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Autor: María José Ferlini Cartín

UCR se solidarizó con el pueblo de palestina y repudió cualquier manifestación de violencia

SURCOS comparte la siguiente información:

El Consejo Universitario repudió cualquier tipo de manifestación de violencia que pueda atentar contra los derechos humanos y la dignidad de las personas y se solidarizó con  el pueblo palestino ante la llamada nakba o desplazamiento forzado de esta población.

En un pronunciamiento que se aprobó este jueves 27 de mayo, el Órgano Colegiado manifestó que Palestina no solo afronta una limpieza étnica, sino, también, la destrucción de la propiedad, la apropiación de su cultura y la pérdida de vidas humanas.

En este documento se expone la situación de violencia y tensiones por el conflicto entre palestinos e israelíes que se ha gestado en los últimos meses, debido al fallo de un tribunal que en febrero anterior ordenó el desalojo de familias palestinas de Sheikh Jarrah en Jerusalén, barrio de gran importancia para el pueblo palestino, pues ahí residen descendientes de familias prominentes que han contribuido con la población musulmana de Jerusalén.

Debido al movimiento pacifico para lograr evitar los desalojos, las fuerzas israelíes asaltaron y violentaron la mezquita de Al Aqsa, considerada el tercer lugar más sagrado para el islam; además, atentaron contra la vida de al menos 300 palestinos.

Además, de los actos de violencia mencionados anteriormente, también se han generado ataques a medios de comunicación palestinos e internacionales, lo cual pone en riesgo las vidas humanas y atenta contra la libertad de expresión.

Ante esta situación, un grupo de diputados se solidarizó recientemente con el pueblo israelí y condenó los actos terroristas en su región; asimismo, la Cancillería de la República de Costa Rica felicitó a Israel por su independencia; sin embargo, según el Consejo Universitario estas acciones omiten el origen del conflicto, la ocupación del territorio palestino, el apartheid al que se encuentra sometido este pueblo, la represión y la violación sistémica de sus derechos y del derecho internacional humanitario.

Fue por eso, que este Órgano Colegiado exhortó a esas dos instancias estatales a posicionarse en favor de la lucha para garantizar el respeto de los derechos humanos y en contra de la violencia que sufre el pueblo palestino.

Asimismo, hizo un llamado a los medios de comunicación nacionales, pues considera que, hasta el momento, han realizado una cobertura sesgada de los hechos, ignorado la discriminación racial contra Palestina y han reducido el conflicto a una lucha entre “Israel y Hamás”.

Finalmente, el Órgano Colegiado reiteró el compromiso de esta casa de estudios superiores con la justicia social, la equidad, el desarrollo integral, la libertad plena, y declaró a la UCR como un espacio libre de apartheid.

Este pronunciamiento se emitió con base en una propuesta de la representante estudiantil, Br. Ximena Obregón Rodríguez.

Adjuntamos el documento del comunicado:

Referencias Bibliográficas:

Alejandra Amador Salazar, (31 de mayo de 2021). UCR se solidarizó con el pueblo de palestina y repudió cualquier manifestación de violencia. Universidad de Costa Rica. Recuperado de https://www.cu.ucr.ac.cr/inicio/noticias/noticia/Articulo/uc

La Convención de Liberación Nacional, Importancia, significado y retos

Vladimir de la Cruz

El Partido Liberación Nacional enfrenta, el próximo domingo, la realización de su Convención Electoral interna para escoger su candidato presidencial, para las elecciones que ya están encima, el próximo 6 de febrero en su primera ronda electoral. No es la primera vez que este Partido realiza una Convención. Ha sido el mecanismo democrático que ha tomado desde varias campañas electorales atrás. Fue el primer Partido que así lo decidió e hizo. Este es un mérito suyo, y un ejemplo para otros partidos.

La Convención está convocada de modo abierta, es decir, con todo el Padrón Electoral abierto, lo que significa que todo elector, cualquier elector, en todo el territorio nacional, puede participar, sea o no miembro del Partido Liberación Nacional. No es una oferta para que solo los miembros de Liberación Nacional escojan su candidato, es una posibilidad que tienen todos los ciudadanos de escoger, de la lista de cinco candidatos que se disputan esa posibilidad, en ese Partido, el que cada ciudadano considere que puede ser el mejor para representar ese Partido en posibilidad de dirigir el país.

A todos los costarricenses nos interesa que cada partido político lleve, ojalá, su mejor candidato, el más idóneo para la Presidencia de la República. No deseamos que se improvisen candidatos ni que ellos no tengan experiencia alguna en la Política, en el ejercicio de la Política.

Deseamos que tengan una vida clara, transparente, de trabajo, de honradez y honestidad conocida, de familia, ojalá también de estudio, lo que no es necesario para el cargo, porque muchas personas se forman en la Escuela, el Colegio y la Universidad de la Vida.

Deseamos que conozcan la estructura, organización y funcionamiento del Estado, de sus instituciones, de las limitaciones, retos y desafíos que tienen y sus potencialidades, que conozcan los problemas importantes de su funcionamiento, de su entrabamiento, de la necesidad de su agilización, eficacia y eficiencia.

Deseamos también que tengan educación, y formación teórica política, cultura general y cultura y conocimiento de Historia costarricense. Y, deseamos, sobre todo que conozcan de la mejor manera posible los principales problemas del país, para ver cómo nos dicen que pretenden enfrentarlos. Del mismo modo, que sepan cual es el estado actual del país por el impacto de la Pandemia del COVID 19.

Liberación Nacional propone cinco candidatos, entre los que se tiene que escoger uno. Ellos son José María Figueres, Rolando Araya, Carlos Ricardo Benavides, Roberto Thompson y Claudio Alpízar.

José María fue Ministro y Presidente de la República, y se ha desempeñado por casi 20 años como Consultor Internacional y Director de organismos internacionales. De todos los candidatos que suenan, en todos los partidos políticos, es el único que ha sido Presidente de la República. Rolando ha sido Diputado, Ministro y Candidato Presidencial, además de haber desempeñado puestos dentro del Partido Liberación importantes, y también en otros partidos, regresando de nuevo a Liberación Nacional. José María y Rolando por haber sido candidatos presidenciales tienen asiento en el Directorio Político del Partido de Liberación, el órgano de dirección política más importante en ese Partido. Carlos Ricardo ha sido Ministro, Diputado y Presidente de la Asamblea Legislativa donde se lució en su ejercicio. Roberto ha sido Viceministro, Alcalde y ahora Diputado. Claudio, de todos ellos, es el que no ha pasado por puestos de esta naturaleza, donde seguramente hubiera sido un excelente funcionario.

Todos los candidatos son profesionales y reconocidos en sus respectivos campos. Han conocido la actividad empresarial de distintas formas. José María, Rolando y Claudio tienen un historial de publicaciones, destacando en su variedad y temas Rolando, que podría ubicarse como uno de los pensadores más serios que tiene ese Partido. Claudio y Rolando han destacado en medios de comunicación con programas que dirigen de distintos análisis y de la realidad política nacional, como los enfatiza Claudio, quien además tiene una Revista con ese propósito, y ha puesto su acento en LA POLITICA, la Política, con P mayúscula.

En este sentido, la lista de candidatos que ofrece Liberación Nacional para el domingo da para escoger al que se pueda considerar el mejor, para ese Partido, y eventualmente para el país, si por él se deciden los costarricenses el 6 de febrero próximo.

Su historial de vida y de trayectoria política, el de todos ellos, da para que puedan ser criticados por su participación política pasada. Aquí no se está evaluando lo que hicieron, sino la madurez con que enfrentan el ahora y el mañana, con la seguridad de que sabrán superar los yerros que ellos mismos puedan saber de sí mismos, de sus gestiones anteriores, o porque se los recuerden. Aquí se trata de escoger el gato, no si tiene cola, y que si ese gato sabrá matar los ratones que hoy roen el engranase institucional y evite que el edificio o la casa nacional pueda derrumbarse.

Si consideramos el desenvolvimiento institucional y de desarrollo del país tenemos que aceptar que hay un continuo crecimiento y desarrollo, aún con los problemas que como cadenas pesan en el momento actual, que nos hacen sentir y ver que vivimos mejor como sociedad, que en el pasado, aunque los problemas del impacto de la pandemia del COVID no nos permitan ver con claridad este panorama, por la situación concreta que viven miles de familias hoy, y para quienes la campaña electoral se presenta como un horizonte de expectativas, de esperanzas, de sueños por cumplir y de condiciones económico sociales por recuperar, y superar, donde cada candidato, de todos los partidos, será como un canto de sirena, cuando no un Flautista de Hamelin convocando a sus votantes.

La Convención por su esencia es una instancia democrática de participación ciudadana. Esto es lo que hay que valorar. Es un llamado a ejercer el derecho del voto. Quienes han luchado porque no se realice la Convención, aspecto ya superado porque se tomó la decisión de hacerla el próximo domingo, casi le hacen un daño enorme a los procesos institucionales que estimulan las votaciones, a la toma de conciencia política que significa cada elección, a los procesos electorales mismos.

En Costa Rica hemos establecido instancias de participación ciudadana como el referéndum y el plebiscito, de consultas populares, que incluso institucionalmente son saboteadas cuando se solicita hacerlos, y se trata también de sabotear estos procesos de consulta electoral, cuando pueden hacerse con las regulaciones que el momento exige, y que el Partido Liberación Nacional ha coordinado con el Ministerio de Salud y el propio Tribunal Supremo de Elecciones.

En la realización de la Convención de Liberación Nacional se está poniendo a prueba la elección del seis de febrero. Así como en una semilla hay un árbol, en esta Convención está la elección de febrero, no tanto por la cantidad de personas que puedan movilizarse para ir a escoger el candidato de Liberación, sino por su organización de la cual el mismo Tribunal Supremo de Elecciones, el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense sacarán experiencias para hacer de la elección de febrero, si todavía estamos con problemas del COVID 19, para que se pueda llevar a cabo con toda la magnitud que se necesite, y que posibilite que la mayor cantidad de votantes puedan expresar su libre voluntad soberana de representación popular.

De esta Convención electoral del próximo domingo el mismo Tribunal Electoral, que la supervisa sacará y aprenderá experiencias para las elecciones de febrero que no pueden posponerse, por estar establecida su fecha por mandato constitucional, para el primer domingo de febrero.

Intentar atrasarla como se ha querido, y se hace en otros partidos políticos, que la han venido posponiendo, es quedarse atrás del proceso electoral mismo, cuando otros partidos no realizan Convenciones para avanzar en sus decisiones electorales, como ya lo están haciendo, por la vía de la Asamblea Nacional, y en las que ya están nombrando no solo candidatos presidenciales, sino a toda la lista de candidatos a diputados.

