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Autor: María José Ferlini Cartín

No es con violencia con que se debe afrontar la crisis de migración de nuestros países

Pronunciamiento público de iglesias y organizaciones basadas en la fe

No oprimirás al extranjero, porque ustedes conocen los sentimientos del extranjero, ya que ustedes también fueron extranjeros en la tierra de Egipto.»
Éxodo 23:9

Urgen respuestas humanitarias en Centroamérica y Estados Unidos…

Guatemala, 21 de enero de 2021. Con dolor e indignación, las distintas iglesias y organizaciones basadas en la fe de distintas espiritualidades, hemos visto la forma atroz con que la fuerza pública guatemalteca ha reprimido a miles de migrantes, mayoritariamente de origen hondureño, devolviéndolos a golpes a la dramática realidad de la que huyen, en medio de una crisis de salud que nos afecta a Guatemala y el mundo. Ante el llanto, la impotencia y la frustración de tantas y tantos que cada vez se quedan con menos opciones de vida en sus países de origen, expresamos:

1)  Nuestra solidaridad con quienes, forzados por la necesidad y la desesperación frente a la falta de oportunidades, la pobreza y la violencia, se ven obligados a migrar, incluso llevándose lo más preciado o quizá lo único que tienen, sus hijos e hijas, para recorrer a pie, miles de kilómetros, buscando llegar a Estados Unidos de Norte América.

2) Expresarnos nuestro rechazo y nuestra oposición al abuso de la fuerza pública en los países de tránsito que, con el argumento de resguardar su soberanía, violan flagrantemente los derechos humanos de miles de hombres, mujeres, niñas y niños, obviando todos los mecanismos, protocolos, leyes y convenios nacionales e internacionales en cuanto a protección de derechos. Duele que el gobierno guatemalteco sea parte de esa respuesta militarizada que golpea y violenta a migrantes.

3) Nos sumamos a las voces que demandan a los gobiernos de México y Centroamérica asumir su   responsabilidad para la emisión de políticas públicas que combatan las causas que originan la migración, exacerbadas por la desigualdad social, la corrupción y la impunidad.

4) En el marco del cambio de gobierno en los Estados Unidos de Norte América, hacemos un llamado al binomio Presidencial Biden-Harris, así como a la Cámara de Representantes y al Senado de dicho país, para Impulsar políticas migratorias más humanas que rompan con el sello xenofóbico que marcó su antecesor, así como el fortalecimiento del acompañamiento a los países centroamericanos en su esfuerzo por combatir la corrupción y la impunidad, que la alianza criminal ha avanzado, devastando los recursos públicos a través de negocios ilícitos entre la clase política corrupta y sectores empresariales, militares, incluso vinculados al narcotráfico.

5) Nuestro reconocimiento a la loable labor de la Pastoral de Movilidad Humana, de las Casas del Migrante, de los albergues y de todas las iglesias, instituciones y personas que han extendido su mano solidaria, socorriendo a quienes se han visto forzados a salir de su país. En esta línea expresarnos nuestra preocupación y rechazo a los actos de hostigamiento a la Ca. del Migrante «Sin Fronteras» ubicada en Tecún Umán, Guatemala, por parte de la Policía Nacional Civil y el ejército guatemalteco ocurrida el 19 de enero recién pasado.

6) Nuestro llamado y respaldo a la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala para el acompañamiento a las personas en situación de migración, así como a las entidades que les socorren, verificando y velando por el respeto de sus derechos, así corno accionando en contra de los vejámenes que han sido cometidos.

7) Nuestro reiterado llamado al pueblo de Guatemala y de los países de tránsito, para no caer en la trampa y culpar a las y los migrantes de las situaciones de robo, delincuencia, desempleo, y ahora del repunte de contagios de covid-19, pues estas problemáticas se derivan de la cuestionable capacidad gubernamental e institucional para atender y buscar soluciones prontas y eficientes. Nuestros hermanos y hermanas migrantes no necesitan golpes y estigmatización, necesitan nuestra empatía y solidaridad.

