La estatuilla del Premio fue transformada este año con el fin de reflejar más claramente el vínculo entre la universidad y la sociedad. La artista a cargo fue Beatriz Parra Thompson, docente de la Escuela de Artes Plásticas de la UCR. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
La Vicerrectoría de Acción Social entregó los Premios de Acción Social María Eugenia Dengo Obregón 2020 a Patricia SedóMasís, docente de la Escuela de Nutrición, y a Teodoro WillinkCastro, docente de la Escuela de Ingeniería Eléctrica. Asimismo, brindó un reconocimiento a Jorge Vargas Carmiol, docente de la Escuela de Medicina.
Sandra Araya Umaña, vicerrectora de Acción Social, explicó que el Premio se otorga a aquellas personas que sobresalgan por su compromiso ético y social, así como por la originalidad de sus propuestas, la articulación interuniversitaria e interinstitucional y la trascendencia de su labor como aporte a la acción social dentro o fuera de país.
“Este premio lleva el nombre de una ilustre ciudadana que fue la primera vicerrectora de Acción Social y que se caracterizó por ser una profunda humanista y defensora valiente, comprometida con la promoción de la igualdad de los derechos y la paz social. Y este año, más que nunca, requerimos la acción universitaria en pro de los derechos humanos, particularmente los derechos de los sectores vulnerabilizados”, subrayó Araya.
En este sentido, destacó los aportes que ha realizado la profesora Sedó por más de 12 años en el trabajo interdisciplinario e interuniversitario articulando la docencia, la investigación y la acción social en temáticas relacionadas con el rescate de tradiciones, seguridad alimentaria y población adulta mayor. También resaltó el uso de metodologías enfocadas en la educación popular y en la sistematización de experiencias como forma de encontrar nuevo conocimiento en diálogo con las poblaciones.
De izquierda a derecha, los galardonados con el Premio de Acción Social María Eugenia Dengo Obregón 2020: Teodoro Willink de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Patricia Sedó de la Escuela de Nutrición. Los acompaña Jorge Vargas de la Escuela de Medicina, quien recibió un reconocimiento especial. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
Acerca del profesor Willink, Araya señaló su innovación metodológica para abordar distintas problemáticas desde el área de la ingeniería combinando el desarrollo del arte y la tecnología en beneficio depoblaciones vulnerables de zonas como Talamanca, OsayGolfito. “Con esto, el profesor Willink ha contribuido a la superación de la falsa separación entre las ciencias duras y las mal llamadas ciencias blandas”, subrayó.
En cuanto al reconocimiento brindado al profesor Vargas, Araya detalló que es fruto de sus esfuerzos por articular acciones con distintos actores sociales que propician el derecho a la salud en poblaciones indígenas desde la educación popular y los procesos socioeducativos.
“Los trabajos de ustedes tres son una clara muestra del rol de la acción social como eje sustantivo del quehacer universitario. Gracias por sus aportes al fortalecimiento del vínculo entre la universidad y la sociedad costarricense. También gracias a las personas que trabajaron a su lado por marcar la diferencia desde sus espacios cotidianos y hacer de la acción social una verdadera actividad sustantiva como un posicionamiento ético y político, propio de una universidad pública como la Universidad de Costa Rica”, expresó Araya.
El acto de entrega de los Premios de Acción Social María Eugenia Dengo Obregón contó con la participación de Eduardo Guerra Rodríguez, bailarín de Danza Universitaria. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
La vicerrectora de Acción Social recordó que el concurso se abre cada año para dos áreas académicas y reconoce a una persona por cada área. En esta oportunidad, la distinción se enmarcó en las áreas de la Salud y de la Ingeniería, donde se están desarrollando 166 proyectos de Acción Social vinculados con la promoción, prevención y atención de la salud, el fortalecimiento educativo, la seguridad alimentaria, la divulgación de la ciencia, el desarrollo comunitario y el fortalecimiento local, entre otros temas.
Por su parte, Carlos Araya Leandro, rector de la Universidad de Costa Rica, recordó los compromisos de María Eugenia Dengo Obregón: enseñar y educar. También rememoró su huella dentro y fuera de la universidad, siendo la primera vicerrectora de Acción Social y la creadora del Trabajo Comunal Universitario.
“Su determinación por generar beneficios al país es la misma que presentan las personas que hoy premiamos. Tal y como lo entendió doña María Eugenia, es en la acción social donde encontramos la herramienta que permite a la comunidad universitaria retribuir la inversión y la confianza que en nosotros deposita la sociedad nacional. Su labor encomiable yendo mucho más allá de sus áreas de conocimiento para beneficio de poblaciones que constantemente son sujetas de discriminación y de exclusión social los hicieron merecedores de este reconocimiento que, más que un premio, es un agradecimiento por esta misión que ustedes han emprendido como parte de su carrera académica”, puntualizó el rector.
Asimismo, enfatizó en la importancia de la acción social como una de las actividades sustantivas de la universidad, sobre todo en los tiempos difíciles que atraviesa el país. “Es en momentos como este, cuando se nublan las esperanzas y se acrecientan las crispaciones y los miedos, que la Universidad de Costa Rica debe brillar con mayor fulgor”, aseveró.
Desde la cocina hasta la música electrónica
“Mi esperanza es que este esfuerzo generado a lo largo de estos años haya contribuido con un granito de arena y que sea una motivación para otras personas de cultivar mucho más, mejorar lo construido, reinventarse ante los nuevos desafíos y promover los cambios requeridos de beneficio para la sociedad”, Patricia Sedó Masís. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
Al recibir el galardón, Patricia Sedó agradeció a la Universidad, a sus compañeros de trabajo y a los estudiantes, al reconocer que todos sus logros han sido producto del trabajo compartido y en equipo. También destacó la importancia de reconocer que es a través de las acciones que se pueden realizar cambios importantes y transformar una realidad.
Según relata, su interés de trabajar la cocina tradicional y con personas adultas mayores surgió de la necesidad de promover espacios de encuentro intergeneracional y de favorecer ese intercambio de saberes en relación con alimentos y prácticas alimentarias que se han desestimulado en los últimos años por diversas razones.
“Con el trabajo colectivo se reconoce que los recursos alimentarios disponibles en las comunidades y los sistemas alimentarios sostenibles están basados en la alimentación tradicional. De ahí la importancia de la puesta en valor de lo que tenemos y la posibilidad de conservar lo que tenemos, conservar los alimentos y exaltar la tradición alimentaria en las comunidades, a partir de un encuentro de saberes”, mencionó.
“Este Premio es un reconocimiento al trabajo de muchas personas que han participado en los proyectos. Pero, para mí representa un compromiso de seguir trabajando fuerte y también de tratar de inspirar a otros colegas y estudiantes de realizar acción social desde una manera consciente y proyectada hacia las comunidades”, Teodoro Willink Castro. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
Por su parte, Teodoro Willink advirtió que el Premio debe reconocer el aporte de todo un equipo de trabajo porque “la acción social es un proceso complejo, dinámico y colectivo, no es de una sola persona”. Asimismo, recordó que la acción social es un diálogo entre la universidad y la sociedad, tanto literal como figurativo.
“El proceso de acción social tratamos de hacerlo académico, sistemático, a veces hay que improvisar, debe ser innovador, efectivo y significativo. Se hace con humanidad, con solidaridad y con conciencia ambiental. Lo hacemos con compromiso y con respeto, con responsabilidad y es inherentemente articulado y colectivo. Una sola persona no puede cambiar el mundo. Tenemos que ser varios y todos. A veces se hace con poco presupuesto, pero se hace con mucha pasión, con mucho esfuerzo, con mucho apoyo y con muchísima satisfacción. No se hace por el dinero, no se hace por la gloria tampoco. Se hace para inspirar a otros con el ejemplo y, especialmente en Ingeniería, que tiene menos de la mitad de los proyectos de Acción Social que tiene Salud, y donde, en términos generales, la investigación no está en las comunidades”, destacó.
Willink explica que la idea de combinar la Ingeniería con el Arte surgió de la observación de que en la carrera existen muchos estudiantes con habilidades y destrezas artísticas. A partir de ahí, consideró el arte como una vía para comunicar lo que hacen la Ingeniería y los profesionales de esta área del conocimiento.
