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Autor: María José Ferlini Cartín

Caminar hacia la nada

Por Memo Acuña (sociólogo y escritor costarricense)

La imagen es real y contundente. Apostados frente a un contingente de policías guatemaltecos, una familia de migrantes hondureños provenientes del Departamento de Cortés donde se ubica San Pedro Sula, implora la continuación de su viaje hacia Estados Unidos, para buscar medicina con la cual atender la parálisis cerebral de su hijo (Radio Progreso. Perfil oficial Facebook. 16 de enero de 2021).

El grupo de policías guatemaltecos recibe órdenes y ejecuta. Implementa a la medida la primera frontera vertical a la que se enfrentarán más de 8.000 personas hondureñas que salieron de su país en los últimos días, esta vez obligadas por las condiciones de pobreza, la corrupción de las altas esferas gubernamentales y la mala gestión de la pandemia, aunada a una deficiente atención de la emergencia producida por los dos huracanes (Eta e Iota) que azotaron aquel país en noviembre de 2020.  En conjunto produjeron un poco menos de 100 personas fallecidas y cerca de 4.000.000 millones de damnificados según cifras aportadas por Amnistía Internacional en diciembre anterior (Llueve sobre mojado en Honduras: El devastador impacto de los huracanes Eta e Iota | Amnistía Internacional. Duncan Tucker & Encarni Pindado. Diciembre 2020)

Justamente Cortés fue uno de los Departamentos más devastados por los fenómenos naturales y ya el desplazamiento interno había empezado a ser considerado como opción antes de tomar la decisión de cruzar fronteras centroamericanas rumbo a Estados Unidos.

Si logran sortear Guatemala, seguirá México, uno de los principales aliados en la política de blindaje de fronteras que ha tendido la Administración Trump en los últimos años.

El fenómeno de las agrupaciones y colectivos que han tomado las carreteras y fronteras centroamericanas llegó para quedarse. Las circunstancias en los países de la región no han mostrado mejoría y si se considera la incertidumbre que representa la nueva Administración Biden próxima a instalarse, en el tema de la gestión migratoria regional, el panorama no se vislumbra esperanzador.

Lo que si pareciera expresar un cambio son las formas mediante las cuales las movilidades humanas centroamericanas empezaron a producirse con fuerza desde octubre de 2018, tomando la colectivización y la visibilización como sus principales estrategias. La formación de una nueva subjetividad política en materia de movilidades humanas sería justamente un efecto a considerar en el marco de estas nuevas expresiones regionales.

Para la familia hondureña apostada frente a la policía guatemalteca, el objetivo sigue siendo el mismo: cruzar, caminar, no detenerse. Por eso su solicitud expresa de que les dejen continuar para lograr su propósito.  Dado el escenario actual, migrar implica ciertamente una estrategia, pero con resultados no necesariamente esperanzadores.

En este año 2021 el desafío será revertir esa tendencia de caminar hacia la nada como fin último para un buen porcentaje de la población centroamericana. La restitución del simple derecho a vivir debe ser promovida y asegurada.  Aguardemos por las posibilidades.

Fotografías tomadas del Semanario Universidad.

La superación de la pandemia de COVID-19 sólo es posible con políticas de vacunación universal y sin discriminación por nacionalidad o condición migratoria

SURCOS comparte el pronunciamiento del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL):

  • Más de 400 organizaciones y personas de todo el continente americano exigen a los Estados de la región que las políticas contra la pandemia no dejen a ninguna persona atrás.

Las Américas, 18 de enero de 2021. En el contexto de la emergencia sanitaria actual, y frente a la inminente creación y ejecución de planes de vacunación en todo el continente americano en contra de la enfermedad ocasionada por el virus SARS-Cov-2 (COVID-19), las organizaciones de la sociedad civil, entidades académicas, especialistas, defensoras y defensores de derechos humanos, y pueblos indígenas abajo firmantes exigimos a las autoridades de todos los Estados de la región a garantizar a las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas y apátridas el acceso a todos los servicios de salud y vacunación sin discriminación alguna y en condiciones de igualdad que el resto de la población que se encuentra bajo la jurisdicción de cada Estado. Obligaciones legales ineludibles y fundamentos básicos de salud pública hacen imprescindible la universalidad en el acceso a todas las medidas que los Estados implementen frente a la pandemia del virus COVID-19.

Recordamos a las autoridades que la obligación de respetar y garantizar los derechos de la vida, integridad y salud de absolutamente todas las personas que se encuentren en su territorio y bajo su jurisdicción está expresamente establecida en numerosos instrumentos internacionales de derechos humanos adoptados y ratificados por los mismos Estados, los cuales tienen carácter vinculante. Entre ellos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales «Protocolo de San Salvador», el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional Sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, y la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad.

El derecho a la salud se debe garantizar sobre la base del principio de igualdad y no discriminación, principio vertebrador de todo el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) desarrollado por los Estados desde mediados del siglo pasado. Los órganos internacionales creados por los Estados a través de los tratados, han reafirmado una y otra vez esta obligación, enfatizando la prohibición de discriminación por razones como la nacionalidad, el tiempo o tipo de residencia, o la condición migratoria:

  • El Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al interpretar el derecho de toda persona a disfrutar del más alto nivel posible de salud, ha señalado que los Estados deben abstenerse de denegar o limitar el acceso igual de todas las personas, incluyendo las personas en situación migratoria irregular, garantizando el acceso a los servicios de salud preventivos, curativos y paliativos. Asimismo, ha reafirmado la obligación de garantizar a las personas migrantes los derechos protegidos en el Pacto (PIDESC), incluyendo el derecho a la salud, sin ninguna discriminación.
  • Los Comités de Derechos de Trabajadores Migratorios y de Derechos del Niño han subrayado que las restricciones impuestas al derecho a la salud de los migrantes adultos a causa de su nacionalidad o su situación migratoria podrían afectar también al derecho a la salud, la vida y el libre desarrollo de sus hijos. Por consiguiente, un enfoque integral de los derechos de los niños debe incluir medidas encaminadas a garantizar el derecho a la salud de sus familiares adultos sin importar su situación migratoria y, en caso de ser no acompañados, de sus cuidadores principales. Hasta en tanto las autoridades sanitarias competentes garanticen que la vacunación a menores de 16 años es segura y adecuada, niñas, niños y adolescentes migrantes deben de tener el mismo acceso que los nacionales al resto de servicios de salud disponibles, sin importar su situación migratoria o la de sus familiares.
  • En el ámbito interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en los Principios Interamericanos sobre derechos de personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas, apátridas y víctimas de trata de personas, incluyó los siguientes:
    • Principio 2: Dignidad humana. Todo migrante tiene derecho al respeto de su dignidad humana, incluida su dignidad física y su integridad sexual, psíquica y moral, cualquiera que sea su situación migratoria o lugar de origen. Los Estados deben crear las condiciones que provean un nivel de vida adecuado y compatible con la dignidad de la persona humana y no crearán, por comisión u omisión, condiciones que la dificulten o la impidan, garantizando, entre otros, los derechos a la salud (…).
    • Principio 35: Derecho a la salud. Todo migrante tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y a los determinantes subyacentes de la salud; no se puede denegar la atención médica a un migrante por razón de su situación migratoria, ni se le pueden negar los servicios de salud por falta de documentos de identidad. Toda persona, independientemente de su situación migratoria o su origen, tiene derecho a recibir la misma atención médica que los nacionales (…).

Asimismo, en contexto de la pandemia actual, estos organismos han reafirmado la importancia de asegurar, en condiciones de igualdad, el derecho a la salud de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que “solo a través de la inclusión de toda la población en dichas medidas [sanitarias], sin discriminación de nacionalidad y origen, la región podrá superar la crisis de salud pública”. Recientemente, ha recordado “que los Estados deben garantizar a las personas migrantes, independientemente de su estado migratorio, el acceso voluntario y en igualdad de condiciones a las vacunas, tratamientos y demás acciones de protección”. Por su parte, la Corte Interamericana ha señalado que, “dada la naturaleza de la pandemia, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales deben ser garantizados sin discriminación a toda persona bajo la jurisdicción del Estado y, en especial, a aquellos grupos que son afectados de forma desproporcionada porque se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, como son las personas (…) migrantes, los refugiados, los apátridas (…)”.