La verdad para estos partidos es que posponer sus Convenciones 15 días o un mes máximo no les va a producir mayores cambios a las decisiones que en el interior de esos partidos ya se tienen tomadas. Y, frente a esos partidos que ya proclamaron sus candidatos se pusieron a la cola, pues ya van atrasados en la oferta pública de sus candidatos.

En cuanto al resultado electoral de la Convención pueden decirse muchas cosas. Lo importante es que va a tener un resultado, que en el caso de Liberación Nacional le permitirá valorar las fallas de movilización, de organización y de convocatoria de simpatizantes, sus debilidades organizativas, para lo que tendrán tiempo, para corregir lo que corresponda. A la vez, ya con candidato escogido tendrán una sola dirección de enfoque.

Como toda Convención deja heridos de distinta naturaleza. Pondrán a funcionar sus hospitales de campaña para restañar heridas y para recuperar heridos en posibilidad de que sigan combatiendo por esas banderas. El que de los candidatos de Liberación Nacional pase a retiro por propia voluntad, o peleado con los otros, o con el ganador, por perder en la Convención, o por negarle su apoyo, o por ponerse hipercrítico, cierra sus posibilidades futuras de seguir jugando en esas canchas políticas. Veamos.

Si José María gana la Convención, con 67, años tiene la posibilidad de llegar a ser Presidente a los 68, dos años más que cuando Oscar Arias repitió su Presidencia, pero le quedarían todavía dos procesos más si quisiera mantenerse en esa brega, en caso de perder, y hasta una para volver a ser candidato si llegare a ganar, y ser como el Ricardo Jiménez del siglo XXI, a lo que muchos le ponen obstáculos. Si Rolando gana la Convención, y ganara la Presidencia, lo haría a los 75 años, con una posibilidad, si acaso, de volver a pulsear la candidatura, en caso de que pierda. Los otros candidatos, Roberto con 61 años, Claudio con 58 y Carlos Ricardo con 52, igual ellos, en caso de ganar la Convención y la Presidencia de la República, tendrían más oportunidades de intentar un segundo gobierno a partir del 2030, que son las edades que tiene hoy José María y un poquillo más Rolando, y más oportunidades para seguir siendo precandidatos en procesos futuros. Si alguno de estos tres ganara la Presidencia de la República les quedan más oportunidades para intentar reelecciones, y estar en el ranking de los Presidentes al menos de dos períodos o gobiernos.

Lo real es que para Liberación Nacional esta Convención es clave para su futuro político. En la historia electoral desde 1953 hasta el 2018 Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana y Acción Ciudadana, son los únicos partidos que han tenido la posibilidad de gobernar dos veces seguidas. Liberación Nacional en tres ocasiones, 1970 -1978 con José Figueres y Daniel Oduber, 1982 – 1990, con Luis Alberto Monge y Oscar Arias, y 2006 -2014, con Oscar Arias y Laura Chinchilla, la Unidad Social Cristiana lo hizo en 1998 – 2006 con Miguel Ángel Rodríguez y Abel Pacheco, y Acción Ciudadana, recientemente desde el 2014 – 2022, con Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado.

De estos tres partidos Liberación Nacional ha recuperado el Gobierno después de haberlo perdido dos veces seguidas. La Unidad Social Cristiana ha perdido cuatro veces después que gobernó dos veces seguidas.

Si la Unidad Social Cristiana la vuelve a perder no pasa nada, solo que dependiendo el resultado se puede hundir más de lo que estaba hasta la elección del 2014, cuando Rodolfo Piza empezó su rescate. Si Liberación Nacional pierde la presidencia me parece que entrará en una situación similar a la de la Unidad Social Cristiana después del 2006, en pérdidas y descréditos continuos, que les va a ser muy difícil remontar, salvo que la generación joven que está hoy disputando candidaturas se mantenga más activa y con banderas más progresistas.

En el caso de Acción Ciudadana no sabemos si va a continuar gobernando por tercera vez consecutiva hasta que se realicen las elecciones de febrero. Si pierde se coloca en el promedio de dos gobiernos seguidos y una pérdida. Si gana me parece que crea las bases para una priízación de ese partido, y de la política nacional, como con el PRI en México, constituyéndose por muchos años en el partido de Gobierno, y provocando una entrada electoral al siglo XXI, y a la Costa Rica del Bicentenario, a partir de este proceso electoral muy diferente de lo que hemos tenido.

Lo que se pretende que vote el domingo es la base más importante de Liberación Nacional. Cualquier resultado será una ganancia porque se tendrá como el número de afiliados en posibilidad de convertirse en agentes y activistas hacia la elección de febrero.

El candidato que gane, igual es para todos los partidos políticos, tiene la inmensa tarea de mantener lo más unido al Partido y a los otros candidatos que participaron en la Convención, hacia la campaña electoral, con alianzas, con negociaciones políticas que satisfagan de común acuerdo a todos. Esto es válido considerando que el asumir Gobierno no es solo llegar a la Casa de Zapote. Es asumir toda la dirección del Estado en todos los puestos públicos que tienen la potestad de dirigir instituciones, y que eso abre la perspectiva de los puestos de diputados, de ministros, de miembros de Juntas Directivas, de Embajadores y puestos de confianza, donde el Poder Ejecutivo tiene un margen de nombramiento de casi 1800 personas, sin perder la posibilidad de volver a ser candidatos en el 2026. Así es la Política y la vida política de los partidos que logran ganar gobierno y elegir en puestos de representación popular. En el caso de las últimas dos derrotas nacionales de Liberación Nacional después de la Convención interna quedaron fragmentados, divididos, enemistados entre quienes aspiraron a la Presidencia. Si no han entendido esas derrotas vayan cerrando los paraguas…

Post-pandemia: ¿Auge del neoliberalismo del desastre o de un mundo más justo e inclusivo?

Luis Fernando Astorga Gatjens

En el año 2007, la escritora y periodista canadiense Naomi Klein publicó el profundo y esclarecedor libro «La doctrina del shock: El auge del capitalismo del desastre».

En su valiosa obra, la escritora analiza cómo el capitalismo en esta etapa neo-liberal, aprovecha las situaciones de desastre en las sociedades y países, para a partir de los escombros, impulsar sus proyectos de privatización económica y de reducción al mínimo el rol de los Estados. Tales desastres pueden que sean fruto de la acción de la naturaleza como tsunamis, inundaciones, terremotos, incendios, erupciones volcánicas o cualquier otro evento natural destructivo. O bien, pueden ser conflagraciones provocadas por la acción de seres humanos. Entre las que podemos citar invasiones, golpes de Estado, guerras y desplazamientos humanos.

Klein destaca la trinidad política de los Estados y empresas que se aprovechan de tales desastres para llevar las aguas sus molinos neo-liberales: 1) La eliminación del rol público del Estado, 2) La absoluta libertad de movimientos de las empresas y 3) Un gasto social prácticamente nulo. Tal es el sueño, propósitos y acciones de la plutocracia neo-liberal, aquí en Costa Rica y en cualesquiera otro país del orbe.

El principal ideólogo de esta doctrina fue Milton Friedman, el más destacado de los llamados «Chicago´Boys”, quien ha dejado una profunda impronta en el capitalismo de nuestros días. Es sin lugar a dudas el más esclarecido promotor del capitalismo del desastre.

Después del golpe de Estado que encabezó Augusto Pinochet contra Salvador Allende en 1973, Chile vivió un largo periodo de dictadura y represión; es decir de desastre político y social, si lo miramos desde la perspectiva de Naomi Klein. A esos escombros de la democracia chilena, llegó como un buitre Friedman para convertirse en un influyente consejero del dictador.

«Aconsejó a Pinochet que impusiera un paquete de medidas rápidas para la transformación económica del país: reducciones de impuestos, libre mercado, privatización de los servicios, recortes en el gasto social y una liberalización y desregulación generales. Poco a poco, los chilenos vieron cómo sus escuelas públicas desaparecían para ser reemplazadas por escuelas financiadas mediante el sistema de cheques escolares. Se trataba de la transformación capitalista más extrema que jamás se había llevado a cabo en ningún lugar…».

En Chile, en ese triste periodo, se aplicaron una sucesión de shocks que marcaron la vida del pueblo. La Constitución pinochetista de 1980 va a definir y moldear el modelo de sociedad durante cuatro décadas. Ese modelo mostró su agotamiento con el estallido social, en el reclamo de Constituyente, con el referéndum ganado por los detractores de ese estado de cosas en el que se acrecentó la desigualdad social y se concentró la riqueza en escasas manos y, más recientemente, con las elecciones que dieron la espalda, principalmente, a los partidos que impulsaron –con distinto alcance y profundidad– la agenda neoliberal.

En el libro, la autora cuestiona con sólidos argumentos que el triunfo del capitalismo nace de la libertad y que el libre mercado desregulado va de la mano de la democracia. En lugar de eso, afirma Klein, que «… esta forma fundamentalista del capitalismo ha surgido en un brutal parto cuyas comadronas han sido la violencia y la coerción, infligidas en el cuerpo político colectivo así como en innumerables cuerpos individuales».

Una de las expresiones más contrastantes de esta forma de capitalismo es la exorbitante concentración de la riqueza y el incremento de la pobreza y la desigualdad social. Y en esta América Latina que sufre los estragos de la pandemia de la covid-19, lo estamos observando con creciente estupor.

Las cifras hablan por sí mismas: el número de personas en situación de pobreza —como lo han documentado distintos organismos regionales e internacionales— no ha dejado de crecer en los últimos meses, ganándole terreno a la todavía incipiente clase media. Mientras tanto y en brutal contraste: los más ricos han logrado agrandar aún más sus ya de por sí abultadas fortunas.

Según el reportaje de Ignacio Fariza («El País»): «Los últimos datos de la revista Forbes son nítidos: en América Latina y el Caribe —la región más desigual del mundo— el número de milmillonarios se ha disparado un 40% desde el inicio de la pandemia. A principios de 2020, cuando el virus acababa de irrumpir y aún nadie podía imaginar lo que estaba por llegar, eran 76 los latinoamericanos que tenían 1.000 millones de dólares (820 millones de euros) o más en activos, con un patrimonio conjunto de 284.000 millones de dólares. En la lista de 2021, publicada en marzo, sumaban 105, con 448.000 millones acumulados. Y en la última actualización de mediados de mayo ya eran 107 con un patrimonio conjunto de 480.000 millones.»

Si esto acontece mientras enfrentamos la devastadora pandemia, ¿Qué podrá suceder cuando ésta se empiece a superar y tengamos que pasar revista a los escombros dejados por el desastre sanitario, económico y social en el planeta?

Los discípulos de Friedman (de aquí y acullá) desde ya se frotan las manos por los pingües negocios que harán, anunciando una reconstrucción desde cero. No verán el desastre post-covid como un momento de reconstrucción, a partir del fortalecimiento de lo público en salud, educación, en seguridad social, en comunicación humana, en promoción del empleo y desarrollo inclusivo. No. Lo verán como una oportunidad de incrementar sus ganancias, de reafirmarse en su mezquindad y egoísmo sin límites.

