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Autor: María José Ferlini Cartín

El Jaguar, políticos que orinan agua bendita y la estafa de la división / Entre Verdades y Opiniones

Por JoseSo (José Solano Saborío) – para SURCOS

La política costarricense ha mutado hacia un teatro de sombras donde la verdad es la primera víctima. El juego es antiguo, pero los actores han perfeccionado la técnica: mantener al pueblo en una guerra civil de redes sociales, etiquetando al crítico como “perico” o “zurdo”, mientras en las sombras se orquesta el desmantelamiento del Estado social.

Esta es la “crema de rosas para la chimazón”: un sedante discursivo para que usted no cuestione quién está realmente manejando los hilos.

La supuesta renovación política no es más que un cambio de vestuario para los mismos intereses de siempre. Nos venden una narrativa de “nuevas caras” mientras las agendas neoliberales —la venta del ICE disfrazada de “Armonización Eléctrica”, el BCR, el INS y la asfixia de la CCSS— permanecen intactas. El caso de Freddy González, nuevo secretario general de Pueblo Soberano, es ilustrativo: un pasado muy reciente como liberacionista de la facción de los aristas de toda una vida, que hoy impulsa el “Combo del ICE 2.0” con el texto redactado por la anterior fracción perica liderada por Rodrigo Arias, ahora redimido bajo la bandera turquesa. O el caso de Calixto Chaves, financista de esta estructura, cuyo historial se remonta al cierre del Banco Anglo y deudas que el país aún no olvida.

La estrategia es clara: si usted cambia de bandera, se convierte en “santo varón”. Y si es santo, tiene licencia para exigir que usted se pelee con sus amigos o su familia si osan recordar quién era ayer. Nos inventan etiquetas para atomizarnos. Mientras nosotros nos desangramos en discusiones bizantinas, ellos se reparten el botín.

No nos engañemos: la verdadera división no es ideológica. Somos dos bandos. Por un lado, la clase trabajadora, los emprendedores, los asalariados, los que pagamos cuentas y vivimos encerrados tras rejas mientras los delincuentes andan sueltos. Por el otro, la élite que se financia con nuestros impuestos, que vive en Monterán, que se paga escoltas millonarias mientras recorta presupuesto a la educación y salud pública para justificar sus políticas de “mano dura”. Su “Economía Jaguar” no es más que un espejismo que el FMI ya empezó a desmentir, y cuando el dinero no alcance para sus despilfarros, seremos nosotros, otra vez, quienes pagaremos la factura.

Nos quieren divididos porque saben que juntos somos un problema para sus negocios. La próxima vez que en una mesa familiar o en el trabajo intenten usar la “crema de rosas” del insulto para silenciar su crítica, no caiga en la trampa ni se enoje: exija datos. Defienda la casa. Pregúntele a su diputado, o al líder comunal Jaguar o de oposición por qué apoya la venta de nuestros activos o por qué recorta presupuesto a las escuelas de su comunidad. Involúcrese, vigile en qué gasta su municipalidad y no regale su voto a los mismos que ayer nos estafaron y hoy se cambian el nombre.

Ellos tienen la bandera que cambian a conveniencia, pero nosotros tenemos la realidad… nos toca a los verdaderos ticos con malicia de la buena, pellizcarnos y no volver a ser sus tontos útiles.

FRENASS denuncia injerencia política indebida e inconstitucional en el nombramiento de la representación sindical ante la Junta Directiva de la CCSS

El Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS) manifestó su rechazo a la actuación del Gobierno en relación con el nombramiento de la representación laboral-sindical ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), al considerar que constituye una injerencia política indebida e inconstitucional.

Mediante un pronunciamiento público, FRENASS sostiene que el Gobierno de Laura Fernández Delgado se extralimita en sus competencias al intervenir en un ámbito que corresponde a la autonomía de las organizaciones sindicales y al marco jurídico que regula la integración de la Junta Directiva de la institución.

La organización afirma que esa actuación violenta la Ley Constitutiva de la CCSS, así como los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relacionados con la libertad sindical y el derecho de sindicación y negociación colectiva.

