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Autor: María José Ferlini Cartín

El Pacto por la Producción Agropecuaria debe divulgarse y debatirse a nivel nacional

German Masís

Este 10 de noviembre se realizó un conversatorio Sobre el Pacto por la Producción Agropecuaria, organizado por la Asociación Madre Tierra en el Centro de Cultura de España en barrio Escalante, con la participación de José Oviedo, miembro de las organizaciones agrícolas y del grupo Liderazgo del Sector Agropecuario, proponentes del Pacto, de la investigadora Eva Carazo y de personas vinculadas a madre Tierra, productores agrícolas y académicos interesados en la problemática agraria del país.

El representante de las organizaciones que elaboraron el Pacto y secretario general de la UNAG, José Oviedo, realizó una presentación de los aspectos principales y prioritarios de la propuesta de política agrícola, que incluyen:

1.Defender la producción nacional, frente a los procesos de apertura comercial y la integración a bloques económicos que la amenazan.

2.Optimizar los procesos productivos por medio de la innovación, la investigación y la digitalización

3.Enfrentar el cambio climático y generar herramientas de adaptación a éste

4.Potenciar los impactos sociales y los aportes culturales positivos ligados a la actividad agropecuaria, como el empleo, la salud y la distribución de la riqueza

5.Fortalecer el mercado nacional agropecuario, acortar la cadena de comercialización y fortalecer las alternativas de comercialización directas, justas y transparentes

6.Garantizar la salud humana y la inocuidad alimentaria, con la promoción de buenas prácticas, manejo e higiene y el fortalecimiento de los controles fitosanitarios

7.Mejorar la accesibilidad del financiamiento para el sector agropecuario y garantizar los servicios financieros a los agricultores

8.Crear una política integral de seguros agropecuarios accesibles, para el establecimiento de un seguro agropecuario que permita el acceso efectivo a los seguros frente a los desastres

9.Promover una actividad agropecuaria en sinergia con el medio ambiente y un enfoque de agricultura sostenible baja en emisiones y ligada al uso y protección del suelo, la biodiversidad y el agua.

10.Desarrollar una política y planificación territorial que se diseñe y evalúe con los territorios y las personas.

Luego de la presentación del Pacto, algunos de los asistentes efectuaron comentarios y aportes que es importante rescatar y destacar.

Eva Carazo señaló que este planteamiento de las organizaciones debe ubicarse en el marco de las luchas históricas y las reivindicaciones estratégicas de los actores y las organizaciones del agro y del abandono de las políticas públicas de la actividad agropecuaria, porque la propuesta del Pacto tiene una serie de antecedentes de luchas, propuestas y movilizaciones que es necesario mencionar y valorar a luz de la coyuntura actual. Para ello, sería necesario que la propuesta incluya un apartado de introducción y justificación que brinde un breve marco histórico y estratégico adecuado, que le dé mayor respaldo y validez al planteamiento actual y que exponga con claridad las carencias y limitaciones de la política agrícola actual y la gestión de la institucionalidad del sector agropecuario para resolver los problemas estructurales del agro costarricense.

Como mencionó otro de los asistentes, es importante también inscribir este planteamiento en el debate sobre el modelo de desarrollo económico vigente en el país, un modelo aperturista y de liberalización económica, que ha impulsado una economía de los servicios, la manufactura avanzada y la inversión extranjera, que ha relegado sistemáticamente la actividad agropecuaria desde hace 4 décadas a un lugar de abandono y exclusión, pese a su papel todavía en la producción agroalimentaria, la seguridad y soberanía alimentaria, la conservación de la biodiversidad y en la generación de empleo e ingresos para la población rural.

En ese sentido apunta el análisis del investigador y académico universitario, el economista Francisco Esquivel, en su libro Estructura Productiva en Costa Rica: una alternativa de crecimiento, el cual analiza los diferentes modelos de desarrollo de las últimas décadas y en ellos el papel de la agricultura en el desarrollo económico del país y que en una propuesta renovada plantea una estrategia de desarrollo que reinserta al agro como uno de los motores del desarrollo futuro del país. De ahí que es de gran valor, vincular la presentación del Pacto por la Producción Agropecuaria, al debate sobre un nuevo Modelo de desarrollo nacional y a una Estrategia de reposicionamiento de la actividad agropecuaria en este nuevo modelo.

En otra de las intervenciones, se señaló que no basta la presentación del Pacto a los candidatos y candidatas a la Presidencia, que fue suscrito por algunos de ellos, si no tratar de hacer visible y divulgar la propuesta entre los consumidores y la población en general, haciendo énfasis en que el partido ligado al Poder ejecutivo y que busca la continuidad en las próximas elecciones, ha destruido la agricultura nacional, por su apoyo a los intereses de ciertos sectores, como los importadores y su indiferencia ante las demandas justas de los sectores productivos agrícolas. Así mismo, si hubiera segunda ronda electoral, solicitar un compromiso público o carta de compromiso de los candidatos y partidos que la alcancen, con la implementación y ejecución de los 10 aspectos del Pacto, a riesgo de no recibir el apoyo electoral de los agricultores del país.

Igualmente en las presentaciones del Pacto, según otro asistente, es necesario no sólo señalar los aspectos principales, si no también abrir el debate a algunos de los temas específicos, como el desarrollo tecnológico, la dependencia de insumos externos y el papel del INTA y la investigación universitaria, el del financiamiento limitado a la actividad agropecuaria, pese a la existencia del sistema de Banca para el Desarrollo y otros recursos disponibles para los productores, el tema del Comercio agropecuario y la necesidad de transformación de entidades como el CENADA y los Mercados regionales y el de porqué no existe un programa de seguros agrícolas accesible.

Finalmente, es fundamental que la propuesta del Pacto por la Producción agropecuaria, sea divulgado y discutido en las regiones periféricas y los cantones fronterizos, costeros y rurales, procurando hacerles llegar la propuesta y organizar debates locales mediante la participación de las organizaciones agrícolas, asociaciones de productores, cooperativas y centros agrícolas; esta labor podría coordinarse con las sedes regionales de las Universidades, ONGs e instancias del sector agropecuario o los consejos regionales de desarrollo, con la colaboración de Madre Tierra.

En la imagen de cabecera se aprecia, al centro al Msc Roberto Salom Echeverría coordinador de la actividad, a su izquierda José Oviedo Chaves dirigente del sector agropecuario, y a la derecha Eva Carazo Vargas, investigadora del tema agropecuario. En la siguiente foto se puede ver parte de la asistencia a la actividad.

El día que Ramiro perdió su empresa (sin quebrar)

Welmer Ramos González

Cuando vender más fue el principio del fin

Esta historia es real. Esperaba en la acera a que vinieran por mí y se me acercó un hombre que se presentó se llama Ramiro, era una tarde fría de diciembre —un día que debía ser alegre, pero que terminó lleno de congoja y rabia. Me contó que le habían ido quitando el negocio de la familia sin que, en el papel, paulatinamente sin que pareciera una quiebra. Con ello se le fue la ilusión de toda una vida. Ramiro es un hombre bueno: trabajador, honrado, inteligente, profesional e ingenioso. Pero aquella temporada lo dejó contra las cuerdas.

