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Autor: María José Ferlini Cartín

La Coalición militar anti-carteles de las Américas de Donald Trump

Escrito en . Publicado en Análisis.

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

1. Propósito oficial (lo que declara Washington)

El siguiente fue el objetivo oficial anunciado públicamente: “Combatir militarmente a los carteles del narcotráfico en América Latina.

Los puntos centrales de la iniciativa son:

-Coordinación militar entre 17 países del hemisferio (más o menos)

-Compartir inteligencia. Vigilancia y operaciones.

-Permitir que los Estados Unidos apoye operaciones contra carteles en distintos países.

-Posibilidad de usar fuerza militar directa contra organizaciones criminales.

Debe tenerse presente que Trump ha declarado que los carteles son “organizaciones terroristas” y que la coalición busca “destruirlas con fuerza letal”.

Expresemos sumariamente todo lo anteriormente escrito en un lenguaje sencillo: Lo que se ha pactado es la reedición de una especie de OTAN regional contra el narcotráfico.

2. Propósito estratégico de seguridad de EE. UU

Una buena cantidad de analistas han comentado que el verdadero objetivo va más allá del narcotráfico, ya que la iniciativa permite a los Estados Unidos obtener un alcance estratégico de mayor magnitud. En realidad, la nueva política de intervención de Trump pretende:

A. Militarizar la lucha contra el narcotráfico. Esto implica, cambiar el enfoque tradicional de carácter policial por otro militar y de guerra irregular.

Lo dicho abre la puerta a varios cometidos, tales como: ataques selectivos, operaciones especiales, despliegue de fuerzas estadounidenses en la región. Esto no es otra cosa para los países latinoamericanos aliados de los EE. UU que ceder o dar la autorización al imperio del norte para que pueda violar la soberanía de los países signatarios. En el caso costarricense la firma estampada por parte del ministro de seguridad, Mario Zamora, que implica la entrada en violenta contradicción con la Constitución Política costarricense en varios de sus articulados.

B. Justificar operaciones extraterritoriales

Si los carteles se declaran organizaciones terroristas, quedaría inmediatamente habilitado Estados Unidos para aplicar la misma doctrina que contra Al-Qaeda o ISIS. Es decir, ataques contra cualquier país donde se encuentren los carteles, inclusive sin que exista una guerra formalmente declarada.

C. Reafirmar el liderazgo geopolítico en América Latina

De modo que la coalición viene a reforzar la influencia militar de Washington en el hemisferio, así como refuerza en el más amplio sentido de la palabra, la coordinación con gobiernos aliados. Algunos analistas han interpretado que eso significa la reconstrucción del sistema de seguridad hemisférica, pero, esta vez, bajo el liderazgo estadounidense.

D. Contener influencias externas

La presencia extraterritorial más incómoda para los Estados Unidos en el continente americano es a todas luces la de la República Popular China. No es únicamente por razones ideológicas, porque China cuenta hoy con un mercado donde se compran y venden bienes y servicios, productos industriales, en una proporción que, se lo deseara cualquier país capitalista. Por lo que Los Estados Unidos teme a China es por el grado de desarrollo que ha experimentado en las últimas tres décadas, que le permite competir idóneamente con cualquiera de los países capitalistas desarrollados. En muchos campos de la actividad mercantil o industrial ha comenzado a competir con ventaja. Entre los socios comerciales clave con los que China tiene actividad mercantil citamos a Brasil, Colombia, Chile, México y Perú. Todos estos países juntos concentran cerca del 90% de la totalidad del intercambio comercial de todo el subcontinente.

Por lo demás, la República Popular de China tiene relaciones comerciales casi con la totalidad de las naciones de América Latina y del Caribe; se ha convertido en un socio comercial que ha llegado a desplazar a los Estados Unidos en casi todos estos mercados a los que nos hemos referido. Además de los citados tiene relaciones importantes con Costa Rica, Cuba, Panamá, República Dominicana, Argentina y ahora de nuevo, Venezuela. Gran parte de la motivación del señor Trump para estar promoviendo la “Coalición militar anti-carteles de las Américas” radica en esta preocupación de tener que encontrarse con el gigante asiático en su colindancia trasera en mayor medida que lo que desea.

La otra gran influencia objeto de la inquietud de los Estados Unidos son las redes criminales y los carteles de la droga que, de acuerdo con sus interesadas investigaciones y la información obtenida, las supone vinculadas con actores políticos en el Irán. Claro que, la potencia neocolonial, ni siquiera menciona la presencia de los carteles de la droga y las poderosas redes del crimen que operan dentro del mismo territorio estadounidense.

De esta manera, desde la óptica geopolítica, la coalición tiene cuatro objetivos cruciales que son concomitantes y simultáneos entre sí, a saber: reorganizar la seguridad hemisférica bajo el liderazgo de los Estados Unidos; aumentar la capacidad de intervención militar en la región; combatir las redes criminales y ampliar sus intereses comerciales y mercantiles en las Américas.

3. Otras Doctrinas expansionistas de los Estados Unidos que provienen del pasado

En realidad, la actual doctrina de Trump está enlazada con viejas pretensiones de otros presidentes estadounidenses que fueron esbozadas tiempo atrás.

