Ir al contenido principal

Autor: María José Ferlini Cartín

Cámaras empresariales accionan campaña de desinformación para perpetuar esquema de impunidad en delitos contra defensores ambientales

Escrito en . Publicado en Derechos, Madre Tierra.

-Es urgente convocar el Acuerdo de Escazú para discutirlo en la Asamblea Legislativa;
-Empresarios presionan para que no exista un marco legal robusto en materia de delitos contra defensores de la naturaleza;

(Bloque Verde, 30/11/2020) Es injustificable seguir poniendo en riesgo a defensores y defensoras de la naturaleza. Es inaceptable e irresponsable la posición de las cámaras empresariales en contra del Acuerdo de Escazú, las cuales pretenden que siga reinando en el país la impunidad en cuanto a crímenes contra defensores de la naturaleza.

Tanto la Cámara de la agroindustria como la Cámara de Industrias y la Unión de Cámaras Empresariales, han emitido documentos con afirmaciones temerarias, falsas y cargadas de argumentos ideológicos, en contra de un acuerdo internacional que vendría a ordenar la legislación en carácter de protección de los derechos ambientales, como lo es el Acuerdo de Escazú.

Los argumentos de las cámaras empresariales fueron desmentidos por el foro del Colegio de Abogados(1) del pasado 23 de noviembre. En el foro desglosaron uno a uno los argumentos falaces de los empresarios y dejaron en claro que esta campaña de las cámaras está fundamentada en interpretaciones lejanas a la realidad.

Además Nicolas Boeglin, abogado especialista en derecho internacional señala que el caso los empresarios costarricenses no es aislado. Boeglin señala que: “… tanto en Chile, como en Colombia, en Perú y en Paraguay, la discusión con relación al Acuerdo de Escazú en sus respectivos congresos se ha polarizado debido a una verdadera campaña de desinformación, gestada desde diversos círculos políticos y empresariales, haciendo uso de una creatividad pocas veces observada para justificar la oposición a este acuerdo regional”, puntualizó el abogado(2).

La convocatoria de la agenda de proyectos de ley que envió el ejecutivo el día viernes 27 de noviembre a la Asamblea Legislativa dejó de lado la posibilidad de que se vote un acuerdo internacional que vendría a posibilitar la instalación de mecanismos para el acceso a la información y la protección de la seguridad y la vida de las quienes protegemos el agua, la biodiversidad, los ríos, los bosques, la vida silvestre terrestre y marina, etc.

El nombre completo de este convenio internacional es: El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como “Acuerdo de Escazú”. Fue impulsado y firmado por Costa Rica en 2018 y en este momento se espera que sea ratificado por la Asamblea Legislativa para que pueda ser depositada la adhesión formal en Naciones Unidas y de esta forma entre a regir.

Uno de los alcances, que es importante mencionar, de este acuerdo es que daría la posibilidad de exigir al Estado la protección de los y las defensores ambientales en caso de que sean amenazados o perseguidos por su accionar en defensa de la naturaleza.

El Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica señala que no se puede “pensar que Costa Rica por su “liderazgo verde” se encuentra como la excepción en la región Latinoamericana y Caribeña. Sobre la precaria situación que atraviesan las y los defensores ambientales, el recuento de los hechos demuestra que vivimos situaciones que de no ser enfrentadas, podrían derivar en una mayor desprotección de estas personas”.

Este mismo centro universitario señaló que en la historia reciente de Costa Rica existen casos de defensores de derechos humanos y ambientales que han sido asesinados. Los crímenes de Yerhy Rivera en 2020 y Sergio Rojas en 2019; los cuales siguen en impunidad en un contexto de racismo, que impide el seguimiento de las investigaciones para buscar los autores materiales e intelectuales.

Pero a esto se suman otros crímenes más, como el cometido contra Jairo Mora en Moín en 2013. Y recuerda la deuda histórica que tiene el país en la búsqueda de justicia para los integrantes de Asociación Ecologista Costarricense asesinados 26 años atrás.

Por esta razón es urgente que se avance en aprobar el Acuerdo de Escazú y para tal objetivo el gobierno de Carlos Alvarado debe comprometerse con éste y priorizar su trámite en la Asamblea Legislativa; de lo contrario está posponiendo de forma injustificable la aplicación de un tratado internacional que vendría a dar seguridad a la labor de miles de personas a nivel nacional. Activistas, ecologistas, campesinos, campesina, indígenas, funcionarios de instituciones que impulsamos la conservación y el resguardo de los ecosistemas, y que en muchos casos lo hacemos a costa de la propia vida o seguridad personal.

Nota:

  1. Charla «Acuerdo de Escazú y sus alcances en la normativa ambiental Costarricense» https://www.youtube.com/watch?v=9sFJf7bhdKc&list=UUrIRgU3jsDPuy7Gh02MaAkQ
  2. El Acuerdo de Escazú: a propósito de recientes comunicados en contra de su aprobación https://delfino.cr/2020/11/el-acuerdo-de-escazu-a-proposito-de-recientes-comunicados-en-contra-de-su-aprobacion?fbclid=IwAR0R01xRmdY7IG_oo25itSYJ2z2Fr_oKVCqwAqGxMtKOrnaOVAwdoG0g_Qc

 

Imagen tomada de Youtube.

El Acuerdo de Escazú: a propósito de recientes comunicados en contra de su aprobación

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR)

En días recientes, varias cámaras empresariales costarricenses han circulado cartas dirigidas a integrantes de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, presentando una serie de argumentos jurídicos en contra de la aprobación del Acuerdo de Escazú.

Como bien es sabido este último es un tratado internacional, adoptado en marzo del 2018 bajo los auspicios de la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas (CEPAL), y cuyo nombre completo es: «Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe«.

Breve puesta en contexto

Desde el 26 de setiembre del 2018, este tratado regional, adoptado en Costa Rica en marzo del mismo año (véase texto completo de su versión oficial en español) está abierto oficialmente a la firma de 33 Estados (América Latina y el Caribe).

En la literatura especializada (Nota 1), se considera que fue una declaración conjunta del mes de julio del 2012 (véase texto completo) suscrita por Chile, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay la que constituyó el punto inicial de un proceso que culminaría tan solo en marzo del 2018 en el cantón costarricense de Escazú, después de nueve largas rondas de negociaciones entre las 33 delegaciones oficiales.

En esta declaración conjunta, se puede leer que:

«Asimismo, reconocemos y subrayamos que los derechos de acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental son esenciales para la promoción del desarrollo sostenible, de la democracia y de un medio ambiente sano, y aportan múltiples beneficios tales como: contribuir a tomar mejores decisiones y aplicarlas más eficazmente; involucrar al público respecto de los problemas ambientales; aportar a la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión pública; y facilitar un cambio en los patrones de producción y consumo«.

Este grupo pionero de Estados, que impulsaron decididamente esta novedosa iniciativa en el 2012, no coincide con los primeros once Estados en ratificar este instrumento regional para que pueda entrar en vigor: siendo el caso de Chile el más estridente e inconsistente, al negarse oficialmente sus máximas autoridades (y ello hasta la fecha) a tan siquiera… firmar el Acuerdo de Escazú (Nota 2).