Amerindia Guatemala
Asociación Civil Verdad y Vida
Comisión Arquidiocesana de Comunidades Eclesiales de Base de Guatemala,
CEB’s-GUATEMALA
Comunidad Cristiana Menonita Shalom
Concejo Ecuménico Cristiano de Guatemala
Conferencia de Religiosas y Religiosos de Guatemala, CONFREGUA
Coordinadora de Institutos Seculares de Guatemala
Iglesia Luterana ILUGUA
Iglesia Episcopal de Guatemala, obispo Silvestre Romero
Institución Teresiana
JPIC Familia Franciscana
Núcleo de Mujeres y Teología
Movimiento Monseñor Gerardi
Red Continental Cristiana por la Paz (RECONPAZ)
Servicios Ecuménicos de Formación en C.A. (SEFCA)
Solidaridad y Misión de los Misioneros Claretianos de América (SOMI MIGA)
Sector Interreligioso Centinelas por la Dignificación del Estado

Renta global, un proyecto regresivo

Óscar Madrigal

Por regla general se considera que la renta global es un impuesto progresivo, que grava más a los que más tienen. Sin embargo, los aspectos generales del proyecto presentado por el Gobierno de Alvarado en el marco del acuerdo con el FMI no parecen ser así en lo sustancial.

1-. El monto mínimo imponible para calcular la renta de los asalariados disminuye de ¢840.000 a ¢683.000. En otras palabras, un mayor número de trabajadores asalariados que solo reciben su salario, que hoy están exonerados del pago de renta, tendrán que pagarlo una vez aprobada esta ley.

El Gobierno argumenta que exonera a la mayoría de los asalariados, pero la realidad es que pone a pagar renta a una cantidad considerable más de trabajadores, del sector público y privado.

De igual manera se encuentran los pensionados y jubilados ya que el monto tributable se reduce considerablemente.

Si ahora un salario o una pensión de ¢840 mil colones no pagan impuesto de renta, con este proyecto tendrían que tributar. Es un claro retroceso para miles de trabajadores privados y públicos, por tanto, es una regresión.

2-. El monto máximo que tendrán que cancelar los grandes propietarios que reciben jugosos ingresos, contrariamente a lo pensado, la tasa impositiva, la tarifa de la renta, se disminuye de un 30% a un 27,5%.

A un mayor número de asalariados se les obliga a pagar renta al bajar la base imponible, mientras que a los que recibe gigantescos ingresos, se les reduce la tarifa. Esto significa una regresión o un retroceso tributario.

La idea de la renta global fue un acuerdo de las conversaciones con el Gobierno. Pero como todo puede pervertirse, probablemente las organizaciones populares que apoyaron este impuesto no imaginaron la perversidad que iba a realizar este Gobierno, sea cargar de más impuestos a los asalariados.

Y de esta carga no se escapan los trabajadores del sector privado.

Las organizaciones sociales que firmaron este acuerdo con el Gobierno deberían ofrecer una explicación al país o exigir cuentas a Alvarado.

Pero lo que sí es claro es que se trata de uno de los proyectos tributarios más regresivos en muchos años.

Cuando la ilusión de progresismo no alcanza

Por Memo Acuña, (Sociólogo y escritor costarricense)

Muchas cosas faltaron en el acto de investidura de Joe Biden como el Presidente estadounidense #46 de la historia. Muchas. Otras irrumpieron en escena como mensaje directo y frontal: el discurso absolutamente doméstico y comprensible del presidente entrante, la referencia continua en la imagen televisiva a las banderas de Estados Unidos instaladas en la plaza del Capitolio, como símbolo de una audiencia que aplaudía, reverenciaba y hacía silencio al compás de las intervenciones en el estrado, el guiño de Jennifer lopez a la comunidad hispana con su brevísima frase en español clamando justicia.

La parafernalia del cambio tenía que ser contundente, rápida, apelando todavía a los efectos producidos por una aceitada industria cultural y su uso pragmático del espectáculo para transformarlo convirtiéndolo en el más significativo acto político y simbólico: el acto de credibilidad basado en el rigor de la música y el estruendo de los juegos artificiales.