Uno de los proyectos que lidera este docente de Ingeniería Eléctrica se denomina “Electrizarte”, en el que los estudiantes realizan presentaciones musicales o dramatizaciones en las que incluyen instrumentos tecnológicos diseñados y creados por ellos mismos. Las funciones se desarrollan en colegios públicos de zonas rurales y sirven para generar preguntas y establecer diálogos donde se estimula la curiosidad científica y el interés por continuar estudios superiores.
Fernando Montero Bolaños Periodista, Oficina de Divulgación e Información
Conforme lo prometido, hoy comparto con ustedes la presentación que hice recientemente al libro titulado “Aprender pensando” del muy ilustre ciudadano don Rogelio Ramos Valverde, abogado, exdiputado, diplomático y fiel representante del pensamiento social- cristiano original en el país. Lo común es que el joven escritor pida a su menos joven maestro o mentor que prologue alguna obra; en este caso, he recibido la inmerecida solicitud para prologar una joya autobiográfica de un hombre que podría ser mi padre, lo que ha tenido para mí un valor extraordinario.
Presentación Magister José Manuel Arroyo Gutiérrez Exmagistrado Corte Suprema de Justicia Profesor Catedrático Universidad de Costa Rica.
El libro de don Rogelio Ramos Valverde “Aprender Pensando” nos trae valiosos aportes en varias direcciones. En primer lugar se erige como un hermoso testimonio de vivencias personales y profesionales del autor, escritas con impecable estilo, a la vieja usanza. Es también el retrato de una época crucial en la construcción de la Costa Rica de la segunda mitad del siglo XX; dibuja un sentido homenaje del estudiante a sus viejos maestros y, como si fuera poco, logra articular un auténtico manual de introducción al estudio del derecho, en el que nociones básicas de diversas materias jurídicas, deja espacios a una enriquecedora reflexión filosófica, con auténticas lecciones de vida. Estos atributos hacen que la obra que presentamos esté llamada a ser un aporte relevante, no sólo para la historia de la enseñanza del derecho, sino para la historiografía general de nuestro país.
Me parece especialmente digno de destacar cómo el Licenciado Ramos Valverde refleja en sus páginas una Costa Rica que, -aunque recién salida del trauma político y bélico de la guerra civil de 1948-, logra restañar sus heridas fomentando un nuevo pacto social fundacional, no sólo por la promulgación de la Constitución Política de 1949, sino por las herencias sociales e institucionales que se respetaron y se fortalecieron a pesar del conflicto. En este libro se refleja de manera transparente, la atmósfera de reconstrucción social y democrática que tuvo en la Universidad de Costa Rica y, de manera especial, en la Escuela de Derecho de entonces, un centro de reflexión y estudio, decisivo en la formación de las nuevas generaciones de abogados y en el diseño de liderazgos, también renovado, de diversas tendencias ideológicas.
De alguna manera don Rogelio nos describe, quizá sin proponérselo, aspectos esenciales del “acta de nacimiento” de la Segunda República; el proceso de sana confluencia, mirando al futuro, de muchos personajes que desde la academia se decidieron a reconstruir la convivencia democrática, para las décadas venideras, a partir de valores como el estudio serio y sistemático, el pensamiento crítico y el trabajo especializado y profesional.
En un aspecto más íntimo o personal, llama poderosamente la atención en el contenido de esta obra esa avidez con que el joven Ramos Valverde encuentra su vocación por el derecho; la ilusión con que inicia y desarrolla sus estudios; la semblanza física e intelectual de cada uno de sus profesores, las enseñanzas fundamentales que le proveyeron y los hitos formativos que lo fueron definiendo y marcando como ser humano y como abogado. Una anécdota sobresaliente de este compromiso vocacional y existencial se revela cuando el autor llama a los notarios, de manera poética, “fieles guardianes del tiempo”, una calificación que cualquier mirada desprevenida o prejuiciosa pudiera no reconocer, pero cuyo profundo alcance valoramos al recordar que en nuestros días, las corrientes más actualizadas de la Sociología, la Historia y la Criminología, entre otras Ciencias Sociales, encuentran en las actas notariales una fuente riquísima de información para los investigadores.
Es meritorio destacar de esta reseña autobiográfica de don Rogelio, la gratitud para con sus maestros, personalidades que fueron incluso la fuente de inspiración inicial para escribir estas memorias. Con la lectura de esta obra nos queda claro que aquellos profesores en su mayoría se habían formado a sí mismos, sin poder salir del país por razones económicas, echando mano de los pocos libros que se podían encontrar en las dos o tres bibliotecas o librerías de entonces, así como por los esporádicos contactos y correspondencias que individualmente, cada quien, pudiera establecer con centros de estudio o profesores extranjeros. Esta era la realidad de un país con muy escasos recursos, pero con una voluntad a toda prueba para avanzar y desarrollarse. No fue sino hasta décadas después, en los años setentas del pasado siglo, cuando me correspondió pasar por la Facultad de Derecho, que hubo programas de becas para gente que pudo estudiar en Europa, otros países latinoamericanos o del norte de América.
El pensum o programa de estudios que se nos describe en este libro, es también llamativo por lo bien estructurado que aparece, acorde con las necesidades de la época. Se reconoce el encuentro con el Derecho Constitucional, la Teoría del Estado, la Filosofía y la Historia del Derecho, junto a otras disciplinas jurídicas tradicionales, que se abrían paso en una formación sólida y ambiciosa. Sin duda en este aspecto estrictamente académico aquellos costarricenses ilustres también tuvieron visión de futuro, donde todos, profesores y alumnos, se tomaron muy en serio la necesidad de prepararse no sólo para ejercer una profesión como medio de vida, sino para tomar las riendas de una nueva etapa de la historia nacional, como en efecto ocurrió. En pocos años, muchos de los compañeros y, aunque muy pocas, las compañeras de estudio del autor, fueron llamados a ejercer destacados puestos en la administración pública, dentro y fuera del país.
No dejo de sentir cierta envidia por los tiempos que nos describe don Rogelio. La política pública, incluida la académica, se orientó a tomar lo bueno del pasado, a proponer proyectos nuevos, a tener ilusión por el porvenir creando oportunidades y movilidad social incluyente. A mi generación le correspondió, en esa década de los años setentas que mencioné, recoger los mejores frutos de aquél esfuerzo histórico anterior. Una Facultad de Derecho mucho más consolidada, pero a la vez, mucho más masificada, despersonalizada en la relación profesores -estudiantes, con perfiles diferenciados entre buenos y no tan buenos profesores, y también mucho más convulsa y desorientada en cuanto a las visiones de futuro y los proyectos del país que queríamos. Tengo para mí que, la enseñanza del derecho en Costa Rica conoció en la generación del Licenciado Ramos un momento de siembra y esperanza, sobre todo cuando echamos una mirada, a lo que ocurre actualmente que, con contadas excepciones, padecemos la proliferación de “escuelas de derecho” improvisadas, totalmente alejadas de la investigación y del “aprendizaje pensando” al que alude el título de esta obra.
Tenga don Rogelio Ramos Valverde nuestro agradecimiento por tomarse el tiempo y el trabajo de rescatar de su memoria y su experiencia este valioso testimonio para las futuras generaciones.
Sabanilla de Montes de Oca, San José, 14 de mayo de 2020.
SURCOS recibió la siguiente información de parte de la Fundación Friedrich Ebert:
El Despacho de la Diputada Nielsen Pérez de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, con el apoyo de la Red-CR1 por el Acuerdo de Escazú, Legisladores por el Ambiente, 350.org LA y la Comisión Económica para América Latina CEPAL, le invitan al Foro Público: Acuerdo de Escazú y su importancia para América Latina y el Caribe, a realizarse el próximo viernes 20 de noviembre 2020 de 3 p.m. a 6 p.m. (hora de Costa Rica).
El Foro se dividirá en dos segmentos:
El Acuerdo de Escazú: ¿Es importante su ratificación para Costa Rica? (3 p.m. a 4:30 p.m.)
