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Autor: María José Ferlini Cartín

Desde la otra acera: “Los impactos del empleo público”

Escrito en . Publicado en Derechos.

En el programa “Desde la otra acera” acompaña la Diputada Paola Vega y el abogado Oscar Madrigal para entender los impactos que tendrá la ley de empleo público en el país. La presidenta de APSE Sindicato, Zaray Esquivel Molina, nos ofrece el editorial “Un paso hacia atrás: ley de empleo público”, donde destaca el retroceso que implica esta ley para el país.

Para ver detalles y posicionamientos, adjuntamos el enlace del programa:

 

Compartido con SURCOS por la APSE.

Voraz cerco al Estado Social de Derecho

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Fernando Astorga Gatjens

Desde ya hace varios años, un sector minoritario de la sociedad costarricense, colmado de privilegios, ha venido desarrollando distintas acciones que han erosionado y debilitado el Estado Social de Derecho.

Lo que fue un enorme logro de nuestra sociedad en la segunda parte del siglo anterior, lo es cada vez menos, en un país en el cual la concentración de la riqueza y la desigualdad social, han crecido significativamente.

La cuenta regresiva para este logro de Costa Rica, arrancó su cuenta regresiva a partir de la entronización de políticas dominantemente neoliberales, inspiradas en el llamado «Consenso de Washington» y que arrancaron con los Programas de Ajuste Estructural (PAEs).

Tanto el Partido Liberación Nacional (PLN) como la Unidad Social Cristiana (PUSC) arriaron sus banderas socialdemócratas y de humanismo cristiano, respectivamente. Un discurso cada vez más débil y poco convincente, abrió paso a prácticas políticas neoliberales, dirigidas a reducir al máximo las estructuras y funciones del Estado.

Asimismo, el Partido Acción Ciudadana (PAC) que emerge como una fuerza rupturista del bipartidismo, con una propuesta anti-neoliberal y contra la corrupción, cuando toma las riendas del Ejecutivo, particularmente con la administración de Carlos Alvarado, abandona las razones que lo originaron.

De esta manera, la obra que iniciaron el PLN y el PUSC, en el Ejecutivo y Legislativo, la ha asumido en forma devastadora, la administración actual mediante la Ley de Ajuste de las Finanzas Públicas (2018) y, actualmente, con el impulso de la Ley de Empleo Público. Pero para reducir la movilización social ante este tipo de normas regresivas, que afectan a sectores mayoritarios de la población, han echado mano a la aprobación de leyes que limitan significativamente la organización de huelgas.

Asimismo, a estas élites voraces de concentración de riqueza y de poder político, que gozan de un amplio dominio en el gobierno y el Parlamento actual, les ha venido muy bien la pandemia en tanto también ha coadyuvado en la desmovilización social, en virtud de las medidas de bioseguridad dictadas por las autoridades de salud, desde hace casi un año.

Para desarrollar su acción política que ha convertido al Estado Social de Derecho en una sombra de lo que fue, estos grupos minoritarios y en un tono cada vez más autoritario, han utilizado sus medios de comunicación, para desarrollar una sistemática campaña contra el sector público y las distintas expresiones sindicales en este sector.

En su afán arrollador a fin de avanzar en sus propósitos, han querido desacreditar todos los servicios que brinda el Estado (salud, educación, seguridad social, electricidad, telecomunicaciones, entre otros).

Hoy más que nunca hemos podido constatar la importancia fundamental de la medicina social y los servicios públicos de salud, para atender los efectos devastadores de la pandemia. Quienes hemos defendido a la CCSS de las acciones privatizadoras, podemos decir ahora que no sólo es necesario mantenerla sino que también fortalecerla como el mejor instrumento, para asegurar el derecho a la salud para todas y todos los costarricenses, especialmente, los afectados por la pobreza y la desigualdad social.

Eso mismo tiene validez en la educación, que debe avanzar en la inclusión y la calidad, sea presencial, virtual o bi-modal, para asegurar las oportunidades de desarrollo social, en un piso lo más parejo posible.

Es cierto que hay pequeños grupos en el sector público que se han beneficiado de condiciones de desigualdad, que deben ser modificadas. Sin embargo, no representan de ningún modo ni la mayoría y menos, la totalidad de los empleados públicos.

En este contexto, el actual proyecto de ley de empleo público no es una iniciativa que busca llevar justicia y eficiencia, como han argumentado sus promotores. No. Se orienta a reducir el rol que debe tener el Estado en un desarrollo realmente inclusivo y solidario. Igualmente, un derivado inevitable de esta iniciativa que buscan aprobar aceleradamente, sería la precarización del empleo público.

El Estado Social de Derecho merece y urge la movilización de las mayorías en su defensa, al tenor del carácter participativo de nuestra democracia, como lo fija el artículo 9 de la Constitución. En estos días de largas sombras, las fuerzas sociales y políticas progresistas, debemos llevar luz y brújula a una democracia secuestrada por una élite voraz, mezquina y angurrienta.

(21 de febrero, 2021)

Talamanca: denuncian fumigación aérea por daños a la salud y ecosistemas

Escrito en . Publicado en Agua, Derechos, Madre Tierra.

  • Área de salud solicita ayuda a Aviación Civil

  • Estudios demuestran que mujeres embarazadas y escolares se contaminan por plaguicidas

Las personas que viven cerca de plantaciones bananeras han denunciado por décadas las fumigaciones aéreas que las comunidades viven a diario. En una reciente denuncia del área de Salud de Talamanca se solicita la colaboración de Aviación Civil para que verifique “el estado de funcionamiento, mantenimiento y operación de la aeronave agrícola”, entre otras características del avión, campo de aterrizaje y “el estado de cumplimiento de la empresa a cargo de la avioneta, relacionado con los permisos, certificados y la aplicación de manuales”.

El Área de Salud hace hincapié “en la importancia de verificar las responsabilidades del piloto relacionadas con las técnicas empleadas en la aplicación aérea de agroquímicos y la realización de vuelos rasantes, ya que son los principales aspectos que afectan a los denunciantes, así como el ruido generado por aeronave.

Según el documento firmado por la Dra. Jennifer Jones Villers del Área Rectora de Salud de Talamanca: “mediante visitas realizadas a lo largo del 2019 y 2020 se ha evidenciado una serie de irregularidades, entre ellas que el follaje de distintas plantas y arbustos de las propiedades de dos de los denunciantes, estaban llenas de partículas muy pequeñas de algún producto sintético que les fue rociado, en apariencia agroquímico”.

Según el testimonio de una de las denunciantes “el ruido que genera la avioneta fumigadora produce muchas molestias porque sobrevuela, en sus propiedades, a muy baja altura. Como prueba guarda videos donde se aprecia la aeronave haciendo vuelos sobre su casa. Una de las denunciantes presentaba afectación en su pecho, garganta y tenía mucha tos, y manifestó que además ha presentado otros síntomas en diversas ocasiones como picazón en la garganta, dolores de cabeza, tos y ganas de vomitar, entre otros”.