Lo vaticinios de Klein nos sirven para prever un futuro post-pandémico sombrío para nuestras sociedades y la humanidad, pero también nos pueden servir para darle todo el peso a la inmensa mayoría que somos, con el fin de ponerle freno al neoliberalismo, en todas sus expresiones, y construir sociedades más justas e inclusivas; sin duda más humanas.

(1 de junio, 2021)

Las paradojas de la democracia costarricense

Rafael Ángel Ugalde Quirós*

Sí bien es cierto durante más de dos meses faltaron manos para vacunar contra la COVID19 a casi cinco millones de costarricenses, también debe reconocerse que la pandemia en este pequeño país afloró importantes paradojas sociales, económicas y morales, excelentemente blindadas hasta entonces por las “castas” gobernantes.

Una reciente protesta de médicos que buscaban campos clínicos en los hospitales de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), no solo puso en entredicho las bondades oficiales de la sanidad costarricense, sino el bien resguardado embudo con que los galenos locales cuidan la profesión de Hipócrates, en todo el sistema asistencial. Durante la breve transmisión por la televisión se vieron a decenas de jóvenes vistiendo “gabachas blancas” en plena calle y pidiendo un lugar en los hospitales, en tanto con pancartas improvisadas expresaban su deseo de ayudar a combatir la crisis sanitaria, traducida ya en más de tres mil muertos, hasta mediados del mes de mayo.

El modelo actual, tendiente a convertir todo en negocio, mientras no se demuestre su ilegalidad, o se cometa un error grueso ostentando una “american life”, en el mercado todo es válido. El norte es crear empleo a como haya lugar por una especie de “Estado” privado, enemigo jurado del otro Estado; el que usted y yo conocíamos y nos dio obras de infraestructuras que aún se mantienen, eliminó de nuestras casas las “canfineras”, nos brindó educación gratuita, salud con dignidad, justicia pronta y cumplida, etc. Aunque, a decir verdad, nadie sigue sin explicar cómo se crea empleo sin consumo.

Sin embargo, un Estado Social cada vez más debilitado y chueco, es más fácil de controlar y, consecuentemente, las actividades más importantes, reducidas ahora a negocio privado, resultan absolutamente necesarias para el cerrado grupo de cámaras, federaciones o foros profesionales. Aunque, sea, por tanto falso, el paradigma aquel del “rebalse de la riqueza” para “Edmundo y todo el mundo”.

De esta manera, aunque quiera negarse o produzca escozor entre quienes defienden a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), se dieron los primeros pasos hacia la medicina privada, ganando terreno las clínicas y los hospitales privados, deteriorándose a la vez la atención de la población en el Seguro Social. Muere aquel o éste; solo uno de los dos modelos sobrevivirá. Citando a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la periodista Angela Ávalos (La Nación 1/12/ 2017) reveló que el 80% del gasto para servicios de salud particulares se destina a citas médicas y compra de medicinas. Dicha investigación señala que entre el 2000 y el 2014 hubo un incremento en el gasto de los costarricenses en centros médicos particulares. Este pasó de representar el 18,7% de los ingresos totales del sistema general de salud del país (incluye servicios públicos y privados) a un 24,9%. Se evidencia en el estudio que un 30% de la población usó servicios privados al menos una vez al año, un 60% de encuestados en 2009 reconoció preferir proveedores particulares a la Caja, el 50% de la población pensaba, para esa fecha, que se debería permitir dejar de contribuir a la Caja para hacerlo a un seguro privado, un 80% del gasto de bolsillo se destina a consultas médicas y compra de fármacos.

La paradoja es que, en pleno pico de la pandemia, con hospitales repletos de enfermos de Covid 19, limitaciones de camas para atender infectados y personal sanitario agotado por extenuantes jornadas laborales, el pequeño grupo de galenos “especializados” rechazó la posibilidad de pedir ayuda internacional para que doctores, que no sean ellos, auxilien a los costarricenses. Alegó que a ellos también los golpea el desempleo en el sector. Así lo dio a conocer el Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (Siname) ante la propuesta de un grupo de exdiputados, quienes pidieron al presidente de la República, Carlos Alvarado, activar un convenio internacional con Cuba, para solicitar la llegada de sus especialistas. Entre los países que recibieron ayuda humanitaria cubana por la pandemia están Italia, Andorra, Francia (para sus territorios de ultramar en el Caribe), Jamaica, Barbados, Venezuela, Nicaragua, Antigua y Barbuda, Belice, Dominica, Granada, Haití, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Surinam, Catar y Angola, entre otros. La ínsula figura además como el primer país del continente americano con una vacuna contra la pandemia desarrollada de forma independiente a la gran metrópoli controladora de la mayor parte de la ciencia y la tecnología. Se trata del inmunizante “Soberana 02” aplicada masivamente a la población, sin reacciones adversas, según las autoridades médicas de la isla.

Un reporte de la cadena estadounidense CNN en español (Patrick Oppmann; 07:52 GMT 1/4/ 2021), dio cuenta que el país caribeño tiene cinco candidatos vacunales. Se trata de la Mambisa, suministrada por vía nasal, y Abdala, que esperan producirla en forma industrial y desarrolladas ambas por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB); en tanto Soberana 01, Soberana 02 y Soberana PLUS son generadas por el Instituto Finlay de vacunas.

El reportaje de la cadena estadounidense reflejó las difíciles condiciones en que la ciencia médica cubana combate la plaga de Covid. El noticiero Rusia Today (RT), por su parte, citando a altas autoridades de la isla, acaba de informar que la educación y la salud están entre los más golpeados por el bloqueo estadounidense, que ya dura más de medio siglo.

Desde el anuncio en Washington que el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, haría su primer viaje a Latinoamérica, se conoció que entre los temas en portafolio traía lo que los norteamericanos consideran “la construcción de un hemisferio más democrático, próspero y seguro para todos”, tuiteó. Por lo tanto, de seguro -aunque no necesariamente trascienda- atajar la influencia rusa y china en la región en un mundo cada vez más multipolar estará a la orden del día cuando visite nuestro país; así como cerrar fila obligatoriamente con la Casa Blanca en los asuntos sensibles para la administración Biden en la ONU y en los intentos de independencia de los pueblos en Bolivia, Nicaragua, Venezuela o Cuba.

En este sentido, la Red en Defensa de la Humanidad (REDH), que aglutina alrededor del mundo a destacadas personalidades preocupadas por los derechos humanos y las injusticias sociales, pidió a la Asamblea General de la ONU condene nuevamente el bloqueo contra el pueblo cubano. En un documento en poder de “Surcos”, firmado por personalidades de 46 naciones, se califica de “criminal” la política estadounidense contra Cuba. Entre los firmantes están el influyente investigador norteamericano, Noam Chomsky, el vicepresidente boliviano, David Choquehuanca, los expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva, Evo Morales, José Mujica y Fernando Lugo, el excanciller ecuatoriano Ricardo Patiño, los líderes políticos venezolanos Adán Chávez Frías y Ernesto Villegas Poljak, el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, el profesor y fundador de la REDH Pablo González Casanova, los escritores e investigadores mexicanos Elena Poniatowska y Héctor Díaz Polanco, el historiador indio Vijay Prashad, los intelectuales brasileños Leonardo Boff y Frei Betto, los académicos e investigadores argentinos Atilio Borón y Stella Calloni, entre otros.

El “arte” de hacer dinero

La otra paradoja innegable de la democracia tica es la capacidad de controlar las contradicciones flotantes, a raíz de la actual pandemia, así como la inteligencia con que actúa para que los privilegios de sus élites queden inmunes o sufran mínimos daños colaterales. Aunque la Constitución Política es clara, en cuanto garantizaba a los trabajadores un “salario mínimo” inembargable, los bancos lograron por la vía del tribunal constitucional, quedar autorizados para dejar a cualquier asalariado sin sustento, así como a su familia, en caso de retenciones por deudas. Unos 30 mil costarricenses, cuyo salario es insuficiente y recurren a endeudarse para atender las necesidades básicas, quedan excluidos de la “salvaguarda” del salario mínimo ideada por el legislador constituyente. Ahora bajo un argumento jurídico de “avanzada” no deben negárseles créditos, aunque queden sin un centavo el fin de mes.

El nombramiento de los magistrados y la posible influencia en ello de los bancos y otros consorcios, aunque se quisiese disimular, sigue siendo un tema que “se las trae”, cuando abordamos el asunto de la “independencia” real del Poder Judicial, cuyas magistraturas son nombradas por los legisladores que siguen línea de partido. Formalmente, el poder judicial es independiente; sin embargo, el público “lobby” que hacen los candidatos a jueces para que se les nombre en un alto puesto judicial, hace dudar a miles de ticos sobre esta metodología. Es notorio, además – no hay medio de comunicación que no se haya ocupado del tema- que quienes controlan el negocio de los partidos políticos exigen altas sumas de dinero a quien aspire a un alto puesto político. Es decir, la “inversión” a largo plazo de esta “industria” de las agrupaciones electorales (con el perdón de los industriales sanitos), resta credibilidad a estos elegidos, pues difícilmente alguien saca de su patrimonio 20 o 29 millones de colones, si no tiene certeza de recuperarlos.

 Por eso, el tema del nombramiento de magistraturas no pierde relevancia en el país, estese en campaña electoral o en pleno cobro de la deuda política, ante el Tribunal Supremo de Elecciones. El asunto quedó en evidencia hace pocos días cuando la Corte Plena no recibió al relator de la Naciones Unidas, el peruano Diego García Sayan, para conocer un informe, precisamente, sobre la elección de magistrados. Los juristas, por amplia mayoría, calificaron de “injerencia” este informe especializado. Este calificado juez suramericano ha presentado dos informes muy críticos sobre el proceso de elección de magistraturas en Costa Rica.

