knox, antiguo relator especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente.
Como bien se recordará, el título oficial del Acuerdo de Escazú, adoptado en Costa Rica el 4 de marzo del 2018 (véase el texto completo de su versión oficial en español) es Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.
Las negociaciones que culminaron en el 2018 duraron cinco años, siete meses y siete días. Si lograron concluir exitosamente, fue gracias a la habilidad de las gestiones diplomáticas desplegadas tanto por Chile como por Costa Rica, que lideraron el proceso de negociación.
En su presentación, las tres editoras de este libro indican que «Con el fin de dar paso al lector para que pueda sumergirse en el contenido de esta obra, es preciso enfatizar que para la CEPAL y la Universidad del Rosario el Acuerdo de Escazú representa una oportunidad muy valiosa y sin precedentes para América Latina y el Caribe no solo para el fortalecimiento de la democracia, los derechos humanos y la protección ambiental, sino también para el cumplimiento de la agenda global más importante de nuestro tiempo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible» (p. xxiv).
El lector encontrará en esta obra artículos de gran valor escritos por la pluma de destacados/ as especialistas de América Latina y del Caribe, y es de esperar que sea ampliamente difundido en cuanto a su contenido.
Una contribución más que necesaria ante la desinformación existente
Pese a su entrada en vigor el pasado 22 de abril, el Acuerdo de Escazú persiste en polarizar como raramente observado a las opiniones públicas en varios Estados de América Latina y del Caribe, cuyos decisores políticos siguen indecisos en aprobar este innovador acuerdo regional.
Ello se debe en gran parte a una verdadera campaña de desinformación orquestada por algunos sectores económicos y políticos opuestos a ver consolidados y afianzados los derechos de quienes defienden el ambiente. Entre muchos, destaca el caso de Chile, Colombia, Costa Rica, Paraguay y Perú.
Estos «argumentos» en contra de Escazú se asemejan más a mitos promovidos por algunos sectores políticos cercanos a influyentes cúpulas empresariales que a argumentos sensatos y razonables: desde la fantasiosa idea según la cual al aprobar Chile este tratado, una demanda boliviana en su contra sería inminente, hasta la supuesta pérdida de soberanía peruana en la región amazónica, pasando por la intención de favorecer el aborto que encontró la iglesia paraguaya en el Acuerdo de Escazú, sin hablar de la inversión de la carga de la prueba (que vendría a amenazar la presunción de inocencia en materia penal) o bien, el hecho de que se ahuyentaría la inversión extranjera de aprobarse el Acuerdo de Escazú. Estos y muchos otros supuestos «argumentos» han sido sólidamente refutados en varias latitudes, desde la academia y desde organizaciones de la sociedad civil (Nota 1).
Ante la intensidad de esta campaña de desinformación y la de sus relevos encontrados en influyentes medios de prensa, algunos muy valiosos esfuerzos en materia de comunicación han intentado contrarrestarla (Nota 2). No obstante, el desequilibrio existente explica, al menos en parte, que de los 24 Estados que han firmado el Acuerdo de Escazú, solamente 12 lo hayan ratificado (véase tabla oficial de firmas y ratificaciones). Este desequilibrio puede también explicar en parte que varios Estados ni siquiera hayan optado por firmarlo (entre los cuales, en América Latina, figura el atípico caso de Chile, así como Cuba, El Salvador, Honduras y Venezuela).
Considerando el actual panorama del Acuerdo de Escazú en la región, esta nueva contribución de la Cepal en este mes de noviembre del 2021 permite una mejor comprensión del Acuerdo de Escazú y de sus alcances, en particular de cara a los desafíos que enfrenta América Latina en materia social y en materia ambiental.
Defensores del ambiente y asesinatos: un angustiante panorama
En relación con uno de los Estados que persiste en no firmar este tratado, Honduras, son muchos los activistas de América Latina en recordar que la fecha de adopción del Acuerdo de Escazú (4 de marzo) acordado por parte de las 33 delegaciones oficiales se escogió en homenaje al natalicio de Berta Cáceres, lideresa lenca asesinada en marzo del 2016 en Honduras (véase informe de un grupo de expertos internacionales (el Gaipe) que investigó sobre su muerte).
Por su parte, cabe indicar, en el caso de otro Estado ausente entre los firmantes, que Chile inició estremecido este último mes del 2021 al conocerse el asesinato de una gran activista ambiental como lo fue Javiera Rojas (véase nota de prensa del 1/12/2021). Pocos días después de lo ocurrido en Chile, es en Perú (que sí ha firmado mas no ratificado Escazú) donde se asesinó a un reconocido líder indígena en la región amazónica: Lucio Pascual Yumanga (véase nota de prensa de la DW del 6/12/2021).
Finalmente, entre los Estados como Perú que han firmado pero que no han aún ratificado este tratado, resulta de interés recordar que dos líderes indígenas en Costa Rica fueron asesinados en la región de Salitre en menos de un año (marzo del 2019 – febrero del 2020).
Es posible que la impunidad campante, que pareciera mantenerse en ambos asesinatos, sea parte de las inquietudes del relator especial de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas en su visita a Costa Rica prevista en el mes de diciembre del 2021 (véase comunicado oficial).
En este mes de diciembre, se conmemora en Costa Rica la muerte de los cuatro integrantes de AECO, acaecida hace 27 años, un doloroso caso que se mantiene en una indignante impunidad (véase artículo de opinión titulado «Sembrando memoria contra la impunidad y el olvido» publicado en el Semanario Universidad).
