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Autor: María José Ferlini Cartín

El honor de “tomar Cuba” y el dilema de América Latina

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

Gilberto Lopes
San José, 24 de mayo de 2026

“Creo que tendré el honor de tomar Cuba”, dijo el presidente Donald Trump, en marzo pasado. “¡Vea el lugar! Se está cayendo a pedazos, es un desastre”. “Podré hacer lo que yo quiera”.

Dos meses después, el pasado 20 de mayo, cuando los cubanos, en Florida, celebran una fiesta de la independencia, el secretario de Estado, Marco Rubio, de ascendencia cubana, difundió en Youtube un mensaje al pueblo cubano. Ofreció cien millones de dólares en alimentos y remedios, distribuidos por la Iglesia Católica u otras organizaciones no gubernamentales, y una nueva relación con Estados Unidos. Lo único que se interponía en ese camino –aseguró– eran “quienes controlan su país”.

El mismo 20 de mayo, el Departamento de Justicia acusaba al expresidente cubano, general Raúl Castro (94), de asesinato y conspiración para asesinar a ciudadanos norteamericanos. Se trata de una vieja historia, de hace 30 años, cuando la fuerza aérea cubana derribó dos avionetas del grupo opositor cubano “Hermanos al Rescate”, que desde hacía meses operaba desde Florida una campaña contra el gobierno.

La medida, similar a la que antecedió el secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, contribuyó a reforzar la presión de la administración norteamericana sobre el régimen cubano.

Para el presidente cubano, Miguel Díaz Canel, no era más que “otra maniobra política, carente de todo fundamento legal”.

Gaesa y los miles de millones

Rubio exhibió ante los cubanos el éxito y la riqueza de algunos estadounidenses de origen cubano en los Estados Unidos, haciéndoles soñar que algo parecido podría ocurrir a todos, con el cambio de gobierno. Habló de una nueva Cuba, donde todos los cubanos –y no solo Gaesa, la empresa del ejército y del gobierno, o el Partido Comunista– tuvieran un banco, una gasolinera, un restaurant, una constructora, una estación de televisión. Un régimen democrático, como en Jamaica, Bahamas o República Dominicana, cuyos ejemplos exhibió ante los cubanos.

Gaesa, la empresa creada por el gobierno para manejar los recursos de una economía sometida a un bloqueo durante más de 60 años fue acusada de manejar miles de millones, mientras el pueblo sufre severa escasez.

“Mienten una y otra vez, sin ningún pudor, con una desfachatez alarmante”, dijo Díaz Canel.

“Elegir a GAESA como enemigo principal es un golpe brillante”, estimó Fernando Ravsberg, periodista de origen uruguayo que hizo de Cuba su lugar de vida. Con eso “ya no hay que enfrentarse a la revolución, ni al gobierno, sino a un misterioso grupo empresarial ‘un estado dentro de otro estado’ que esconde su dinero mientras el pueblo pasa necesidades”.

“El problema es que hoy no se podrá frenar esta campaña mediática sin transparencia”, dijo Ravsberg. “GAESA debería poder brindar información al pueblo sin necesidad de exponer sus operaciones comerciales o sus socios en el extranjero”. “Esta sería una buena forma de desmontar esta campaña de comunicación que pretende enfrentar a cubanos contra cubanos, mientras las tropas de EEUU esperan el momento de entrar como salvadores”, agregó Ravsberg, uno de los más lúcidos periodistas cubanos, al que un par de vividores de la revolución (alguno ya fallecido) logró que le prohibieran el ejercicio del periodismo.

En su opinión, “Rubio necesita desesperadamente que los cubanos residentes en Cuba salgan a las calles de forma violenta, que la policía los reprima, que haya presos, heridos en los hospitales y muchos muertos”. Entonces, todas las opciones, incluyendo una intervención militar, se harían mucho más viables.

Apretando las tuercas o la amenaza de una intervención militar

Resulta difícil imaginar el desenlace de una situación provocada por un bloqueo que priva a Cuba de toda fuente de energía, desatando una presión inimaginable sobre la vida de la gente (como ya se vive hoy), sin que desate eso una rebelión contra el gobierno cubano.

Por ahora, Rubio apuesta por el alzamiento de una población agotada, sometida a una escasez insufrible y a una pobreza generalizada. ¡Por ahora!

Como lo contaba el New York Times el pasado 20 de mayo, “la gente se refería a una búsqueda diaria de alimentos, ya que era imposible mantener el refrigerador funcionando el tiempo suficiente para congelar la carne o conservar los alimentos frescos”. “Compraban comida en pequeñas cantidades diarias, a precios asequibles: cinco huevos un día, medio kilo de cerdo al día siguiente, un kilo y medio de pollo al otro”.

“La basura se acumula en las calles porque no hay combustible para que los camiones la recojan. Según informes, hay personas que están muriendo o en muy malas condiciones debido a que los generadores de los hospitales están fallando”, resume Vivian Salama, periodista norteamericana, en entrevista a The Atlantic.

“La trayectoria actual corre el riesgo de desencadenar un período prolongado de deterioro humanitario y un sufrimiento lento, sin cambios reales para la gente”, dijo María José Espinosa, “experta en política exterior y directora ejecutiva del Centro para el Compromiso y la Incidencia en las Américas (CEDA)” a la periodista de origen cubano, Carla Gloria Colomé, que escribe para el diario El País.

Díaz Canel recordó la reiteración de la orden ejecutiva que declara Cuba como una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad de los Estados Unidos. Y la aplicación de “aranceles irracionales” a los países que suministren petróleo a Cuba.

Ni Trump ni Rubio mencionan los efectos del bloqueo económico, que se ha aplicado durante décadas, cada vez más radical, produciendo exactamente lo que Trump señala: un desastre.

Si bien una intervención militar parece improbable, una mayor presión parece segura, mientras Washington trata de obligar el régimen a llegar a un acuerdo, decía la página Gzeromedia, el pasado viernes, 22 de mayo.

El artículo especula con la posibilidad de levantar las sanciones económicas a cambio de la apertura de la economía cubana. Y con un acuerdo que podría implicar la permanencia en el poder de muchos de los mismos gobernantes, “en lugar del cambio radical de régimen que las comunidades cubanas en Miami, e incluso el propio Rubio, podrían desear”.

Una opinión compartida por los académicos norteamericanos William LeoGrande y Peter Kornbluh que, en un artículo en la revista Foreign Affairs, afirman que la administración podría aceptar algo menos que un cambio de régimen.

¿Cómo en Venezuela? Es difícil imaginar algo así en Cuba. Encontrar algún sector del gobierno, o del partido, capaz de reemplazar a las autoridades actuales. Del mismo modo, cuesta imaginar cualquier cambio de gobierno sin que tropas norteamericanas ocupen el país. Y eso es otra cosa. Los cubanos afirman que no podría ocurrir sin un baño de sangre. Y con costos políticos difíciles de imaginar, tanto en Estados Unidos como en América Latina y en el resto del mundo.

Un creyente en el futuro de la isla

No es nueva la aspiración del gobierno norteamericano de ocupar Cuba. Es una vieja historia, de más de un siglo, una aspiración permanente de incorporar la isla como otro estado norteamericano, o como un protectorado, sometido a controles políticos y económicos. Como en el siglo pasado.

La estrategia con respeto a Cuba está definida, además, en documentos como los anunciados por Jorge Mas Santos y la Fundación Cubano-Americana, que él preside.

Hijo de Jorge Mas Canosa (ya fallecido), un histórico dirigente opositor al que se atribuye particular empeño en la promoción de leyes que han radicalizado el embargo norteamericano a la isla, como la Helms-Burton, Mas Santos es un poderoso empresario de la construcción en los Estados Unidos. Y un referente de la oposición, muy cercano al secretario de Estado, al que calificó de “uno de los nuestros aquí en Miami”.

Mas concedió una entrevista a El País desde Miami, un día después de que el director de la CIA, John Ratcliffe, visitara La Habana, para presentar un ultimátum a las autoridades de la isla. La entrevista fue publicada el pasado 16 de mayo, por Iker Seisdedos, a quien Santos había hecho llegar dos documentos: una “Hoja de ruta para una Cuba próspera, democrática y de libre mercado” y un “Proyecto de Ley Fundamental para la transición democrática”.