3.1. Vale la pena mencionar primero a la muy famosa Doctrina Monroe, la cual fue proclamada por el presidente James Monroe en 1823. Se hizo célebre mediante la frase “América para los americanos”, un juego de palabras muy a conveniencia del naciente imperio del norte, mediante el que Los Estados Unidos pasaron de ser un país más que acababa de alcanzar su independencia de la Gran Bretaña unos cincuenta años atrás, a considerarse a sí mismos los dueños del continente y por ello se apodaron de la expresión “somos los americanos” convirtiendo el gentilicio que se usa para denominar a cualquier habitante de todo el continente, en una metonimia o sinécdoque, mediante lo cual se emplea el nombre del país (EE. UU), para referirse todo el continente. De ahí que cuando Donald Trump lanza su “slogan” de campaña “Let´s make America Great again”, se está refiriendo exclusivamente al territorio de los Estados Unidos.

Políticamente, la sinécdoque que convierte por arte de “birlibirloque” en sinónimos a una parte con el todo, busca consolidar el pretendido derecho de Estados Unidos a intervenir en el hemisferio para “preservar su orden como único”, es decir para impedir nuevas colonizaciones europeas en el continente y pretender proteger así a los nuevos estados latinoamericanos. Esa lógica, buscaba fallidamente, darle un halo de legitimidad a numerosas intervenciones de USA en América Latina.

3.2. Luego, entre 1900-1930, bajo el liderazgo del presidente Theodore Roosevelt se esbozó el llamado corolario Roosevelt que, se agregó a la Doctrina Monroe.

El corolario decía que los Estados Unidos podía intervenir en cualquiera de los países latinoamericanos que tuviera una de estas dos condiciones: 1. Que tuviese inestabilidad política. 2. Que no pagase sus deudas externas.

Mediante esos mandatos auto otorgados fue que intervinieron en: Cuba, Nicaragua, Haití y República Dominicana. Era una lógica policial y militar sobre todo el hemisferio.

3.3. Pero, al sobrevenir la Segunda Guerra Mundial, contando además y con el inicio de la guerra fría, cambió el objetivo, ya no se trataba de detener las intervenciones europeas, pues quedaban pocas posibilidades para que se produjeran; ahora de lo que se trataba era de detener el comunismo.

Para cumplimentar este nuevo objetivo se creó un sistema de seguridad hemisférica: 1.la Organización de Estados Americanos, que pronto excluyó a Cuba. 2. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). No obstante, la historia continuó registrando intervenciones directas o indirectas de parte de Estados Unidos: *Invasión de Bahía de Cochinos en Cuba (1961), *Golpe de Estado en Chile 1973, *Invasión de Panamá en 1989, entre las más connotadas. Se trataba de impedir la emergencia de gobiernos hostiles a Washington.

3.4. Desde los años 80, surge un nuevo énfasis por parte del gobierno de los Estados Unidos, “la Guerra contra las drogas”. Una nueva doctrina para combatir el narcotráfico como amenaza a la seguridad nacional.

Bajo el influjo de esta nueva doctrina, se produjeron: 1. El Plan Colombia y 2. La Iniciativa de Mérida en México.

Estas políticas implicaban:

-cooperación militar

-entrenamiento de fuerzas locales por parte del ejército estadounidense

-inteligencia compartida

-presencia de asesores estadounidenses

4. Conclusión

La nueva propuesta impulsada por Donald Trump.

Esta propuesta contine nuevos elementos:

4,1. Los Carteles de la droga como terrorismo. Como fue expresado supra, Si los carteles eran considerados terroristas, entonces EE. UU podría aplicar la misma doctrina utilizada contra Al Qaeda y El Estado Islámico.

Todo lo cual ha implicado, merced a la nueva tecnología: *ataques con drones, *operaciones especiales, *acciones extraterritoriales.

4.2. Una coalición militar hemisférica

Esta coalición ha implicado, en lugar de acuerdos bilaterales (como lo fue el caso del Plan Colombia), acuerdos multilaterales o una alianza regional de carácter permanente, como la que se ha propuesto. O sea, algo así como una OTAN hemisférica informal contra el crimen organizado.

Hipotéticamente, afirmo que se trata de Estados Unidos reconstruyendo una doctrina de seguridad hemisférica en pleno siglo XXI.

Trump en definitiva está buscando un renacer del imperialismo, apropiándose sobre todo del espacio en América Latina y desde ahí desplegar las alas del águila imperial por todo el orbe, para volver a consolidarse como una única potencia hegemónica política, militar, y económica.

Los datos incluidos en este texto fueron tomados de Wikipedia.

Luz María Romero presentará “Entre Selvas y Desiertos” en la London Room

Escrito en . Publicado en Arte.

La cantante chilena Luz María Romero, ex integrante de la banda Los Bespas, tendrá una cita especial con el público el próximo jueves 19 de marzo a las 7:30 p.m. en la London Room. La velada marcará el lanzamiento oficial en vivo de su más reciente producción discográfica, Entre Selvas y Desiertos, un trabajo que entrelaza memoria, territorio y experiencia de vida desde una mirada latinoamericana.