FRENASS enfatiza que la Caja Costarricense de Seguro Social es una institución autónoma por mandato constitucional y sostiene que esa condición debe ser respetada independientemente de la posición que asuma el Gobierno de turno.

En su comunicado, el Frente considera que la autonomía institucional y el respeto a la representación sindical constituyen elementos fundamentales para preservar el modelo de seguridad social costarricense y la institucionalidad democrática.

Finalmente, FRENASS hace un llamado a la ciudadanía a mantenerse vigilante en defensa de la CCSS y concluye su pronunciamiento con la consigna «¡La Caja no se vende, la Caja se defiende!»

A 316 años de su ejecución convocan conversatorio y caminata para recordar el legado de Pabru Presbere

El Grupo Pabru Presbere invita a la comunidad a participar en dos actividades conmemorativas organizadas con motivo de los 316 años de la ejecución de Pabru Presbere, líder indígena bribri reconocido por su resistencia frente a la dominación colonial y considerado una de las principales figuras históricas de la lucha de los pueblos originarios de Costa Rica.

Las actividades buscan reflexionar sobre la vida, el legado y la vigencia histórica de Presbere, conocido también como el «Rey de las Lapas», mediante un espacio de diálogo y una caminata con actividades culturales.

Conversatorio sobre la vida y legado de Pabru Presbere

El viernes 3 de julio, a las 6:00 p.m., se realizará el conversatorio «Vida y legado Pabru Presbere, Rey de las Lapas» en el Centro de la Cultura Cartaginesa.

Participarán:

  • Dr. Franco Fernández, historiador.

  • Sra. Olga Andrés, educadora pensionada.

  • Sr. César Uniwak, politólogo de la Universidad de Costa Rica.

  • Sr. Rogelio Coto, moderador.

Caminata conmemorativa

Las actividades continuarán el sábado 4 de julio con una caminata que iniciará a las 4:00 p.m. desde la entrada de los Tribunales de Justicia.

La llegada será a la Plaza Mayor, donde a partir de las 4:30 p.m. se desarrollarán actividades culturales que incluirán música y disertaciones en modalidad de micrófono abierto.

Organizaciones invitantes

La convocatoria es promovida por el Grupo Pabru Presbere con el apoyo del Ministerio de Cultura y Juventud, mediante la Dirección de Gestión Sociocultural, y del Centro de la Cultura Cartaginesa.

También participan como organizaciones invitantes:

  • Asociación La Casa del Indio

  • Sociedad de Poetas Cartagineses

  • Grupo de Danza Proyección Folclórica Bitzú

  • Buen Vivir Costa Rica

  • Red de Mujeres Pioneras Cartago

Las personas organizadoras invitan al público a sumarse a estas actividades de memoria histórica, reflexión y encuentro cultural dedicadas a recordar el legado de Pabru Presbere y su significado para los pueblos indígenas y la historia de Costa Rica.

La verdad y la política bajo los escombros

José A. Amesty Rivera

Hay quienes que, cuando los pueblos sufren, llegan con agua, alimentos, medicinas, maquinaria y solidaridad, otros llegan con cámaras, troles y mentiras.

La historia de Nuestra América está llena de terremotos, huracanes, inundaciones y otras tragedias naturales, pero también ha estado marcada por otro tipo de desastres, uno creado desde los centros del poder político y mediático, como el uso del dolor humano para desestabilizar gobiernos populares y sembrar desesperanza.

Lo ocurrido en Venezuela tras los devastadores terremotos no puede analizarse solo como un fenómeno geológico; mientras miles de rescatistas, médicos, bomberos, trabajadores públicos y voluntarios luchan contra el tiempo para salvar vidas, en las redes sociales se libra otra batalla, una ofensiva comunicacional que busca convertir una tragedia nacional en un instrumento de confrontación política.

