Por Osvaldo Durán-Castro. Sociólogo, profesor ITCR, ecologista FECON
El Gobierno usa 2 argumentos para justificar el “Proyecto de ley reforma al artículo 3 de la “Ley n° 7200”, expediente legislativo n° 22.601. Uno es “constitucional” y ya lo revisamos en el artículo anterior “Atroz idea del Gobierno: privatizar y desnacionalizar la electricidad”. El otro es copiado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
De manera ligera, sin citas concretas, y pareciera que únicamente para legitimar su proyecto, el Ejecutivo hace mención al documento “Estudios Económicos de la OCDE. Costa Rica. Julio 2020”, indicando que “Una de las barreras que el estudio de la OCDE identifica está en la participación del sector privado extranjero. La legislación actual exige que 35% del capital de la empresa que genera la electricidad debe ser costarricense. La OCDE recomienda eliminar esta barrera”. Esa mención al texto de la OECD es una cita que resulta totalmente imprecisa. Además, el proyecto no establece ningún tipo de condiciones, mecanismos o propuestas concretas de regulación para la “participación del sector privado extranjero”.
Para explicar la obediencia a la OECD no se debe olvidar que esta entidad es parte del andamiaje transnacional dedicado a la liberalización económica; que entre sus objetivos incluye el debilitamiento de los Estados nacionales, la apertura privada y la desnacionalización, como vías de reordenamiento de las economías nacionales en la línea del modelo corporativo global, es decir, de la “integración” al sistema de economía global controlado por la élite corporativa desde esas y otras instancias. Esta revisión es obligatoria, y entre cientos de textos calificados se puede recomendar, tanto por su sólido contenido como por su amena y distendida exposición, el libro “Un reportero en la montaña mágica. Cómo la élite económica de Davos hundió el mundo”, del prestigioso periodista británico Andy Robinson. Vale la pena revisarlo sobre todo ahora que en la recién pasada cumbre de Davos, el consenso de la élite global es “resetearnos/reiniciarnos” a todas las personas, es decir, hacer un reacomodo global para proteger su modelo de vida, sin resolver los problemas fundamentales del planeta como el calentamiento global acelerado por los modelos de producción destructiva y consumo ilimitados, pero instalando el discurso del “cambio climático” y adjudicando a todas las personas la misma cuota de responsabilidad. Fue eso lo que dijo el presidente de Francia Macron: “no importa donde vivamos todos tenemos la misma responsabilidad”. Es totalmente coherente que el Gobierno, imitando a la OECD, busque eliminar “barreras”. Esa línea de eliminación de “trabas” ni siquiera es original de la OECD. Es copia de los manuales del Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, replicados desde hace décadas en cualquier país del mundo. De hecho, el comunicado oficial de Gobierno del 1 de marzo de 2021 (CP-BCCR-012-2021 / MH-036-2021) sobre la aprobación por parte del FMI del crédito o Servicio Ampliado del FMI (SAF) por US$ 1.778 millones para Costa Rica, indica que “el acuerdo de SAF es un complemento importante a la agenda adoptada por Costa Rica como parte del proceso de acceso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)”.
La falta de transparencia por parte el Ejecutivo al presentar el proyecto como “recomendación” de la OECD, y con ello presionar para su aprobación, fue rechazada por algunos diputados y diputadas y sindicatos del ICE. Laura Vargas Guzmán, presidenta de la Asociación Sindical de Empleados Industriales de las Comunicaciones y la Energía (Asdeice) anotó que lo que se busca es “obligar al ICE a tener que comprar energía sobre todo de capital transaccional”, y Juan de Dios Cordero, presidente Frente Interno de Trabajadores del ICE (FIT) dijo que “se estaría violentando constitucionalmente la Ley 449 del ICE, en cuanto a que dicha institución es el único trasegador de energía”. En el mismo reporte de prensa, Franggi Nicolás, diputada del Partido Liberación Nacional, reclamó que “No se puede abrir alegremente ese tipo de participaciones. Hay que evaluar si se va a debilitar o no la institución” (el ICE).