También se recoge la denuncia en redes sociales de una avioneta agrícola sobrevolando Playa Grande de Cahuita en “un video en el que claramente se observa una avioneta esparciendo el producto”. La plantación más cercana al sitio estaría en el poblado de Penshurt.

Según el reglamento para las actividades de la Aviación Agrícola Nº 31520-MS-MAG-MINAE-MOPT-MGPSP[i] es competencia del Consejo Técnico de Aviación Civil y de la Dirección General de Aviación Civil ejecutar, garantizar y velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que rige la materia de aviación civil y agriada relacionadas con la protección de la salud de las personas, animales y de la conservación del ambiente.

Estudios alertan contaminación por fumigaciones áreas

En 2009 el Instituto Regional en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional encontró restos de Mancozep en la orina de los niños en Talamanca. El Mancozep es utilizado en las plantaciones bananeras y es catalogado como un Plaguicida Altamente Peligroso[ii] (ver más).

En un estudio publicado en 2014[iii] se encontró que las mujeres embarazadas que viven cerca de plantaciones de banano del cantón de Matina en Limón, tienen elevadas cantidades de Etilentiourea (ETU) en su orina. ETU es un derivado del plaguicida Mancozeb, el cual se aplica mediante fumigación aérea. Las regulaciones actuales para las fumigaciones áreas parecen ser insuficientes para prevenir el contacto de las mujeres con este plaguicida. El estudio mencionado corresponde a “Aplicación Aérea de Mancozeb y Concentraciones Urinarias de Etilentiourea en Mujeres Embarazadas de Costa Rica: el Estudio Infantes y Salud Ambiental (ISA)”. La investigación la realizó un grupo de especialistas del Instituto Regional en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (IRET-UNA) en colaboración con investigadores de la Universidad de Lund y el Instituto Karolinska (Suecia), de la Universidad de Quebec en Montreal (Canadá), y la Universidad de California en Berkeley (Estados Unidos).

Según los investigadores, algunas de las mujeres tenían cantidades más altas que otras porque vivían más cerca de las plantaciones bananeras, trabajaban en agricultura durante su embarazo, y/o lavaban la ropa de sus familiares, quienes principalmente trabajan en banano[iv]( ver más).

Otra investigación de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica abocada a estudiar la presencia de plaguicidas en las escuelas de Matina de la provincia de Limón, encontró presentes en el aire y el polvo, restos de 18 agrovenenos rociados por las avionetas (ver más). Este estudio fue desarrollado en 12 escuelas aledañas a plantaciones de banano.

En nuestro país están autorizados hay más de 449 agrotóxicos para las fumigaciones en plantaciones mayormente de banano, arroz, caña y cítricos entre otros [v](ver más) , y a pesar de los estudios y las denuncias más bien se está tratando de flexibilizar y permitir que las avionetas rocíen plaguicidas en lugares próximos a casas, escuelas y centros de salud[vi] ( ver más).

[i]http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=52129&nValor3=70809&strTipM=TC

[ii] https://historico.semanariouniversidad.com/pais/en-talamanca-estudio-revela-presencia-de-agroqumicos-en-orina-de-nios/

[iii]http://www.isa.una.ac.cr/images/articulos/cientificos/2014_Aplicacion_aerea_de_Mancozeb_esp.pdf

[iv]http://www.campus.una.ac.cr/ediciones/2014/octubre/2014octubre_pag05.html%23:~:text=Las%20mujeres%20embarazadas%20que%20viven,se%20aplica%20mediante%20fumigaci%C3%B3n%20a%C3%A9rea.

[v]https://www.repositorio.una.ac.cr/handle/11056/13014

[vi] https://surcosdigital.com/podrian-permitir-fumigacion-cerca-de-escuelas-ebais-y-centros-de-poblacion/

Denuncia-fumigación-talamanca-SaludDescarga

Compartido con SURCOS por Fabián Pacheco

Escamoteo y exclusión en salud y pensiones

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

M.Sc. Rodrigo Arias López
Matemático y Actuario

Costa Rica ha logrado avances significativos en seguridad social. En salud y pensiones, gracias a la creación del Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y el Instituto Nacional de Seguros y otras instituciones, hoy contamos con indicadores sociales mejores que los de muchos otros países.

Nuestro derecho a la salud y a la vida obliga a la CCSS a dar atención médica de urgencias y hospitalización a quien la requiera, por lo cual la cobertura del seguro de salud (SS) llega al 100% de la población. Esta tasa se reduce a un 86% cuando se excluye a quienes no están asegurados, ya sea por desempleo, evasión o exclusión. En pensiones (IVM) en cambio, los valores no son tan buenos, pues la cobertura de asegurados cotizantes alcanza el 58% de la Población Económicamente Activa (PEA); 63% si se agrega a quienes cotizan en los regímenes sustitutos. Adicionando a las personas que no cotizaron en el último año; pero que ya tenían 15 o más años cotizados estimo que la cobertura en pensiones alcanza el 75% de la PEA.

Si bien estos indicadores globales lucen bastante buenos, no podemos decir lo mismo al considerar subgrupos poblacionales. Los siguientes dos ejemplos ilustran baches en salud y pensiones que hasta la fecha han sido soslayados por la CCSS y por el Estado, a pesar de que afectan a quienes más necesitan de ayuda estatal.

A los asegurados por cuenta del Estado conforme al artículo 2 de la Ley N° 5349 les niegan el derecho de recibir subsidios en caso de incapacidad temporal por enfermedad, de licencia en caso de maternidad y traslados, como si la condición de pobreza fuera sinónimo de vagabundería o desprecio. Dicha ley obliga a la CCSS a brindar “asistencia médica y hospitalaria” a estas personas; sin embargo, en el artículo 11 de su reglamento se indica que “Los «Asegurados por cuenta del Estado», tendrán derecho a todas las prestaciones que otorga el Régimen de Enfermedad y Maternidad de la Caja, con excepción de los subsidios en dinero por cualquier título y los traslados”, lo cual no está establecido en la Ley 5349.

Ilustro lo anterior con una familia en condición de extrema pobreza asegurada por el Estado en el SS, de 4 miembros y con ingreso familiar mensual de ₡200.000 o menos. En un hogar como este si el jefe o jefa de familia se enferma, la falta de asistencia económica promovida o evadida por la CCSS y por el Estado lo condena a mayor miseria, deserción estudiantil, vulnerabilidad a la enfermedad, desintegración familiar y hasta a la delincuencia. En cambio, si esta misma familia estuviera asegurada bajo otra modalidad en el SS sí recibiría asistencia económica en caso de incapacidad temporal por enfermedad o de licencia por maternidad.

En el primer caso anterior la CCSS cobra al Estado la tarifa media de las modalidades de aseguramiento contributivo (artículo 6 de la Ley N° 7374), calculada como el total de cuotas entre el total de masa salarial (ver la página 12 del informe de Auditoría Interna de la CCSS ASF-112-2017 en https://drive.google.com/file/d/1UJpsCIey8x0hJ4Mf_ujG8FqvgDkGYojr/view?usp=sharing), sin excluir el costo de los subsidios por incapacidad temporal en caso de enfermedad y de licencia por maternidad, ni los costos de traslados. Dicha tarifa es aplicada sobre la Base Mínima Contributiva del SS. Con esta actuación la CCSS presuntamente estaría incurriendo en enriquecimiento ilícito cobrando y recibiendo dineros por costos de subsidios de incapacidad temporal por enfermedad, de licencia por maternidad y de traslados que están escamoteando o no están brindando a los asegurados por el Estado.