Acuerdo de Escazú y su importancia para América Latina y el Caribe (4:30 p.m. a 6 p.m.)
1 La Red-CR por el Acuerdo de Escazú está conformada por el Sr. Bernardo Aguilar, Director Ejecutivo de la Fundación Neotrópica (FN); la Sra. Irene Murillo, Directora Ejecutiva del Centro de Derecho Ambiental y de Recursos Naturales (CEDARENA); la Sra. Kyara Cascante, Joven Champion Escazú de la Iniciativa Acceso; la Sra. Patricia Madrigal, Exviceministra de Ambiente (MINAE) lideresa impulsora del Acuerdo de Escazú; el Sr. Rafael González, profesor e investigador de la Maestría en Derecho Ambiental y Director del Posgrado en Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR); y el Sr. Marco Zamora, Coordinador del Proyecto Trasformación Social Ecológica de la Fundación Friedrich Ebert en América Central.
Enviado por Carlos Ávila Rocha, asistente del Proyecto Transformación Social Ecológica, Fundación Friedrich Ebert.
Necesitamos su apoyo. Les pasamos esta carta para que la puedan firmar dada la gravedad del asunto. Esta carta fue redactada por la activista Leda Castillo de Poder Ciudadano.
Pueden leer el texto aquí:
San José, 12 de noviembre, 2020
Señoras y señores Diputadas y diputados Asamblea Legislativa Costa Rica
Como representantes de la sociedad civil organizada, les expresamos nuestra preocupación con respecto al proyecto de ley 21.702 el cual está por dictaminarse en la Comisión de Niñez y Adolescencia y al que se opusieron tanto el Inamu como la Defensoría de la Mujer de la Defensoría de los Habitantes.
Con respecto al proyecto de ley 21.702 “Reforma al artículo 171 del Código de Familia, para “TUTELAR EL INTERÉS SUPERIOR DE LA PERSONA MENOR DE EDAD BENEFICIARIA DE UNA PENSIÓN ALIMENTARIA”, quienes conformamos las organizaciones de mujeres, manifestamos lo siguiente:
Este proyecto de ley fue sometido a consulta hace aproximadamente un año, mediante el expediente 21.206 y fue objeto de total repudio entre las mismas autoridades judiciales como de instituciones y organizaciones de la sociedad civil. Al respecto, como organizaciones que trabajamos por los derechos de las mujeres, exponemos algunas de las razones.
La pretensión es que la autoridad judicial pueda solicitar a quien administra ese dinero, cuentas sobre los gastos en caso de dudas sobre la administración correcta de la cuota alimentaria, lo cual “se solicitará únicamente una vez al año, de manera que se pueda verificar el cumplimiento de su destino.”
Al respecto, se debe tener presente que la persona que administra la Pensión alimentaria, -que por lo general es la madre- la mayor parte del tiempo ni siquiera cuenta con una cuota alimentaria que en verdad cubra todos los rubros que, de acuerdo a lo que establece el artículo 164 del Código de Familia, debe abarcar la Pensión alimentaria. Aunado a lo anterior, ya la legislación vigente obliga a quien tiene la guarda y crianza a justificar los montos de la cuota desde el inicio del proceso.
Adicionalmente, la autoridad judicial casi nunca cuenta con los suficientes elementos de juicio necesarios para determinar una cuota justa en virtud de las malas prácticas en que incurren los padres para ocultar tanto bienes como ingresos o cualquier otro rubro que, de una u otra manera, evidencien o den una idea clara del estatus acostumbrado por las y los menores de edad.
Así, desde el momento en que por algún conflicto familiar se deba entablar un proceso de Pensión alimentaria, a las y los menores se les priva, entre otras cosas, de diversión, actividades extracurriculares, medicina privada para atender asuntos muy específicos que la CCSS no atiende y muchas otras cosas a las que tenía acceso con anterioridad.
Quienes impulsan la reforma al artículo 171 del Código de Familia lo hacen -según ellos- con el fin de que la autoridad judicial, a petición de la persona menor que tenga al menos doce años, del Patronato Nacional de la Infancia, o de la persona alimentante, pueda solicitar a quien administra ese dinero, rendir cuentas respecto de todos aquellos rubros comprendidos en la cuota alimentaria; no obstante, lo que a la larga podrá demostrar esta reforma es que efectivamente las cuotas alimentarias que se establecen no cubren los gastos de las poblaciones menores de edad; sino que más bien limita las condiciones de vida que son necesarias para su desarrollo.
Gran parte de los testimonios de las madres revelan que el derecho a la recreación, a la diversión, a una buena educación, a salud integral y otra serie de derechos se ven violentados en razón del bajo canon que se asigna por Pensión alimentaria.
La idea de que la mujer es quien debe asumir la guarda, crianza y manutención de hijas/os sin que al hombre se le obligue a cumplir con la responsabilidad que debe ser compartida, permanece aún muy arraigada en el pensamiento de la sociedad y es aprovechada por personas o movimientos contrarios al derecho fundamental al alimento para proponer supuestos beneficios, que nunca alcanzan a la niñez como se pretende hacer creer; sino que sólo beneficia a la parte demandada, en su gran mayoría, hombres.
No en vano los organismos internacionales afirman que “la violencia de género acompaña a las mujeres durante toda su vida, como un mecanismo recordatorio del rol de subordinación que el sistema patriarcal espera que asuman (…)”.
Es evidente que no se han tomado en cuenta las verdaderas condiciones de las personas beneficiarias alimentarias así como el reiterado incumplimiento de los obligados. En investigaciones realizadas por la Defensoría de los Habitantes, la misma ha dicho que: “no se debe omitir que durante la tramitación judicial de la pretensión alimentaria, las mujeres asumen automáticamente el soporte económico y de cuido de las personas a su cargo, independientemente de si el obligado alimentario honra o no la deuda”. (Informe final con Recomendaciones, 2011).
Si bien el Estado le debe brindar una protección especial a la niñez, también lo debe hacer con la mujer, lo cual está en entredicho al pretender una rendición de cuentas sobre montos de dinero que muchas veces ni siquiera cubren las necesidades básicas de la persona que se supone sea la beneficiaria.
El Instituto Nacional de las Mujeres señaló en el oficio INAMU PE-0400-08-2019 lo siguiente: “Es necesario que las personas deudoras alimentarias comprendan que la responsabilidad de brindar las condiciones básicas de vida a las personas menores de edad no es una obligación de quien ostente la custodia, sino que forma parte de las responsabilidades familiares del deudor para la protección prioritaria de los derechos de los niños, las niñas y personas adolescentes. (…)”.
Igualdad y no discriminación hacia las Mujeres:
El incumplimiento en la aplicación de las convenciones y tratados internacionales, que son de acatamiento obligatorio para nuestro pais, puesto que ya forman parte de nuestro ordenamiento juridico, tienen como resultado una grave discriminación hacia las mujeres. Costa Rica, como Estado Parte, se comprometió a “adoptar todas las medidas adecuadas, incluidas leyes y medidas especiales temporales para que las mujeres disfrutemos plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales”.
Es precisamente en esa línea del Derecho Internacional que se destaca el artículo 1 de la “Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer” de las Naciones Unidas, el cual considera que la violencia contra las mujeres es “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública o privada”.
En adición a lo anterior y, citado por la Defensoría de la Mujer, debe tenerse en cuenta que “estadísticamente está demostrado que son las mujeres quienes, en representación de sus hijas e hijos, acuden mayoritariamente en demanda de este derecho: el 79.9% de mujeres actoras o acreedoras en expedientes de pensiones alimentarias vrs. 6.18% en que son hombres actores o acreedores de pensiones alimentarias.