Esto no es algo nuevo. La Revolución Bolivariana ha enfrentado durante más de dos décadas una guerra en muchos frentes, donde la manipulación de la información ha sido una de las armas más poderosas. Cada dificultad económica, cada apagón, cada inundación, cada crisis sanitaria, y ahora cada desastre natural se convierte de inmediato en material para una maquinaria propagandística, que intenta presentar al Estado venezolano como un proyecto fracasado.

No hablamos simplemente de la crítica política, que siempre es válida en una sociedad democrática, la crítica forma parte del debate. El problema comienza cuando el sufrimiento de miles de familias, se convierte en un espectáculo para generar odio, desmoralización y enfrentamiento.

Mientras hombres y mujeres remueven toneladas de escombros para rescatar sobrevivientes, en Internet circulan fotografías de otros terremotos presentadas como si fueran de Venezuela, videos manipulados, imágenes creadas con inteligencia artificial y rumores sobre supuestos saqueos, abandono total de las víctimas, robo de donaciones, e incluso versiones según las cuales funcionarios cobraban dinero para entregar los cuerpos de personas fallecidas.

Muchas de estas publicaciones fueron desmentidas posteriormente por verificadores independientes, demostrando que el dolor también puede convertirse en un negocio político.

Es la política del desastre, donde el neoliberalismo convierte todo en mercancía, incluso las tragedias. Existe una lógica profundamente deshumanizada que cree que mientras peor le vaya al país, mayores serán las posibilidades de derrotar políticamente al gobierno.

Es una visión que no celebra la reconstrucción, sino el derrumbe; que no busca aliviar el sufrimiento, sino aumentarlo; que no construye esperanza, sino frustración.

En esta lógica, una catástrofe natural deja de ser un drama humano para convertirse en una oportunidad propagandística. Lo importante deja de ser salvar personas y pasa a ser construir un relato político.

Por esto aparecen las matrices de opinión incluso antes de que terminen las labores de rescate. Primero se instala la idea del abandono, luego la de un supuesto colapso institucional, más tarde llegan las acusaciones sin pruebas y, finalmente, aparece la conclusión política que ya estaba preparada, presentar al gobierno como incapaz y convertir el dolor colectivo en combustible para la confrontación.

No es un drama exclusivo de Venezuela. Lo hemos visto en Cuba después de huracanes, en Nicaragua tras desastres naturales, en Bolivia durante los incendios, en México después de terremotos y en buena parte de América Latina, cuando gobiernos progresistas enfrentan situaciones extraordinarias.

Las redes sociales permiten que una mentira recorra millones de pantallas antes de que la verdad logre abrirse paso; este es precisamente el objetivo: no informar, sino impactar emocionalmente, sembrar miedo, provocar indignación y romper la confianza entre el pueblo y las instituciones.

Mientras algunos se concentran sus esfuerzos en hacer virales rumores y noticias falsas, otra Venezuela estaba actuando: Bomberos, Protección Civil, la Fuerza Armada, Personal Sanitario, Consejos Comunales, Comunas, Militantes Sociales, Vecinos, Jóvenes Voluntarios, Trabajadores Públicos y Rescatistas Internacionales. Miles de personas que no preguntan por la posición política de quien necesita ayuda, simplemente ayudan.

Porque cuando un edificio se derrumba no hay opositores ni chavistas bajo los escombros, hay seres humanos. Esta es la Venezuela que pocas veces ocupa los titulares de los grandes medios internacionales, la Venezuela de la solidaridad organizada, la que comparte alimentos, aunque tenga poco, la que convierte escuelas en refugios y donde las comunidades organizan cocinas colectivas mientras llegan los organismos especializados.

Y no se trata de idealizar la realidad. Ningún Estado del mundo responde de manera perfecta a una catástrofe de semejante magnitud, siempre habrán carencias, errores, retrasos y limitaciones materiales.

Más aún cuando un país ha soportado durante años sanciones económicas, dificultades financieras y restricciones para adquirir equipos especializados, pero reconocer esas limitaciones es muy diferente a fabricar una realidad paralela basada en noticias falsas.

