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Autor: María José Ferlini Cartín

UNA: Pronunciamiento del Consejo Universitario

SURCOS comparte el siguiente Pronunciamiento del Consejo Universitario de la UNA:

25 de febrero de 2021
UNA-SCU-ACUE–2021

Señores
Comunidad Nacional y Universitaria
Señores
Consejo Nacional de Rectores (Conare)
Señores
Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica
Señores
Consejo Institucional del Instituto Tecnológico de Costa Rica
Señores
Consejo Universitario de la Universidad Estatal a Distancia
Señores
Consejo Universitario de la Universidad Técnica Nacional

Estimados señores:

Les transcribo el acuerdo tomado por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional, según el artículo, inciso, de la sesión ordinaria celebrada el 25 de febrero de 2021, acta n.o 3993, que dice:

APOYO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AL ENCUENTRO MULTISECTORIAL CONTRA EL PROYECTO DE EMPLEO PUBLICO

CONSIDERANDO:

  1. El Estatuto Orgánico de la Universidad Nacional, artículo 37, establece que una de las funciones del Consejo Universitario es “pronunciarse y manifestar la posición de la Universidad Nacional en asuntos de importancia nacional e internacional”.
  2. La reunión que se llevó a cabo el día de 25 de febrero de 2021 por organizaciones sociales, sindicales, comunidades universitarias, municipales y movimiento estudiantil universitario que tomó el siguiente acuerdo:

CONSIDERANDO QUE:

  1. Los efectos de la pandemia del COVID han profundizado asimetrías sociales y económicas que el país venía presentando como mayor concentración de la riqueza, menor capacidad redistributiva del ingreso nacional, incremento acelerado de la pobreza y de la desigualdad social, incremento desmedido del desempleo afectando principalmente a mujeres y jóvenes, mayor precarización de la inserción laboral, entre otros.
  2. En lugar de ampliar la inversión social y el papel del Estado, para hacer frente a esa realidad, las élites económicas y políticas han venido proponiendo una acción fiscalista y de austeridad presupuestaria, que no sólo pone en riesgo la acción misma del Estado, sino que deja en la indefensión a miles de costarricenses.
  3. Los medios de comunicación privados en forma homogénea han lanzado una virulenta campaña orientada a culpar al sector público y principalmente a la clase trabajadora como los responsables de los problemas en las finanzas públicas, algo absolutamente fuera de toda lógica real.
  4. El gobierno actual y las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa PLN, PUSC, PAC, Restauración Nacional y Nueva República, vienen desarrollando una agenda legislativa absolutamente regresiva que descarga los costos de la crisis en los sectores medios y la clase trabajadora.
  5. Que la crisis de las Finanzas Públicas no es responsabilidad de los salarios de la clase trabajadora del sector público y mucho menos del Gasto Público, es responsabilidad del fraude fiscal corporativo que sustenta su accionar en la evasión y la elusión continuada. Se deben gravar las grandes rentas de capital, al sector financiero, al patrimonio y principalmente a las grandes riquezas.
  6. La estrategia de recorte y austeridad presupuestaria a la institucionalidad pública pone en peligro no sólo el desarrollo de políticas públicas y de servicios públicos, sino la existencia misma del Estado Social que ha garantizado que Costa Rica posea indicadores de desarrollo humano por encima de la media de la región.
  7. El Proyecto sobre Empleo Público que actualmente se tramita en la Asamblea Legislativa es una iniciativa sin proceso real de consulta a las organizaciones sindicales y autoridades de instituciones públicas, que además es un proyecto que atenta contra autonomías constitucionales y contra autonomías institucionales, que tiene un carácter claramente autoritario y antidemocrático y que representa el desmantelamiento del Estado Social Costarricense.

POR TANTO, SE ACUERDA:

  • CREAR UN FRENTE NACIONAL DE DEFENSA DEL ESTADO SOCIAL COSTARRICENSE QUE INVOLUCRE A COMUNIDADES UNIVERSITARIAS, A ORGANIZACIONES SINDICALES TANTO DEL SECTOR PÚBLICO COMO PRIVADO, A ORGANIZACIONES COMUNALES Y DE VECINOS, A MOVIMIENTO ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO, A ORGANIZACIONES FEMINISTAS Y DE MUJERES, A ORGANIZACIONES DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS, A AUTORIDADES MUNICIPALES, A JUNTAS COMUNALES DE SALUD, Y OTRAS.
  • DESARROLLAR DIVERSAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN A LA OPINIÓN PÚBLICA A FIN DE QUE COMPRENDAN QUE EL PROYECTO DE EMPLEO PÚBLICO NO BUSCA MEJORAR LA EFICACIA, NI ORDENAR AL SECTOR PÚBLICO, SINO DESMANTELAR EL ESTADO Y PRECARIZAR CONDICIONES LABORALES Y SALARIALES DE LA CLASE TRABAJADORA.
  • ENFRENTAR EN FORMA CONJUNTA TODA LA AGENDA LEGISLATIVA QUE EN EL MARCO DEL ACUERDO CON EL FMI PRETENDE CARGAR SOBRE LOS HOMBROS DE LOS SECTORES MEDIOS Y LABORALES EL COSTO DE LA CRISIS ECONÓMICA, POR MEDIO DE UN AUMENTO DE LA CARGA IMPOSITIVA.

4-        DESARROLLAR ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DEL TRABAJO DENTRO DE LAS INSTITUCIONES A FIN DE GARANTIZAR LA DEFENSA DEL ESTADO SOCIAL COSTARRICENSE.

  1. La participación activa del M.Ed. Francisco González Alvarado, rector, la Dra. Carolina España Chavarría y el M.ag. Esteban Araya Salazar, miembros del Consejo Universitario en el Encuentro Multisectorial contra el Proyecto Ley de Empleo Público.

POR TANTO, SE ACUERDA:

  1. APOYAR LAS INICIATIVAS EMANADAS DE LA REUNION DEL GRUPO DE ORGANIZACIONES SOCIALES, SINDICALES, COMUNIDADES UNIVERSITARIAS, MUNICIPALES Y MOVIMIENTO ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO LLAMADO PROGRAMA ENCUENTRO MULTISECTORIAL CONTRA EL PROYECTO DE EMPLEO PUBLICO. ACUERDO FIRME.
  2. SOLICITAR A LAS OFICINAS DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL QUE COMUNIQUEN Y DIVULGUEN, EN REDES SOCIALES Y LOS MEDIOS DISPONIBLES, ESTA DECLARATORIA. ACUERDO FIRME.