Las preocupaciones recientes externadas por el sector empresarial costarricense en breve

A diferencia de lo que dejan entender los recientes comunicados circulados por diversas cámaras empresariales costarricenses en contra de este tratado, el texto del Acuerdo de Escazú es extremadamente mesurado y ponderado de manera a garantizarle a cada Estado un margen de maniobra y cierta flexibilidad a la hora de implementar cada una de sus disposiciones. No es lo propio de este tratado en particular, sino que se inscribe dentro de una técnica convencional, encontrada en un sinnúmero de tratados multilaterales en materia ambiental y en otros ámbitos. Cabe recordar que al ser el resultado de nueve largas rondas de negociaciones entre los 33 Estados de América Latina y del Caribe realizadas entre el 2014 y el 2018, cada párrafo fue objeto de revisiones, enmiendas y modificaciones adicionales, en aras de consensuar una formulación que fuera la más aceptable posible para 33 delegaciones provenientes de realidades jurídicas, institucionales y políticas muy diversas.

En un comunicado inicial de la Cámara Nacional de Agricultores del 8 de octubre del 2020 dirigido a los jefes de fracción del Congreso costarricense (véase texto completo), se puede leer que:

“En conclusión, el Acuerdo de Escazú tiene un conjunto de falencias jurídicas, tanto convencionales, constitucionales como legales que al no ser subsanables por las eventuales reservas estatales, entrarían en vigencia de ser aprobado; lo anterior sin perjuicio de las antinomias generadas respecto de tratados de libre comercio“(sic.).

Por su parte la Cámara de Industrias de Costa Rica en una carta del 19 de noviembre pasado (véase texto completo) llega a conclusiones similares, segundada, por otra larga carta distinta, de 12 largas páginas, suscrita esta vez por la Unión de Cámaras (UCCAEP), y que concluye señalando lo siguiente:

“Señoras y señores diputados, cómo hemos podido expresar, existen suficientes reservas y preocupaciones en torno a este expediente legislativo, países como Chile, que fue uno de los países proponentes, notificó a la Cancillería ya que no procedería con su ratificación, ya que han identificado los mismos peligros que hemos podido confirmar en nuestro ejercicio de análisis. Adicionalmente, aprobar este instrumento en medio de una situación tan complicada como la que vive el país, más bien envía señales negativas y no procura generar un ambiente propicio para fomentar la inversión y dar seguridad jurídica “(sic.)

Estas repentinas objeciones, provenientes de estas tres entidades denotan algo raramente visto con relación al trámite de aprobación de un tratado internacional en Costa Rica: en efecto, no se tiene registro de una reacción similar en contra de un instrumento internacional en materia de ambiente o de derechos humanos que haya despertado tantas reacciones en su contra en Costa Rica en unas semanas. El calificativo usado de “repentinas” se explica en razón del hecho que durante la etapa inicial en la que la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate por unanimidad este mismo texto, en febrero del 2020, no se había desatado semejante ofensiva en contra del Acuerdo de Escazú. Tratándose del mismo texto, con las mismas disposiciones, cuesta entender qué pueden haber descubierto de tan preocupante y amenazante las cámaras entre el mes de febrero y noviembre de un mismo año.

Desde el punto de vista más sustantivo, los supuestos argumentos de cada una de estas tres cámaras reaparecen bajo diversas formulaciones en cada una de los tres cartas precitadas, por lo que resultaría de sumo interés conocer el origen exacto que motivo la elaboración de cada una.

No pretendemos en este corto espacio responder las diversas razones aducidas, dado que prácticamente, en particular desde la perspectiva internacional, cada una conlleva revisar cuestiones muy básicas (cómo se negocia un tratado internacional, quién es el destinatario de las obligaciones que contiene, cómo se formulan sus disposiciones para – precisamente – evitar este tipo de cuestionamientos): desde el punto de visto jurídico y en particular de la técnica jurídica empleada en el Acuerdo de Escazú, un reciente foro realizado por el Colegio de Abogados de Costa Rica (véase video, y en particular la exposición del Profesor Mario Peña, minutos 38- 1:14) desmitifica el contenido del Acuerdo de Escazú, haciendo ver cuán infundadas son las supuestas razones legales esgrimidas por estas entidades que reagrupan a una parte de la cúpula empresarial costarricense. Remitimos también a su reciente artículo (véase texto completo) titulado precisamente “Desmitificando el Acuerdo de Escazú” publicado en el sitio jurídico de DerechoalDia.

Con relación al punto específico de la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental que tanto pareciera preocupar a estas tres entidades (así como a una magistrada de la Sala Constitucional), un artículo del mismo especialista en derecho ambiental, de octubre del 2019, explica claramente que se trata de un principio que ha recibido acogida en la legislación y en la jurisprudencia de tribunales costarricenses desde hace ya muchos años, y que al parecer ignora la precitada magistrada de la Sala Constitucional (Nota 3).

A modo de conclusión

Desde varios meses, tanto en Chile, como en Colombia, en Perú y en Paraguay, la discusión con relación al Acuerdo de Escazú en sus respectivos congresos se ha polarizado debido a una verdadera campaña de desinformación, gestada desde diversos círculos políticos y empresariales, haciendo uso de una creatividad pocas veces observada para justificar la oposición a este acuerdo regional.

A modo de ejemplo, entre muchos, podemos remitir a este documento suscrito por altos mandos militares en Perú sobre la supuesta pérdida de soberanía en la Amazonía peruana (véase texto completo) o bien a este anuncio de cámaras paraguayas del sector agropecuario (véase texto completo) para que nuestros estimables lectores puedan apreciar mucho mejor el alcance de esta campaña de desinformación.

En el caso de Colombia, este artículo de El Espectador desmitifica los «mitos» sin mayor fundamento – como lo son muchos mitos – creados con respecto al alcance de este tratado regional. Recientemente, el talentoso equipo colombiano de La Pulla elaboró un video titulado “La nueva trampa que nos quieren hacer los congresistas“ (véase enlace), el cual responde precisamente a la gran cantidad de argumentos totalmente falaces en contra de este instrumento regional, desmenuzando de manera extremadamente ingeniosa muchos de los razonamientos oídos no solamente en Colombia: se trata de mitos escuchados en varios otros Estados del continente americano en contra del Acuerdo de Escazú, y que al parecer, cuentan ahora con adeptos en Costa Rica.

—Notas—-

Nota 1: Véase por ejemplo DE MIGUEL C., «Acuerdo de Escazú: pacto para la eco-nomía y democracia del siglo XXI«, in PRIEUR M., SOZZO G. y NAPOLI A. (Editores), Acuerdo de Escazú. Hacia la democracia ambiental en América Latina y el Caribe, Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral (UNL), 2020, 330 páginas, pp. 20-34, p. 22 (el texto integral de esta reciente obra colectiva está disponible en este enlace).