El negocio empezó con la receta de la abuela, un secreto de familia para elaborar y hornear galletas. Al principio las vendían en dos pulperías del barrio. Diez años después, cuando el abuelo perdió el trabajo, apostaron por el negocio: ampliaron el horno, pusieron marca, compraron un carrito repartidor. Los hijos se metieron al negocio, y las galletas “Los Abuelos” ya se vendían en todo el país.

El secreto no era solo la receta, era el cariño: el sabor, la textura, la presentación… todo tenía algo distinto.

Usted las ha probado”, me dijo Ramiro con un orgullo que dolía. “Y todo eso me lo robó el Supermercado Mastodonte”.

Su cliente más grande, la cadena que lo hizo soñar con crecer, ya no le compraría más.

Van a hacer mis galletas en El Salvador —me dijo— con mi receta, mi forma, mi empaque… y fui yo, ingenuamente, quien les dio todos los secretos. Caí a punta de engaños, presiones y mentiritas, sin darme cuenta”.

Me robaron, y yo metí al ladrón en la casa”, dijo con la voz quebrada y la mirada húmeda.

Mientras me contaba, respiraba profundo, botando el aire despacio, como si quisiera apagar un fuego que le quemaba por dentro.

Le sugerí hablar otra vez con la gerencia del Mastodonte; me respondió seco:

Ya lo intenté, no sirve. Me dijeron que no fue un robo de mi producto, que es que el precio no les sirve y que ahora ellos saben fabricarlo idéntico, que eso es estrategia y cumplimiento de metas. Así lo llaman ellos.”

La gerente me dijo: ‘Ramiro, lo lamento, así es el mercado’, y se puso de pie para que yo me retirara”.

Cuando Ramiro se despidió, me dio la mano con fuerza. Yo se la apreté y lo abracé.

Al verlo salir, el día pareció volverse más frío.

¿Quién dice que diciembre siempre es alegre?, pensé.

Cuando la marca Los Abuelos entró como proveedor de la mundialmente conocida cadena de supermercados Mastodonte, Ramiro estaba feliz. Sus ventas se triplicarían; con suerte, lo meterían en todos los formatos de la cadena, y así ocurrió. Entonces invirtió: amplió la planta, compró maquinaria, contrató más gente, consiguió certificaciones y se endeudó. Valía la pena: creía tener mercado seguro.

Pero lo que parecía apoyo fue una trampa. Durante meses, los ejecutivos del Mastodonte venían “a revisar la calidad”. En realidad, querían saberlo todo: la receta de cada producto, cuánto producía, cuál era su deuda, a qué precio vendía a los demás comercios; hasta capacitaron a su personal clave. Sonreían todo el tiempo.

Después de dos años y medio vino el golpe. Le exigieron bajar precios drásticamente “para garantizar que aquí estén los precios más bajos del país”. No era negociación:

Usted debe garantizarnos un margen neto del 30%, además de un descuento del 10% por volumen. Y ojo: si encontramos a alguien vendiendo más barato que nosotros, le descontamos un 20% de sus facturas pendientes. Somos su mayor comprador; debe sernos leal”.

Así operan. Con los precios que le impusieron, la fábrica vendía por debajo del costo. Una y otra vez le dijeron: “Con nosotros usted logra volumen de producción, y con los demás usted debe sacar rentabilidad”. Pero con una relación tan desigual, nunca pudo. La cadena Mastodonte siempre puso precios de ruina.

El caso de Ramiro no es único. Es el modelo. Grandes cadenas mundiales han construido su poder con políticas de compra depredadoras que destruyen al comercio nacional —la competencia— y les succionan las finanzas a las pymes, y a las no tan pymes.

Ofrecen precios iguales o más bajos que los de la Feria del Agricultor, pero no porque ganen menos; lo hacen porque imponen al productor condiciones ruinosas. Sostienen su imagen de “precios bajos todos los días” a costa del pequeño.

Detrás de cada “oferta imbatible” hay un proveedor que asumió el costo y sufre la extracción de su ganancia justa.

A los proveedores les exigen condiciones que asfixian: precios ridículamente bajos, exclusividad en las presentaciones de mayor venta, certificaciones que ellos mismos cobran, pagos a 90 días (con descuentos de facturas, si quieren cobrar antes). Cobran por cabeceras de góndola, por usar su centro de distribución, por “visibilidad”.

Y mantienen la política de “conozca a su proveedor” para saber qué tanto depende el productor de ellos: si un proveedor vende más del 30% o el 50% por medio de la cadena, lo tienen del cuello. Si lo sacan de los anaqueles, la empresa no aguanta.

Cuando alguien depende para sobrevivir, acepta cualquier condición. Incluso fabricar el mismo producto para la cadena, con otra marca —“Masrico”—, al costo o peor.

Ramiro me confesó:

Con el precio que me impusieron, no salgo; estamos perdiendo hace rato. Me metí en la trampa. Soy un fracaso”.

Se le quebró la voz.

Dijo que su papá le advirtió: “No te metas en inversiones grandes solo por un cliente; vende según tu capacidad”.

Pero la promesa de crecer pudo más.

¿Qué podía hacer? —me dijo— soy buena gente; quería dar trabajo”.

Yo, que lo escuchaba, sentí gran angustia. No atiné más que pedirle a Dios que iluminara a Ramiro.

La tarde se había enfriado, la llovizna apagó el sol. Cuando se fue Ramiro, la llovizna me cayó en los ojos también.

Estas prácticas exprimen a las pymes hasta dejarlas raquíticas. No las dejan crecer, destruyen al comercio local, concentran la riqueza, frenan el empleo y disminuyen la inversión productiva en el país. Las utilidades salen del país y se van a la casa matriz; aquí queda la ruina.

Cada empleo que crean estas cadenas puede destruir varios en agricultura, industria, transporte y servicios. Lo que parece eficiencia es, en realidad, concentración monopólica y extractivismo comercial dentro del mercado nacional.

Ramiro no esperaba que el gobierno arreglara su vida, pero sí cree que el país necesita reglas. Entre otras cosas, hace falta:

Regular la penetración y el poder de mercado de las grandes cadenas, como hacen en varios países de Europa, para proteger la competencia y al pequeño comercio.

Restituir derechos de propiedad intelectual cuando las pymes ven sus productos copiados y reetiquetados por la cadena —en suma, robados—.

Fomentar canales alternativos de comercialización: mercados locales, cooperativas y redes que devuelvan poder a los productores.

El caso de Ramiro es real, no es anécdota; es un espejo.

Muestra cómo el sistema puede devorar a quien produce con honestidad y talento.

Los que concentran el poder económico se justifican con un bostezo: “Así es el mercado”.

Pero los mercados no son dioses; son reglas creadas por la gente.

Y las reglas se pueden cambiar.

Dos años después, encontré a Ramiro y nos saludamos con entusiasmo. Era abril y hacía sol. Me dijo:

Ese diciembre tuve que despedir a la mitad del personal, vender los carros repartidores para pagar prestaciones y poner las bodegas a la venta para arreglar las finanzas. Logramos salvar apenas el 40% de los clientes que nos quedaban, todos pequeños y medianos, negocios que han sido fieles.”