Mas explica que la Carta “es un marco legal pensado para responder al gran interés de muchos inversores extranjeros que quieren ayudar a reconstruir. Son sugerencias para lo económico, pero también de derechos humanos, que permitan una transición hacia unas elecciones libres y una nueva Constitución”.

“Soy un gran creyente en el futuro de la isla”, afirma Mas a un periodista que (como Colomé y como la línea general de El País), está alineado con la oposición cubana.

Las dimensiones del negocio son enormes. La reconstrucción de Cuba yo la veo “superfácil”. “Hay que propiciar un marco en el que se incentive la inversión extranjera”. “Si hacen falta 40, 50, 60, 70 u 80 mil millones, sea la que sea la cifra, no será un problema”, dice Jorge Mas. Ninguna cifra será un problema.

Esa es la dimensión de los negocios que Mas y sus socios vislumbran en Cuba. Pero ni un centavo para los cubanos que hoy viven en condiciones dramáticas, como las descritas por el New York Times, por The Atlantic, o por el mismo El País, gracias al bloqueo a que tienen sometida la economía de la isla.

Mas está esperanzado. Nunca lo ha visto “tan cerca como ahora”. Gracias al liderazgo del presidente Trump y del secretario Rubio. “Todos esperamos que este sea el tramo final”.

Restablecer su dominio sobre América Latina

Colomé recuerda que Trump ha hablado de restablecer su dominio sobre América Latina, “de la necesidad de controlar lo que pasa en el patio trasero”, como afirmó el profesor de la Universidad de Miami, Michael Bustamante.

Este objetivo está contemplado en la Estrategia de Seguridad Nacional, que la administración norteamericana publicó en noviembre pasado. Un documento público de 29 páginas disponible en inglés para cualquier interesado.

En lo que se refiere al hemisferio occidental, el documento afirma que “tras años de abandono, Estados Unidos reafirmará y aplicará la Doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense”. Este “corolario Trump” de la Doctrina Monroe –afirma– “es una potente restauración del poder y las prioridades norteamericanas, consistente con los intereses de seguridad de los Estados Unidos”.

Es evidente el desafío que esa visión representa para América Latina. Enfrentados a la coyuntura actual, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió que la región se enfrenta a la amenaza del retorno de una regla colonial. “No es posible que alguien piense que es dueño de otros países. ¿Qué están haciendo ahora con Cuba? ¿Qué hicieron con Venezuela? ¿Acaso eso es democrático?” se preguntó.

La presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, calificó de “injustas” las sanciones norteamericanas a Cuba y defendió el derecho de su país a seguir prestando ayuda humanitaria y a mantener relaciones comerciales con la isla. Qué sentido tiene que se acuse a Castro por un hecho que ocurrió hace 30 años, se preguntó. “Es una visión de que pueden influir en otros países. Nosotros no estamos de acuerdo con esa visión”.

El colombiano Gustavo Petro calificó “la agresión militar a Cuba como una agresión contra América Latina”.

¿Qué América latina?

¿A qué América Latina se refiere Petro? A una América Latina donde la derecha privatizadora de hace muchos años hace eco, desde el sur, del tono prevaleciente en Washington.

En cada país prevalece, con las características locales, una lucha política donde es esa derecha la que tiene la voz más clara, que sabe mejor lo que quiere, mientras el esfuerzo por construir una alternativa aparece todavía enredado en los hilos de un pasado relativamente reciente, que le aniquiló cuadros, pero, sobre todo, desarticuló el discurso alternativo.

Hay un escenario al que deberíamos poner atención: ¿Qué dice la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre el ataque a Venezuela y el secuestro de su presidente? ¿Qué dice sobre el bloqueo a Cuba y la amenaza de invasión? ¡Hay que ver lo activa que está frente a la rebelión popular contra las medidas del gobierno de derecha, de Paz en Bolivia! ¿No sería inútil poner a debate el papel de esa institución para América Latina? Yo creo que sí.

El griterío de los Milei, de los Kast, de los Paz, no revela lucidez. Es muestra del desgaste de un argumento, mientras la falta de una respuesta a la altura alimenta una sensación de desconcierto que sobrevuela el escenario político de América Latina. La única región que parece aun ajena a la búsqueda de su lugar en un nuevo escenario multilateral. Un lugar distinto al que nos amenaza la “regla colonial” a la que hace referencia Lula.

FIN

La dignidad del cargo

Escrito en . Publicado en Análisis.

Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli

Mi padre, que tantas cosas buenas me enseñó, me habló siempre de lo que él llamaba: el respeto a la dignidad del cargo, pues consideraba que siempre se debe respetar el cargo, función o papel que cada quien tenga en la sociedad, por humilde, sencillo o encumbrado que sea y así, también, ser uno respetado. Pero, sobre todo reiteraba, uno debe respetar su propio cargo, su dignidad, y el que puede representar al ejercer una función, ya sea de carácter privado o público, pues quien no respeta la dignidad de su cargo se irrespeta a sí mismo y a los demás. Hoy, tal vez, muchos estén en desacuerdo con el pensamiento de mi querido padre, pero para mi siguen siendo palabras sabias.

De ahí que cuando escucho los insultos e improperios que salen de la boca de altos jerarcas del gobierno de nuestro país, que se dan el lujo de utilizar un podio presidencial o la curul legislativa para “mentar la madre”, imitar la forma de hablar de otras personas o propalar insultos y agravios a otros funcionarios públicos o personas irrespetando, precisamente, su propia dignidad personal o funcional, me da enorme tristeza por la Patria. Para mi resulta, de remache, un signo evidente de la decadencia nacional, que haya un porcentaje importante de costarricenses que aplauden, apoyan y hasta se satisfacen de semejantes desafueros, gracias a la posverdad y mentiras que generan las políticas de odio que utilizan los sistemas autoritarios o de aspirantes a fascistas. Por lo anterior, lo ocurrido esta semana en las oficinas de la Presidencia de la República ante la “invitación” de la presidenta Laura Fernández a los miembros de los poderes judicial y legislativo, resulta chocante y bochornoso y justifica una elemental explicación de Educación Cívica, muy elemental para que se entienda, como una dosis necesaria de ubicación institucional.

Presten atención doña Laura, el Mini Chaves y todos los demás que se sienten parte de la “Corte Imperial”: dice la Constitución Política -que todos juraron obedecer (hasta los ateos)- que Costa Rica es una República (¡y solo una¡) libre, independiente y que la soberanía reside exclusivamente en la Nación, y de acuerdo al artículo 4, nadie puede asumir “la representación del pueblo, arrogarse sus derechos o hacer peticiones a su nombre” pues eso es caer en la sedición; primera cosa importante de la urgente ubicación mental de algunos funcionarios que ya tienen tiempo de andar muy cerca del filo de esa navaja.

Ahora, debemos referirnos al artículo 9 de la CP que señala ,claramente, que el Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable ejercido, en primer lugar, por el pueblo y luego por tres poderes distintos e independientes entre si, y en el orden cita en primer lugar al Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial y ninguno puede delegar las funciones que le son propias y en ninguna parte del texto constitucional se dice que, alguno de ellos, tiene primacía sobre otro, al contrario señala la independencia de cada uno.

Por otra parte, el capítulo IX se refiere al Poder Legislativo y señala que la potestad de legislar reside en el pueblo, que por medio del sufragio lo delega a la Asamblea Legislativa a través de 57 diputados que lo son por la Nación y no por ningún partido, a nadie más, y establece la opción del referéndum excluyendo determinadas materias que, por cierto, están contempladas en lo que ha anunciado doña Laura. Por ello ese poder lo integran los 57 por igual, y merecen el respeto a la dignidad de su cargo, pues son los legítimos representantes del soberano.

El capítulo X posterior, se refiere al Poder Ejecutivo que, de acuerdo con el artículo 130 lo ejercen el Presidente de la República en nombre del pueblo y los Ministros de Gobierno en calidad de obligados colaboradores, son nombramientos de confianza del Presidente para la gestión administrativa y política de las diferentes carteras y su autoridad se deriva, ahí sí, de su superior, que los puede remover libremente, y obviamente no tienen la jerarquía constitucional de los miembros de los otros supremos poderes. El presidente y los vicepresidentes, cuando éstos ocupen temporalmente el cargo, lo hacen por delegación del pueblo conforme al resultado electoral, pero no son el poder absoluto, solo administradores de la cosa pública conforme al artículo 140 y las leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa, ante la cual prestan juramento e informa de sus gestiones, como representantes reales del soberano.