Nota 2: De manera a poder apreciar el pronunciado giro operado por las autoridades chilenas con relación al Acuerdo de Escazú, se puede comparar el texto de la declaración conjunta suscrita por Chile y Costa Rica en el mes de junio del 2018 (véase texto completo colgado – hasta la fecha – en el sitio oficial de la diplomacia chilena) con un documento reciente circulado el mismo día en que el Presidente chileno ofrecía su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas el pasado 22 de setiembre del 2020 (véase texto completo de 12 páginas que viene sin sello oficial ni firma de los dos ministros al final del documento, … y que se supone es un documento oficial). El título de esta nota de la DW (Alemania) del 21 de setiembre del 2020 retrata bastante bien, en nuestra modesta opinión, el espectáculo raramente visto por parte de un Estado con relación a un tratado internacional: “Chile: el rechazo al Acuerdo de Escazú acaba con la aspiración de liderazgo ambiental”.

Nota 3: Véase PEÑA CHACÓN M., “Acuerdo de Escazú y la carga de la prueba ambiental en Costa Rica”, Portal del Sistema de Estudios de Posgrado (SEP), Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR), octubre del 2019, disponible en este enlace. Sobre la situación particular en la que se encuentra el Acuerdo de Escazú en Costa Rica, y la complicación que ha generado la Sala Constitucional en el trámite de aprobación de este tratado, véase la sección “La peculiar situación del Acuerdo de Escazú en Costa Rica” en nuestro breve análisis: BOEGLIN N., “La reciente aprobación del Acuerdo de Escazú por parte del Senado de México”, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), Sección Voz Experta, edición del 17/11/2020, disponible en este enlace.

*Foto extraída de nota de prensa de la BBC, titulada “Los países en los que matan a más ambientalistas en el mundo y el terrible récord de América Latina”, 30 de julio del 2019.

Cumbre de la Internacional Progresista: El destino de la humanidad está en grave riesgo

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Fernando Astorga Gatjens,
luferag@gmail.com

Entre el 18 y 20 del presente mes de setiembre, se celebró la Primera Cumbre de la Internacional Progresista para debatir sobre la crisis que afecta a todo el planeta, las consecuencias previstas del colapso del capitalismo y para abrir caminos con el fin de “encontrar una opción progresista e internacionalista tanto a la globalización como al nacionalismo, y dar los pasos necesarios para lanzar plenamente la organización, que reúne a importantes intelectuales, diplomáticos, políticos y juristas de varios países”.

Se trató de un evento desarrollado de manera virtual orientado a formar un frente común tendiente a promover la unidad, la organización y movilización de las fuerzas progresistas para enfrentar y detener el avance de la derecha neo-liberal en el mundo.

La pandemia de la covid-19 ha puesto en evidencia los graves problemas que enfrentaban los países antes de que ésta apareciera y generara las múltiples crisis combinadas y que se retroalimentan recíprocamente. La devastadora crisis sanitaria ha provocado una crisis económica generalizada, una crisis social en pleno desarrollo, una crisis cultural de dimensiones todavía indeterminadas y, con seguridad, una serie de futuras crisis políticas que irán marcando la vida de muchos países y sociedades en los meses y años venideros.

Antes del 6 de marzo del año en curso, fecha en que se detectó la primera persona contagiada por el coronavirus en Costa Rica, la situación del país en las esferas económica y social no aparecía alentadora. El déficit fiscal emergía como una creciente amenaza, así como el incremento del desempleo. La tasa de desempleo para el primer trimestre de 2020 fue 12,5 %, según el INEC. Empero se preveía para este 2020, un crecimiento económico del 2,5 % (Banco Central, Banco Mundial). Sin embargo, una vez que la pandemia se hizo presente, esas cifras se hicieron añicos. Hoy, a más de seis meses que se declarara el estado de emergencia, el decrecimiento se pronostica en más de un 5 % (CEPAL, Banco Mundial, FMI) y el desempleo afecta a la cuarta parte de la población económica activa (PEA), el doble de la indicada por el INEC en el primer trimestre del año.

Desde su creación, el 30 de noviembre del 2018, la Internacional Progresista ha venido demostrando que las propuestas y recetas de carácter neo-liberal que han aplicado muchos gobiernos, han sido incapaces de ofrecer soluciones para las inmensas mayorías, para los pueblos. Todo lo contrario: La pobreza y la desigualdad han aumentado, al compás de una indignante concentración de la riqueza (y el poder político) en minorías elitistas.

Costa Rica no se ha escapado de estas políticas que han erosionado el Estado Social de Derecho en los últimos treinta y cuatro años. Antes de que el primer gobierno de Oscar Arias (1986-1990), iniciara el impulso de una fuerte agenda neo-liberal, el país gozaba de un avance sostenido en la reducción de la desigualdad social. Así quedaba patentizado en el Índice de Ginni. Los sucesivos gobiernos que, desde esa época hasta el presente, han venido aplicando ese guion neo-liberal hicieron que, año con año, la redistribución de la riqueza evolucionara negativamente hasta convertir a Costa Rica en el octavo país más desigual del mundo.

Así las cosas, cuando ya varios países han empezado a echar marcha atrás en políticas neo-liberales que sólo sirven a grupos minoritarios privilegiados, concentradores de la riqueza, en función de atender las devastadoras crisis, generadas y profundizadas por la pandemia, el gobierno de Carlos Alvarado Quesada persiste en mantener la fracasada propuesta neo-liberal.

Y lo más grave es que casi la totalidad de fracciones legislativas no se salen de ese guion. Las contradicciones con el Gobierno, no se manifiestan por la búsqueda creativa y constructiva de soluciones ante una crisis cuyo gravedad y horizonte (en el tiempo) se acrecientan, sino más por politiquería y cálculo electorero.

El país adolece en este duro presente de nuestros días de un liderazgo, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, capaz de afrontar una crisis inédita y multi-dimensional que se hará mucho mayor mientras más se prolongue (como es previsible), la pandemia y las medidas restrictivas que vienen aparejadas con ella. En épocas tan aciagas como ésta, se requiere un liderazgo con mirada de Estado y no emerge por ningún lado.

De ahí el enorme valor de las ideas y propuestas que se han estado debatiendo en la Internacional Progresista, que abren una luz de esperanza para los pueblos y para el planeta, en este oscuro 2020, que nos ha tocado vivir.

(21 de setiembre, 2020)

SURCOS DIGITAL distinguido con el Premio a la Etica y Responsabilidad Social de la Comunicacion 2020

Escrito en . Publicado en Derechos.

Premio a la Ética y Responsabilidad Social de la Comunicación 2020, otorgado al Periódico Surcos Digital para la Democracia Participativa

En el marco de las actividades de la Semana de la Prensa y Profesionales en Comunicación en Costa Rica, dedicada a la agenda 2030 para el desarrollo sostenible de la ONU, se llevó a cabo el pasado miércoles 4 de noviembre de 2020 la entrega del Premio a la Ética y Responsabilidad Social de la Comunicación 2020; en esta oportunidad, el premio se le otorgó al Periódico Surcos Digital para la Democracia Participativa.

Esta actividad estuvo organizado por el Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas, la Cátedra en Responsabilidad Social de Comunicación Alberto Cañas en conjunto con el Programa de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa, el Ideario Costa Rica Bicentenaria Diálogo Nacional, la Rectoría de la Universidad Nacional y se trasmitió por medio de la presencialidad remota en la Plataforma ZOOM y por el Facebook Live de la Rectoría de la Universidad Nacional y del Colegio de Periodistas de Costa Rica.