Perdimos el 80% del capital —me dijo—, pero vamos de nuevo. La familia sufrió, sí, pero ahora nos unimos más. Que el Mastodonte se vaya al infierno; ahora le vendemos a la gente criolla.”

Me sonrió con una mezcla de dolor y orgullo.

Y supe entonces que, aunque lo hayan dejado raquítico, no lo habían vencido. Ahora me impactaba en las emociones, pero en positivo.

Si esto sirve para que otra pyme no cometa la misma ingenuidad, si mueve a un agricultor a buscar alternativas de venta, entonces contar esta historia valió la pena.

Porque un país donde las pymes y los agricultores no pueden prosperar, se empobrece a sí mismo, aunque las góndolas estén llenas los precios que se pagan son altos, siempre.

8N: lo que aprendimos en las calles: defender la Caja es defender la vida

Observatorio de Bienes Comunes

A trece años de la represión del 8 de noviembre de 2012, las calles volvieron a llenarse de dignidad, memoria y esperanza. En esta nueva jornada, los movimientos sociales levantaron la voz por la salud pública, por quienes cuidan, por la democracia y también por Palestina, recordando que la defensa de la vida no tiene fronteras.

La nota del Observatorio de Bienes Comunes recupera las voces, los aprendizajes y las luchas que marcaron esta fecha de memoria y resistencia.

Porque la protesta es un derecho, y la memoria, un bien común que se defiende en colectivo.

Leéla completa aquí: https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/8-n-lo-que-aprendimos-en-las-calles-defender-la-caja-es-defender-la-vida/

Consejo Universitario reconoce aportes del magistrado Fernando Cruz Castro

María del Mar Izaguirre Cedeño
Periodista

Con este acuerdo, la UCR reitera su papel como centro de pensamiento que promueve el libre acceso a la información y al conocimiento en pro del interés público y la progresividad de los derechos. (Foto: Anel Kenjeekeva,OCI).

De manera unánime, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) reconoció al distinguido magistrado de la Sala Constitucional, Dr. Fernando Cruz Castro por sus aportes en materia de libertad de expresión, promoción de la pluralidad, la defensa de la autonomía universitaria, la libertad de cátedra y la democracia del país.

Para el Órgano Colegiado, la trayectoria y el conocimiento del Dr. Cruz han sido invaluables en la construcción de un marco teórico, normativo y jurisprudencial cuyo eje central es la defensa de la democracia, el cual ha impactado al país y el ámbito universitario. Asimismo, destacó su calificada participación en diversos espacios que fomentan el debate social desde una perspectiva que busca comprender la libertad de expresión como un derecho, y como una práctica sociohistórica sujeta a principios de responsabilidad, transparencia y control democrático.

El Consejo Universitario también reconoció en Fernando Cruz su posición clara y firme respecto a la importancia de asegurar la libertad de cátedra y la autonomía universitaria, elementos esenciales para evitar transgresiones a la Constitución Política de la República de Costa Rica y así garantizar un intercambio de ideas libre en el país

Adicionalmente, el acuerdo insta a la Administración a institucionalizar actividades conmemorativas al Día Nacional de la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información, que se celebra cada 1. ° de setiembre, como una forma de reforzar el compromiso de esta Casa de estudios con el pensamiento crítico e independiente.

Trayectoria

Fernando Cruz Castro es licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica y Doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. También cuenta con estudios de posgrado en Criminología, en el Instituto de Criminología de la misma universidad española.

Inició su carrera como agente de Faltas y Contravenciones de Alajuela en 1972, actuario, agente fiscal, fiscal general, juez general, juez superior y presidente del Tribunal de Casación Penal

Actualmente es profesor en el posgrado de Derecho Penal de la Universidad de Costa Rica; es magistrado desde el 14 de octubre de 2004 y fue presidente de la Corte Suprema de Justicia desde el 2018 hasta el año 2022.

Fuente: https://www.cu.ucr.ac.cr/inicio/noticias/noticia/Articulo/consejo-universitario-reconoce-aportes-del-magistrado-fernando-cruz-castro.html

ACANAMED clausura año académico con conferencia sobre inteligencia artificial y salud

La Academia Nacional de Medicina de Costa Rica invita a la Solemne Clausura del Año Académico “Dr. Juan Jaramillo Antillón” 2025, que se realizará el jueves 20 de noviembre de 2025 a las 7:00 p.m. (hora de Costa Rica), en el Auditorio Principal del Colegio de Médicos y Cirujanos.

La actividad contará con la conferencia titulada “Inteligencia Artificial: Interrelación, beneficios y aplicaciones en el campo de la salud”, a cargo del Dr. Jean Carlo Segura Aparicio, coordinador de la Sección de Integración Médica de la Escuela de Medicina de la UCR, y del Dr. Francisco Siles Canales, director del Centro de Investigación en Ciencias del Movimiento Humano (CIMOHU) de la Universidad de Costa Rica.

El encuentro busca reflexionar sobre los aportes de la inteligencia artificial a la medicina contemporánea, sus aplicaciones en la investigación y la práctica clínica, así como los desafíos éticos y científicos asociados a su incorporación en los sistemas de salud.

La participación es gratuita, pero requiere confirmación de asistencia antes del 18 de noviembre al correo info@acanamed.com o al teléfono 2210-2292.

Ruta del Arroz o ¿la Ruta de la Vergüenza?

JoseSo (José Solano-Saborío)

Durante décadas, Costa Rica ha transitado por un camino que, lejos de fortalecer su campo, lo ha desmantelado pieza a pieza. Este recorrido, que bien podríamos bautizar como «La Ruta del Arroz» —o más honestamente, “La Ruta de la Vergüenza”—, comenzó con el sistemático desmontaje de la capacidad productiva nacional, empezando por el Consejo Nacional de la Producción (CNP).

El CNP, otrora un pilar para la comercialización y la estabilidad de los precios para los productores fue vaciado de sus funciones. Paralelamente, se implementaron, décadas atrás, políticas como el “decreto de desabasto de arroz”, un eufemismo que escondía una cruda realidad: la decisión política de reducir la siembra nacional para favorecer a los grandes importadores e industriales de granos básicos. ¿El resultado? Una dependencia creciente y peligrosa de las importaciones, mientras nuestros arroceros veían cómo su mercado se encogía y sus fincas se volvían inviables.

Este modelo no solo ha golpeado la economía rural; es un ataque directo a la Seguridad y la Soberanía Alimentaria.

La Seguridad Alimentaria supone que toda la población tenga acceso físico y económico a alimentos suficientes y nutritivos. Podemos tenerla importando todo, pero es un equilibrio precario.

En el mismo sentido la Soberanía Alimentaria va más allá. Es el derecho de un pueblo a definir sus propias políticas agroalimentarias, a producir sus alimentos de forma sostenible, priorizando al productor local. Es la autonomía para decidir qué comemos y cómo se produce.