Por último, el capítulo XI está destinado al Poder Judicial, que de acuerdo con el 152, lo ejercen los Magistrados electos por la Asamblea Legislativa que conforman la Corte Suprema de Justicia y es el tribunal superior del Poder Judicial, los demás tribunales que establezca la ley, funcionarios, y empleados en el ramo judicial dependen de él. Precisamente esa elección por la Asamblea Legislativa, es decir por los representantes del Soberano, es para garantizar lo dispuesto en el artículo 154 que señala que el Poder Judicial solo está sometido a los dictados de la Constitución y las leyes. Es decir, en sus decisiones son independientes y soberanos, y ningún otro poder puede pretender influir en ellas.

Por lo tanto, el presidente de la República, los diputados y los magistrados tienen igual rango y dignidad en el ejercicio de sus funciones constitucionales propias que, por existir la independencia de poderes, deben ser respetados en sus funciones y representaciones igualmente. Precisamente, ésta básica explicación de educación cívica, que deben saber y conocer los costarricenses, es para señalar que, lamentablemente, la presidenta Laura Fernández y el Mini Chaves desde hace más de cuatro años, han irrespetado la Constitución Política y la dignidad del cargo que les confirieron los costarricenses.

Quien ejerza la presidencia de la República debe saber que no se convoca a una encerrona, se coordina una reunión de trabajo en primer lugar; no se quitan celulares y aparatos electrónicos a los invitados y se les deja a los del Poder Ejecutivo, eso es ofensivo y humillante y un signo de desconfianza que no debe existir en esos niveles de gobierno, pues no son enemigos, son miembros por igual de los supremos poderes. Pero especialmente no puede pedirse al presidente de la Corte Suprema de Justicia que “termine la persecución política a funcionarios de gobierno”, ¿cuál? Si fuera que la hay, no habrían archivado la mayoría de las acusaciones contra el Mini Chaves y si las hay pendientes y en trámite es porque se justifican, igual que las que se encuentran en la Fiscalía contra 14 diputados del PPSO, protegidos por la red de cuido creada por ellos para los nuevos “ticos con corona”. Más grave aún, si esa petición viene acompañada de una amenaza presupuestaria contra la corte, que obligó a la magistrada Patricia Solano a desmentir a doña Laura públicamente. Y si nos referimos a la “conferencia de prensa” por el tono, el lenguaje ofensivo contra los diputados “invitados”, el fiscal general, y la magistrada Solano y del ataque público al gobierno de Panamá, se concluye que el concepto mínimo de la dignidad del cargo no lo conoce, con el agravante que como presidentes de este país, cuando insultan, agravian, mienten, ofenden, calumnian y engañan lo hacen a nombre de todos los costarricenses a quienes representan, y no todos somos tan básicos.

Se que posiblemente esta explicación no llegue por algoritmos a los “ticos básicos” del chavismo, así calificados por Pilar Cisneros, que creen sus mentiras y viven felices sumergidos en el engaño. Pero guardo la esperanza de que, poco a poco, se convenzan de que se han burlado de ellos miserablemente, se rebelen y exijan respeto a su propia dignidad, pues como dice el dicho…. a pellizcos se mata un burro.

Sofía Guillén alerta sobre proyecto eléctrico y denuncia intento de privatización que elevaría tarifas y debilitaría al ICE

Escrito en . Publicado en Derechos.

La exdiputada del Frente Amplio Sofía Guillén lanzó un llamado urgente a la ciudadanía para movilizarse contra el proyecto de ley expediente 23.414, impulsado por el gobierno de Rodrigo Chaves, el cual —según denunció— abriría el camino a la privatización del mercado eléctrico, aumentos en las tarifas y debilitamiento estructural del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

En un audio difundido públicamente, Guillén afirmó que el proyecto podría ser votado en primer debate de forma inminente debido a que las mociones presentadas por la anterior fracción legislativa del Frente Amplio ya no pueden ser reiteradas. Según explicó, esto permitiría acelerar el trámite sin nuevos mecanismos de contención parlamentaria.

La exdiputada sostuvo que la iniciativa “desarma y destruye el modelo solidario eléctrico del ICE”, al sustituir el sistema de planificación estatal por un esquema de mercado de subastas eléctricas.

Guillén advirtió que este tipo de mercados ya ha generado aumentos tarifarios en países como España y Colombia, debido a que pocos grupos empresariales concentran la generación privada y terminan coordinando precios artificialmente elevados.

“Así funcionan los mercados de subasta de electricidad en la práctica, en nuestros países repletos de imperfecciones y de corrupción”, afirmó la exlegisladora, quien aseguró que el resultado sería un incremento en los recibos de electricidad para la población costarricense.

Otro de los principales cuestionamientos planteados por Guillén se refiere al traslado de la División de Operación y Control del Sistema Eléctrico (DOCSE), considerada el “cerebro eléctrico” del ICE, hacia una nueva entidad denominada ECOSEN. Según explicó, en esa nueva institución participarían representantes de generadores privados de electricidad dentro de la junta directiva.

La exdiputada afirmó que este cambio pondría en riesgo la capacidad operativa del sistema eléctrico nacional y podría provocar apagones y deterioro en la calidad del servicio. También sostuvo que la reforma responde al interés de “los mismos de siempre”, en referencia a grupos económicos vinculados a la generación privada.

Los planteamientos de Guillén coinciden con el pronunciamiento divulgado por el Movimiento Costarricense por la Defensa de la Electricidad, el cual sostiene que el proyecto “despedaza el ICE y los ríos” y beneficiaría a grandes grupos empresariales ligados a la generación privada.

El documento denuncia que el expediente 23.414 crea una nueva institucionalidad eléctrica que debilitaría la rectoría del ICE sobre el sistema nacional y trasladaría funciones estratégicas hacia un esquema con participación de actores privados.

Además, el movimiento advierte que la iniciativa habilitaría mayores posibilidades de exportación eléctrica privada, incentivando nuevos proyectos hidroeléctricos “a filo de agua” en ríos del país y generando impactos sobre comunidades y ecosistemas.

Según el pronunciamiento, una empresa transnacional dedicada a generación privada ya habría manifestado interés en instalarse en Costa Rica para exportar electricidad.

La organización sostiene también que cuando el ICE exporta electricidad, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) aplica rebajos en las tarifas eléctricas nacionales, mientras que una reducción del papel exportador del ICE podría eliminar esos beneficios para las personas usuarias.

En su mensaje, Sofía Guillén llamó a la ciudadanía a organizarse, divulgar información, asistir a barras legislativas y participar en vigilias frente a la Asamblea Legislativa para intentar frenar la aprobación del proyecto.

“Lo poco que nos queda del Estado Social de Derecho, ¿cómo vamos a dejar que nos lo quiten?”, expresó la exdiputada al cierre de su intervención.

El Movimiento Costarricense por la Defensa de la Electricidad compartió además una conferencia de prensa pública sobre el tema y reiteró el llamado a impedir la aprobación del proyecto legislativo.

¡La huelga es un derecho, no un delito! Triunfo histórico de la clase trabajadora en la CIJ

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Movimiento Trabajo Digno CR

Desde el Movimiento Trabajo Digno celebramos con profunda alegría y convicción de clase la histórica Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Se ha ratificado ante el mundo entero lo que la clase trabajadora sabe por experiencia propia: el Convenio 87 de la OIT protege implícita e inalienablemente el derecho a la huelga. Este no es un simple trámite burocrático de un tribunal lejano; contra la ofensiva del sector patronal internacional, que durante más de una década orquestó una campaña sistemática para desarmarnos. Intentaron usar el silencio literal del texto de 1948 para arrebatarnos nuestra herramienta más poderosa de presión, buscando que la «libertad sindical» significara únicamente el derecho a reunirnos pacíficamente mientras ellos seguían acumulando riqueza a costa de nuestra fuerza de trabajo y nuestra precarización.