Foto extraída de la nota de prensa de la BBC “Los países en los que matan a más ambientalistas en el mundo y el terrible récord de América Latina”, del 30 de julio del 2019.
La realidad del Acuerdo de Escazú y la puesta a prueba de los supuestos «argumentos» en su contra
Es de notar desde ya que en los Estados que ya han firmado y ratificado este novedoso instrumento regional (como Argentina, Bolivia, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá o Uruguay), sus economías no han sufrido ninguno de los supuestos efectos negativos que conlleva, según estas mismas cámaras empresariales, la aprobación del Acuerdo de Escazú. Tampoco se ha observado que el principio de la inversión de la carga en materia ambiental haya en lo más mínimo erosionado, en materia penal, la presunción de inocencia en estos Estados: se trata de un principio moderno del derecho ambiental que ya aplica desde hace muchos años y que de ninguna manera amenaza otras esferas del ordenamiento jurídico.
En relación con los temores de los altos mandos militares peruanos, los respectivos ejércitos de los Estados antes señalados no han cedido un solo ápice de soberanía territorial desde que se aprobó.
Finalmente, en el caso de Costa Rica, destaca el hecho de que una de las principales cámaras empresariales opuesta al Acuerdo de Escazú haya rehuido el debate público con especialistas en derecho ambiental y derechos humanos (Nota 3).
Durante la reciente COP26 celebrada en Glasgow, las autoridades colombianas se sintieron obligadas a hacer un anuncio oficial en favor del Acuerdo de Escazú (véase nota de prensa de El Tiempo), evidenciando su profundo malestar, dada la dramática situación que enfrentan en Colombia los defensores del ambiente (véase nota de prensa de El País).
Recientemente en Costa Rica, se publicó por parte de la Asociación Costarricense de Derecho Internacional (Acodi) un valioso artículo que refuta nuevamente las leyendas creadas por algunas cámaras empresariales costarricenses (y sus siempre muy hacendosas fichas políticas) en contra de este instrumento (véase artículo titulado «El Acuerdo de Escazú sin Costa Rica», cuya lectura también recomendamos).
Es de resaltar que, en el caso de Costa Rica, las autoridades de la Universidad de Costa Rica (UCR) han sido particularmente activas (véase comunicado oficial de mayo del 2021), seguidas por la Universidad Estatal a Distancia (UNED) (véase pronunciamiento de junio del 2021), al tiempo que las autoridades de las demás universidades estatales, por razones que se desconocen, se han mantenido mudas.
A modo de conclusión: a propósito de dos Estados en deuda con toda una región y sus defensores ambientales
En junio del 2018, se pudo leer por parte de Chile y de Costa Rica en una declaración oficial conjunta (véase texto completo aún colgado por la diplomacia chilena) que:
«Costa Rica y Chile creen firmemente que la pronta entrada en vigor del Acuerdo de Escazú será una señal inequívoca de la vocación de nuestra región para avanzar hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y representa una importante contribución al multilateralismo«.
En el marco de una visita realizada un mes después por el presidente de Chile a Costa Rica, se leyó en su discurso (véase texto completo), que:
«Quisiera destacar el acuerdo que impulsamos conjuntamente con Costa Rica, el Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo que busca darle más transparencia y mayor eficacia a la defensa del medio ambiente, y que vamos a poner a disposición del resto de los países de nuestro continente en la Asamblea General de Naciones Unidas».
Más de tres años después, si bien ambos Estados siguen encabezados por los mismos dos mandatarios de junio del 2018, el tono ha sustancialmente cambiado.
El caso de Costa Rica (que persiste en no ratificar este instrumento) y de Chile (que ni tan siquiera lo ha firmado) son particularmente llamativos (Nota 4). En efecto, se trata de los dos Estados que lideraron las negociaciones que concluyeron con la adopción del Acuerdo de Escazú.
Cabe indicar que, al revisar el texto de sus respectivos discursos oficiales durante la reciente Asamblea General de Naciones Unidas celebrada en setiembre del 2021 (véase texto de uno y otro), ambos jefes de Estado omitieron toda referencia al Acuerdo de Escazú (el cual entró en vigor unos meses antes, el 22 de abril del 2021): ni una sola mención, ni congratulación o alguna frase saludando de alguna u otra manera su entrada en vigor. Se trata de una omisión (en nuestra modesta opinión, grosera) que amerita ser señalada.
Es probablemente la primera vez en la historia del derecho internacional público que dos Estados que lideraron la negociación de un instrumento internacional no logran formar parte del primer grupo de Estados que permite su entrada en vigor, evidenciando así ante el resto de la comunidad internacional su inconsistencia; y contribuyendo a minar la credibilidad de sus autoridades en materia ambiental y en materia de derechos humanos.
En este mes de diciembre en el que se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, un anuncio oficial medianamente decoroso de ambos Estados en favor de los derechos de todas las personas que defienden el ambiente en América Latina y en el Caribe sería muy deseable, así como otras iniciativas en favor de la pronta aprobación del Acuerdo de Escazú, en particular en Estados en los que las muertes de estas personas siguen ocurriendo (así como las diversas formas de intimidar a sus compañeros/as de lucha). Aprobar este instrumento regional tan necesario para consolidar una verdadera democracia ambiental sería la mejor manera de rendirles un justo tributo y honrar la memoria de quienes perdieron la vida en defensa del ambiente.
