SURCOS comparte información enviada por la Unión Nacional de Trabajadores (UNT):
Hoy lunes 25 de enero, la UNT ha reinstalado al compañero Brence Villalobos Zúñiga, Dirigente de la Seccional UNT-JUPEMA, quien fue despedido hace 2 años, de forma arbitraria y anti sindical.
La Sala Segunda, con fundamento en el Voto 5000 de la Sala Constitucional, que garantiza la protección del fuero sindical para los representantes de los trabajadores, ordenó la reinstalación de nuestro compañero, con el pago de todos los salarios dejados de percibir estos 2 años.
La UNT reafirma su compromiso para velar porque se respeten los derechos laborales y la estabilidad de todas las personas trabajadoras de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional.
SURCOS comparte pronunciamiento enviado por el Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC):
El SEC denuncia que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo violentan la Constitución Política, al no cumplir con lo que establece su Artículo 78, el cual señala que debe presupuestarse el 8% del PIB anual para la educación estatal.
Esta situación se presenta por ese afán de querer endeudar más al país con el Fondo Monetario Internacional, sumado al congelamiento de plazas en el Magisterio Nacional, que ronda las 1000 vacantes, para docentes y administrativos los cuales no podrán ser sustituidos, dejando un enorme vacío.
No comprendemos cómo se inicia un curso lectivo de esta manera y más cuando se hace en medio de la pandemia por el Covid-19, acompañado de problemas de infraestructura, logísticos y carencia de presupuesto para las Juntas de Educación y Juntas Administrativas, lo que empeorará más, por el congelamiento del 80% de las plazas por jubilaciones y pensiones en el Magisterio Nacional.
Exigimos al Poder Ejecutivo, a las diputadas y diputados que nos indiquen cómo vamos a lograr una educación de calidad con un faltante superior a 1000 trabajadoras y trabajadores de la educación.
La Cooperativa Los Higuerones ubicada en Puerto Jiménez está desarrollando el proyecto “Cajas Verdes”, un modelo de distribución de productos locales basado en una suscripción mensual, trimestral o semestral en el cual los participantes reciben cada semana una caja con productos locales como tubérculos, verduras, frutas y vegetales.
La iniciativa busca ayudar a los productores locales que han mantenido las prácticas agrícolas pese a los desafíos económicos.
Los precios son los siguientes (ajustado según cantidad de semanas):
1 mes (de cuatro semanas): ₡20.000
3 meses: ₡60.000
6 meses: ₡120.000
Adicionalmente puede adquirir otros productos locales como huevos, panes, miel de caña, leche, queso de cabra y frutas temporada como zapote.
SURCOS comparte el comunicado de prensa enviado por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP):
Personal municipal asume reto institucional histórico
ANEP arranca proceso organizativo contra el proyecto de Empleo Público en municipalidades
Esta semana da inicio un proceso de sensibilización y de organización en las bases de, prácticamente, la totalidad de los municipios de Costa Rica, promovido por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en conjunto, con cada una de sus seccionales en todos los gobiernos locales.
El objetivo es que cada persona diputada de la Asamblea Legislativa constate el repudio que genera la inclusión de las municipalidades en el proyecto de Empleo Público; el cual contiene una nueva violación a la autonomía constitucional del régimen municipal, misma que ya había sido violentada desde la tramitación y aprobación impuesta con la Ley del Combo Fiscal, número 9635, en diciembre del 2018.
La idea central es dar a conocer un manifiesto a todas las comunidades en los respectivos cantones; al país en cuanto tal; y por supuesto a las autoridades legislativas de la República.
El régimen municipal debe ser fortalecido, especialmente, en momentos en los cuales la aceleración de las desigualdades y el nuevo impulso que se le da a la exclusión socioeconómica, requieren de los gobiernos locales una agresiva política social para evitar que se incremente la pobreza y la exclusión en los cantones del país.
Una de las principales actividades previstas en esta ofensiva de sensibilización y de organización de la ANEP para salvar la autonomía de las municipalidades, es la presencia en el propio parlamento de las delegaciones sindicales de las municipalidades de Costa Rica, en los próximos días; para mostrar el sentir generalizado de repudio a los diputados y a las diputadas que insisten en violar la autonomía municipal con el nefasto proyecto de Empleo Público.