En mi criterio lo que procede es que a estos asegurados les otorguen todos los servicios integrales de salud sin discriminación alguna, conforme a la definición de “servicios integrales de salud” promovida por la Organización Mundial de la Salud (https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/primary-health-care) y hasta por la propia CCSS (https://www.ccss.sa.cr/portal/cultura-organizacional), todo de conformidad con los artículos constitucionales 33, 50, 51, 74 y 177.

Como si el anterior presunto robo a cerca de 650.000 personas aseguradas por el Estado en el SS fuera poco, estos seres humanos están olvidados por el Estado en caso de las contingencias de invalidez, vejez y muerte – están excluidas de todos los regímenes de pensiones existentes en Costa Rica-, pues a pesar de que el transitorio del artículo 177 constitucional establece desde el año 1961 que “La Caja Costarricense del Seguro Social deberá realizar la universalización de los diversos seguros puestos a su cargo, incluyendo la protección familiar en el régimen de enfermedad y maternidad, en un plazo no mayor de diez años. contados a partir de la promulgación de esta reforma constitucional”, lo cierto es que ninguna ley hasta la fecha ha establecido la cobertura de dichas contingencias para ellos.

El Régimen No Contributivo de Pensiones (RNC) creado por la Ley N° 5662 y administrado por la CCSS (Ver http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=64032&strTipM=TC), no cubre en la práctica de manera integral a las personas aseguradas por el Estado en el SS, por las razones que señalo a continuación:

1) El RNC no es preventivo, por lo que no acumula derechos como generalmente sucede en un régimen de pensiones.

2) En el RNC las pensiones por vejez se asignan si al llegar a la edad de 65 años la persona se encuentra en condición de pobreza o de extrema pobreza, no tiene derecho a pensión en otro régimen de pensiones y el Estado asigna los recursos.

3) Las pensiones del RNC no son heredables en caso de muerte, dejando en desamparo al núcleo familiar del pensionado ante dicha contingencia.

4) El RNC no ofrece garantía de protección a todos los adultos mayores en condición de pobreza o pobreza extrema. Según datos de la encuesta que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en nuestro país hay cerca de 18.500 personas adultas mayores en extrema pobreza que no están cubiertas por el RNC y otras 35.500 personas adultas mayores en condición de pobreza que tampoco reciben protección del RNC.

5) El monto de la pensión mensual del RNC de ₡82.000 es sumamente bajo, por lo que no cumple con los objetivos mínimos de bienestar y seguridad social. Según datos del INEC, unos 10.000 pensionados del RNC viven en condición de extrema pobreza y otros 44.000 pensionados del RNC permanecen en condición de pobreza.

6) Datos de la misma fuente indican que hay 132.000 personas adultas mayores no pobres y no asalariadas que no están pensionadas por ningún régimen nacional de pensiones. Es probable que muchas de ellas hayan vivido en condición de extrema pobreza o de pobreza durante un período de tiempo y salieron de esa condición demasiado tarde como para acumular derecho a una pensión de un régimen contributivo de pensiones.

7) El 31,5% (51.500 casos) de las pensiones de vejez de IVM son pensiones mínimas de ₡137.000 mensuales, lo cual en mi opinión es una calamidad. Según datos del INEC 51.000 pensionados de IVM viven en condición de pobreza o de extrema pobreza; 37.000 de ellos son adultos mayores. Muchos de estos pensionados reciben montos mínimos de pensión porque la condición de pobreza o de extrema pobreza no les permitió aportar suficientes cuotas, ni cotizar sobre salarios adecuados y además porque el Estado los excluyó de la cobertura de pensión cuando estaban activos y en pobreza, como sucede hoy.

En mi opinión las personas cubiertas en el SS de conformidad con el artículo 2 de la Ley 5349 también deben estar cubiertas por un régimen de pensiones, para lo cual se debería crear una ley que lo instaure y regule y le asigne los recursos necesarios de conformidad con el artículo 177 constitucional y su transitorio.

Sin embargo, parece que en esta materia a nivel político las cosas van hacia otro rumbo, pues el Estado más bien desfinancia al RNC y a otros programas de ayuda a los más necesitados (https://semanariouniversidad.com/pais/los-fondos-para-los-pobres-son-sacrificados/). Paradójicamente existen sindicalistas angurrientos de poca conciencia social que sugieren quitarle recursos a los pobres para trasladarlos a IVM (https://www.ande.cr/noticia/R2UnQ8XpJ0D0). Esta maquiavélica sugerencia ya tuvo eco en la Superitendencia de Pensiones (https://semanariouniversidad.com/pais/plantean-que-recursos-de-programas-sociales-se-trasladen-a-pensiones-de-la-caja/). Recemos para que este eco de más miseria no llegue al Fondo Monetario Internacional.

MONUMENTO AL PREVARICATO. A propósito de su «inauguración»

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

  1. Porque el edificio de la Asamblea Legislativa, con más de 53.000 m2 de construcción se construyó irrespetando la Constitución Política y la Ley Orgánica del Ambiente.
  2. Porque se irrespetó de plano los decretos ejecutivos que contienen los reglamentos que rigen la materia de las EVALUACIONES AMBIENTALES, emitidos por la Setena (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) para ser cumplidos.
  3. Porque igualmente se irrespetó al Senara (Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento) al obviar el dictamen que debió haberse solicitado sobre el importante acuífero subterráneo alcanzado con la profunda excavación del edificio.
  4. Porque no se hizo un estudio hidrogeológico del subsuelo en que se plantó el edificio (ni los otros estudios de ley) que manda el «Formulario de Evaluación Ambiental D1».
  5. Porque el entonces representante del ministro de Ambiente y Secretario General de la Setena, arrogándose personalmente funciones que le corresponden al órgano colegiado jerarca de esa Institución (Comisión Plenaria) AUTORIZÓ la no presentación del Estudio de Impacto Ambiental que obligatoriamente debió de haber presentado el desarrollador del proyecto, quien hizo por escrito la reprochable gestión para que se cometiera tan burda ilegalidad.
  6. Porque los miembros de la Comisión Plenaria, enterados luego de la grave ilegalidad cometida por su Secretario General, tramitaron un recurs administrativo sobre el acto indebido, «disimulando» la situación y convirtiéndose en cómplices de la irregularidad.
  7. Porque, además, se incumplió violentamente la normativa de la Setena que determina en qué casos se puede extender la validez de una VIABILIDAD AMBIENTAL otorgada para un proyecto, hacia otro ligeramente diferente, situación que no corresponde en el caso de este proyecto.
  8. Porque los órganos contralores del Ministerio de Ambiente (Minae) no cumplieron con el deber que juraron cumplir, de actuar diligentemente ante la evidente falta que se estaba cometiendo en un órgano bajo su jurisdicción, como es la Setena.