El férreo control que se pretende hacia la mujer es tal que ha causado repudio hasta en las autoridades judiciales. Al respecto, se mencionan las palabras del señor Mauricio Chacón, Juez de Familia, quien manifestó en torno a un proyecto de ley similar:
“Es una forma de tener control de lo que hacen, porque yo, que soy el hombre y que mando, tengo que saber todo lo que hace, pero yo nunca le digo cuántas cervezas me tomo, ni cuánto dinero invierto en mis cosas. Hago con mi plata lo que quiero, pero usted (mujer) me tiene que decir todo”, reprochó.3
A esto agrega: “La doctrina habla de principio de no rendición de cuentas porque la pensión no es un castigo (…). Me da la impresión de que se le quiere dar trámite de regla a aquello que es la excepción y eso me parece perverso”, indicó el juez Mauricio Chacón.”4 (Ver citas 2, 3, y 4).
La normalización de cada vez más tipos de violencia se están consolidando como obstáculos permanentes y su propósito es limitar el ejercicio de los derechos de las mujeres al bienestar, al uso y control de recursos, no así a los hombres, a quienes sí se les ha permitido asumir su obligación alimentaria voluntariamente y es el ejercicio del poder lo que les ha facilitado eludir estas obligaciones tan fácilmente.
Obsérvese que, a través de un proyecto de ley el mandato patriarcal pretende mantener su vigencia discriminatoria partiendo de una norma disfrazada de derecho que solo vendría a reforzar las relaciones de poder así como los estereotipos que más bien deben ser erradicados de toda la legislación.
MARCO NORMATIVO Y DE COMPROMISOS INTERNACIONALES
A) Marco global de compromisos internacionales de derechos humanos e igualdad entre mujeres y hombres
Los compromisos internacionales para los derechos humanos y la igualdad efectiva son dinámicos y se adaptan a la evolución del derecho internacional. Desde el 2017 se acordaron nuevos compromisos internacionales incluyendo las observaciones y las recomendaciones que surgen de las evaluaciones periódicas de la convencionalidad de derechos humanos que implica nuevos retos y desafíos para su implementación estatal1.(1 Proyecto de Recomendación General No. 28 relativa al artículo 2 de la CEDAW) y que el Estado debe tener presente en toda legislación que se promueva.
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
El compromiso con la igualdad efectiva, los derechos de las mujeres y el empoderamiento de las mujeres y las niñas es transversal a la Agenda 2030. Esto significa que en cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se definen metas explícitas e implícitas para el logro de la Igualdad y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas (Objetivo 5)
En razón de lo anterior, “se afirma que no es posible realizar todo el potencial humano y alcanzar el desarrollo sostenible si se sigue negando a la mitad de la humanidad el pleno disfrute de sus derechos humanos y sus oportunidades, el igual acceso a una educación de calidad, a los recursos económicos (…) y a la adopción de decisiones a todos los niveles.” En este marco, una de las grandes aspiraciones es (…) “fortalecer el apoyo a las instituciones en relación con la igualdad y el empoderamiento de las mujeres en el plano nacional. “
“La máxima aspiración es eliminar todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas, incluso mediante la participación de los hombres y los niños6.(6 A/Res/70/1. 2015.)”.
Estrategia de Montevideo para la implementación de la Agenda Regional
Este instrumento político-técnico busca cerrar la brecha entre la igualdad de jure y de facto mediante el fortalecimiento de las políticas públicas para garantizar la autonomía y el ejercicio pleno de los derechos humanos de todas las mujeres y niñas, superando discriminaciones, prejuicios y resistencias.
Uno de los grandes desafíos para alcanzar la igualdad efectiva hacia el 2030 implica superar nudos estructurales vigentes en Latinoamérica como: la desigualdad socioeconómica y la persistencia de la pobreza; los patrones culturales patriarcales discriminatorios y violentos y el predominio de la cultura del privilegio; la división sexual del trabajo, la injusta organización social del cuidado y la concentración del poder y las relaciones de jerarquía en el ámbito público. (8ONU, CEPAL. Décimo Tercera Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, p. 13).
La autonomía como base para la igualdad, demanda un nuevo pacto social y de género que cuente con el compromiso de todos los actores sociales, para garantizar su ejercicio pleno con una visión de futuro transformadora, lo cual “implica modificar las características discriminatorias y patriarcales (…) de nuestras sociedades y las políticas públicas”
Nudos estructurales y brechas de desigualdad que persisten en Costa Rica:
Patrones culturales patriarcales, discriminatorios y violentos y predominio de la cultura del privilegio
El reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres ha sido una lucha histórica cuya principal dificultad se fundamenta en la vigencia del sistema patriarcal, construido a partir de las desigualdades de poder entre mujeres y hombres, que promueve la superioridad de lo masculino y su dominio sobre las niñas, las mujeres y sobre otros hombres que se apartan del modelo masculino convencional.
Combatir los estereotipos de género y la discriminación derivada de este sistema social para garantizar a las mujeres el ejercicio efectivo de sus derechos fundamentales ha sido una lucha continua y lenta, pero cuyos frutos se han ido materializando a lo largo de los años en el reconocimiento formal e informal de la igualdad como una aspiración de todo Estado democrático.
En los últimos años se constata el resurgimiento de tácticas, discursos y patrones socioculturales discriminatorios (…) que siguen reproduciendo la desigualdad y la violencia. “
“Se han levantado cuestionamientos, en el ámbito nacional e internacional, sobre los objetivos de la igualdad y la perspectiva de género, que intentan generar duda sobre sus impactos en la sociedad y en la vida de los hombres.”
“La lectura de este contexto no debe pasar desapercibida, pues constituye un obstáculo para el avance de los derechos humanos de las mujeres, al limitar o retardar su desarrollo mediante estrategias formales e informales, como por ejemplo, la oposición en espacios de toma de decisiones en ámbitos públicos, o la difusión de mensajes que confunden a la población sobre la pertinencia o no de continuar defendiendo la lucha de las mujeres”. (Sinalevi).
Finalmente, consideramos que la aprobación del proyecto 21.702 “vendría a perpetuar la violencia y discriminación contra las mujeres e incluso contra las personas menores de edad, a quienes se les estaría limitando su bienestar para favorecer la mezquindad de quienes, en la mayoría de los casos, han tenido que ser obligados a brindar el alimento a sus hijos e hijas”. (Criterio Inamu).
Dentro del marco del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, el 25 de noviembre a las 10 a.m. se llevará a cabo el foro: «Pandemia, violencias y resistencias de mujeres».
Como profesional de la salud, soy una persona muy preocupada por el tema ambiental, en general, y por el agua y la importancia capital que tiene este vital líquido en la vida y en la salud de las personas, en particular.
Con respecto al tema ambiental, estoy convencida de que lo que hagamos hoy para preservar el medio y cuidarlo, sin duda, será la mejor herencia para las futuras generaciones. Ya lo dijo, con mucha claridad el Papa Francisco: Este planeta es la casa donde vivimos y, por ello, debemos cuidarla.
Considero que las y los costarricenses debemos contribuir en todos los frentes posibles (reciclaje y control adecuado de los desechos, son dos de ellos), para asegurar la reducción de la contaminación del medio.
Sin embargo, hay una batalla que considero que es fundamental, en el presente, dentro de la agenda ambiental. Es la de asegurar agua pública y de calidad para todos, ahora y de cara al futuro.
Hemos visto con gran preocupación como hay sectores que quieren privatizar este valioso y vital líquido. Hay países que tomaron esta medida y eso hace que hoy, muchos de sus habitantes o no cuenten con agua potable o para contar con ella, tengan que pagar precios inaccesibles e inasequibles, a empresas que lucran con el recurso hidríco.
Algunas empresas privadas, en sus propósitos en el control del “negocio” del agua, fueron tan lejos que en el convenio con un gobierno sudamericano, pretendían que una claúsula, prohibiera expresamente que las personas recolectaran el agua de lluvia. Esto sucedió en Bolivia hace pocos años.
La preocupación que deseo expresar tiene que ver con el dictamen positivo que dio la Comisión Legislativa de Ambiente, el día miércoles, 1 de julio del año en curso, al proyecto de Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, contenido en el expediente N°20.212.
Realmente, es muy preocupante que se emitiera tal dictamen sin considerar y menos incorporar, ni uno solo de los 21 puntos que las organizaciones ecologistas, ASADAS, las comunidades y varias personas expertas en la materia, recomendaron. Valga destacar que sobre estos puntos hubo consenso tanto con funcionarios del Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados (AyA) como con representantes de la misma Asamblea Legislativa.