Al desmantelar nuestra producción de granos básicos, sacrificamos la Soberanía Alimentaria en el altar del comercio internacional, poniendo en riesgo la Seguridad Alimentaria ante cualquier crisis global que dispare los precios del Mercado de Chicago (Chicago Mercantile Exchange o CME, donde se transan los precios internacionales de granos básicos) o interrumpa las cadenas de importación.

Hoy, este mismo guion se repite en la ganadería. El “areteo” de las reses, bajo la justificación de la trazabilidad, se ha convertido en una carga burocrática y económica tan pesada para el pequeño y mediano ganadero, que muchos se ven forzados a vender o abandonar. Es la misma estrategia: ahogar con regulaciones y costos a los actores nacionales para abrirle paso a un modelo controlado por pocos, donde la carne de res también podría seguir la “ruta del arroz”.

Ante esta embestida, es vital hacer un llamado a nuestros finqueros y trabajadores agrícolas: no permitan que los distraigan. No nos dejemos engañar por debates que, aunque puedan movilizar pasiones, son cortinas de humo que desvían la atención de lo esencial. Su modo de vida, su vocación de trabajar la tierra y criar ganado, es lo que realmente dará de comer a Costa Rica. Esa es la batalla importante. No nos desviemos con discusiones tontas sobre preferencia sexual o religión que no ponen un grano de frijol en la mesa. Y ojo, tampoco nos dejemos engañar por aquellos pastores que, desde la comodidad de sus púlpitos, no entienden ni les importa una grieta en el barro, pero que no dudan en usar su influencia para dividirnos y negociar sus propios intereses con el gobierno y políticos de turno, mientras nuestro verdadero sustento —el agro nacional— se hunde.

La tierra no entiende de ideologías, entiende de trabajo, sudor y dedicación. Mantengamos la vista en lo crucial: defender nuestra capacidad de producir alimentos, porque en ello nos va la vida, la de nuestros hijos y la de las futuras generaciones de costarricenses.

CGR aclara situación sobre pago de licencias de cuido de la CCSS

La Contraloría General de la República (CGR) emitió una comunicación oficial para aclarar la situación en torno al pago de las licencias de cuido del programa de fase terminal de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Según el comunicado firmado por Mariela Azofeifa Olivares, jefa de la Unidad de Prensa y Comunicaciones del Despacho Contralor, el presupuesto extraordinario de la CCSS, que incluye ₡2.700 millones para cubrir estas licencias, fue recibido por la CGR el jueves 6 de noviembre de 2025.

Puntos principales del pronunciamiento

  1. Ingreso reciente del presupuesto: El expediente llegó a la CGR el 6 de noviembre, desmintiendo versiones que indicaban un retraso prolongado.

  2. Monto global: El presupuesto extraordinario no incluye únicamente el rubro de licencias de cuido, sino varios gastos por un total de ₡50.459 millones, por lo que el análisis debe realizarse sobre el conjunto de los recursos.

  3. Competencia técnica: El análisis se encuentra en la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa —área con competencia para aprobar presupuestos— y no en el Despacho de la Contralora.

  4. Compromiso con la diligencia: La CGR afirmó estar analizando el presupuesto con la mayor agilidad posible, para resolver e informar a la brevedad.

  5. Responsabilidad institucional: El comunicado enfatiza que la responsabilidad por la gestión presupuestaria recae sobre la CCSS, no sobre la Contraloría.

  6. Transparencia del proceso: Mientras el estudio esté en curso, la CGR no adelantará criterio; una vez finalizado, se informará públicamente según el procedimiento habitual.

El documento cierra reafirmando el compromiso de la Contraloría con la transparencia, legalidad y atención diligente de los recursos destinados a las personas beneficiarias del programa de licencias de cuido.

Rechazamos las maniobras militares británicas en las Islas Malvinas

Comunicado

El Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile expresa su más enérgico rechazo a las maniobras militares llevadas a cabo recientemente por Reino Unido en las Islas Malvinas, las que incluyeron pruebas del sistema de defensa antiaérea Sky Sabre. Estas acciones constituyen una provocación y una abierta violación de las resoluciones de Naciones Unidas que llaman a ambas partes, Argentina y Reino Unido, a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación del archipiélago.

Este despliegue constituye una nueva expresión de la ocupación militar británica en las Islas Malvinas, una situación que continúa siendo objeto del legítimo reclamo diplomático de la República Argentina. Lejos de avanzar hacia una solución pacífica, el Reino Unido persiste en reforzar su infraestructura bélica en el archipiélago, lo que contraviene abiertamente las resoluciones de las Naciones Unidas y el espíritu del diálogo y la diplomacia.

Expresamos nuestra plena solidaridad con el pueblo de Argentina en su justo y legítimo reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

La presencia militar británica en las Islas Malvinas, a más de cuarenta años de la guerra de 1982, revela la persistencia de una política colonial, en completa contradicción con los principios del derecho internacional y de la autodeterminación de los pueblos. Estas maniobras se enmarcan en la estrategia global de la OTAN, alianza militar encabezada por Estados Unidos y Reino Unido, que busca proyectar su poder hacia el Atlántico Sur. Nuestra América Latina como El Caribe, deben ser Zona de Paz como lo proclamó la CELAC el 2014.

Rechazamos categóricamente esta política de intimidación y advertimos que la creciente presencia militar de la OTAN en el hemisferio sur —ya sea mediante bases, acuerdos o ejercicios conjuntos— constituye una amenaza directa a la paz regional y a la soberanía de nuestros pueblos.

Desde Chile, hacemos un llamado a los gobiernos de América Latina a repudiar públicamente estas acciones y a fortalecer los espacios de coordinación política y defensa común frente a las pretensiones imperialistas que buscan convertir nuestro continente en un escenario de disputa geopolítica.

Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile

Imagen: Fotografía usada en el transporte público.

Organizaciones se pronuncian ante actos de intolerancia y violencia contra defensores ambientales en Puntarenas

El pasado 6 de noviembre, en distintos perfiles de noticias locales de Puntarenas, se difundió la imagen de una valla colocada en la Angostura, en la entrada del puerto, en la que se declara “non gratos” al biólogo Randall Arauz y al abogado Walter Brenes, ambos reconocidos por su labor en la defensa de la vida marina y el cumplimiento de la ley.

En dicha valla aparecen las fotografías de ambos profesionales con los rostros tachados, en un acto de evidente estigmatización y violencia simbólica promovido por sectores que se autodenominan “pesqueros”.

En respuesta a estos hechos, más de treinta cuatro organizaciones sociales, ambientales, académicas, feministas, indígenas y de derechos humanos se unieron en un pronunciamiento conjunto.

Estas acciones ocurren en un contexto en el que ambientalistas han sostenido, con base en la legislación vigente, que la decisión de declarar especies de tiburones amenazadas como especies comerciales (mayo de 2017) fue contraria a la normativa nacional y, por tanto, ilegal. La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, mediante resolución del 21 de junio de 2023, ordenó al INCOPESCA y al MINAE cumplir con la Ley de Conservación de Vida Silvestre en la gestión de tiburones amenazados, así como detener toda captura y comercialización del tiburón martillo, incluso la incidental.