Hoy, la CIJ les dice que no, que están equivocados. Hoy se reafirma que el capital no puede imponer sus reglas absolutas y que sin derecho a la huelga no existe una democracia real ni mucho menos una Justicia Social. A la luz de esta resolución, el panorama de Costa Rica queda claro:

Queda al desnudo la farsa de la Ley Anti Huelgas del Gobierno de Carlos Alvarado. Los sectores neoliberales representados por los partidos tradicionales y las cámaras empresariales nos impusieron la nefasta Ley 9808 para criminalizar la protesta, castigar económicamente al magisterio y amordazar a la clase trabajadora bajo el disfraz de los «servicios esenciales». A las juventudes que hoy enfrentamos el fraude de las plataformas digitales, los contratos basura y la flexibilización laboral, este fallo nos garantiza que el derecho a paralizar la producción para exigir condiciones dignas nos pertenece.

Es una validación moral y legal a cada docente, a cada persona trabajadora de la salud, y a cada militante que ha soportado estigmatización, intimidación y rebajos salariales por defender los servicios públicos y las instituciones de bienestar social pilares del Estado costarricense.

A las bases, a la militancia y a la clase trabajadora: Festejemos este hito histórico con la frente en alto. Hemos derrotado la arrogancia patronal en el plano internacional. Pero no olvidemos nunca que los derechos reconocidos en los tribunales de La Haya solo se vuelven realidad cuando los defendemos y los ejercemos en las calles, en los centros de estudio y en nuestros lugares de trabajo.

Vamos a usar este fallo internacional para exigir la derogatoria de toda legislación que mutile nuestra libertad sindical y nuestra libertad de convocar a huelgas cuando las condiciones lo ameriten. Vamos a traducir esta victoria en organización.

Fallo histórico de la CIJ reafirma el derecho de huelga – Sindicatos costarricenses denuncian ley restrictiva y rezago frente al estándar internacional

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Instituto Sindical de Formación Política

Comunicado

Carlos Luis Fallas (Calufa) en su discurso sobre la huelga bananera de 1934 decía: “Antes de 1934, la vida en las bananeras de la United era un horrible infierno… y ya esto es mucho decir, porque son infames las condiciones de vida que hoy soportan allí los trabajadores.”

“Fallo histórico de la Corte Internacional reafirma el derecho de huelga; sindicatos denuncian que Costa Rica mantiene una ley restrictiva y fuera del estándar global”. CSA.

Campanas al viento o días de lucha por la libertad de huelga, esa es la tarea pendiente de los sindicatos. En una noticia: La Haya, 21 de mayo de 2026. En una decisión calificada como “histórica” por la Confederación Sindical de las Américas (CSA), la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió una opinión consultiva que protege el derecho de huelga como un pilar fundamental de la libertad sindical. El máximo tribunal de Naciones Unidas determinó que la paralización laboral está amparada por el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), zanjando décadas de disputas políticas y jurídicas y fortaleciendo la legitimidad del sistema multilateral de protección de derechos.

Mientras el mundo avanza en ese reconocimiento, las organizaciones sindicales costarricenses denuncian que el país se ha quedado rezagado con una legislación restrictiva que consideran contraria a los estándares internacionales. Para la CSA, el fallo adquiere una importancia particular “en un contexto internacional marcado por el avance de proyectos autoritarios, ataques a la libertad sindical y criminalización de la protesta social”. Sin embargo, en Costa Rica la normativa vigente —específicamente la Ley para Brindar Seguridad Jurídica en Huelgas (N° 9808), aprobada en 2020— impone condiciones que, a juicio de los movimientos sociales, desnaturalizan el derecho.

“El derecho a la huelga es un pilar fundamental en la defensa de la dignidad, la libertad y la democracia”, señaló la diputada Sofía Guillén (Frente Amplio) al presentar un proyecto para derogar la norma actual. La Ley 9808 impide el pago de salarios a los huelguistas desde el inicio de la protesta (salvo que un juez declare la huelga legal a posteriori), limita las huelgas contra políticas públicas a un máximo de 48 horas y declara “manifiestamente ilegal” cualquier paralización en servicios considerados esenciales, sin una definición clara que cumpla con los criterios de la OIT.

A pesar de los intentos por revertir la situación en los tribunales, la Sala Constitucional (Sala IV) declaró sin lugar una acción de inconstitucionalidad presentada por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) en agosto de 2025, avalando la mayoría de los artículos impugnados de la ley. La diputada Guillén calificó la normativa vigente como una ley que “nació con un afán revanchista” tras las protestas contra la reforma fiscal y argumentó que “la huelga es un mecanismo legítimo de protesta y negociación que permite a los trabajadores exigir condiciones laborales justas”. Ahora, es la Sala Constitucional la que esté en entredicho al no respetar la libertad de huelga.

La OIT ya había recibido una reclamación formal contra Costa Rica por el incumplimiento de los Convenios 87, 98 y 135. Con esta nueva opinión consultiva de la CIJ —que reafirma “décadas de jurisprudencia”—, la comunidad internacional cuenta con una herramienta jurídica más sólida para presionar al país a armonizar sus leyes con los estándares globales. El comunicado que celebra el fallo concluye con una frase que resuena con fuerza entre los sindicatos costarricenses: “La democracia no puede existir sin libertad sindical. Y no hay libertad sindical plena sin el derecho de huelga”.

Recurso de amparo denuncia construcción de carretera sin pasos de fauna en zona protegida de Barva

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Proyecto vial en área de amortiguamiento del Parque Nacional Braulio Carrillo habría sido aprobado sin estudios ambientales integrales

El Colectivo de Ciudadanos de San Rafael de Heredia (CONCEVERDE) y personas defensoras ambientales presentaron un recurso de amparo ante la Sala Constitucional denunciando graves irregularidades ambientales y legales en la construcción de una carretera en Sacramento de Barva, Heredia, dentro de la zona inalienable protegida por la Ley 65 y en el área de amortiguamiento del Parque Nacional Braulio Carrillo.

El recurso, interpuesto por Isabel Arias Chavarría y José Francisco Alfaro Carvajal, cuestiona la actuación de la Municipalidad de Barva, el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), por permitir el avance de un proyecto vial sin estudios ambientales rigurosos y sin medidas esenciales para la protección de la fauna silvestre, como la construcción de pasos de fauna.

La Sala Constitucional acogió para estudio el recurso de amparo y ordenó solicitar informes al MINAE, SETENA y a la Municipalidad de Barva sobre los hechos denunciados.

La carretera se construye sobre un antiguo camino rústico de tierra que históricamente había mantenido baja intervención humana y tránsito reducido. Según la denuncia, el proyecto pretende transformar esa vía mediante asfaltado, ampliación y obras de infraestructura financiadas a través de un convenio entre el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y la Municipalidad de Barva.

Las personas recurrentes señalan que el proyecto se desarrolla dentro de una zona de protección absoluta creada por la Ley 65 de 1888, cuyo objetivo histórico ha sido proteger los bosques y las fuentes de agua que abastecen gran parte del Valle Central.

Además, el área funciona como corredor biológico y zona de amortiguamiento del Parque Nacional Braulio Carrillo, albergando especies como dantas, quetzales, pumas, ocelotes, monos carablanca, coyotes, colibríes y numerosas especies de reptiles y mamíferos silvestres.

A pesar de esta alta sensibilidad ecológica, la denuncia sostiene que SETENA clasificó el proyecto como de “bajo impacto ambiental”, permitiendo únicamente una evaluación simplificada y evitando exigir un Estudio de Impacto Ambiental completo.

Según el recurso, esto provocó la omisión de estudios fundamentales en biología, hidrogeología, amenazas naturales y arqueología, así como la ausencia de medidas de mitigación frente al incremento del tránsito vehicular y los atropellos de fauna.

Uno de los principales cuestionamientos del recurso es que el expediente ambiental no contempla la construcción de pasos de fauna ni infraestructura destinada a reducir la muerte de animales silvestres por atropellos.

Las personas denunciantes afirman que solicitaron información formal a la Municipalidad de Barva sobre la existencia y ubicación de estos pasos de fauna, pero no recibieron respuesta.