Coincido con las organizaciones y personas que señalan que el proyecto afirmativamente disctaminado, contiene graves omisiones y ambigüedades que amenazan el ejercicio del dominio público sobre el agua. Con ello, se contradice en forma flagrante la norma recientemente incorporada en nuestra Carta Magna que fija al agua como un derecho humano, cuyo acceso universal y cuidado corresponde garantizar al Estado. Este derecho se diluye y no está asegurado en el texto que aprobó la mencionada comisión legislativa.
De esta manera, este pequeño grupo de diputadas y diputados, dictaminó un texto diferente al que se construyó a lo largo de una década, a partir del consenso laborioso de varios sectores.
Entre sus graves omisiones, el proyecto desconoce a las ASADAS, que han sido y son las organizaciones comunitarias que gestionan el uso sostenible y la protección de los recursos hídricos de sus localidades. Asimismo no incorpora regulaciones ni sanciones por la contaminación de fuentes de agua con agroquímicos. Este es un serio delito ambiental que algunas empresas agroindustriales, repiten y que le cuesta muy caro al AyA y al país.
En un momento tan duro como el que vivimos como consecuencia de la pandemia de la covid-19, las diputadas y diputados de esta comisión y de la Asamblea Legislativa, en general, deben tomar consciencia de que este recurso es fundamental para la salud y para combatir la pandemia del presente y las futuras, que con seguridad, se presentarán en los años venideros.
Por último, genera molestia e indignación que la gestión legislativa se aproveche de la imposibilidad de llevar justos reclamos y protestas como ésta, a Cuesta de Moras, por las imprescindibles restricciones impuestas ante la creciente y preocupante propagación del coronavirus. Por ahora, tendremos que fijar nuestro rechazo a este dictamen por este medio y todos los que tengamos a nuestro alcance.
«Estamos recibiendo resolución de la Sala PRIMERA que conoció recurso de casación en proceso de unas 14 cámaras de empresarios contra la MATRIZ DE PROTECCIÓN DE ACUÍFEROS DEL SENARA. La Sala Primera resolvió: “Se declara sin lugar el recurso planteado. Son las costas a cargo del promovente”.
Como coadyuvantes en el proceso, nos ALEGRA la resolución que da “soporte jurídico” a las matrices de protección de acuíferos.
Sí lamentamos que el Presidente de la República, no dudamos asesorado por la Primera Dama, haya direccionado para que la Junta Directiva del SENARA eliminara la matriz, en un acto sin fundamento técnico y jurídico, aspectos que parece que al Presidente no le interesan. José Francisco Alfaro. CONCEVERDE»
Desde hace tres décadas, las instituciones de salud y los trabajadores del sector vivimos un proceso sistemático de privatización y deterioro de las condiciones laborales, en un contexto de la violencia social y política. A esto se suma hoy la equivocada gestión de la pandemia y el recrudecimiento de las masacres y los asesinatos selectivos de los líderes sociales en todo el país.
En días pasados, varios compañeros han sido víctimas de amenazas, entre ellos nuestros amigos y colegas ROMAN RAFAEL VEGA ROMERO, profesor universitario, activista en favor del derecho a la salud y médico de profesión, fundador del Movimiento por la Salud de los pueblos (MSP) en Colombia y miembro de la Red Salud Paz, de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) y de la Asociación Colombiana de Salud Pública, ELSA NURY MARTÍNEZ SILVA, presidenta de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria FENSUAGRO, EMMA VÉLEZ TORO, presidenta de la Veeduría en Salud Pública y DDHH, SARA YANETH FERNÁNDEZ MORENO, académica, activista y feminista de la Universidad de Antioquia, miembro de ALAMES, así como también los compañeros miembros de la Alianza Colombia Libre de Fracking, LUIS ALBERTO GONZÁLEZ, ÓSCAR SAMPAYO, YESID BLANCO, RAÚL BARBA RUEDA, LEONARDO GRANADOS Y ALEXANDER MATEUS RODRÍGUEZ. Manifestamos nuestra solidaridad y respaldo a todas y todos los amenazados por grupos armados organizados, bandas criminales y delincuencia organizada en Colombia, quienes recibieron amenazas de muerte, junto con otras personas que trabajan por un país más justo. Esas amenazas se producen en medio de las masacres y asesinatos del liderazgo social en todo el país, en medio de absoluta impunidad.
Detrás de las amenazas, presuntamente, están las llamadas “Águilas Negras” (bloques Capital y Magdalena Medio), un grupo que parece actuar en todo el territorio nacional, pero sobre el cual no se han producido detenciones. Es significativo que tales amenazas repiten el patrón de prácticas paramilitares: difamar y calumniar a los líderes sociales, vincularlos con grupos armados, y darles un plazo para abandonar la ciudad o el país.
El sector salud ya ha puesto numerosos muertos y heridos en medio del conflicto donde, como Misión Médica, ha sufrido los horrores de la guerra. De igual manera, las organizaciones sociales y ambientales han sufrido la violación sistemática de derechos humanos: a la vida, al trabajo digno, a la libertad de expresión y de organización; pero eso no nos alejará de nuestra defensa del Derecho Fundamental a la Salud y la Vida.
La protección de las y los ciudadanos, del personal del sector salud y la garantía de la atención en salud a la sociedad colombiana son deberes del Estado. Urge que el Gobierno, la comunidad y las organizaciones internacionales nos acompañen, en la medida de sus deberes y posibilidades, en la defensa de los y las trabajadoras de salud en Colombia.
Por eso exigimos;
Al Presidente IVÁN DUQUE MÁRQUEZ, al Ministro de Salud FERNANDO RUIZ, al Ministro de Defensa, CARLOS HOLMES TRUJILLO, al Fiscal General FRANCISCO BARBOSA, al Procurador General FERNANDO CARRILLO FLÓREZ, al Defensor del Pueblo CARLOS ERNESTO CAMARGO, que investiguen y judicialicen a los responsables de estas amenazas.
También solicitamos a:
A la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y a la Misión de Verificación de la Implementación del Acuerdo Final que vigilen la protección de los derechos humanos de las y los defensores que están amenazados por su labor en Colombia.
Llamamos a la sociedad Colombiana a que se solidarice y se una en la defensa de la vida, para exigir al Gobierno Nacional que proteja a las y los defensores de derechos humanos en el territorio Nacional.