Radicada en Costa Rica desde 1999, Romero construye en este álbum un puente sonoro entre el desierto de Atacama —territorio que define sus raíces— y la exuberancia tropical de Costa Rica, país que hoy forma parte esencial de su identidad. El resultado es una obra que dialoga entre geografías y tradiciones, proponiendo un recorrido musical que va desde la sobriedad y amplitud del paisaje nortino hasta la riqueza sonora y rítmica del trópico costarricense.

Entre Selvas y Desiertos se sostiene sobre una base de tradición folclórica chilena y andina, con la presencia protagónica de charangos, quenas y zampoñas, sonoridades que evocan el paisaje del norte chileno y su memoria cultural. A esta raíz se suman ritmos incorporados en su proceso de arraigo en Costa Rica, como el bolero y matices de rumba, que aportan nuevas texturas rítmicas y amplían el horizonte expresivo del disco.

El disco cuenta además con la colaboración de la reconocida cantautora costarricense Guadalupe Urbina en la canción “Florece Mundo”. Esta pieza se convierte en uno de los ejes conceptuales de la producción: un homenaje a la biodiversidad costarricense —sus selvas, ríos y mares— y una declaración artística que reafirma la conexión del álbum con la naturaleza como inspiración, territorio y conciencia.

La producción y los bajos estuvieron a cargo de Pedro Víquez, quien aportó una visión integral al sonido del proyecto. Participan además Rodrigo Lagunas en guitarras; Wilson Cifuentes en saxofón, clarinete y flauta traversa; José Obando en percusiones; así como la incorporación de instrumentos como kalimba y charango, que refuerzan la identidad latinoamericana de la propuesta. La grabación se realizó en Solfeggio Estudio, bajo la ingeniería de Lui Mora.

Para el concierto de lanzamiento, Romero estará acompañada por un ensamble de destacados músicos: Rodrigo Lagunas, José Obando, José Daniel Martínez, Daniel Rojas, Andrew Muñoz y Wilson Cifuentes, quienes darán vida al repertorio en un formato íntimo y cercano.

Las entradas tienen un valor de 8.000 colones en preventa y 10.000 colones el día del evento. El público puede asegurar su espacio realizando SINPE al 8343-8806 y enviando el comprobante para confirmar la reserva.

ASTRADOMES impulsa campaña para fortalecer la organización y los derechos de las trabajadoras domésticas

Escrito en . Publicado en Trabajo.

La Asociación de Trabajadoras Domésticas (ASTRADOMES) impulsa una nueva campaña orientada a fortalecer la organización de las trabajadoras del hogar remuneradas y promover el acceso a información clave sobre sus derechos laborales.

La iniciativa, titulada “¡En ASTRADOMES les estamos esperando!”, busca fomentar la afiliación organizada y contribuir al fortalecimiento de las capacidades de las trabajadoras domésticas mediante procesos de acompañamiento y formación. La campaña se enmarca en los principios del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en la legislación nacional vigente que reconoce los derechos de este sector laboral.

El trabajo doméstico remunerado constituye un pilar fundamental para el bienestar de miles de familias y para el funcionamiento de la sociedad. No obstante, históricamente ha sido una de las actividades más invisibilizadas y con mayores desafíos en materia de reconocimiento de derechos laborales, condiciones de trabajo dignas y acceso a protección social.

Desde esta perspectiva, la campaña impulsada por ASTRADOMES busca contribuir a que más trabajadoras conozcan sus derechos y puedan acceder a mecanismos de organización colectiva que fortalezcan su voz y su capacidad de incidencia.

Como parte de esta iniciativa se desarrollaron materiales informativos y piezas digitales orientadas a difundir información sobre derechos laborales, afiliación sindical y recursos de apoyo para trabajadoras domésticas. Asimismo, la propuesta incluye espacios para compartir experiencias sobre la importancia del acompañamiento organizativo y la formación en derechos laborales.

La campaña cuenta con el apoyo de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana, en el marco de los esfuerzos regionales orientados a promover el trabajo decente y el reconocimiento de los derechos de las personas que realizan trabajo doméstico remunerado.

ASTRADOMES subraya que avanzar hacia condiciones de trabajo decente para este sector requiere del compromiso y la articulación de diversos actores sociales e institucionales. En ese sentido, la organización destaca la importancia de fortalecer los procesos de información, organización y acompañamiento dirigidos a las trabajadoras domésticas.

La asociación reafirma que el reconocimiento pleno de los derechos laborales de las trabajadoras del hogar constituye un paso fundamental para avanzar hacia una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa de la dignidad de todas las personas trabajadoras.

Niñas y niños de Guararí exponen sus obras en la UNA

Escrito en . Publicado en Comunidad.

La creatividad de niñas y niños del programa socioeducativo Tierra Fértil, ubicado en Guararí de Heredia, llegará a la Universidad Nacional (UNA) con la exposición “El Arte de Tierra Fértil”, que se inaugurará el jueves 12 de marzo a las 4 p. m. en la Biblioteca Joaquín García Monge.

La muestra reúne 80 obras elaboradas durante 2025 por 80 niñas y niños entre los 7 y 13 años, quienes participaron en el taller de arte del programa. Las piezas fueron realizadas con la técnica del temple al huevo, un método de pintura de origen antiguo que utiliza pigmentos naturales mezclados con yema de huevo.