Notas
Nota 1: Por ejemplo, en Costa Rica el equipo de periodistas de Doble check publicó en abril del 2021 esta muy completa guía titulada «UCCAEP usa argumentos falsos para oponerse al Acuerdo de Escazú», disponible en este enlace. En Colombia, la organización Ambiente y Sociedad publicó esta otra contribución titulada «Mitos y verdades del Acuerdo de Escazú», disponible en este enlace. En Perú, la Sociedad Peruana para el Derecho Ambiental (SPDA) difundió este artículo titulado «10 mitos y verdades sobre el Acuerdo de Escazú: democracia y defensores ambientales». En Paraguay, el sitio El Surti explicó en un texto titulado «Cinco puntos para que entiendas cómo te afecta el Acuerdo de Escazú» que el aborto no está de ninguna manera contemplado en el Acuerdo de Escazú, entre muchas otras leyendas que se originaron en la sociedad paraguaya en relación con el Acuerdo de Escazú.
Nota 2: En Colombia, el talentoso equipo de comunicadores de La Pulla realizó un video de gran calidad que busca responder a las diversas maniobras políticas de algunos sectores políticos colombianos, titulado «La nueva trampa que nos quieren hacer los congresistas» (disponible aquí). En Costa Rica, ante la falta de voluntad política para aprobar el Acuerdo de Escazú, recientemente fue la misma Universidad de Costa Rica (UCR) la que elaboró dos cortos videos, que, en lo personal, se recomiendan: El Acuerdo de Escazú y los defensores del ambiente, disponible en YouTube aquí, y otro video titulado UCCAEP y el Acuerdo de Escazú, disponible aquí.
Nota 3: En efecto, tan pronto conocido el comunicado de una influyente cámara empresarial en Costa Rica en contra del Acuerdo de Escazú en el mes de abril del 2021, se invitó a sus representantes legales a un debate público virtual con dos académicos especialistas en derecho ambiental, al que prefirieron no asistir: véase emisión de Café para tres del medio digital costarricense Delfino.cr con los dos académicos invitados a «debatir» con los ausentes. En mayo del 2021, un segundo intento desde la UCR confirmó la renuencia al debate antes señalada (véase foro en este enlace oficial de la UCR). En junio del 2021, fue esta vez desde el Colegio de Biólogos de Costa Rica que se confirmó, por tercera vez consecutiva, que rehuir el debate es para algunos la manera acordada para defender sus supuestos «argumentos» (véase foro).
Nota 4: Sobre el peculiar caso de Costa Rica, remitimos a nuestros estimables lectores a BOEGLIN N.: «¿Escazú sin Costa Rica? Así como se oye, por más extraño que suene», sección Voz experta, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), 8 de mayo del 2021, disponible aquí; así como a PEÑA CHACÓN M., «Desmitificando el Acuerdo de Escazú», Derecho al día, edición del 28 de noviembre del 2020, disponible aquí. En el caso de Chile, véase DURAN V. & NALEGACH C., «¿Por qué Chile debe adherir al Acuerdo de Escazú?», Perspectivas del Centro de Derecho Ambiental, número 2, noviembre 2020, disponible aquí.
Nicolas Boeglin Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica
En octubre la FAO realizó una gira a territorios indígenas de la zona sur: China Kichá en Pérez Zeledón; Cabagra, Salitre, Térraba, Boruca y Rey Curré en Buenos Aires. (Foto: Maikol Sosa).
Pueblos indígenas
Por Fabiola Pomareda García
Solicitan a Casa Presidencial, al Poder Judicial, a la Asamblea Legislativa y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que no se dejen impunes los asesinatos de los líderes Sergio Rojas Ortiz y Jehry Rivera Rivera.
Escritores, académicos, activistas, teólogas, artistas, economistas y estudiantes firmaron una declaratoria de solidaridad visibilizando la lucha de las personas indígenas en el marco del Bicentenario.
El documento y las firmas recolectadas serán enviadas a Casa Presidencial, a la Asamblea Legislativa, a la Corte Suprema de Justicia y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, informó la docente Isabel Ducca, de la organización Confluencia Solidaria, que tuvo la iniciativa junto con el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL).
Según destacan en el documento, la independencia de España, cuyo bicentenario se ha celebrado este año, “no condujo, lamentablemente, al cese del saqueo y del irrespeto a la cultura y la espiritualidad de los pueblos indígenas”.
“A lo largo de estos dos siglos, se han mantenido el racismo, la discriminación y la violación de sus derechos”, señalan.
“Hoy, en nuestro país, persiste la indolencia por parte de los poderes del Estado para brindarles protección ante las vejaciones y amenazas de muerte de las que son víctimas. Incluso, se ha pretendido dejar impunes los asesinatos de los líderes Sergio Rojas Ortiz y Jehry Rivera Rivera. Tampoco se les reconoce el derecho a sus tierras y, más bien, se protege a quienes las han usurpado”, señalan las personas firmantes.
Entre las organizaciones que respaldan el documento están colectivos de España, Honduras, Guatemala, Argentina y entre las personas firmantes hay escritoras, docentes y estudiantes universitarios, activistas, economistas, músicos, agrónomos, personas jubiladas y comunicadores.
También criticaron que contrasta el discurso de país ecológico que tiene el Gobierno “con el desamparo hacia los principales protectores del medio ambiente: los pueblos originarios” y que se contrapone un discurso de país defensor de Derechos Humanos con los asesinatos de líderes sociales y la impunidad de estos.
Según se lee en la petición, “como parte del Bicentenario de la Independencia de Costa Rica, queremos levantar una declaratoria a favor de los pueblos originarios para visibilizar, de distintas formas y métodos, su identidad y su gesta tan negada, oculta o tergiversada por la institucionalidad y la cultura oficial”.