POR LO ANTERIORMENTE RESUMIDO, es materialmente imposible alegar que no se ha COMETIDO PREVARICATO en todo el proceso que condujo hacia la construcción de tan antiecológico inmueble, sede, paradójicamente, de la Asamblea Legislativa de Costa Rica.

(FREDDY PACHECO LEÓN, PhD en Ciencias Biológicas).

¿Impulsa, con la Ley de Empleo Público, el Partido Acción Ciudadana un Gobierno Fascista?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

El Partido Acción Ciudadana nació como una alternativa política especialmente a los partidos tradicionales del bipartidismo gobernante, Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, que habían ejercido un dominio efectivo del Poder Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa.

Fundado por exdirigentes de Liberación Nacional, tan solo levantaron la bandera de la probidad y de la lucha anticorrupción como esenciales de su lucha, aprovechando el ambiente de denuncias que habían empezado a surgir a partir del 2000.

Desde el 2014 y el 2018 viene ejerciendo al Gobierno de la República, desplazando a esos otros partidos, y aunque parezca exageración, al momento actual, luce como una posible expectativa de continuar en el Gobierno a partir del 2022.

En materia de desarrollo económico y de políticas públicas económicas no se ha diferenciado de esos otros partidos políticos que ejercieron gobierno.

El modelo económico del país, desde los Planes de Ajuste Estructural, del gobierno liberacionista de Luis Alberto Monge, 1982-1986, y de los Tratados de Libre Comercio, iniciados en el gobierno social cristiano de Rafael Angel Calderón Fournier, 1990-1994, no ha cambiado. Al contrario, se ha fortalecido en sus tendencias institucionales.

Ciertas políticas en materia de Derechos Humanos se han fortalecido bajo los gobiernos del Partido Acción Ciudadana, pero en materia de Derechos Sociales estos se han debilitado, disminuido y se tratan de reducir a la mínima expresión que sea posible.

Esta actitud, en este campo, pareciera que introduce en la modalidad de este Partido Acción Ciudadana, como Gobierno, una tendencia fascista de gobierno, a la que tenemos que ponerle atención y estudio.

El modelo fascista del PAC Gobierno no es por una definición e identificación ideológica con los idearios políticos de Mussolini o de Hitler, ni por ser una alternativa al socialismo o al capitalismo. Lo es por la práctica que impulsa desde el Gobierno, en algunos aspectos, que no se alejan de lo que hicieron Mussolini o Hitler, de desarrollar al ultranza el modelo capitalista, alejándolo de todo aquello que signifique el Estado Social de Derecho, herencia de las tradiciones nacionales de tipo socialistas, social demócratas y social cristianas que hicieron surgir las Grandes Reformas Sociales, el Código de Trabajo, el Estado de Bienestar o Asistencialista que fue fuerte, al menos, hasta 1978, cuando empezaron a dictarse medidas de desmantelamiento institucional del Estado, que se quieren profundizar ahora.

La organización de la familia en función de las necesidades del Estado, el impulsar al Estado como el garante del orden nacional, como la única autoridad, impulsando leyes de tipo corporativista, como la Ley Marco de Empleo Público (No.21.336), que se discute en la corriente legislativa, desde el año 2017, con importantes implicaciones económicas, jurídicas y políticas, sin una discusión nacional que se enmarque dentro de la consolidación del Estado Social de Derecho, con ánimo de afianzarlo, si no orientada esta legislación a debilitarlo y si es posible de echarlo abajo.

Si el nazifascismo clásico, rechazando el esquema de la lucha de clases, propiciaba una organización sindical controlada por el Gobierno o el Estado, aquí se trata de eliminar los mecanismos constitucionales y legales que permiten el ejercicio de los sindicatos y sus luchas clásicas, la lucha por los salarios crecientes, su derecho de huelga y de organización, y el derecho de negociación colectiva, sobre la base histórica de que los salarios son un piso y no un techo de los trabajadores, como también sus otros beneficios sociales ligados al salario, aguinaldos, salario escolar y pensiones o derechos jubilatorios.

Si el fascismo supuso una raza superior, en estos gobiernos PAC la única “raza” superior, a modo de casta social, es la que está protegida, en sus intereses económicos, en sus mecanismos de evasión y elusión fiscal, en la que acumula cada vez más ganancias con las políticas económicas y tributarias que el Gobierno impulsa, haciendo caer en la inmensa masa de trabajadores todo el peso de la situación económica, y de la llamada crisis económica y financiera, generada por esos grupos económicos.

La persecución racista nazifascista aquí es contra las clases medias, los sectores asalariados, los sectores intelectuales organizados en sus universidades, buscando un país sin pensamiento crítico, no es la persecución velada y abierta contra judíos, gitanos, o negros. Es la persecución contra profesores, activos y jubilados, por sus ingresos, salarios o pensiones, contra todos los trabajadores con la finalidad de igualarlos a la baja, en sus condiciones de empleo, salarios, de escalas laborales, es por empobrecer a toda la población nacional, a fin de garantizar con ello contratos de trabajo con salarios menores, y provocar una puja por el empleo sobre niveles inferiores a los mínimos legales.

La pobreza, y la pobreza masiva, es un factor de enriquecimiento de ciertos grupos asociados al poder político. La pobreza no la hacen ni nunca la han hecho los pobres, la generan lo ricos.

La discusión de la Ley de Empleo Público, a los efectos del gobierno no necesita participación de otros sectores sociales. La Ley de Empleo Público se impulsa violentando esa participación, no tomándola en cuenta en términos reales, irrespetando la existencia de derechos adquiridos que deben respetarse, sin claridad sobre la transición de los esquemas salariales que quieren igualarse y sin certeza respecto al ahorro que permitiría esta iniciativa.

La voz altisonante, de tipo fascista, en esta cruzada la tiene el propio Presidente de la República, su Ministro de Hacienda, los representantes del sector económico del Gobierno, las cámaras empresariales, que en este sentido les están unidas, junto con los voceros parlamentarios que las impulsan y defienden.

El temor reverencial a las autoridades de Gobierno, a sus aparatos represivos, al control que suponía la UPAD es parte de estas manifestaciones nazi fascistas del Gobierno en esta lucha por imponer la Ley de Empleo Público. Solo falta ilegalizar a todos los grupos opositores y disidentes. Los medios de comunicación el Gobierno los influye por los pagos de la propaganda publicitaria que les garantiza. Ya han acabado, por esta vía, de no darles nada de publicidad, con los medios de comunicación y con los programas de opinión, radiales especialmente, alternos a los grandes.

El impacto brutal de la Ley de Empleo Público es llevar, en las universidades, a aligerar procesos de jubilación, a reducir plazas, a pagar menos a los nuevos contratados, o en su defecto a que los profesores universitarios y otros trabajadores no se jubilen, para no ver reducidos sustancialmente sus ingresos mensuales, con el perjuicio directo de contribuir a mantener una masa desocupada de profesionales de diversas disciplinas, tanto en el sector público como en el privado. El 53% de todos los profesionales del país trabajan en el sector público que es la inmensa clase media, que a su vez ha sido el colchón social de amortiguamiento de las luchas sociales. Disminuir sus ingresos y su capacidad de consumo, solo están calentando los motores de luchas sociales y movilizaciones sociales más profundas.