En la misma dirección, la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas incluyó, entre las Directrices relativas a la COVID-19, que los “Estados deben aplicar medidas específicas para incluir a los migrantes, los desplazados internos y los refugiados en los esquemas nacionales de prevención y respuesta al COVID-19. Entre estas medidas deberían figurar las destinadas a garantizar el acceso equitativo a la información, los análisis y la atención médica para todos…, cualquiera que fuere su condición jurídica”. El Relator de Derechos de Migrantes, junto al Comité de Derechos de Migrantes y sus Familias, también subrayó que los Estados deben integrar a las personas “migrantes a los planes y políticas nacionales de prevención y respuesta al COVID-19 (…) y respeten su derecho a la salud, incluyendo a través del aseguramiento de que las pruebas, las medicinas esenciales, y las medidas de prevención y de tratamiento sean proporcionadas de manera no discriminatoria”.

Por otra parte, en términos de salud pública y para que los Estados puedan efectivamente alcanzar los objetivos urgentes y fundamentales frente a esta gravísima pandemia mundial, la vacunación masiva y universal es absolutamente indispensable. Es la única forma segura de lograr la inmunidad colectiva, pues su efectividad estará supeditada a que suficientes personas desarrollen protección contra la enfermedad.

En este marco, toda exclusión, preferencia o restricción que afecte a personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas y/o apátridas no solamente configuraría una violación de los derechos a la salud y a la vida, sino también representaría una medida contraria a las metas de salud pública de cada Estado y la comunidad internacional a fin de superar esta grave pandemia mundial. Por ende, el resto de las personas de cada sociedad, aún pudiendo acceder a la vacunación, pueden verse afectadas también en sus derechos a la salud y la vida, como consecuencia de la exclusión de las personas en razón de la nacionalidad o condición migratoria. No hay beneficio para las personas “nacionales” en la exclusión de las personas migrantes que conviven en la misma sociedad, como plantean algunas autoridades de manera irresponsable. Al contrario, esa exclusión puede poner en riesgo la salud de millones de personas, o incluso poner en riesgo el éxito de las políticas que los Estados implementen para enfrentar esta gravísima e inédita crisis sanitaria mundial.

Finalmente, junto a la obligación legal ineludible de garantizar estos derechos en condiciones de igualdad y sin ninguna clase de discriminación, lo cual a su vez es esencial para alcanzar las metas de salud pública -y por ende, prevenir que se propague el virus-, múltiples aspectos operativos, incluyendo recursos económicos y humanos, también exigen la universalidad como estrategia esencial para enfrentar la pandemia. En efecto, la exclusión de personas migrantes y refugiadas de los planes para prevenir y combatir la pandemia, afectando consecuentemente su salud y la de otras personas, podría derivar en la necesidad de mayores recursos de todo el sistema de salud para la atención de personas enfermas, incluyendo en los servicios de emergencia. Eso afectaría también la atención de esos servicios en general, para todo tipo de prestaciones de urgencia del sistema dirigido a toda la población. Ello, sin contar el impacto que, en otras áreas – como el mercado de trabajo-, tendría el agravamiento de la condición de salud de las personas que no puedan acceder a las vacunas y otros tratamientos desarrollados en cada país para enfrentar la pandemia.

En virtud de todo lo expuesto, consideramos inadmisibles y totalmente contrarias a derechos humanos y obligaciones legales inexcusables cualquier política, programa, protocolo u otra medida dirigida a prevenir y combatir la pandemia de la COVID-19, que excluya total o parcialmente a las personas en virtud de su nacionalidad, lugar de origen, tipo de residencia o tiempo de residencia, o estatus migratorio. Asimismo, como se explicó, esas restricciones constituyen medidas contrarias a metas de salud pública que son más vitales que nunca para todos los pueblos del mundo, y pueden afectar los recursos humanos, técnicos y financieros de los sistemas de salud, agravando la emergencia sanitaria existente.

Por lo tanto, exigimos a los Estados americanos el pleno cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos a través de la garantía del acceso a todos los tratamientos, preventivos y terapéuticos necesarios para enfrentar la pandemia por COVID-19 para todas las personas, sin perjuicio de su nacionalidad, lugar de origen, residencia o estatus migratorio.

De manera complementaria, instamos a todas las autoridades de los Estados de la región a actuar con profunda responsabilidad en esta delicada y desafiante etapa que atraviesa la humanidad, absteniéndose de todo tipo de discurso discriminatorio y estigmatizante en contra de la población migrante y refugiada. En esta emergencia sanitaria mundial que exige que todas las personas accedan al tratamiento (por derecho y para proteger a las demás), los discursos de corte nacionalista o de preferencia con base en la nacionalidad no solo derivan en la vulneración de derechos sino que pueden poner en serio riesgo todos los esfuerzos que se están haciendo para luchar contra la pandemia.

Organizaciones sociales e Instituciones académicas firmantes:

  1. Acceso a la Justicia
    2. Albergue de Migrantes Hermanos en el Camino AC
    3. AlertaVenezuela
    4. Alianza Américas
    5. América Diversa
    6. American Friends Service Committee LAC
    7. Amnistía Internacional
    8. Articulate Foundation INC
    9. Asociación Centro de Derechos Laborales Sin Fronteras de Costa Rica
    10. Asociación Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (COFAMIDE)
    11. Asociación de Desarrollo Social de Ixcán ADESI
    12. Asociación de Familiares de Migrantes Desaparecidos de Guatemala (AFAMIDEG)
    13. Asociación Intercultural Miranda
    14. Associacao Casinha de Acolhida para Lesbicas. Gays, Bissexuais, Transexuais e Transgeneros (Brazil)
    15. Asociación Pop No’j
    16. Asociación pro Derechos Humanos, APRODEH (Perú)
    17. Asylum Access Mèxico (AAMX) A.C
    18. Belo Horioznte
    19. Canada Venezuela Democracy Forum
    20. Casa de la Mujer
    21. Casa del Migrante de Saltillo
    22. Casa Paraguaya de Cordoba
    23. Cátedra Racismos y Migraciones Contemporaneas, Universidad de Chile
    24. Catedra Sérgio Vieira de Mello na UFPR – CSVM/UFPR- Brasil
    25. Cecavid-Venezuela
    26. Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB)
    27. Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C.
    28. Centro de Documentación en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo SJ», CSMM (Ecuador)
    29. Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
    30. Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos (CEMLA)
    31. Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo CICDE-UNED
    32. Centro de Investigaciones para la Infancia y la Familia (CENDIF) Venezuela
    33. Centro de Justicia y Paz – Cepaz
    34. Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos- Perú EQUIDAD (Perú)
    35. Centro para la Observación Migratoria y el Desarrollo Social en el Caribe, OBMICA
    36. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEJIL
    37. Chicago Religious Leadership Network on Latin America
    38. Corporación ONG Raíces, Chile
    39. Civilis Derechos Humanos, CivilisDDHH, (Venezuela)
    40. Clínica Jurídica Alaíde Foppa para personas Refugiadas de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México
    41. Colectiva Luna Celaya
    42. Colectivo de Prostitutas de Sevilla
    43. Colectivo Feminista Abrazadas & Autónomas
    44. Colectivo justicia y esperanza de San Luis de la paz, Guanajuato
    45. Colectivo Rebeldía
    46. Coletivo Flores de Lótus – Brasil
    47. Colegiado do NIEM – Núclei Interdisdisciplinar de Estudos Migratórios. Brasil, Rio de Janeiro
    48. Comisión de Derechos Humanos de Ica CODEHICA (Perú)
    49. Comisión de Derechos Humanos, COMISEDH
    50. Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS (Perú)
    51. Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, CMDPDH, (México)
    52. Comite Migracoes e Deslocamentos_ Associacao Brasileira de Antropologia(ABA)
    53. Comité de familiares

La República Piñatera

SURCOS comparte la nota publicada en la Regional Latinoamericana de la UITA, del autor Carlos Amorín:

  • Cuando personas elegidas por el pueblo para dirigir y gestionar las instituciones del Estado renuncian a sus deberes y responsabilidades más elementales como proteger la vida humana, y lo hacen para resguardar y apadrinar los intereses económicos de una elite cipaya y de corporaciones transnacionales, habilitan el derecho a llamarles “homicidas sociales seriales”.

Esto ocurre seguramente en muchos países del mundo, pero en este momento nos ocupa lo que está sucediendo en las fincas piñeras de Dole en Costa Rica. Un territorio que parece haber sido exonerado por las autoridades políticas y de contralor locales de todo deber y responsabilidad empresarial, además de pagar sueldos de pobreza y someter a sus empleados y empleadas a condiciones laborales extremas y de total abuso de poder.