Esta especie de “verónica” – como dicen en la “fiesta brava”- con que la “bicentenaria” democracia “sortea” las profundas contradicciones sociales, así como el marcado proceso de desmoralización en casi todos los poderes de la república, bien merece un reconocimiento con caro champagne, a nombre de todos estos abnegados defensores de las poderosas élites. Por menos, en Colombia, una reforma tributaria – los cambios en cada nación son pocos, sí se comparan con la uniformidad dada por los banqueros a los gobiernos satélites- se perdió ya la cuenta de “desaparecidos” y dejó más de medio centenar de muertos, cuando el presidente Iván Duque dio trato “de guerra” a la protesta. En Chile, un alza en los pasajes del transporte del Metro desembocará, quieran o no dichas élites gobernantes, en una nueva Constitución, luego que el gobierno del conservador Sebastián Piñera también dio trato de guerra a las protestas del pueblo y los carabineros dejaran ciegos a un montón de chilenos, que siguen apareciendo con disparos en los ojos. En Bolivia, ahora se conoce, que el poder detrás del trono durante el golpe de estado instalado en la nación andina con el beneplácito de la OEA, el exministro Arturo Murillo, no solo dio también trato de guerra a las protestas en nombre de la “democracia”, como si estuviéramos nuevamente ante una nueva doctrina de seguridad nacional como fue el “Plan Cóndor” para la región, sino que se embuchacó $800 mil por sobreprecio a pertrechos para reprimir gente comprados a Brasil

En nuestro país el desempleo alcanzó 18,5%, equivalente a 452 mil personas sin trabajo, según la Encuesta Continua de Empleo, elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), entre diciembre del 2020 – enero y febrero 2021; el hambre atormentó a 220 mil ticos – el 4,4% de la población- en el trienio de 2015-2017, según dio a conocer en noviembre pasado el periódico digital “ El Mundo” (https://www.elmundo.cr/costa-rica/220-mil-costarricenses-padecen-de-hambre-mientras-que-la-obesidad-y-el-sobrepeso-aumentan/). Sin embargo, sí algo siguen sin “driblar” – no se pueden ocultar los contraste sociales, aunque culpen de todo a la pandemia- son los altos niveles de corrupción salidos a flote en las altas esferas. Sobre precios de mascarillas en la CCSS, obras de infraestructura que alcanzan dos y tres veces el valor original, infiltración del narcotráfico, evasión de impuestos, contrabandos, etc.

Según la prensa, para citar el caso más reciente, una banda de supuestos traficantes de droga “importaban” directamente cocaína desde Colombia para luego “exportarla” en contenedores hacia Europa. Lo singular del caso es que dos de los investigados entraban al congreso como “Pedro por su casa” para sostener reuniones y conversaciones con los “padres” de la patria sobre futuras inversiones en el campo turístico e inmobiliario. Durante la estadía de los legisladores en el viejo edificio de la Asamblea Legislativa restringieron la presencia de público a las barras diputadiles, pues el ruido de las protestas los desconcentraba en su noble servicio a la patria; cuando tuvieron edificio nuevo los diputados por largo tiempo estuvieron largo del pueblo, gracias a unas láminas de zinc que impedían el acceso al lujoso edificio.

Con antelación a estos inversionistas que ahora son investigados por problemas con droga, un alcalde y otro joven diputado de la zona sur fueron vinculados con otra banda de presuntos narcos. Se supo además que uno de los investigados por tráfico de drogas hasta fue fiscal electoral en Limón.

¡Cosa más grande¡; diría Tres Patines.

 

(*) Periodista, abogado y notario por la U.C.R

Costa Rica: Los derechos humanos que han sido y que ya no son…

  • Significativo retroceso del país en su liderazgo en derechos humanos

Luis Fernando Astorga Gatjens

El país vive hace tiempo una preocupante cuenta regresiva en materia de derechos humanos, desde antes de la pandemia, pero esta involución se ha acrecentado en los meses y años recientes.

Antes de este debilitamiento, el Estado costarricense se destacaba internacionalmente (y más aún, entre los países latinoamericanos) por su adhesión o ratificación de convenios y tratados de derechos humanos. Y hacía, mal que bien, esfuerzos por implementarlos aun cuando muchos planes e iniciativas, se quedaran en la intención y no en la práctica que permitiera mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.

Incluso en agosto del año 2009, fue creada la Comisión Interinstitucional para el Seguimiento e Implementación de las Obligaciones Internacionales de Derechos Humanos (CIIDDHH), cuya presidencia y secretaria técnica están bajo la égida de la Cancillería; la cual se ocuparía de esa importante tarea.

En el Sistema Universal de Derechos Humanos, Costa Rica ha ratificado los dos Pactos Internacionales sobre Derechos Civiles y Políticos, y sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y casi todos los tratados temáticos. La excepción la constituye la «Convención Internacional de Trabajadores Migrantes y sus familias», que se mantiene pendiente de ratificación.

Sin embargo, al mismo ritmo erosivo cómo se ha venido desmantelando el Estado Social de Derecho, cuyo aceleramiento lo estamos presenciando en este duro presente, vemos que nuestro Estado busca evitar o eludir compromisos en derechos humanos, se muestra reacio o dubitativo en ratificar acuerdos y se aleja del cumplimiento efectivo de obligaciones en derechos humanos, particularmente en derechos económicos y sociales.

Para muestra dos botones, uno de cumplimiento efectivo y otro de ratificación:

Pueblos indígenas. En el año 1977 fue aprobada la Ley Indígena de Costa Rica Nº 6172, mediante la cual se buscó regular temas como la identidad, organización y territorio de los pueblos indígenas.

Mediante esta ley el Estado costarricense reconoce el derecho exclusivo de los indígenas a sus territorios. En la norma que que tiene ya largos 44 años, se encargó –en su momento– al Instituto de Tierras y Colonización (ITCO) y a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) de resolver el problema de tenencia ilegal de tierras por parte de personas no-indígenas.

Mediante esta norma el Estado adquirió el compromiso de devolver territorios a los pueblos indígenas, que están ocupados por personas no-indígenas, pero, ¿Qué ha sucedido? Dolorosamente nada o casi nada. Los intereses y presiones políticas de terratenientes usurpadores de esas tierras más la infinita postergación de las instituciones del Estado en encarar y resolver el problema, en un contexto de discriminación ancestral, es lo que domina un escenario de significativa afectación a los pueblos indígenas y su propio desarrollo.

El Estado no solo no ha cumplido esta ley sino que también un valioso acuerdo del sistema de Naciones Unidas: El Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo). El mencionado convenio expresa que “los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación”. El convenio establece, asimismo, que los Estados “deberán adoptar medidas especiales para proteger a las personas, instituciones, los bienes, el trabajo, la cultura y el medio ambiente de los pueblos originarios”.

Tanto la ley indígena como el convenio 169 han sido papel mojado para el Estado y los gobiernos que se han sucedido desde los años ochenta del siglo anterior. Esta desesperante pasividad del Estado impulsó, en el último decenio, a los pueblos indígenas a desarrollar acciones de recuperación de tierras, pero ese mismo Estado pasivo, omiso e incumplidor sistemático, ha respondido con acciones represivas propias o siendo lento y negligente con respecto a acciones de violencia de finqueros que se afianzan a sus intereses y terrenos, que deben devolver. Los asesinatos (todavía sin resolver) de dos líderes indígenas recuperadores como Sergio Rojas y Jerhy Rivera, testimonian esta grave e indignante injusticia que debe parar ¡ya!

Acuerdo de Escazú. Este es un valioso e importante acuerdo, que tiene como escenario de nacimiento, la linda y risueña ciudad de Escazú, en marzo del 2018. Su nombre completo: «Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe».

El Acuerdo de Escazú tiene tres ejes primordiales, a saber:

  1. La implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe del derecho de acceso a la información ambiental,
  2. Asegurar la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y

iii. El acceso a la justicia en asuntos ambientales.

Asimismo, se orienta “a la aplicación y en el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, garantizando la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a tener un desarrollo sostenible y a vivir en un medio ambiente sano”.

El importante convenio es un derivado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), celebrada en el año 2012 y de la “Decisión de Santiago”, adoptada en el año 2014 por 24 países. En el proceso constructivo desarrollado en el marco de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), se creó una comisión copresidida por Chile y Costa Rica; la cual tras cuatro años de negociaciones propuso el acuerdo que fue aprobado en Escazú el 4 de marzo del 2018.

Este acuerdo ha sido firmado por 24 países latinoamericanos y de El Caribe, y ratificado por Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Uruguay. Como se puede apreciar brilla por su notoria ausencia en la ratificación, para vergüenza propia, Costa Rica.

El pasado 22 de abril, “Día de la Tierra”, entró en vigor en los 12 países ratificantes. Valga destacar que el acuerdo es el primero en materia ambiental en la región y también el primero en el mundo en contener disposiciones específicas para proteger a los defensores ambientales. Esto último es de un enorme valor ya que año con año en todo el mundo y, por supuesto en nuestra región, se asesina o amenaza de distintas formas a los defensores del ambiente.

En el caso de Costa Rica, hay que recordar que de manera “misteriosa” murieron cuatro defensores ambientales, en la década de los años noventa del siglo anterior, en el contexto de su lucha contra la pretensión de la trasnacional Stone Forestal de construir una astilladora, bajo el régimen de zona franca, en la zona más interna del Golfo Dulce (Punta Estrella). Las cuatro personas fallecidas fueron Oscar Fallas, María del Mar Cordero, Jaime Bustamante y David Maradiaga; los cuatro eran dirigentes de la hoy extinta Asociación Ecologista Costarricenses (AECO).

El valioso acuerdo no ha sido ratificado por la Asamblea Legislativa, donde como resortes inspirados por el neoliberalismo rampante, ya algunos diputados manifestaron su negativa a ratificarlo, sin argumentos de valor. Quizás esta inspiración negativa les venga de Unión de las Cámaras Patronales (UCCAEP). Esta entidad patronal ha manifestado su rechazo al acuerdo, ofreciendo argumentos falsos para sostener su postura de que el convenio amenaza la seguridad jurídica de las empresas. Es oportuno destacar que este acuerdo no incluye ninguna medida de carácter ambiental relacionada con las empresas que no esté ya vigente en el marco jurídico del país.

Hace algunos años es muy probable que la ratificación de un acuerdo de esta naturaleza hubiese sido ratificado por Costa Rica, en forma rápida. Su compromiso –hoy cada vez más desdibujado—en materia ambiental, así lo demanda. Pero lamentablemente los tiempos no son los mismos. En esta época de envolvente dominio de una plutocracia neoliberal cada vez más omnipresente y agresiva en el escenario político nacional, las cosas han cambiado, desgraciadamente, para lo peor en materia de derechos humanos.

Miro este retroceso del país en materia de derechos humanos, con creciente preocupación, en mi calidad de promotor y defensor activo en este campo. Entre el año 2001 y el 2006, participé en en la génesis y en todos los ocho períodos de sesiones del Comité Especial de las Naciones Unidas, que redactó la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (CDPD). La mayoría de las ocasiones lo hice en calidad de representante de las organizaciones de personas con discapacidad, pero también me correspondió representar al país, en calidad de asesor de la delegación de nuestro Estado en ese comité de la ONU.

En ese productivo proceso que remató con la feliz aprobación de ese tratado en diciembre del 2006, el país exhibió un notorio liderazgo; incluso en aspectos fundamentales del tratado como lo referente a capacidad jurídica de las personas con discapacidad (artículo 12, CDPD), su contribución fue decisiva a través de Jorge Quesada Ballestero, a la sazón, representante de Costa Rica en el Comité Ad Hoc y vicepresidente de su “bureau” o directorio.