La ANEP en conjunto con sus seccionales, impulsará la realización de un gran movimiento laboral de las municipalidades costarricense, con carácter histórico, luego de que se dé la manifestación de delegaciones municipales como indicamos anteriormente.
La posibilidad de un gran movimiento nacional municipal contra el proyecto de Empleo Público, incluye realizar diferentes coordinaciones con la finalidad de potenciar más la lucha social general de repudio al convenio con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Finalmente, la ANEP hace un vehemente llamado a cada alcalde y alcaldesa, a los regidores y las regidoras de los concejos municipales; así como a la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), y a la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI), para que junten voluntades, coordinen esfuerzos y compartan con su personal y comunidades todas aquellas manifestaciones posibles de repudio al intento más grave de los últimos tiempos en contra de la autonomía municipal que representa el proyecto de Empleo Público.
San José, lunes 25 de enero 2021 Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP Walter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP.
Trabajo se realiza de manera conjunta entre UNICEF, PANI y el IICE de la Universidad de Costa Rica.
Con el apoyo del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica (UCR) crearon la herramienta denominada “Desarrollo de una propuesta metodológica y de una hoja de ruta para la medición de los recursos destinados a la niñez y adolescencia en Costa Rica”, lo que le permite, contar por primera vez, con información sobre la inversión pública en esta población.
Este instrumento promueve la eficacia, la eficiencia, la equidad, la transparencia y la sostenibilidad en la toma de decisiones relacionadas con presupuestos públicos para hacer efectivos los derechos de las personas menores de edad, según lo estipula la Observación número 19 del Comité sobre los Derecho del Niño (CRC por sus siglas en inglés).
“Esta herramienta permite, por primera vez, medir la inversión y el gasto público que hacen más de 60 instituciones del Estado costarricense en la niñez, define una hoja de ruta para la desagregación por focalización, función, grupo de derechos, franja etaria y sexo. Esto permite la toma de decisiones informadas para garantizar el cumplimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes y cumplir con la disposición 19 sobre presupuestos públicos del Comité de los Derechos del Niño”, indica Gladys Jiménez, Ministra de Niñez y Adolescencia.
Gasto público en niñez y adolescencia en 2018 equivalente al 8.3% del PIB
Para la representante de UNICEF en Costa Rica, Patricia Portela de Souza, contar con esta metodología también significa un aporte significativo en la toma de decisiones.
“Contar con herramientas que nos indiquen cuánto y cómo se invierten los recursos públicos destinados a la niñez y a la adolescencia es de gran importancia para nosotros porque nos permite tomar decisiones asertivas en nuestra labor de seguir trabajando por la disminución de las brechas y las desigualdades sociales en niñas, niños, adolescentes y jóvenes”, indica la jerarca.
M.Sc. Lucía Contreras Ramírez investigadora del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica entrega los resultado de su estudio “Desarrollo de una propuesta metodológica y de una hoja de ruta para la medición de los recursos destinados a la niñez y adolescencia en Costa Rica”.
El desarrollo de la metodología parte de experiencias internacionales previas y la información disponible de gasto público y beneficiarios en Costa Rica para el 2018. La elaboración del estudio se caracterizó por ser altamente participativo y por arrojar datos interesantes sobre la desagregación del gasto público según nivel de focalización, por función, por grupo de derechos según la CDN, por franja etaria y por sexo en el país.
Principales hallazgos para 2018
Se estimó que el total de recursos públicos dedicados a la niñez y adolescencia fue de 2. 669 miles de millones de colones, equivalente al 8.3% del PIB, y en promedio casi 2 millones de colones por persona menor de edad.
Los recursos públicos anuales promedio destinados a persona menor de 5 años se estimaron en 1.7 millones de colones, en 2.2 millones entre 6 y 11 años, y en 2.3 millones por persona menor de edad entre 12 y 17 años. Del total de recursos, el 23.5% fue dirigido a personas menores de 5 años, el 36.1% a personas menores de edad con entre 6 y11 años, y el 40.3% a personas menores de edad con entre 12 y 17 años.
Según sexo, el 50.4% se dirigió a las mujeres y el 49.6% a hombres.