Suscribimos como personas y como Pacto Nacional por la Salud y la Vida de los colombianos y las colombianas, y las organizaciones que allí se recogen,
– Adriana Ardila Sierra, Magister y Doctora en Salud Pública. – Adriana Martínez, presidenta, Asociación Bacteriólogos Javerianos (ABJ). – Agremiación Sindical de Tecnólogos en Atención Prehospitalaria, Trabajadores y Servidores Públicos Afines (ASTAPH). – Agustín Barúa Caffarena, psiquiatra y antropólogo, investigador de la Universidad Nacional de Pilar, Paraguay. – Alain F. Jiménez Fadul, presidente, Alianza Contra el Fracking en la Sierra Nevada de Santa Marta. – Alberto Orgulloso, director, Escuela Nacional Sindical (ENS). – Aldemir Tello Padilla, presidente, Sindicato Nacional de Profesionales en Fonoaudiología, Fisioterapia y Terapia Ocupacional (SINALPROFFT). – Aldo Cadena, Ex Secretario de Salud de Bogotá. – Alejandra Gómez, presidenta, Asociación Colombiana Médica Estudiantil (ACOME). – Alejandra Marín, Mesa Salud y Paz, Universidad de Antioquia. – Alejandro Perdomo Rubio, Asesor de Servicios de la Asociación Colombiana de Facultades de Odontología. – Alex Miguel López Guerrero, Mesa de Salud Colectiva de Nariño. – Alicia Milena Torres, profesora universitaria. – Álvaro Acevedo Osorio, Departamento de Desarrollo Rural & Agroalimentario, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Colombia. – Álvaro Franco Giraldo, Salubrista, Ex Decano, Facultad Nacional de Salud Pública y Ex Vicerrector, Universidad de Antioquia. – Amparo Hernández Bello, Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES), profesora universitaria. – Ana Marcela Bueno, docente universitaria. – Ana María Soleibe, presidenta, Sindicato de los Trabajadores de la Salud Unidos de Colombia (ACTUS) y Médicos Unidos de Colombia (MUC). – Andrea del Pilar Vargas Daza, presidenta, Colegio Colombiano de Fonoaudiólogos (CCF). – Andrea Rojas, presidenta, Nutricionistas Unidos y Actualizados. – Angélica López, educadora, Fundación Tradición Oral. – Arnobi de Jesús Zapata Martínez, representante legal, Asociación Nacional de Zonas de Reservas Campesinas (ANZORC). – Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES), Argentina. – Asociación Médica Sindical Nacional (ASMEDAS). – Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia (ANEC), Seccional Huila. – Asociación Sindical de Profesores Universitarios – Universidad Nacional (ASPU-UN). – Astrid Castellanos Correcha, Directora, Casa de la Mujer, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), grupo Medicina Social y Mesa de Salud por Boyacá. – Beatriz Elena Serna Maya, pedagoga. – Berena Torres, Mesa Salud y Paz, Universidad de Antioquia. – Blanca Fanny Cárdenas Amaya, presidenta, Sindicato de Trabajadores Red Sur (SINTRAREDSUR). – Carlos Andrés Santiago, Alianza Colombia Libre de Fracking. – Carlos Arturo García Marulanda, Coordinadora de Organizaciones Sociales (COS). – Carlos Cañas, presidente, Federación Mixta de Pensionados de Antioquia (FEMPA) – Carlos Pérez Muriel, Asociación Escuela Ciudadana. – Carmen Báez, Movimiento por la Salud de los Pueblos (MSP), Argentina. – Carmen Cáceres, psicóloga, Asociación por los Derechos en Salud Mental (ADESAM), Movimiento por la Salud de los Pueblos (MSP), Argentina – Carmen Fonseca Cuenca, docente, Departamento de Física, Universidad Pedagógica Nacional. – Carmen Tessio, médica psiquiatra, Formosa, Argentina. – Carolina Cabrera Bastidas, Mesa de Salud Colectiva de Nariño. – Carolina Corcho, presidenta, Corporación Sur. – Carolina Madrid Torres, Movámonos por la Vida. – Cecilia Vargas, presidenta, Organización Colegial de Enfermería (OCE) – César Abadía Barrero, profesor, Universidad de Connecticut. – Cesar Augusto Hoyos, presidente, Asociación Nacional de Trabajadores de la Salud Humana y la Asistencia Social. – Cesar Carrillo, presidente, Asociación de Pensionados Petroleros de Colombia (ANDEPETROL). – Clara Inés Susa Cañón, docente universitaria. – Clara Meriño, Movimiento de Mujeres de Sectores Populares Luna Creciente, Ecuador. – Claudia Esmeralda Clavijo, profesora de Alemán, Departamento de Lenguas Extranjeras, Universidad Nacional de Colombia. – Claudia Marcela Velázquez, presidenta, Concejo Técnico Nacional de Enfermería (CTNE). – Claudia Naranjo, vocera, Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES), Colombia. – Claudia Patricia Rojas, Profesora, Terapia Ocupacional, Universidad Nacional de Colombia. – Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia (COMOSOC). – Colectivo por la paz en Colombia desde México (COLPAZ): Eliana Cárdenas Méndez, Lady Johanne Rondón Arévalo, Javier Eduardo Bello Bravo, María Isabel Mazo Duarte, Martín Emilio Cruz y Morelia Montes Barahona. – Confederación Colombiana de Profesionales de la Salud (ColProSalud), Colombia. – Constanza Díaz Grajales, Claustro de Profesores, Escuela de Salud Pública, Universidad del Valle. – Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC). – Corporación de Trabajadores Campesinos y Agropecuarios de los Llanos del Yarí (Corpoayarí). – Corporación Grupo Guillermo Ferguson. – Cristina Ruiz, Argentina. – David Cuéllar Gálvez, profesor universitario. – Deivis Giovanni Romaña Escobar, Veeduría ESMAD y colectivo de DDHH. – Diana Giraldo, Mesa Salud y Paz, Universidad de Antioquia. – Diana Marcela Vega Vargas, Politóloga. – Diego Cardona, CENSAT – Agua Viva y Amigos de la Tierra, Colombia. – Diego Cardona, coordinador general, CENSAT – Agua viva – Diego I. Lucumí, profesor universitario. – Diego Valencia, Agremiación sindical de Tecnólogos en Atención Prehospitalaria, Trabajadores y Servidores Públicos Afines (ASTAPH). – Dionne Cruz, presidenta, Asociación Colombiana de Salud Pública. – Diviana Alexandra Rodríguez, Mesa de Salud Colectiva de Nariño. – Dolly Magnolia González, presidenta, Asociación Colombiano de Escuelas y Facultades de Enfermería (ACOFAEN). – Edison Mauricio Orozco León, Sindicato Nacional de la Industria Metalúrgica (SINTRAIME). – Eduardo Guerrero, vocal, Asociación Colombiana de Salud Pública. – Edwin Palma Egea, presidente, Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO). – Edwin R. González, profesor, Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia. – Efraín Chuquín, presidente, Sindicato de Trabajadores del Hospital General de Medellín. – Eilen Cecilia Pardo Martínez, Presidente de la Asociación de Profesionales de Centrales de Esterilización del Nororiente Colombiano (APCE). – Elba Luz Martínez, docente universitaria. – Elis Borde, professora, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Brasil. – Elsa Nury Martínez Silva, Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO). – Elvert Medina, Asociación Campesina Ambiental Lozada Guayabero (ASCAL-G). – Emma Vélez Toro, Veeduría Ciudadana en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. – Emmanuel Eduardo Rozental Klinger, Pueblos en Camino, Abya Yala. – Ennue Nathaly Fajardo Rosas, Mesa de Salud Colectiva de Nariño. – Enso Ortt, Red de Agricultura Orgánica de Misiones (RAOM), Argentina. – Erika Arteaga Cruz, Movimiento por la Salud de los Pueblos, Ecuador. – Ernesto Roa, Coordinadora Nacional Agraria. – Esperanza Cerón Villaquirán, representante legal, Asociación Colombiana de Educación al Consumidor (EDUCAR CONSUMIDORES). – Estefany Grajales, Fundación Comunidades Unidas de Colombia. – Fabián Rosas, presidente, Asociación Colombiana de Especialistas en Medicina de Urgencias y Emergencias (ACEM). – Fernanda Unigarro Santacruz, Mesa de Salud Colectiva de Nariño. – Fernando Castro Alfonso, director, Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bogotá-Cundinamarca. – Fernando Puello, presidente, Colegio Colombiano Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia y Mesa por la Salud y Seguridad Social de Antioquia. – Francisco Cabrera, Comité de Enlace, Coordinadora Nacional Sindical Social y Popular (CNSSP). – Francisco Castellanos, director, Organización Defensa del Paciente. – Francy Rojas Quiroga, vicepresidenta Asociación de Fonoaudiólogos Especialistas en Seguridad y Salud en Colombia (ASOFOESSTCO). – Freddy Perilla, presidente, Asociación Colombiana Estudiantil de Enfermería (ACOEEN) – Fundación para la Investigación y el Desarrollo de la Salud y la Seguridad Social (FEDESALUD). – Gabriel García, Equipo de Apoyo en Salud y Educación Comunitaria, Chiapas, México. – Gabriel Riaño, Mesa de Salud por Boyacá. – Gerardo Segovia, Red de Agricultura Orgánica de Misiones (RAOM), Argentina. – German Hernández Orozco, Presidente Sindicato de Trabajadores Hospital Militar Central (SINTRAHOSMIC). – German Reyes Forero, presidente, Asociación Médica Sindical (ASMEDAS) Antioquia – Gilberto Ríos, Uruguay. – Gilma Rico González, presidenta, Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia, (ANEC). – Gina Rojas Fernández, médica activista por el derecho a la salud, miembro de Dignidad Médica Colombia. – Gino Straforini, Propuesta TATU, Provincia de Buenos Aires, Argentina. – Giovani Jule, mayor, Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). – Gloria Leal, profesora universitaria. – Graciela Pilone, médica dermatóloga, Peronismo Militante, Balcarce, Provincia de Buenos Aires, Argentina. – Haydali Rodríguez, profesora universitaria. – Héctor Alfonso Mendoza Moreno, Asociación de Usuarios para la Defensa de la Salud (ASUDSALUD). – Heliberto Sosa Jaramillo, Vicepresidente SINUVICOL, seccional Medellín. – Herland Tejerina, miembro Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES), Bolivia. – Inma Quitzel Caicedo, presidente, Colegio Colombiano de Fisioterapeutas (COLFI). – Isabel Cristina Bedoya Calvo, profesora universitaria. – Iván Celedón, presidente, SINTRACAPITAL. – Ivonne Dorado, profesora, Departamento de Matemáticas, Universidad Nacional de Colombia. – Jaime Alberto Goenaga, presidente, Sindicato de Trabajadores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. – Jaime Hernán Urrego Rodríguez, médico, Doctor en Salud Pública, Asesor de Pueblos Indígenas y profesor universitario. – Javier Moreno, vocero, Mesa Regional por la Salud de Boyacá. – Jiomar Estefanía Bohórquez, comunicadora social, periodista y defensora de derechos humanos. – Johana Martínez, Mesa de Salud Colectiva de Nariño. – Jorge Alberto Ocampo H., presidente, Bacteriólogos en Acción. – Jorge Quizhpe, Equipo Comunicándonos, Movimiento por la Salud de los Pueblos (MSP), Ecuador – José Cuesta Novoa, Doscientos mil besos por el San Juan de Dios. – José Edilson Pava, Asociación Andina de Carga Liviana. – José Giovanni Peralta, presidente, Sindicato de Médicos Especialistas de Boyacá, (SIMEB). – José Pablo Escobar Vasco, decano, Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia. – José Ricardo Navarro, decano, Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Colombia. – Juan Antonio Santa Cortez, Confederación Nacional de Asociaciones de Usuarios de Colombia (CONFEDASUCOL). – Juan Camilo Calderón Farfán, Facultad de Salud, Universidad Surcolombiana. – Juan Canella, bioquímico, coordinador de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) Argentina – Juan Carlos Orjuela, presidente Colegio Colombiano de Tecnólogos en Radiología e Imágenes Diagnósticas. – Juan P. Cepeda, Corporación para la Investigación Socio Ambiental Caminos del Agua (CORPOISACA). – Julia Beatriz Calderón Mora, presidenta, Asociación Colombiana de Instrumentadores Quirúrgicos Profesionales (ACITEQ). – Juliana Moreno, presidenta, Asociación Nacional de Internos y Residentes (ANIR). – Karen Muñoz, médica familiar, profesora, Universidad de Nariño (UDENAR). – Katia Cesa, Brasil. – Kevin Siza Iglesias, Colectivo de Jóvenes Trabajadores – Laura Andrea Rodríguez Villamizar, médica, magíster en Epidemiología y doctora en Ciencias de la Salud Pública y Epidemiología, profesora e investigadora, Universidad Industrial de Santander (UIS). – Leonel Gulloso Pedrozo, médico epidemiólogo, profesor universitario. – Liliana Borsani, médica sanitarista, Movimiento para la Salud de los Pueblos (MSP), Argentina. – Lizeth Martínez Andrade, Mesa de Salud Colectiva de Nariño. – Luciano Blanco, Propuesta TATU, Provincia de Buenos Aires, Argentina. – Luis Alfonso Fajardo Sánchez, director, Fundación Consultores Asociados. – Luis Arnulfo Cáceres Gómez, Gremios Salud Colombia. – Luis Fernando Arias, consejero mayor, Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). – Luz Marina Suaza, profesora universitaria. – Mabel Careaga, Asociación de Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Argentina – Marcel Guarnizo, Colectivo de Jóvenes Trabajadores. – Marcela Bobatto, Movimiento Nacional de Salud Laicrimpo, Argentina. – Marco Aurelio Torres Segura, presidente, Sindicato Gremial Nacional de Optometría (SIGNO). – María Carolina Morales, profesora, Departamento de Salud Colectiva, Facultad de Odontología, Universidad Nacional de Colombia. – María de los Ángeles Tessio, médica, directora CeSAC 32, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. – María del Carmen Sánchez Burgos, presidenta, Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud y Seguridad Social Integral y Servicios Complementarios de Colombia (ANTHOC), Boyacá. – María Doris González, presidenta, Sindicato Nacional de Salud y Seguridad Social (SINDESS). – María Esperanza Echeverry López, miembro Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) Colombia, profesora, Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia. – María Hamlin Zúñiga, Comité Regional de Promoción de Salud Comunitaria, y Movimiento por la Salud de los Pueblos (MSP), Nicaragua. – María Raquel Espinoza González, Asociación Ambiental de Mujeres Trabajadoras por el Desarrollo del Yarí (AAMPY). – María Rosa Rivas, directora de hospital, Asociación por los Derechos en Salud Mental (ADESAM), Provincia de Buenos Aires, Argentina. – María Victoria Jiménez, presidenta, Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud y Seguridad Social Integral y Servicios Complementarios de Colombia (ANTHOC), Antioquia. – Maribel Florián Buitrago, profesora universitaria. – Mario Esteban Hernández Álvarez, coordinador, Doctorado Interfacultades en Salud Pública, Universidad Nacional de Colombia, y Red de Universidades y Organizaciones sociales – Red SaludPaz. – Mario Parada, Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) Chile. – Maritza Rojas, Mesa de Salud Colectiva de Nariño. – Marlene Isabel Vélez de la Vega, presidenta, Colegio Nacional de Bacteriología (CNB). – Martha Velasco Rodríguez, Red de investigación. – Mauricio Hernando Torres Tovar, representante, Movimiento para la Salud de los Pueblos (MSP). – Mauricio Rodríguez Amaya, Red de Activismo Judicial Territorial. – Maximino Espinoza, Asociación Municipal Campesina de Colonos del Pato (AMCOP). – Maylen Rojas, doctora en epidemiología. – Mery Constanza García, profesora, Universidad Nacional de Colombia, ex magistrada y presidenta del Tribunal Nacional de Ética de Enfermería. – Mesa Antioquia por la Transformación del Sector Salud. – Mesa Ecuménica por la paz (MEP). – Mesa por el Derecho a la Salud y la Seguridad Social de Antioquia (MESSSA). – Miguel Antonio Lasso Muñoz, presidente, Federación Nacional de Transportadores de Servicio Especial y Turismo (FENALTRAES). – Miguel López, comunicador social. – Miguel Morantes, presidente, Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC). – Sandra Milena Montoya, profesora universitaria. – Miryam Gorban, coordinadora, Cátedra de Soberanía Alimentaria y Nutrición, doctora honoris causa, Universidad Nacional de Rosario y Universidad de Buenos Aires, Argentina. – Miryam Rico, presidentes, ACCES. – Movimiento de Pequeños Agricultores (MPA), Brasil. – Movimiento Indígena de Mujeres Nasa del Cauca Hilando Pensamiento. – Movimiento Social por el Derecho a la Salud y el Buen Vivir. – Movimiento para la Salud de los Pueblos (MSP) y Movimiento por el Derecho a la Salud «María Rivarola», Paraguay. – Movimiento para la Salud de los Pueblos (MSP) – República Dominicana – Myriam Acero Aguilar, profesora, Universidad Nacional de Colombia – Myriam Rozo Alvarado, Asociación Colombiana de Centrales de Esterilización. – Myriam Fernanda Torres Gómez, profesora universitariaNancy Molina A, presidenta, Asociación Colombiana de Fisioterapia (ASCOFI). – Narda Carolina Delgado, presidenta, Colegio Colombiano de Instrumentación