Sin embargo, lo que estamos viendo en este desolador presente pandémico, es un país que pierde empuje y liderazgo en el campo de los derechos humanos, en su promoción y peor aún, en su implementación efectiva. El escandaloso ruido de los motores neoliberales que guían a la plutocracia (ese menos del 1 % de la población nacional), y que se amplifican a través de sus medios informativos, es lo que suena y resuena en los acólitos y receptivos oídos del timorato gobierno y la mayoría de los legisladores.

Los momentos en que Costa Rica brillaba en el concierto de las naciones en el campo de los derechos humanos, se ha convertido en una melodía tan triste como lejana, para la desventura del país y, más aún, para la de los ciudadanos que somos testigos del debilitamiento del Estado Social de Derecho y de una democracia (con minúscula) que es cada vez más adjetiva y, consecuentemente, menos sustantiva.

(29 de mayo, 2021)

El paro político nacional triunfo o derrota popular

Por Carlos Meneses Reyes

Se preveía que el Paro programado para el 28 de abril de 2021, tornaría en Indefinido. Se conocía con anticipación, que pese a las restricciones con ocasión del Covid-19, las movilizaciones serian multitudinarias, permanentes. Era de esperar que la protesta centraría contra la Rama Legislativa (Senado, Cámara, Asamblea, concejos), retomando lo sucedido en el anterior Paro Nacional del 21 de noviembre de 2.019 (21N), que en plena protesta callejera el Senado aprobó la fatídica Reforma Tributaria que privó al Estado colombiano de recaudar cerca de 12 billones de pesos, nueve billones de los cuales fueron entregados al sector financiero parasitario y el resto a exenciones tributarias a empresarios, dizque para impulsar el “pleno empleo”, resultando embolsillados por ellos. También que la petición directa fuere la extinción del Escuadrón Policial de la Muerte, El Esmad y como remate la exigencia de la reforma de fondo a la Policía Nacional, desnaturalizada por lo militar.

Un Pliego de Peticiones, presentado por el Comité Nacional de Paro desde hacía 11 meses, engavetado y sin respuesta oficial, presagiaba el alcance político del desarrollo de las protestas. El binomio gubernamental lo sabía y no han demostrado capacidad para encararlo y ello explica la dilación en solucionarlo. Los acontecimientos políticos que se han sucedido y generado durante su ciclo de actividad califican el presente paro, como de Paro Político Nacional (PPN), sustentado en un estallido político-social y en la consecuente y consciente participación organizada de las masas y por ende del movimiento popular colombiano.

No estaba entre los cálculos que el régimen presidencialista le diere un tratamiento contra insurgente al Paro y ello demuestra la incongruencia en lo gobernable y la ratificación que en Colombia opera una hegemonía oligárquica contra insurgente, de la que hacen parte la mayoría de los grupos y partidos políticos que tienen representativo en el Congreso.

Con anterioridad se ha planteado la culpa gubernamental en la vorágine causada. La conciencia popular enardecida ha comprobado que es posible exigir los cambios de fondo que la sociedad colombiana requiere. Se impone la constante de tener claro que es lo que se quiere y se ha demostrado que se perdió el miedo a protestar a exigir, denunciar, pese a la ola de Terrorismo de Estado aplicado en Colombia.

Alcances políticos del paro

En este mes de Paro se ha revelado la lucha de clases latente. El racismo entronizado contra minorías étnicas y pueblo ancestral. Desenmascarada la iniquidad e injusticias, materializada en conocimiento que el 1% de la población, más rico, es el dueño de medio país. Que el 1,5% de la población, sea la dueña ostentosa del 52% de la tierra productiva en el país. Se desenmascara a los pocos personajes que son los dueños de los Peajes, que tienen rebotado y en acción de bloqueos a los transportadores. Que todos los servicios públicos esenciales (comunicaciones, agua, luz, transporte, educación, salud, banca, recursos naturales) han sido privatizados a ultranza, redundando en un imaginario popular de no pertenencia y valía. Que el problema de poder en la generación y generalización de la corrupción radica en toda la rama legislativa, atornillada por la existencia de un sistema electoral corrupto, soso, hecho a imagen, semejanza y provecho del clientelismo. En la existencia y permanencia de una metodología desarrollada por los gobernantes al servicio del capital financiero especulador y parasitario, al que se le otorgan auxilios, exenciones, beneficios abusivos en billones de pesos, en detrimento de las arcas públicas. Complementa con un modelo económico que incluye el uso desmedido de la explotación de los recursos naturales, en lo extractivo, que asola el panorama del equilibrio ecológico, la defensa de la naturaleza, de sus derechos y el de los animales. Se revela, como verdad sabida, que funge un presidente títere, subvalorado, por sus mismos partidarios y lastre en la conducción eficaz del país. El experimentado dirigente político Álvaro Leiva D, advierte, en clara alusión al sub presidente: “un animal puede tener cien pies; pero jamás dos cabezas”. No obstante (o por eso) el objetivo del movimiento popular no es el fin del mandato del títere de turno y en consecuencia tampoco el de la politicidad del Paro Nacional; como si lo es la Fuerza Pública criminal que sustenta al Establecimiento y el señalamiento e identificación del enemigo principal del pueblo colombiano, como lo es la Rama Legislativo del Poder Público. La conciencia ciudadana y popular tiene muy bien identificado a todos los causantes de sus males y la dictadura mediática no logra confundir esos imaginarios pululares.

Efectos de los alcances políticos del paro

En relación con la capacidad de dirección del Comité Nacional de Paro, este no ha perdido fuerza, ni vigor, durante el mas de un mes de desarrollo del paro. Esto, por cuanto no se trata de un cese de actividades tipificado, sino de una Huelga generalizada, de carácter político en todo el país. El gobierno le apostó a su desgaste y el Comité ha salido bien librado de pretendidas imposiciones unilateral gubernamentales.

El tema de los Bloqueos, que no es del resorte nacional del comité, expresa la multiplicidad de reclamaciones de otros sectores populares, que no están bajo la égida de dirección del Comité Nacional del Paro y demuestra la errada aplicación de inteligencia preventiva del Establecimiento gubernamental. Craso error el haber desautorizado a dos viceministros que habían llegado a un acuerdo con manifestantes para destrabar el corte de vía en Buenaventura y progresivamente permitir el fluido, con ayuda de los transportadores, manifestantes y organizaciones populares en la calle. Se suma a la salida de dos ministros y un Alto Consejero gubernamental.

Como nunca se había registrado en las luchas populares en Colombia, este paro del 28A, ha elevado el nivel organizativo de las masas. Resultado de la brutalidad policial aplicada por el Escuadrón de la Muerte Policial, Esmad, los jóvenes han creado LA 1a LINEA. Los muchachos o pelaos de LA 1a Línea, están en la lucha callejera, con cascos, gafas plásticas de seguridad, escudos de lata y plásticos, tapabocas y disponibilidad total. Enfrentan las bombas lacrimógenas y chorros de agua dirigidos a los manifestantes. Orientan a la población alzada. Controlan a saqueadores. Organizan los Bloqueos, evitando la extorsión. Encausan y ayudan. Previenen, orientan, socorren a golpeados, o a sitiados, a quienes ayudan a salir. Participan en las ollas comunitarias, junto con LAS MADRES DE LA 1A LINEA. Aseguran las tres comidas del día y a la que jamás habían tenido acceso. Entretejen con amistades, compañeros, novias, todo un soporte de activismo político y social. También son liderados y ayudados por sacerdotes de iglesias, médicos, auxiliares de salud, activistas de ong´s-sin apropiarse de sus espacios- profesores que acuden a proteger a sus alumnos, padres de familias y vecinos. Sorprende la capacitación e ilustración que ostentan y expresan los pelaos sobre lo problemático del país. La represión contra los pelaos de LA 1a Línea ha sido brutal y sanguinaria por parte del Terrorismo de Estado. Policías y paramilitares los ubican, identifican, los retienen cuando salen de los escenarios de confrontación. Los siguen, los desaparecen, y los incineran, como en el lamentable suceso del joven de piel negra, encontrado carbonizado en las instalaciones destrozadas del centro comercial Dollar City, en la ciudad de Cali, no distante, por la parte trasera, de un centro de atención policial, que ha sido objeto de reiterados ataques durante las confrontaciones de estos días. Los medios de alienación masiva, mantienen en una burbuja, mintiendo sobre la cotidianidad de una confrontación permanente en las ciudades afectadas, al no ejercer un periodismo independiente. Difunden especies como la del Ministro de Justicia Wilson Ruiz, quien afirma que se trata de una estrategia de difamación contra el Estado colombiano y que las muertes de manifestantes han sido en incidentes aislados como riñas callejeras, hurtos, etc. Inventan lo de la presencia de grupos armados y de control del fementido narcotráfico y el Consejero para la Estabilización, Emilio Archila, señala en una entrevista, que los bloqueos son ilegales y deben ser levantados de manera inmediata para poder iniciar una negociación.

Todo un montaje preparando el escenario de golpes dictatoriales y más represión y muerte. Duque y sus comilones que repiten, siempre habla de respetar la Constitución, pero en la práctica no acude a negociar una búsqueda de salida concertada, recurriendo a la represión. Se trata de un gobierno des legitimado que solo se sostiene con la dictadura.

El efecto político, como repercusión internacional no se ha dejado esperar. Movilizaciones de colombianos y ciudadanos de diferentes países donde se han dado multitudinarias protestas de solidaridad con el pueblo colombiano y en contra del gobierno. Llamados de organismos internacionales y personalidades a la búsqueda de una solución y al respeto a los manifestantes. Cartas diplomáticas enviadas, a raíz de los violentos comportamientos de la fuerza pública. Reiterada inquietud por la cantidad de baleados, muertos, heridos y sobre todo, desaparecidos, durante las jornadas de protesta, aumentan el desprestigio internacional del gobernante colombiano, que pareciere no piensa con cabeza propia, sino por la del otro. Inexplicable mal manejo y contradictorio trato al pedido de la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH) a venir a verificar las denuncias de violación a los Derechos Humanos.

La Secta-que no partido- de gobierno, ha impulsado la reacción fascista contra las protestas llamando a la intervención militar y al mesianismo salvador con los inmensos recursos dinerarios de sus “corporados”: “Urgimos al Gobierno Nacional liderar la consecución de unos recursos pagados por los más pudientes para financiar la lucha contra la pobreza y la política de juventud” 28 de mayo de 2.021. La plata es grosera, insolente. Piensan que, dando limosna a la juventud, manteniendo la situación de iniquidad, miseria, pobreza, pueden continuar cabalgando sobre las necesidades del pueblo colombiano. En nada se diferencia esta grosería, como cuando el capo Pablo Escobar, anunció que estaba en condiciones de pagar la deuda externa colombiana. ¡Vaya pues!