El acuerdo del Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas (Acta 017-2020) para otorgarle el PREMIO A LA ETICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA COMUNICACIÒN 2020 al Periódico Surcos Digital-Para la Democracia Participativa dicta:

“El Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas de Costa Rica, consistente con su visión de la ética, del ejercicio responsable de la comunicación y de la necesidad de fortalecer el ejercicio en materia de comunicación:

ACUERDA:

OTORGAR EL “PREMIO A LA ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA COMUNICACIÓN 2020” AL PERIODICO SURCOS DIGITAL, PARA LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, POR CONSTITUIRSE EN UN MEDIO DE COMUNICACION INNOVADOR, INDEPENDIENTE, COMPROMETIDO CON LOS DERECHOS HUMANOS, LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, POR PRACTICAR UNA COMUNICACIÓN ÈTICA, DIALÓGICA, PARTICIPATIVA, INTERACTIVA, VERAZ, RESPETUOSA Y OBJETIVA, QUE PROMUEVE SISTEMÁTICAMENTE EL ANÁLISIS, REFLEXIÓN, LA CRITICA ACTIVA Y LA DIFUSION DE CONTENIDOS E INFORMACIÒN, PARA LA FORMACIÓN Y LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA”.

El Ph.D.(c) Efrain Cavallini Acuña, Presidente del Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas de Costa Rica-COLPER, indicó que este reconocimiento se realizó desde la Cátedra de Ética y Responsabilidad Social de la Comunicación Alberto Cañas, por lo cual, se constituye en la máxima expresión del compromiso de profesionales íntegros, con un compromiso explícito con la sociedad y la opinión pública, en cuanto a veracidad, imparcialidad, independencia, justicia, paz, respeto, transparencia y responsabilidad social: “ Queda manifiesto que los profesionales del Periódico Surcos Digital, asumen a la figura del comunicador como un innovador por naturaleza, y que saben identificar las oportunidades contextuales en simetría con sus fortalezas, que asume riesgos y confía en sus ideas”.

El Presidente del Tribunal de Honor y Ética, dejó manifiesto que los atributos o calificativos que se resumen el acuerdo para otorgar el “PREMIO A LA ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA COMUNICACIÓN 2020, representan el sentir del grupo a lo largo del proceso de reflexión. Los 37 CONSIDERANDOS y 11 RESULTANDOS del acuerdo, suscriben a la letra el mérito de reconocerle al PERIODICO SURCOS DIGITAL- su labor de servicio a la sociedad.

“Como hemos comprobado en el Periódico Surcos Digital, vemos a gestores de la comunicación dispuestos a romper paradigmas, innovar y desarrollar sus habilidades de organizar, adaptarse a los cambios, planificar soluciones, ser estratega organizacional, controlar y dirigir mensajes y de asumir retos para propiciar la comprensión de las distintas culturas existentes a fin de evitar la crisis”, acotó Cavallini.

La Dra. Beatriz Pérez Sánchez, Vicepresidenta del Tribunal de Honor y Ética-COLPER, explicó el significado de la estatuilla entregada al Director de Surcos Digital, Master Héctor Ferlini.

Al respecto Pérez señaló, que se hizo entrega de una escultura que tuviera un valor intrínseco, en este caso de una Estatuilla que representa la “La Escultura El pensador”, Le penseur (en francés) o The thinker (en inglés). Es una escultura impresionista de metal creada en el año 1881 por el escultor francés Auguste Rodin (1840-1917). “El Pensador” es la obra más famosa de Rodin porque rompió con las principales corrientes de arte y porque consiguió transmitir ‘el pensar’ universal en toda su dimensión; desde la cabeza hasta la punta de los pies.

Rodin, a pesar de no pertenecer oficialmente a ninguna corriente artística, logra con su particular técnica transmitir la acción de pensar en cada músculo, posición y mirada del personaje alegórico, convirtiéndolo en el pensador por excelencia:

“Esta escultura representa lo universalmente transversal de la calidad y la condición de los seres humanos, que es su capacidad de pensar, de introspección, que van cobrando relevancia en el Premio otorgado a Surcos Digital ya que, nuestra profesión requiere de un análisis, reflexión crítica, así como originalidad que se construya desde la ética para el servicio de la ciudadanía”.

El Master Hector Ferlini, Director del Periódico Surcos Digital expresó su agradecimiento y honor al recibir el Premio a la Ética y Responsabilidad Social de la Comunicación 2020 de parte del Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas de Costa Rica.

Ferlini, manifestó que este premio llega cuatro días antes de celebrar 13 años de trabajo que refleja el compromiso que se ha desarrollado en el camino. En ese sentido, desde el Periódico Surcos Digital se entiende la ética como un conjunto de principios que orientan el comportamiento humano y de las organizaciones de todo tipo, siendo así para Surcos su lema “aportar a la democracia participativa” siendo un espacio de realización plena en relación además con la “participación ciudadana” entendida como el taller donde se construye la democracia participativa como sistema político.

Ferlini, señaló que para Surcos es de suma relevancia ofrecer un espacio de comunicación o expresión para la persona, organizaciones y movimientos sociales que trabajan por el bien común, por la equidad, por la justicia, por el respeto a los derechos humanos, en suma, por la democracia y el buen vivir. Por ello, no basan su trabajo a intereses comerciales, intereses políticos electorales o a practicas o ejercicios económicos, políticos o culturales que estén en contra de ese compromiso con la democracia participativa.

El creador, fundador y director de Surcos Digital, Héctor Ferlini, extendió su gratitud por la labor que han realizado durante estos trece años: “ expreso mi agradecimiento a mi esposa, mis hijas, hijos, nieta y nietos; de manera especial a mi hija María José que en los últimos años ha dedicado su trabajo a apoyar la edición de los materiales que nos llegan en volumen creciente, tarea a la cual se ha sumado mi nieta mayor Fabiana, y también, a un equipo de apoyo cotidiano integrado por Allison Quintanilla, mi hijo Alejandro y Leonardo Garita”.

Ferlini, mencionó que Surcos Digital ha logrado posicionarse como medio de comunicación objetivo y veraz, gracias a personas que se han comprometido con el sostenimiento de este esfuerzo, dado, que SURCOS no incluye publicidad. Y también, por supuesto, a las personas, organizaciones y movimientos sociales que día a día hacen llegar sus informaciones a SURCOS: “Debo destacar, que SURCOS no realiza trabajo de búsqueda de información, sino, que todo lo que publicamos es enviado por alguna persona, organización comunitaria o social, o algún movimiento. Este reconocimiento para Surcos Digital alienta nuestro trabajo y nos motivan a continuar en este esfuerzo por la democracia participativa”, concluyó el Director de Surcos Digital Para la Democracia Participativa.