Atentamente,
CONSEJO UNIVERSITARIO
Tomás Marino Herrera
Presidente

lsr/w/misdoc/acuerdo/

C:        Contraloría Universitaria
Asesoría Jurídica
Oficina de Comunicación
Oficina de Relaciones Públicas

Por la segunda independencia

Arnoldo Mora

Desde los inicios mismos de su gobierno, el Presidente Carlos Alvarado calificó su administración como la del “Bicentenario de la Independencia”. Es precisamente en el año actual que se cumplen los doscientos años de que tan maravillosa como sorpresiva noticia llegó a Cartago, capital colonial de nuestra provincia. Poco después se esclarecerían los “nublados del día”, que habían obnubilado la mente de nuestros antepasados, pues les resultaba difícil, por no decir, inverosímil, que las cadenas coloniales se hubiesen roto sin que, en tiempos recientes, se hubiese movido un dedo para lograrlo. La noticia de nuestra independencia era algo así como el bíblico maná que bajó del cielo; si bien es cierto no fue un regalo de lo Alto, si auscultamos las amarillentas páginas de la historia patria; nuestros pueblos indígenas, desde los primeros días de la colonización y liderados por Garabito, se habían sublevado contra el yugo colonial; otro tanto y aún más heroicamente, hizo el prócer Pablo Presbere; los josefinos imbuidos de ideas liberales, habían quemado los estancos de tabaco hacía una docena de años, negándose a someterse al monopolio de la Corona en materia de comercio exterior; fuera de nuestro territorio, en Las Cortes de Cádiz, el gran Florencio del Castillo abogó por la total igualdad de los habitantes de ambos lados del Océano, sin distinción de ninguna especie; si bien, estos dos últimos casos no mostraban explícitamente una voluntad de soberanía plena frente a la metrópoli colonial, su posición implicaba un paso hacia la plena independencia política, pues no puede darse independencia en lo económico si no se es independiente en lo político. Pero eso es tan sólo un paso histórico que nos permitió poner los fundamentos de nuestra soberanía, la cual sólo se logró gracias a la construcción del Estado Nacional en el siglo XIX, su connotación de Estado de Derecho en las primeras décadas del siglo XX y del Estado Social en la década de los 40s. Tales son los principales jalones realizados por nuestros mayores en nuestra historia. Es lo que le da sentido a las celebraciones de nuestra independencia en el presente año; pues sólo se es libre cuando se usa de la libertad para configurar nuestra propia soberanía como nación, cuando se ejercita la soberanía popular al decir de Juan Jacob Rousseau, el principal ideólogo de la Revolución Francesa, cuyo ideario inspiró la construcción de nuestra república, incluso en la expresión de los símbolos patrios. La democracia de la que hoy nos ufanamos, es producto de estos procesos políticos que se han escenificado en las etapas históricas que he mencionado. Pero hay que recalcar que esos logros no se han dado sin grandes luchas, a veces teñidas con sangre; pero, también hay que destacarlo, siempre nuestro pueblo ha salido victorioso.

Hoy iniciamos un nuevo ciclo de nuestra historia; ya no tenemos cadenas coloniales que romper, pero sí tenemos muchos otros obstáculos que nos impiden sentirnos verdaderamente libres como ciudadanos y soberanos como nación. El mayor de los impedimentos lo constituye la creciente desigualdad social, que se refleja en la exclusión político-social y la explotación económica que han acrecentado la pobreza en cifras enormes, de amplios sectores de la población. Las reformas sociales de la década de los 40s y algunas otras reformas puntuales que se lograron en los años posteriores, han configurado una sólida clase media, base de nuestra estabilidad política de las últimas décadas. Hoy todo ese hermoso y ejemplar edificio se ve seriamente amenazado por las medidas neoliberales, que se han venido imponiendo e implementando de manera inflexible por los gobiernos sucesivos desde 1984; la pandemia provocada por la Covid-19, no ha hecho sino acrecentar de manera intolerable para los más amplios sectores de la población, el abismo de explotación y marginación que esas espernibles políticas han provocado en la mayor parte de nuestra población. Lo que acabo de señalar explica lo que hoy se vive en nuestra vida política, como es el acercamiento entre sectores empresariales y los sindicatos del sector público, los más beligerantes de las últimas décadas, para enfrentar las imposiciones del Fondo Monetario Internacional y apoyadas, de manera rígida, por los sectores oligárquicos del país. Como consecuencia de lo anterior, se da un creciente y cada vez más duro enfrentamiento de clase, el cual ha pasado del campo económico-social al campo político.

No hay duda de que estos hechos marcarán el rumbo de la próxima campaña electoral; la cercanía de las elecciones se hará sentir cada día con mayor fuerza en el panorama político nacional, hasta convertirse en la segunda mitad de este año en el acontecimiento político que marque todas las manifestaciones de los más variados actores de la vida política nacional. Frente a esa realidad, los partidos políticos se muestran particularmente débiles y desorientados; el gobierno cada día se debilita más, hasta el punto de que la figura del Presidente Alvarado es la más desteñida, por no decir, desprestigiada de las últimas décadas; Carlos Alvarado ha sido el gobernante más débil y más oscilante que hemos visto en mucho pero en mucho tiempo, da la impresión de ser un improvisado; su comparecencia ante la Asamblea Legislativa, a la que se vio compelido a pesar de su reiterada reticencia, no hace sino acrecentar ese desprestigio que lo rodea, como la negra boca de un abismo en que se sumerge cada día; en la hora actual no hay posibilidad de que logre evitar verse lanzado en las fauces del desprecio generalizado que se reflejará, sin duda, en las próximas elecciones; los partidos políticos, cada vez más desdibujados ideológicamente y carentes de auténticos líderes, despiertan tan sólo suspicacias en una creciente mayoría de ciudadanos; incluso los medios costarricenses que solían imponer su tiranía ideológica, se ven disminuidos fuertemente en su influencia y poder político debido al auge de las redes sociales. Más allá de nuestras fronteras, el panorama político internacional cambia vertiginosamente con evidentes muestras de decadencia del poder imperial yanqui y el auge de China; Occidente se ve obligado a dialogar o negociar con un Oriente cada día más influyente en todos los campos; los bloques regionales se consolidan como focos de poder que determinan la escena mundial, de manera particular, en nuestra región latinoamericana. Frente a este panorama inquietante, nuestros políticos tradicionales se enconchan en una rígida posición, que demuestra su fosilización en el tiempo y su incapacidad de responder a los retos de la época actual.

En vista de lo anterior, considero que se impone la forja de un nuevo contrato social, que nos permita lograr una segunda y plena independencia que nos dé una base de justicia social y una a los sectores productivos del país. Se requiere acabar con la hegemonía del capital especulativo y de los bancos privados que están vinculados con el lavado. De manera particular, los capitales sospechosos de lavado deben ser investigados; los impuestos deben ser pagados por los sectores de una minoría plutocrática cada día más pequeña y cada día más avara. Los sectores productivos, sobre todo del agro, han sido fuertemente golpeados, por lo que deben unirse con los sectores de clase media y con los sindicatos para formar un frente patriótico que busque profundizar las reformas sociales y consolidar el Estado Social de Derecho. A los partidos políticos que aspiran a conformar el nuevo gobierno, hay que exigirles la elaboración de un programa de gobierno que refleje las posiciones y reivindicaciones de las mayorías. Este gobierno constituye una de las mayores traiciones que se han visto en nuestra historia. Un presidente que se convierte en rehén de algunos grupos económicamente poderosos que gobiernan sin haber sido sometidos al escrutinio popular como es exigencia fundamental de la democracia, no debe repetirse en nuestra historia. Construir una democracia real, una soberanía real, una independencia real, constituye el mayor tributo que den nuestras generaciones a quienes nos dieron la Primera Independencia; porque hoy debemos al Bicentenario y al inicio de nuestra segunda y plena y definitiva independencia ese tributo. Sólo así tienen sentido las celebraciones patrias.

El avance del fascismo en Estados Unidos, ¿Se ha interrumpido con la derrota electoral de Trump?

Vladimir de la Cruz

El fascismo, el nazismo y el nazi fascismo se desarrolla y ubica en tiempo histórico, en términos generales, a partir del inicio de la década de 1920, con el ascenso de Benito Mussolini al Poder en Italia, y luego con el ascenso, desde finales de esa misma década, de Adolfo Hitler en la Alemania.

Su etapa de fortalecimiento, y visión expansionista sobre el mundo, fue la década de 1930 y de avance sobre Europa, proyectado a acabar con la Unión Soviética, entonces la única región que construía un modelo político y económico alterno al capitalismo.