Otras reacciones negativas fueron las de José María Villalta, diputado del Frente Amplio (FA) que calificó de “cochinada” el proyecto de ley, e indicó que “no hay ninguna justificación para entregar la totalidad del capital de las plantas hidroeléctricas de la Ley 7.200”. En nuestra misma línea de ver el proyecto de ley como una propuesta privatizante y desnacionlizadora, el diputado indicó que “quieren obligar al ICE a comprar energía cara para lucrar y en contra de las propias estrategias nacionales presentan ese proyecto de ley para favorecer al capital transnacional, incluso en detrimento de los empresarios locales”. En contra de que el proyecto sea “requisito” de entrada a al OECD, el diputado del Partido Republicano Otto Roberto Vargas, dijo que “El Ejecutivo está presentando esa posibilidad de abrir el mercado comercial del ICE, pero los que integramos la comisión OCDE y le dimos seguimiento por dos años nunca vimos esa posibilidad”. En similar dirección de desmentir al Ejecutivo, opinó el diputado Jonathan Prendas: “muchas veces el Ejecutivo interpreta a conveniencia lo que dice la OCDE para generar decisiones en la Asamblea Legislativa”.
OECD contra el sector público
La OECD argumenta que en Costa Rica “El marco de la competencia adolece de una serie de limitaciones, que se espera que sean solucionadas mediante la implementación de la reforma a la Ley de Competencia aprobada recientemente” (OECD, 2020, p.6). La tesis aperturista se orienta, teóricamente, a “poner a Costa Rica en la ruta hacia un mayor crecimiento (que) requiere aumentar la productividad mediante la adopción de reformas estructurales para mejorar las regulaciones y mantener los compromisos con el comercio, la inversión extranjera directa y la conservación de los recursos naturales” (OEDC, 2020, p.10). Todos esos argumentos, como hemos indicado, son copiados de manuales. Lo de “la conservación de los recursos naturales” resulta otro simple eufemismo o supuesto discursivo, porque en Costa Rica son las organizaciones sociales las que sosteniendo límites a la destrucción de los ecosistemas, mientras los empresarios de la Unión de Cámaras le dictan ruta al Gobierno y no han permitido la ratificación del Acuerdo de Escazú, un hecho que es ya una vergüenza internacional. De paso, otro ejemplo global de que “la conservación de los recursos naturales” importa poco, es que la Unión Europea ya firmó un pacto de “carbono neutralidad” para el 2050, pero permitiendo que Polonia mantenga sus minas de carbón hasta 2049. A esa inadmisible excepción se suma el espinoso tema del uso de la energía nuclear, que crea conflictos irresolubles entre países de la Unión.
El proyecto de ley usa la crítica de la OECD sobre la falta de apertura para sostener que eso “demuestra que en Costa Rica hay un amplio margen para mejorar las regulaciones”. La OECD reclama que “algunas empresas estatales tienen sus propias exenciones específicas, lo que hace que el trato sea desigual no solo entre los sectores público y privado, sino también entre las empresas públicas” (OEDC, 2020, p. 36), y que “Todo esto impide que el sector privado compita en condiciones de igualdad para las contrataciones públicas, lo que también implica costos excesivos para el Estado y una prestación de servicios deficiente” (OEDC, 2020, p. 36). Entiéndase que “mejora” equivale a desregular, abrir a la competencia privada local y externa, o como se lee en las recomendaciones del mismo documento de la OECD “Adoptar una estrategia de inversión más diversificada, reduciendo la participación de los valores del Gobierno” (OEDC, 2020, p.62).
En la propuesta que hizo el Gobierno para negociar con el FMI, “Plan para superar el impacto fiscal de la pandemia” (2020), se decía que “Se estima de las propuestas de venta de activos del Estado, tienen un potencial recaudatorio de 0.57% del PIB, que provendría de la venta de FANAL, BICSA y varios terrenos del Estado” (p.48). Esto coincide plenamente con la idea de la OECD de reducir “la participación de los valores del Gobierno”. Recuérdese que en esa misma propuesta se propuso vender ““Kolbi”, el Banco de Costa Rica, el Banco Internacional de Costa Rica, el INS, Recope y la Fábrica Nacional de Licores” (p.28), lo cual se desechó por una fuerte oposición social.