El mismo día en que Biden se sentaba en la silla presidencial, emitía un conjunto de órdenes ejecutivas de impacto en materia migratoria: detener la construcción del muro fronterizo con México, iniciar un proceso de regularización y ciudadanización de más de 10 millones de personas indocumentadas durante los próximos 8 años, suspender la orden ejecutiva emitida durante la Administracion Trump en la que se endurecía la política migratoria al considerar prácticamente deportable toda persona indocumentada, reactivar la implementación del Programa de Acción Diferida para los llegados en la infancia (DACA) suspendido en la Administración anterior y eliminar el programa «Permanecer en México», que enviaba a ese país a toda persona solicitante de refugio.

Estas primeras ordenanzas se respaldaron en promesas de campaña en las que palabras más, palabras menos, el presidente demócrata se comprometía a desmontar toda la maquinaria de odio y discriminación hacia las personas migrantes instalada por Trump y sus correligionarios, cuyas cifras de comunidad alcanzan hoy la nada despreciable cantidad de 75 millones de seguidores en toda la unión americana, si se contabiliza el caudal electoral alcanzado en noviembre anterior.

Pese a la inmediatez de las órdenes ejecutivas emanadas en las primeras horas de mandato de la fórmula Biden-Harris, una política migratoria más amplia, conceptualizada ya como “integral, progresista y de avanzada” aguarda en espera de ser anunciada en los próximos días. Sin embargo, de nuevo la discusión política se anticipará a la razón humanitaria y la postergación de lo realmente necesario será una realidad.

Sobre Centroamérica, entre tanto, se ha establecido apoyar las causas estructurales de la migración e instalar centros de procesamiento en sus países para gestionar las solicitudes de refugio. Para la primera acción se presupuestaron 4.000.000 millones de dólares destinados a paliar las razones “subyacentes” mediante las cuales la gente sigue saliendo en colectivo y forzadamente de sus países.

Sin embargo, entre las tareas proyectadas se cruzan todavía enfoques basados en el esquema securitario que predominó en los últimos años. Si bien el anuncio de detener el muro fronterizo puede parecer un alivio, lo cierto es que todavía resta un segmento considerable de construcción encargada por Trump y sus aliados internos. El muro fronterizo en lo que toca a lo dispuesto por los contratos previos, no se termina hasta que se termine, a pesar de las disposiciones demócratas sobre el tema.  Se ha dicho además que Biden apelará (de nuevo) a la tecnología como recurso para la protección de la frontera con México y agilizar así los controles migratorios. Otra forma de continuar un muro, esta vez desde el vallado electrónico.

La disuasión y el control seguirán siendo verticales, con una participación mucho más protagónica de México y Guatemala en el control de las movilidades humanas, como se ha comprobado en las coyunturas recientes. Aún más, la propuesta de regularización para las más de 10 millones de personas indocumentadas indica que serán contempladas aquellas que llegaron a territorio estadounidense antes del 1 de enero de 2021, con lo cual se le asesta un golpe a aquellas personas centroamericanas que todavía transitan en colectivo y vía terrestre la región, con la esperanza de llegar a Estados Unidos.

Dicho lo anterior, cualquier determinación medianamente distante a las emprendidas por la Administración de Donald Trump aparecerá como “progresista o integral”. La externalización de la frontera y las acciones de control y disuasión no son dimensiones transables para una industria que mueve millones de dólares anuales para resguardarse de sus “enemigos externos” incluídas las personas migrantes centroamericanas, el terrorismo y el narcotráfico.

El viernes 22 de enero el río Suchiate ubicado en la frontera entre México y Guatemala fue escenario una vez más de acciones de represión y disolución de grupos que han continuado su caminar pese a la violencia con que han sido abordados en su tránsito. Es decir, las personas continuarán saliendo de sus países si no se atacan las condiciones históricas de los proyectos de dominación de las élites centroamericanas, se elimina su tono racista, colonial y clasista y se construyen sociedades horizontales e inclusivas. Mucho de ese estado presente en los países centroamericanos ha tenido invariable e históricamente el sello del Departamento de Estado.