El paso dictatorial con un decreto de marras

Los Bloqueos son protesta ciudadana. Se explica como manifestación soberana del pueblo indignado. Una expresión de democracia directa:(Artículo 3 CP91) “el pueblo la ejerce en forma directa”. Puras elucubraciones se dan en torno de ellos. Los gremios económico y financiero; oficiales y privados, mencionan sumas billonarias, astronómicas, en pérdidas. La verdad es que no ha existido, no se ha dado, un desabastecimiento critico en las ciudades. Los bloqueos se han dado en forma intermitente y al parecer funcionan unos “corredores humanitarios” por el que circulan los artículos de primera necesidad, medicamentos, etc. Obvio, los importadores de lo santuario si se afectan. Sucede que la decisión política es no aceptar ninguna clase de protesta, no negociar, derrotar al movimiento popular y aprovechar la coyuntura para el engaño electoral gubernamental que avecina. Si los gremios y grupos de presión económica estuvieren afectados, hubieren presionado al gobierno a una solución negociada; pero no, avalan las medidas contra el movimiento popular y llaman a la militarización, con la ambientación intoxica dora de los medios de comunicación que buscan hastiar a la clase media y ponerla en contra del Paro Político Nacional (PPN), a fin de que ninguna conquista política se logre conseguir. En acto de desespero por la intensificación de la protesta y continuación de la lucha, le resulta imposible contener la autonomía de los gobernantes locales, elegidos popularmente y terminarían demarcándose de la directriz central del gobierno por in gerente la “asistencia militar”. No están en capacidad de continuar reunidos con un Comité de Paro, solido en sus argumentos y ante la flaqueza de ingobernabilidad manifiesta, deciden acudir a lo dictatorial. Emiten un Decreto, que prácticamente lleva a traste las negociaciones con el Comité de Paro, tal como lo enuncian sendos comunicados de ambas partes.

El Decreto 575 del 28 de mayo de 2.021, es de indiscutible carácter dictatorial, draconiano. Pasa por alto las observaciones de las fuerzas militares y de policía, que realizan tareas de control en medio de las protestas sociales y políticas. Desconoce que están sujetos a las reglas internacionales del uso de la fuerza, limitadas por los principios universales de legalidad, necesidad, precaución y proporcionalidad. Todo eso lo viola el citado decreto e instaura el Terrorismo de Estado, siempre vigente en Colombia. Como tal, la “asistencia militar” es inconstitucional y no contentos con el injerto, emiten un Decreto, que más pareciere de conmoción interior, sin darse las condiciones objetivas para ello. Es un disfraz que busca “restaurar el orden público” en los Departamentos citados; lo cual no es de unánime, ni igual caracterización. También resulta inconstitucional un Decreto dictatorial dizque para “prevenir” la alteración; es decir lo que vendrá. Eso demuestra ineficacia en la dirección del país. Ese Decreto es inaplicable. ¿De cuándo acá el Departamento de Norte de Santander esta alterado en “el orden público”? ¿Acaso se está con la Constitución de 1886? No. En el Departamento Norte de Santander existe un conflicto armado interno agudizado, con control territorial insurgente, a diferencia de El Cauca, por ejemplo, que controlan el territorio las bandas de narcotraficantes en connivencia con las brigadas militares y el generalato a la cabeza. Resulta que la única manera de “prevenir” que no se altere el orden público en el Norte de Santander, es no fumigar con glifosato. En una palabra, aplicar los Acuerdos de La Habana. Crear las Zonas de Reserva Campesina (ZRC). Proteger a las comunidades indígenas. Derogar los Zidres y comenzar a reconstruir la economía de El Catatumbo bajo la dirección cooperativa, desplazando el capital financiero parasitario y narcotraficante de lavado legal. Uno a uno los gobernantes locales manifestaran el desacuerdo con la pérdida de su autonomía. Ya lo han manifestado la alcaldesa de Bogotá DC y el alcalde de Bucaramanga. Mas de cinco alcaldes en Cundinamarca y seguiremos contando.

La salida es política no militar

Debe el gobierno nacional retomar las negociaciones con el Comité del Paro Nacional. Entender que una cosa es negociar con el comité Nacional y otra con las comunidades en protesta regional, con representatividad soberana directa, del pueblo en las calles, carreteras y veredas. Es fácil: solucione el Paro de los Transportistas. Ponga en la cartera del Ministerio de Obras Públicas y Transportes a una persona capacitada y enfrente el problema que tendrá con los explotadores de los Peajes. Enfrente a Sarmiento Angulo y al grupo Aval y no a los transportistas, conductores, ayudantes y al pueblo organizado en las calles. Soluciónelo ya y resuelve lo de los Bloqueos. No seguir dándole al Paro Político Nacional un tratamiento contra insurgente. Esto contribuirá a un agudizar del conflicto armado interno insurgente. Y por dejar por el momento, aliste se, señor gobierno bicéfalo o dual a aceptar la convocatoria, de una Consulta Popular para determinar temas puntuales como la Revocatoria del Mandato de Toda la Rama Legislativa del Poder Público actual y empezaremos a construir una Nueva Colombia, aplicando los ajustes necesarios al sistema corrupto electoral, clientelista y de casino, narco paramilitar, que impera en Colombia.

Emplazan a Presidente y su ministro ante visita de Secretario de Estado estadounidense

SURCOS comparte la carta enviada por el Movimiento Patriótico por Costa Rica al presidente de la República y a su ministro de Relaciones Exteriores, ante la visita del Secretario de Estado de Estados Unidos de América.

Señor Carlos Alvarado Quesada
Presidente de la República,
Señor Rodolfo Solano Quirós
Ministro de Relaciones Exteriores y Culto
SM.

Presente

Ante la visita de Anthony Blinken, el Movimiento Patriótico por Costa Rica emplaza al Ministro de Relaciones Exteriores y al señor Presidente de la República.

1.- Señor Ministro Rodolfo Solano Quirós: Con fecha 27 de mayo de 2021 el Ministerio a su cargo anunció que:

«Costa Rica recibirá el 1 de junio, la visita del Secretario de Estado de los Estados Unidos de América, Anthony Blinken en el marco de la primera gira a la región».

2.- «Costa Rica será el primer país latinoamericano que visite el Secretario de Estado, desde que asumió funciones, confirmando así el excelente estado de las relaciones bilaterales existentes con los Estados Unidos de América».

3.- «En los últimos meses, los gobiernos de Costa Rica y los Estados Unidos han sostenido profundos y estratégicos acercamientos, que iniciaron con la conversación telefónica entre el Presidente Carlos Alvarado Quesada y el entonces presidente electo, Joseph Biden, el 30 de noviembre de 2020».

4.- «Desde entonces, en todos los espacios entre autoridades de ambos países, se ha confirmado la fuerte coincidencia de principios y valores, así como la importancia estratégica de la relación, lo cual se ratifica con la visita del Secretario Blinken».

5.-» Los grandes ejes de la relación estratégica con los Estados Unidos abarcan, entre otras áreas, el diálogo político, democracia, derechos humanos, seguridad, cambio climático, comercio, inversión y turismo, así como cooperación, incluyendo en materia de salud. «

Ante una agenda bilateral de tal naturaleza, de amplio espectro, que aborda temas sensibles y estratégicos para el futuro de nuestra nación, el Movimiento Patriótico por Costa Rica advierte a nuestros representantes y jerarcas políticos, señores Carlos Alvarado Quesada y Rodolfo Solano Quirós, Presidente de la República y Ministro de Relaciones Exteriores y Culto respectivamente, acerca de la necesidad de hacer respetar la dignidad patria, nuestra soberanía e independencia y en modo alguno comprometer en estas conversaciones, el uso de nuestro suelo patrio para algún objetivo contrario a nuestra tradición de paz.

En consecuencia manifestamos lo siguiente:

1.- El pueblo costarricense, a lo largo de su historia, ha sabido defender su libertad y la soberanía de nuestro suelo patrio.

2.- Las relaciones de amistad y colaboración de Costa Rica con naciones poderosas no debe comprometer nuestra independencia y soberanía en la toma de decisiones políticamente estratégicas. La ubicación geográfica de Costa Rica en el istmo centroamericano es de suma importancia en la geopolítica de las grandes potencias; de ahí el interés de los Estados Unidos a imponer y comprometer al país en los marcos de su política exterior.

En el pasado, durante el decenio de los ochenta del siglo pasado, correctas políticas de Estado y acertadas decisiones de gobierno, libraron a Costa Rica de involucrarse en las sangrientas guerras de Centro América. Por el contrario, fuimos abanderados de la neutralidad y pioneros en la consecución de la paz. Esto valió incluso un reconocimiento de la talla del Premio Nobel de la Paz.

3.- En el comunicado en mención se afirma que entre ambos países (CR-USA) «se ha confirmado la fuerte coincidencia de principios y valores, así como la importancia estratégica de la relación bilateral….»:

En relación con esta aseveración, el Movimiento Patriótico por Costa Rica considera que al contrastarla con los hechos históricos tal afirmación carece de veracidad.

En materia de paz, CR y USA tienen trayectorias divergentes pues sus intereses lejos están de ser los mismos: desde 1945 USA ha estado involucrado en la guerra y la división de países, primero en Corea, luego en Vietnam, continúa en Irak, Afganistán, Libia, Siria. La política injerencista y divisionista por medio de la guerra es evidente y la historia así lo registra. Además, su presupuesto militar ocupa el primer lugar entre todos los países del mundo. Costa Rica por su parte se caracteriza por ser un pueblo pacífico. En su Constitución Política queda definitivamente abolido el ejército como institución permanente. Aquello que otros países gastan en armas, Costa Rica lo invierte en educación, salud y bienestar social. En consecuencia, nuestro presupuesto militar tiende a cero.

4.- En la escala de valores de ambas sociedades tampoco existen las coincidencias que expresa el comunicado. Veamos uno: el respeto a los derechos humanos en ambos países. Cuántos años de lucha llevan los afrodescendientes por arrancar algunos derechos civiles. Sólo recordemos los sueños inconclusos aún, de Martin Luther King o la horrenda agonía de George Floyd asfixiado por un policía blanco que aprisiona a su cuello. Y el señor Anthony Blinken viene a hablar también de respeto a los derechos humanos luego de reunirse en Washington con la Ministra de Exteriores de Colombia y de darle su apoyo a Iván Duque, el presidente que ha reprimido las manifestaciones en ese país con saldo de decenas de muertos y centenares de heridos y desaparecidos.

No existen coincidencias, por tanto, señor Presidente y señor Ministro con los principios y valores que representa el Secretario de Estado de Estados Unidos.

5.- Otro tema que será abordado en las conversaciones bilaterales será el de seguridad. Al respecto señalamos que la realidad nos muestra que vivimos un mundo multipolar, en consecuencia, el multilateralismo se impondrá como práctica soberana e independiente de aquellos gobernantes que se respeten y respeten al pueblo que les eligió democráticamente.