“La apertura de una carretera en un ecosistema frágil no es una simple modificación del paisaje. Implica fragmentación de hábitats, ruido, contaminación y presión permanente sobre especies silvestres indispensables para el equilibrio ambiental”, señala el recurso presentado ante la Sala IV.

También se denuncia que durante las obras se removió vegetación nativa y se amplió el camino sin contar -según alegan las personas recurrentes- con autorizaciones expresas del MINAE o SINAC para intervenir patrimonio natural del Estado.

El recurso cuestiona además el papel de SETENA y del MINAE, señalando una aparente flexibilización institucional en favor de intereses económicos y turísticos por encima de la protección ambiental. Según la denuncia, el procedimiento utilizado redujo el control ambiental a simples declaraciones juradas de cumplimiento, sin análisis científicos integrales ni consulta pública.

Las personas recurrentes sostienen que el Estado tiene la obligación de aplicar el principio de precaución en territorios de alta fragilidad ecológica y que la construcción de infraestructura vial en áreas protegidas debe garantizar previamente que no existirán daños irreversibles sobre los ecosistemas y los recursos hídricos.

Le invitamos a leer desde SURCOS el documento completo del recurso de amparo:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/05/0031-0007-237626170-0155-F.pdf

Colectivas feministas cuestionan impunidad legislativa en caso contra Fabricio Alvarado por hostigamiento sexual

Escrito en . Publicado en Equidad y derechos de la mujer.

Las organizaciones y colectivas feministas firmantes cuestionan el archivo del expediente legislativo 25.400 relacionado con la denuncia de hostigamiento sexual contra el exdiputado Fabricio Alvarado. El pronunciamiento sostiene que la Asamblea Legislativa incumplió sus responsabilidades institucionales al no concluir el procedimiento ni votar los informes elaborados, favoreciendo la impunidad en sede administrativa. Las agrupaciones exigen reformas reglamentarias, garantías efectivas para las denunciantes y mecanismos claros de sanción frente a la violencia de género en el ámbito legislativo. Seguidamente se transcribe el documento íntegro.

Comunicado abierto de organizaciones y colectivas feministas a las diputaciones de la República

Pronunciamiento

Archivo del expediente 25.400, investigación contra Fabricio Alvarado por denuncia de hostigamiento sexual

San José, Costa Rica, 19 de mayo de 2026.

Señoras y señores
Diputadas y diputados Asamblea Legislativa
Período 2026-2030

Estimadas señoras y señores:

Las organizaciones y colectivas feministas que trabajamos por los derechos humanos de las mujeres, no podemos guardar silencio ante los bochornosos hechos acontecidos en la Asamblea Legislativa que le ha fallado una y otra vez a una víctima de hostigamiento sexual, y que, al decir de otras mujeres, no es una situación nueva. Nos referimos al caso tramitado bajo el expediente 25.400 el cual fue archivado, por resolución de la Presidencia, el pasado 14 de mayo de 2026.

En primera instancia, expresamos nuestro reconocimiento a la valentía de la decisión tomada por la exdiputada Marulin Azofeifa de activar -por primera vez- los mecanismos institucionales dispuestos en el reglamento aprobado en el año 2021 para interponer una denuncia contra un diputado por hechos de acoso sexual. Denunciar en el propio órgano legislativo es un ejercicio de responsabilidad con la institucionalidad y con el derecho de las mujeres a participar en política libres de violencia.

El acoso sexual en nuestro país es una de las manifestaciones de la violencia de género que afecta diversos bienes jurídicos fundamentales, entre ellos la dignidad humana, la libertad, la autodeterminación sexual, la igualdad y la no discriminación, la integridad personal, psicológica y moral, así como el derecho a trabajar en ambientes libres de violencia y abuso de poder.

El hostigamiento sexual, tal como se define en la ley 7476 Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, 1995, ocurre en todos los ámbitos laborales y de docencia, pero es especialmente grave cuando los perpetradores se valen del poder jerárquico en un ámbito donde se ejerce el poder político en su expresión más cruda, con el rango que ostenta la Asamblea Legislativa. Aún más grave, si se suma a ello un liderazgo de carácter religioso porque las cosas se complican en demasía. Religión y política no es una mezcla aconsejable en las democracias modernas, precisamente por los abusos cometidos en el acontecer histórico.

En esta situación ha privado el contubernio religioso y político, que en perversa combinación se aliaron para no ser transparentes, ni correctos, a la hora de seguir con el debido proceso señalado por el reglamento interno y han preferido realizar alianzas protectoras para sus aliados, burlar la votación de los informes emitidos y tomar una decisión final, no una vez, sino dos veces, propiciando la impunidad al cierre de la anterior legislatura.

Al dejar archivar el expediente 25.400, no solo dejaron de lado la vida y el bienestar de la víctima, también dejaron de lado la responsabilidad moral que la vida en democracia exige a las y los legisladores. De qué sirven los reglamentos aprobados si son burlados mediante retorcidas componendas, cuando el incendio es dentro de la propia casa.

Y entonces todos los coros que se han levantado contra el Poder Judicial cambian rápidamente de discurso y dicen que para eso es el Poder Judicial. ¡Vaya incongruencia! Todo para no asumir la responsabilidad que corresponde.

Pero, ese argumento es además equívoco y genera confusión: la ciudadanía debemos tener claro que los hechos de hostigamiento sexual en el ámbito laboral por parte de un diputado al que se le hayan demostrado, – luego de un procedimiento interno disciplinario en sede legislativa-, conlleva la imposición de una sanción ética-política (amonestación ética pública). Esto se diferencia con el proceso penal que se lleva en los tribunales de justicia por delitos de violencia y abuso sexual y que conlleva una sanción de prisión en caso de demostrarse la culpabilidad. Son dos procesos de diferente naturaleza jurídica no excluyentes. La Asamblea Legislativa, al no someter a votación los informes y archivar el expediente, no cumplió con el objetivo dispuesto en su propio reglamento de garantizar a las víctimas su derecho a denunciar y de sancionar el hostigamiento sexual por parte de diputadas o diputados. En su lugar, el resultado fue impunidad (en sede administrativa) a favor de un diputado de la República.

¿Qué sentido tiene la paridad política si las mujeres no cuentan con garantías reales frente a la violencia? La credibilidad depende de la capacidad de responder, aunque el caso resulte incómodo.

A lo anterior sumamos que no hubo unanimidad en los dos criterios legales emitidos sobre las potestades parlamentarias para continuar o no con el conocimiento del expediente y que privó la opacidad al no haberse dado traslado al plenario el expediente previo al archivo.

Criterios alternos fueron los emitidos por la Defensoría de los Habitantes de la República y por la misma Asesoría Legal, que debieron ser sometidos a debate y discusión pública en el plenario, pero eso no fue lo que ocurrió, discusiones relevantes que la ciudadanía merecíamos conocer, sobre la naturaleza de este procedimiento y la ausencia de una norma expresa que estableciera el archivo automático, entre otros.

Petición a las diputaciones:

  1. Asumir su compromiso político en garantizar, sin excepción alguna, el derecho de las mujeres víctimas denunciantes de acoso sexual en la Asamblea Legislativa a un mecanismo efectivo que proteja el derecho a una vida libre de violencia en el ámbito legislativo, de conformidad con lo dispuesto en las Convenciones CEDAW y Belem de Pará, así como en la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia y en los reglamentos internos de la Asamblea en esta materia.

  2. Abrir un debate reglado sobre la base de este expediente para que se aborde en el plenario los procedimientos y obligaciones de la Asamblea Legislativa en la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual, así como los vacíos que se evidenciaron en el caso para generar los acuerdos políticos dirigidos a identificar las reformas que deben hacer al Reglamento contra el Hostigamiento Sexual en la Asamblea Legislativa para diputados y diputadas que garantice la conclusión del procedimiento; se establezca la responsabilidad de las diputaciones que obstaculizan los procedimientos; se defina la responsabilidad cuando la persona denunciada ya no ejerza el cargo de diputado, entre otros.

  3. Garantizar la transversalización en todas las etapas de procedimiento del enfoque de género; las garantías de derechos humanos y en especial, la garantía de justicia pronta y cumplida según los mandatos internacionales y constitucionales.