La Ley Marco de Empleo Público tiene vicios de inconstitucionalidad, de centralización del poder y el control unilateral de salarios y condiciones laborales, una de las manifestaciones del Gobierno fascista, el otorgarle competencias a organismos como el Ministerio de Planificación, la Dirección General de Servicio Civil, en coordinación con el Ministerio de Hacienda es parte de esta estrategia fascista de gobernanza, cuyo objetivo es también acabar con las modalidades existentes constitucionalmente de las autonomías institucionales, como las de las Universidades, las municipalidades, la Caja Costarricense de Seguro Social, dentro del modelo de acabar con el Estado Social de Derecho.

La Dirección General de Servicio Civil históricamente ha sido más una dirección política, de Gobierno, que técnica o administrativa. Con esta Ley se pretende que dé órdenes a las entidades descentralizadas para organizar su gestión de empleo en todo sentido.

El proyecto de ley establece que el salario único o global pueda ser congelado o disminuido cuando así lo requiera la política económica, seguida por el gobierno de turno, considerados los salarios tan solo variables de ajuste macroeconómico, para controlar inflación, el déficit fiscal, o lo que se le ocurra a las autoridades fiscales, económicas y monetarias del Gobierno de turno. El salario dejará de ser para promover “el mayor bienestar a todos los habitantes del país” y el “más adecuado reparto de la riqueza”, como lo establece la Constitución Política en su artículo 50.

La discusión del empleo público es necesaria sin afectar el modelo de sociedad y de Estado Social de Derecho que hemos construido como país. Debe ser una discusión que proponga una visión país en perspectiva de la Costa Rica del Bicentenario que deseamos como país para los próximos 20 o 30 años.

UCR: 40 años de experiencia en el estudio de la biodiversidad marina y en la formación de profesionales

Escrito en . Publicado en Derechos, Madre Tierra.

Jorge Cortés, catedrático de la UCR

El académico es un referente para la comunidad científica internacional de la ciencia hecha en Costa Rica

El Dr. Jorge Cortés Núñez, catedrático universitario, ha contribuido a lo largo de su carrera académica a la formación de cientos de profesionales e investigadores que hoy destacan a nivel nacional e internacional en el campo de las ciencias marinas. Foto: archivo ODI.

Sin el respaldo de la investigación científica, Costa Rica no hubiera podido posicionarse en el mapa mundial como un país que vale la pena conocer. Si a usted alguien le dijera eso, quizás no le creería. Sin embargo, lo cierto es que la ciencia ha estado detrás del desarrollo de la industria turística de nuestro país. Y, en este logro, el aporte del biólogo marino Jorge Cortés Núñez ha sido clave.

El conocimiento de la riqueza que habita en nuestros mares no se podría describir sin dejar de mencionar a este biólogo, especialista en arrecifes coralinos y biodiversidad marina. Sus trabajos fueron pioneros en estas áreas y motivaron a otros investigadores a continuar por la misma senda.

Cortés está convencido de que la generación de conocimiento ha servido para colocar al país en el mapa mundial y para avanzar en la conservación de nuestros recursos marinos. La relevancia de los océanos para Costa Rica y el planeta es uno de sus principales intereses.

“La importancia de la investigación científica en un país como Costa Rica y que esta se publique es porque nos pone en el mapa mundial como un lugar interesante. No es casualidad que la BBC, Nat Geo y empresas japonesas vengan a hacer documentales. Esa es la razón por la que vienen tantos turistas. Esta es una contribución de la ciencia que no se aprecia ni comenta”, afirmó el científico.

Actualmente, este académico labora en la Escuela de Biología y es investigador del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (Cimar), del cual ha sido director y subdirector.

A lo largo de cuatro décadas de trayectoria universitaria y 25 años de ser catedrático, Cortés ha contribuido a la formación de cientos de profesionales y de investigadores en el campo de las ciencias marinas. Ha sido tutor de seis trabajos de licenciatura, 27 de maestría, dos de doctorado y cuatro de posdoctorado, además de formar parte de 36 comités de tesis de grado y posgrado.

Su trabajo académico trasciende las fronteras nacionales. Muestra de ello es su participación en numerosos programas científicos internacionales en representación de Costa Rica y en expediciones marinas junto a reconocidos científicos de países como Estados Unidos.

Al respecto, el biólogo ha organizado 14 expediciones científicas, en su mayoría a la Isla del Coco, y también ha participado en nueve expediciones junto a otros investigadores, entre las que sobresalen a la Isla del Coco y Osa, en el Pacífico, como parte del programa Pristine Seas, de National Geographic.

Volver la vista al mar

A la par de sus investigaciones, Cortés ha promovido la idea de que como sociedad volvamos la mirada al mar para conocer la riqueza que encierra y conservarlo. Desde la creación de la red de parques nacionales de Costa Rica en la década de los años setenta, se pensaba solo en la biodiversidad terrestre y se le daba poca importancia al mar.

Sus primeros trabajos fueron sobre los arrecifes coralinos en el Caribe costarricense, que abarcaron su descripción y el impacto de la actividad humana y natural en estos ecosistemas marinos de gran importancia para el planeta.

El Dr. Jorge Cortés con Victoria Orphan, del Instituto Tecnológico de California, a punto de abordar el submarino en una de las expediciones al mar profundo en el Pacífico costarricense. Foto: cortesía de Jorge Cortés.

Además, Cortés estableció un programa de monitoreo de los pastos marinos y manglares en esa costa del país, que aún se mantiene y ha permitido conocer el funcionamiento y los ciclos naturales de estos ambientes.

En el campo de la biodiversidad presente en nuestros mares, el científico es autor del libro Marine Biodiversity of Costa Rica, Central America (Biodiversidad marina de Costa Rica, América Central), junto al también biólogo marino Dr. Ingo Wehrtmann.

El estudio mostró que el país es una de las zonas de más alta diversidad biológica en sus mares, en comparación con otras naciones más grandes que Costa Rica.

Sus investigaciones en la Isla del Coco, con la participación de investigadores de diversas áreas de la UCR y de la Universidad Nacional (UNA), constituyen los primeros aportes nacionales al descubrimiento de muchos organismos marinos en este parque nacional.

Durante seis años, Cortés coordinó y organizó varias expediciones científicas a la Isla, con financiamiento del Gobierno de Francia y del Consejo Nacional de Rectores (Conare), que dieron como resultado cerca de 40 publicaciones.

Del 2017 en adelante, el investigador se ha dedicado al estudio del mar profundo, con el objetivo de descubrir la vida en el fondo marino. Este interés lo ha llevado a participar en varias expediciones para descender a miles de metros en el océano Pacífico de Costa Rica, a bordo de embarcaciones estadounidenses.