Los resultados desagregados según función del gasto son los siguientes:
6% Educación
6% Salud
8% Justicia, seguridad y servicios electorales
8% Protección social
1% Vivienda y otros servicios comunitarios
6% Servicios recreativos, deportivos y de cultura
4% Protección del medio ambiente
1% Ciencia y tecnología
La desagregación según grupo de derechos de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), arroja que el 63.9% de los recursos contribuyó al derecho al desarrollo, el 26.3% al de supervivencia, el 9.2% al de protección, y el 0.6% al de participación.
“Uno de los más importantes objetivos de la metodología desarrollada es el poder replicar periódicamente, de manera sostenible en el tiempo, la medición del gasto público en niñez y adolescencia en Costa Rica. Para garantizar dicha sostenibilidad, es necesario organizar el proceso de recolección de datos y de aplicación de la metodología”, indica Juan Robalino, Sub Director del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la UCR, ente encargado del desarrollo de la metodología.
Para alcanzar este objetivo y con el fin de promover la institucionalización y aplicación periódica de la metodología, el IICE presentó la hoja de ruta para la implementación futura de la metodología que designa y caracteriza los roles de las instituciones que formarán parte del proceso y sus colaboradores, y propone un cronograma de recolección de datos y de desarrollo del cálculo a seguir año con año.
Es así como se establece que el PANI será la institución a cargo de la cuantificación anual de los recursos públicos destinados a la niñez y la adolescencia, siguiendo la metodología desarrollada. Además, deberá realizar anualmente una solicitud y recolección de información de presupuesto, gasto ejecutado y beneficiarios directamente a las instituciones, y desarrollará un informe final de la estimación de manera anual, que deberá ser compartido con la ciudadanía costarricense.
En el marco de la Costa Rica del Bicentenario, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) como institución rectora técnica en materia de derechos del millón cuatrocientos mil niños, niñas y adolescentes en Costa Rica, recuerda que la inversión en el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes, es la inversión más rentable que puede hacer la sociedad, invertir en niñez es invertir en desarrollo. La medición de la inversión del año 2019 está próxima a finalizar y contó con la participación de más de 60 instituciones del Estado, proceso en el que el PANI asume como una función más en el ejercicio de su rectoría técnica.
El pasado 22 de enero del 2020, Argentina y México depositaron cada uno su instrumento de ratificación del Acuerdo de Escazú adoptado en Costa Rica en marzo del 2018: de manera a saber cuáles son los diez Estados que ya lo habían hecho antes de Argentina y de México, remitimos a nuestros estimables lectores al estado oficial de firmas y ratificaciones de Naciones Unidas.
Breve puesta en contexto
Como se recordará, este tratado es el resultado de nueve rondas de negociaciones realizadas entre el 2014 y el 2018 bajo los auspicios de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas), las cuales contaron con el activo protagonismo de Chile y de Costa Rica.
En la literatura jurídica especializada (Nota 1), se considera que fue una declaración conjunta del mes de julio del 2012 (véase texto completo) suscrita por Chile, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay la que constituyó el punto inicial de un proceso que culminaría tan solo en marzo del 2018 en el cantón costarricense de Escazú. Al contrastar esta lista del 2012 con la de los primeros diez Estados en ratificar este instrumento, varias ausencias evidencian la poca consistencia de algunos y su falta de compromiso con la democracia ambiental en la región.
En efecto, Argentina y México se suman a diez Estados que habían ratificado anteriormente este instrumento regional, y que incluyen, en América Latina, únicamente a Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Panamá y Uruguay.
Una fecha de entrada en vigor que se precisa
Más allá de las inconsistencias de unos y otros a través del tiempo, el depósito de ambos instrumentos de ratificación era esperado por la región de América Latina y del Caribe, al permitir fijar de manera exacta la fecha de la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú: la cual se cuenta tres meses después del 22 de enero, al registrarse el número de ratificación número once.
El Acuerdo de Escazú entrará oficialmente en vigor el próximo 22 de abril del 2021 (véase nota oficial de su depositario), una fecha en la que se conmemora a nivel internacional, el Día Mundial de la Tierra. Nótese que los aparatos diplomáticos de cuatro otros Estados se esmeraron también en su trámite de aprobación, de manera a depositar su instrumento de ratificación en Nueva York justo al cumplirse el primer año desde la apertura a la firma de este tratado, el 26 de setiembre del 2019: Bolivia, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas así como Uruguay.