  4. Fortalecer las medidas de protección, de no revictimización y de reparación para las personas denunciantes, en cumplimiento de la debida diligencia en materia de derechos humanos.

Atentamente,

Yolanda Bertozzi
Cédula 103990589
cr.feministasenresistencia@gmail.com

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  84. Paola Valverde Cisneros

  85. Paula Siles Iong

  86. Randall Murillo Barrios

  87. Raquel Berrocal Sibaja

  88. Rodrigo Jiménez Sandoval

  89. Roger Chaves

  90. Rosa Esmeralda Herrera

  91. Sadhi Bogantes Zúñiga

  92. Samantha Vega Sánchez

  93. Sharo Rosales Arce

  94. Sigrid Lahmann Zeledón

  95. Silvia Marcela Calvo Corea

  96. Silvia Regina de Lima Silva

  97. Stella Chinchilla Mora

  98. Silvia Muñoz Mata

  99. Tatiana Chaverri Rodríguez

  100. Teresita Ramellini Centella

  101. Tiryth María Vindas Campos

  102. Vianey Madrigal Soto

  103. Vicenç Ornaque Lucea

  104. Virginia Vargas Acosta

  105. Vivian Solís Espinoza

  106. Viviana Machado Barquero

  107. Viviana Rovira Maruri

  108. Xavier Sánchez Aguilar

  109. Xenia Bolaños Chavarría

  110. Yamileth Torres Delgado

  111. Yara Hernández Rojas

Organizaciones:

  1. Feministas en Resistencia

  2. Detrás del Arcoíris

  3. Colectiva Me Pasó en la UCR

  4. Escuelita Hormiga de Estudios Libres

  5. Fundación PANIAMOR

  6. Menú Asesorías

  7. Somos Fuego CR

  8. Colectiva Guanadefensoras

  9. Red de Mujeres Costeras y Rurales de Costa Rica

  10. ASOPAM Una oportunidad para ti mujer

  11. Unidos por la CCSS

  12. DEI

  13. Colectiva Profesionales para la Ciudadanía

  14. Movimiento Valientes de Costa Rica

  15. Frente Nacional de Lucha

  16. Familia Penitenciaria Unida

  17. Asociación Transvida

  18. Centro de Amigos para la Paz

  19. Colectiva LesboFeminista Irreversibles

  20. Fundación Justicia y Genero

  21. CENDEROS

  22. JoseSo (Podcaster)

  23. Feministas Picos Rojos CR

  24. Foro de Mujeres Políticas por Costa Rica

  25. Alianza de Mujeres Costarricenses

  26. Mujeres por Costa Rica

  27. Grupo CEDAW Costa Rica

  28. Observatorio medios de comunicación y género, GEMA

  29. Asociación de Trabajadoras Domésticas (ASTRADOMES)

  30. Iglesia Episcopal Libre de Costa Rica

  31. Colectiva Coexistir

  32. Voces de Fe contra la Violencia de Género

  33. Mujeres de Fe organizadas contra el Femicidio

  34. Red Ecuménica de Lectura Popular de la Biblia-Costa Rica

  35. Movimiento Reflexión en Acción-Costa Rica

  36. Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres

  37. Secretaría de las Mujeres Frente Amplio

  38. Plataforma Mujeres lideresas fuertes y unidad en acción

  39. Unidas Talamanca

  40. Asociación para el mejoramiento y la calidad de vida de trabajadoras sexuales de Costa Rica (La Sala)

  41. MUSADE

  42. Las Guetas

  43. Red por los derechos de las mujeres

  44. Acción Feminista

  45. Asociación Feminista La Corriente

  46. Coalición Feminista

  47. Colectiva Talamanca Unida y Diversa

  48. Jóvenes lideresas, plataforma de lideresas de la municipalidad de San Carlos

  49. Movimiento Atardeceres

  50. Núcleo de Investigación y Acción en Psicología y violencia

  51. Organización Colectiva Feminista

  52. Térraba Brörán

Dio inicio el Festival Grito por la Paz

Escrito en . Publicado en Lucha Cultural.

Édison Valverde Araya

La primera actividad dedicada a la Paz se realizó en la Biblioteca Municipal Emma Gamboa de Paso Ancho, el 21 de mayo 2026, con la participación del personal de la biblioteca, madres de familia, niños y miembros de la Comunidad Paso Ancho Buen Vivir.

Los adultos firmaron la Carta por la Paz y los niños con sus manitas llenas de pinturas de colores, firmaron el Árbol de la Paz.

El Festival se extenderá por 25 comunidades del país, en los próximos meses.

Personas, organizaciones y comunidades interesadas en sumarse al Grito por la Paz pueden inscribirse a más tardar el 31 de mayo; para ello deben comunicarse con el colectivo “Buen Vivir” mediante sus redes.

Le invitamos a ver detalles de la actividad en los siguientes videos:

Soluciones ante el calentamiento global derivado de la crisis civilizatoria

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

Como ya se ha advertido en los capítulos anteriores, la crisis climática contemporánea no constituye un fenómeno aislado ni una simple alteración temporal de las condiciones atmosféricas. Se trata de una transformación sistémica que compromete simultáneamente la estabilidad ecológica, la economía mundial, la producción alimentaria, la disponibilidad de agua, las migraciones humanas y la gobernabilidad política. Por ello, las soluciones no pueden ser parciales ni fragmentarias. Frente a un problema de naturaleza global, las respuestas deben ser igualmente globales, articuladas y sostenidas en el tiempo.

El calentamiento global posee un carácter esencialmente antropocéntrico. Aunque la historia geológica del planeta ha conocido variaciones climáticas naturales, la aceleración actual de la temperatura terrestre está directamente vinculada con la actividad humana desarrollada desde la Revolución Industrial. La expansión ilimitada de la producción, el uso masivo de combustibles fósiles, la deforestación, la destrucción de ecosistemas y los patrones de consumo intensivo han alterado el equilibrio climático del planeta a una velocidad desconocida en la historia reciente de la Tierra.

En consecuencia, las soluciones deben dirigirse a transformar las estructuras económicas, energéticas y culturales creadas por la propia humanidad. No basta con reducir algunos daños ambientales: es indispensable modificar las lógicas que los producen.

Uno de los principales factores del calentamiento global es la emisión de gases de efecto invernadero derivados de la extracción, transporte y consumo de hidrocarburos. El petróleo, el carbón y el gas natural continúan siendo la base energética de gran parte de la economía mundial. Esta dependencia energética ha permitido un extraordinario desarrollo industrial y tecnológico, pero al mismo tiempo ha generado una acumulación de dióxido de carbono y metano incompatible con la estabilidad climática del planeta.

Por ello, una de las tareas fundamentales de este siglo consiste en sustituir progresivamente la matriz energética basada en combustibles fósiles por energías renovables y menos contaminantes. La expansión de la energía solar, eólica, geotérmica, mareomotriz e hidráulica constituye un paso imprescindible para disminuir las emisiones globales. Sin embargo, esta transición energética no puede reducirse únicamente a un cambio tecnológico. Requiere enormes inversiones públicas, cooperación internacional y mecanismos de financiamiento que permitan a los países más pobres acceder a tecnologías limpias sin sacrificar sus posibilidades de desarrollo.

Además, la transición ecológica debe evitar reproducir nuevas formas de desigualdad. En ocasiones, ciertas economías industrializadas trasladan a los países periféricos los costos ambientales de la extracción de minerales estratégicos necesarios para las nuevas tecnologías verdes. La solución climática no puede construirse sobre nuevas formas de explotación humana y destrucción ecológica.

La crisis climática también revela los límites históricos de un modelo económico basado en el crecimiento ilimitado dentro de un planeta finito. Durante décadas, el éxito económico fue identificado casi exclusivamente con el aumento constante de la producción y de la inducción de patrones de consumo superfluos. Sin embargo, una economía sustentada en la expansión incesante del mercado y en el consumismo voraz permanente termina chocando inevitablemente con los límites ecológicos de la Tierra.

La contradicción es evidente: un sistema que necesita crecer infinitamente opera dentro de un mundo cuyos recursos naturales son limitados. De ahí que el problema climático no sea solamente energético, sino también civilizatorio.