Al tiempo de la redacción y edición final de estas reflexiones, se anuncia el hallazgo de 19 cuerpos carbonizados en la zona de frontera entre México y Estados Unidos. Se presume que muchos de ellos son de origen centroamericano.  La maquinaria de la industria migratoria criminal y castigadora de las personas que se movilizan sigue su camino y no se detiene esperando que los vientos de cambio se terminen de instalar en la Casa Blanca.

Está por verse si la promesa de progresismo en materia de política migratoria en Estados Unidos cumple con el cometido de adecentar la atención hacia las personas centroamericanas que seguirán caminando, forzadas por las condiciones históricas y presentes en sus países de origen. De lo contrario, como tantos proyectos progresistas que se han visto pasar incluso en los mismos países centroamericanos, se convertirá en un fraude absoluto.

 

Foto: https://wradio.com.mx

Festival Pa’ la Paz: de Costa Rica para el mundo, por un planeta sin guerras y sin violencia

El pasado domingo 24 de enero se realizó el Festival de Coplas Música y Poesía “Pa La Paz” para celebrar la entrada en vigencia del Tratado por la Prohibición de Armas Nucleares.

El evento transmitido por Multizonas Televisión contó con la participación de artistas costarricenses y televidentes de Argentina, El Salvador, Argelia, España, Brasil y otros países, quienes siguieron la transmisión por redes sociales.

Puede ver la transmisión aquí

 

Compartido con SURCOS por Roxana Cedeño.

Certamen Permanente de Cuento y Poesía de la EUNED recibirá escritos todo el año

En este 2021, la Revista Nacional de Cultura, de la Editorial de la Universidad Estatal a Distancia (EUNED), recibirá escritos durante todo el año en su Certamen Permanente de Cuento y Poesía, que está dirigido a personas mayores de edad y de nacionalidad costarricense o radicadas en el país.

El cuento o el poema debe estar escrito en español, ser original, inédito, que no esté comprometido con ninguna editorial, ni pendiente de fallo en ningún otro certamen. La persona ganadora del concurso recibirá un premio de $100 y la publicación del texto en la Revista Nacional de Cultura cada cuatrimestre, informó Laura Flores Valle, editora de la publicación.

El Consejo Editorial de la Revista anunciará cada cuatrimestre a las personas ganadoras del certamen, una en la rama de cuento y otra en la rama de poesía. Ambos textos serán publicados en el número de la revista del siguiente cuatrimestre. El certamen también podrá ser declarado desierto y asignar una mención honorífica por cuatrimestre (con publicación, pero sin remuneración económica).

«En un contexto como el nuestro, en donde los espacios para impulsar las artes literarias son cada vez más limitados, iniciativas como el Certamen Permanente de Cuento y Poesía de la Revista Nacional de Cultura son fundamentales, pues además de reconocer el trabajo y el talento de escritoras y escritores -noveles o consolidados-, nos recuerdan la importancia de la literatura en los procesos de construcción identitaria de nuestro país», comentó Laura Flores Valle, editora de la revista, que se publica en forma ininterrumpida desde 1988, en aras de contribuir a la difusión de la cultura, primordialmente costarricense.

Si usted desea participar en el certamen, debe tener en cuenta los siguientes lineamientos:

Extensión máxima:

  1. Poesía: 3 páginas.
  2. Cuento: 5 páginas.

Presentación del texto:

  1. Una sola copia impresa en hojas tamaño carta impresas por una sola cara, con márgenes de 2,5 a 3 centímetros. El texto debe estar digitado con letra tamaño 12, tipo Arial o Times New Roman, a espacio y medio.
  2. El texto deberá estar firmado con un seudónimo distinto al nombre real del autor o la autora y no deberá consignar ningún otro tipo de información sobre la persona.
  3. La obra deberá presentarse dentro de un sobre cerrado en cuyo exterior solo se consignarán el título de la obra, el seudónimo y el rótulo “Certamen Permanente de Cuento y Poesía, Revista Nacional de Cultura”. Dentro de este primer sobre deberá estar, además, un segundo sobre cerrado que contenga la plica o documento con los datos personales del autor o la autora: título de la obra, seudónimo, nombre completo real del autor o la autora, número de cédula de identidad, de residencia o de pasaporte, y datos de contacto: dirección física, correo electrónico y números de teléfono.