“Ya hay mucho más conocimiento de esas zonas profundas y de la importancia de su conservación. Antes ni nos imaginábamos lo que había allí”, comentó.

El Dr. Cortés ha sido también el mentor de reconocidos investigadores de la UCR, que hoy ocupan destacadas posiciones en el Cimar y en diversos países. Con su trabajo, algunos científicos y científicas han logrado forjar un nombre como especialistas en su campo. La Dra. Odalisca Breedy Shadid es una de ellas, a quien se le reconoce como una autoridad mundial en octocorales.

“Como profesor eso es lo mejor que le puede pasar a uno, cuando ya los estudiantes empiezan a enseñarle”, dijo.

En la actualidad, Cortés sigue publicando trabajos acerca de la biodiversidad marina del país y coordina el proyecto Biomar sobre esta temática, que se desarrolla en el Área de Conservación Guanacaste (ACG) del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinac) del Ministerio del Ambiente.

El profesor e investigador está próximo a jubilarse, aunque espera seguir colaborando y estimulando a otros amantes de la biología marina que, como él, buscan aportar conocimiento sobre lo que tenemos en nuestros mares y costas, y sobre la riqueza que estos nos dan como sociedad.

En el 2019, el Dr. Jorge Cortés (a la derecha) en una de las expediciones a la Isla del Coco, a bordo del submarino DeepSee. Lo acompañan Sylvia Earle y el piloto Shmulik Blum. Foto: cortesía de Odalisca Breedy.

Hitos académicos

El Dr. Jorge Cortés Núñez obtuvo con honores el bachillerato en Biología en la Universidad de Costa Rica (UCR) en 1978. Posteriormente, realizó estudios de maestría en la Universidad McMaster de Ontario, Canadá, y de doctorado en Biología Marina en la Universidad de Miami, Florida, Estados Unidos.

El profesor de la Escuela de Biología e investigador del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (Cimar) comenzó como profesor interino en la UCR en 1981 y en 1996 fue nombrado catedrático.

En 1982, fue reconocido con el Premio Nacional de Ciencias Clodomiro Picado Twight, por un estudio sobre la sedimentación en los arrecifes coralinos de Cahuita, en la costa sur de Limón. Todavía esta investigación es muy citada por la comunidad científica internacional.

A lo largo de su carrera, el biólogo se ha destacado por su alta producción científica. Esto le valió en el 2019 el certificado de distinción por ser el docente del área de Ciencias Básicas de la UCR con el mayor puntaje del Régimen Académico.

Ha publicado más de 290 trabajos científicos y de divulgación, los cuales recogen los resultados de su trabajo de investigación. Es autor de un libro, así como editor de dos libros y de 17 suplementos especiales de revistas.

Desde el 2012, es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica.

 

Patricia Blanco Picado
Periodista, Oficina de Divulgación e Información

Comunidad UNA llama a la defensa del Estado Social de Derecho y la Constitución Política

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

Con tres cortos videos que compartimos, la comunidad docente, administrativa y estudiantil de la UNA hace un llamado a movilizarse este miércoles 24 por la defensa del Estado Social de Derecho y la Constitución Política.

Rector expone las razones para manifestarse
Rector explica la forma como se ha tramitado el proyecto y la necesidad de expresarse

Enviado a SURCOS por Efraín Cavallini Acuña.

Revista Pasos presenta la edición 171 (marzo-abril)

Escrito en . Publicado en Derechos.

Departamento Ecuménico de Investigación

SURCOS comparte la presentación del texto elaborada por Alberto Álvarez Toirac:

El actual número de Pasos reúne una serie de artículos elaborados por colegas, quienes han facilitado conversatorios y talleres en los programas de formación e investigación del Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI). En esta ocasión, y siguiendo un modo de hacer propio de los diálogos socioteológicos promovidos en las actividades formativas institucionales, se opta por iniciar con un análisis de coyuntura, realizado por el Observatorio Internacional de la Crisis (OIC), cuyo coordinador, Wim Dierckxsens, ha sido

parte del equipo de investigadores del DEI a lo largo de los años. Seguidamente, se disponen tres aportes a la reflexión bíblico-teológica vinculados con la trayectoria previa y el quehacer institucional de los últimos ocho años.

Si bien no se pretende conformar un número temático, en sentido estricto, se busca con ello dar cuenta de algunas preocupaciones y abordajes socioeconómicos, sociales y teológicos compartidos con los grupos de talleristas. En este sentido, lejos de ofrecer una muestra completa de las temáticas abordadas, se espera facilitar el acceso a algunas de ellas, a fin de seguir suscitando nuevos diálogos.

En el primer artículo, Wim Dierckxsens y Walter Formento presentan un encuadre de la actual crisis pandémica como crisis sistémica del capitalismo global financiero. Lejos de las narrativas de corriente principal sobre la actual coyuntura, los autores sostienen la tesis de que la pandemia está siendo utilizada como pantalla para encubrir la crisis de los mercados financieros globales, que ya se avizoraba desde antes, de instalar un Estado de excepción en las dos terceras partes del mundo, como ensayo de las élites para controlar la situación social durante los tiempos de la Gran Depresión que se avecina.

No obstante, al ponerse en evidencia la incapacidad de conectar la economía ficticia del capital financiero globalista con la economía productiva, el manejo fallido de la crisis desemboca en el agotamiento del proyecto neoliberal actual en el mediano plazo, y en la necesidad de dar lugar a una nueva racionalidad económica. Se sigue una argumentación basada en el análisis de las macrodinámicas del sector especulativo, los grandes bancos centrales y megabancos, el papel que juegan las grandes corporaciones digitales, el conflictivo escenario político de los Estados Unidos y las pugnas geopolíticas en curso, que apuntan a una transición de poder en, como insisten en llamarla, la Nueva Formación Emergente.

Si bien algunas de las proyecciones no se han comportado como se prevé en el artículo; no obstante, el esquema de análisis propuesto por los autores ofrece un marco explicativo de la compleja realidad que enfrentamos. Aportando, así, una posición de contraste al debate sobre la crisis, que está aún lejos de ser examinada en su profundidad.

Encabezando la selección de trabajos sobre la interpretación bíblica, se propone el texto de Paulo Ueti, vinculado con el Centro Ecuménico de Estudios Bíblicos (CEBI) y facilitador de talleres en el Seminario de Lectura Popular de la Biblia entre los años 2012 y 2013. En su artículo, Ueti nos conduce a una reflexión sobre el método y la experiencia de la lectura popular de la Biblia, como una alternativa hermenéutica y pastoral tanto a las interpretaciones de los sectores cristianos conservadores y reaccionarios como a los abordajes académicos propios de la ciencia bíblica.

En este sentido, la lectura popular de la Biblia nos decantaría del fundamentalismo, al mismo tiempo que supera la distancia entre los expertos y el pueblo, provocando una democratización del acceso al conocimiento bíblico y constituyendo a la comunidad como sujeto hermenéutico de los textos. Más que una secuencia de pasos estructurados y herramientas técnicas de interpretación, el autor concibe la lectura popular de la Biblia como un diálogo entre el texto en su integridad, la vida como punto de partida y lugar de llegada del proceso comunitario de interpretación, así como la realidad de quienes se involucran en este. De tal modo se promueve la resiliencia y cohesión solidaria de las comunidades, empobrecidas y marginadas, necesarias para sus experiencias de emancipación, a la vez que se disputan los discursos religiosos hegemónicos.