Y en esta hacen un llamado “a que el Estado reconozca la autonomía de los pueblos indígenas, para que, en el futuro, Costa Rica no tenga que avergonzarse por la violación de los derechos humanos de los pueblos originarios ni de ningún otro grupo humano”.
Confluencia Solidaria se define como «un espacio colectivo abierto para los sectores sociales, las organizaciones y las personas que, desde una pluralidad de perspectivas, quieran aportar a la construcción de propuestas cuyo objetivo sea la construcción de una sociedad justa, digna y solidaria, centrada en la búsqueda del bien común».
A más de un año de haberse recuperado la democracia en Bolivia, en manos del presidente Luis Arce y su vicepresidente David Choquehuanca, del partido Movimiento al Socialismo MAS, han conseguido superar la crisis económica.
El crecimiento de la economía alcanzó en los últimos doce meses más del 9%, la reducción del desempleo pasó de 10.5% el 2020 a 6.5% en 2021, la balanza comercial tuvo un superávit de 340 millones de dólares, la inflación está controlada al 3.1%, el tipo de cambio se mantiene estable en 6.96 y las actividades mineras, manufactureras, de construcciones, de servicios y comerciales tuvieron un repunte muy importante; todo esto impulsado por el papel central de las políticas de Estado y del fortalecimiento del mercado interno.
A pesar de la pandemia del Covid-19, enfrentada ésta con planificación asertiva, la vacunación masiva permitió superar el 60% de la población objetivo, el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria y la seguridad médica, la provisión de medicamentos, la atención oportuna y las campañas de sanidad social han permitido reducir notablemente los niveles de enfermedad, con los efectos positivos sobre las actividades económicas.
Aun así, continúa la conspiración desestabilizadora de la oposición cívica, política y mediática conservadora; teniendo varios desafíos importantes para profundizar el proceso revolucionario, con la industrialización, la redistribución social de recursos, y la aceleración de la democracia participativa de autodeterminación nacional-popular.
Pero, se revirtió el desastre producido por el Golpe de Estado de noviembre de 2019 y el Gobierno de Facto de Jeanine Añez, apoyado por el imperialismo norteamericano y los gobiernos de Jair Bolsonaro de Brasil y Mauricio Macri de Argentina, que no solamente ejecutaron las masacres de Senkata y Sacaba con más de cuarenta muertos, sino que persiguieron y detuvieron a dirigentes sociales y políticos, realizaron actos de corrupción con la fraudulenta compra de respiradores y fármacos y ejecutaron medidas neoliberales a favor de terratenientes, banqueros y grandes comerciantes.
Todo este panorama lo revela el compañero educador y sociólogo, Eduardo Paz Rada, quien señala además, que los mismos dirigentes que ejecutaron el Golpe de Estado como Carlos Mesa, Fernando Camacho o Jorge Quiroga, los medios de comunicación partidarios de la oposición como UNITEL, Red UNO, CNN, El Deber o Página Siete o la jerarquía de Obispos de la Iglesia Católica, nuevamente están desarrollando una campaña de desestabilización encabezados por el Comité Cívico de Santa Cruz que representa a la oligarquía del oriente boliviano y recibe el apoyo de la estructura conspirativa encabezada por Sánchez Berzaín desde Miami y los grupos paramilitares de la Juventud Cochala y la Unión Juvenil Cruceñista.
A su vez, el escritor Oscar Rojas Thiele señala que, no hay duda de que una minoría potentada instaura una dictadura en varios ámbitos de la política en Bolivia. Hasta hace unos 16 años y por varios decenios, este grupo acostumbraba ejercer el poder mediante golpes militares, partidos conservadores y modelos administrativos dependientes y privatistas, que dejaron al Estado en ruinas. Para este sector, la consigna y estrategia es aterrorizar y no dejar gobernar.
Por otro lado, ya desde el mes pasado de noviembre, la periodista y psicóloga boliviana Verónica Zapata, informaba que al cumplirse el primer aniversario del gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca, el Comité Cívico pro Santa Cruz, liderado por el ultraderechista Rómulo Calvo (aliado del golpista Fernando Camacho) inició un paro indefinido con bloqueos de caminos.
La excusa del paro radica en el rechazo de un paquete de medidas, principalmente la ley 1386 de Legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo. El objetivo es dar otro golpe de estado y/o crear un clima de tal ingobernabilidad que provoque la renuncia de Luis Arce, no sin montarse en las discusiones internas y las fuertes disputas políticas entre las principales figuras políticas del Movimiento Al Socialismo (MAS)-IPSP.
El paro indefinido está encuadrado en una embestida desestabilizadora que se inició con la derrota electoral del MAS durante las elecciones subnacionales de marzo pasado. Allí triunfaron electoralmente varios golpistas, entre ellos el líder Fernando Camacho.
Por su parte, Arce y Choquehuanca junto a la federación Tupak Katari y la organización Bartolina Sisa, anunciaron un cabildo el 14 de noviembre en La Paz en defensa de la democracia. Por su parte, Evo Morales anunció una marcha para el 23 de noviembre desde Oruro, que prevé llegar a La Paz el 29 del mismo mes.
Veamos algunos elementos de la Marcha, según el analista Galo Amusquivar, es necesario analizar la multitudinaria Marcha por la Patria y las demandas que planteó a lo largo de su largo recorrido de 200 kilómetros desde la localidad de Caracollo hacia la ciudad de La Paz.