El proceso de creación fue parte del aprendizaje del taller. Las niñas y los niños prepararon sus propios materiales: maceraron pigmentos naturales, separaron la albúmina del huevo y mezclaron la yema con agua hasta obtener la pintura. Todo el trabajo se desarrolló con el acompañamiento de voluntariado y de la profesora del taller.

Tierra Fértil es un programa socioeducativo impulsado por los Misioneros del Espíritu Santo, que trabaja con población infantil y juvenil de Guararí mediante talleres formativos en áreas como arte, literatura, motricidad, habilidades para la vida y reforzamiento académico. En el caso de adolescentes, también se ofrecen espacios de aprendizaje en robótica, inglés conversacional y herramientas informáticas.

La iniciativa busca fortalecer capacidades personales y sociales en niñas, niños y jóvenes, a partir de actividades educativas y comunitarias. En 2019, el programa recibió un reconocimiento de la Defensoría de los Habitantes por su aporte al mejoramiento de la calidad de vida.

La exposición estará abierta al público durante un mes a partir del 12 de marzo. La inauguración oficial será a las 4 p.m. de ese día.

Dios No Bendice las Bombas

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Mg. José A. Amesty Rivera

En los últimos días se produjo una escena que ha generado un fuerte debate en el mundo religioso y político. Mientras algunos líderes evangélicos en Estados Unidos se reunían en la Oficina Oval para orar por el presidente Donald Trump y bendecir una guerra contra Irán, desde el Vaticano el papa León XIV respondió con una frase que retumbó como un trueno moral: “La guerra no es santa; solo la paz es santa porque es querida por Dios”.

No fue una frase diplomática ni vaga, fue una advertencia clara, ningún gobierno puede usar el nombre de Dios para justificar bombardeos, invasiones o guerras.

Para muchos creyentes de América Latina, especialmente desde la teología latinoamericana, estas palabras recuerdan algo fundamental, Dios nunca está del lado de los imperios, sino del lado de los pueblos que sufren.

No es la primera vez que la religión, se utiliza para bendecir proyectos de poder, para justificar la guerra. A lo largo de la historia, imperios y gobiernos han intentado presentar sus guerras como “misiones divinas”.

En la actualidad, algunos sectores del fundamentalismo religioso en Estados Unidos, hablan incluso de guerras que formarían parte de un supuesto “plan bíblico” o del “fin de los tiempos”. Bajo ese discurso, conflictos políticos y económicos se presentan como voluntad de Dios.

Asi, el presidente Donald Trump había sido «ungido por Jesús para encender la señal de fuego en Irán, provocar el Armagedón y marcar su regreso a la Tierra”.

Pero la realidad suele ser mucho más terrenal, por ejemplo, el economista y pensador crítico Samir Amin, explicaba que el imperialismo moderno no solo utiliza ejércitos, sino también ideas, discursos y religiones para justificar su poder.

En palabras sencillas, cuando el poder imperial necesita una guerra, muchas veces busca también un discurso moral o religioso que la legitime. Por eso la escena de pastores y pastoras orando para bendecir bombardeos no es solo un acto religioso; también es un acto político.

Pero el mensaje de Jesús de Palestina es otro; frente a esa lógica, el papa León XIV recordó algo muy simple pero muy profundo, Jesús nunca bendijo la guerra.

En el Evangelio, Jesús dice: “Bienaventurados los que trabajan por la paz”. No dice “bienaventurados los que ganan guerras”, dice los que construyen paz.

El teólogo brasileño Leonardo Boff, uno de los grandes pensadores de la teología latinoamericana, lo explica con claridad: “La paz no es solo que no haya guerra; la paz existe cuando hay justicia”.

Esto significa que cuando hay pobreza, explotación o dominación, la paz verdadera todavía no ha llegado.

En América Latina sabemos bien lo que significa la guerra, la intervención extranjera y la violencia política. Nuestro continente ha vivido golpes de Estado, dictaduras, conflictos armados y saqueo de recursos naturales, entre muchos otros.

Por eso muchos cristianos/as latinoamericanos aprendimos, que la fe no puede ser neutral frente al sufrimiento del pueblo.

A su vez, el obispo salvadoreño Óscar Arnulfo Romero, asesinado mientras celebraba misa en 1980, lo dijo con una valentía que todavía conmueve: “En nombre de Dios y de este pueblo sufriente les suplico: ¡cese la represión!”.

Romero entendió algo muy importante, si la Iglesia no defiende a las víctimas, termina defendiendo a los poderosos.

Muchos analistas también recuerdan que detrás de muchos conflictos internacionales, guerras, hay intereses económicos: petróleo, recursos naturales, control de rutas estratégicas o dominio geopolítico.

Por ejemplo, el escritor uruguayo Eduardo Galeano, lo resumió con una frase que sigue siendo actual: “Nuestra riqueza ha generado siempre nuestra pobreza, para alimentar la prosperidad de otros”.

Aunque Galeano hablaba de América Latina, la misma lógica aparece en muchas regiones del mundo. Las guerras muchas veces no se explican por la religión ni por la democracia, sino por la hegemonía de los recursos y el poder.