En el siguiente texto, Alberto Álvarez Toirac, coordinador del programa de formación institucional, construye un abordaje al evangelio de Juan triangulando los estudios socioliterarios, la teoría estética y la teología política crítica. Como punto de partida del

artículo, el autor propone una discusión en torno al erudito bíblico Bruce Malina, conocido por utilizar los enfoques de las ciencias sociales al estudio de la Biblia. Ello permite trasladar el análisis del evangelio a la situación y perspectiva de fe de la comunidad que le da origen, y con ello reflexionar sobre el carácter de las primeras comunidades cristianas.

La deconstrucción de la lectura de Malina y el debate sobre la articulación de categorías estéticas trascendentales, como herramientas para el estudio sociológico del nuevo testamento, ofrece un camino alternativo para la reflexión bíblico-teológica y la comprensión de los cristianismos originarios. Dicha operación termina en un desmontaje ideológico de la hermenéutica cristiana occidental, caracterizada por una perspectiva individualista, conservadora y sacrificial. De este modo, se reconstruye una imagen resiliente de la comunidad, que muestra su capacidad de proyectar la esperanza desde el reverso de la historia.

Por último, se incluye un artículo de la teóloga Karoline Mora Blanco, fruto de su pasantía en el DEI. En su investigación, explora el tratamiento del género y la sexualidad en el discurso religioso contemporáneo mediante un estudio comparativo entre la retórica sobre la llamada “ideología de género”, propia del fundamentalismo evangélico, y el abordaje del género y la sexualidad en la Revista de Interpretación Bíblica Latinoamericana (RIBLA).

Mora se basa en el análisis del discurso de una de las asesoras del partido de Restauración Nacional, el cual llegó a segundas rondas en los comicios costarricenses del 2017. Mostrando con ello la emergencia de un nuevo actor político con una agenda moral capaz de incidir regresivamente en materia de derechos sexuales reproductivos y bloquear las demandas de los colectivos LGTBIQ+. Por otro lado, contrapone la lectura crítica y liberadora de la Biblia, recogida en los números de la revista RIBLA, como antídoto teológico a los discursos fundamentalistas.

Esperamos que esta entrega sea de utilidad para quienes se interesan en las reflexiones suscitadas en nuestro quehacer institucional, y ayuden a repensar la coyuntura sociopolítica y los procesos sociorreligiosos que se despliegan en nuestro continente.

Adjuntamos el pdf del documento para su visualización y descarga:

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La reactivación económica en el ámbito local y regional, ¿es posible?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

German Masís

Diversos sectores políticos, sociales y empresariales han reclamado a la Administración Alvarado una estrategia o al menos una agenda de reactivación económica del país, frente a los efectos sociales y económicos de la pandemia del covid-19.

No obstante, aunque en algún momento el Gobierno actual ha mencionado la posibilidad de la reactivación económica, no ha propuesto un plan en esa dirección, pero sí impulsa actividades y proyectos a nivel local y regional, que las autoridades de varias instituciones ubican en el camino de la reactivación económica.

Estas acciones y proyectos son ejecutadas por varias instituciones como el IMAS, el INDER, el ICAA, el MIVAH, la CCSS y el CNP, implican una cuantiosa inversión de recursos y son parte de la acción institucional en cada región o de los programas de desarrollo impulsados por la presente administración en varias regiones.

En el mes de febrero, se han difundido varias informaciones con respecto a la inversión estatal en el desarrollo local y comunal en diferentes regiones del país, como parte de las acciones institucionales para el desarrollo social y productivo y la reactivación económica post-pandemia.

Se ha informado que el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) invertirá ¢1800 millones en 24 iniciativas comunales y proyectos productivos que impactará al menos a 37 mil personas a lo largo de este 2021. Se estima que la construcción de las obras y el impulso de proyectos de impacto responde a los planes de recuperación económica y desarrollo territorial impulsados por el Gobierno de la República.

La mayor inversión se da en la región Brunca (¢662 millones), seguida por San José Rural (¢436 millones); Huetar Norte (¢395 millones); Guacimal de Puntarenas (¢121 millones); Santa Cruz de Guanacaste (¢90 millones); Río Cuarto de Alajuela (¢68 millones); y Bratsi de Talamanca, Limón (¢27 millones).

Entre los principales proyectos a impulsar en la Región Brunca, la cual históricamente ha mantenido rezagos importantes en sus principales indicadores socioeconómicos, se encuentran 10 de los 14 proyectos con una inversión de ¢494 millones y 37% de los recursos económicos asignados, dirigidos a apoyar a 3.585 productores de la Zona Sur, como las siguientes:

  • Construcción y equipamiento de una planta agroindustrial para los cultivos de maíz y frijol en el Águila de Pejibaye de Pérez Zeledón.
  • Planta procesadora de hongos para la Asociación de Damas Empresarias de La Libertad de San Vito.
  • Construcción y equipamiento de un centro de acopio para la recolección y producción de miel de mariola para las mujeres de la Asociación del Corredor Biológico Alexande Skutch, en el Área de Conservación La Amistad – Pacífico.
  • Mejoras del centro de acopio y compra de equipo para producción de granos básicos para los productores de Guagaral, en el cantón de Buenos Aires.
  • Equipamiento de la Sala de Capacitaciones de la Unión de Trabajadores Agrícolas y Ganaderos del Sur (UTAGASUR), con equipo de cómputo y proyección en la Campiña de Corredores.

También, en la Región Brunca se encuentran la construcción de dos casas de salud ubicadas en Santa Lucía de Chánguena, en Buenos Aires, y en la Reserva Indígena de Altos de San Antonio del cantón de Corredores, para una inversión superior a los ¢168 millones que beneficiará a cerca de 826 personas.

En la Región Huetar Norte, alrededor de 5.590 personas se beneficiarán con la inversión de más de ¢395 millones en la construcción de un ramal del Acueducto La Virgen y El Coroso, en Los Chiles; un tanque de almacenamiento de agua de 500 m3 para Caño Negro y La Chompipera, en Yolillal de Upala; la construcción de un Centro de Formación Articulado Integral que se ubicará en Santa Rosa de Pocosol de San Carlos y una sala de terapia física, una planta de tratamiento de aguas negras y servidas y una batería de servicios completa para el Hogar de Ancianos de Bijagua de Upala.

Además, en esta misma región, se ampliará el apoyo al centro multifuncional del cantón de Río Cuarto, ya que sumará ¢68 millones en obras complementarias a dicho proyecto en el que el IMAS invirtió ¢85 millones para su construcción en el año 2017 y que beneficiará a 5.000 personas de esa comunidad.

Mientras que en Guanacaste se invertirán ¢90 millones en la construcción de un centro de formación integral, recreativo, social, cultural y educativo ubicado en El Socorro de Santa Cruz, facilitando las condiciones de vida de 125 personas aproximadamente.