En los últimos años se ha intensificado la violencia contra personas defensoras ambientales, alimentada por discursos de odio e intolerancia, así como por el descrédito del Acuerdo de Escazú, promovido por cámaras empresariales, sectores políticos y el actual gobierno, que han contribuido a normalizar la persecución del disenso.

Costa Rica vive hoy una situación de creciente inseguridad y violencia, marcada por disputas entre grupos delictivos y un ambiente general de impunidad.

En el pasado se ha denunciado el vínculo del narcotráfico con sectores del palangre industrial, tanto en la Isla del Coco como en otras regiones del país. La utilización de mantas anónimas y amenazas públicas es una práctica característica de estructuras ilegales que buscan infundir miedo y silenciar la denuncia ciudadana.

En zonas como Talamanca, activistas y organizaciones que defienden la naturaleza han recibido amenazas de muerte, mientras en redes locales se difunde un discurso que califica cualquier forma de defensa ambiental como “ecoterrorismo”.

Recordamos que la Sala Constitucional ya reprendió a la Municipalidad de Talamanca por declarar personas “non gratas” a ambientalistas, dejando claro que esta práctica es inconstitucional y contraria a los derechos fundamentales.

Reconocemos que no todo el sector pesquero comparte estas acciones violentas. Históricamente, hemos mantenido relaciones de respeto y colaboración con sectores pesqueros artesanales y deportivos, e incluso con parte del sector industrial. A ellos les hacemos un llamado a pronunciarse públicamente en contra de estos actos de odio, para no quedar asociados a un pequeño grupo que promueve la intolerancia

Ante estos hechos de intolerancia y violencia, las organizaciones y personas firmantes manifestamos:

  • Rechazamos rotundamente la estigmatización, las amenazas y los actos de odio contra quienes defienden los bienes comunes y la legalidad ambiental.
  • A los medios informativos y páginas locales, les hacemos un llamado a ejercer mayor responsabilidad, discernimiento y comprensión sobre lo que publican y a quién le dan voz. Es importante evitar el sensacionalismo, ya que al reproducir este tipo de mensajes sin análisis ni cuestionamiento se contribuye a perpetuar formas de violencia y desinformación.
  • Solicitamos a la Defensoría de los Habitantes, al Sistema de Naciones Unidas y a las instituciones de derechos humanos nacionales e internacionales que intercedan ante el INCOPESCA, el MINAE y otros entes rectores, con el fin de prevenir nuevos hechos de violencia y proteger la integridad de quienes defienden los ecosistemas marinos.
  • Responsabilizamos a los sectores que han promovido esta campaña de odio por cualquier agresión o daño que puedan sufrir las personas mencionadas, así como por las consecuencias derivadas de estos actos.
  • El Estado de Costa Rica tiene la obligación de proteger la integridad de las personas ambientalistas y defensoras de derechos humanos, ya que su labor las expone con frecuencia a riesgos elevados de sufrir violencia. Esto implica tomar medidas activas para prevenir y sancionar la violencia y las amenazas, investigar a fondo cualquier agresión en su contra y garantizar sus derechos a la libertad de expresión.
  • Por lo tanto, es fundamental que el Estado actúe en coherencia con todos los acuerdos, convenios y jurisprudencia que lo obligan a asumir un rol activo en la prevención de la violencia, el fortalecimiento de la gobernanza ambiental y la promoción de una participación ciudadana libre de represalias. Proteger a las personas defensoras del ambiente es esencial para la democracia y el desarrollo sostenible del país.
  • Finalmente, llamamos a la opinión pública, a los medios de comunicación y a las instituciones del Estado a pronunciarse y solidarizarse con quienes defienden los bienes comunes y la legalidad ambiental.

En Costa Rica, lo único “non grato” debe ser la intolerancia, la violencia y la estigmatización hacia las personas que dedican su vida a proteger la naturaleza.

Firmantes:

  • Red de Mujeres Costeras y Rurales
  • Costa Rica por los Océanos
  • Bloque Verde
  • Covirenas Caribe Sur
  • Buen Vivir – Costa Rica
  • Programa Interdisciplinario Costero / UNA
  • Observatorio de Derechos Humanos
  • Comité Punta Pelencho
  • Asociación Civil Pro Natura
  • Defensores de la Casa Común
  • Asociación Ojo de Agua Legado Ancestral
  • Oilwatch
  • Fundación Promar
  • Universidad Bíblica Latinoamericana
  • Mar y Comercio
  • Asociación Proyecto Camino Verde
  • Cultura Kare
  • Red Biodiversida
  • Nido de Halcón
  • Fundación Green Heart
  • Fumicons
  • Organización Regenerativa Matzú Insigne
  • Universite Beesley Revol
  • Huertos Urbanos de Costa Rica
  • Observatorio de Medios de Comunicación y Género
  • Costa Rica por el Océano
  • Asociación CREMA
  • Hogar Ecológico Ingeniería
  • Rewilding Portugal
  • Fundación El Arca de Noé
  • Covirena Cabo Blanco Ario
  • Ubiquity University
  • APREFLOFAS
  • Antigentrificación CR

Algunas declaraciones adicionales de organizaciones firmantes:

  • Covirenas Caribe Sur: “Repudiamos estos actos de violencia, agresión y amenaza a la integridad física. ¡Basta ya de atacar a los defensores ambientales de Costa Rica!”.
  • Comité Punta Pelencho: “Expresamos nuestro absoluto repudio ante estos actos de intolerancia, hostigamiento y violencia hacia quienes defienden el ambiente y los bienes naturales comunes. La labor de las personas defensoras de nuestra casa común es esencial en un Estado de Derecho, y merece respeto, protección y reconocimiento.”
  • Asociación Civil Pro Natura: “Rechazamos categóricamente el rótulo colocado por un sector pesquero puntarenense que declara ‘non gratos’ a dos defensores ambientales. Este acto constituye una forma de hostigamiento y estigmatización hacia quienes ejercen su legítimo derecho a proteger el ambiente y exigir transparencia en la gestión de los recursos naturales.”
  • Fundación Promar: “Además de evidenciar una total falta de tolerancia y respeto hacia personas y organizaciones que buscan evitar la desaparición de especies marinas vitales para los ecosistemas y la seguridad alimentaria humana, es una barbaridad que unas cuantas personas se arroguen el derecho de hablar por toda una comunidad porteña.”
  • Universidad Bíblica Latinoamericana: “Nos unimos a este pronunciamiento en contra de la violencia y la intolerancia hacia quienes defienden y protegen los territorios y la naturaleza.”
  • Asociación Proyecto Camino Verde: “Condenamos cualquier práctica intimidatoria y contraria al Estado de Derecho que ampara a quienes defienden nuestro patrimonio natural y base del desarrollo sostenible.”
  • Cultura Kare: “Un Estado que calla ante las amenazas a quienes defienden la vida y los bienes comunes se convierte en cómplice del despojo y de la destrucción de la esperanza colectiva.”
  • APREFLOFAS / Nido de Halcón: “No se debe permitir la intimidación de ninguna forma hacia ambientalistas o ecologistas. Defendemos a quienes no tienen voz; los representamos, y somos muchas y muchos. ¡Alto a la agresión contra el medio ambiente y quienes luchamos por la Madre Tierra! Nuestra voz es un grito de batalla por nuestros compañeros y hermanas, porque quien defiende la naturaleza es hermano en cualquier parte del mundo. Ellos no están solos ni solas.”
  • Observatorio de Medios de Comunicación y Género: “Rechazamos la persecución y las campañas de odio contra personas ambientalistas y defensoras de derechos humanos.”
  • Hogar Ecológico Ingeniería: “Apoyamos siempre la protección de la biodiversidad, fuente de vida y subsistencia. No podemos comprometer los recursos naturales; respaldamos a quienes los defienden.”
  • Fundación El Arca de Noé: “A estas personas deberíamos apoyarlas y sostenerlas. La Tierra es nuestra única casa, y ellos la protegen. La codicia y el deseo de poder destruyen la belleza del planeta y condenan a las futuras generaciones. Nuestros verdaderos héroes son quienes defienden a la Pacha Mama. ¡Apoyémoslos!”