Por un puñado de dólares…

A este tétrico panorama se debe agregar la deforestación permanente en procura de nuevas fronteras agrícolas para sus cultivos de piña, la utilización masiva y sin control real de agrotóxicos de todo tipo, algunos de ellos incluso denunciados como prohibidos, la fumigación directa sobre los trabajadores y trabajadoras en los plantíos, la contaminación del medio ambiente, incluyendo las fuentes de agua de muchas comunidades locales, algunas de las cuales vienen luchando desde hace años contra estas prácticas, y que hasta deben ser abastecidas de agua mediante camiones cisterna ya que sus tomas naturales han sido envenenadas por Dole y otras empresas.

Y no es que no se conozcan estos extremos de crueldad empresarial y humana. Las denuncias abundan. Los sindicatos que logran resistir heroicamente a la feroz e implacable persecución de Dole, y los propios trabajadores afectados se han presentado en innúmeras ocasiones a los tribunales de Trabajo, a la prensa, y han intentado dialogar de manera permanente con la compañía transnacional, pero prácticamente de nada ha valido. Por una situación que se soluciona, decenas quedan pendientes, perdidas en el limbo perverso del que son víctimas los trabajadores de la piña en Dole.

Dos casos actuales y prototípicos. “Es todo lo que pido”

Mariano trabaja para Dole desde hace varios años. Tuvo que someterse a una cirugía bastante banal, pero su caso se complicó ya que fue víctima de una mala praxis nunca reconocida por el sistema de salud. Él se enteró de su situación cuando, un par de años después, comenzó a tener problemas para trabajar: dolores, imposibilidad de sostener varias de las posiciones físicas necesarias para cumplir con sus tareas, entre otras cosas.

Al recurrir al médico se le detectó la mala praxis, pero, dicen, se trata de algo que “no es operable”. Así que el médico recomendó a la empresa que lo quitara del trabajo de campo y se le diera una tarea que él pudiese cumplir. Apenas unos pocos meses después de haber recibido otra asignación, Mariano fue restituido a sus antiguas labores, las mismas desaconsejadas por el galeno.

No tuvo más remedio que acatar, porque de lo contrario perdería su trabajo, único sustento de su numerosa familia. Intentó plantearlo en Recursos Humanos de Dole, pero le respondieron que si lo que tenía no era operable ellos no pueden hacer nada tampoco, y que la recomendación del médico que presentó no es obligatoria para la empresa.

Así que allá regresó Mariano a los cultivos con su dolor a cuestas, sintiéndose humillado, casi un esclavo. Hasta que hace cuatro meses sufrió un accidente cerebro vascular que le paralizó parcialmente el rostro, como consecuencia, según los cirujanos que lo atendieron, del daño provocado por aquella mala praxis y por el esfuerzo físico que debe realizar cada día a pleno sol.

Los cirujanos le aseguraron que hablarían con la empresa para procurar su traslado, pero después de varios meses Mariano no ha recibido noticias.

Acosado por el dolor, se presentó ante el médico de la empresa, pero éste le respondió que nada puede hacer ya que no tiene potestad para solicitar intervenciones o exámenes en la salud pública, que en la finca sólo atiende consultas y urgencias, pero que no tiene autorización para enviarlo a la Caja de Seguridad Social, y que no puede recomendar ningún cambio de su posición laboral a Dole.

Como la película: “Atrapado sin salida”. Mariano expresa que “solo quiero que me den una tarea que pueda cumplir de pie para poder seguir sosteniendo a mi familia. Es todo lo que pido”.

Demasiado buen trabajador

Cándido Amador tiene una enfermedad cardíaca desde que fue fumigado con agrotóxicos mientras trabajaba en los cultivos de piña de Dole. Tuvo que ser internado en varias oportunidades, y su diagnóstico fue establecido por cardiólogos del hospital público de la zona. El episodio fue traumático, porque Cándido perdió el conocimiento en el piñal y tuvo que ser trasladado en un vehículo en emergencia.

Como a Mariano, los médicos recomendaron que no desempeñara ninguna tarea que lo expusiera nuevamente a los agrotóxicos, pero la empresa hace oídos sordos a ese mandato y lo mantiene laborando en los cultivos.

Cándido ha intentado dialogar con el jefe de Recursos Humanos de Dole, pero la respuesta que le han dado es que “soy un buen peón, y por eso me mantienen allí”. Inclusive aceptando ese destrato que pone en riesgo su salud y su vida, Cándido pidió que, por lo menos, no fumigaran los lotes donde él se encuentre trabajando, cosa que prometieron.

Pero de nada valen las promesas de Dole. En diciembre 2020 y en enero 2021, las máquinas fumigadoras se acercaron a escasos 30 metros de donde Cándido se encontraba trabajando, y en una de esas ocasiones, el fumigador entró dispersando agrotóxicos en el propio sector donde él estaba laborando. Cuando estuvo a unos 20 metros de Cándido, cortó los chorros de producto químico, pasó sobre él, y entonces reanudó la fumigación 20 metros más adelante.

Cada vez que fumigan en su cercanía Cándido siente dolor en el pecho, se le seca la garganta y se le cierran los bronquios. Casi siempre sufre irritaciones en la piel y en sus ojos, pero debe seguir trabajando para mantener esa alta productividad que lo convierte en “un buen peón” y así conservar su empleo.

Afirma con desesperación que ya no sabe qué hacer, a quién recurrir, ya que al Sindicato tampoco lo respetan. Los inspectores de Trabajo, cuando llega alguno, no se interesan en lo que ocurre en los plantíos y solo hablan con la empresa.

El sistema perverso de Dole

La burocracia local de Dole expide órdenes de atención médica con errores voluntarios y los trabajadores afectados son rechazados en los consultorios médicos por razones burocráticas. A nadie le importa si para llegar a los puestos de salud deben perder una jornada de trabajo que no les es reembolsada. Y eso lo hacen una y otra vez de manera permanente, hasta que los trabajadores se cansan, abandonan y retoman su trabajo enfermos o lesionados. De esta forma Dole se ahorra tener que pagarles jornadas por licencia médica.

Es difícil de imaginar esta realidad fuera de esa burbuja de terrorismo empresarial que ha montado Dole en Costa Rica, con la complicidad de las más altas autoridades locales y nacionales. En Costa Rica es un secreto a voces que la situación de los trabajadores agrícolas en las piñeras es deplorable, inhumana, y que sus vidas están, literalmente, en manos de pésimos empresarios y peores funcionarios, ambos humanamente deleznables.

Es una forma de apartheid, una negación tan cruel de derechos que linda con el trabajo esclavo. Esta República Piñatera de Costa Rica trae al recuerdo los ecos tristes, indignos, vergonzosos, de las Repúblicas Bananeras de antaño.

Cándido y Mariano continúan dejando cada día retazos de su salud y sus vidas entre las plantas de piña, cuyos frutos proporcionan placer en las mesas estadounidenses y europeas, adonde es exportada casi la totalidad de la producción de Dole en Costa Rica.

Cuando este artículo estaba siendo preparado para su publicación, se nos informa desde Costa Rica que Cándido Amador fue nuevamente víctima de fumigaciones en su entorno, por lo que de regreso a su casa debió trasladarse urgentemente al hospital donde quedó internado 48 horas. Los médicos que lo atendieron reiteraron que la empresa debe transferirlo a otra tarea donde no esté en contacto con químicos.

Notas:

1- La Real Academia Española define el término como “secuaz a sueldo”.

2- El nombre de quien han brindado este testimonio fue cambiado para evitar represalias de la empresa.

Foro Social Mundial 2021: otro mundo es posible

Del 23 al 31 de enero de 2021 se llevará a cabo en modalidad virtual el Foro Social Mundial (FSM), evento que convoca a las organizaciones y movimientos sociales de todo el mundo.

Entre las actividades por desarrollarse se encuentra “La marcha virtual”, que consiste en una transmisión por Internet en directo de 24 horas de duración en la que se destacarán las luchas, visiones y experiencias de los movimientos de todas las partes del mundo.

También habrá una serie de paneles que abordarán temas transversales como género, combate al racismo, pandemia y futuro del foro.

Para participar del FSM virtual es necesario crear una cuenta de usuario con Login y Contraseña en el sitio web oficial, confirmar algunos datos para acceder a la información y las actividades, y registrar las iniciativas.

Con dicha cuenta podrá inscribirse como participante, registrar su organización o movimiento social, registrar actividades, registrar una asamblea autónoma o una iniciativa, ya sea una campaña, una lucha, un proceso, de forma continuada, de una o varias organizaciones.