Reiteramos y no olvidemos que, nuestra teología de y en América Latina, nuestra fe, está del lado del pueblo. Desde los años 60 y 70 surgió en América Latina una corriente cristiana muy importante, la teología latinoamericana. Su idea central es sencilla pero poderosa, Dios tiene una opción preferencial por los pobres.

El teólogo peruano Gustavo Gutiérrez, uno de sus fundadores, lo explicó así: “No se puede hablar de Dios sin hablar del sufrimiento de los pobres”.

Esto significa que la fe cristiana, no puede quedarse solo en rezos o rituales; también debe preocuparse por la justicia social, la dignidad humana y la paz.

Desde esta perspectiva, bendecir una guerra es una contradicción profunda con el mensaje del Evangelio.

Las palabras del papa León XIV, abren una reflexión importante para millones de cristianos/as en el mundo.

La pregunta es simple pero decisiva: ¿La religión servirá para justificar guerras o para defender la vida?

A lo largo de la historia han existido ambas posturas. Algunos líderes religiosos se alinearon con imperios y gobiernos. Otros, en cambio, caminamos junto a los pobres y denunciamos la injusticia.

El filósofo latinoamericano Enrique Dussel dice que la verdadera ética comienza escuchando el clamor de las víctimas.

Y cuando escuchamos a las víctimas de las guerras (niños muertos, familias desplazadas, ciudades destruidas) queda claro que ninguna bomba puede ser bendecida en nombre de Dios.

Para concluir, hacemos un llamado a la paz; cuando el papa repite que “la guerra no es santa”, no está diciendo solo una frase religiosa. Está recordando algo profundamente humano, la vida vale más que cualquier interés político o económico.

En un mundo lleno de conflictos, armas nucleares y tensiones internacionales, esa voz que llama a la paz puede parecer pequeña.

Pero como decía Eduardo Galeano: “La utopía sirve para caminar”. Y tal vez esa sea la tarea de los creyentes hoy, caminar del lado de la vida, de la justicia y de la paz.

Porque si Dios está en algún lugar de la historia, probablemente no esté en los palacios donde se deciden las guerras, sino entre los pueblos que luchan por sobrevivir y por vivir en paz.

Y una aclaración pertinente, está demostrado y lo sabemos todos y todas a carta cabal que, no todos los evangelicos/as en América Latina, Norteamérica y otros continentes son iguales. Hay Iglesias como La Unión Evangélica Pentecostal Venezolana UEPV y la Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense IMWC, por solo mencionar dos que conozco, que son proféticas, teniendo una posición acorde a nuestra teología latinoamericana, y siendo consecuentes con el mensaje de Jesucristo de Palestina.

SIUNED alerta sobre recortes presupuestarios que amenazan a la universidad pública

Escrito en . Publicado en Educación.

El Sindicato Unitario de la Universidad Estatal a Distancia (SIUNED) advirtió sobre los riesgos que enfrentan las universidades públicas ante políticas de recorte presupuestario que, según señala la organización, debilitan el financiamiento estatal y ponen en riesgo el cumplimiento de su misión social.

En un documento difundido por el sindicato, se señala que la universidad pública costarricense ha sido históricamente un pilar fundamental para el desarrollo del país, tanto por su aporte al conocimiento como por su papel en la democratización del acceso a la educación superior. Desde esta perspectiva, el sindicato sostiene que las medidas de reducción presupuestaria amenazan directamente ese modelo.

El pronunciamiento plantea que las universidades públicas no solo forman profesionales, sino que también desarrollan investigación científica, extensión universitaria y múltiples proyectos que benefician a comunidades de todo el país. Por ello, el debilitamiento del financiamiento público tendría impactos directos en la capacidad de estas instituciones para cumplir con esas funciones.

SIUNED advierte que los recortes no deben analizarse únicamente como decisiones administrativas o fiscales, sino como medidas que afectan el acceso a la educación superior, especialmente para sectores sociales que históricamente han encontrado en las universidades públicas una vía de movilidad social.

El sindicato también destaca que la educación superior pública constituye una inversión estratégica para el país. En su criterio, reducir los recursos destinados a este sector compromete la posibilidad de fortalecer el conocimiento, la innovación y la formación de profesionales en áreas clave para el desarrollo nacional.

Asimismo, el pronunciamiento señala que la universidad pública cumple un papel central en la construcción de pensamiento crítico, la promoción de la cultura y el debate democrático. Desde esta perspectiva, las políticas de austeridad aplicadas a la educación superior podrían debilitar una de las instituciones fundamentales para la vida democrática del país.

Ante esta situación, SIUNED hace un llamado a la sociedad costarricense a reflexionar sobre la importancia de defender la universidad pública como bien común. El sindicato plantea que garantizar su financiamiento adecuado es una condición indispensable para preservar su aporte al desarrollo social, científico y cultural de Costa Rica.

El documento concluye que la defensa de la universidad pública no es únicamente una demanda del sector universitario, sino una responsabilidad colectiva orientada a asegurar que la educación superior continúe siendo un derecho accesible y un motor de desarrollo para el país.

70 organizaciones rechazan reforma que abriría la privatización de la Zona Marítimo Terrestre

Escrito en . Publicado en Comunidad.