Apoya:
Proyecto ED-3526 “Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica”, Escuela de Geografía y Programa Kioscos Socioambientales, Vicerrectoría de Acción Social, Universidad de Costa Rica.

El duelo como espejo del honor: resabios coloniales en la Costa Rica decimonónica

Dr. Fernando Villalobos Chacón*

Introducción

El país enfrentó momentos en que el honor valía más que la vida, y la palabra empeñada tenía la dignidad de un juramento. En la Costa Rica republicana del siglo XIX, los duelos de honor formaron parte de una sensibilidad heredada de la Europa ilustrada, pero también de los resabios de barbarie de la sociedad colonial, donde la honra personal se confundía con la virtud moral. En aquellos años, los hombres públicos; políticos, escritores, militares y abogados, defendían su reputación con las armas, bajo la idea de que la verdad moral debía sostenerse no solo con argumentos, sino con valor.

El duelo de Eusebio Figueroa Oreamuno y León Fernández Bonilla

El duelo a muerte entre Eusebio Figueroa Oreamuno y León Fernández Bonilla, ocurrido en 1889, es quizá el más célebre de nuestra historia republicana. Ambos eran miembros prominentes de la élite intelectual costarricense. Figueroa, periodista combativo y de verbo incendiario, había criticado duramente a Fernández, médico, humanista y académico, en una serie de artículos que cruzaron los límites de la polémica ideológica. La disputa, alimentada por la vanidad y la pasión, se convirtió en cuestión de honor. Ninguno quiso ceder.

El encuentro se celebró en las afueras de San José, con pistolas reglamentarias y padrinos de respeto. Tras los disparos, Eusebio Figueroa cayó mortalmente herido, mientras León Fernández, consternado, arrojó su arma al suelo y se retiró de la vida pública durante años. La noticia estremeció al país. El arzobispo Bernardo Augusto Thiel condenó el hecho como “una afrenta a Dios y a la civilización”, mientras la prensa liberal lo presentó como una tragedia inevitable de su tiempo. Como escribí en el artículo: Honor y modernidad en la Costa Rica decimonónica: “el duelo entre Figueroa y Fernández no fue un acto de barbarie individual, sino la expresión ritual de una sociedad que aún no sabía conciliar la razón ilustrada con el orgullo caballeresco” (Villalobos Chacón, 2018, p. 59).

El duelo entre Eusebio Figueroa Oreamuno y León Fernández Bonilla, ocurrido el 4 de mayo de 1889, no solo marcó un hito trágico en la historia de los duelos costarricenses, sino también un punto de inflexión en las relaciones entre el Estado liberal y la Iglesia Católica. Tras el mortal desenlace, el cuerpo de Figueroa, periodista incisivo, polemista brillante y figura cercana al pensamiento anticlerical, fue objeto de controversia. El entonces arzobispo Bernardo Augusto Thiel, fiel a la doctrina que prohibía otorgar sepultura eclesiástica a quienes murieran en duelo, denegó los honores religiosos y la inhumación en campo santo. Para la Iglesia, Figueroa había cometido pecado mortal, tanto por desafiar el precepto “no matarás” como por haber participado voluntariamente en un acto condenado por el derecho canónico desde el Concilio de Trento.

La negativa episcopal escandalizó a los liberales, quienes vieron en esa decisión no un acto de piedad doctrinal, sino una intromisión intolerable en los derechos ciudadanos. En el contexto de una Costa Rica en proceso de secularización, el entierro de Figueroa se convirtió en un símbolo político: la lucha por la autonomía del Estado frente al poder eclesiástico. El presidente Próspero Fernández Oreamuno, suegro del fallecido, intervino de inmediato, profundamente indignado por lo que consideraba una humillación pública a la memoria de su yerno y a su propia autoridad como jefe del gobierno.

La respuesta fue fulminante. En un gesto de afirmación republicana, Fernández ordenó la apertura de los cementerios a la administración civil, decretando que todos los camposantos del país quedarían bajo jurisdicción del Estado y no de la Iglesia. El decreto de secularización, emitido el 19 de mayo de 1889, transformó de raíz la relación entre ambos poderes. Desde entonces, los cementerios costarricenses dejaron de ser lugares de exclusión moral y pasaron a ser espacios de igualdad ciudadana ante la muerte, donde la pertenencia religiosa no podía determinar el derecho a ser sepultado.

Este episodio fue más que una disputa ritual: representó la culminación de la ideología liberal que buscaba emancipar las instituciones públicas de la tutela clerical. Como señala Iván Molina Jiménez, “la secularización de los cementerios fue el gesto más visible del proceso de modernización liberal, pues simbolizaba el control del cuerpo aún en la muerte, por parte del Estado y no de la Iglesia” (Anticlericalismo y construcción del Estado liberal en Costa Rica, 2002, p. 97). En esa confrontación, el duelo dejó de ser solo un asunto de honor personal para convertirse en una batalla por la soberanía moral del país.

El propio Bernardo Augusto Thiel, figura culta y moderada, sufrió las consecuencias del conflicto. En 1889 fue expulsado temporalmente del país por decisión del gobierno, acusado de obstaculizar las reformas seculares. Su exilio simbolizó el choque entre dos concepciones del mundo: la de la fe que todo lo subordina a la ley divina y la del Estado moderno que reivindica la libertad de conciencia. En palabras de Eduardo Oconitrillo García, “la muerte de Figueroa cerró un ciclo: con su entierro civil comenzó la verdadera República laica de Costa Rica” (Historia política de la secularización, 1996, p. 143).

Con el paso del tiempo, la figura de Figueroa fue reinterpretada no solo como víctima del duelo, sino como mártir involuntario de la secularidad republicana. Su tumba, erigida en el nuevo cementerio civil, simbolizó el tránsito de la nación costarricense hacia una modernidad moral en la que el Estado, y no el púlpito, dictaba las normas de convivencia. La sangre del periodista y la indignación del presidente, unidas en la historia, sellaron la separación definitiva entre el “crucifijo y el poder civil”.