El surgimiento de este modelo político, de este ideario político ideológico, repercutió organizacionalmente, y por simpatías e identificaciones con esos movimientos políticos, especialmente en Alemania, y en Italia, en otros países, continentes y regiones. En Costa Rica, proyectado a Centroamérica, a finales de la década de 1920 se constituyó el Comité Fascista de Costa Rica y de Centro América, bajo el impulso de la Embajada de Italia.

La década del 30, con el desarrollo de la República Española, y la situación causada por las elecciones de 1936, que originan la Guerra Civil Española, con brigadas internacionales en defensa de la República Española, su derrota en 1939, y el ascenso de Francisco Franco al poder, quien fuese aliado estratégico de Hitler y Mussolini, en el desarrollo de la II Guerra Mundial, fortalecieron esos movimientos fascistas en diversas partes del mundo.

Las relaciones diplomáticas entonces existentes con Italia como con Alemania, hacían que sus Delegaciones tuvieran influencia activa en los gobiernos y en los gobernantes, sobre todo cuando con motivo de las relaciones económicas, especialmente con Alemania, habían lazos fuertes, como en el caso de Costa Rica, que Alemania ocupaba el tercer lugar en esas relaciones, y repercutía para que el Gobierno de León Cortés, 1936-1940, fuera en la práctica un aliado, simpatizando con Hitler, y con la Alemania Nazi.

Aparte de estos movimientos fascistas o nazistas, desde 1917, con motivo del triunfo de la Revolución Rusa y luego de la constitución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en 1922, surgieron a escala planetaria movimientos y organizaciones anticomunistas, que a los efectos prácticos, se convertían en aliados estratégicos del movimiento ascendente del fascismo y el nazismo cuando sus objetivos se clarificaron en avanzar hacia la Unión Soviética y acabar con su sistema económico político.

Estados Unidos no fue la excepción a este tipo de movimientos y organizaciones, amparados a una tradición de organizaciones racistas que venían desde el siglo XIX, como la sociedad terrorista Ku-Klux-Klan.

En vísperas de la II Guerra Mundial ya actuaban en Estados Unidos las organizaciones fascistas Camisas Plateadas, el Bund Germano Norteamericano, el Frente Cristiano, que dirigía el pastor Cougling, y la organización America First, que dirigía Gerald Smith, éste muy similar al movimiento que impulsó Donald Trump.

Al iniciar la II Guerra Mundial hubo en Estados Unidos quienes plantearon la posibilidad de establecer una “dictadura fascista disfrazada”.

Este fascismo estadounidense tendría sus propias características y particularidades.

En 1962 el periodista norteamericano Mike Newberry enfatizaba que eso había surgido con el fortalecimiento de los militares en la política norteamericana, con “guerras de guerrillas racistas”, avaladas por el Gobierno y la CIA, por el fortalecimiento del Poder Ejecutivo de poder declarar la guerra de manera unilateral, por la eliminación, en ese momento, de ciertas prerrogativas del Congreso, las medidas que se tomaron de restricción de libertades públicas, como la de expresión, y de las libertades civiles, como las establecidas en las leyes Smith y McCarran, la famosa Comisión de Actividades Antinorteamericanas, del Senador McCarthy, que originó la persecución más grande de ciudadanos norteamericanos, en la década de 1950, llevándolos incluso a la pena de muerte, estableciendo de esa manera un régimen dictatorial vestido de democracia, lo que sigue siendo una clave para entender mucho de lo que sucedió bajo el gobierno de Donald Trump, con el apoyo tácito que daba a organizaciones racistas y a actuaciones policiales altamente represivas en ese sentido, estimulando las acciones salvajes y desmedidas de sus seguidores, de calificar negativamente y como delincuentes a quienes se le oponían o criticaban.

En la década de 1930 hubo tendencias en Estados Unidos de interrumpir las relaciones internacionales, y las de tipo cultural, así como Trump tendió a sacar a Estados Unidos de instituciones internacionales, y de romper su presencia en la globalización económica que también habían impulsado a construir.

Como en la década del 30, Trump concentró su interés en fortalecerse en los Estados más atrasados políticamente de los Estados Unidos, con población bastante analfabeta en lo político, conservadora por su militancia en el Partido republicano y por la influencia de las corrientes religiosas no católicas, especialmente las pentecostales.

Trump a diferencia de Hitler ya tenía un Estado, el de la Unión, unificado en todo sentido, en cierta forma un Estado Autoritario, militarizado, policialmente fuerte, con mecanismos aptos para desarrollar formas terroristas y despóticas del ejercicio de Gobierno. Desde 1961, cuando el Presidente Eisenhower, dejó el Gobierno, advirtió del surgimiento del llamado complejo industrial militar, advirtiendo en cierta forma el peligro que eso podía contener para el Estado norteamericano, en cuanto a la alianza de los sectores productivos para el Ejército y las guerras con los grupos o camarillas gobernantes en Estados Unidos. El Senador Ralph Flanders, en esa época, llamó la atención sobre el sacrificio que se estaba haciendo de “perder” la libertad y de convertir el modo de vida norteamericano en un “modo de vida de un Estado cuartel”.

A los radicales políticos de la derecha en Europa y en otras partes del mundo les llaman fascistas, mientras en Estados Unidos, tan solo radicales de derecha, o la derecha. Lo vimos en las últimas campañas electorales, desde Hillary Clinton, usando el término de derecha para acusar a Trump o al Partido Republicano, mientras Trump acusaba fuertemente al Partido Demócrata de Socialistas y a los demócratas hasta de “comunistas”, procurando construir ese escenario de guerra fría interno y de revivir esas tradiciones fascistas en los Estados Unidos.

Para Trump socialista o comunista, en esta campaña electoral, fueron aquellos que se oponían a su ideal de americanismo, de Estados Unidos Primero, de los que podían amenazar la integración y la inviolabilidad de la Suprema Corte, de allí su urgencia de nombrar la última magistrada electa, de los que cuestionaban la salida que había hecho de organismos internacionales de la ONU, de los que se oponían a las formas despectivas y racistas de referirse a comunidades de personas, de trabajadores, de inmigrantes, de los que se oponían a la construcción de Muro en la frontera, de los que se oponían a la forma de denigrar a quienes no eran norteamericanos blancos, a los que defendían los programas sociales, especialmente el de salud, que se había tratado de impulsar desde la Administración Obama, o los que reclamaban la mala política seguida por el gobierno Trump para atender la pandemia del COVID 19, que de alguna manera su desinterés era a la vez una forma de llevar una limpieza étnica, en el interior de los Estados Unidos, por la afectación hacia los grupos más vulnerables para contraer el virus, latinos, negros, afrodescendientes, inmigrantes, pobres, personas excluidas en la realidad de sistemas y asistencias de salud.

Quienes así actuaban, desde el pasado hasta Trump, habían copado también las estructuras de la economía y de los negocios en Estados Unidos, lo que les daba presencia, legitimidad y hasta respetabilidad. Por ello la presencia de Trump, y su continuismo, era no solo un grave peligro sino una gran amenaza a la propia dinámica de la vida democrática en Estados Unidos.

Con Trump el extremismo racista cobró fuerza, se avivó. El odio y la intolerancia se izaron con fuerza, se metieron en toda la sociedad norteamericana, en todos los Estados, con distintos grados de intensidad, resquebrajando la estructura del edificio político e institucional de los Estados Unidos. Por ello no son tan casuales los discursos, desde la toma de posesión, que ha hecho y ha venido haciendo el Presidente Biden, para enfrentar esta tendencia y estos movimientos fascistas y racistas en la sociedad norteamericana.