El juzgado penal de Buenos Aires rechaza la solicitud de desestimación en la investigación del homicidio de Sergio Rojas Ortiz

Óscar Retana Montenegro.
Abogado representante de las víctimas, familia Rojas Lázaro.
15 de enero de 2021

El Juzgado Penal de Buenos Aires dictaminó, en resolución notificada el 14 de enero 2021, que deben de continuarse los actos investigativos en torno al homicidio del líder indígena Sergio Rojas Ortiz, rechazando la solicitud de desestimación planteada por el Ministerio Público en setiembre anterior, y cuya audiencia se realizó el pasado 3 de diciembre de 2020.

Lo anterior debido a que el ente juzgador señaló que no se han agotado las herramientas investigativas disponibles, las cuales deben de evacuarse antes de solicitar la aplicación de los artículos 282 y 299 del Código Procesal Penal.

Resuelto lo anterior, el Ministerio Público tiene un plazo de 5 días hábiles para rectificar lo resuelto o manifestar su desacuerdo. En este último supuesto, debe el superior jerárquico, es decir la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, quien resuelva sobre la gestión.

La investigación penal de este homicidio debe continuar, siendo que la Fiscalía debe agotar las diligencias pendientes y realizarlas de manera exhaustiva, en cumplimiento de los estándares internacionales de debida diligencia, como lo ha definido la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de acatamiento obligatorio para el Estado de Costa Rica: “La expresión “debida diligencia” se refiere a las acciones concretas exigidas a los Estados con el objeto de garantizar los derechos humanos y proteger a las personas de violaciones a sus derechos, en relación a la efectividad de las investigaciones y que obligan a la utilización de todos los medios disponibles para determinar la verdad de lo ocurrido y la identidad de los responsables”. (Corte IDH. Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 156.)

Foto: Compartida por Marcela Zamora-Cruz en redes.
Compartido con SURCOS por Mauricio Álvarez Mora

UCR repudia intentos por menoscabar libertad de expresión

Alejandra Amador Salazar, Periodista Consejo Universitario

Mediante un Pronunciamiento aprobado en el mes de diciembre por el Consejo Universitario, la Universidad de Costa Rica (UCR) reiteró su compromiso con la defensa del principio de libertad de expresión y el trabajo que realiza el sistema de medios de esta casa de estudios superiores al ofrecer a la ciudadanía costarricense información analítica, crítica y de alta calidad.

Para el Órgano Colegiado, la libertad de expresión, resguardada por la Constitución Política, garantiza que ninguna persona pueda ser inquietada o perseguida por la manifestación de sus opiniones ni por actos que no infrinjan la ley.

En un Estado de derecho, la libertad de expresión es un requisito indispensable para la democracia, pues permite la construcción de una dinámica social de intercambio de ideas, conocimientos e informaciones que coadyuvan a generar consensos y tomar decisiones.

En este sentido, la Universidad reconoció que los y las periodistas deben gozar de independencia y protección para poder mantener informada a la sociedad, y esto se torna particularmente importante en el debate político que precede a las elecciones de las autoridades que gobernarán un Estado.

Medios universitarios

Durante sus 80 años de historia, la UCR se ha caracterizado por brindar una formación humanista, con el propósito de preparar profesionales con un pensamiento crítico de la realidad nacional e internacional y respetuosos de las diferentes áreas del saber.

El sistema de medios de comunicación institucionales contribuye con la defensa de esos principios, así como con la promoción y consolidación de la comunicación como un derecho y bien público, por lo cual, mediante información veraz, pretende enriquecer el espíritu reflexivo y el conocimiento de la realidad universitaria, nacional e internacional.

Por lo tanto, el Consejo Universitario considera que cualquier intento de silenciarlos violenta no solo la libertad de expresión, sino también el derecho de la sociedad costarricense de recibir información.

Este pronunciamiento surgió a raíz de una propuesta de miembro presentada por la Dra. Teresita Cordero Cordero, la Prof. Cat. Madeline Howard Mora, el M.Sc. Carlos Méndez Soto y la M.Sc. Patricia Quesada Villalobos.

 

Nota periodística publicada originalmente en página web del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica.

FMI y Empleo Público: ¿La última frontera?

La locura no tiene propósito o razón, pero puede tener objetivo
Sr. Spock. Stark Trek

Luis Andres Sanabria Zaniboni

En las últimas semanas asistíamos a la confirmación e inicio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para el acceso al Servicio Ampliado del Fondo. Este hecho ha provocado muchas intervenciones desde distintos sectores, que cada quien se coloca desde las diversas posiciones al respecto, sin embargo, un hecho resalta a todas luces, la decisión del Poder Ejecutivo de dar prioridad máxima a la Ley de Empleo Público como llave para las negociaciones con el FMI. No podemos dejar de mirar el proceso político-económico que viene adoptando el país y consolidado con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, esa hoja de ruta que hoy vuelve a confirmarse, debemos preguntarnos ¿Por qué esta necesidad de impulsar ese proyecto?

Si con la ley de Finanzas Públicas quedaba claro la postura de la carga impositiva regresiva del país y la protección de ciertos sectores económicos-financieros dominantes del país, la “Ley para brindar seguridad jurídica sobre las huelgas y sus procedimientos” perfiló la postura autoritaria ante el disenso y la criminalización de la protesta social, facilitando así la imposición de un supuesto “consenso” de los actores políticos, y el etiquetado a los disidentes.

Sin embargo, faltaba más, la Ley de Empleo Público procura realizar una reingeniería social sobre el Estado, basada en la anulación de la independencia y las autonomías de las instituciones, a través de la centralización de la política del empleo en MIDEPLAN, sin embargo, salta la primera pregunta ¿Qué hay del servicio civil?

Más allá de las percepciones que podríamos tener al respecto, que no se ignora la necesidad de repensar el empleo público, pero salta a la vista que esta postura no va en línea de la formalización laboral y protección de los derechos, sino como instrumento “austero” de los salarios, facilitando la congelación de estos y desregulación del empleo.

Como señalan muchos de sus defensores desde el Poder Ejecutivo hasta representantes de los mismos Organismos Financieros Internacionales, esta Ley coloca a Costa Rica en los “estándares internacionales”, sin embargo leamos esta afirmación detenidamente, estar dentro de dichos estándares para estos sujetos es la promoción de la desregulación laboral; la precarización de las condiciones de trabajo tanto de lugar de trabajo como de derechos, no podemos dejar de pensar lo que significó años atrás la movilidad laboral, en definitiva son formas de extorsión sobre los sectores trabajadores.

Y con esto, se consolida lo que muchas personas han señalado al respecto del Neoliberalismo, la erosión de la institucionalidad pública, grandes cascarones administrativos dedicados al pago de servicios profesionales, lo cual garantiza el desmejoramiento de los servicios y mercantilización de los derechos sociales, económicos y culturales, entiéndase la educación, la salud y la cultura de nuestro país.

Tal vez al leer esto ya lo pensó, el país continúa su ya reconocida vereda anti-sindical, si con el proyecto de Ley anti-huelga habían generado un consenso político de suprimir sindicatos (existía dicha cláusula, nada más que por extraño que parezca para estos sujetos era inconstitucional), este proyecto de ley procura cerrar los espacios de negociación colectiva de las y los trabajadores, profundizando así los alcances de las posturas autoritarias que están caracterizando a la formulación del tipo Estado que desean las élites político-económicas en esta época del “Consenso del Coronavirus”.

Podrían argumentarse con toda razón que nos encontramos en una crisis fiscal sin precedentes, pero les preguntamos aquí de todo lo que han propuestos los actores políticos ¿Qué asignaciones tienen que ver con la recuperación económica? A manera de ejemplo los grandes ausentes: política de empleo post-covid, alivio de deudas a la población, política de crédito blando para sectores productivos (pequeños y medianos), política contra la elusión y evasión fiscal integral o combate contra la morosidad de los grandes contribuyentes, impuestos selectivos sobre a las nuevas actividades económicas, por citar los grandes ausentes.

No es de extrañar que las grandes propuestas de negociación presentadas el pasado octubre 2020 fueran el calco y copia de las recomendaciones de la auditoría del FMI, así que para esta ocasión no podemos ser ingenuos, los supuestos “Acuerdos Multisectoriales” fueron una forma de legitimar esta negociación, ¿Cuánto de eso está en la mesa de negociación? Sumado a estas estrategias, el FMI invita a participar con 5 minutos para exponer, así legitiman su estilo participativo (tenemos que tomar nota esta será la nueva forma “participativa” para futuras negociaciones).

Por esta razón, es importante reconocer que la hoja de ruta está planteada lo que justifica el porqué de las contradicciones entre las y los negociadores, ya que las negociaciones tomarán el rumbo que este Organismos cite, hay consenso en las elites de las bondades para esta reingeniería del Estado, las desigualdades estructurales continuarán (precarización laboral y erosión de los servicios públicos) y el privilegio de algunos se consolida (exoneraciones, privatizaciones y desregulación).