La doble tragedia del honor: venganza y redención

El duelo entre León Fernández Bonilla y Eusebio Figueroa Oreamuno, marcó una de las páginas más oscuras de la historia republicana costarricense a finales del siglo XIX. Lo que comenzó como una polémica entre intelectuales, una disputa entre la razón ilustrada y la pasión periodística, concluyó en una tragedia doble, moral y humana. Figueroa cayó mortalmente herido en el campo del honor; pero años después, su hijo, incapaz de soportar la afrenta que la muerte del padre simbolizaba, asesinó a León Fernández, consumando un acto de venganza que sobrecogió a la nación entera.

Aquel crimen, sucedido durante los últimos meses del gobierno del general Próspero Fernández Oreamuno, se convirtió en una parábola nacional sobre el ciclo del odio. La Costa Rica liberal, que se debatía entre el racionalismo emergente y las herencias caballerescas del pasado, vio en este hecho un espejo trágico de sí misma. La sangre derramada ya no respondía al honor, sino al desequilibrio moral que produce el orgullo cuando se disfraza de justicia. Como señala Norbert Elías, “toda sociedad que se emancipa de la violencia ritual lo hace pagando el precio del dolor que la violencia dejó en la memoria” (El proceso de la civilización, 1987, p. 156). El duelo, elevado antaño a símbolo de virilidad y civismo, mostraba así su rostro más bárbaro: la herencia de una cultura que confundía el valor con la venganza.

El asesinato de Fernández a manos del hijo de Eusebio Figueroa, tuvo una resonancia ética que trascendió la anécdota. Los periódicos de la época hablaron de “la maldición del honor”, y los intelectuales liberales comprendieron que la violencia simbólica debía ser sustituida por la palabra pública. El jurista costarricense Manuel María de Peralta escribió en una carta de 1890 que “la justicia del duelo pertenece a los pueblos sin ley, y su resurgimiento es un signo de que la civilización aún no ha completado su obra” (Cartas políticas y diplomáticas, 1892, p. 47). La sociedad aprendía, con espanto, que los ritos del orgullo no generan héroes, sino víctimas.

La muerte de León Fernández, además, tuvo un profundo efecto simbólico sobre el imaginario nacional. Aquel hombre que había fundado el Archivo Nacional, depositario de la memoria de Costa Rica, terminaba siendo él mismo víctima de una memoria distorsionada por el rencor. La ironía histórica no pasó desapercibida: quien había preservado el pasado, perecía por la incapacidad de otro de perdonarlo. Como ha expresado Tzvetan Todorov, “el verdadero uso de la memoria no es repetir el daño, sino aprender a no reproducirlo” (Los abusos de la memoria, 2000, p. 21). En esa enseñanza dolorosa se encierra la lección más profunda del episodio: la civilización comienza cuando el recuerdo del agravio se transforma en conciencia moral.

A partir de entonces, el duelo perdió legitimidad ética y social. El país comprendió que el honor no podía seguir siendo un pretexto para la violencia, y que el perdón, sublimación cristiana de la justicia, debía ocupar el lugar del odio. En el drama Figueroa–Fernández, la historia costarricense halló su más amarga pedagogía: la libertad no se defiende con balas, sino con la serenidad del espíritu y la grandeza del perdón.

León Fernández Bonilla: del duelo a la memoria nacional

Más allá del duelo, León Fernández Bonilla ocupa un lugar eminente en la cultura costarricense. Fue el fundador del Archivo Nacional de Costa Rica, concebido como el santuario de la memoria pública, el “granero del historiador”, según la hermosa metáfora de Lucien Febvre. En una época en que los documentos se dispersaban en archivos eclesiásticos o casas particulares, Fernández comprendió que la nación solo podría reconocerse a sí misma si ordenaba su pasado.

El gesto tiene algo de redentor: quien había conocido el peso trágico del duelo dedicó su vida a preservar la memoria escrita. En palabras propias: “Fernández comprendió que los pueblos sin archivos son pueblos sin destino, pues el olvido es la peor forma de muerte” (Villalobos Chacón, 2022, p. 91). Su obra fundacional estableció la tradición documental de la historiografía costarricense.

Fue además padre del notable historiador Ricardo Fernández Guardia, autor de Crónicas coloniales y El Erial, quien heredó la sensibilidad humanista y el amor por el pasado. En ambos, padre e hijo; se funde la conciencia de que la pluma debía reemplazar a la espada, y que la historia es el lugar donde el honor se purifica en la palabra.

Duelos y pasiones republicanas

El duelo no fue patrimonio exclusivo de los intelectuales. También los caudillos y hombres públicos del siglo XIX participaron en estos lances, donde el coraje personal servía como medida del liderazgo.

El propio Juan Rafael Mora Porras, héroe de la Campaña Nacional de 1856, protagonizó un duelo simbólico con un ciudadano de apellido Molina, tras un agrio intercambio de palabras. Ambos se presentaron al campo de honor, pero Mora disparó al aire y ofreció disculpas solemnes. Según relatan los cronistas, declaró: “No se mata a un compatriota por una palabra”. Aquel gesto de moderación lo engrandeció más que cualquier victoria. Como escribí en Ensayos sobre la República Liberal, “Mora comprendió que el valor más alto no era la puntería, sino el dominio de sí mismo, y que el honor podía defenderse también con prudencia” (Villalobos Chacón, 2021, p. 112).

Otro episodio recordado es el duelo frustrado entre Tomás Guardia Gutiérrez y el expresidente Jesús Jiménez Zamora, en 1872. Ambos, símbolos de visiones opuestas del poder, el militar autoritario y el civil ilustrado, estuvieron a punto de enfrentarse por agravios personales. La mediación de amigos comunes y del obispo Llorente evitó el derramamiento de sangre. Sin embargo, la anécdota reveló que, bajo la república liberal, el honor individual aún competía con la ley escrita.

La condena de la Iglesia y la prohibición legal

La Iglesia Católica condenó con firmeza los duelos desde mediados del siglo XIX. El arzobispo Thiel y sus predecesores advirtieron que quienes participaran en ellos incurrían en pecado mortal y serían excomulgados. La moral cristiana consideraba el duelo una herencia pagana, incompatible con la doctrina de la reconciliación. El papel de la iglesia en la erradicación moral del duelo como práctica para dirimir disputas, fue decisivo. Desde los primeros años de la república, los prelados observaron con inquietud la persistencia de este ritual violento entre los sectores ilustrados.

En una sociedad mayoritariamente católica, el duelo constituía no solo una ofensa al mandamiento “no matarás”, sino también una negación del principio cristiano del perdón. Los obispos costarricenses, especialmente Anselmo Llorente y La Fuente y Bernardo Augusto Thiel, denunciaron el fenómeno en sus pastorales, recordando que “ningún agravio justifica la muerte voluntaria de un hermano”.

La condena eclesiástica fue constante y severa. En 1884, el Boletín Eclesiástico de Costa Rica calificaba los duelos como “resabios de barbarie incompatible con la moral evangélica”, reflejo de una época en que la razón civil todavía no había reemplazado la emoción caballeresca. La excomunión era automática para quienes participaran como duelistas o padrinos, y los funerales cristianos podían ser negados a los caídos en tales enfrentamientos. De esa manera, la Iglesia actuó no solo desde la fe, sino también como poder pedagógico, intentando formar una ciudadanía capaz de resolver sus conflictos mediante la palabra y el juicio moral, y no por el acero o la pólvora. Como señala el historiador Jean Delumeau, “toda civilización cristiana se mide por su capacidad para transformar la violencia en penitencia y el orgullo en humildad” (El miedo en Occidente, 1989, p. 211).