También se ha desatado una guerra psicológica. Hace tiempo que los manuales de guerra dejaron de limitarse al terreno militar, hoy las operaciones psicológicas ocupan un lugar central, y las redes sociales funcionan como verdaderos campos de batalla, donde cada fotografía, cada video y cada rumor puede influir en la percepción colectiva.

La desinformación no busca solamente engañar, busca paralizar, desmoralizar y dividir, busca que la gente deje de confiar en las instituciones del país, que toda información oficial sea vista automáticamente como falsa y que termine imponiéndose el caos informativo.

En este escenario gana quien logra sembrar primero una emoción, aunque después sea desmentida; las mentiras casi siempre corren más rápido que las rectificaciones y, cuando se trata de tragedias humanas, el impacto emocional hace que se propaguen todavía más rápido.

Dicho esto, la izquierda también tiene responsabilidades. Defender al pueblo venezolano no significa negar los problemas, no significa convertir la solidaridad en propaganda, ni afirmar que todo funciona perfectamente.

Ser de izquierda exige un compromiso mucho más profundo, como el de defender la verdad, incluso cuando resulte incómoda. Porque si denunciamos la manipulación del adversario, también debemos rechazar cualquier intento de ocultar los errores propios. La ética revolucionaria no puede construirse sobre exageraciones, sino sobre hechos.

Por eso es tan importante combatir las noticias falsas, no solo porque afectan la imagen del gobierno, sino porque afectan directamente la vida de las víctimas. Un rumor puede impedir que una familia encuentre información confiable, puede dificultar el trabajo de los rescatistas, sembrar pánico, generar violencia o desviar recursos hacia problemas que no existen. Las fake news también matan.

Otro tema es que la Patria Grande no puede ser indiferente frente al dolor. La respuesta latinoamericana debe estar a la altura de una región que conoce muy bien el valor de la solidaridad, por ejemplo, Cuba enviando médicos, México enviando rescatistas, Colombia tendiendo puentes, Brasil aportando ayuda; los pueblos organizando campañas de recolección, las universidades ofreciendo apoyo técnico y los movimientos sociales movilizando alimentos y medicinas.

Esta es la América Latina que soñaron Bolívar, Martí, Sandino, el Che, Chávez y tantos otros, la América Latina que entiende que ninguna frontera vale más que una vida humana; hoy Venezuela necesita esta solidaridad.

Y no necesita laboratorios digitales sembrando odio, no necesita dirigentes políticos haciendo cálculos electorales entre los escombros, no necesita influencers compitiendo por seguidores en medio de la tragedia; Necesita humanidad, cooperación y respeto por quienes lo han perdido todo.

Para ir terminando, cada desastre natural deja lecciones, una de ellas es que la verdad también necesita ser defendida, porque la mentira organizada puede convertirse en otra forma de violencia.

La batalla por la verdad no pertenece únicamente al gobierno ni a la oposición, pertenece al pueblo, pertenece a quienes creen que ninguna diferencia política justifica usar el sufrimiento humano, como arma de confrontación.

Cuando la tierra deje de temblar comienza otra reconstrucción, la de las viviendas, las escuelas y los hospitales, pero también la reconstrucción de la confianza colectiva, y esta tarea exige derrotar el cinismo, el oportunismo y la manipulación.

La izquierda latinoamericana debe levantar una bandera sencilla, pero profundamente revolucionaria, ninguna victoria política, vale una sola mentira construida sobre el dolor del pueblo.

Porque los escombros se levantan con maquinaria, pero las heridas sanan con solidaridad, y la dignidad de un pueblo solo puede sostenerse sobre la verdad, la justicia y la memoria.

En tiempos en que las redes sociales pueden convertir una falsedad en una verdad aparente, defender la información verificada, también es una forma de defender la soberanía, y la soberanía, como nos enseñó Hugo Chávez, no pertenece a un partido ni a un gobierno; pertenece al pueblo, que tiene derecho a enfrentar las adversidades con la verdad por delante y con la esperanza intacta.