Envío de escritos

  • Dirección para entrega en persona: UNED (sede central), Dirección Editorial, 2do piso, carretera a Sabanilla, de la Rotonda de la Bandera 800 metros al este, San José, Costa Rica.
  • Dirección para entrega por correo físico: Universidad Estatal a Distancia (UNED), Dirección Editorial, Atención: Revista Nacional de Cultura, apartado postal 474-2050, Mercedes de Montes de Oca, San José, Costa Rica.
  • Las obras también podrán entregarse por correo electrónico a la dirección lfloresv@uned.ac.cr con copia a cultura@uned.ac.cr, según las siguientes pautas:
  1. Se solicita el envío de dos archivos de Microsoft Word. El primer archivo se llamará “Archivo 1_Texto” y corresponde al texto propiamente dicho (cuento o poema con el seudónimo debidamente indicado a la par del título). El segundo archivo, llamado “Archivo 2_Datos personales”, será el de la plica y deberá contener los datos indicados anteriormente.
  2. Los dos archivos deberán ser enviados desde una dirección de correo electrónico que no consigne de ninguna forma el nombre real de la persona que concursa. A todos los participantes se les dará el acuse de recibo a esta dirección; pero solamente a la persona ganadora se le enviará notificación al correo personal indicado en “Archivo 2_Datos personales”.

Es importante destacar que las personas ganadoras deberán esperar un año para volver a participar. Los textos que no reciban premio ni mención honorífica serán eliminados y sus autores o autoras podrán volver a presentarlos en el cuatrimestre siguiente.

Si desea descargar todas las normas de publicación, ingrese en la sección ¿Cómo publicar? Cejilla Pautas generales

 

Nota de la Oficina Institucional de Mercadeo y Comunicación – UNED

Cero violencias y prácticas nocivas para las mujeres, adolescentes y niñas

La Plataforma de Organizaciones Basadas en la Fe comprometidas con la justicia y los derechos humanos comparte en sus redes sociales:

Como se preguntaba Martin Luther King frente al racismo: ¿Es más peligrosa la maldad de los malvados o la inacción de los supuestamente buenos? ¿No podemos dejar de lado diferencias secundarias para unirnos a la lucha contra la trata? ¿Nos unimos junto a otras organizaciones de la sociedad civil para luchar contra la trata y el tráfico de personas?

A la violencia en la sociedad, el hogar y las comunidades de fe, decimos ¡BASTA!

 

Compartido con SURCOS por Carlos Tamez.

CEPAL celebra pronta entrada en vigor del Acuerdo de Escazú y destaca el compromiso de la región con el desarrollo sostenible y los derechos humanos

  • Con el depósito de los instrumentos de ratificación de México y Argentina hoy ante la ONU se alcanzó el número de Estados Parte necesarios, por lo que el Acuerdo Regional entrará en vigor el 22 de abril de 2021, Día Internacional de la Madre Tierra.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) celebró hoy la pronta entrada en vigor del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como “Acuerdo de Escazú”, y destacó el compromiso de la región con la protección del desarrollo sostenible y los derechos humanos.

Con el depósito de los instrumentos de ratificación de los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, hoy 22 de enero de 2021 se alcanzó el número de Estados Parte necesario para la entrada en vigor del Acuerdo. Según establece el artículo 22 del tratado, una vez cumplidos los requisitos establecidos, el tratado entrará en vigor a los 90 días, es decir, el 22 de abril de 2021, fecha coincidente con el Día Internacional de la Madre Tierra.