Con la decisión del Senado norteamericano, negándose a enjuiciar a Trump, le envalentonó, lo fortaleció en su liderazgo personal sobre la masa de 70 millones de personas que votaron por él, más que por el Partido Republicano, convirtiéndolo en un líder, que no ha dejado de valorar la posibilidad de seguir actuando en política para volver a luchar la Presidencia en el 2024, salvo que los juicios, al margen de los escenarios políticos del Congreso y del Senado, le puedan causar algún grado de inhabilitación política.

El extremismo político trumpista es la nueva forma del neonazismo y del neofascismo en Estados Unidos. Las repercusiones de su movimiento tendrán sus alcances en otras latitudes y países. Este no es un movimiento exclusivo de los Estados Unidos, mientras Donald Trump lo aliente. La amenaza fascista sobre Estados Unidos nos amenaza a todos, especialmente a los que estamos más cerca, como países, de los Estados Unidos. Ya en Europa hay movimientos fascistas bien desarrollados, en distintos países. La tendencia peligrosa en este sentido es la constitución de una Organización Internacional neofascista que impulse esos movimientos a nivel mundial, cuando las fuerzas democráticas mundiales, y sus partidos políticos principalmente, están dispersas y desunidas en ese mismo sentido.

Si el fascismo acarrea la guerra el neofascismo en Estados Unidos es igualmente una grave amenaza para estimular las guerras. El retorno al hegemonismo mundial militar de los Estados Unidos por Biden podría ser una peligrosa manifestación de esos intereses neofascistas incrustados en el aparato militar norteamericano, y el complejo industrial militar que sigue teniendo una gran fuerza y presencia en Estados Unidos. El fortalecimiento de la OTAN y su retorno a ese organismo, por parte de Estados Unidos, presagia posibilidades de conflictos en la disputa por áreas de influencia en Europa, como las disputas con la República Popular China, por su presencia en las relaciones económicas internacionales, por la proyección de su nueva ruta de la seda, por su cada vez mayor proyección en Asia, y en el Mar de China, o las disputas con Rusia que se tratan de estimular, poniendo tensión en las relaciones internacionales. De esa forma el trumpismo tiene sus vasos comunicantes con la actual Administración Biden.

Los bloques militares, las bases militares, las provocaciones militares para crear conflictos artificiales, que favorezcan la industria de la guerra, la presencia militar norteamericana allí donde están, Afganistán, Siria, Irak o Guantánamo, las agresiones de diversa manera a los puntos sensibles existentes como, Corea del Norte, Cuba, Venezuela o Nicaragua, dentro de la óptica de las relaciones de Estados Unidos, seguirán. El rearme nuclear del actual gobierno norteamericano ha obligado a Rusia a mantener la producción de misiles de largo alcance.

Lo más importante es el desplazamiento de los Estados Unidos del escenario internacional, y de las relaciones económicas, que va a ser la clave en la definición de este panorama que empieza a perfilarse hacia los próximos cuatro años.

Con Trump presionando en el interior de los Estados Unidos, se alimentarán estas tendencias fascistas, de derecha y conservadoras, como también gustan llamarlas, en Estados Unidos. Dentro del Partido Republicano la lucha interna de Pro Trump y Anti Trump se agudizará. Por ahora Trump tiene su presencia bien ganada.

Con Biden no se ha acabado el peligro de la existencia de movimientos fascistas importantes en Estados Unidos. Está empeñado en derrotarlos, en golpearlos, en limitarlos, en reducir su influencia. ¿Cuánto? Ya veremos.

Si a Kennedy lo mataron los fascistas y ultraderechistas de su época, su asesinato mostró la forma, en ese momento, de dar un cambio de timón en el Gobierno, de dar un golpe de estado a lo gringo. Algo así quiso hacer Trump con su Marcha sobre Washington, al estilo fascista de la de Mussolini, el pasado 6 de enero.

Ese golpe de estado a lo Trump sigue vigente mientras él mantenga que su triunfo electoral le fue robado y que el gobierno de Biden es ilegítimo por su origen fraudulento. Desde la finalización de la II Guerra Mundial el fascismo en Estados Unidos empezó a desarrollarse y a crecer.

Trump, como un Frankenstein actual, encarna esta figura monstruosa del nuevo líder fascista de los Estados Unidos.

FRENAPI: “no haremos ninguna celebración del Bicentenario, manchado con la sangre de uno de nuestros fundadores”

Comunicado Primera Asamblea
Frente Nacional de Pueblos Indígenas-FRENAPI

A la comunidad nacional e internacional:

Del 19 al 21 de febrero 2021, nos encontramos en el Territorio Indígena de Térraba – Bröran, representantes de los Pueblos Indígenas de Costa Rica y celebramos la Primera Asamblea 2021 del FRENAPI – Frente Nacional de Pueblos Indígenas -, para analizar la realidad actual y fortalecer la agenda propia de nuestros Pueblos.

Iniciamos con una sesión de espiritualidad valorando que la Tierra Madre es sagrada y que las recuperaciones de tierra/territorio también deben sanar a la Madre Tierra.

Tomamos fuerza y energía de las raíces de nuestra espiritualidad indígena, para defender el bosque y recuperar las fuentes de agua que están amenazadas por la contaminación, como ejemplo: en el Territorio Indígena Bröran de Térraba, una quebrada que atraviesa la finca Crün Shurin, tiene medida cautelar interpuesta por el Juez Agrario de Buenos Aires, Jean Carlo Céspedes a favor de la poseedora ilegal no indígena Hilda Granados.

El segundo día concretamos el análisis de la realidad que vivimos en nuestras comunidades, dentro del contexto nacional y más allá, lo que nos hizo coincidir en la urgente necesidad de mantener y fortalecer la unión en nuestra lucha y en nuestros objetivos, para consolidar y avanzar en la construcción real de nuestra AUTONOMÍA, ampliando y defendiendo los Procesos de Afirmación Territorial Autónoma (PATA), lo cual planteamos hacer avanzar tejiendo estrategias impregnadas de fuerza y emoción en la lucha indígena por esa Autonomía, en sus ejes fundamentales:

  • Recuperación de nuestra tierra/territorio.
  • Espiritualidad propia
  • Cultura
  • Gobernanza tradicional
  • Identidad
  • Educación propia
  • Soberanía alimentaria

En esta lucha por la Autonomía resaltamos que hoy día, los procesos autonómicos en la recuperación tierra/territorio y por otros Derechos Indígenas, las mujeres llevan un liderazgo valiente siguiendo la fuerza de su corazón y las enseñanzas de nuestras/os mayoras/es, recuperando lo que es nuestro por derecho propio y ancestral, y, que además se encuentra reconocido en la Ley Indígena No. 6172, el Convenio 169 de la OIT y otras normas jurídicas.

Reconocemos el aporte del Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena (ODHAIN), que desde el 2011, ha trabajado en documentar, informar y denunciar ante autoridades nacionales, organismos internacionales y la opinión pública, la realidad que vivimos las Comunidades Indígenas, visibilizando la violencia y la impunidad.

Cerramos este comunicado afirmando que nuestros Pueblos Indígenas pertenecientes a culturas milenarias, no haremos ninguna celebración del Bicentenario, manchado con la sangre de uno de nuestros fundadores y líder del FRENAPI, Sergio Rojas Ortiz, bribri del clan Uniwak de Salitre y de nuestro hermano Jery Rivera Rivera del Pueblo Bröran.