La Corte IDH escuchó al pueblo de Sarayaku en audiencia de supervisión

CEJIL. El 18 de junio la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró una audiencia de supervisión de cumplimiento en el caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs Ecuador, una sentencia emblemática que, 14 años después de haber sido emitida, continúa enfrentando desafíos importantes para su implementación integral.

El caso Sarayaku llegó a la Corte Interamericana tras la realización de actividades petroleras en su territorio ancestral sin consulta previa. Hace 14 años, la Corte reconoció violaciones a los derechos del pueblo Kichwa de Sarayaku y ordenó medidas de reparación que, hasta hoy, siguen pendientes de cumplimiento.

Durante la audiencia, representantes del Pueblo de Sarayaku, junto con sus representantes legales de hashtag#CEJIL y el Dr. Mario Melo, expusieron ante la Corte los incumplimientos que persisten por parte del Estado ecuatoriano, entre ellos la ausencia de una legislación adecuada sobre consulta previa, libre e informada; la falta de garantías efectivas para la consulta de medidas que puedan afectar al pueblo y el incumplimiento de la obligación de retirar la pentolita —un explosivo de alto poder – abandonada en su territorio ancestral hace más de dos décadas.

Las organizaciones representantes destacaron que este abierto desacato pone en riesgo la sobrevivencia del Pueblo, su derecho a la consulta y la justicia, y tiene importantes consecuencias para la respuesta a la emergencia climática en la Amazonía. Ya la Corte en su Opinión Consultiva 32 ha sostenido que la Amazonia tiene un rol fundamental para la regulación del clima para el planeta y su preservación depende en buena medida de la subsistencia y labor de los pueblos indígenas que son los guardianes de estos ecosistemas.

Dado el abierto incumplimiento, por más de catorce años, de la orden de la Corte Interamericana de retirar los explosivos que se mantienen en su territorio, el Pueblo Sarayaku manifestó que estaba dispuesto a no insistir en el cumplimiento de esta orden, solicitando que, a manera de reparación, el Estado reconozca el Kawsak Sacha (Selva Viviente) como sujeto de derechos, en línea con los derechos de la naturaleza reconocidos en la Constitución ecuatoriana.

El caso Sarayaku es uno de los precedentes más relevantes del Sistema Interamericano en materia de derechos de los pueblos indígenas. A 14 años de aquella sentencia histórica, el cumplimiento integral de las medidas ordenadas sigue siendo esencial, no solo para garantizar los derechos del Pueblo Kichwa de Sarayaku, sino también para reafirmar la protección de la Amazonía, reconocer los saberes y propuestas de los pueblos indígenas y preservar los ecosistemas de los que depende nuestro futuro.

Fotos: Corte Interamericana de Derechos Humanos

La Biblioteca Nacional ofrece amplia agenda para el disfrute de las vacaciones

6 al 17 de julio 2026

La Biblioteca Nacional ofrece actividades gratuitas para público de todas las edades

Exposiciones

Tres hermosas exposiciones le esperan:

  • Exposición de arte y documental «Raíces y tradiciones de Guanacaste» dedicada a José Ramírez Saizar y Jesús Bonilla Chavarría

  • Exposición “Conservación preventiva: Archivo Zulay Soto: 60’s-70’s»

  • Exposición de pintura «Cartago esencial» del artista plástico Mauricio Gómez Gómez

Talleres infantiles

8 de julio, 10 a.m.

Taller infantil «Tejonero del mar» con la escritora Leda Cavallini

Para niños y niñas de 4 a 12 años.

Inscripción talleresbibliotecanacional@sinabi.go.cr, 22574814

9 de julio, 10 a.m.

Taller infantil «La fábrica de hacer cuentos» con el escritor Carlos Rubio

Para niños y niñas de 4 a 12 años.

Inscripción talleresbibliotecanacional@sinabi.go.cr, 22574814

15 de julio, 10 a.m.

Taller infantil «Musicando la lectura» con Natalia Esquivel

Para niños y niñas de 4 a 12 años.