Quirúrgica (COLDINSQUI) – Natalia Sierra, COMUNA, Ecuador. – Navis Castro León, representante legal, Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales del Guaviare (ASOMAUCOWOT). – Nicolás Dotta, Médicos del Mundo Francia. – Nidia Quintero, Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM). – Nora Aller, odontóloga, Argentina. – Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, presidenta, Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (ACESI). – Olga Ruth Moya, presidenta, Sindicato de Trabajadores Subred Sur Tunjuelito. – Omar Segura, profesor e investigador en salud pública y epidemiología. – Oscar Feo, Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) Venezuela. – Oscar Hernández, Corporación para el Fomento del Ecoturismo Comunitario en el Área de Manejo Especial de la Macarena y la Orinoquía Colombiana (CORPOECOAMEM).Patricia Cadavid, presidenta, Asociación de Empleados y trabajadores de Metrosalud (ASMETROSALUD). – Patricia González, Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios de la Cristalina del Lozada (ASOPEPROC). – Patricia Molano, magister en salud pública y candidata a doctora – Patricia Montanti, médica pediatra, Movimiento para la Salud de los Pueblos (MSP), San Luis, Argentina. – Patricia Uribe, profesora universitaria. – Pedro Contreras, presidente, Asociación Médica Sindical (ASMEDAS) nacional. – Piedad Morales López, presidenta, Asociación de Usuarios ESE Hospital San Vicente de Paul, Caldas, Antioquia. – Rafael Malagón Oviedo, director, Departamento de Salud Colectiva, Facultad de Odontología, Universidad Nacional de Colombia. – Raúl Ávila Ramos, Corporación de Trabajadores Campesinos y Agropecuarios de los Llanos del Yarí (Corpoayarí). – Red Colombiana de Salud Perioperatoria. – Red de Universidades y Organizaciones Sociales en Salud para la paz (Red SaludPaz) – Richard Harold Salazar, presidente, BIOPAZ. – Ricrdo Ramírez Aguirre, Frente Nacional por la Salud de los Pueblos del Ecuador (FNSPE), Ecuador. – Roberto Angulo, vicepresidente, Médicos Unidos de Colombia (MUC). – Román Rafael Vega Romero, profesor universitario, miembro de la Red Salud Paz, Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES), Movimiento para la Salud de los Pueblos (MSP), exsecretario de Salud de Bogotá. – Román Restrepo Villa, profesor, Universidad de Antioquia, miembro Asociación Colombiana Salud Pública. – Rosibel Prieto, Red Colombiana de Salud Preoperatoria. – Rubén Darío Gómez Hurtado, presidente, Federación Departamental (CGT) Antioquia. – Rubén Hoyos, presidente, Federación Unión Nacional de Trabajadores del Estado, los Servicios Públicos y la Comunidad (UNETE). – Ruby Maritza Rojas Timaran, Mesa de Salud Colectiva de Nariño. – Salud Popular – Frente Ciudadano por la Salud (FCS): Noemí Gascón, Alicia Gallo, Graciela Carriola, Nelida Miller, Argentina. – Samir Cardozo, presidente, Asociación Colombiana de Estudiantes de Fisioterapia, (ACEFIT). – Sandra Marín Red Jarilla, Plantas Saludables de la Patagonia, Argentina. – Sandra Zuluaga, Mesa Salud y Paz, Universidad de Antioquia. – Santiago Osorio Ortiz, médico especialista, profesor y jefe de sección ORL, Universidad de Antioquia. – Sara Yaneth Fernández Moreno, profesora, Universidad de Antioquia. – Sergio A. Jiménez Moreno, presidente, Asociación de Usuarios de la IPS Universitaria. – Sergio Isaza, presidente, Federación Médica Colombiana (FMC). – Sergio Jiménez Moreno, presidente, Asociación de Usuarios de la IPS Universitaria – Sindicato de Trabajadores de la Unidad Nacional de Protección. – Steven Orozco, Mesa Salud y Paz, Universidad de Antioquia. – Susana Ratti, Movimiento para la Salud de los Pueblos (MSP), Buenos Aires y AMGBA, Argentina. – Teresa Mosquera Vásquez, profesora, Universidad Nacional de Colombia. – Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud y Seguridad Social Integral y Servicios Complementarios de Colombia, ANTHOC, Boyacá – Vavis Castro León, Asociación de Cabildo y Autoridades Tradicionales del Guaviate (ASOMAUCOWOT) – Víctor Correa Vélez, Ex representante a la Cámara de la República. – Víctor de Currea-Lugo, médico y periodista. – Vilma Rocío Almendra Quiguanás, Pueblos en Camino, Abya Yala. – Vivian Palmbam, psicóloga, Propuesta TATU, Provincia de Buenos Aires, Argentina – Wilfer Jhon Pinzón Fuentes, presidente nacional, Asociación Nacional Trabajadores Hospitalarios (ANTHOC). – William Agudelo, presidente, Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (ADE). – William Barajas, presidente, Renovación Médica Gremial. – William Manrique Montero, presidente, Sindicato Colombiano Estatal (SINCOEST). – Xavier Maldonado, Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) Ecuador. – Yadira E. Borrero Ramírez, profesora universitaria, miembro Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) Colombia. – Yulieth González Echavarría, presidente, Gremio Odontológico Colombiano.
Este viernes 13 de noviembre a las 6 p.m., en el programa radial Alternativas se estará hablando sobre “Acoso Callejero”. Se contará con la participación de: Jessica Barquero, Andrea Cuenca, Dayana Ureña, Elsa Arias y Karol Arias.
Puede sintonizarlo a través de los 1590AM o bien a través de Facebook Live.
Seis hallazgos en torno a los canales sonoros y televisivos religiosos del país
El estudio de los medios de comunicación religiosos que se realizó fue de carácter exploratorio. Luego de hacer un análisis de su historia, sus características y su propiedad, la investigación logró llegar a seis hallazgos fundamentales. Primero, los medios de comunicación religiosos representan el 22 % de la radiodifusión sonora y televisiva abierta de Costa Rica. Es una cifra importante, pues supera en cantidad, por ejemplo, a las iniciativas mediáticas públicas o de carácter estatal, así como a las propuestas regionales de televisión comercial que transmiten en abierto.
Segundo, hay un escenario de disputa mediática entre medios católicos y evangélicos. Si bien es cierto, las iglesias evangélicas tienen más frecuencias del espectro radioeléctrico concesionadas, la Iglesia católica concentra más señales como actor particular. Esto le brinda una posición de ventaja y beneficio con respecto a las otras religiones analizadas, en tanto se trata de un solo actor jurídico y político administrando varias líneas editoriales de manera centralizada y coordinada.
Tercero, las dinámicas entre los medios religiosos y evangélicos son distintas. Mientras que el catolicismo mediático tiene una estructura mucho más rígida y vertical, de una clara jerarquía y línea editorial, las iniciativas mediáticas evangélicas actúan de una forma más libre, coordinadas en torno a una serie de principios generales, pero como iniciativas particulares, ligadas a iglesias específicas que no tienen una unidad administrativa única. Esto les permite tener más flexibilidad comercial, periodística y comunicativa, y les permite adaptarse mejor al entorno.
Cuarto, el escenario de los medios de comunicación religiosos se encuentra altamente concentrado, pues el 90 % de los medios son católicos o evangélicos. Esta concentración es un hecho negativo, pues se suma a otros tipos de concentración que ya existen en Costa Rica y que se han documentado, como la concentración mediática territorial, de propiedad y de diversidad que otros estudios han señalado.
Quinto, el estudio confirma que el crecimiento social del pentecostalismo en las adhesiones espirituales tiene su reflejo en el sistema mediático costarricense. Los medios identificados con esta denominación específica son mayoría dentro de las emisoras y televisoras evangélicas, lo cual demuestra que el crecimiento social y electoral también existe en el plano mediático.
Sexto, la relación entre medios de comunicación y religiones no es algo nuevo en el escenario costarricense. Existen vínculos entre emisoras radiofónicas y organizaciones religiosas desde mediados del siglo XX, las cuales se han ido fortaleciendo y han permitido crear un ecosistema mediático particular dentro del escenario general.
Óscar Mario Jiménez Alvarado Politólogo y comunicador, UCR
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