• Pronunciamiento advierte que el proyecto de ley (Expediente N.º 22.553) debilita la protección ambiental, favorece la privatización de playas y podría acelerar el despojo de comunidades costeras.
• Organizaciones alertan que el trámite se acelera en la Asamblea Legislativa y solicitan una reunión con el presidente y las jefaturas de fracción.

Un total de 70 organizaciones sociales y más de 170 personas firmantes manifestaron públicamente su rechazo al proyecto de reforma integral a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (Expediente N.º 22.553), que actualmente se tramita en la Asamblea Legislativa, al considerar que representa un grave retroceso en la protección de las costas, los ecosistemas y los derechos de las comunidades.

Las organizaciones firmantes, vinculadas a la defensa ambiental, comunidades costeras, organizaciones sociales y la academia, advierten que el proyecto abre la puerta a mayores procesos de privatización del litoral y al debilitamiento de los controles públicos sobre este bien demanial.

“En un contexto en el que las zonas costeras se han convertido en un gran atractivo para la inversión inmobiliaria y turística, es urgente fortalecer la legislación para asegurar playas para todas y todos y un desarrollo costero justo y sostenible, que no repita la historia del enclave bananero: explotación de la naturaleza y de las personas a cambio de migajas”, señala el pronunciamiento.

Las organizaciones recordaron que anteriormente más de 70 organizaciones y la Universidad de Costa Rica ya habían advertido sobre los riesgos de iniciativas similares, como el expediente 23.148, por sus implicaciones sociales, ambientales y jurídicas.

El pronunciamiento sostiene que, aunque la propuesta habla de “ordenamiento”, en realidad plantea una regulación orientada principalmente a facilitar el desarrollo turístico e inmobiliario.

Según las organizaciones firmantes, la reforma flexibiliza los requisitos de las concesiones en la Zona Marítimo Terrestre e incluso autoriza usos privativos dentro de la zona pública, como la ocupación de playas con mobiliario o infraestructura para fines comerciales.

“Esta reforma pretende legalizar muchas prácticas irregulares que se han venido dando en las costas del país. Bajo el discurso del ordenamiento, en realidad se promueve una flexibilización que favorece intereses turísticos e inmobiliarios sobre el carácter público de las playas”, advierten.

El documento también alerta sobre el debilitamiento de las regulaciones ambientales, particularmente en ecosistemas estratégicos como los manglares.

“Los manglares cumplen funciones vitales como barreras naturales frente a la erosión costera y el aumento del nivel del mar. Debilitar su protección en un contexto de crisis climática sería un grave retroceso ambiental”, señalan.

Diversos estudios, incluyendo informes del Estado de la Nación, han documentado que los manglares son uno de los ecosistemas que mayor pérdida de cobertura han sufrido en las últimas décadas, principalmente debido a desarrollos turísticos y actividades agropecuarias.

Centralización y debilitamiento del control público

Las organizaciones también cuestionan que el proyecto otorgue un papel central al Instituto Costarricense de Turismo (ICT) en la rectoría del ordenamiento costero.

“Esta reforma subordina las competencias municipales al ICT, una institución que históricamente ha priorizado los intereses del sector turístico empresarial y que no tiene mandato ni capacidades para gestionar los conflictos socioambientales en las zonas costeras”, indica el comunicado.

Otro de los principales cuestionamientos al proyecto es que podría acelerar procesos de gentrificación y desplazamiento de comunidades locales que históricamente han habitado estos territorios.

“Las comunidades afrodescendientes, indígenas y de pescadores artesanales han desarrollado sus formas de vida en relación con la costa mucho antes del auge del turismo. Sin mecanismos de protección diferenciados, esta reforma puede profundizar su desplazamiento”, advierten.

Ante estos riesgos, las organizaciones firmantes solicitan el archivo inmediato del expediente N.º 22.553 y la apertura de un proceso amplio de discusión sobre el futuro del régimen de la Zona Marítimo Terrestre.

“Costa Rica no necesita más zonas de sacrificio costero, sino un marco jurídico que garantice justicia ambiental y territorial. La zona marítimo terrestre es un bien común de todas las personas, no un negocio para unos pocos”, concluye el pronunciamiento.

Posterior a las elecciones, diversas organizaciones alertan que se ha intentado acelerar el trámite del proyecto para agotar las mociones pendientes y forzar su aprobación. Ante esta situación, han solicitado una reunión con la Presidencia de la Asamblea Legislativa y las jefaturas de fracción, con el fin de que se escuche a las comunidades costeras y se abra un espacio de diálogo sobre los impactos que esta reforma podría tener en los territorios y ecosistemas del litoral.

Ver pronunciamiento completo con organizaciones y personas firmantes: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRPCrvaS6MBes3ObGLL-qbcHRI7FC2eOxBwPSa6tMRmmPr_A/viewform?usp=preview

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Informe internacional concluye que política de seguridad en El Salvador reúne elementos de crímenes de lesa humanidad

Escrito en . Publicado en Derechos.

Un amplio informe titulado “El Salvador en la encrucijada: crímenes de lesa humanidad en el marco de la política de seguridad pública”, elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Personas Expertas Independientes sobre El Salvador (GIPES), concluye que las violaciones a derechos humanos cometidas en el marco de la política de seguridad implementada en ese país reúnen los elementos establecidos por el derecho penal internacional para ser consideradas crímenes de lesa humanidad.