Foto extraída de nota de prensa titulada «En abril entra en vigor el Acuerdo de Escazú y Colombia sigue sin ratificarlo», Semana (Colombia) edición del 25/01/2021
Escazú … sin Costa Rica
Habíamos tenido la oportunidad, en el caso de Costa Rica, de referir a los repentinos argumentos circulados por diversas cámaras empresariales en contra del Acuerdo de Escazú, dados a conocer a partir de octubre del 2020, y que, según todo pareciera indicar, han surtido efecto en algunos sectores políticos (Nota 2).
Cabe precisar que ni en el caso de Argentina, como tampoco en el de México, ni en el de ninguno de los demás Estados que ya ratificaron este instrumento internacional, se mencionó durante el trámite de su aprobación el efecto para las finanzas de la justicia que – supuestamente – conlleva el Acuerdo de Escazú: un verdadero «hallazgo» del Poder Judicial de Costa Rica y utilizado por la Sala Constitucional en dos ocasiones, con un único magistrado (de siete) advirtiendo en sus dos votos salvados su total desacuerdo con el proceder (algo original) de la Sala Constitucional (Nota 3).
Con la segunda decisión de la justicia constitucional costarricense de agosto del 2020 (véasetexto completo de la sentencia 15523-2020), se deberá retrotraer todo el procedimiento de aprobación, iniciado por la Asamblea Legislativa en febrero del 2020 con una aprobación unánime obtenida en primer debate.
El magistrado Paul Rueda, en esta segunda oportunidad, indicó en su voto salvado (cuya lectura completa se recomienda) que:
«Con lo anterior se evidencia, que la postura de la mayoría viene a desconocer estas potestades de la Asamblea y el trámite establecido por interna corporis. A partir de los argumentos expuestos, considero viable que el Plenario consulte al Poder Judicial, subsane la omisión y continúe con el debido procedimiento legislativo, como ocurrió en el sub examine. La tesitura contraria, escogida por la mayoría de la Sala, redunda en un evidente atraso en el trámite parlamentario del proyecto “Aprobación del Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú)”.
Para reiniciar nuevamente el trámite de aprobación del Acuerdo de Escazú, el Poder Ejecutivo deberá incluir el Acuerdo de Escazú en la lista de proyectos de ley remitidos al Congreso para su conocimiento.
Pese a lo externado recientemente por Costa Rica en la última reunión de Estados signatarios del Acuerdo de Escazú realizada en Antigua y Barbuda (véasenotade la CEPAL y video con los discursos oficiales), resulta oportuno mencionar que en la reciente convocatoria a sesiones extraordinarias que enlista los proyectos de ley enviados por el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo costarricense, no aparece el proyecto de aprobación del Acuerdo de Escazú: véase listado en esta nota de prensa del 27/11/2020 . Ese mismo día, una nota de prensa se tituló de manera muy justa “Pese a dar respaldo, Gobierno excluyó Acuerdo de Escazú de convocatoria a sesiones extraordinarias” (programa radial de Amelia Rueda): una diputada calificó de “vergüenza” tal omisión por parte del Ejecutivo (véase audio incluido en esta nota de prensa del medio CRC891).
Cabe señalar que la Municipalidad de Palmares adoptó recientemente un acuerdo municipal de manera unánime exigiendo a las autoridades nacionales la pronta aprobación del Acuerdo de Escazú (véase texto completo del acuerdo municipal con fecha del 11/01/2021 comunicado a la Presidencia de la República el 18/01/2021): una valiosa iniciativa ciudadana, desde el poder local y que posiblemente interese a otras organizaciones (y a muchas otras municipalidades).
A modo de conclusión
Una verdadera campaña de desinformación ha logrado suspender la aprobación del Acuerdo de Escazú en varias latitudes del continente americano (en particular en Chile, Colombia, Paraguay y Perú); así como en Costa Rica, en la que fue antecedida por una Sala Constitucional que vino a complicarla significativamente (cambiando su jurisprudencia anterior con relación a subsanar vicios de procedimientos por parte de la Asamblea Legislativa).
Con relación a esta campaña desinformativa, en nuestra precitada nota señalábamos lo inédito que resulta observar la ausencia de Chile y de Costa Rica entre los Estados que han ratificado este valioso acuerdo regional (Nota 4):
«Esta campaña de argumentos falaces y (hasta fantasiosos en algunos casos) puede ahora incluir un dato real (e insólito): a casi tres años desde su adopción en Escazú, los dos principales promotores del Acuerdo de Escazú no lo han ratificado».