Ante esto es necesario reconocer la importancia de la protesta social como instrumento de incidencia pública, eso sí mientras siga existiendo, pero claramente insuficiente, se hace necesario repensar la participación desde otros espacios, y debemos abordar la discusión desde otras propuestas de trabajar y abordar el déficit fiscal y la estabilidad financiera, pero la urgencia es evidenciar los intereses en conflicto y dejar claro que la apuesta de la población seguirá siendo por una sociedad inclusiva y solidaria.

 

Imagen tomada de CRONICON.

Aún estamos a tiempo de hacer posible lo imposible

Adolfo Pérez Esquivel

Los pueblos buscan alcanzar la convivencia y la Paz en su dinámica permanente de transformación social, cultural, política y espiritual, entendiendo la necesidad de encontrar caminos de unidad en la diversidad.

La humanidad sufrió dos guerras mundiales con millones de muertos, heridos y el aumento de la marginalidad y pobreza; la comunidad de las naciones buscó superar esa tragedia y darse un código de conducta dando nacimiento a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, valioso aporte. La Comunidad de las Naciones avanzó en generar espacios de convivencia y reconstruir las vidas de los pueblos, pero sin modificar las estructuras de dominación económica y política capitalista que afirmaron su poder internacional provocando conflictos y otras guerras que aumentaron la confrontación Este- Oeste, la intolerancia, la discriminación y la concentración económica en pocas manos.

Esta ponencia la expuse en la Universidad Católica de Córdoba, Argentina, hace ya algunos años, pero pienso que tiene vigencia frente a la realidad actual y he sumado a la reflexión algunos problemas como la pandemia del Covid 19, tragedia sin precedentes que afecta a toda la humanidad y la otra pandemia que es el hambre en el mundo.

Thomás Merton señala que ningún ejército es garante de la Paz, todos están estructurados para ejercer la violencia del poder de las armas.

El mundo vive conflictos y guerras de “baja intensidad,” se suman los genocidios cotidianos del hambre, la pobreza y la concentración del poder de quienes manejan el poderío mundial e imponen a los pueblos mecanismos de dominación como la “deuda externa”, apropiándose de los bienes y recursos de países más pobres y débiles.

Hoy, a los golpes militares en diversos países, se suma la Lawfare, es decir la guerra judicial impuesta en Brasil contra Lula, en Honduras contra Manuel Zelaya, en Bolivia para el golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales, en Paraguay contra Fernando Lugo y la agresión permanente contra Cuba y Venezuela, que pone en evidencia la política de dominación que intenta imponer los EEUU al continente latinoamericano.

La humanidad debe enfrentar desafíos que supera en muchos aspectos los conocidos hasta nuestra época, la ciencia y técnica han generado nuevos caminos y debemos estar atentos. Simplemente quiero señalar algunos de estos emergentes que nos preocupa.

La tecnología ha llevado a la humanidad a la aceleración del tiempo que ha alterado el ritmo natural y provocado en el ser humano y nuestras sociedades cambios profundos e irreversibles, como los ritmos asimétricos que viven los pueblos llamados sub-desarrollados que no podrán alcanzar a quienes disponen del conocimiento tecnológico y científico.

El tiempo de la técnica es diferente del tiempo cósmico, así como del tiempo humano. Es más, la tecnocronía no sólo transforma el tiempo cósmico, sino también la temporalidad humana y por ello la técnica tiene el formidable poder de modificar, además, de la naturaleza humana, la naturaleza a secas. – como señala R. Panikkar.

En todo caso es un hecho que el hombre solo sin la ayuda de la técnica, no sigue a la máquina, sino que es engullido por ella. Por otra parte, debemos tener conciencia que la tecnología llegó para quedarse y por lo tanto es necesario desarrollar la capacidad del equilibrio y no de la dependencia.

La humanidad dispone de condiciones tecnológicas y científicas para superar el hambre, basta leer los informes de la FAO donde afirma que por día mueren en el mundo más de 35 mil niños de hambre. El hambre es un mal crónico y la pandemia del Covid 19 ha profundizado la desigualdad social, se calcula más de 821 millones de personas en el mundo víctimas del hambre. Un genocidio económico del cual no se habla y que pasa a ser parte de los llamados “olvidos intencionados”, en un mundo que está en condiciones de superar ese terrible flagelo que afecta a la humanidad.

El médico brasileño Josué de Castro quien fuera director de la FAO, en la década del 60 publica una obra que continúa vigente, “La Geografía del Hambre” señala la grave situación de desigualdad entre los pueblos. Son las guerras silenciosas que afectan a gran parte de la humanidad; “Josué Señala que, “el hambre es la manifestación biológica de una enfermedad sociológica”.

Quiero recordar al Dr. Norman Burlog, quien recibiera el Premio Nóbel de la Paz en 1970 por la llamada “Revolución Verde”, una excelente persona con quien me reuní en varias oportunidades. Creía que su trabajo sería comprendido y aplicado para superar el hambre en el mundo, tenía claro la necesidad de encontrar nuevos métodos y técnicas de producción de alimentos; sin embargo sus aportes se utilizaron para los monocultivos y tecnología de alto costo e impacto ambiental, la imposición de los agro tóxicos para alcanzar los rindes de producción, en nombre del desarrollo y el aumento de las fronteras de los monocultivos van destruyendo la biodiversidad, expulsando a los pequeños y medianos productores rurales y dañando la vida y a la Madre Tierra-

Con Norman Burlog hemos conversado y discutido sobre la producción, el desarrollo y la soberanía y la cultura alimentaria de gran diversidad y riqueza de los pueblos, como el impacto de los monocultivos impuestos a la producción sobre los pequeños y medianos productores rurales. Políticas aplicadas por gobiernos y empresas que confunden desarrollo con explotación, dañando la biodiversidad y riqueza de las comunidades y pueblos y profundizando la desigualdad con aquellos que no disponen de los recursos económicos y técnicos para superar las asimetrías y desigualdades y sufren los impactos ambientales y económicos, siendo desplazados de sus territorios e imponiendo los agro-tóxicos y la dependencia a las semillas transgénicas. Sumándole a esas políticas económicas la megaminería, que provoca graves daños a los bienes y recursos naturales como el agua y al medio ambiente.

Estas políticas de explotación no pueden ser aplicadas sin la aprobación y complicidad de los gobiernos, que apuntan a la coyuntura, y no a los cambios estructurales que los pueblos necesitan para su vida y desarrollo.

En la Universidad de Tokio, Japón, hace ya algunos años tuve la oportunidad de conocer a Vandana Shiva investigadora india, quien viene trabajando y denunciando las causas y efectos de la producción agrícola, las políticas y consecuencias de los grandes intereses económicos.

Es importante conocer sus trabajos y algunas de sus obras fundamentales, la “Bio-piratería“, “La cosecha robada”, “La democracia de la Tierra,” entre otras , donde expone la grave situación de los campesinos en la India por la apropiación de sus saberes y experiencias sobre las semillas que se fueron transmitiendo de generación en generación y que hoy, empresas trasnacionales se apropian y patentan, las semillas y saberes de los pueblos, y cuando éstos reclaman sus derechos son reprimidas sus protestas sociales, les obligan a pagar las semillas transgénicas y encima les aplican la ley antiterrorista, violando los gobiernos el derecho de los pueblos.

Es necesario cambiar los ejes de nuestros análisis, como lo señala F. Kapra: “los nuevos conceptos de la física han ocasionado un profundo cambio en nuestra visión del mundo, determinando el paso de una concepción mecanicista newtoniana, a una holística y ecológica y buscar los valores y ética en nuestras sociedades, universidades, escuelas y promover la participación social y proteger a la Madre Tierra.

Es prioridad de los pueblos el preservar los recursos naturales, el agua y la biodiversidad, hoy en peligro por la devastación y voracidad de aquellos que privilegian el capital financiero sobre la vida de los pueblos; olvidando que precio y valor no son lo mismo. Hay quienes piensan que hay que “humanizar el capitalismo”, no creo que sea posible porque nació sin corazón. Es la deshumanización que pierde el rostro y conciencia de la humanidad.

Los avances tecnológicos tienen muchas luces y sombras; por un lado, la ciencia ha prolongado la vida de los seres humanos, eliminado las distancias entre los pueblos, eleva la vida hasta un grado insospechable hasta hace poco tiempo en el mundo y por otro debemos tener conciencia que la máquina ya no se adapta al hombre, sino que es éste quien debe adaptarse al ritmo de la máquina. Lo que debe tenerse presente es la aceleración, la vida del ser humano y la técnica nos ha llevado a preguntarnos hacia dónde vamos y para qué.