“Hoy América Latina y el Caribe celebra su compromiso con el desarrollo sostenible y los derechos humanos. En estos momentos en que la situación global y regional reviste gran complejidad e incertidumbre, el Acuerdo de Escazú es más necesario que nunca porque refuerza la cultura del diálogo y la concertación para avanzar en las transformaciones necesarias que aseguren que la recuperación se enmarque en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, afirmó Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.

La alta funcionaria de las Naciones Unidas participó en la Ceremonia de Depósito del Instrumento de Ratificación del Acuerdo de Escazú por parte de México, que fue encabezada por Martha Delgado, Subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de ese país.

Durante su intervención, Alicia Bárcena destacó que hoy, 22 de enero de 2021, es un día histórico para América Latina y el Caribe.

“¡Para mí es un día histórico! Hoy es un día de fiesta, porque se celebra un paso adelante en la implementación del Acuerdo de Escazú, cuya negociación fue inclusiva, participativa y transparente. Esto es muy esperanzador”, afirmó la máxima representante de la CEPAL.

Destacó que el Acuerdo de Escazú es el primero en el mundo que incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, los que dan la vida por la vida.

Alicia Bárcena reconoció el fuerte compromiso de los gobiernos de México y Argentina que hoy se convirtieron en Estados Parte del Acuerdo, y destacó a los otros 10 países que lo ratificaron anteriormente y que hicieron posible que el Acuerdo de Escazú entre en vigor el próximo 22 de abril: Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Uruguay.

Asimismo, manifestó su convicción de que más países de la región se sumarán al tratado prontamente.

“Soy optimista. América Latina y el Caribe es una región rica cultural, social y ambientalmente. Su patrimonio natural es extenso y son muchas las oportunidades para una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad que traiga un mayor bienestar a nuestros pueblos”, subrayó Alicia Bárcena.

La Subsecretaria Martha Delgado, en tanto, reafirmó el compromiso del Gobierno de México con la implementación del tratado y destacó que Acuerdo Regional es una gran herramienta para dar voz a las juventudes, a los pueblos indígenas, a las mujeres, a las personas con discapacidad y a las comunidades vulnerables.

“Es un derecho que los ambientalistas hemos perseguido durante años”, subrayó.

El Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental de la región de América Latina y el Caribe, el único acuerdo vinculante adoptado hasta la fecha derivado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20) y el primero en el mundo que incluye disposiciones sobre las personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales.

 

Nota de la CEPAL.

168 aniversario del natalicio de José Martí

El Frente de Solidaridad con la Lucha por la Justicia Social, por la Paz y por la Autodeterminación de los Pueblos (Frepas-Costa Rica) y la Embajada de la República de Cuba invitan a la transmisión por el 168 aniversario del natalicio de José Martí el próximo viernes 29 de enero a las 5:00 pm.

La transmisión en vivo se realizará en el Facebook de FREPAS-Costa Rica.

 

Compartido con SURCOS por Milagro Solís Aguilar.

Covid-19: Inestabilidad laboral provoca afectación severa en salud mental

Personas desempleadas, pertenecientes al sector informal y que se dedican a ventas en locales o servicios directos muestran una situación de salud mental más difícil durante la pandemia, según evidencia el estudio “Salud mental y relaciones con el entorno en tiempos de Covid-19”, desarrollado en conjunto por la Universidad Nacional (UNA), la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y académicos de España.

“Afectaciones que hemos podido identificar se relacionan con reacciones de angustia, problemas de insomnio, dificultades para dormir o también el aumento de conductas de riesgo como el consumo de tabaco o bebidas alcohólicas u otras sustancias, sintomatología depresiva o asociada a la ansiedad generalizada”, afirma Raúl Ortega, académico de la Escuela del Psicología de la UNA y parte del equipo investigador.

Ortega ––psicólogo y especialista en abordaje de la salud mental en situaciones de emergencia–– explica que la actual pandemia no es solo una crisis sanitaria, sino también económica y social, donde aquellas poblaciones con mayor vulnerabilidad social se ven expuestas tanto a los rigores del cambio forzado de cotidianidad y a mayor dificultad en el acceso a los recursos de protección frente a la posibilidad de contagio, como a la pérdida de capacidad adquisitiva, de seguridad alimentaria y de calidad de vida.