La Ph.D. (c) Sylvia Arredondo Guevara, Coordinadora General del Ideario Costa Rica Bicentenaria Diàlogo Nacional de la Universidad Nacional y Directora del Tribunal de Honor y Ética-COLPER, manifestó que como comunicadores e integrantes del Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas de Costa Rica, creen firmemente en la necesidad de aportar a la transformación del país, crear conciencia ciudadana y educar a las y los costarricenses en la construcción de una mejor vida en democracia, libertad de expresión, justicia y luchar por ella:

“Por ello, Surcos Digital ha sido acreedor de este reconocimiento, porque se constituye en un canal óptimo para el desarrollo de una periodismo alternativo, crítico e independiente al servicio del bien común. Este medio de comunicación, al que se le rinde homenaje bien ganado por su compromiso social, ha demostrado su convicción para vincularse con los diferentes públicos y posicionarse en el entorno institucional, comunal, territorial, regional y nacional, mediante acciones de diálogo articuladas e integrales, de proyección y difusión”.

Las personas que integran el Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas de Costa Rica, indicaron, que en la actualidad vivimos la segunda década del siglo XXI, en un contexto abigarrado de información fútil, noticias falsas, de excesos de discursos, muchos de ellos, sin sentido, ni objetivo, ni meta, simplemente como práctica, como ritualismo volutivo, por ello, Surcos se posiciona como un ejemplo a seguir, al compartir información relevante, con capacidad de entender el mundo a través de sus mediadores, la ciudadanía y los comunicadores.

Al felicitar a todo el equipo de personas que integran este medio de comunicación costarricense por hacerse acreedor del PREMIO A LA ETICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA COMUNICACIÓN 2020, es meritorio destacar que Surcos Digital, ha creado una agenda pública en aquellos temas que fomenten la vida democrática, cívica, la independencia de criterios, las libertades públicas, el principio de legalidad, la defensa de los derechos fundamentales, el derecho a la información, el acceso a los medios, las garantías sociales en sentido amplio y se constituye en un ejemplo de defensa de una práctica profesional ética e independiente al servicio de los valores fundamentales de la sociedad.

Enlace a la actividad completa: https://www.facebook.com/104524877983409/videos/1255048854856756

 

Por: Efraín Cavallini Acuña-Académico
Gabriela Corrales Alfaro-Ideario Diálogo Nacional

La UCR celebra la segunda ronda electoral para elegir al nuevo rector

Escrito en . Publicado en Derechos.

La Institución habilitó 17 juntas receptoras de votos, las cuales funcionan desde las 8:00 a. m. en estricto apego a los protocolos sanitarios

El profesor de la Escuela de Biología, Eric Fuchs Castillo fue de las primeras personas en emitir su voto en la junta receptora #3 ubicada en la Facultad de Derecho. Foto: Karla Richmond, UCR.

La Universidad de Costa Rica (UCR) celebra este viernes 27 de noviembre una segunda ronda electoral con el objetivo de elegir, entre el Dr. Orlando Arrieta Orozco y el Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, a la persona que ocupará la Rectoría de la Institución para el periodo 2020-2024.

La comunidad universitaria vuelve a las urnas una semana después de que tuviera lugar la primera ronda, en la cual ninguno de los cinco aspirantes al puesto alcanzó el 40 % del apoyo del electorado. Arrieta y Gutiérrez llegan a esta segunda convocatoria tras obtener el 31,18 % y 32,70 % de los votos, respectivamente.

Al igual que en la primera jornada, la segunda ronda electoral inició con un acto formal en el Aula Magna, donde la presidenta del Tribunal Electoral Universitario (TEU), Virginia Borloz Soto, afirmó que el 2020 pasará a la historia como un año en el que la institución marcó “un antes y un después en el desarrollo de los procesos electorales”.

Mientras las recientes elecciones de las personas miembro del Consejo Universitario (CU) se celebraron por primera vez de manera virtual, la elección del puesto de Rectoría requirió la asistencia presencial de los votantes en estricto apego a los protocolos sanitarios.

En la apertura de la jornada de votación anterior, Borloz explicó que, pese al deseo del TEU de celebrar la elección de Rectoría de manera electrónica, la normativa electoral establece la obligatoriedad de concluir el proceso de manera presencial, tal como se inició en febrero anterior.

“Nuestro deber, no obstante, ha sido y es mantenernos firmes ante cualquier consideración que se aparte de lo que dicta el estatuto orgánico y el reglamento de elecciones universitarias en materia electoral”, manifestó Borloz.

La jornada electoral inició con un acto formal en el Aula Magna, donde la presidenta del Tribunal Electoral Universitario (TEU), Virginia Borloz Soto, afirmó que el 2020 pasará a la historia como un año en el que la Institución marcó “un antes y un después en el desarrollo de los procesos electorales”. Foto: Karla Richmond, UCR.

La jerarca reconoció el trabajo realizado por el TEU para celebrar este proceso electoral en medio de las circunstancias complejas ocasionadas por la pandemia, al tiempo que destacó el compromiso de este órgano universitario con la construcción de la democracia y el Estado de derecho.

“El reconocimiento a la Institución y a este Tribunal por el trabajo y el esfuerzo realizado. A ustedes (candidatos) por someter sus nombres, capacidades e intelecto y ponerlo al servicio de la comunidad universitaria y del país”, expresó la presidenta del TEU.

Comunidad universitaria vota de manera segura y ordena

A partir de las 8:00 a. m. inició el trabajo de las 17 juntas receptoras de votos habilitadas para esta segunda jornada electoral, once de ellas se encuentran en la Sede Rodrigo Facio mientras que el resto se distribuye en las seis sedes regionales de la Institución en las diferentes localidades del país.

La directora de la Escuela de Nutrición, Viviana Esquivel Solís, fue una de las primeras personas en acercarse a la junta receptora localizada en la Facultad de Derecho. La académica catalogó como “excelente” el protocolo implementado por la Universidad para celebrar un proceso que, en su criterio, no se debía postergar más.

“Era un proceso que había que realizar, porque nos encontramos temporalmente con un Gobierno de transición. Mientras se atiendan todos los protocolos tal como se ha hecho, estamos protegidos y considero que fue una excelente decisión”, afirmó Esquivel.

El profesor de la Escuela de Matemática, Óscar Roldán Santamaría, emitió su voto en la junta receptora de la Facultad de Educación y afirmó que la decisión de continuar con el proceso electoral “es parte de las señales que como institución debemos darle a la comunidad costarricense”.

“Estos cambios vinieron para quedarse y no podemos suspender nuestras labores cotidianas pensando en que va a ser temporal. Tenemos que adaptarnos y reinventar lo que sea necesario para continuar con nuestro diario vivir, con la economía, con el desarrollo y con procesos tan importantes como este”, enfatizó Roldán.

Por su parte, la funcionaria del Instituto de Investigaciones Psicológicas (IIP), Karol Jiménez Alfaro, visitó a primera hora del día el edificio administrativo A para ejercer su derecho al voto, en un ambiente que a su criterio fue “organizado de la mejor manera”.

“El proceso de cita funcionó muy bien. Tanto la vez anterior como en esta ocasión, ha estado sumamente controlada la cantidad de gente que entra y sale, se ha acatado con mucha atención la limpieza y la desinfección. Me he sentido segura y estoy muy satisfecha”, concluyó la funcionaria.