Quiero plantear brevemente qué entendemos por derechos humanos, si bien en la carta de la Declaración Universal de los DDHH de las Naciones Unidas sus principios están en las bases y valores de las religiones y pensadores en diversos tiempos y épocas, es fundamental clarificar desde donde se debe hacer un abordaje correcto para no caer en el acotamiento y cansancio de las políticas de DDHH.

Los derechos humanos son integrales y hacen a la vida misma de las personas y los pueblos. Hoy son las comunidades que sufren la falta de garantías para desarrollarse plenamente en la democracia, por lo tanto, DDHH y democracia son valores indivisibles, se construye en el hacer cotidiano, en la participación social, cultural y política, por lo tanto, debemos comprender los derechos humanos desde su integridad y restablecer el equilibrio entre el ser humano y la Madre Tierra, preservando la creación y su evolución.

Es urgente proteger la vida planetaria antes que sea tarde, en volver la mirada y el pensamiento en restablecer el equilibrio entre las necesidades del ser humano y la Madre Tierra, nuestra Casa Común, hay caminos a seguir teniendo presente la vida planetaria, las Encíclicas del Papa Francisco, Laudato Si y Fratelli Tuti son un llamado a la mente y al corazón. Otros pensadores, teólogos, científicos llaman a encontrar nuevos caminos para la vida.

Es necesario encontrar nuevos paradigmas hacia la construcción de un “Nuevo Contrato Social”, caso contrario los grandes intereses económicos continuarán destruyendo la Casa Común. La rebelión de los pueblos frente a la situación actual es poder recuperar el equilibrio entre sus necesidades y el respeto a la Madre Tierra antes que sea tarde. Las actuales democracias delegativas no responden a sus necesidades y es necesario la construcción de democracias participativas, donde puedan ejercer sus derechos y tomar decisiones y no derivar todo el poder en sus gobiernos y poder determinar el camino a seguir-.

Algunas posibilidades y pistas para encontrar caminos alternativos: la Academia de Ciencias del Ambiente de Venecia, Italia, ha lanzado la campaña para constituir el Tribunal Penal Internacional sobre los crímenes ambientales que la humanidad viene soportando en el mundo, como la devastación y contaminación, las quemas y deforestación. La propuesta es la reforma del Art. 7 del “Estatuto de Roma” e incluir los crímenes de lesa humanidad contra la Madre Naturaleza, por la

degradación que provocan empresas que actúan con total impunidad y complicidad de muchos gobiernos, como la destrucción de la capacidad productiva de los pequeños y medianos productores.

Si vemos el tiempo recorrido desde la Cumbre de Río, hasta Río + 20, tenemos que señalar que fue Río- 20, en donde las posibilidades de avanzar fueron inversas a lo anunciado y que continúa profundizándose la destrucción de los bosques, la biodiversidad y alcanzando en muchos países índices de contaminación y destrucción de los recursos naturales, como el agua, provocando daños ambientales irreversibles.

La campaña de la FAO es llegar al año 30 como meta para superar el hambre en el mundo, pero no creo que ese objetivo se alcance en la actual situación mundial de explotación y dependencia.

Frente a la pandemia del Covid 19 que sufre la humanidad es urgente que las vacunas lleguen a todos los sectores sociales y sean un bien libre y gratuito para toda la humanidad. Las vacunas van a ayudar, pero no van a resolver el mortal virus del Covid 19, el problema es restablecer el equilibrio con la Madre Tierra. Hay que aprender a vivir

Es urgente despertar conciencia crítica, valores, y comprender que somos parte y no dueños de la Madre Tierra; necesitamos cambiar la estructura del pensamiento cartesiano y comprender el pensamiento holístico que nos permitirá recuperar el sentido de pertenencia, identidad y valores, es decir el equilibrio de la creación.

Son muchos los desafíos que enfrentamos en nuestros países y el mundo y debemos buscar en nuestro interior la fuerza de la espiritualidad y poner en práctica el amor en acción. Hacer caminar la palabra del pensamiento crítico y valores, que nos permita generar y construir un “nuevo contrato social” para proteger la creación y no caer en el derrotismo, en que no hay salida al sistema imperante y a los mecanismos de dominación que hoy agobian y sufre las dos terceras partes de la humanidad. La peor de las derrotas es la resignación.

Necesitamos fortalecer la esperanza en que otro mundo es posible, no los paliativos que calman el dolor, pero nada cambia, es decir la necesidad de asumir los desafíos, la resistencia y despertar de los pueblos, dejar de ser espectadores y asumirse como sujetos y constructores de su propia historia antes que sea tarde para la vida planetaria.

San Isidro 8 de enero del 2021 en tiempo de pandemia.

 

Compartido con SURCOS por Nayla Carvajal Sancho.

La ineficacia de la derogatoria al mandato de alcaldes

Carlos Meneses Reyes

La Constitución Política de Colombia de 1991 (CP91) se ufana de ser garantista. En su artículo 103 consagra el mecanismo de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía conocido como revocatoria del mandato. Pero como sucede en un país de leguleyadas (santanderismo), el mandato del constituyente primario resultó diluido en el cuerpo normativo de su reglamentación. El ejercicio de la democracia directa en contraposición al de la democracia representativa o indirecta, perece, como si se tratara de dos formas contrapuestas, en un mismo de sistema de poder. La conquista de las diversas formas de ejercicio soberano del pueblo, resultan letra muerta.

 En Colombia no existe el llamado Poder electoral. A diferencia de avances en el constitucionalismo latinoamericano que lo consagra expresamente; ese tal llamado cuarto poder- el electoral- constituye un adefesio, una afrenta en Colombia y para con el mundo. Se conocen los efectos adversos de los procesos de revocatoria de alcaldes, sin prospecto de efectividad o viabilidad, difuminada a lo etéreo en la maraña de recursos. Cito la frustración de la salida, por bien armada acción de revocatoria contra el entonces alcalde de Bogotá DC, Enrique Peñalosa y también traigo a colación la revocatoria contra la alcaldesa de Ocaña, Miriam Prado, bajo condición de subjudice y expresidiaria por delitos comunes contra la Administración Pública.

Se trata de dos casos emblemáticos.

1.- En el del exalcalde Peñalosa primó el uso de argumentos traídos de los cabellos como el concluir que a los registradores distritales no les había sido posible expedir la certificación sobre firmas recaudadas al no fijar la ley plazos razonables para emitir tales certificaciones. Se creó hasta una fundación para defender al alcalde encartado, con mentiras, para su aval como comité. Lo convirtieron cual proceso contencioso declarativo, ungiéndolo con el debido proceso, a la defensiva y a ser elegido. Algo así como mistificar quien por ser elegido popular no se le podía revocar; o como quedaría los que ejercieron el voto a su favor. Reducida la acción directa popular de revocatoria del mandato a un contencioso administrativo; significó que el acto soberano de la recolección de firmas-que obviamente ha de ser certificado- lo redujeron a la mínima expresión de importancia, consistente en que, aunque se necesitaban 240.000 firmas, el golpe político lo represento el abultado recaudo de un millón de firmas en su contra.

Aquí el Consejo Nacional Electoral (CNE) no tiene carácter jurisdiccional y por ende no tiene competencia para dirimir ningún contencioso entre el pedido ciudadano de revocatoria y el encartado. Se carece de una jurisdiccional especializada para el efecto de delitos electorales y por ende del artículo 103 citado de la carta Constitucional. El actual sistema electoral no garantiza el mandato constitucional de Partidos y Movimientos Políticos organizados democráticamente; ni sus procesos de democratización interna. Tampoco las manifestaciones de acción de participación del pueblo en ejercicio soberano, como lo son la revocatoria directa del mandato, el cabildo abierto, la consulta popular. Todas maniatadas por la enredadora legalista, leguleya y atrabiliaria. A ello agregarle el abusivo e improcedente uso de la tutela por parte de los gobiernos municipales en cuestión, para evitar que prospere el uso de la acción pública y popular de la población expresada en su contra.