El estudio examina el impacto del régimen de excepción y otras medidas adoptadas en el marco de la estrategia de seguridad impulsada por el gobierno salvadoreño en los últimos años, y sostiene que diversas prácticas documentadas —incluidas detenciones arbitrarias masivas, tortura, asesinatos, desapariciones forzadas y persecución política— forman parte de una política estatal que cumple los criterios establecidos por el derecho internacional para esta categoría de crímenes.

El informe plantea que estos hechos no pueden entenderse como situaciones aisladas, sino como parte de una política sostenida que se desarrolló en un contexto de debilitamiento institucional y concentración del poder político.

Qué es GIPES y quiénes elaboran el informe

El Grupo Interdisciplinario de Personas Expertas Independientes sobre El Salvador (GIPES) está integrado por especialistas internacionales en derecho internacional, derechos humanos, justicia penal internacional y análisis político.

El grupo desarrolla investigaciones independientes con el objetivo de analizar la compatibilidad de las políticas estatales con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y de derecho penal internacional, así como aportar elementos para la rendición de cuentas frente a violaciones graves.

El informe publicado en 2026 constituye uno de los análisis más amplios realizados hasta ahora sobre las consecuencias institucionales, jurídicas y humanitarias de la política de seguridad aplicada en El Salvador durante los últimos años.

Un análisis del debilitamiento del Estado de derecho

El documento señala que las violaciones masivas a los derechos humanos no surgen de manera espontánea, sino que requieren de un contexto institucional que las permita.

Según el informe, en El Salvador se habría configurado un entorno caracterizado por:

  • debilitamiento de los contrapesos institucionales,

  • concentración del poder político,

  • debilitamiento de los controles judiciales y legislativos,

  • uso prolongado de medidas excepcionales.

En ese contexto, el régimen de excepción instaurado desde marzo de 2022 se habría convertido en el instrumento central de la política de seguridad, con la suspensión prolongada de diversas garantías constitucionales.

El informe sostiene que este marco institucional permitió consolidar una estrategia de seguridad basada en detenciones masivas y amplias facultades policiales y militares.

Principales temas analizados en el informe

De acuerdo con su estructura y tabla de contenidos, el informe examina múltiples dimensiones del modelo de seguridad aplicado en El Salvador.

Entre los principales temas analizados destacan:

Destrucción de contrapesos institucionales

Uno de los primeros apartados analiza cómo la concentración del poder político y el debilitamiento de instituciones clave facilitaron la implementación de medidas extraordinarias sin controles efectivos.

Régimen de excepción y detenciones masivas

El informe examina la política de detenciones masivas desarrollada en el marco del régimen de excepción, así como los efectos sobre derechos fundamentales como:

  • la libertad personal,

  • el debido proceso,

  • la presunción de inocencia.

El documento también señala problemas estructurales para garantizar procesos judiciales dentro de plazos razonables para las personas detenidas.

Tortura, muertes bajo custodia y desapariciones

El informe analiza denuncias relacionadas con:

  • tortura en centros de detención,

  • muertes de personas bajo custodia estatal,

  • desapariciones forzadas,

  • posibles fosas clandestinas dentro de centros penitenciarios.

Organizaciones de derechos humanos han denunciado que muchas de estas situaciones no han sido investigadas adecuadamente por las autoridades.

Restricciones a la prensa y persecución política

El documento también examina el impacto del régimen de excepción sobre el ejercicio de la libertad de prensa y el trabajo de organizaciones de la sociedad civil.

Según el informe, el contexto de persecución y hostigamiento ha llevado incluso al exilio de periodistas y ha generado restricciones al acceso a la información pública, lo que afecta el derecho ciudadano a conocer la actuación de las autoridades.

Crímenes de lesa humanidad según el derecho internacional

Uno de los ejes centrales del informe es el análisis jurídico sobre la naturaleza de las violaciones documentadas.

El GIPES concluye que los hechos analizados reúnen los elementos establecidos por el derecho penal internacional para ser considerados crímenes de lesa humanidad, en tanto formarían parte de una política estatal sistemática dirigida contra la población civil.

Según el informe, esta conclusión implica no solo responsabilidad internacional del Estado, sino también posible responsabilidad penal individual de quienes diseñaron, ejecutaron o toleraron dichas políticas.

Recomendaciones del informe

El informe concluye con un amplio conjunto de recomendaciones dirigidas tanto al Estado salvadoreño como a la comunidad internacional.

Recomendaciones al Estado salvadoreño

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

  • restablecer plenamente el Estado de derecho, incluyendo la independencia del poder judicial;

  • garantizar el acceso inmediato a información sobre personas detenidas y su situación jurídica;

  • investigar de manera independiente las denuncias de tortura, desapariciones y muertes bajo custodia;

  • establecer un programa nacional de reparación integral para las víctimas, que incluya indemnización, atención médica y garantías de no repetición.

Recomendaciones a la comunidad internacional

El informe también plantea acciones dirigidas a organismos internacionales y Estados democráticos.

Entre ellas destacan:

  • apoyar investigaciones independientes sobre violaciones graves de derechos humanos;

  • aplicar mecanismos de jurisdicción universal cuando existan elementos para investigar a los responsables;

  • aplicar sanciones a individuos o instituciones implicadas en violaciones graves de derechos humanos.