La doctrina católica veía en el duelo un síntoma del orgullo desmedido y de la confusión entre honor y soberbia, virtudes terrenales que debían sublimarse en la humildad cristiana. Su lucha no fue sencilla: muchos de los protagonistas de estos encuentros eran hombres influyentes, miembros del gobierno, de la prensa o del foro judicial, lo que convirtió la batalla espiritual en un pulso contra las costumbres sociales más arraigadas. Como advierte José Manuel Núñez Espinoza, “la Iglesia costarricense del siglo XIX fue el principal agente de moralización pública, capaz de convertir el perdón en un acto de ciudadanía” (La Iglesia y la formación moral del Estado costarricense, 2010, p. 84). Con el paso del tiempo, la prédica pastoral, unida al avance del Estado de derecho y la educación laica, logró desacralizar la violencia como medio de reparación del honor. La palabra sustituyó al disparo, y la conciencia reemplazó a la espada.

El Estado costarricense, sin embargo, tardó en asumir una postura definitiva. Durante décadas, las autoridades civiles contemplaron los duelos como “asuntos privados entre caballeros”. No fue sino hasta 1906, bajo la presidencia de Cleto González Víquez, que el Código Penal incorporó disposiciones explícitas que prohibían y sancionaban el duelo, equiparándolo al homicidio o a las lesiones graves según el caso. Como he señalado en La cultura política costarricense y sus metamorfosis, “la penalización del duelo simbolizó el triunfo de la razón jurídica sobre la pasión aristocrática, y marcó la consolidación del Estado como único depositario legítimo de la violencia” (Villalobos Chacón, 2022, p. 88).

El duelo en América Latina: del rito de honor a la norma republicana

La práctica del duelo tuvo un recorrido paralelo en toda Hispanoamérica. En palabras de la historiadora Franziska E. Schmid, “durante las décadas finales del siglo XIX los duelos en Hispanoamérica formaban un sistema paralelo de justicia de caballeros, que nunca llegó a integrarse al derecho penal, pero sí operó como mecanismo de control social entre élites” (Law, Honor and Impunity in Spanish America: The Debate over Dueling, 1870-1920, 2015, p. 12). Fue un ritual de clase, pero también un mecanismo de legitimación social entre quienes creían que la ley era aún demasiado débil para proteger la honra.

En el ámbito latinoamericano, Argentina y Uruguay fueron los países donde la práctica alcanzó mayor intensidad. El historiador David S. Parker sostiene que “el duelo, y los códigos de honor que lo regían, funcionaron durante décadas como un sistema sombra de la ley, regulando en la práctica lo que la ley formal no quería o no podía decir” (The Pen, the Sword and the Law: Dueling and Democracy in Uruguay, 2022, p. 4). En esas repúblicas rioplatenses, el duelo fue parte del discurso liberal y del periodismo militante, donde la palabra escrita y la bala se confundían en un mismo concepto de virilidad cívica.

El país latinoamericano que más tardó en prohibirlo legalmente fue Uruguay, donde, paradójicamente, llegó a ser legalizado parcialmente en 1920 y mantuvo vigencia jurídica hasta su derogación en 1992. En palabras de Armando Braun Menéndez, “la persistencia del duelo en el Río de la Plata revela que la transición hacia un gobierno de normas fue más lenta de lo que se suele imaginar: incluso cuando el homicidio ya era delito, la ofensa al honor continuaba dirimiéndose al aire libre” (Mapocho, 1980, p. 31). Ello convierte a Uruguay en el último reducto del duelo codificado, un anacronismo elegante que sobrevivió hasta el umbral de la posmodernidad.

Conclusiones: el fin del duelo y el afianzamiento de una cultura de respeto a las leyes

Con el siglo XX, los duelos se extinguieron lentamente. El honor, antes ligado al coraje físico, comenzó a redefinirse como virtud cívica, vinculada a la verdad, la ética pública y el servicio al bien común. Las armas cedieron su lugar a la palabra, y la valentía se transformó en integridad moral. Como afirmé en El espíritu cívico y la metamorfosis del honor, “la Costa Rica republicana cambió el duelo por el debate, y en esa transición moral se jugó su madurez democrática” (Villalobos Chacón, 2020, p. 137).

No obstante, la memoria de aquellos lances nos recuerda que toda civilización nace también del conflicto entre la pasión y la ley, entre la emoción y la razón. La desaparición del duelo no fue una derrota del honor, sino su elevación a un plano moral superior. Hoy, el verdadero coraje no consiste en disparar por orgullo, sino en defender la verdad sin violencia, el respeto sin humillación y la justicia sin rencor.

En última instancia, como he sostenido en Ensayos sobre la virtud republicana, “una nación que pierde el sentido del honor, aunque sea pacífica, corre el riesgo de ser una nación sin alma” (Villalobos Chacón, 2019, p. 76). Costa Rica no perdió el honor: lo civilizó. En esa civilización moral, hecha de leyes, de educación y de respeto, reside la más alta victoria del espíritu.

Referencias

  • Braun Menéndez, A. (1980). Un duelo histórico: Mackenna–Carrera. Mapocho, 31.

  • Delumeau, J. (1989). El miedo en Occidente (siglos XIV–XVIII): Una ciudad sitiada. Madrid: Taurus.

  • Elias, N. (1987). El proceso de la civilización. Madrid: Fondo de Cultura Económica.

  • Molina Jiménez, I. (2002). Anticlericalismo y construcción del Estado liberal en Costa Rica (1870–1900). San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica.

  • Núñez Espinoza, J. M. (2010). La Iglesia y la formación moral del Estado costarricense (1821–1914). San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica.

  • Oconitrillo García, E. (1996). Historia política de la secularización. San José: EUNED.

  • Parker, D. S. (2022). The Pen, the Sword and the Law: Dueling and Democracy in Uruguay. Montevideo: Ediciones Universitarias.

  • Peralta, M. M. de. (1892). Cartas políticas y diplomáticas. París: Tipografía A. Lahure.

  • Schmid, F. E. (2015). Law, Honor and Impunity in Spanish America: The Debate over Dueling, 1870-1920. Cambridge University Press.

  • Todorov, T. (2000). Los abusos de la memoria. Barcelona: Paidós.

  • Villalobos Chacón, F. (2018). Honor y modernidad en la Costa Rica decimonónica. San José: Ediciones Humanidades.

  • Villalobos Chacón, F. (2019). Ensayos sobre la virtud republicana. Puntarenas: Editorial Pacífico.

  • Villalobos Chacón, F. (2020). El espíritu cívico y la metamorfosis del honor. San José: Editorial UTN.

  • Villalobos Chacón, F. (2021). Ensayos sobre la República Liberal. San José: EUNED.

  • Villalobos Chacón, F. (2022). La cultura política costarricense y sus metamorfosis. San José: Universidad Técnica Nacional.

*Historiador y Analista Político