Atrás han de quedar aquellos conceptos mesiánicos del llamado «Destino Manifiesto» que se traducían en frases como «América para los americanos». Respetemos los acuerdos de la inmensa mayoría de países miembros de la ONU, contenidos en la Agenda 2030, muestra del más puro multilateralismo.

Hoy el mundo tiene otras realidades (protección del medio ambiente, erradicar el hambre y la pobreza, y otras) y, con esas realidades y en paz debemos continuar construyendo el presente y el futuro de la HUMANIDAD.

Con el respeto debido

Movimiento Patriótico por Costa Rica-MPPCR

“Sepamos ser libres”

Mainier Barboza Soto, ced. 202790037. firma responsable

Dirección electrónica mainierbarbo@gmail.com

La lógica de la Junta Directiva de la CCSS – Fauleadas 154,807 pensiones bajas

Rodrigo Arias López. Actuario Matemático

La lógica de la Junta Directiva de la CCSS (JD-CCSS). Fauleadas 154,807 personas con pensiones bajas

(Parte 1)

Para quienes creen que la JD-CCSS se volvió cristalina y transparente como el agua de manantial solo por dar tres meses más de plazo para acordar elevar las edades de retiro, bajar beneficios y aumentar las cotizaciones del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), desafortunadamente sigo con malas noticias. Ya abordé el asunto por este mismo medio (https://surcosdigital.com/hablemos-de-ivm-vacilan-a-reymundo-y-a-todo-el-mundo-zancadillean-a-cotizantes-pensionados-y-mesa-de-dialogo-parte-iv/), ahora lo refresco y profundizo.

1) El artículo 29 del Reglamento de IVM dice: “La cuantía mínima de pensión no podrá ser inferior al 50% del ingreso o salario mínimo de contribución que se establezca conforme al artículo 34 de este Reglamento. Asimismo, el Estado, en su condición subsidiaria, cubrirá el financiamiento de las pensiones mínimas que otorgue el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte en aquellos casos donde la pensión resultante es menor al monto mínimo vigente. Este financiamiento formará parte de la cuota del Estado como tal”. Destacados míos. A este salario mínimo de contribución también se le llama Base Mínima Contributiva (BMC).

2) En el artículo 26 de la sesión N° 8682 del 28 /11/2013 la JD-CCSS, acordó el plan de relación entre la BMC y el Salario Mínimo Legal (SML) del cuadro siguiente. Esto significaba que a partir del 1/10/2019 la pensión mínima de IVM sería igual a un 50% del SML según el artículo 29 del reglamento de IVM.

3) Sin embargo, en el Artículo 8 de la sesión N° 8992 del 27/9/2018 y el 25 de la sesión N° 9072 del 19/12/2019, la JD-CCSS se “arrepintió” y acordó que la BMC en IVM quedara en 87% del SML y en 92.95% del SML en el Seguro de Salud. Por lo tanto, topó la pensión mínima de IVM a un 43.5% del SML. Fue una zancadilla sin previo aviso, a escondidas y sin mesa de diálogo.

Así que, como desde enero de 2021 el SML es ₡319.574, el monto de la pensión mínima hoy hubiera sido ₡159.787 si la JD-CCSS no se hubiera arrepentido; pero gracias al arrepentimiento la topó en ₡139,015. ¿Será esto un favor al Estado-Gobierno? ¿O un desvío de fondos? Porque según el artículo 29 del Reglamento de IVM la CCSS le cobra al Estado -los contribuyentes- un 0.66% sobre los salarios de IVM para pagar esos beneficios.

Usando la planilla de IVM de noviembre de 2020 resultan 154,807 pensionados afectados, que representan la mitad del total de pensionados, según el detalle del cuadro siguiente:

Sumando la diferencia entre ₡159.787 y el monto de pensión pagado a esos 154,807 pensionados, considerando que son trece pagos al año, adicionando el costo diferencial de las pensiones nuevas del año 2021, un posible reajuste por inflación y el costo del seguro de salud, el ahorro estimado en 2021 que la JD-CC hizo a costa de las pensiones más bajas es de ₡42 mil millones (el faul o zancadilla).

Por otro lado, en el año 2021 el IVM dejaría de recibir unos ₡14 mil millones de colones de cuotas por tener una BMC de ₡278,030 en lugar del SML, mientras que el Seguro de Salud dejaría de recibir un monto similar por tener una BMC de ₡297,044 en lugar del SML. En adición, como la JD-CCSS usa la BMC para estimar el costo que le cobra al Estado por la atención de la salud de las personas de escasos recursos -Artículo 2 de Ley 5349- dicho fondo dejará de recibir del Estado unos ₡15 mil millones de colones en 2021.

Entonces restándole a la zancadilla que la JD-CCSS propinó a esos 154,807 pensionados, resulta un ahorro neto de ₡42 – ₡14 – ₡14 – ₡15 = -₡1 mil millones, un poco más, un poco menos, no importa, lo importante es que el “ahorro” más bien se traducirá en posibles pérdidas para la CCSS en 2021, como fue en 2020 y 2019; pero es castigo o garrote para la mitad de los pensionados que más necesitan de una pensión. Insisto: ¿Es o no es desvío de fondos? ¿Cómo le podríamos llamar a esto? ¿Será otro maquillaje? ¿Habrá sanciones? ¿O la torta la pagarán solo los pensionados?

Sobre el asunto existe una denuncia en la Auditoría Interna de la CCSS desde el 14 de setiembre de 2020 que tiene el número DE-126-2020 (https://drive.google.com/file/d/183VhpSfKdtCt8EUAHZRJhskzJa8Ck1m-/view?usp=sharing), con el fin de descartar cualquier maquillaje, abultamiento de cifras y violación al principio de legalidad. Estoy a la espera de que me notifiquen el resultado de la investigación.

Mencioné que a partir de enero de 2021 la pensión arrepentida debería ser de ₡139,015. Sin embargo, mejor revisen sus billeteras, pues no se descartan otras zancadillas aún en época de pandemia.

Exacciones de Israel en Gaza: Consejo de Derechos Humanos crea mecanismo de investigación

Nicolas Boeglin

El pasado 27 de mayo, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas adoptó una resolución que establece una comisión internacional independiente para investigar las exacciones cometidas en estas últimas semanas en Gaza por parte de Israel, antes y después del 13 de abril de 2021 (véase comunicado de prensa oficial de Naciones Unidas y este comunicado de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas).

El texto de la resolución en breve

La resolución A/HRC/S-30/L.1 (véase enlace a versiones en los diversos idiomas oficiales de Naciones Unidas) dispone en el primer punto de su parte dispositiva que el Consejo de Derechos Humanos

«1. Decides to urgently establish an ongoing independent, international commission of inquiry, to be appointed by the President of the Human Rights Council, to investigate in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and in Israel all alleged violations of international humanitarian law and all alleged violations and abuses of international human rights law leading up to and since 13 April 2021, and all underlying root causes of recurrent tensions, instability and protraction of conflict, including systematic discrimination and repression based on national, ethnic, racial or religious identity»; …./….

  1. Décide de créer d’urgence une commission d’enquête internationale indépendante et permanente, dont les membres seront nommés par le Président du Conseil des droits de l’homme, chargée d’enquêter dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et en Israël sur toutes les violations présumées du droit international humanitaire et sur toutes les violations présumées du droit international des droits de l’homme et toutes les atteintes à ce droit qui auraient été commises depuis le 13 avril 2021, ainsi que sur toutes les causes profondes des tensions récurrentes, de l’instabilité et de la prolongation du conflit, y compris la discrimination et la répression systématiques fondées sur l’appartenance nationale, ethnique, raciale ou religieuse ; …/…
  2. Decide establecer urgentemente una comisión de investigación internacional e independiente, que designará el Presidente del Consejo de Derechos Humanos, para que investigue en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y en Israel todas las presuntas violaciones del derecho internacional humanitario y todas las presuntas violaciones y abusos del derecho internacional de los derechos humanos que hayan tenido lugar en el período previo al 13 de abril de 2021 y desde entonces, así como todas las causas que subyacen en las recurrentes tensiones, la inestabilidad y la prolongación del conflicto, incluidas la discriminación y la represión sistemáticas basadas en la identidad nacional, étnica, racial o religiosa; «

Esta resolución se aprobó con 24 votos a favor, 9 en contra y 14 abstenciones. Israel pudo esta vez contar con los votos en contra de Alemania, Austria, Bulgaria, Camerún, Islas Marshall, Malawi, Reino Unido, República Checa y Uruguay, tal y como se puede observar en el registro oficial del voto que se reproduce seguidamente:

Los Estados de América Latina miembros del Consejo de Derechos Humanos votaron todos a favor del texto, con el notable (y sorprendente) voto en contra de Uruguay y la ya previsible abstención de Brasil. Como ya viene siendo habitual, Israel procedió a llamar a consulta al Embajador de Argentina (véase nota de prensa) y de Mexico en Tel Aviv (véase nota de prensa) para externarles su rechazo a la actitud que asumieron en Ginebra sus delegados: una gestual del aparato diplomático de Israel que ya no debe impresionar mayormente a los miembros de la comunidad internacional, como tampoco el discurso iracundo de sus máximas autoridades contra entidades de Naciones Unidas como el Consejo de Derechos Humanos (en el que Israel no puede contar con el veto norteamericano para resguardarlo de una condena). En ese sentido, se recomienda la lectura del comunicado oficial de prensa circulado por la diplomacia de Argentina este 1ero de junio del 2021 (véase texto completo).

Es más bien el voto en contra de Uruguay el que requiere ser explicado e investigado, al haber Uruguay ido mas allá del incondicional aliado que tiene Israel en América Latina desde el 2019: Brasil (el cual se abstuvo). Es probablemente para Uruguay la primera vez en la historia que su delegado recibe la instrucción de votar en contra de una resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas estableciendo una comisión investigadora para esclarecer y documentar violaciones a los derechos humanos. Remontar la cadena de mando para saber desde donde se originó esta insólita instrucción (y si contravino a otra anterior enviada a Ginebra) constituye sin lugar a dudas un ejercicio que interesará a un gran sector de la opinión pública en Uruguay y a muchos observadores internacionales.

De algunos ejercicios similares recientes

Como bien se recordará, en junio del 2018, la diplomacia de Estados Unidos optó por retirar a Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas después de votarse una resolución similar de este órgano creando una comisión de investigación sobre las exacciones de todo tipo de las fuerzas de seguridad israelíes contra los manifestantes palestinos participando a la denominada «Gran Marcha del Retorno» (véase al respecto nuestra breve nota al respecto).Con 29 votos a favor, 14 abstenciones y dos votos en contra (Australia y Estados Unidos), Estados Unidos consideró en aquella oportunidad que el retirarse del Consejo de Derechos Humanos era lo más indicado: un gesto raramente observado en la esfera internacional, y saludado únicamente por Israel. El informe de esta comisión de investigación está disponible desde el mes de febrero del 2019 en este enlace oficial de Naciones Unidas.