Esa movilización, además del respeto al 55% de votación que dio como ganador a Luis Arce Catacora del Movimiento al Socialismo MAS en las elecciones presidenciales del 2020, también exigió justicia para las víctimas del cruento golpe de Estado del 2019, a la cabeza de Jeanine Añez y sus colaboradores, de los cuales se tiene a unos pocos cumpliendo detenciones preventivas en centros penitenciarios.
Al parecer la Marcha por la Patria tuvo su efecto inmediato, una vez más se demuestra que el poder de movilización social es fundamental para que la justicia cumpla con los tiempos determinados en la norma, y en este sentido podemos decir que La Justicia Tarda, Pero Llega, sobre todo en el caso contra Jeanine Añez.
Ya finalizando, veamos los aportes de las escritoras Camila Vollenweider y Gabriela Montaño, quienes ven en la Marcha por la Patria, los siguientes elementos distintivos:
La Marcha mostró firmeza popular frente al golpismo, la poderosa marcha “del millón” que concluyó en La Paz, gritó colectivamente que el golpismo no va a pasar; que la democracia que se recuperó en las urnas se respeta. Otra demanda concordante hacia los responsables políticos, fue la de justicia y reparación a las víctimas del golpe de Estado.
La marcha mostro unión. La marcha, encabezada desde el inicio por Evo Morales, pero secundada de cerca por Arce y David Choquehuanca, también mostró que las normales diferencias dentro de una gestión de Gobierno, no cuentan cuando las amenazas de desestabilización y golpe se tornan reales.
La Marcha mostró que hubo pluralidad nacional, el componente social de la marcha dijo mucho. No era sólo el MAS, no eran solamente funcionarios del Gobierno enviados a “hacer bulto”, como la oposición quiso instalar: mujeres, hombres, jóvenes y adultos mayores, campesinos, indígenas, comerciantes, productores; muchos organizados, otros no, pero todos estaban allí, sabiendo que volvían a hacer historia.
La Marcha mostró que, si hay líderes en la Revolución Boliviana, la marcha demostró que buena parte del 55 % que apoyó en 2019, respalda a Arce y a Evo. Cada uno de ellos tiene hoy un rol muy diferente al que ejercieron hace unos años, y esta marcha ha demostrado que cada quien ocupa un rol político distinto, pero complementario.
Finalmente, veamos el vuelo rampante de Bolivia, cual cóndor que se perfila hacia un abundante cúmulo de logros.
Creación de unos 900.000 puestos de trabajo y logró posicionarse como una de las naciones con mayor crecimiento en América Latina.
El gobierno del presidente Arce, destinó 600 millones de dólares a la entrega del Bono Contra el Hambre, que llegó a cuatro millones de personas, quienes recibieron (cada una de ellas), un total de 1.000 pesos bolivianos (150 dólares).
Otra medida importante del gobierno revolucionario boliviano, consistió en la otorgación de los créditos Sí Bolivia. A todas las empresas que necesitaban efectivo, el Gobierno les iba a prestar al 0,5%, una tasa sumamente pequeña. La condición era que los beneficiarios de los créditos adquirieran insumos producidos en territorio boliviano.
En fin, para el próximo año, se espera que Bolivia crezca un 5,1%. El presupuesto que se ha planteado para 2022, es mucho más ambicioso en términos de crecimiento económico. La inversión pública en 2021, fue de 4.000 millones de dólares. Para 2022, la inversión pública estaría bordeando los 5.000 millones de dólares, lo cual representa un crecimiento del 25%.
Bernardo Ruiz Navarrete (1925) es un exciclista nacido en Orihuela, Alicante, que cumplirá 97 años el próximo 8 de enero. Ha pasado a la historia del ciclismo por ser el primer pódium español del Tour de Francia. Ocurrió en el año 1952.
Al finalizar la Guerra Civil Española (1936-1939), Bernardo Ruiz se dedicó a la venta de cereales. Siendo muy joven, Ruiz recorría 40 kilómetros diarios en bicicleta con una gran carga de cereales encima para luego venderlos en los mercados. Hay quien piensa que el futuro pódium del Tour de Francia se forjó en aquellos días.
Y es que la postguerra fue un tiempo de miseria y hambre, de necesidades, pero también de héroes que se sobrepusieron con voluntad y sacrificio a esas situaciones, alcanzando después grandes logros en diferentes campos. Ruiz fue uno de ellos.
Ciclista profesional desde 1945, entre ese año y 1958, Bernardo Ruiz fue tres veces Campeón de España en ruta (1946, 1948, 1951).
En 1948, año en el que consiguió su segundo título de Campeón de España en ruta, Ruiz además se impuso en la Vuelta a España, ganando en la misma edición la clasificación de la montaña y diversas etapas como la Granada-Murcia, la San Sebastián-Bilbao o la Segovia-Madrid.
Ya en 1952, Ruiz consiguió su mayor gesta deportiva al subir al pódium final del Tour de Francia. Noveno clasificado en el Tour de 1951, Ruiz terminó tercero. Se convirtió en el primer ciclista español en conseguirlo. La edición del Tour de aquel lejano 1952 tuvo como vencedor al italiano Fausto Coppi.
Además de esos logros, Bernardo Ruiz alcanzó a lo largo de su carrera deportiva diferentes triunfos de etapa en las tres Grandes Vueltas ciclistas. Eso le supuso también ser el primer ciclista español en ganar una etapa en el Giro de Italia.