Cerca de esa provincia, en Santa Rosa de Guacimal de Puntarenas, 350 personas de sus comunidades vecinas se verán beneficiadas con la construcción de un consultorio médico de visita periódica con una inversión de ¢121 millones.

Por su parte en Bratsi de Talamanca, en la región Atlántica se invertirán más de ¢27 millones en dos proyectos que tienen como objetivo promover el valor agregado en la producción de plátano en Bratsi de Talamanca, Limón, para facilitar las condiciones laborales de 104 personas aproximadamente.

Adicionalmente se menciona que en las Comunidades rurales de San José la inversión social será superior a los ¢436 millones distribuidos en cinco proyectos, entre los que destacan la construcción del edificio de la Cruz Roja en Acosta por ¢200 millones; el nuevo puesto de visita periódica de salud en La Legua de Aserrí con un presupuesto de ¢100 millones y se destinarán ¢90 millones para mejoras en la red de distribución de agua potable de Bijagual de Turrubares, estos proyectos contribuirán a mejorar la calidad de vida de 21.493 personas aproximadamente.

Todos los proyectos apuntados, representan acciones concretas con las que el IMAS contribuye al desarrollo social y productivo de algunas comunidades y en las que según el Presidente Ejecutivo de esa institución “con esta inversión buscamos oportunidades de reactivación económica e inclusión social, como el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, y al aprovechamiento sostenible de los ecosistemas y se inscribe en la visión “del desarrollo humano sostenible como una aspiración que construimos desde el territorio y de la mano de las comunidades.”(ElPaís.cr,9-2-2021)

Igualmente, la Mesa Caribe instancia multisectorial de diálogo entre el Gobierno, las organizaciones de la sociedad civil y la empresa privada en la región Huetar Atlántica, proyecta para este 2021 una serie de inversiones en procura de mayor desarrollo, reactivación económica, fuentes de empleo y de mejores oportunidades para los habitantes de la región Caribe.

El vicepresidente Rodríguez coordinador de la Mesa citó una serie de proyectos en esa Región Caribe, que se entregarán a lo largo de este año, haciendo referencia a la pronta inauguración del puente binacional sobre el río Sixaola, fronterizo con Panamá, en el que se invirtieron $25 millones.

Asimismo, enumeró proyectos como las nuevas instalaciones del INA; la entrada en operación del Centro de Desarrollo Empresarial; la reactivación de espacios públicos financiados por JAPDEVA; los estudios de factibilidad del tren eléctrico de carga; la entrega de obras del BID cantonal 2, en Pococí, Matina y Siquirres; la inversión en obras deportivas y educativas en varios cantones; los proyectos de vivienda y la adquisición del terreno del nuevo Hospital de Limón.

El Ministerio de Educación Pública invertirá este año ₡12.800 millones, mientras que la proyección de inversión para 2021 es de ₡6.509 millones por parte del Instituto de Desarrollo Rural (INDER). El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados proyecta invertir en la región para el período 2021-2022, ₡12.000 millones.

Por su parte JAPDEVA, aprobó un primer bloque de proyectos que promueven el desarrollo de la provincia por un monto de inversión de $10.5 millones de dólares (₡6.348 millones aproximadamente). Dichos proyectos se agrupan en tres ejes: ordenamiento territorial para la atracción de la inversión, fomento del turismo a través de la intervención urbanística en las comunidades e infraestructura.

El vicepresidente afirmó que el 2021 es un año clave para la reactivación económica de la región. Hemos arado y sembrado el terreno y, con el apoyo de los clústeres, sabemos que vamos por buen camino. La pandemia nos golpeó fuerte, pero debemos seguir generando acciones que procuren una recuperación y protección del empleo” (ElPaís.cr,18-2-2021)

Así mismo, la inversión en infraestructura habitacional ha sido otra de las áreas en las que la administración Alvarado ha procurado generar alternativas de reactivación en las diferentes regiones del país, con ese propósito el Banco Hipotecario (BANHVI) aprobó nueve proyectos habitacionales en la Región Brunca, de los cuales cuatro ya han sido concluidos y cinco más se encuentran en su fase de construcción.

Dentro de los proyectos concluidos, se encuentran Kilómetro 20, ubicado en Golfito habitado por 65 familias en situación de extrema necesidad, y fue entregado en diciembre anterior por el presidente de la República y la inversión fue de ¢1.109 millones.

La población indígena, ampliamente arraigada en la Región Brunca, ha sido beneficiada con 231 viviendas, de las cuales 132 ya habitan sus casas, en poblados de los territorios Coto Brus (Ngöbe, etapa I), Salitre y en Curré (Rey Curré) de Buenos Aires de Puntarenas.

Las 99 viviendas restantes están en proceso constructivo, con diferentes porcentajes de avance. Se trata de la segunda etapa en Salitre (Buenos Aires) y en Ngöbe en Limoncito (Coto Brus); Boruca (Buenos Aires), y en Conte Burica (Golfito).

La ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), destacó que estos proyectos no solo permiten que las personas tengan una vivienda digna, sino que contribuyen a reactivar la economía. “Este es uno de los principales aportes del BANHVI a los esfuerzos por lograr la reactivación económica y contribuir con la generación de empleo” (ElPaís.cr,20-02-2021)

En el ámbito de inversión productiva regional, el Gobierno autorizó recientemente al Instituto Nacional de Seguros a donar ₡1.500 millones al Consejo Nacional de Producción para la construcción del Centro de Valor Agregado (CVAA) de la región Huetar Norte.

Este proyecto -liderado por el CNP- estará ubicado en Santa Clara de Florencia de San Carlos y beneficiará de manera directa a 2.000 Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (PYMPA) de la región, con miras a desarrollar productos con agregación de valor, tanto para mercado interno como externo.

El CVAA se pretende construir en un terreno de 24,041 m2 con una inversión total de ₡2.600 millones, de los cuales ₡1.500 millones aportados por el INS para infraestructura; ₡1.040 millones entregados por el INDER para equipamiento y el resto por el CNP.

El Centro de Valor Agregado Agropecuario contará con una infraestructura moderna, tecnología de punta y equipo profesional necesario para agregar valor a productos agropecuarios mediante su procesamiento, específicamente en cinco áreas: panificación, lácteos, frutas y vegetales, cárnicos y mínimamente procesados

El presidente Alvarado comentó acerca del CVAA que “esta iniciativa se enmarca en la estrategia del gobierno de reactivar la economía de la región por medio de la innovación, la tecnología y la capacitación del sector agrícola. (ElPaís.cr,4-2-2021)

La información sobre la inversión institucional presentada, parece revelar que la reactivación económica en las regiones y comunidades del país se encuentra en marcha y que la apuesta global del Gobierno por el aumento de la inversión pública como mecanismo de mejoramiento de la infraestructura social y productiva y de la generación de empleo, pueden ser consideradas como parte de la necesaria reactivación económica; queda por constatar si es así o si sólo son actividades puntuales de la gestión gubernamental.

 

Imagen de cabecera tomada de Semanario Universidad.