En el caso de Colombia, el asesinato de líderes ambientales y comunitarios recientemente objeto de un comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (véase texto completode su comunicado del 22/01/2020) evidencia la urgente necesidad de establecer un marco protector como el que, por vez primera en un tratado ambiental internacional, ofrece a los defensores ambientales, el Acuerdo de Escazú.
Nota 1: Véase por ejemplo DE MIGUEL C., «Acuerdo de Escazú: pacto para la eco-nomía y democracia del siglo XXI«, in PRIEUR M., SOZZO G. y NAPOLI A. (Editores), Acuerdo de Escazú. Hacia la democracia ambiental en América Latina y el Caribe, Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral (UNL), 2020, 330 páginas, pp. 20-34, p. 22 (el texto integral de esta reciente obra colectiva está disponible en este enlace); de igual forma véase ASTROZA P., NALEGACH C., «La necesidad de una democracia ambiental en América Latina: el Acuerdo de Escazú«, Colección Documento de Trabajo 40/2020, Fundación Carolina, pp. 7-8, cuyo texto integral está disponible aquí.
Nota 2: Véase BOEGLIN N., » «Llegaron los mitos»: a propósito de los recientes argumentos contra el Acuerdo de Escazú», Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), Sección Voz Experta, edición del 17/12/2020, disponible en este enlace .
Nota 3: Sobre la innecesaria complicación que ha generado la Sala Constitucional en el trámite de aprobación de este tratado regional en Costa Rica, véase la sección “La peculiar situación del Acuerdo de Escazú en Costa Rica” en nuestro breve análisis: BOEGLIN N., “La reciente aprobación del Acuerdo de Escazú por parte del Senado de México: breves apuntes”, DerechoalDía, edición del 18/11/2020, disponible en este enlace, en el que nos permitímos indicar que:
«La total regresión del juez constitucional costarricense con relación a la participación ciudadana en materia ambiental externada en una decisión del 2017 podría explicar su profunda reserva con respecto a un tratado internacional adoptado con posterioridad en el 2018, y que busca precisamente ampliarla y consolidarla».
Nota 4: Véase BOEGLIN N.,«Llegaron los mitos»: a propósito de los recientes argumentos contra el Acuerdo de Escazú», Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR); Sección Voz Experta, edición del 17/12/2020, disponible en este enlace.
Texto escrito por Nicolás Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)
La Universidad de Costa Rica cuenta con un dinámico ecosistema interno de innovación donde interactúan, todos los días, más de 55 000 personas entre estudiantes, docentes-investigadores y administrativos. Es un entorno dinámico que cuenta con múltiples espacios educativos y de investigación como fincas y estaciones experimentales, museos, plantas piloto, laboratorios y reservas entre otros recursos. Cada día nuevas ideas germinan en los cursos, los proyectos, los espacios académicos y otras actividades; muchos actores universitarios trabajan también en comunidades del país.
La Universidad ha mantenido siempre una intensa colaboración con el sector social y productivo del país como parte de su fuerte compromiso con la sociedad y el desarrollo de Costa Rica. En el Estatuto Orgánico está claramente establecido ese compromiso; la visión de conexión se ha visto cristalizada entre otras cosas por el vínculo externo con la sociedad. Esto ha marcado, sin duda, la evolución del ecosistema y ha permitido que el conocimiento gestado en la UCR permita resolver problemas y necesidades de la sociedad y del sector socio-productivo e impacte a las personas.
La UCR cuenta con muchas formas de vinculación, desde las cuales además también de nutre de ideas nuevas y de conocimiento de terceros para alimentar el círculo virtuoso. Una forma de potenciar el desarrollo del país es a través de la generación de innovación mediante la transferencia de conocimientos novedosos que estén protegidos por herramientas de propiedad intelectual.
Dentro de este contexto es importante mencionar que la protección de la propiedad intelectual en una Universidad Pública debe comprenderse como una herramienta que permita tomar decisiones estratégicas tanto para la Universidad como para el país. De la gestión de esos procesos de protección y transferencia de conocimiento con potencial innovador está a cargo Proinnova, un actor clave universitario que construye puentes entre el conocimiento y la innovación y procura poner de la propiedad institucional al servicio del país.