La docente de la Escuela de Matemática y funcionaria del Instituto de Investigaciones Psicológicas (IIP), Karol Jiménez Alfaro, manifestó sentirse segura y satisfecha con los protocolos implementados por la Institución en el marco del proceso electoral. Foto: Karla Richmond, UCR.

 

Andrea Méndez Montero
Periodista, Oficina de Divulgación e Información

Por la defensa de los bienes comunes: conversatorio “Por el agua de Cipreses”

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

SURCOS comparte:

Por la defensa de los bienes Comunes: Conversatorio Por el agua de Cipreses

Observatorio de Bienes Comunes Agua y Tierra

El pasado 17 de noviembre en el salón Parroquial de la comunidad de Cipreses de Oreamuno, Cartago, se llevó a cabo el conversatorio “Por el agua de Cipreses” que contó con la participación del Frente EcoCipreses, representantes de la presidencia ejecutiva y la Subgerencia de Sistemas Comunales del AyA, y con la muy denotada ausencia de las personas representantes de la ASADA de Cipreses.

Además, en esta actividad asistió el Observatorio de Bienes Comunes del Programa Kioscos Socioambientales y Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica como observador, invitado por el Frente EcoCipreses, que durante estos meses han trabajado en conjunto para la sistematización de la experiencia organizativa en torno a la defensa del agua en la comunidad de Cipreses de Oreamuno.

Este foro se planteó como una instancia de diálogo entre el Frente EcoCipreses y la Junta directiva de la ASADA, en el contexto de abordar la situación actual que atraviesa las nacientes de agua que abastecen a esta comunidad de cerca de 2500 usuarios, destacan irregularidades en torno al manejo administrativo, pero también una compleja situación ambiental caracterizada por la sobreexplotación de la naciente que ha llevado a constantes suspensiones del servicio en lapsos de 6 horas o más al día, la invasión de una agricultura intensiva con agroquímicos violentando la zona de protección establecida por la ley de Aguas, por citar algunas afectaciones concretas que el Frente EcoCirpreses ha venido poniendo en debate público (http://kioscosambientales.ucr.ac.cr/docs/ecocipreses/comunicado1.pdf).

El conversatorio dio inicio con un breve recuento de las afectaciones que ha sufrido la Comunidad de Cipreses en los últimos 6 años, donde la gestión de la ASADA se ha caracterizado por presencia de irregularidades administrativas, pero destacando también una situación preocupante, que de tener a disposición 4 nacientes de agua, ante situaciones aún poco claras de permisos de construcción de tanques sépticos, se tuvieron que clausurar dos de las nacientes por contaminación. Además las presiones existentes por el desarrollo urbanístico ha dado una situación de aumento de entrega de tomas de agua, teniendo conocimiento que la disponibilidad hídrica está en índices críticos desde 2014.

Las intervenciones del frente Eco Cipreses se caracterizaron por posiciones bien informadas y documentadas por varios informes del AyA (http://kioscosambientales.ucr.ac.cr/docs/ecocipreses/AYA2.pdf) y el IRET-UNA (http://kioscosambientales.ucr.ac.cr/docs/ecocipreses/IRET3.pdf), que han permitido ir caracterizando de manera más sistemática las afectaciones en la gestión del recurso hídrico tanto en su dimensión administrativa, pero principalmente la gestión ambiental del mismo.

La constante desmejora en el servicio de agua, se puede contextualizar a través de algunas de las situaciones denunciadas:

  • Manejo de fondos públicos sin los controles correspondientes y los procesos de rendición de cuentas adecuados.
  • Deterioro de la capacidad hídrica ante la mala gestión de la concesión de nuevas tomas de agua.

Estas afectaciones se intensifican ante la presencia de procesos de desarrollo desiguales y desordenados: construcciones urbanísticas y la presión ante la extensión de las áreas cultivables entorno a la naciente (http://kioscosambientales.ucr.ac.cr/docs/ecocipreses/MINAE4.pdf).

Ante las autoridades del AyA en Frente EcoCipreses fue muy claro, no buscan el conflicto en sí, sino este como un potenciador de espacios de participación inclusiva de la comunidad para la búsqueda de soluciones dignas para las personas habitantes de Cipreses, partiendo del cuido de las nacientes de agua, para el bienestar público presente y futuro.

Dentro de las propuestas mencionadas ante la amenaza ecológica que podría significar la profundización de la situación actual, se planteó:

  • Desarrollo de un estudio hidrogeológico
  • Incluir a los y las productores en procesos de manejo sostenible de la producción agrícola.
  • Mayor participación ciudadana en el monitoreo y protección de la naciente.

Ante los argumentos y a pesar de la ausencia de las autoridades de la ASADA (principales responsables ante el AyA de las irregularidades expuestas), señalaron que tenían conocimiento de las diversas denuncias expuestas, y que agradecían y reconocían el papel protagónico de la ciudadanía en la defensa de la transparencia y el cuido del recurso hídrico, y que sin estos esfuerzos, difícilmente el AyA pueda dar abasto.

Adicionalmente confirmaron que ante las evidencias del mal funcionamiento y de gestión del recurso hídrico, se estaba procediendo en los últimos meses a la formalización ante la Junta Directiva del AyA del retiro de la delegación a la ASADA de Cipreses, y que esta misma sea asumida por la vecina comunidad de Santa Rosa.

También confirmaron el interés siempre presente en el AyA de apoyar los procesos de participación comunitaria, por este motivo instaban al Frente EcoCipreses a seguir impulsando actividades que permitan estos debates y la puesta común en la comunidad de los temas de gestión del recurso hídrico.

De parte del público asistente cuestionaban la decisión de retirar la ASADA de Cipreses sin los debidos procesos de consulta y participación de la comunidad, sin embargo ante el escenario ecológico crítico y la falta de participación más activa de la comunidad en los últimos años, se comprendía que existía poco margen, ya que el riesgo de postergar es muy alto.

 ¿Capacidad de gestión? ¿Modos de participación?

Si algo aprendimos los que asistimos al conversatorio “Por el agua de Cipreses” es que las acciones en defensa del agua y el involucramiento de la comunidad, no pasan necesariamente por las instancias formales, sino por el interés real y solidario de las personas de las comunidades que toman para sí el compromiso por denunciar y proponer alternativas cuando los modos de participación de las instancias responsables muestran señales de debilitamiento.

La defensa de los bienes comunes como el agua es atravesada por nuestras relaciones de manera integral, es así que aún cuando la institucionalidad muestre incapacidades para abordar las situaciones de riesgo, es nuestro deber actuar en la denuncia, pero como nos enseña el Frente EcoCipreses también la labor de exigir la rendición de cuentas de estas mismas instituciones es un elemento central para construir mejores formas de gestión y participación.

Si desean ver el conversatorio completo pueden acceder al siguiente enlace: https://cutt.ly/2hsxq9p

Informes con: luis.sanabriazaniboni@ucr.ac.cr tel. 8871 0350. Más información: https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/

No hay tiempo para grandes reformas electorales

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

¿Necesitamos más o menos diputados? ¿Cómo elegir de otra manera los diputados? ¿Hay tiempo para hacer los cambios constitucionales o legales para implementar hacia las próximas elecciones del 2022? ¿Es caro aumentar el número de los diputados?