Asimismo, el documento plantea que los Estados parte del Estatuto de Roma consideren la posibilidad de remitir la situación de El Salvador a la Corte Penal Internacional, para que se investiguen los hechos documentados en el informe.

También recomienda brindar protección internacional a víctimas, periodistas y defensores de derechos humanos que enfrenten riesgos por su trabajo de denuncia.

Una advertencia sobre el rumbo institucional

El informe concluye señalando que ningún modelo de seguridad puede considerarse exitoso si se basa en la violación sistemática de derechos humanos.

En ese sentido, plantea que El Salvador se encuentra ante una encrucijada histórica, en la que debe decidir entre profundizar un modelo de seguridad basado en la excepcionalidad permanente o reconstruir una política de seguridad ciudadana plenamente alineada con el respeto al Estado de derecho y las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Le invitamos a descargar el informe desde SURCOS:

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/03/GIPES-El-Salvador-en-la-encrucijada-crimenes-de-lesa-humanidad-bajo-la-politica-de-seguridad-publica-Informe-2026.pdf

SIFREHN y la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social alertan sobre restricciones a la teleconsulta médica en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Salud.

El Sindicato del Frente Hospitalario Nacional y Afines (SIFREHN) y la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social emitieron un pronunciamiento en el que expresan preocupación por acciones que, a su juicio, amenazan el ejercicio de la teleconsulta médica y afectan tanto a profesionales en ciencias médicas como a personas pacientes.

Según el documento, el Decreto Ejecutivo N.° 44363-S del 20 de mayo de 2024, denominado Reglamento para el control y regulación de la teleconsulta sanitaria en Costa Rica, establece respaldo normativo para que los médicos puedan realizar consulta virtual de acuerdo con su criterio profesional. El texto cita, en particular, el artículo 2 del capítulo I y el artículo 7 del capítulo II como fundamento de esa posibilidad.

El pronunciamiento subraya que la teleconsulta representa una herramienta relevante en el contexto de las dificultades de acceso a citas presenciales en el primer nivel de atención, especialmente en los EBAIS. Desde esa perspectiva, plantea que la atención médica virtual constituye una alternativa importante para resguardar el derecho a la salud de la población.

Cuestionamientos a actuaciones del Colegio de Médicos y de la CCSS

El documento denuncia que la Fiscalía del Colegio de Médicos impulsó actuaciones contra médicos vinculados a dos consultorios establecidos por SIFREHN, a partir de una investigación relacionada con atenciones brindadas por teleconsulta. Según el texto, a raíz de ese proceso se pretende imponer medidas cautelares para impedir que continúe la atención por esta vía, así como eventuales sanciones profesionales.

Además, el pronunciamiento cuestiona un comunicado fechado el 23 de enero de 2026, atribuido a instancias de la CCSS, mediante el cual se habría indicado a las comisiones regionales de evaluación de licencias e incapacidades no homologar certificados emitidos por uno de los médicos del sindicato. El documento sostiene que esa decisión afecta el ejercicio profesional, el derecho al trabajo y la atención de los pacientes.

Teleconsulta y acceso a servicios de salud

SIFREHN y la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social vinculan esta situación con el contexto más amplio de dificultades en la prestación de servicios del seguro de salud, incluyendo los problemas de acceso y las listas de espera. En ese marco, argumentan que limitar la teleconsulta podría agravar las barreras que ya enfrentan muchas personas para recibir atención médica oportuna.

El documento hace un llamado a sindicatos, asociaciones de trabajadores y organizaciones del sector salud para que se pronuncien sobre esta situación y defiendan la teleconsulta como una modalidad legítima de atención médica, en el entendido de que su uso puede contribuir a ampliar el acceso a servicios sanitarios.

El pronunciamiento aparece suscrito:

Dr. Alfredo Ramírez M.
Por Sindicato SIFREHN
Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social

¿Más soldados que maestros y más cuarteles que museos? ¿Esa es la estrategia?

Escrito en . Publicado en Seguridad.

Margarita Bolaños Arquín

Asumir que al crimen organizado y al narcotráfico solo es posible combatirlo involucrándonos en una guerra continental que demanda desviar los objetivos nacionales de desarrollo sostenible y destinar importantes recursos del erario público para cambiar el modelo “de más maestros que soldados, por más soldados que maestros”, no es opción para Costa Rica ni para ninguna democracia.

La estrategia de seguridad debe involucrar activamente a las comunidades, a las organizaciones, a los sectores privados e instituciones del Estado en todo el territorio nacional. Asignar los recursos necesarios a la educación, a la búsqueda de empleo digno y al desarrollo sostenible y pleno de las capacidades de todas las personas fue y sigue siendo el corazón de la vía costarricense.

Hacer lo contrario implica comprometer a largo plazo nuestros recursos por una estrategia de seguridad que en otros países ha incrementado el deterioro democrático, la violencia, la corrupción, el armamentismo, la destrucción ambiental y la pérdida de la soberanía de su territorio continental e insular. Bien sabemos que la violencia genera más violencia, que las armas solo eliminan, pero no dan verdadera paz ni seguridad.