El trabajo desarrollado en los últimos años ha rendido sus frutos interesantes. Desde el año 2013, cuando se tenían 11 contratos de licencia hasta la actualidad donde han realizado 20 transferencias tecnológicas de propiedad industrial y derechos de autor y se tienen 37 contratos de licencia; esto representa un crecimiento importante. Se tiene adicionalmente 12 empresas derivadas o spin off, que en contexto de pandemia representan además una vía para la generación de empleo en el futuro. Más allá de los indicadores lo más importante es lo que esto significa, las transferencias representan la generación de innovación social e innovación tecnológica con impacto en el país y a nivel internacional también. Ese conocimiento novedoso promueve el desarrollo económico, social y ambiental.
Fruto de esa gestión se tienen 51 productos y servicios innovadores disponibles en el sector socioproductivo y que se han puesto a disposición de usuarios y beneficiarios. El caso más maduro de transferencia tecnológica de la Universidad es el del Híbrido de la Papaya Pococí, se producen las semillas en la estación experimental Fabio Baudrit y en la estación experimental Los Diamantes del INTA y se pone a disposición de productores nacionales. Esta tecnología le ha generado al país más de $30.4 millones en divisas de exportación. La venta de la semilla ha generado ingresos para el INTA y la UCR por 697 millones de colones a lo largo de los años ($1.3 millones). En el caso de la estación experimental de la Universidad se invierte en la producción de la semilla y en proyectos de beneficio para los investigadores y los estudiantes. La UCR también ha desarrollado otros híbridos de gran importancia para el sector agrícola nacional y para aportar a la nutrición de los costarricenses (trabajo realizado por varios equipos en la Estación Fabio Baudrit) y además otros productos innovadores para el agro desarrollados en el Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA) que constituyen una opción ante el uso de agroquímicos. Los híbridos de chile dulce, de tomate y el fertibiol y degradabiol han generado alrededor de 87 millones de colones en ventas y esos recursos alimentan la investigación y el desarrollo de nuevos productos.
Como un ejemplo del impacto que involucra la transferencia tecnológica, de una muestra de 14 contratos de licencia que tiene firmados la Universidad con empresas, se han generado, a diciembre 2020, alrededor de 504 millones de colones de valor económico para el país además de la generación de empleo, encadenamientos productivos, conexión con el mercado de exportación, etc. Actualmente se sigue avanzando y conforme los procesos de apropiación tecnológica y pruebas de mercado así lo permitan y más productos lleguen a la sociedad ese valor económico seguirá aumentado. Algunas de las tecnologías UCR pueden llegar a tener un impacto internacional, como es el caso de la patente de hemoderivados del Instituto Clodomiro Picado cuyo licenciamiento ha llevado a la construcción de una planta farmacéutica y el escalamiento de la tecnología en Colombia.
La Universidad tiene ejemplos de casos transferidos a la sociedad o en proceso de transferencia, provenientes de todas las áreas del conocimiento, esto ratifica que la innovación puede surgir en cualquier área. El trabajo realizado hasta la fecha evidencia el compromiso de la Universidad de Costa Rica en generar nuevo conocimiento a través de la investigación, la acción social y la docencia y de potenciar la transferencia del mismo para mejorar la vida de las personas a través de la generación de empleo en empresas u organizaciones existentes que potencian sus actividades al recibir conocimiento innovador que plantea nuevas oportunidades, creación de empresas y nuevas oportunidades para emprendedores, desarrollo de nuevos productos, promover encadenamientos productivos con oportunidades de valor agregado, generar nuevos mercados de exportación, promover la innovación social y generar novedosas formas de entender y abordar los retos para provocar nuevas dinámicas sociales y convertir al ciudadano en un protagonista y brindar soluciones a problemas locales y mundiales, entre otros.
¿Qué viene?
Existen muchas oportunidades dadas las fortalezas de la Universidad de Costa Rica en varios ámbitos, pero particularmente en la investigación y en todo el potencial de generar impacto en nuestro país y más allá de las fronteras. Desde el ámbito de acción de Proinnova, en los años venideros, la Universidad deberá trabajar en seis esferas estratégicas que le permitirán evolucionar en el proceso de potenciar el desarrollo país. Esas esferas prioritarias se presentan en la figura 1.