Fuera de las Grandes Vueltas, Ruiz se alzó con otras victorias en pruebas por etapas más cortas como la Volta a Catalunya (1945), la Vuelta a Burgos (1947), la desaparecida Vuelta a Castilla (1951), entre otras.
En 1958, Bernardo Ruiz se retiró como ciclista profesional, tras vencer en el Campeonato de España de Montaña en ruta, pasando a ejercer de director deportivo. En 1961, su pupilo Angelino Soler ganó la Vuelta a España. Otro logro destacado.
Al poco tiempo de ese último éxito, el primer ciclista español que subió al pódium del Tour de Francia decidió poner punto final a su carrera deportiva dentro del ciclismo profesional y regresó a su pueblo natal, Orihuela. Detrás dejaba una estela de triunfos, los cuales probablemente se fraguaron en los días difíciles de la postguerra cuando siendo muy joven se veía obligado a recorrer 40 km diarios con grandes cargas para vender cereales y subsistir.
De regreso a su pueblo, Bernardo Ruiz abrió un establecimiento de venta de motos y bicicletas, como no podía ser de otra forma. Duró muchos años.
El próximo 8 de enero, Bernardo Ruiz cumplirá 97 años. Es justo recordarlo.
La política e ideología del miedo, como estrategia propagandística, ha marcado la vida política costarricense, en lo que va del Siglo XXI. Esto ha conducido a una mayor polarización social y ha minado, en buena medida, la participación ciudadana creativa y proactiva para profundizar una democracia social y económica.
En el contexto de la aprobación del Tratado de libre Comercio con Estados Unidos, el Partido Liberación Nacional (PLN) puso a jugar todas sus cartas a la aprobación de este Tratado, y ante el avance mayoritario del NO a TLC, el miedo fue el arma más poderosa y efectiva para revertir esa tendencia. Rondaba el fantasma del “Combo ICE” que condujo al Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) a convertirse en un partido minoritario. Se jugaba, en esa coyuntura, el futuro del PLN. En definitiva, fue la estrategia del miedo la que propició el triunfo del Sí al TLC y también del PLN en la contienda electoral de entonces. Se profundizaba, de esta manera, la polarización social y se producía un efecto de inercia y paralización para relanzar el país hacia niveles superiores de desarrollo humano, pues se apostaba a un futuro paradisiaco con la firma del Tratado.
El politólogo Rodrigo Madrigal, refiriéndose al debate sobre el TLC destacaba que la confrontación había alcanzado niveles solo comparables con el conflicto armado de 1948: “[…] la intoxicación saturada de fanatismo y satanización, así como la manipulación que atiza las fobias, las filias y las pasiones más primitivas es un clima de pan y circo, donde las promesas se disipan como los espejismos del desierto. Los alambiques que, en lugar de ideas, solo destilan odio, miedo y veneno, están provocando la confrontación más grave desde 1948”.
En la campaña electoral del 2014, cuando las encuestas ubicaban al candidato José María Villalta a la cabeza de las preferencias de los votantes, se orquestó una intensa campaña por parte de los medios de comunicación, particularmente el periódico La Nación, utilizando la misma estrategia del “Memorando del Miedo”; a saber, la amenaza que representaba su candidatura para la democracia costarricense por, supuestamente, ser un candidato propulsor de las ideas del chavismo venezolano. Nuevamente, la estrategia del miedo continuaba polarizando a la sociedad y cerrando las posibilidades para unir voluntades que propiciaran un cambio sustantivo, y garantizar mejores condiciones de vida, en un país que ya se había convertido en uno de los más desiguales del mundo.
En la campaña del 2018, la polarización social asumió dimensiones religiosas. Se tocaron las fibras culturales más sensibles de la religiosidad popular, tanto católicas como evangélicas, lo que condujo a intensificar la violencia simbólica y política. Se dio una confrontación inédita, que hoy debe llamarnos a una reflexión mesurada, toda vez que herir las sensibilidades religiosas no es compatible con un proyecto de democracia inclusiva. Un llamado de atención también para evitar los sesgos confesionales de los partidos políticos, atendiendo al precepto constitucional.
En la coyuntura actual, siguiendo malos ejemplos de quienes levantan muros, se ha propiciado un enfrentamiento entre el sector público y el privado, aduciendo privilegios del primero a costas del segundo. Una estrategia para impulsar medidas fiscalistas que deterioran las condiciones salariales y laborales tanto del sector público como del privado. Más confrontación y polarización social y menos democracia solidaria.
Efectivamente, hoy asistimos a una profundización de esta polarización, propiciada por un cogobierno de rostro autoritario al servicio de las minorías enriquecidas, sin parangón en la historia política de las últimas cuatro décadas. El PAC y sus aliados del PLN, PUSC y Partidos religiosos Nueva República (PNR) y Restauración Nacional (PRN) han venido impulsando y aprobando leyes antidemocráticas como la que regula las huelgas en el sector público, el plan fiscal con un IVA que golpea a la pequeña y mediana empresa, con impuestos a la canasta básica que empobrece aún más a los sectores populares, congelamiento de aumentos salariales y reducción de pensiones que precarizan a la clase media, una regla fiscal que desmantela la institucionalidad social, una ley de empleo público que propicia una política de salarios decrecientes y atenta contra el régimen republicano de división de poderes, etc.