Celebrar el Bicentenario significaría invisibilizar a nuestros Pueblos Indígenas y legitimar la violencia institucionalizada y el despojo histórico. En su lugar proponemos continuar la senda abierta de la lucha por nuestra autonomía, hasta el final.

Dado en Térraba Bröran, 20 de febrero de 2021.

¡NO MAS IMPUNIDAD!
#SergioRojasVIVE
#JeryRiveraVIVE
¡LA LUCHA SIGUE Y SE EXTIENDE!
FRENTE NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS (FRENAPI)
Acompaña: COMITÉ NACIONAL DE APOYO A LA AUTONOMÍA INDÍGENA
20 DE FEBRERO, 2021

UCR: Las universidades públicas reclaman respeto al estado social de derecho

Concentración en la Plaza de la Democracia

Esta fue la frase más utilizada por representantes de los distintos sectores de las cinco universidades públicas. Foto: Karla Richmond, UCR.

Más allá de defender el principio de autonomía de las universidades públicas, representantes estudiantiles, docentes y administrativos se dieron cita en la Plaza de la Democracia desde las 10 a.m. para alzar la voz en contra del proyecto de Ley Marco del Empleo Público por considerarlo lesivo de la Constitución Política y del estado social de derecho.

La actividad inició con las palabras de Francisco González Alvarado, rector de la Universidad Nacional (UNA) y presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare), quien recordó algunos de los aportes que realizan las universidades estatales en materia de movilidad social.

De acuerdo con González, estas instituciones cuentan con más 110 000 estudiantes. De ellos, el 52% tiene algún tipo de beca y el 68% son los primeros en su familia en cursar una carrera universitaria. Además, subrayó que cerca del 80% del estudiantado universitario proviene de colegios públicos y que la mayoría de la investigación que se desarrolla en el país se hace en las universidades estatales.

“La universidad pública es, por excelencia, un centro cultural de producción de conocimiento, de ciencia, de tecnología. Pero, también de discusión crítica y análisis social. La universidad pública no puede renunciar a su posición crítica de aquellos proyectos que van en contra de la equidad y de tener un Estado más justo y solidario. […] Este proyecto que viene cocinándose desde hace más de año y medio no es consecuente con la necesidad de tener un sistema de empleo público que responda a los nuevos contextos sociales. Estamos aquí no para defender salarios. Reconocemos que las universidades tenemos que hacer análisis en ese sentido y lo estamos haciendo. Pero, no podemos permitir que este proyecto violente la Constitución Política como pretende hacerlo”, enfatizó González.

Por su parte, Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), destacó que la concentración convocada es el resultado de un acuerdo entre el Conare, los cinco consejos universitarios, las cinco federaciones de estudiantes y los sindicatos de las universidades públicas, para pronunciarse en defensa del estado social de derecho costarricense y del orden constitucional. “No se trata solo de la exclusión de las universidades públicas de este proyecto, es mucho más que eso”, aseveró.

Gutiérrez se mostró satisfecho por la convocatoria y por el trabajo unido y consensuado de las cinco universidades públicas en contra del proyecto de Ley Marco del Empleo Público. Sin embargo, señaló que será necesario pensar en más alianzas con otros sectores de país, como sindicatos y sectores empresariales para que las que universidades estatales sigan contribuyendo al desarrollo del país.

“Abiertamente le hemos preguntado a los señores diputados y a las señoras diputadas ¿por qué insisten en un proyecto de ley que violenta la Constitución Política y los derechos humanos? Su respuesta ha sido que la Sala Constitucional es la que tendrá que decidirlo después de la votación en el plenario”, agregó Gutiérrez.

Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la Universidad de Costa Rica, compartió sus observaciones sobre el proyecto de Ley Marco del Empleo Público con los asistentes a la concentración. Foto: Karla Richmond, UCR.

Luis Paulino Méndez Badilla, rector del Tecnológico de Costa Rica, mencionó que el propósito de la manifestación es mostrarle a la Asamblea Legislativa que el proyecto de ley en discusión no es conveniente para las universidades, particularmente en las restricciones que se ponen en la toma de decisiones sobre cómo contratar profesores, trasladando esa responsabilidad a otras dependencias.

José Carlos Chinchilla, docente de la Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional, explicó en su discurso que la autonomía universitaria estipulada en la Constitución Política no es una prebenda para instituciones de educación superior, sino una garantía para el país de que va a prevalecer la razón, el conocimiento, la sensibilidad frente al arte y a las ideas libres del mundo.

“La Constitución de 1949 se planteó que las manos de los políticos no podían condicionar el empleo público, menos aún que podían tomar las universidades. Esa misma Constitución asumió un principio básico sobre el cual se construyó y es que todas las personas somos responsables de las otras personas y que el Estado, como condensación de este pueblo y de este pensamiento, debía tener la capacidad de responder para que ni una sola persona que habite en este país tenga condiciones de vida denigrantes. Eso es lo esencial de nuestra Constitución y para ello se dan regímenes especiales dentro de esta, para que la política no sea la dueña de las instituciones y la gente sí tenga el derecho a la mejor calidad de servicio”, afirmó Chinchilla.

“Abiertamente le hemos preguntado a los señores diputados y a las señoras diputadas ¿por qué insisten en un proyecto de ley que violenta la Constitución Política y los derechos humanos? Su respuesta ha sido que la Sala Constitucional es la que tendrá que decidirlo después de la votación en el plenario”.
Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la Universidad de Costa Rica

Rosibel Orozco Vargas, directora de la Sede del Atlántico de la UCR, subrayó la necesidad de que todas las universidades públicas, así como sus sedes y recintos, sigan haciendo un solo frente de lucha contra el proyecto de Ley Marco del Empleo Público en virtud de que la afectación será generalizada en el caso de ser aprobado por la Asamblea Legislativa. Anotó que, en el caso de las sedes regionales, ya existen dificultades a nivel presupuestario y para solventar necesidades administrativas de apoyo a la academia. “Creemos en la necesidad de apoyar esta convocatoria en defensa de un estado social de derecho, de la autonomía universitaria y de la educación superior de Costa Rica”, puntualizó.

Adriano Corrales Arias, docente del Campus Tecnológico Local San José, advirtió que la manifestación no debe restringirse a las cinco universidades públicas, sino que debe convertirse en un reclamo nacional porque, más allá de defender la autonomía universitaria y los salarios de los empleados públicos, se trata de resguardar la institucionalidad y la Constitución Política que, a su criterio, está siendo completamente agredida por un grupo de diputados que desconocen la historia institucional del país.

“Si esta ley es aprobada se trae abajo muchos años de conquistas sociales y la institucionalidad del país. Se trae abajo la autonomía universitaria, la autonomía municipal y la de varias instituciones descentralizadas. Pero, también se trae abajo toda una construcción de un estado social que ha venido respondiendo a la sociedad costarricense”, alertó Corrales.

La cimarrona de la Universidad de Costa Rica formó parte de una variada oferta artística durante la concentración. Foto: Karla Richmond, UCR.

“Estoy aquí porque el proyecto de empleo público que tiene a Asamblea Legislativa atenta contra la autonomía de las universidades y contra la Constitución. Y la ley no es algo que uno puede escoger cuando quiere o no, sino que es algo que se debe respetar. Entonces, no es un criterio subjetivo de los diputados. El puesto no les da para hacer interpretaciones subjetivas de cuando quiero aplicar la ley o cuando no. Esto puede abrir un portillo muy peligroso para el país por donde se asome el autoritarismo y el gobierno de turno acomode la ley a su gusto y conveniencia”, manifestó Rosberly Rojas, investigadora en la Universidad Estatal a Distancia (UNED).