Figura 1. Esferas de acción futura de la UCR en el ámbito de la transferencia tecnológica y la innovación.
La UCR deberá abordar y potenciar su modelo de gestión de la innovación para volver más eficiente su proceso de transferencia tecnológica y aprovechar proyectos internacionales para incorporar mejores prácticas y potenciar el impacto, deberá además trabajar el fomento de la cultura de innovación a través de un programa exponencial de capacitación. Por otro lado, debe continuar impulsando el tema de las actividades, acciones y proyectos relacionados con el combate del COVID-19 y la recuperación y reconstrucción del país. El establecimiento de políticas de propiedad intelectual para la Universidad y un procedimiento para la creación de spin-off o empresas derivadas son temas prioritarios.
La comunicación de todo lo que acontece en el ámbito de la innovación generada desde la Universidad debe plantearse de forma estratégica para evidenciar sus alcances y rendir cuentas a la Sociedad. El ecosistema de innovación y emprendimiento nacional debe ser dinamizado desde acciones promovidas por todos los actores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología para la Innovación y ese contexto la UCR debe tener un rol protagónico.
La Universidad cuenta con muchas formas de vinculación Universidad-Sociedad que deben de ser potenciadas en los años venideros y que ratifican el compromiso de nuestra Universidad con el desarrollo económico, social y ambiental del país.
A 11 meses del homicidio de Jerhy Rivera, defensor de los derechos territoriales del pueblo Brorän, externa su preocupación por la falta de justicia.
Este 24 de enero de 2021, se cumplen 11 meses del homicidio de Jerhy Rivera, al ser atacado por un grupo de personas usurpadoras de las tierras indígenas del territorio de Térraba, destacamos que en esta fecha el pueblo Brorän sufrió una escalada de violencia desde el día anterior, donde se presentaron una serie de incidentes que atentaban contra la integridad física y territorial de los pobladores Brörán que defienden sus derechos y territorio.
Estos actos infringieron de una manera en extremo violenta contra la dignidad de un pueblo que se resiste a desaparecer, reivindicando su patrimonio territorial, anteponiendo sus cuerpos para lograr ejercer el pleno derecho a la tierra que por ley corresponde a sus descendientes.
Por acciones de omisión de un Estado lerdo e incapaz de resolver temas prioritarios y sensibles para garantizar la supervivencia de los Brorän. Urgimos al Estado a través del Ministerio Público, Fiscalía General y sus otros órganos de justicia, a responder con prontitud las diligencias necesarias para llevar pronto a los tribunales a los presuntos agresores a rendir cuentas, y ejercer justicia por la vida de Jerhy y el daño causado a nuestro pueblo, una justicia que no es caprichosa, sino es la misma justicia de la que el sistema judicial costarricense se vanagloria de aplicar.
Una vez más exhortamos a la comunidad nacional e internacional a levantar la voz por los derechos humanos que corresponde a la población indígena Térraba, derechos fundamentales de una democracia que se basa en un estado de derecho, y por lo que, de la manera más enérgica, exigimos la aplicación y cumplimiento de convenios internacionales sobre derechos originarios por parte del Gobierno costarricense, en aras de cumplir las obligaciones que como administrador de la nación posee.
El desajuste no es de raza, sino entre tener y no tener. La diferencia entre el 1% más rico y el otro 99% es terrible. Jesse Jackson
Álvaro Vega Sánchez, sociólogo.
Después de la tragicomedia de Donald Trump en la casa blanca cualquier cambio merece ser celebrado, dirían algunos. Para otros, el optimismo alza vuelo con los cambios y rectificaciones anunciados por Joe Biden, como si se tratara de un presidente sin rostro imperial.
Recuerdo haberme acercado a un profesor para comentarle cómo el líder de los derechos de los negros, Jesse Jackson, celebraba con lágrimas el ascenso del primer presidente negro a la casa blanca, Barack Obama. Su comentario fue contundente: “Ninguna garantía, un negro con chofer en Estados Unidos se emblanquece”. Y una profesora de secundaria me compartía que un estudiante le comentó: “Profesora, qué bueno un presidente negro en Estados Unidos”, a lo que le respondió: “Ojalá que no tenga el hueso muy blanco”.