Mientras tanto, su generosidad con las grandes empresas y el sector financiero rebasa la copa; se les trata con mano de seda en materia de impuestos a sus ganancias reales, y hasta se les condonan deudas millonarias. Efectivamente, más allá de los sonados casos de corrupción recientes, asistimos a un fenómeno que se ha venido institucionalizando, es decir, legitimando, con la complacencia, en alguna medida, de los poderes del Estado. Estamos a las puertas de un Estado fallido que hay que rescatar. Así las cosas, las amenazas a la democracia al estilo costarricense ya no provienen de afuera, como pretendía argumentar la estrategia del miedo, sino de adentro: “demócratas sin democracia” (Roitman).
El gran desafío a que nos enfrentamos, si queremos profundizar una democracia que impulse un sistema económico al servicio de la solidaridad, la equidad y la sostenibilidad, es superar, de una vez por todas, esta política e ideología del miedo que levanta muros, propicia el conflicto y la violencia social y, sobre todo, paraliza los esfuerzos creativos y dialogales, que cohesionan a la sociedad, tan necesarios en tiempos críticos de pandemia y de profundas desigualdades.
Transitemos, sin dilación, de la polarización a la democracia de la solidaridad y la equidad. Que la ciudadanía y las nuevas fuerzas políticas dejen atrás la política e ideología del miedo y se apresten a concitar el espíritu de concordia que anida en los costarricenses, para fraguar un auténtico proyecto político al servicio del bien común.
En una semana prácticamente estaremos entrando, en el período electoral de la llamada Tregua Navideña, o del receso propagandístico, período que se prolonga hasta el domingo 2 de enero, en el cual ninguno de los partidos políticos puede pautar propaganda política electoral, de ningún tipo, en ningún medio de los autorizados ante el Tribunal Supremo de Elecciones.
Esto ha sido así desde hace varios procesos electorales. La finalidad es que no se usen los días de Navidad, especialmente, en este sentido, y darle a los ciudadanos y las familias un descanso propagandístico ante el inminente proceso electoral. Es igual a la tregua y prohibición propagandística que se realiza en los últimos tres días antes de la elección del primer domingo de febrero. Este descanso propagandístico es con la finalidad de que en esos tres días se permita a los electores, y sus familias, tomar la decisión de su elección de candidato y partido, de la manera más sosegada, serena, tranquila posible, una decisión íntima, sin presiones externas de propaganda, una decisión de conciencia, como debe expresarse ese primer domingo de febrero, pensando y razonando cuál es la mejor opción de candidato presidencial y cuál es la mejor opción de candidatos a a diputados en cada provincia. Incluso en esos tres días antes de la elección es prohibido dar o publicar datos de encuestas.
Durante estos períodos en que se paraliza la propaganda electoral, que es prohibida, no se impide que a los candidatos a la Presidencia, como a las diputaciones, se les pueda invitar a programas de radio, de televisión y de espacios en prensa para hablar con ellos, para discutir con ellos, para analizar sus propuestas, porque la emisión de pensamiento no se puede limitar, ni restringir.
El derecho de pensar, de opinar, de hablar, la libertad de pensamiento, de acuerdo a la Constitución Política, se ejerce las 24 horas, todos los días del año. Esta libertad no se puede restringir ni siquiera en estos períodos electorales. Este es un Derecho que viene desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de la Revolución Francesa, pronunciada el 26 de agosto de 1789, junto con su homóloga, la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, del 5 de setiembre de 1791, menos conocida ésta que la de 1789.
De la Declaración de 1789 transcribo los siguientes artículos:
Art. 1.- Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común.
Art. 2.- La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Esos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.
Art. 3.- La fuente de toda soberanía reside esencialmente en la nación; ningún individuo, ni ninguna corporación pueden ser revestidos de autoridad alguna que no emane directamente de ella.
Art. 4.- La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no cause perjuicio a los demás. El ejercicio de los derechos naturales de cada hombre, no tiene otros límites que los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el disfrute de los mismos derechos. Estos límites solo pueden ser determinados por la ley.
Art. 5.- La ley solo puede prohibir las acciones que son perjudiciales a la sociedad. Lo que no está prohibido por la ley no puede ser impedido. Nadie puede verse obligado a aquello que la ley no ordena.
Art. 10.- Ningún hombre debe ser molestado por razón de sus opiniones, ni aún por sus ideas religiosas, siempre que al manifestarlas no se causen trastornos del orden público establecido por la ley.
Art. 11.- Puesto que la libre comunicación de los pensamientos y opiniones es uno de los más valiosos derechos del hombre, todo ciudadano puede hablar, escribir y publicar libremente, excepto cuando tenga que responder del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley.
Art. 15.- La sociedad tiene derecho a pedir a todos sus agentes cuentas de su administración.
Art. 16.- Una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes determinada, no tiene constitución.
La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se publicó en entregas en un periódico de Costa Rica, “El Mentor costarricense”, a partir de julio de 1843. Probablemente por ello en la Constitución de 1844 se consagró el derecho a “la resistencia a la opresión”, que no se mantuvo en el ordenamiento constitucional posterior. Un 26 de agosto de 1940, en recuerdo de aquella fecha de 1789, fue creada la Universidad de Costa Rica por el Dr. Rafael Angel Calderón Guardia.
En la vida institucional de Costa Rica desde antes de que llegara la Imprenta, en 1830, desde los gobiernos del Jefe de Estado, Juan Mora Fernández, 1824-1833, se estimuló la prensa, primero mural, y luego escrita, enfatizando en la libertad de opinar y de emitir y publicar opiniones y pensamientos. Esto a partir de estos gobiernos se mantuvo como una bandera del desarrollo institucional del país, combatiendo también la censura previa de cualquier publicación.