Este escenario ––agrega–– puede conllevar un aumento de la inseguridad laboral, el empeoramiento de las condiciones de empleo o la destrucción del mismo, e incluso la imposibilidad de cubrir las necesidades básicas, en el caso de personas o familias en condición de pobreza, situación cuyo sostenimiento les sitúa en riesgo de padecer afectaciones en la salud integral, y específicamente en la salud mental y psicosocial, a corto, medio o largo plazo.

Factor determinante

Así lo confirman los resultados de la investigación llevada a cabo por las universidades costarricenses, en la cual se caracterizó a la población consultada en grupos según el nivel de afectación en su salud mental y se encontró que en el grupo más crítico se sitúa un 85% de las personas participantes en el estudio que trabajan en el sector informal, un 50% de trabajadoras en ventas de servicios y un 41% de las personas en situación de desempleo.

Para el psicólogo Ortega, esta situación necesita ser enfrentada no solo desde la seguridad social y el apoyo mutuo, sino también a nivel público, con acciones afirmativas realizadas hacia el apoyo a la empleabilidad y en la disminución de la vulnerabilidad de poblaciones y comunidades, y específicamente de poblaciones en riesgo, como son mujeres, personas jóvenes, o personas que tienen a cargo a otras personas.

La relación determinante entre la inestabilidad laboral y los efectos negativos en la salud integral y específicamente en la salud mental de las personas, también ha sido evidenciada en otros estudios realizados durante la pandemia en países como España, Ecuador o China, entre otros.

Realizado entre el 9 al 29 de octubre del 2020, el estudio desarrollado por la UNA y la UNED comprendió una muestra de 6786 personas con edades entre 15 y 80 años, quienes completaron un cuestionario en línea. Tiene un margen de error de 1.2% y un nivel de confianza de 95%.

Además del psicólogo de la UNA Raúl Ortega, integran el equipo de investigación Eva Carazo Vargas, psicóloga social y coordinadora; Greibin Villegas, estadístico; Harold Arias, biólogo; Nerea González, García, estadística y matemática, y Armando González, psicólogo y estadístico.

Declaraciones psicólogo UNA Raúl Ortega: https://youtu.be/vDZHUf2CDgE

 

Nota de Comunicación UNA

La UCR ocupa el quinto lugar en el Índice de Transparencia, entre 253 instituciones públicas

Es la única universidad estatal costarricense que se ubica entre las primeras 10 posiciones

El Índice de Transparencia del Sector Público Costarricense (ITSP), para el 2020, mostró un retroceso en el desempeño de las instituciones en esa área, sin embargo, la Universidad de Costa Rica (UCR) logró ubicarse en el quinto lugar, entre 253 organizaciones.

Esta Institución, a pesar de que bajó una posición con respecto al 2019, logró incluso incrementar su ubicación en el tema de rendición de cuentas, donde obtuvo un puntaje de 100, subiendo en cuatro puntos, con respecto al año anterior.

De acuerdo con el documento metodológico del ITSP, elaborado por la UCR, este es “un instrumento de evaluación de la Defensoría de los Habitantes de la República, elaborado en coordinación con el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica y el Gobierno Digital, desarrollado científicamente y basado en mejores prácticas internacionales para medir el estado de situación, en un momento dado, de la transparencia que ofrecen los sitios web de las instituciones públicas costarricenses. El ITSP evalúa 95 indicadores distribuidos en las siguientes dimensiones: acceso a la información, rendición de cuentas, datos abiertos y participación ciudadana”.

Para el año 2020 el estudio se realizó del 16 de setiembre al 24 de octubre y abarcó al 79% del total de todas las instituciones del sector público y el promedio del puntaje a nivel nacional de estas organizaciones fue de un 38.81.