Estas y otras preguntas son frecuentes cuando se habla de estos cambios posibles y ¿necesarios?

La Asamblea Legislativa, como se le llama al Poder Legislativo, desde 1949, es dentro de conjunto de los Poderes Públicos, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, con su Corte Suprema de Justicia y el Poder Electoral, con el Tribunal Supremo de Elecciones, el más importante, en su rango, por la representatividad popular que en ella se expresa y por la función legislativa que tiene, de hacer las leyes, y porque en ella descansa, por ese motivo, la Soberanía Popular.

Por los orígenes históricos y fundamentos políticos filosóficos que justificaron la existencia de estos Poderes, en oposición a las ideas teocráticas que justificaban el poder de las monarquías, que hacían descansar su origen en una decisión divina, de Dios, son poderes totalmente laicos.

La integración de sus miembros, en el caso del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, es por elección popular, donde los ciudadanos depositan su poder, por delegación de su voluntad, en el gobernante y en los diputados.

En la teoría política clásica esta delegación de poder debe guardar armonía entre gobernante y gobernados, con capacidad de los gobernados para destituir al gobernante que se aparte de esa armonía convirtiéndose en un dictador, en un déspota, en un tirano o haga de su gobierno un ejercicio autoritario, opresivo, conculcador de libertades y derechos, en perjuicio de los ciudadanos.

Frente al próximo proceso electoral se han venido impulsando iniciativas, de distinto orden y escenarios, entre ellos la misma Asamblea Legislativa, con proyectos de ley para tratar de modificar la integración del número de diputados, aumentándolos.

Para avanzar en esa dirección hay que hacer cambios constitucionales y legales, para los cuales ya no hay tiempo para impulsarlos y aprobarlos de modo que empiecen a funcionar en el próximo proceso electoral, al menos en la forma que se quieren introducir.

La esencia de la discusión es si debe aumentarse el número de diputados. ¿Cuántos diputados debemos tener hoy? Antes de 1949 el Congreso tenía 47 diputados, número que se mantuvo hasta 1956, cuando los diputados aumentaron a 57, como funciona hoy la Asamblea Legislativa. Al hacerse esa reforma no se previó haberla hecho de manera que periódicamente, con base a estudios censales de crecimiento de la población, se hubiera ido aumentando el número de diputados de conformidad a ese crecimiento poblacional.

Así, antes de 1949, con una población que andaba alrededor de los 700.000 ciudadanos, los 47 diputados representaban, cada uno de ellos, a 15.000 habitantes. Cuando se elevó el número de diputados, a partir de 1956, a 57, con una población de un millón de habitantes, cada uno de los diputados representó, en ese momento a 17.500 habitantes. Hoy tenemos cinco millones de habitantes con los mismos 57 diputados, de forma tal que un diputado hoy representa a 87.800 ciudadanos.

Es lógico entender que un diputado. debe representar a un número de habitantes. Así se hace hoy para distribuir el número de diputados a elegir por las diferentes provincias. Por eso unas provincias eligen más diputados que otras, lo que puede alterarse cada diez años por el análisis censal de población, para determinar dónde debe aumentarse un diputado en una provincia y cual otra provincia lo pierde si ha reducido su población inscrita registralmente.

De este modo, si guardamos la relación de 1957 entre población y número de diputados la Asamblea Legislativa debería tener 285 diputados. Esta estrecha relación puede resultar válida para un mejor control directo de los diputados por parte de los ciudadanos. En una escala de más de 100 países con una población similar a la nuestra los países tienen parlamentos o Asambleas Legislativas que oscilan entre 180 y 220 diputados.

El nuevo edificio de la Asamblea Legislativa fue planeado para tener más de 100 diputados, debidamente instalados. Esto ha sido un acierto en perspectiva de hacia dónde debemos avanzar.

La otra discusión vinculada es cómo elegir. Aquí hay diferentes tesis. Una es aumentar el número de diputados al menos en una treintena más, hasta 87, que podrían elegirse de la forma como se hace ahora proporcionalmente por provincias. Otra es que esa treintena de diputados se elija en lista nacional paralela a las listas provinciales. En la Asamblea Legislativa hay un proyecto de ley para crear 40 distritos electorales, que elegirían un diputado cada uno y otro número de diputados que se elegiría por lista nacional hasta un número superior a los 80 diputados.

Ninguna de estas propuestas es válida para empezar a funcionar en las elecciones del 2022, porque requieren reformas constitucionales que hay tiempo de hacerlas. Esto quedaría para el 2026, siempre y cuando estas reformas se hagan entre el 2022 y el 2023.

Me parece que el Tribunal Supremo de Elecciones, en uso de sus facultades constitucionales y electorales, sí podría hacer una reforma electoral que produciría mejores efectos de distribución y de elección de diputados, sin alterar el número total de 57 diputados que hoy tenemos, y sin modificar el número de diputados que le corresponde a cada provincia.

El Tribunal Supremo de Elecciones bien podría dividir cada provincia en regiones internas, atendiendo número de habitantes y regiones para que el número de diputados de cada provincia se elija por micro regiones, sin hacer listas separadas de la lista provincial. Tan solo se determina que los primeros puestos son electos por una de estas micro regiones, y así sucesivamente con las regiones que se establezcan. De esta manera las provincias tendrían en la Asamblea Legislativa una mejor representación regional y de sus poblaciones. A modo de ejemplo, una Provincia como Guanacaste podría dividirse a este efecto en la región de los cantones de altura y los de bajura, la Provincia de San José en la parte central, en Pérez Zeledón con algunos otros cantones, y en la zona de los cantones de los Santos, la Provincia de Alajuela igual haría con los cantones de la zona económica del norte, los de la parte central de la Provincia y con los cantones del oeste.

Si el primero de enero, como debe estar programado por Tribunal Supremo de Elecciones, se anuncia y publica el calendario electoral desde esa fecha hasta los días que siguen al primer domingo de abril del 2022, en caso de que hubiere segunda ronda electoral, ya es muy difícil hacer reformas electorales profundas, que requieran modificaciones constitucionales.

Por eso la anterior propuesta puede ser válida. No requiere reforma constitucional alguna al mantener el número nacional de diputados y el número de diputados por provincia. Y, sin lugar a dudas mejoraría la representación provincial de diputados.

Estudios del Icomvis-UNA permiten conocer conducta del jaguar

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

SURCOS comparte el siguiente comunicado de la Universidad Nacional (UNA) en el marco del Día Internacional del Jaguar – 29 de noviembre:

Estudios del Icomvis-UNA permiten conocer conducta del jaguar

El jaguar (Panthera onca), pertenece a la familia de los Panterinos (Pantherinae), integrada por los 4 felinos más grandes del mundo, incluyendo el jaguar en el continente americano, y sus parientes de África y Asia: el león, el leopardo y el tigre. Si bien por su tamaño es el tercer felino más grande del mundo, su mordida es la más fuerte de todas, característica que le permite consumir presas que no pueden ser aprovechadas por otros depredadores, tal es el caso de las tortugas marinas, cuyo fuerte caparazón solo puede ser penetrado por un depredador como el jaguar.