Toda esa divagación sobre el debido proceso, a la defensa y a ser elegido conllevó a sepultar la iniciativa popular de revocatoria del mandato en una parodia con representación burlesca…Un experimento ciudadano parodia la revocatoria contra Peñalosa. La intervención de la Rama Judicial y su propósito ideo-político, plasmó lo improductivo de una acción de revocatoria del mandato, relegándolo a ninguna ganancia política. Es objetivo, de todo accionante contra el mandato, fundar en exposiciones objetivas demostrables, las razones que den cuenta del incumplimiento del plan de gobierno y la justificada acreditación de la inconformidad de la ciudadanía. Se sobreentiende y acepta que no se trata solo de la mecánica de la recolección de firmas. Se admite que el alcalde ejerza su derecho a demostrar la falta de fundamento de quienes quieren revocarlo. Pero se trata de una actuación procedimental breve y sumaria, de ejercicio directo, oral y abreviado, si se quiere y no a formalismos que desnaturalizan la esencia misma de la revocatoria del mandato, como tal. Desconocen que se trata de un ejercicio de oposición política y no de actuación administrativa alguna en contra del alcalde cuestionado. En el caso contra el alcalde Peñalosa, actuaron el Consejo de Estado y la Corte Constitucional. Que más da. En esa decisión, la Corte también ordenó al Congreso reglamentar los futuros procesos de revocatoria para garantizar los derechos al debido proceso y a la información. Y con euforia ese poder legislativo mafioso “le mete el diente”, como lo hizo al desnaturalizar los Acuerdos de La Habana, con la extinta guerrilla de las FARC. De manera, que el CNE no solo sepultó la revocatoria, sino que sancionó a su promotor “tutelando” los derechos del alcalde.

  • – En el caso de la ex alcaldesa de Ocaña, Miriam Prado, se acreditaron las firmas para la revocatoria. Se fundamentaron los cargos en el ejercicio fraudulento de su mandato contra las arcas públicas. Se demostró la procedencia de las acciones penales en su contra con reclusión en prisión. Se efectuó la jornada electoral de revocatoria respectiva trayendo como resultado que votaron en su contra más sufragantes que el número de votantes que la habían elegido. Pero en este caso particular jugo el Mefistófeles, aliado con Maquiavelo, con el recurso leguleyo del umbral de votos; el cual bajo operaciones matemáticas no alcanzaron los votos depositados – pese a todo-para la revocatoria. En el aquelarre de rituales, cual conciliábulo de brujos, el jefe puma blanca, entronizado por el clientelismo y corrupción, ordeno al acumulado de sus votos cautivos, la estrategia de abstención, de no votar. Ello, traducido en el lenguaje mesiánico, significo la no compra de votos o el pago por no salir a votar. Se considera, además, que la administración pública local buscó mecanismos de presión, al aliarse con los contratistas para que no salieran a votar los ciudadanos. A ello se agregaron alcaldadas, como la disposición súbita de cambios de vías, cierre de acceso de vías principales y ajustadas reparaciones el “día de las elecciones” y a un sinnúmero de consideraciones que adornaron la ejecución de todo un plan diablesco, rayante con el cinismo, plasmando la estridente, sonora y burlona carcajada, a que quedó reducido el soberano interés popular.

La imperiosa necesidad de la reforma política y electoral

Pese a existir la CP91, que suprimió la medida del “Estado de Sitio”; el Sistema Electoral Colombiano continua vigente gracias a un Decreto de Estado de Sitio, sacado a espaldas del poder legislativo y es así como por medio del Decreto 2241 del 15 de junio de 1986, se adoptó el Código Electoral, en lo del binomio Código Electoral Colombiano- Registraduría Nacional del Estado Civil. Esa vergüenza jurídica, empotrado en el “estado de derecho” colombiano, es el causante de múltiples males a la Nación colombiana. Sin pena ni gloria persiste un adefesio en contra del mandato constitucional. Esta ilegitimidad y estado de cosas inconstitucional (eci) no se puede ocultar y demuestra el ejercicio dictatorial del poder oligárquico en Colombia. Ahora, para remediar tales males, a fecha 22 de diciembre de 2.020, el actual congreso colombiano, de mayoría narco-paramilitar, con 82 votos a favor y 20 en contra, en sesión plenaria mixta extraordinaria del Senado, se aprobó la proposición final del informe de Conciliación del proyecto de ley para reformar el Código Electoral. El Proyecto de Ley es el 234 de 2.020 Senado y 409 de 2.020 Cámara “Por el cual se expide el Código Electoral Colombiano y se dictan otras disposiciones.” Motivan los votantes en contra, que permanecieron normas retardatorias intocables, que no garantizan unas elecciones limpias y que la aprobación de tal entuerto legislativo se hizo de manera virtual, violando el espíritu de la Constitución Nacional. No se resuelve la prohibición de la violencia política y de género en propaganda electoral y lo relacionado con la responsabilidad administrativamente en lo electoral. Lo de la jornada electoral en estado de emergencia. La implicación de facultades extraordinarias en lo electoral. Lo relacionado con el voto de extranjeros y la biometría en particulares. La constancia de la oposición política, por parte de (Colombia Humana) lo hizo el senador Gustavo Petro, expresando que “con este Código Electoral la Colombia Humana no tendría participación en las próximas elecciones 2.022.”

De manera que son muchas las preocupaciones y con 82 artículos que generaron múltiples discrepancias, nos encontramos con un acto legislativo de reforma constitucional fallido y una frustración más para el pueblo colombiano, debiendo afrontar lo que ello repara. Esta tal reforma resulta ser un remedio peor que la enfermedad. No cumple con el mandato consignado en los Acuerdos de La Habana, de compromiso ineludible, por parte del Estado colombiano, en su implementación

Se hace imperiosa la necesidad de la reforma estructural a los procedimientos en lo de reforma política y electoral consagrada en el numeral 4 de los citados Acuerdos, agobiados por la constante de hacerlos “trizas” en violación al pacta sud servanda que inspiro la dejación de las armas por parte de las traicionadas a FARC-EP.

El análisis de la ineficacia a que ha sido reducido el mecanismo de expresión soberana y popular de la revocatoria del mandato enfila en la consideración del análisis del sistema corrupto electoral colombiano, que continua vigente. Obedece a la constante del llamado “orden contra insurgente” que la secta política, que no partido, en el poder, impulsa en todos los ámbitos de la vida nacional; siendo el causante de tantas desgracias. Todo ello por cuanto que el actual sistema electoral es el que ha permitido la permanencia e influencia de una casta política inspirada en lo antipopular y alimentada de los recursos del narcotráfico y el para militarismo, que les permite atornillarse en el ejercicio dictatorial del poder. Ante los avances del descontento social y del movimiento popular de masas, perciben pasos liberatorios que los colocan en una defensiva de miedo al pueblo y apresuran presentar proyectos estentóreos, con ecos mediáticos, que resultan impotentes a sus propósitos hegemónicos.

El papel jugado por la Registraduría continúa siendo el de su utilización como un botín burocrático al servicio de quien resulte ganador en el proceso electoral. Actualmente la Registraduría cuentas con 4.000 funcionarios y solo eran de planta unos 600. Con este proyecto conciliado 1.120 registradores municipales quedan en el vaivén de la libre remoción, perdiéndose la confianza y calidad de independencia en el cargo, anunciando lo incierto de las reglas de juego para la oposición y la suerte de la contienda electoral. Se confirma así que el que escruta elige.

La tal reforma resultó ser la prolongación de la práctica del carrusel de la compraventa de votos, que emprende con diligencia y presteza el Consejo Nacional Electoral (CNE) y que se refleja en su ejecución por las mafias narco paramilitares en las regiones

Un gobierno ilegitimo le teme a l debate y la confrontación directa con la población organizada

Se es dado en afirmar, que en Colombia proyectar los profundos y radicales cambios políticos, sociales, económicos, militares y de defensa de lo ecológico, aún con propuestas Alternativas, resulta utópico. Esas rémoras políticas retrasan al movimiento popular; detienen el ansiado cambio e impiden la realización de aplicación de verdaderos programas que conlleven a una Revolución Institucional. La oposición política de la izquierda legal viva y expresa en las movilizaciones de masas, no tiene dueños. Obedece a una visión propia de país en lo político-social; subsiste con la presentación de programas máximos y mínimos, cual universo de ideas y propuestas inspiradas en la vocación de poder popular. Por eso trasciende, con cosmovisión propia, ante el alcance de los Progresistas, Reformistas, Socialdemócratas liberales, Humanistas; los cuales son sus aliados en la identificación de alianzas y lucha de resistencia contra la derecha militarista y ante la hegemonía oligárquica contra insurgente impuesta en el país.