Este índice considera el sitio web oficial de la institución, que en el caso de la Universidad de Costa Rica es www.ucr.ac.cr y sus subsecciones, que incluye el sitio de transparencia: https://transparencia.ucr.ac.cr/ .

Para David Zamora Barrantes, consultor experto del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP), de la UCR, “después de una estable tendencia al crecimiento desde el 2015, el año 2020 mostró por primera vez una reducción en el Índice y sus cuatro dimensiones respecto a los resultados del año anterior”, según indicó en las conclusiones de la presentación del ITSP, realizada el día de hoy jueves 21 de enero 2021.

Y agregó que incluso el 20% de las instituciones que mejor desempeño tienen en el Índice mostraron una reducción en su calificación promedio, lo cual atribuyó a que la pandemia, por el SARS-Cov 2, influyó en los procesos que sostenían la actualización y calidad de contenidos disponibles para la ciudadanía, aunque aclaró que el ITSP no cuenta con una medición para conocer la causalidad.

Valoración de la Universidad de Costa Rica en el ITSP. Para el año 2020 la UCR obtiene una calificación de 91,48.

En referencia a este aspecto, Marco Monge Vílchez, quien se ha encargado de los temas de Gobierno Abierto en la UCR desde el año 2016, consideró que “hay que hacer una evaluación específica de los resultados de cada institución para darnos cuenta de lo que ha sucedido, en términos generales en la presentación se habló de que algunas instituciones no cumplieron con la publicación de algunos datos. En el caso propiamente de la Universidad de Costa Rica se cumplió con la publicación de toda la información requerida y, adicionalmente, mejoramos en algunos temas con respecto al año anterior”.

El presente año se dio a conocer que el primer lugar lo obtuvo el Poder Judicial, con un puntaje de 98.05, el segundo el Organismos de Investigación Judicial (OIJ), con un 97.98, el Cuerpo de Bomberos en el tercer lugar con un 97.57, el Ministerio de Seguridad Pública en el cuarto lugar con un 92.12 y la Universidad de Costa Rica en el quinto lugar con un 91.48, única institución de educación superior que se ubica entre los primeros 10 lugares.

Resultados UCR

“La Universidad de Costa Rica siempre comprometida con los principios de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana se ha ubicado en todas las evaluaciones del Índice a lo largo de la historia siempre en el top 5 de las instituciones públicas. Esto lo que refleja es el compromiso institucional que existe en favor de la transparencia y de la publicación proactiva de la información que es de interés de los ciudadanos, tanto en formato de datos abiertos como en las visualizaciones que se han desarrollado en el sitio de transparencia”, expresó Monge.

Según destacó Zamora la dimensión de rendición de cuentas fue la que más se debilitó respecto al año anterior, sin embargo, la UCR más bien subió tres puntos, al obtener un 100 de puntaje es esta área y logró mantenerse con un 96 en el tema de datos abiertos.

En las áreas que sí bajó fue en acceso a la información donde pasó de un 97 a un 96 y en la dimensión de participación ciudadana que pasó de 97 a 74 puntos. De hecho, esta última es la segunda dimensión que más puntos disminuyeron las instituciones del sector público, según el reporte del ITSP.

“Específicamente en el componente de participación ciudadana se evalúan unos elementos específicos sobre el sitio web, que tienen que ver con la accesibilidad propiamente, esto me refiero al tema de subtítulos en imágenes, subtítulos en video y foros de opinión. En ese caso, cuando se evaluó el sitio de la Universidad de Costa Rica, esos puntos no se encontraron disponibles, por eso hay una disminución en el componente de participación ciudadana, pero no fue por falta de publicación de algún documento”, aclaró Monge.

En el ranking de las instituciones autónomas y semiautónomas la UCR ocupó el primer lugar con el puntaje de 91.48, mientras que en segundo lugar se ubicó la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) con 83.23 puntos y en tercer lugar el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) con 82.91 puntos.

DOCUMENTOS

Informe de Resultados del Índice de Transparencia del Sector Público 2020 Universidad de Costa Rica

 

Nidia Burgos Quirós
Periodista de la Vicerrectoría de Administración