Otras 2 recomendaciones de la OECD que no pueden dejarse de lado y deberían ser cuidadosamente evaluadas son: 1. “Debido a la situación fiscal, cada vez se reconoce más que se necesita la participación privada en proyectos de infraestructura” (OEDC, 2020, p.56), y 2. “Tanto las concesiones como las alianzas público-privadas (APPs) pueden ser modelos útiles para atraer la participación privada en el financiamiento y la ejecución de proyectos de infraestructura”. (OEDC, 2020, p.58). Sobre estas recomendaciones se puede hacer un extenso trabajo a la luz de los resultados de las inversiones usadas para enriquecer a empresas y personas, corrupción, pésima calidad de resultados, tráfico de influencias, colusiones de intereses, “secuestro del Gobierno” por las cámaras de la empresa privada, etc, cuya última manifestación es el caso Cochinilla. Y otra recomendación de la OECD que nada más copio es “Introducir cargos por uso de carreteras” (OEDC, 2020, p.63).
El supuesto de la OECD sobre que “las reformas ayudarían a compartir los beneficios del crecimiento más ampliamente entre los costarricenses”, está prácticamente calcado en el texto del proyecto del Gobierno, cuando indica que “la eliminación de esta restricción (inversión externa en la electricidad) busca fomentar el comercio y la participación de la inversión extranjera en el país, así como las ventajas y efectos económicos, sociales y de desarrollo que de ellas derivan”.
“…Vivimos en un sistema económico fallido”
Si de algo se ha hablado con claridad durante la pandemia del Covid-19, es precisamente de que la apertura y facilidades para el sector privado, la liberalización, la desestatización, y ahora para Costa Rica esta propuesta desnaciolizadora, han llevado a mucha más desigualdad social. La Organización de Naciones Unidas (ONU), la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), el Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre (OXFAM), entre otras entidades, coinciden en la urgencia de “acabar con la riqueza extrema para erradicar la pobreza extrema”. OXFAM ha dicho que “la riqueza extrema es síntoma de que vivimos en un sistema económico fallido”. En su Informe “Tiempo para el cuidado. El trabajo de cuidados y la crisis global de desigualdad” (2020), señaló que “…tan solo el 4% de la recaudación fiscal mundial procede de los impuestos sobre la riqueza, y hay estudios que demuestran que las grandes fortunas eluden hasta el 30% de sus obligaciones fiscales”. Por eso pinta a remate casi burlesco la recomendación de la OECD sobre “Comunicar con claridad que las reformas ayudarían a compartir los beneficios del crecimiento más ampliamente entre los costarricenses ayudaría a superar las barreras de la economía política para su implementación” (OEDC, 2020, p.9). No tenemos evidencia, de ningún país, para demostrar que privatizar y abrir a la inversión externa un servicio público esencial como el de la electricidad, como el que tenemos en Costa Rica, haya contribuido a mejorar el bienestar colectivo. En términos de cómo destruir una sociedad con apertura indiscriminada de inversiones y privatizaciones, el caso de Argentina es emblemático entre muchísimos y podremos ver algo de esto en otro momento.
En paralelo con los proyectos de ley ley n° 21.606 para permitir la exportación de electricidad privada y n° 22.601 para eliminar trabas a la inversión externa en electricidad, el “Informe de Auditoría de Carácter Especial N° AI/69/GESTIÓN/INFOR/A.6.1/2020 referido al Análisis sobre la reorganización del ICE”, permite concluir que los cambios en los altos mandos del ICE están orientados a facilitar “desde adentro” el debilitamiento de la institución. La Auditoría detectó la sorprendente cantidad de 41 inconsistencias, faltas e incumplimientos. Una de éstas es que “La Propuesta Técnica no incluye un análisis financiero, técnico y legal que respalde las estimaciones del costo o contingencias por indemnizaciones laborales” y aún así la dirección de ICE sigue con el proceso y lo defiende como válido. Y otro proyecto de ley, Expediente 22.009 “Ley para la promoción y regulación de recursos energéticos distribuidos a partir de fuentes renovables”, que ya fue aprobado en primer debate, es una propuesta que, con el argumento de “…establecer las condiciones necesarias para promover, regular y garantizar bajo un régimen especial de integración solidaria, eficiente, segura y sostenible, las actividades relacionadas con el acceso, instalación, conexión, interacción y control de recursos energéticos distribuidos basados en fuentes renovables de los abonados interconectados al Sistema Eléctrico Nacional (SEN)”, permitirá la concentración de nuevas fuentes y su distribución en manos de empresas con capacidad financiera, poniendo en riesgo, cuando no aniquilando, una verdadera opción de generación y distribución democratizante de la electricidad. No comprender todas estas propuestas de ley como un proceso único, deliberado y bien tramado para fortalecer el mercado privado, sería una total candidez.