Las soluciones deben orientarse hacia la construcción de una economía humanista y solidaria, sostenible y sustentable para las generaciones de hoy y las de mañana, donde la prioridad no sea únicamente la acumulación de riqueza, sino el bienestar colectivo, la equidad social y la preservación de la vida. Ello implica redefinir las nociones de progreso y desarrollo. El crecimiento económico carece de legitimidad cuando destruye ecosistemas, profundiza desigualdades y compromete las condiciones de existencia de las futuras generaciones.

En este sentido, una mejor distribución de la riqueza socialmente producida constituye también una política climática. Las sociedades profundamente desiguales suelen presentar mayores niveles de deterioro ambiental, porque amplios sectores de la población quedan excluidos de condiciones dignas de vida y sobreviven en medio de dinámicas de explotación y expoliación, así como del uso intensivo de los recursos naturales, más allá de lo que el planeta es capaz de proveer. Por ende, la lucha contra la pobreza y la desigualdad no es ajena a la lucha climática: ambas forman parte del mismo desafío histórico.

La complejidad del calentamiento global obliga asimismo a abandonar explicaciones simplistas. Los factores que originan la crisis climática son múltiples y están profundamente interrelacionados: energía, transporte, urbanización, agricultura industrial, deforestación, patrones culturales de consumo, concentración de riqueza, políticas públicas devienen completamente insuficientes, porque están basadas en formas de competencia voraz y desigual entre naciones y al interior de cada una de ellas; por eso mismo, este sistema fragmentado y fragmentario sabotea cualquier modelo de gobernanza, tanto internacional como al interior de cada sociedad, porque aplaca y desprecia la participación societal.

Frente a la complejidad, la falta de colaboración y la fragmentación de las sociedades, las soluciones deben apoyarse en enfoques inter y multidisciplinarios. Ninguna disciplina científica, por sí sola, puede resolver un problema de semejante magnitud. La ecología, la climatología deben dialogar permanentemente con la economía, la sociología, la ingeniería, la biología, la oceanografía, la agronomía, la ética y las ciencias políticas y sociales en general. Del mismo modo, el conocimiento científico necesita complementarse con saberes comunitarios e indígenas que históricamente hubiesen desarrollado formas más equilibradas de relación con la naturaleza.

El calentamiento global exige una nueva cultura de cooperación entre conocimientos, instituciones y sociedades.

Entre las políticas más urgentes destaca la necesidad de aumentar la captura y almacenamiento de carbono tanto en los ecosistemas terrestres como en los océanos. Los bosques, humedales, manglares, suelos agrícolas y ecosistemas marinos desempeñan un papel esencial como sumideros naturales de carbono. La destrucción de estos sistemas acelera la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera.

De ahí la importancia de impulsar vastos programas de reforestación y restauración ecológica, particularmente en regiones tropicales severamente afectadas por la deforestación. Sin embargo, no se trata simplemente de sembrar árboles de manera indiscriminada, sino de recuperar ecosistemas completos capaces de regenerar biodiversidad, proteger fuentes de agua y estabilizar suelos.

Igualmente, relevante es la protección de los océanos. Durante décadas, los mares han absorbido una parte significativa del exceso de calor y dióxido de carbono generado por las actividades humanas. Pero esta función tiene límites. La acidificación oceánica, el aumento de temperatura y la contaminación por plásticos y petróleo amenazan gravemente los ecosistemas marinos. La recuperación de manglares, pastos marinos y arrecifes coralinos puede contribuir significativamente a la fijación de carbono y a la protección costera frente a fenómenos climáticos extremos.

Otro eje fundamental consiste en transformar las ciudades y las formas de vida urbana. Actualmente, gran parte de las emisiones globales proviene de modelos urbanos dependientes del automóvil privado, del consumo energético excesivo y de una expansión desordenada del territorio. Las ciudades del futuro deberán priorizar el transporte público limpio, la movilidad peatonal y la ciclística, la eficiencia energética de las edificaciones y una planificación urbana orientada hacia la sostenibilidad.

Las guerras deben desaparecer de la faz de la tierra. El ser humano de todos los países debe ser capaz de encontrar mecanismos pacíficos para resolver sus conflictos y diferencias. Las dos guerras mundiales del siglo XX, más otras guerras regionales en el mismo siglo y en el actual, han dejado como herencia muertes por millones, desolación y más envenenamiento de la atmósfera de la tierra, mediante el uso de armas atómicas y otras de menor rango, pero letales también. Entre muertos y desaparecidos se cuentan no solamente los combatientes en los escenarios bélicos, sino también millones de niños inocentes, adultos mayores, mujeres abandonadas y personas con discapacidad. La humanidad debe sobreponerse a toda esa herencia y luchar cotidianamente por un mudo en el que predomine la paz y la capacidad de negociar soluciones pacíficas a sus diferencias. Esta es parte fundamental de la lucha por una nueva civilización en medio del caos generado por la crisis climática.

Nunca será suficiente insistir en que ninguna transformación será suficiente sin una profunda participación de una ciudadanía cada vez más educada en la protección de la naturaleza, de los ecosistemas, en una palabra, de la vida. La lucha contra el calentamiento global no puede quedar exclusivamente en manos de gobiernos, organismos internacionales o grandes corporaciones, que hasta el momento no atinan a encontrar una ruta segura que logre soluciones seguras para mitigar el cambio climático. Requiere, además, de sociedades activas, informadas y capaces de construir nuevas prácticas cotidianas.

Es crucial promover comunidades ecológicas y eco sustentables basadas en la participación democrática, la producción local, el consumo responsable y la solidaridad social. La educación ambiental desempeña aquí un papel decisivo. No se trata únicamente de transmitir información científica, sino de desarrollar una nueva conciencia ética sobre la relación entre humanidad y naturaleza.

Las transformaciones culturales son tan importantes como las tecnológicas. Una civilización organizada alrededor del hiperconsumo superfluo difícilmente podrá resolver una crisis derivada precisamente del exceso de consumo y la explotación. El desafío climático implica también revisar estilos de vida, redefinir necesidades y reconstruir vínculos comunitarios debilitados por décadas de individualismo extremo.

Por otra parte, la dimensión internacional del problema exige fortalecer los mecanismos de cooperación global. Ningún país, por poderoso que sea, puede resolver aisladamente la crisis climática. Las emisiones producidas en una región afectan al conjunto del planeta. De ahí la necesidad de acuerdos multilaterales vinculantes, financiamiento climático para los países más vulnerables y responsabilidades diferenciadas entre naciones industrializadas y países en desarrollo.

La justicia climática constituye un principio esencial. Las sociedades que históricamente más contribuyeron a las emisiones globales poseen una responsabilidad mayor en la financiación de soluciones y en la transferencia de tecnologías limpias. Resultaría éticamente inadmisible exigir iguales sacrificios a países pobres cuya contribución histórica al calentamiento ha sido mucho menor.

Finalmente, toda solución climática auténtica exige recuperar una visión ética de la relación entre humanidad y naturaleza. Durante siglos predominó una concepción basada en la dominación ilimitada del entorno natural. La naturaleza fue reducida a mera fuente de recursos disponibles para la explotación económica. La crisis actual demuestra los límites y peligros de esa visión.

La humanidad necesita reconstruir una relación más equilibrada con el planeta que habita. No se trata de renunciar al progreso científico ni tecnológico, sino de orientarlo hacia la preservación de la vida y el bienestar colectivo. El desafío del siglo XXI consiste precisamente en compatibilizar desarrollo humano, justicia social y sostenibilidad ecológica.

La lucha contra el calentamiento global no representa únicamente una tarea ambiental. Constituye una disputa por el tipo de civilización que la humanidad desea construir. De las decisiones tomadas en las próximas décadas dependerá no solo la estabilidad climática del planeta, sino también la posibilidad de una convivencia más justa, solidaria y sostenible entre los seres humanos y la naturaleza.

Del altar a la tribuna política: las nuevas relaciones iglesia-Estado en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Dr. Fernando Villalobos Chacón*

Durante buena parte de los siglos XVIII, XIX y la primera mitad del siglo XX, cuando en Costa Rica se hablaba de las relaciones Iglesia-Estado, el concepto remitía exclusivamente al vínculo entre el Estado costarricense y la Iglesia católica. No podía ser de otra manera. La religión católica constituía no solo la fe mayoritaria de la población, sino también el eje espiritual y cultural sobre el cual descansaba buena parte de la vida pública nacional. Desde la colonia hasta bien entrado el siglo XX, la Iglesia católica ejerció una influencia determinante en la educación, la moral pública, los rituales cívicos y la legitimación simbólica del poder político.