El compositor e investigador de la música popular costarricense Manuel Monestel Ramírez también se hizo presente en la cita de las universidades. Para Monestel, el problema de fondo no son los salarios de los empleados públicos, que ya las universidades están atendiendo, sino un movimiento neoliberal que pretende derribar toda la reforma social que se dio a partir de mediados del siglo pasado. “Esa estatua de José Figueres, aquí en la Plaza de la Democracia, pierde contenido en este momento con lo que están haciendo los diputados, bien podrían quitarla porque ya no tiene el sentido que debería tener”, sentenció.

“Estoy aquí por un deber cívico e histórico. Creo en las grandes luchas sociales que se dieron en este país durante el siglo XX. Creo que la Constitución es muy clara en torno a la autonomía universitaria y estos proyectos de ley atentan contra la Constitución, que es nuestro marco de referencia para ser un país organizado y civilista. Sin autonomía, el desarrollo científico y artístico, la investigación y la acción social, lo que la universidad le devuelve a la sociedad, se verían minimizados y debilitados”, remarcó Monestel.

Posición estudiantil

Representantes de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica también elevaron su voz contra el proyecto de Ley Marco del Empleo Público. Foto: Karla Richmond, UCR.

A la actividad asistieron representaciones estudiantiles de las cinco universidades públicas, las cuales también manifestaron su oposición al proyecto y subrayaron la necesidad de regular los salarios a lo interno de las casas de estudio superior.

“Somos conscientes de que es necesario una reforma al empleo público que busque mejorar la prestación de servicios públicos de las distintas instituciones del Estado, pero este proyecto de ley no está basado en esa mejora, sino en una lógica fiscalista, de recorte, para tratar de atender el déficit fiscal, aunque no existen estudios técnicos de cuál sería el posible aporte de la aprobación de esta ley al problema del déficit”, resaltó Ana Catalina Chaves Arias, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (Feucr).

Para Chaves el proyecto de Ley Marco del Empleo Público pone en peligro no solo a las universidades públicas, sino a toda la institucionalidad pública, porque amenaza principios constitucionales que se instauraron para resguardar a las instituciones de los vaivenes e intereses de los gobiernos de turno y de la clase social hegemónica. “Estamos en defensa de la vida digna, de los derechos laborales de todas las personas trabajadoras, de las conquistas sociales a través de la Constitución Política y no estamos en la disposición de ceder estos derechos ni nuestros principios”, aseveró Chaves.

Similar criterio externó Diego Solano, representante estudiantil ante el Consejo Universitario de la Universidad Técnica Nacional (UTN). Para él, se está violentando el principio constitucional de la autonomía universitaria, aunque también reconoce que las universidades deben hacer reformas en sus sistemas salariales. “Ese es el compromiso que tiene Conare y que firmó el lunes pasado junto con las representaciones estudiantiles. Eso estuvo supeditado a una serie de propuestas que presentamos a los rectores y que tienen el fiel compromiso de reunirse la próxima semana para atender cada una de nuestras petitorias”, añadió.

De acuerdo con Solano, las representaciones estudiantiles se reunirán en las próximas horas para definir nuevos mecanismos y estrategias para involucrar a más estudiantes en este movimiento contra el proyecto de ley que se está analizando en la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa.

Jazmín Arroyo, estudiante de la maestría en Gestión Educativa con énfasis en Liderazgo y miembro de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (Feuna), mencionó que la manifestación es importante porque se trata de defender el estado social de derecho y a las universidades públicas en su quehacer. “Sin embargo, reconozco que hay reformas que se deben hacer dentro del marco de la autonomía y que debe ser responsabilidad de las universidades”, aclaró.

Arroyo se mostró satisfecha con la cantidad de estudiantes presentes en la concentración, a pesar de que la mayoría se encuentran estudiando de forma virtual en zonas alejadas a la capital por motivos de la pandemia por el virus SARS-CoV-2.

 

Fernando Montero Bolaños
Periodista, Oficina de Divulgación e Información

UCR: La aplicación móvil Suelos CR le facilitará al sector agrícola descubrir el potencial de sus terrenos

Suelos CR es la nueva herramienta de la UCR que permite conocer qué tipo de suelo hay en cada cantón y así tomar mejores decisiones para las actividades productivas

Costa Rica posee una alta diversidad de tipos de suelos aptos para diversos usos y actividades productivas. Los estudios realizados por la Universidad de Costa Rica confirman que el país cuenta con 10 órdenes de los 12 existentes, de acuerdo con el sistema de clasificación norteamericano. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.

La aplicación móvil Suelos CR pone al alcance del sector agrícola la clasificación de los suelos de todo el país y su grado de fertilidad por cantón, de una manera fácil y gratuita. Esta aplicación desarrollada por la Universidad de Costa Rica (UCR), en el Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA) y en coordinación con Proinnova, es de uso libre y ya está disponible para descarga en las tiendas de aplicaciones Google Play, Apple Store y AppGallery.

La aplicación ofrece información detallada del recurso suelo de Costa Rica y, por lo tanto, sirve para conocer las potencialidades de los terrenos ubicados en cualquier parte del país, así como sus debilidades. Identificar estas últimas permite a profesionales, empresas y productores del sector agrícola tomar mejores decisiones en cuanto a inversión y potencial productivo.

“Conocer el tipo de suelo y su grado de fertilidad es importante para tomar decisiones más acertadas sobre cuál es el potencial del suelo con respecto a los cultivos y cuáles prácticas tendrían que implementarse para una producción más óptima”, detalló el Dr. Carlos Henríquez Henríquez, director del Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA).

La herramienta está diseñada para que trabaje con el GPS (en inglés, Global Positioning System) de los dispositivos móviles y no requiere de conexión a internet, lo cual es una ventaja para su uso en zonas alejadas. No obstante, para la búsqueda de información adicional de la biblioteca de datos de la aplicación sí es necesario tener conexión a internet.

Aplicación móvil Suelos CR

  1. ¿Qué es la aplicación Suelos CR? Es una aplicación móvil de uso gratuito que permite acceder a información clave sobre el recurso suelo de Costa Rica, con un enfoque agrícola.
  2. ¿Para qué sirve?

Sirve para conocer dos aspectos: la clasificación de los suelos y el grado de fertilidad de los suelos por cantón.

  1. ¿A quién está dirigida?

A personal técnico y profesionales en agronomía, así como a agricultores y agricultoras de avanzada, estudiantes e investigadores de áreas afines.

  1. ¿Cuál es el valor de la información que brinda?

Permite obtener una mayor información del recurso suelo y, por lo tanto, saber sus potencialidades, así como sus debilidades. Conocer estas últimas permite tomar mejores decisiones en inversión y potencial productivo.

Transferencia de conocimiento

Suelos CR integra un conjunto robusto de datos recopilados por el Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA) de la Universidad de Costa Rica (UCR), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Asociación Costarricense de la Ciencia del Suelo (ACCS), así como de otras instituciones del país y algunos profesionales del sector agrícola.

Para acceder a la información, el usuario solo debe posicionarse sobre el mapa de Costa Rica y hacer clic sobre el área de interés. Una de las funcionalidades es que se desplegará la información georreferenciada sobre el tipo de suelo que hay en ese lugar, según la clasificación USDA o sistema norteamericano, el cual es el más utilizado en Costa Rica.

Otra de las funciones es que, desde la aplicación, el usuario podrá consultar detalles del grado de fertilidad de los suelos de cada cantón, es decir, la probabilidad de encontrar valores bajos, medios o altos de los diferentes componentes del suelo como el pH, la acidez, minerales como el Calcio (Ca), el Magnesio (Mg), el Potasio (K), entre otros.