En Colombia, se logra superar el desdibuje de la realidad política, al aceptar la inexistencia del llamado “centro”. Dinamiza la iniciativa en asonancia con la supremacía de las convicciones de posmodernidad que impera en el mundo. Se cuenta con el mayor acervo teórico de distinción y claridad, en el presupuesto dialéctico que, sin teoría revolucionaria, no se dan cambios revolucionarios. Comenzando por perder el miedo impuesto por la dictadura mediática a lo de “revolucionario”. Esto contribuye a la cualificación de la actividad política en la aplicación de una lingüística de distinción. Triunfa la aplicación de la lucha de los contrarios. Contribuye a su identificación, superando lo de “blandos”, “centristas”, “conservaduristas” y reivindicando al vergonzante de izquierda ubicado como “mamerto”. En el entorno de la actividad política se está ante la identificación de la lucha de contrarios entre la derecha y la izquierda. Este presupuesto se da como resultado de la cualificación del movimiento popular y el asomo de concretar una política de proyección, en el ineludible paso de obtención de un gobierno de transición en Colombia.

Primando la lucha contra el neoliberalismo y por la defensa de la democracia, acudir en las actuales circunstancias políticas por la que atraviesa el país – que he intentado esbozar en lo anteriormente escrito- a la revocatoria de mandato a alcaldes, como mecanismo de participación popular, resulta improductivo. A más de 28 alcaldes en el país intentan aplicarle la revocatoria del mandato, transcurrido un año de su posesión y con aplicación de los requisitos en la Ley 134 de 1994. Pero no se trata de una aplicación de uso mecánico en el tiempo, como si llegara la época del invierno o el verano. Seguro que ese número de alcaldes arribaron al poder con sobrado juego de engaños y artimañas, propio de un sistema electoral corrupto y de casino, imperante. A sus motivadores les puede asistir la convicción y demostración que como mandatarios han incumplido el programa de gobierno, por el cual fueron elegidos. Se darán casos sobrados de existencia de descontento generalizado entre la ciudadanía contra la gestión de determinados actores en cuestión. Resaltarán los indicios y pruebas de incumplimiento descarado a las promesas de campaña y querrán, con el uso de ese instrumento, definir el futuro de tales elegidos y someterlos a la voluntad ciudadana. Pero tal como está el estado de cosas inconstitucional (eci) en el país, todo resultará vano e ineficaz. No compensa el desgaste político de líderes y de activistas que le restan dinámica al avance del movimiento de protesta de Resistencia social. Precisamente, ese acumulado de incumplimientos es el que deben afrontar los ilegítimos ungidos de falsa autoridad ante el reclamo de la lucha popular, la Minga indígena, el Paro Cívico Político Nacional. Todas las causas y motivaciones están dadas para la movilización popular en esos 28 municipios citados. Esos alcaldes y sus asesores, cual perros rastreadores, en el uso astuto de los recursos, preverán que si dieren con alguien sagaz, no les tomarían el pelo de manera aguda y perspicaz. Ese recurso de participación popular, mediante el instrumento legal de reglamentación, quedó cual armatoste de gran tamaño y poca utilidad y el diligente líder social queda a la zaga, en la parte trasera, cual corredor que no asimila la competitividad, en esa desigual competencia. Seria más de lo mismo.

La indispensable reforma electoral fue sepultada por el poder legislativo, representativo de los bloques de poder antipopulares imperantes. Votar por votar no representa las aspiraciones de representatividad del pueblo colombiano, con postulaciones a cargos públicos de gentes cuestionadas, con un sistema de financiamiento a los partidos anidados bajo la corrupción, el clientelismo y la compraventa de votos. Asistimos a la existencia de un sistema institucional electoral perverso entronizado en la impunidad y la corrupción. Todas las estructuras del sistema electoral vigente, desde su institucionalidad registral, carente de la buena fe pública, rodeada de ilegitimidad, hasta el ejercicio mismo de la práctica electoral, están viciados.

De epidemias, pandemia y sindemias

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense.

De epidemias de toda clase ha estado surcada la larga historia de la humanidad, éstas no sólo han sido de orden natural o biológico en estricto sentido, sino que casi todas ellas se han exteriorizado, dentro de una naturalidad muy impregnada por lo social, con toda clase de situaciones paradojales, puntos de encuentro y desencuentro hacia el interior de la sociedad misma, dentro de lo que han sido siempre unas tensas y asimétricas relaciones con la naturaleza, las que con el paso del tiempo han venido estrechándose, y alcanzando peligrosos límites que eran insospechables, al menos durante el siglo XIX, cuando innumerables autores expresaban su optimismo acerca de los inagotables recursos del planeta. Hoy la naturaleza nos lanza advertencias no siempre explícitas de que las cosas han cambiado: el problema es que la especie humana hace como si esos peligros no existieran, por lo que no introduce los cambios requeridos en su accionar.

Como un resultado visible de las actitudes humanas que han venido imperando, en este cambio de siglo nos alcanzó una epidemia de proporciones totales y con temibles efectos para la población, de tal manera que se le ha dado el calificativo de pandemia por ser una enfermedad extendida dentro una dimensión planetaria jamás alcanzada anteriormente, esa es el Covid 19, con una escala o condición totales que no alcanzaron ni la gran peste negra de la Edad Media europea, ocasionada por las ratas y el desconocimiento de los agentes patógenos que aquellas incubaron, ni la mal llamada “gripe española” de 1918-1920, una especie de deriva o “daño colateral”, provocado por las malas condiciones sanitarias a que dio lugar la Gran Guerra Europea (1914-1918), aunque ambas hayan ocasionado la pérdida de millones de vidas, no alcanzaron a ser pandemias en estricto sentido y difícilmente hubieran sido percibidas como tales.

La más reciente noción de sindemia apareció por ahí, de manera sigilosa, hace ya unos treinta años, pues se afirma que: “ El término sindemia, que es un neologismo creado con la unión de las palabras sinergia y epidemia, fue acuñado por Merrill Singer a mediados de la década de 1990 y desarrollado en su libro Introduction to syndemics de 2009”(Aristos Veyrud ECONOMÍAS); ahora bien, tengo la impresión de que todavía no hemos encontrado el término para designar el exterminio de hecho de buena parte de la población mundial, lo que implícitamente ocurriría una vez que se despliegue en toda su intensidad la llamada Cuarta Revolución Industrial, con la automatización de la mitad de los puestos de trabajo (para el caso de Costa Rica), aunque los apóstoles de ésta anuncien medidas paliativas (aquellas que alivian, pero no evitan el deceso del paciente) diz que para enfrentar ese fenómeno, a pesar de que no hay duda alguna que ese desempleo masivo se sumaría al que ya ha generado el Covid 19, en fin se trata de otro fenómeno epidémico para el que no habrá ninguna vacuna. Esa no este otra cosa que la cara política de un evento de suyo tan complejo, la dictadura del capital financiero se dispone a asaltar el estado social de derecho y los últimos bastiones del capital productivo, por lo general anclados en los estados nacionales que intentan reafirmar su soberanía frente a los poderes fácticos o silenciosos, los que van mucho más allá de la lógica de la existencia de los estados nacionales y de los requerimientos efectivos de las grandes poblaciones del planeta.

Frente a la amenaza latente, pero no oculta y más bien manifiesta, de la automatización masiva de los puestos de trabajo, sus apóstoles o emisarios nos dicen: ”Hay que mejorar y garantizar la protección social (algo en esencia paradojal) para evitar que los niveles de pobreza se disparen incluso mucho más en comparación con las cifras que enfrentamos actualmente con la pandemia”, apuntó el investigador (Andrés Fernández Arauz, Academia de Centro América)…Por esa razón, el estudio propone reducir las cargas sociales laborales que limitan la contratación de personal en las empresas…Costa Rica es un país con altas cargas laborales y esto desincentiva la creación de nuevas empresas y para las que sí se desarrollan, muchas lo hacen en el mercado informal” aseveró” (EL FINANCIERO n°1319 15 de enero de 2021, página 9). Todo esto es en realidad un conjunto de argumentaciones falaces que ocultan el efecto de las políticas recesivas, las que ha provocado la contracción del mercado interno, al disminuir estrepitosamente la demanda agregada de bienes y servicios. El capital financiero y sus agentes ideológicos se encargan de ocultar muy bien sus corridas financieras, en especial el peso insoportable de los intereses de la deuda interna sobre el conjunto de la economía, unos intereses asfixiantes con los que se beneficia ese sector social, con la ayuda de sus mentores ideológicos de la Academia de Centro América.

En estas condiciones sociales y políticas tan delicadas, sucede que las sindemias se desarrollan o irrumpen en condiciones de una gran inequidad sanitaria, la que por lo general tiene su origen en la pobreza creciente e intensificada, también el estrés o la violencia estructurales se encargan de hacer lo suyo en este macabro escenario, estamos avisados.