La Constitución Política de Costa Rica reconoció históricamente a la religión católica como la religión oficial del Estado, condición que aún conserva en el artículo 75 constitucional. Sin embargo, las relaciones entre ambas instituciones nunca estuvieron exentas de tensiones. La historia política costarricense del siglo XIX estuvo marcada por múltiples episodios de conflicto entre los gobiernos liberales y la jerarquía eclesiástica. La secularización de los cementerios, la creación del Registro Civil, la laicización de la educación pública y las vacantes episcopales producto de disputas políticas evidenciaron una relación compleja, marcada por momentos de acercamiento, ruptura y negociación permanente.

A mediados del siglo XIX el presidente Juan Rafael Mora Porras abolió el cobro del diezmo y desató un agrio enfrentamiento con el obispo Anselmo Llorente y la Fuente, que desencadenó en su expulsión del país en 1858. Posteriormente la llamada era liberal del último tercio del siglo XIX impulsó reformas orientadas a disminuir la influencia eclesiástica sobre la vida pública. El Estado buscó consolidar su autoridad administrativa y política mediante instituciones civiles independientes de la tutela religiosa. Aquellos conflictos no fueron exclusivos de Costa Rica; respondían a un fenómeno latinoamericano más amplio en el cual los proyectos liberales intentaban modernizar las estructuras estatales y redefinir los límites del poder clerical.

Dentro de ese contexto histórico también surgieron restricciones a la participación política directa del clero católico. La Constitución de 1949 estableció limitaciones para que sacerdotes ocuparan cargos de elección popular, procurando evitar que la autoridad religiosa se confundiera con la autoridad política. Tales disposiciones estaban claramente pensadas para el clero católico, pues en aquella época las iglesias protestantes tenían una presencia mínima en el país y carecían de peso electoral significativo.

No obstante, el panorama religioso costarricense comenzó a transformarse aceleradamente durante el último cuarto del siglo XX. El crecimiento de las iglesias evangélicas y protestantes modificó profundamente el mapa de las creencias religiosas tanto en Costa Rica como en América Latina. El antiguo monopolio cultural del catolicismo empezó a ceder terreno frente a una diversidad creciente de expresiones cristianas, especialmente pentecostales y neopentecostales, que encontraron gran receptividad en amplios sectores sociales.

Así, el concepto tradicional de relaciones Iglesia-Estado dejó de referirse únicamente al vínculo entre el Estado y la Iglesia católica para ampliarse hacia una interacción más compleja entre el aparato estatal y múltiples iglesias de orientación cristiana (judeo-cristiana). La pluralidad religiosa pasó a convertirse en un elemento central del debate político contemporáneo.

El avance del protestantismo en América Latina ha sido notable. Países como Brasil, Guatemala, Honduras, Colombia y El Salvador muestran hoy porcentajes muy elevados de población evangélica, con una incidencia creciente en la vida electoral y parlamentaria. Costa Rica no ha sido la excepción. Aunque el catolicismo continúa siendo la religión mayoritaria, el crecimiento de otras confesiones cristianas ha reducido considerablemente la hegemonía religiosa que mantuvo durante siglos.

En el caso costarricense, las iglesias evangélicas han logrado construir estructuras organizativas con gran capacidad de movilización política y social. Algunas operan como microempresas, otras como empresas y algunas como verdaderas corporaciones. Las hay de capital nacional, algunas de corte familiar, otras tipo cooperativa y también algunas operan como transnacionales y responden a organizaciones con presencia en varios países bajo la figura de filiales, similar a una franquicia.

A diferencia del clero católico, las limitaciones constitucionales históricas no alcanzaron de igual forma a los liderazgos protestantes, situación que facilitó la aparición de partidos políticos vinculados a sectores evangélicos conservadores. Estas agrupaciones alcanzaron representación legislativa significativa y llegaron incluso a presidir en dos ocasiones la Asamblea Legislativa.

Uno de los momentos más representativos de este fenómeno ocurrió en las elecciones presidenciales del año 2018, cuando un partido de fuerte inspiración evangélica logró avanzar hasta la segunda ronda electoral, evidenciando la capacidad de este sector para disputar espacios de poder nacional. En distintos momentos, estas fuerzas alcanzaron hasta nueve diputados, consolidando un protagonismo político impensable décadas atrás.

En las recientes elecciones nacionales de 2026, la representación política vinculada a sectores protestantes conservadores pareció insertarse de manera más directa dentro del partido oficialista triunfador, reflejando nuevas formas de articulación entre religión y poder político. Este fenómeno confirma que las dinámicas religiosas continúan influyendo de manera relevante en la configuración electoral costarricense.

Pero Costa Rica no constituye un caso aislado. En Brasil, por ejemplo, el voto evangélico ha resultado decisivo en varios procesos presidenciales recientes y en la integración del Congreso Nacional. En Honduras, Guatemala y El Salvador, sectores protestantes han logrado una influencia considerable dentro de las estructuras gubernamentales. En Colombia también se observa una creciente capacidad de incidencia electoral de las iglesias cristianas no católicas.

Desde el punto de vista ideológico, el panorama latinoamericano revela interesantes contrastes. Históricamente, parte del clero católico ha mostrado mayor afinidad con discursos sociales cercanos a posiciones progresistas o de izquierda, especialmente a partir de la influencia de corrientes como la doctrina social de la Iglesia y, en algunos momentos, la teología de la liberación. Sin embargo, ello no significa necesariamente que los votantes católicos reproduzcan electoralmente esas orientaciones.

Por otra parte, amplios sectores del protestantismo latinoamericano han desarrollado discursos conservadores en materias éticas, familiares y culturales, generando afinidades más cercanas con partidos y movimientos de derecha. En Costa Rica, durante las elecciones presidenciales de 2022 y 2026, el voto evangélico mostró importantes inclinaciones hacia candidaturas identificadas con posiciones conservadoras, fenómeno similar al observado en otros países latinoamericanos.

Las relaciones entre Iglesia y Estado, por tanto, continúan atravesando procesos dinámicos de adaptación. Ya no se trata únicamente de la antigua tensión entre liberalismo y catolicismo que caracterizó el siglo XIX, sino de una realidad mucho más diversa, donde distintos credos religiosos buscan espacios de influencia dentro de sociedades democráticas cada vez más plurales.

A lo largo de la historia costarricense, estas relaciones han transitado por etapas de conflicto, acercamiento, cooperación y distanciamiento. Han existido momentos de abierta confrontación y también períodos de convivencia armónica. Como ocurre con muchos procesos históricos, la relación entre religión y política rara vez permanece estática; evoluciona según las transformaciones culturales, electorales y sociales de cada época.

En la actualidad, pareciera que sectores del protestantismo político disfrutan de una etapa de cercanía con el poder gubernamental y mantienen afinidades ideológicas con corrientes conservadoras latinoamericanas, mientras muestran mayor distancia frente a proyectos políticos de izquierda. Sin embargo, la historia enseña que las alianzas entre religión y política suelen ser cambiantes y responden a circunstancias específicas de cada coyuntura nacional.

Costa Rica continúa siendo un laboratorio particularmente interesante para observar la evolución de las relaciones Iglesia-Estado en América Latina. La convivencia entre tradición católica, crecimiento evangélico y pluralidad democrática plantea desafíos inéditos para el sistema político y para la propia cultura nacional.

Al final, la historia demuestra que ni las alianzas políticas son eternas ni las hegemonías religiosas permanecen intactas para siempre. Como un péndulo que oscila entre acercamientos y distancias, la relación entre Iglesia y Estado seguirá transformándose conforme cambien las sensibilidades sociales, los liderazgos políticos y las creencias de la ciudadanía. El tiempo dirá cuánto perduran las actuales convergencias y qué nuevas configuraciones surgirán en el futuro de la democracia costarricense.

Historiador y especialista en Geopolítica Internacional:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/05/FERNANDO-VILLALOBOS-CHACON-2026-5.pdf