Inscripción talleresbibliotecanacional@sinabi.go.cr, 22574814

17 de julio, 10 a.m.

Taller infantil de pintura con el artista Fabio Serdas

Para niños y niñas de 7 a 15 años.

Inscripción talleresbibliotecanacional@sinabi.go.cr, 22574814

Taller para jóvenes y adultos

14 y 21 julio, 1:00 a 3:00 p.m. (grupo 1)

16 y 23 julio, 1:00 a 3:00 p.m. (grupo 2)

Emblemas costarricenses: pintura y moldeado en 3D

Inscripción talleresbibliotecanacional@sinabi.go.cr, 22574814

Visitas guiadas

Visitas guiadas para familias, para jóvenes, adultos y adultos mayores

Lunes a viernes a las 9:00 a.m., 11:00 a.m., 2:00 p.m., 4:00 p.m.

Presentación de libros, recitales y presentaciones artistas

8 de julio, 4:00 p.m.

Presentación del libro «La mamá de San Vito» de Marconi Rojas Thiele

Actividad con la Embajada de Italia

Todo público

10 de julio, 4:00 p.m.

«Recital de Poesía y Canto» homenaje a a José Ramírez Saizar y Jesús Bonilla Chavarría, autores de la letra y música del Himno de la Anexión de Guanacaste»

Participan Marta Rojas Porras, Leda García, Elliette Ramírez, Julieta Dobles, Alba C. Molina, Natalia Esquivel Benítez, Rocío Campos Cantero, Patricia Gamboa Bolaños

Todo público

15 de julio, 4:00 p.m.

Presentación documental «Zulay Soto: una mujer de rompe y rasga»

Todo público

16 de julio, 10:00 a.m.

«Memoria, cuerpo y arte: La Casona Hacienda El Viejo» presentado por María Soledad Hernández historiadora y Rebeca Alvarado Soto, bailarina

Actividad dedicada a Guanacaste

Todo público

16 de julio, 4:00 p.m.

Conferencia virtual del ciclo con la Academia Morista Costarricense

Transmitida por el Facebook de la Biblioteca Nacional.

Defensoría: Parálisis por nombramientos de magistraturas suplentes pone en riesgo derechos de habitantes

La Defensoría de los Habitantes enfatizó que la falta de nombramiento de magistraturas suplentes, al menos de los mínimos necesarios, pone en altísimo riesgo el respeto de los derechos fundamentales de los y las habitantes.

En un informe remitido esta semana a la Presidenta de la Asamblea Legislativa, la Defensoría alertó que la continuidad de la situación actual de parálisis de estos nombramientos implica un quiebre directo al principio de supremacía constitucional, en tanto un Tribunal Constitucional creado pero imposibilitado para ejercer su competencia resta toda eficacia a la Constitución Política, como norma suprema que da garantía a los derechos fundamentales de la población y que es el vértice de la pirámide de la que se nutre el resto del ordenamiento jurídico.

La Defensoría señaló que ha venido dándole puntual seguimiento a la elección de magistrados y magistradas suplentes de la Sala Constitucional, tema que fue objeto de discusión en la reunión de jefaturas de fracción llevada a cabo en la Asamblea Legislativa el jueves 4 de junio del año en curso; y que también fue referido por el diputado Gonzalo Ramírez en la presentación del informe anual de labores llevado a cabo en el Plenario Legislativo el pasado miércoles 24 de junio de 2026.

Del análisis de información solicitada por esta Defensoría a la Corte Suprema de Justicia se identificó que durante el año 2025 las magistraturas suplentes participaron en la votación de aproximadamente 43.144 expedientes, lo que evidencia su relevancia para el funcionamiento ordinario de la jurisdicción constitucional. Asimismo, la ausencia de magistraturas suplentes ya está produciendo afectaciones concretas en la prestación del servicio de justicia constitucional, existiendo al menos 87 asuntos pendientes de estudio y resolución definitiva por la imposibilidad de integrar el Tribunal.