“En el CIA, el profesor M. Sc. Rafael Mata, la M. Sc. Floria Bertsch y otros han dedicado años al análisis de las características y clasificación de los suelos de todo el territorio nacional. Ahora, queremos poner esta información a disposición de profesionales, empresas y sector productivo agrícola para la mejor toma de decisiones. También para otros usuarios interesados en el recurso suelo, como estudiantes y personas investigadoras”, acotó el Dr. Henríquez.

Los datos de fertilidad de suelos provienen del trabajo realizado por los docentes de la UCR, M. Sc. Floria Bertsh Hernández y Dr. Juan Carlos Méndez Fernández, a partir del procesamiento de 23 860 análisis de suelos de uso agrícola en todo el país. Estos análisis se realizaron en el Laboratorio de Suelos y Foliares del CIA, entre los años 2006 y 2010.

El suelo: un recurso valioso

Con el lanzamiento de esta aplicación de uso gratuito, la Universidad de Costa Rica busca apoyar los esfuerzos para que el país avance hacia una agricultura más tecnológica y de precisión, basada en criterios técnicos y de datos para la mejor toma de decisiones. Al integrar este tipo de tecnologías es posible lograr una mayor eficiencia en la utilización de los recursos para la agricultura.

Los desarrolladores de la aplicación aseguran que, además de proveer información para el sector agrícola, esta herramienta también será de mucha utilidad para profesionales de otras áreas enfocados en la realización de estudios de suelos, ya que brinda información clave para la protección y conservación de este importante recurso.

Al respecto, el Dr. Henríquez subrayó: «El recurso suelo está en peligro debido a varios factores que atentan contra su conservación. Esta aplicación viene a aportar un grano de arena a su conocimiento y a saber cómo aminorar las amenazas a este recurso que tiene un gran valor para la humanidad, no solamente como sustrato para la producción de alimentos, sino también para la protección del recurso hídrico y como fijador de carbono en la lucha contra el cambio climático, entre otros beneficios de este valioso recurso».

Aplicación Suelos CR

La aplicación móvil Suelos CR le facilitará al sector agrícola descubrir el potencial de sus terrenos. Suelos CR es la nueva aplicación de la UCR que permite conocer qué tipo de suelo hay en cada cantón y tomar mejores decisiones para las actividades productivas.

 

Katzy O`neal Coto
Periodista, Oficina de Divulgación e Información

UNA: MEP debe ser vigilante para evitar exclusión de estudiantes en vulnerabilidad social

Identificar a la población preescolar, escolar y colegial que no regrese a las aulas en el primer mes del curso lectivo 2021 y ejecutar acciones claras para lograr su retorno es fundamental para evitar la exclusión de niñas, niños y adolescentes en condición de mayor vulnerabilidad socioeconómica, afirma Roxana Rodríguez, directora del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia de la Universidad Nacional (Ineina-UNA).

Para ello, la especialista considera que el Ministerio de Educación Pública (MEP) debe mantener una constante vigilancia, con el apoyo de otras instituciones como el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y las municipalidades, de manera que se trabaje coordinadamente para promover la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo.

“Particularmente es preocupante la exclusión de las niñas y las adolescentes en pobreza, quienes son más vulnerables a la sobrecarga de tareas domésticas y a la explotación sexual”, advierte la especialista.

En su criterio, el regreso a las clases presenciales es clave, tomando en cuenta que la modalidad virtual adoptada debido a la pandemia, ha evidenciado de una forma muy clara las brechas sociales y educativas que ya existían en el país, donde miles de personas menores viven en pobreza o en pobreza extrema.

“Si hay exclusión de cualquier tipo, hay un incumplimiento del Estado de velar por el disfrute de los derechos contenidos en la Convención de los Derechos del Niño”, ya que la exclusión produce por sí misma el no disfrute de muchos derechos, advirtió la especialista de la UNA.

Presencialidad necesaria

La enseñanza a distancia ha visualizado la inequidad de acceso a los bienes sociales, entre ellos la tecnología. Tomando en cuenta las grandes diferencias que hay en el país en materia de tecnología, Rodríguez afirma que la presencialidad en las aulas de escuelas y colegios favorece una reducción en la exclusión educativa, especialmente de estos sectores más vulnerables socialmente.

La especialista llama la atención, además, sobre el hecho de que la familia no siempre cuenta con las herramientas para apoyar el proceso de aprendizaje; los docentes, como profesionales, son más efectivos en esta tarea.

En el caso de las familias de sectores en vulnerabilidad social, la escasez de herramientas es notoria. Una encuesta del programa Estado de la Nación -citada por la académica del Ineina- muestra que la probabilidad de que la familia afirme estar muy preparada para apoyar a los menores en sus tareas escolares es 2,4 veces más alta cuando tienen educación secundaria completa y universitaria, que cuando tiene secundaria incompleta o menos.

Pero hay más argumentos a favor de la presencialidad, sobre todo, porque –subraya Rodríguez- el aprendizaje es un proceso integral, que no incluye solo el contenido curricular sino las interacciones que el estudiantado tiene con sus pares y sus docentes.

En ese sentido, entre las principales ventajas de la asistencia presencial a la escuela destacan las siguientes: la escuela es un ambiente rico y amplio de interacciones con pares que permite a las personas menores formar su identidad personal y social; la inmersión presencial estimula el desarrollo de funciones ejecutivas, es decir, control de comportamientos, atención, memoria, elaboración de metas, planeación, entre otras; los centros educativos son factores de protección contra la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes.

¿Qué significa volver a la escuela?

Desde el punto de vista del desarrollo, la directora del Ineina recalca que la escuela es un espacio vital y socializador. ¿Quién no recuerda alguna anécdota de la escuela, sus mejores amigos, los partidos de futbol, jugar en el recreo, las risas, las historias de docentes que marcaron diferencia? “La escuela marca la vida emocional de los niños, de ahí la importancia de interacciones positivas que les permita aprender no solo contenidos curriculares, sino sobre sí mismos y sobre valores sociales, tales como la tolerancia, el respeto y la colaboración, entre muchos otros”.

¿Y qué dicen los niños y las niñas? El Ineina -adscrito al Centro de Investigación y Docencia en Educación (Cide) de la UNA- elabora una consulta a las personas menores de edad sobre qué significa para ellas volver a la escuela. “Creo que tendremos una mejor respuesta escuchando sus opiniones sobre lo que significa volver a clases”, dice la académica de la UNA.

La evidencia, por su parte, indica que el acceso a una educación de calidad promueve grandes beneficios en la población menor de edad, tanto en el aprendizaje como en su desarrollo emocional y social. A estos beneficios tienen derechos todas las personas menores; la exclusión implica incumplimiento de derechos fundamentales garantizados por normativa nacional e internacional.

Es por eso que la directora del Ineina llama a la reflexión. “Como sociedad no podemos permitir que las personas que viven en las condiciones más vulnerables, especialmente los niños, las niñas y adolescentes, sean más golpeados por la crisis financiera y de salud que enfrentamos. Esta situación nos llama a cuestionarnos y decidir qué clase de sociedad somos: una que sacrifica y olvida a las personas que menos tienen, o una sociedad solidaria que protege a quienes más lo necesitan”.

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Llamado ciudadano: Apoyo a Coadyuvancia Etiquetado Transgénicos

SURCOS comparte los siguientes archivos enviados por Jaime E. García G. como parte de la Campaña Nacional «Etiquetado de transgénicos ¡Ya!» promovida por la Asociación Red de Coordinación en Biodiversidad.