Desde su creación la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en 1989, reiteradamente ha fallado en esta misma dirección, de que no se puede restringir la emisión de pensamiento ni restringir la opinión de los ciudadanos.
Hasta ahora, en la materia electoral, de la campaña que ya inició hace un mes, no se ha visto casi nada de propaganda impresa en medios de comunicación, por parte de los partidos políticos. Algunas vallas publicitarias han aparecido en las principales carreteras del país destacando las figuras presidenciales, al menos dos, las de Fabricio Alvarado y Eli Feinzag, y en algunos cantones he podido ver vallas de José María Figueres impulsando candidaturas de diputados, junto a su figura. En televisión casi no se sienten, lo mismo que en la radio los candidatos ni sus partidos.
No es lo mismo en redes sociales, donde los grupos pros y contras se mueven ardientemente a favor de los suyos y contra los otros. Aquí sí intervienen las fuerzas ocultas, algunas desarrolladas por los partidos políticos, a modo de troles, de “terroristas” y “francotiradores”, para estar denigrando candidaturas. Al menos en lo que he podido ver hasta ahora se concentran en el ataque a candidatos, no tanto a los partidos.
En este nivel, el electrónico y de redes digitales, que no se mueven directamente bajo la responsabilidad de partidos políticos. Probablemente, en los días de “descanso de diciembre”, como los de los días previos al domingo 6 de febrero, estas redes y sus comunicados no van a descansar, porque sobre ellos no puede intervenir el Tribunal Supremo de Elecciones, por no ser ellos parte participante, como partidos políticos, en el proceso electoral, y por el anonimato con que generalmente actúan, por lo que pueden mantener su divulgación de opiniones.
Las entrevistas a los candidatos es lo que puede programarse, sin atiborrar, para no chocar con la sensibilidad de las fechas navideñas. Para los días del 24, 25 de diciembre, y del 31 y 1 de enero, con esos motivos de Navidad y Año Nuevo, sí se permite un saludo, en todos los medios de comunicación, con ese contenido, a los partidos políticos y a sus candidatos.
Que la campaña electoral hasta hoy esté aparentemente tranquila, no significa que en la laguna de las elecciones, de superficie sin una sola ola, por debajo no se muevan corrientes de agua fuertemente, que haya remolinos que halen a unos y otros, que los revienten contra las orillas, que los hundan y los saquen de la profundidad. La tregua electoral en este sentido no funciona.
Este período para los partidos políticos es como una situación donde los movimientos peristálticos, en este caso políticos, cumplen su función, contracciones y relajaciones, primarias, secundarias o terciarias, de los músculos partidarios, de sus entrañas organizativas. Siguen funcionando por sí, digiriendo “la política”, pasándola por “el tubo digestivo” de los aparatos partidarios, y “vaciándola”, en sus heces políticas, de distintas formas por los aparatos de “evacuación” intestinal de los partidos, que operan de esta forma. Los medios de comunicación electrónica, las páginas y las redes encargadas de estas formas de comunicación nos mantendrán incómodos, hasta donde puedan, tratando de trastornarnos. Todo esto se producirá si hay más señales nerviosas al tronco cerebral de los partidos, y de sus grupos organizados en estas redes, para coordinar e impulsar esos movimientos peristálticos políticos, que es lo se nos viene encima.
En enero no va a suceder así. Veinticinco partidos políticos nacionales, y un promedio de 27, por cada provincia, van a provocar una avalancha de propaganda, quizá como no hemos visto en anteriores elecciones.
Es natural que así vaya a ser. Por eso también no ha habido por ahora gastos importantes en propaganda. En enero los habrá porque será necesaria, por el volumen de propaganda, atontar a los electores, y apagar y aplastar a los opositores, sobre todo porque es necesario para todos los partidos políticos, hacerse sentir, pero especialmente para los que vayan punteando como principales, en las encuestas particularmente, porque el juego principal, para los principales partidos, es ganar en la primera ronda.
El riesgo de una segunda ronda es fatal para cualquier finalista, por el acomodamiento de fuerzas que tiene que hacerse, de suma de las otras fuerzas que electoralmente perdieron, alrededor de esos dos finalistas, y de los mismos electores, que de pronto tendrán que taparse la nariz para votar en la segunda ronda por quien no quisieran votar, sabiendo que es una mejor alternativa. Nadie votará por echar a perder el país una vez más.
Todos tratarán de sacar la mejor alternativa posible, aunque no sea la más agradable, a favor del país, la democracia nacional y el futuro de Costa Rica.
Así estoy viendo este final de año electoral, donde las elecciones todavía no se sienten, o no han calentado. Los misiles y bombas de baja y alta intensidad explotarán en enero.
Espero que estos días y aires de navidad y de fiestas de año nuevo, que ya se metieron en la propaganda comercial, nos ayuden a pensar serenamente el futuro de la Patria que se está jugando. Este podría ser nuestro mejor regalo.
El pasado lunes 06 de diciembre de 2021, una comitiva de la Coordinadora de Lucha Sur Sur compartió con el Sr. Francisco Cali Tzay, Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos de los pueblos indígenas.
En este encuentro se entregó el “Informe de agresiones y violaciones a los derechos humanos de los Pueblos Originarios en la zona sur de Costa Rica; enero – diciembre 2020”, además de un documento actualizando la situación de los derechos humanos de los Pueblos Originarios de la Zona Sur de Costa Rica.
El Sr. Cali Tzay se encuentra de visita oficial en Costa Rica y estuvo compartiendo con más organizaciones de la sociedad civil previo a su visita a territorios.
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