Por más que valoremos la multiculturalidad y la interculturalidad, con todo lo que significa de reivindicativo en el orden de los derechos humanos y culturales, el problema fundamental de los negros en Estados Unidos sigue siendo el acceso justo y equitativo a los recursos para una vida digna. Así lo constata el articulista David López quien, a propósito de una entrevista a Jesse Jackson, señaló: “La muerte de Floyd desató la tormenta, pero ha sido la crisis del coronavirus la que mejor ha expuesto la realidad en Estados Unidos. A pesar de ser solo el 13% de la población, los negros suponen el 30% de las muertes por COVID-19. Su falta de acceso al sistema de salud, su estilo de vida —las mujeres negras son las personas más obesas del país—, la mayor exposición por sus trabajos y su alarmante diferencia de recursos —una familia blanca tiene una riqueza media de 150.000 euros frente a los 15.000, 10 veces menos, de una negra— los convierte en los más vulnerables. “Hoy luchamos por la justicia económica, por la igualdad y por la paz”, me dice Jackson”[1].
En este aspecto, lleva razón el sociólogo Zygmunt Bauman al apuntar que el multiculturalismo, en el marco de la “tolerancia liberal” y a pesar del reconocimiento a la afirmación de las identidades diversas, “actúa como una refundición de desigualdades […] La fealdad moral de la privación de recursos se reencarna milagrosamente como la belleza estética de la variación cultural. Lo que se ha perdido de vista a lo largo del proceso es que la demanda de reconocimiento es impotente a no ser que la sostenga la praxis de la distribución, y que la afirmación comunal de la distintividad cultural aporta poco consuelo a aquellos cuyas elecciones toman otros, por cortesía de la división creciente desigual de recursos”[2].
Atilio Barón, por su parte, destaca que la diversidad étnica del gabinete de Biden no es ninguna garantía de cambios sustantivos, pues la mayoría están “íntimamente ligados al gran capital”[3]. Por consiguiente, lo más probable es que seguirán prevaleciendo los intereses de los poderosos sobre las razones y argumentos a favor de un nuevo orden mundial más igualitario y menos depredador y guerrerista. Al parecer, la cuarta revolución de la inteligencia artificial y la robotización no significará la caída de la hegemonía del complejo científico-tecnológico y militar sobre el que se asienta el poder imperial de los Estados Unidos.
Y es que “cuando hablan las armas, callan las leyes”. También los intereses de los poderosos prevalecen hoy sobre los derechos, las razones y los argumentos. Para muestra un botón: la negociación actual del gobierno costarricense con el Fondo Monetario Internacional (FMI) donde ha quedado en evidencia que las razones no importan, los intereses sí.
El bipartidismo en Estados Unidos se asemeja mucho al costarricense de los últimos 40 años: dos caras de una misma moneda. Aunque en Costa Rica perdió legitimidad, entre otras razones por los múltiples escándalos de corrupción (CAJA-FISCHEL e ICE-ALCATEL, para referir los más publicitados), ha buscado reciclarse aliándose con el Partido Acción Ciudadana (PAC) que enarboló la bandera de la ética y la anticorrupción, pero que sigue gobernando al mismo estilo bipartidista neoliberal.
Volvemos sobre el viejo dicho popular: “Por más que la mona se vista de seda, mona se queda” (con perdón de la mona cuyas monadas resultan tan inocentes como artísticas y lúdicas). Ya tuvo Estados Unidos en el pasado un presidente demócrata que se vistió de defensor de los derechos humanos, Jimmy Carter, pero que fue tan solo un maquillaje de su rostro imperial.
Hoy, cuando estamos siendo sacudidos por una pandemia que azota sin clemencia a los pobres de la tierra y la prepotencia imperial de los grandes poderes fácticos de la globalización neoliberal que azota sin clemencia a la tierra de los pobres, no queda otra salida que apostar por otro mundo posible: dignidad y justicia para el 99% y salud y descanso para la tierra. Que prevalezca la fuerza de la razón y los buenos afectos sobre el imperio de las armas, el egoísmo humano y el desamor.
El pasado sábado 23 de enero el programa radial “Voces Apostólicas” de Radio Progreso contó con la participación de Freddy Quilo SJ, director del Servicio Jesuita a Migrantes, El Alto, Bolivia, para conversar sobre la migración desde la mirada jesuita boliviana.