A nivel de riesgos existentes, valga indicar que esta situación impide la integración del Tribunal ante supuestos de inhibiciones, recusaciones, incapacidades, vacaciones u otras ausencias temporales de magistrados propietarios; provocando atrasos en casos urgentes como resolución de recursos de amparo, hábeas corpus, entre otros”, indicó la Defensoría a la Asamblea Legislativa.

A partir de lo anterior, se compromete el cumplimiento efectivo de una serie de derechos tales como: acceso a la justicia, tutela judicial efectiva y protección oportuna de los derechos fundamentales. Sumado a lo anterior, se estarían generando las condiciones para la vulneración, entre otros instrumentos internacionales de derechos humanos, del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por el Estado costarricense e inserta en su ordenamiento jurídico mediante Ley N° 4534, vigente desde febrero de 1970; el cual tutela el derecho de toda persona a contar con recursos judiciales sencillos, rápidos y efectivos y el correlativo deber del Estado de asegurar su libre ejercicio sin obstáculos ni limitaciones.

El movimiento sindical rechaza la decisión del consejo de gobierno de desconocer la voluntad democrática de las organizaciones sindicales

Comunicado

La decisión del Consejo de Gobierno pone en riesgo el normal funcionamiento de la CCSS y el derecho a la salud de la población

El Movimiento Sindical de Costa Rica manifiesta su más enérgico rechazo al acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno, mediante el cual se rechazó el nombramiento de la señora Rocío Alfaro Molina como representante titular y de la señora Martha Elena Rodríguez González como representante suplente ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), poniendo en riesgo el funcionamiento de su Junta Directiva.

Esta decisión constituye un grave precedente para la democracia, la libertad sindical y la autonomía de las organizaciones de trabajadores, al desconocer la voluntad soberana expresada por el Movimiento Sindical mediante el procedimiento democrático previsto en el artículo 6 de la Ley Constitutiva de la CCSS.

El Consejo de Gobierno ha sustituido, mediante valoraciones subjetivas y discrecionales, la decisión adoptada por las organizaciones sindicales, arrogándose una facultad que la ley no le confiere. La potestad de verificar el cumplimiento de requisitos legales no autoriza a descalificar a la persona democráticamente electa mediante interpretaciones restrictivas ni a imponer requisitos que el legislador nunca estableció.

El Movimiento Sindical reafirma que la representación de las personas trabajadoras ante la Junta Directiva de la CCSS pertenece a las organizaciones sindicales y debe respetar la decisión adoptada democráticamente por estas, conforme al mandato de la Ley Constitutiva de la institución.

Por ello, anunciamos que agotaremos todas las vías de presión social, administrativas y judiciales nacionales e internacionales que el ordenamiento jurídico reconoce para la defensa de la autonomía sindical, la legalidad y el respeto al Estado Social de Derecho.

Finalmente, hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales, sindicales y a la ciudadanía a mantenerse vigilantes en defensa de su derecho a la salud, a las pensiones, a la vida y de la institucionalidad democrática que garantiza la CCSS.

La defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social también exige defender el respeto a la ley, la democracia y la representación legítima de las personas trabajadoras.

¡No al veto político contra la representación sindical en la Junta Directiva de la CCSS!

UNDECA- BUSSCO denuncian ante el pueblo costarricense la grave decisión del Consejo de Gobierno de rechazar el nombramiento de las compañeras Rocío Alfaro Molina y Martha Elena Rodríguez González como representantes del movimiento sindical ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), afectando al Estado de Derecho, la autonomía sindical, la representación democrática en la CCCSS y la continuidad del servicio público.

No estamos frente a una simple diferencia administrativa. Estamos frente a un precedente que amenaza el Estado de Derecho, la autonomía sindical, la representación democrática de los sectores sociales y el modelo de gobernanza que ha fortalecido la CCSS durante más de ocho décadas.

La Ley Constitutiva de la CCSS es absolutamente clara: los representantes del sector sindical son electos por sus organizaciones mediante procesos democráticos propios. Esa decisión pertenece al movimiento sindical y no al Poder Ejecutivo. Ningún gobierno tiene autoridad para sustituir la voluntad libremente expresada por las organizaciones de trabajadores.