El precitado tablero donde se registró el voto este 27 de mayo del 2021 puede ser comparado al voto obtenido en marzo del 2021 de una resolución sobre justicia, impunidad y rendición de cuentas en Palestina, que tuvimos la oportunidad de analizar en su momento (véase nuestra breve nota nuestra al respecto).

En Estados Unidos, una estremecedora portada del New York Times con el nombre y apellido de los 67 menores palestinos asesinados por las fuerzas de seguridad israelies desde el pasado 13 de abril (véase portada) evidencia la creciente sensibilidad de la opinión pública norteamericana en favor de las victimas palestinas ante la insensatez que parecer haberse apoderado de las autoridades de Israel. Desde el 2000, la ONG de Israel B’tselem registra un total de 2113 menores palestinos que perdieron la vida debido a acciones militares realizadas por Israel (véase gráfico).

A modo de conclusión

A diferencia de otros años, esta votación acaecida este 27 de mayo del 2021 en el máximo órgano de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, resulta de mayor relevancia para Palestina y para las víctimas y las organizaciones palestinas que claman desde hace mucho tiempo por justicia ante las exacciones israelies cometidas en territorio palestino: una luz esperanzadora ha empezado a brillar en este 2021.

En efecto, el pasado 5 de febrero, la Sala Preliminar de la Corte Penal Internacional (CPI) decidió que la CPI es plenamente competente para examinar lo ocurrido y ello en todos los territorios palestinos, sin ningun tipo de excepción (véase al respecto nuestra breve nota titulada: «Corte Penal Internacional (CPI) / Palestina: ¿el fin de la impunidad para los autores de crímenes de guerra cometidos en Palestina?«, disponible en este enlace). Al respecto, un foro con juristas de habla francesa (el profesor Eric David, de Bélgica y el magistrado galo Ghislain Poissonnier) auspiciado por la AURDIP (Association des Universitaires pour le Respect du Droit International en Palestine) detalló el alcance de esta histórica decisión que fue dada a conocer en La Haya el 5 de febrero del 2021 (véase programa y video en You Tube del foro, realizado el 30/03/2021).

Se puede de igual manera citar la reciente decisión del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (CERD) de Naciones Unidas, el cual recientemente optó por admitir para estudio la solicitud acogida en un primer momento en diciembre del 2019 (véase texto). Se trata de una comunicación presentada por Palestina contra Israel en el 2018 recurriendo al sistema de comunicaciones inter-estatales, que planteaba al CERD varias interrogantes desde el punto de vista jurídico: una decisión pocamente difundida en medios de prensa internacionales, y que, ahora que fue plenamente admitida por part del CERD la comunicación de Palestina, coloca nuevamente a Israel frente a sus constantes y repetidas violaciones a obligaciones internacionales derivadas de instrumentos internacionales de derechos humanos del que es Estado Parte (véase texto de la decisión del CERD del 20 de mayo del 2021).

En una muy completa entrevista a Bruno Stagno (ex canciller de Costa Rica entre el 2006 y el 2010) publicada en Chile (véase entrevista completa, pocamente divulgada en Costa Rica), se lee, con relación al informe publicado por Human Rights Watch en la que ahora trabaja (véase enlace al informe sobre apartheid y persecucion en Israel contra la poblacion palestina de abril del 2021), que:

«Estamos no solo totalmente seguros de las conclusiones a las cuales hemos llegado, sino que creemos que, además -como denota este informe-, la narrativa que ha predominado hasta esta fecha, de que básicamente lo que existe en Israel y en el territorio ocupado palestino es un conflicto que lo único que necesita es un proceso de paz, es totalmente insuficiente ante la no existencia de un proceso de paz, no se puede seguir simplemente aplastando la situación dramática de los derechos humanos de millones de palestinos, que muchos de ellos sufren a diario estas formas de persecución y discriminación, que en distintos lugares y distintas formas pueden constituir los crímenes de apartheid y persecución».

 

(*) Esta nota fue redactada por Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

Portada: Imagen de bombardeos israelíes en Gaza extraída de nota de France24 titulada «Israël bombarde massivement Gaza, l’ONU appelle à éviter la guerre», edición del 20/07/2014

Estudiantes de la UCR diseñan prototipo de aplicación para prevenir el acoso en el transporte público

La propuesta se ubicó en el segundo lugar en un evento que promueve una Costa Rica más segura para las mujeres

El acoso es una amenaza constante hacia las mujeres, por lo que resulta fundamental el desarrollo de herramientas tecnológicas que les brinden ayuda y seguridad. Foto Laura Rodríguez, UCR.

Un equipo conformado por cinco estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Biosistemas (EIB) de la Universidad de Costa Rica (UCR), obtuvo el segundo lugar en el Hackathon Muévete Segura 2021, por la propuesta de crear una aplicación dirigida a prevenir el acoso en el transporte público.

Este prototipo busca ser una aplicación integrada preventiva y de aviso en caso de emergencia por acoso, a partir de una base de datos con información brindada por la usuaria.

Angélica Zamora, María José Salas, Ana María Sandí, Rebeca Herrera y Ariana Parajeles, unieron las iniciales de sus nombres y crearon el grupo AMARA, encargado del desarrollo de esta innovadora e importante idea.

Gracias al trabajo en equipo, la resolución de problemas, los desafíos que surgen sobre la marcha, y la puesta en práctica de sus propias realidades y conocimientos, ellas lograron posicionar a AMARA, en su primera participación, en el segundo lugar de una competencia en la que se hicieron presentes más de 180 personas.

“Estábamos en una video llamada cuando vimos los resultados, claro que nos emocionamos y gritamos de la felicidad, pero en realidad, hubiéramos ganado o no, siempre nos sentimos ganadoras por el gran trabajo que presentamos y todo lo que aprendimos durante el evento”, aseguró Ariana Parajeles.

Para las chicas, parte importante del éxito en el evento fue gracias a los conocimientos adquiridos en la EIB, ya que lograron tener una visión integral del problema, además de habilidades en investigación y georeferenciación.

“La habilidad que nos han desarrollado en esta Ingeniería, de abordar los problemas desde diferentes puntos de vista y realidades, siendo lo más beneficioso para la mayoría de población posible, nos ayudó bastante a obtener buenos resultados”, declaró María José Salas.

Ellas son parte del grupo AMARA, quienes estuvieron presentes en la ceremonia de premiación del Hackathon Muévete Segura 2021. Aparecen en orden usual: Ana María Sandí, María José Salas, Rebeca Herrera y Ariana Parajeles (está ausente Angélica Zamora). Foto cortesía organización del Hackathon.

La propuesta ganadora fue presentada por un grupo de estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) y será la única aplicación participante del evento que contará con apoyo para desarrollarse. Ese trabajo estará a cargo de profesores de la Universidad Cenfotec.

Como grupo, AMARA diseñó el prototipo de aplicación únicamente para el Hackathon y no le han dado continuación a la idea. Sin embargo, no cierran las puertas a seguir participando en eventos de este tipo y aportar en investigaciones relacionadas.

Sobre la propuesta de aplicación

Para las creadoras de AMARA, esta herramienta tecnológica busca ser una opción de seguridad y libertad, además de sororidad y acompañamiento para las mujeres.

A partir de experiencias propias y de contrastar las realidades que sufren las mujeres cuando toman un servicio de transporte público en distintas zonas del país, este grupo de estudiantes logró generar una lluvia de ideas sobre el contenido que debería llevar la aplicación.

“Lo primero que pensamos entre todas fue: ¿qué es lo primero que una hace cuando se sube a un bus?, ¿qué es lo que yo quisiera que tuviera una aplicación para sentirme segura cuando haga uso del transporte público?, y así fuimos creando las ideas para el prototipo”, afirmó Angélica Zamora.

La aplicación posee un botón de emergencia en la pantalla principal que la usuaria puede presionar si vive alguna situación de peligro o acoso, y 10 segundos después de esa acción se envía la señal a las autoridades y a los contactos de emergencia.

Además, esta herramienta ofrece algunas otras posibilidades como la de grabar al acosador y enviar las imágenes a las autoridades, un mapa con la ruta del viaje para compartir en vivo la ubicación mediante GPS, y generación de reportes para que las usuarias cercanas puedan verlos.

Diversos movimientos sociales se han unido para combatir el acoso callejero hacia las mujeres y crear conciencia en la sociedad. Foto Anel Kenjekeeva, UCR.

“La aplicación tendría varias pestañas útiles en todo momento. La principal es el botón de SOS, además de que se podían almacenar detalles específicos como el bus que se tomó, en qué parada específica se subió y en cuál se iba a bajar, detalles de la ropa y demás. Todos estos datos quedan almacenados en la nube y listos para ser enviados si se toca el botón de emergencia”, añadió Rebeca Herrera.

La aplicación podría ser usada en buses, trenes, transporte privado e incluso si se está caminando. Asimismo, se plantea una opción alternativa cuando no se tenga acceso a un teléfono móvil o cobertura de internet, haciendo uso de un botón de emergencia dentro de los medios de transporte que notifique al chófer el asiento en el que se encuentra la víctima y que se genere un reporte al 911.

Mensaje para las mujeres

Cada una de las cinco integrantes del grupo AMARA envió un mensaje al público meta de su aplicación y a quienes dedicaron cuatro días de arduo trabajo:

  • “Para las mujeres que no se sienten seguras en el transporte público, que sepan que no están solas y que hay muchísimas personas trabajando para mejorar las condiciones de seguridad”. Angélica Zamora.
  • “No tengamos miedo de denunciar, no tengamos miedo de visibilizar que somos personas acosadas y no tengamos miedo de defendernos”. María José Salas.
  • “Sigamos buscando espacios donde podamos aportar al mejoramiento del sistema. Usemos este tipo de herramientas que nos hacen sentir un poquito más seguras y nos permiten reportar acontecimientos indeseables sin necesidad de exponernos”. Ana María Sandí.
  • “Busquemos apoyo de nuestras amigas, conocidas y familiares porque siempre va a haber alguien ahí para escuchar. Si no se quiere proceder con una denuncia, al menos que se libere de eso porque el acoso es un peso muy grande”. Rebeca Herrera.
  • “Cuando se quiera hablar y denunciar van a haber personas que les van a creer, escuchar y apoyar, pero cada quien lo puede hacer en el momento en que se sienta segura”. Ariana Parajeles.

El Hackathon Muévete Segura 2021 se realizó el 19, 20 y 21 de marzo y fue impulsado de forma conjunta por el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el Consejo de Seguridad Vial (COSEVI), la Fundación CRUSA, y el proyecto MiTransporteCR de GIZ Costa Rica.

 

Kevin Venegas Arias
Asistente de Prensa, Oficina de Divulgación e Información