Si desea coadyuvar el recurso de amparo adjunto, solo tienen que incluir los datos correspondientes en las secciones con fondo de color amarillo, firmar, fotografiar o escanear, y enviarlo a la siguiente dirección electrónica: Informes-SC@poder-judicial.go.cr

Si es una organización la que va a presentar la coadyuvancia, se debe indicar el nombre, número de cédula jurídica de esta y el de su representante legal, así como la personería jurídica.

Ver archivos adjuntos.

 

Imagen ilustrativa.

Incluir a universidades en Ley de empleo público NO genera reducción del déficit fiscal

Incluir a las universidades en esta ley no le genera ningún ahorro al Estado ni una reducción del déficit fiscal, a menos que se continúe violentando la Constitución Política.

Por: Roxana Morales Ramos
Economista y Vicerrectora de Administración UNA.

¿Incluir a las universidades públicas en la Ley marco de empleo público contribuye con la reducción del déficit fiscal? ¿Esta ley genera un ahorro para las universidades?

La ley marco de empleo público (expediente 21.336) NO le genera ningún ahorro al Estado y menos una reducción del déficit fiscal.

Pretender incluir a las universidades en la ley marco de empleo público con el objetivo de reducir el déficit fiscal es totalmente equivocado. La Constitución Política establece:

Artículo 85. Las rentas de ese fondo especial no podrán ser abolidas ni disminuidas, si no se crean, simultáneamente, otras mejoras que las sustituyan.

El Poder Ejecutivo incluirá, en el presupuesto ordinario de egresos de la República, la partida correspondiente, señalada en el plan, ajustada de acuerdo con la variación del poder adquisitivo de la moneda.

Por su parte, la Constitución Política establece en su art 78, reformado en el 2011, que el Gasto Público en Educación, incluida la Superior, no podrá ser inferior al 8% del PIB. Y más bien, con la reciente actualización del año base (2017) del PIB que realizó el BCCR se determinó que el PIB resultó mayor, en cerca de un 3.5%, al que se había estimado con la metodología anterior, por lo que el presupuesto asignado a la Educación más bien debería aumentar para cumplir con lo establecido constitucionalmente.

¿Pretende el gobierno también incumplir este artículo de la Constitución? ¿Incluye el Gobierno en sus cálculos para reducir el déficit fiscal la reducción de la inversión en educación?

En el 2011, la Ley N° 8954 modificó el artículo 78 de la Constitución Política y actualmente dice: “La educación preescolar, general básica y diversificada son obligatorias y, en el sistema público, gratuitas y costeadas por la Nación. En la educación estatal, incluida la superior, el gasto público no será inferior al 8% anual del producto interno bruto […]”

¿Genera un ahorro para las universidades?

Esto no es posible determinarlo, más bien en el corto plazo podría generar un aumento en el gasto debido a que no se conoce el nivel de salarios que se establecería para cada tipo de puesto, y si estos resultan superiores a los establecidos actualmente -lo que probablemente suceda en algunas categorías-, las nuevas contrataciones y muchas personas funcionarias actuales que podrían voluntariamente acogerse al salario único, presionarían más bien hacia el alza el costo de la planilla.

Este mayor costo sería difícil de cubrir, sin afectar la acción sustantiva de las universidades, debido a las restricciones impuestas por el Título IV de la ley 9635 (Regla Fiscal), que pone límites al gasto corriente este año y, a partir de 2022, al gasto total de las instituciones públicas.

Por ende, al no tenerse definidos los montos de los salarios que se establezcan en el nuevo esquema de remuneraciones, es imposible determinar eventuales ahorros o eventuales incrementos en el gasto de las universidades producto en el corto plazo.

En resumen, incluir a las universidades en esta ley no le genera ningún ahorro al Estado ni una reducción del déficit fiscal, a menos que se continúe violentando la Constitución Política.

Finalmente, es importante aclarar que esta lucha no es para defender privilegios ni altos salarios, somos conscientes de que a lo interno debemos realizar muchos cambios que aseguren la calidad de la educación y la sostenibilidad financiera.

Esta lucha es para defender la Constitución Política, el Estado Social de Derecho, la Autonomía Universitaria y evitar que la clase política de turno sea la que defina, con sus intereses particulares, el accionar de las universidades, afectando la libertad de cátedra, principio fundamental de la enseñanza universitaria.

***Mayores detalles con periodista Oficina de Comunicación 8334-4150.

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Pronunciamiento sobre el Proyecto de Ley de Empleo Público

SURCOS comparte el siguiente pronunciamiento:

El Consejo Científico del Instituto de Investigaciones Sociales manifiesta su rechazo al proyecto de Ley del Empleo Público presentado por el Gobierno y en proceso de discusión en la Asamblea Legislativa. Asimismo, hace un llamado urgente a la comunidad universitaria, a la población trabajadora del sector público y a toda la ciudadanía costarricense, para que se manifieste en defensa integral del Estado Social de derecho.

Considerando que:

Desde el año 2018 se ha incrementado el ataque contra el Estado Social de Derecho costarricense, manifiesto en diferentes leyes y decretos aprobados por el Gobierno de turno.

En este contexto y con el concurso de distintos medios de comunicación privados, se ha promovido una estigmatización (cuando no satanización) de las instituciones públicas y las personas trabajadoras del sector público.

Con el fin de debilitar las resistencias sociales a la implementación de dichas políticas, se ha criminalizado aún más la protesta social y se han intensificado las acciones represivas contra las ciudadanías descontentas.

Lejos de buscar acuerdos inclusivos para todos los sectores de la población, los llamados al diálogo de este gobierno han dado pie a acuerdos de élites que poco han ayudado a encontrar salidas justas y dignas a las múltiples crisis que enfrenta el país.

En este marco se inscribe la actual iniciativa gubernamental y legislativa para aprobarla denominada Ley del Empleo Público, la cual propone una serie de reformas que profundizan el desmantelamiento de los derechos laborales y las autonomías institucionales de Universidades, municipalidades y PoderJudicial.

En respuesta a esa nueva arremetida las autoridades universitarias han elaborado una hoja de ruta que poco contribuye a la defensa colectiva del Estado Social de Derecho y, paradójicamente, abona a las visiones de extremo privilegio que señalan los detractores de la Educación pública, gratuita y de calidad.

Declaramos:

Rechazamos los intentos reiterados del gobierno, algunos medios de comunicación y ciertos sectores empresariales por desmontar el Estado Social de Derecho.

Deploramos las acciones de estigmatización de las instituciones y trabajadores del sector público, así como la criminalización, represión y división del movimiento social.

Hacemos un llamado a las autoridades universitarias a no repetir el error de intentar negociar al margen del movimiento social una exclusión de las universidades de la Ley en trámite y sin criticar el conjunto de políticas de desmantelamiento que se viene implementando.

Convocamos a toda la población trabajadora del sector público a llevar adelante una defensa activa y solidaria del Estado Social de Derecho y de los derechos laborales, no solo de quienes ya laboran en las instituciones públicas, sino también del sector privado y de las siguientes generaciones.

Exhortamos a la comunidad universitaria a tomar un rol activo en defensa integral de la institucionalidad pública y el Estado Social de Derecho que la han convertido en una institución de referencia.

Hacemos un llamado a la ciudadanía costarricense para que se informe críticamente sobre este proceso de desmantelamiento del Estado Social de Derecho y de cómo el mismo está afectando sus derechos fundamentales a la salud, a la educación, al trabajo y otros.

22 de febrero de 2021