Por más de 15 años, el Programa de Conservación de jaguares y sus presas del Instituto Internacional en Conservación y Manejo de Vida Silvestre de la Universidad Nacional (Icomvis-UNA), ha descrito y estudiado la depredación de tortugas marinas y otras presas por parte de jaguares en el Área de Conservación Guanacaste (ACG).

“Si bien es cierto que en los últimos años han circulado muchos videos y fotografías de jaguares depredando tortugas marinas, este fenómeno no es algo nuevo y fue descrito por primera vez en 1994 en el país por el investigador Eduardo Carrillo en el Parque Nacional Corcovado, donde se encontró que los jaguares utilizaban mayormente dos presas; chanchos de monte y tortugas marinas”, cita Víctor Montalvo, investigador del Icomvis-UNA.

25 años después de esta investigación pionera en Centroamérica, el grupo de investigadores del Instituto colocó por primera vez en Costa Rica, dispositivos de rastreo satelital y cámaras trampa para darle seguimiento a los jaguares en el ACG y así entender sus movimientos para mejorar las estrategias de su conservación.

Los resultados de esta investigación fueron publicados recientemente en la revista Biotropica y “demuestran que los jaguares de Costa Rica tienen ámbitos de hogar similares a los de otras regiones como Brasil (~90 km2), además que cuando tienen suficientes presas naturales permanecen dentro de las áreas protegidas, haciendo uso estacional de presas como tortugas marinas u otras como chanchos de monte, saínos y venados dependiendo de su abundancia y disponibilidad. Así mismo, incrementan el tiempo de permanencia en las playas durante los picos de anidación de tortugas marinas como es el caso de Playa Nancite (playa de anidaciones masivas llamadas arribadas) y Playa Naranjo (playa contigua con anidaciones solitarias) dentro del ACG”.

Por esta razón, afirman los investigadores, estos sitios son de alta importancia para la conservación de ambas especies dentro de Costa Rica, donde aún es posible conservar estos procesos ecológicos naturales que han existido por miles de años y de esta manera revelando el fruto de décadas de esfuerzos de conservación dentro del ACG.

Aquí puede observar un video

Dibujarán mapa sonoro de Costa Rica frente al Bicentenario de Independencia

Escrito en . Publicado en Derechos.

SURCOS comparte el siguiente comunicado de prensa de la Universidad Estatal a Distancia (UNED):

La UNED invita a toda la población costarricense a aportar sonidos propios de lo cotidiano para levantar un mapa sonoro en conmemoración del Bicentenario en 2021

¿Le gustaría ser parte de la gran construcción de un mapa sonoro de Costa Rica? La conmemoración del Bicentenario de la Independencia le convoca a usted y a su familia a grabar o aportar aquellos sonidos característicos que dibujan la cotidianeidad del país, en la iniciativa “Sonidos del Pura Vida”, impulsada por la UNED.

Este proyecto de participación ciudadana busca motivar a la población de Costa Rica a construir un gran mapa que ubique históricamente aquellos sonidos con los que han crecido las personas desde diferentes zonas del territorio nacional, haciendo un valioso aporte con miras a la conmemoración del Bicentenario de vida independiente, en 2021.

“Nuestro objetivo es crear una memoria de sonidos de nuestro país. Un mapa sonoro es una técnica acústica para conocer los sonidos de un lugar, comunidad o ciudad; ubica los sonidos geográficamente. Por ello, para construir este tipo de material, se requiere del conocimiento particular de las personas que viven en el lugar”, comentó Ricardo Osorno Fallas, investigador del Laboratorio de Investigación e Innovación Tecnológica (LIIT), de la UNED.

Para participar, la persona que haya grabado o tenga en su poder un sonido característico de lo cotidiano, debe ingresar al sitio web pulsando aquí y buscar el ícono para subir sus grabaciones, además de completar una breve ficha de contenido para consignar aspectos fundamentales del contexto.

Usted tiene tiempo de hacer su aporte hasta el 15 de agosto 2021. Con los sonidos recopilados en la plataforma, se hará un análisis histórico con motivo del Bicentenario y, además, se realizará un inventario para fortalecer la gestión turística en los territorios del país.

“La plataforma es muy amigable, la persona pulsa el ícono correspondiente y de inmediato ingresará al breve formulario que debe completar con la información de su sonido. Con este aporte, estarán contribuyendo a la recuperación de la memoria histórica a través del sonido”, acotó Osorno Fallas.

Si desea más información acerca del proyecto, puede escribir a:

Ricardo Osorno Fallas: rosorno@uned.ac.cr
Mildred Acuña Sossa: macunas@uned.ac.cr
Roberto Vargas Masis: rovargas@uned.ac.cr

Si desea evacuar dudas acerca del uso de la plataforma, puede escribir al correo liit@uned.ac.cr

Débil diseño aumenta riesgos… en nuestra biodiversidad

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

El 21 de noviembre de 2020 SURCOS publicó la nota Cinco muertes de manigordos en Ruta 32, situación expuesta por Ma. Elena Fournier, presidenta de la Asociación Conservacionista YISKI.

Ahora SURCOS comparte la siguiente información enviada por Fournier en respuesta a un estudio enviado por la Contraloría General de la República y titulado “Débil diseño aumenta riesgos en proyectos viales”

Estimada señora Azofeifa, señores y señoras de la Contraloría:

Muy importante les faltó tomar en cuenta en este estudio acerca de los débiles diseños, lo relacionado al impacto, mitigación de los atropellos y muerte de animales silvestres, pasos de fauna aéreos, superiores (puentes ecológicos) e inferiores (subterráneos) con sus respectivas mallas o cercas, que se tiene que trabajar con el SINAC-MINAE y las comunidades que saben muy bien y mejor que los profesionales en la materia, por dónde es que pasan, se concentran las diferentes especies de animales silvestres que quedan, ya que como es conocido, hay un fenómeno que está sucediendo, la defaunización de los bosques, entre otros problemas como la cacería, deforestación, etc.

También el tomar en cuenta en los diseños, los reductores de velocidad en las «puntos calientes», la señalización vertical y horizontal, cámaras de control de velocidad (se recolectaría mucho dinero que se necesitan para el mantenimiento de los pasos de fauna), entre otras formas de mitigación obligada.

Como ha sucedido con la ampliación de la Ruta 32, que este tema quedó rezagado y ahora parte de los pasos de fauna los tiene que asumir el AyA, debe de trasladar a favor del CONAVI la suma de $ 9.026.617,22, aprovechando el alcantarillado para el paso de agua, que no es lo más conveniente, porque hay animales silvestres que no pasan por donde hay presencia de agua.

Como ustedes los señalan: el débil diseño aumenta riesgos en proyectos viales y esta vez en la gallinita de los huevos de oro, nuestra biodiversidad y el turismo que atrae.

La planificación, con la participación de las comunidades afectadas, SINAC-MINAE, CONAVI y empresas contratistas, está ausente y el Ministerio de Planificación debe de tomar este asunto seriamente. El Instituto Costarricense de Electricidad, ICE cuando realiza alguna obra de infraestructura lo trabaja bastante bien con las comunidades, independientemente de que estén de acuerdo o no, pero es parte del proyecto.

Atentamente,
Ma. Elena Fournier S.