Lo ocurrido constituye un precedente sumamente peligroso para la institucionalidad democrática del país. Si hoy se pretende desconocer la representación sindical mediante interpretaciones administrativas y reglamentarias que consideramos contrarias a la Ley Constitutiva, mañana podría ponerse en riesgo el modelo solidario de seguridad social para favorecer intereses que históricamente han promovido la privatización de la salud y las pensiones.

Preocupa profundamente que el Consejo de Gobierno haya asumido competencias que la Ley Constitutiva nunca le otorgó. Los reglamentos no pueden modificar la ley, crear nuevas facultades para el Poder Ejecutivo ni convertirse en instrumentos para restringir la representación democrática de los sectores sociales. En un Estado de Derecho, la ley prevalece sobre cualquier decreto ejecutivo.

Resulta igualmente alarmante que altas autoridades del Poder Ejecutivo hayan manifestado públicamente que buscan determinados «perfiles» para integrar la Junta Directiva de la CCSS y que incluso hayan cuestionado el modelo tripartito establecido por la ley. La Junta Directiva de la Caja se integra conforme a la Ley Constitutiva de la CCSS, no conforme a las preferencias políticas del Gobierno de turno.

Durante décadas, el movimiento sindical ha sido uno de los principales defensores de la CCSS. Ha denunciado actos de corrupción, decisiones contrarias al interés público, procesos de privatización, falta de transparencia, debilitamiento institucional y las millonarias deudas del Estado con la seguridad social. Muchas de esas denuncias, inicialmente descalificadas, fueron posteriormente confirmadas por auditorías, investigaciones legislativas y actuaciones de la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, el Ministerio Público y otros órganos de control.

La representación sindical en la Junta Directiva de la CCSS no existe para guardar silencio ni para convalidar decisiones. Existe para representar a las personas trabajadoras, ejercer control democrático, fiscalizar el manejo de los recursos públicos y señalar, con responsabilidad, aquellas actuaciones que puedan poner en riesgo el patrimonio de la seguridad social.

¡La representación sindical no se negocia, no se condiciona y no es objeto de veto político!

San José, Costa Rica, 30 de junio de 2026

¿Por qué español y otros idiomas sí?

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

“No voy a aprender su maldito idioma. No tengo tiempo». Recordarán ustedes esta frase salida del más filósofo de los filósofos de los mandatarios contemporáneos.

Recordarán ustedes también sus indicaciones para exterminar el español en varios Estados de la unión americana, como mecanismo para extirpar el peso simbólico de la comunidad hispana en su país.

Muy por el contrario, el español goza de muy buena salud: se ha convertido en símbolo de resistencia en la misma entraña del país del filósofo en mención.

A cada operativo de ICE en el que la autoridad migratoria ha intentado someter en inglés a las personas detenidas, la mayoría de ellas de origen centroamericano, el español ha sido repuesta y herramienta.

Por otra parte, en un guiño colonial y comercialoide de poca monta, la FIFA industria y mercenaria del inicio Infantino, intentó torcer el brazo de los países hispanohablantes al obligar a realizar las conferencias de prensa en el marco del actual Campeonato Mundial de fútbol, en inglés.

Tuvo que rectificar, obviamente.

Nada más desacertado en un torneo organizado en tres países, dos de los cuales el español es hablado por miles de millones de personas.

Habiendo dicho esto, habiendo aceptado que español si como recurso y estrategia de respuesta, no debe obviarse que en muchos de nuestros países este idioma también ha constituido herramienta de dominación y sometimiento en contra de pueblos originarios.

El balón, decía el Maradona más político que existió, no debe ser manchado nunca. El español tampoco. Pero tampoco debe obviarse los siglos de vasallaje cultural que este idioma ha propiciado contra saberes ancestrales.

Porque Sí el español y los demás idiomas que nos tejen como región.

Esa debe ser la consigna. La política. La resistencia.