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Autor: María José Ferlini Cartín

Bloque Opositor Político o Alianza Política Opositora

Vladimir de la Cruz

En el lenguaje político de estos días de mayo han surgido las imágenes de un Bloque Opositor Político o una Alianza Política Opositora, para referirse a los 26 diputados de los partidos políticos que no representan al Gobierno, que literalmente son el alter ego político de los 31 diputados del Partido Pueblo Soberano.

Este grupo de diputados opositores, así reconocidos, representan 4 partidos, dos diputados de una manera unipersonal, el Frente Amplio con 7 y Liberación Nacional con 17. Estos hicieron un documento al que le dieron publicidad de unidad de propósitos parlamentarios, presentándose como un sector organizado, de oposición política contra el oficialismo, es decir contra los diputados que representan los intereses del gobierno de Laura Fernández.

El concepto de Bloque me gusta más para su identificación si lo consideramos como agrupación de partidos o de legisladores, que se unen temporal o permanentemente para actuar de manera conjunta, para defender intereses comunes y para tratar de alcanzar objetivos políticos en los cuales estén de acuerdo en lograrlos. Hasta ahora en los pocos días de trabajo parlamentario los diputados de este Bloque no han dado la sensación de Bloque, han intervenido con la individualidad de cada uno y con la individualidad política que cada uno tiene partidariamente. No se perciben todavía acciones que respondan a la práctica política unitaria que debería ser percibida. Todavía no se sienten como una unidad política para negociar leyes, para integrar las comisiones del Congreso, a las cuales tienen derecho de participar. En este caso, de las comisiones, les han impuesto las comisiones siguiendo el lineamiento que había señalado el entonces presidente Chaves, de ubicarlos en las comisiones menos importantes o trascendentes del trabajo legislativo. Esto, a pesar de que con la mayoría parlamentaria que el oficialismo tiene pueden aplastar numéricamente en cada comisión para aprobar lo que quieran.

En el caso del Frente Amplio y de Liberación Nacional por el número de diputados que tienen, de conformidad con el Reglamento Legislativo, deben tomarlos en cuenta y atender sus peticiones de integrar o de participar en las comisiones que ellos quieran trabajar.

En la práctica del llamado Bloque Opositor lo que hay son cuatro partidos, hasta ahora cada uno tratando de ir definiendo sus propios pasos y tratando de destacar su identidad. No se siente, repito, políticas o proyectos que sean del “Bloque”, que permitan ir amarrando más y de mejor manera la acción conjunta de estos 26 diputados. Es entendible que haya diversidad de opiniones, por partidos o por diputados, pero sobre esa diversidad de opiniones, lo que debe de haber es la unidad de acción parlamentaria.

Los Bloques políticos a veces tienen afinidad política, de ideas políticas, de doctrinas políticas. Cuando así actúan es mejor, por la mayor coincidencia que puedan tener. Si no es por afinidad política, tiene que ser por lo que definan apoyar como grupo, como Bloque, por la unidad de acción que requieren.

Hasta ahora no han presentado proyectos de ley que respondan al Bloque, al esfuerzo colectivo del trabajo unitario de estos cuatro partidos políticos.

La Alianza política es simplemente la unidad en la acción concreta ante un Proyecto de Ley determinado, lo cual tampoco en este momento se aprecia que pueda estar ocurriendo con estos cuatro partidos políticos que no son el partido Pueblo Soberano.

Electoralmente conocemos las Coaliciones y las Fusiones partidarias. Los cuatro partidos representados en la Asamblea Legislativa, frente a Pueblo Soberano, no son en sí mismos una Coalición ni una Fusión.

Uno de ellos, si es una coalición partidaria, resultante de la unión en las elecciones de dos partidos, que lograron elegir a una diputada. Esta diputada sí habla a nombre de la Coalición que la logró elegir. Eso me parece muy bueno, muy honesto de parte de ella, y corresponde a dar la imagen de que ella representa a esos dos partidos.

Las coaliciones son partidos integrados en uno solo. El Bloque Opositor, como llaman a veces a estos cuatro partidos, a Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana, el Frente Amplio y la Coalición Agenda Ciudadana, por sí no es una coalición. Tiene más de alianza para la ocasión que de coalición de lucha política. Son la suma de fuerzas para actuar legislativamente y distinguirse de las acciones legislativas que el gobierno impulsa con Pueblo Soberano, si se trata de distinguirse de ese partido.

También, es importante señalarlo, iniciativas políticas, proyectos de ley propuestos por Pueblo Soberano, que sean dignos de apoyarlos hay que hacerlo.

Con la mayoría parlamentaria que hay, de mujeres diputadas, es inconcebible que no se haya articulado una agenda de proyectos de ley en beneficio de las mujeres costarricenses. Se deberían articular estos proyectos, con el apoyo de las organizaciones de mujeres existentes en el país, y con movilizaciones para aprobarlas. Tengo claro que en esa perspectiva de proyectos por la mujer pueden no estar todas de acuerdo, ni todos los partidos, pero hay que buscar en lo que están todos y todas de acuerdo para aprobar como Leyes de la República.

Por ahora, el Bloque Opositor o la Alianza Opositora suena bien, pero pareciera que les falta contenido a estos conceptos. Hay que darles contenido político a los conceptos en la práctica parlamentaria.

Hay que darle una agenda común a este Bloque Opositor de manera concreta. Esta es la tarea de los partidos que allí están representados, de sus dirigentes, y a falta de ellos, de los propios diputados, si realmente se quiere construir esa fuerza opositora, en capacidad de defender la democracia nacional frente al desafío de avanzar hacia el autoritarismo político, el despotismo institucional, la dictadura, la tiranía, el militarismo gobernante o el cause fascista en el desarrollo nacional.

El nuevo referendo de Chaves

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

¡A como haya lugar!, con cualquier pretexto, como su objetivo de «ministro de Propaganda«, Rodrigo Chaves convocará desde Zapote y su mayoría parlamentaria un referendo que no requerirá colectar firmas.

Sin embargo, se conoce que serán muy escasas las probabilidades de tramitar en dicho nuevo referendo, proyectos que requerirían 38 votos legislativos ya que no podrían aprobarse, independientemente de la votación, si menos de 1,4 millones de votantes conformaren el quórum mínimo de ley.

Así, sin nuestra ayuda (¡de los que nos quedaríamos en casita!), o sea el voto de los reunidos alrededor del bloque democrático, que inteligentemente no le ayudaríamos acudiendo a las urnas, el tal referendo sería un gasto inútil de tiempo, esfuerzo y recursos millonarios, si quizá, a diferencia del anterior intento, no fuere un proyecto tan mal redactado.

No nos podemos engañar que al ministro Chaves lo único que le interesa es hacer campaña con recursos públicos, con la intención de alterar con sus discursos vulgares, la gestión política de los tres poderes del Estado, pues es sabido que a él le importa un pito la estabilidad del Estado, ni le desvela descalabrar la gestión gubernamental de una presidenta incapaz de decirle no, a quien es evidente manda en Casa Presidencial.

En fin, aunque ni con el 100 % de los votos sumados a la elección de Laura Fernández, Chaves podría alcanzar un resultado válido, pues le faltarían unos 400.000 votos, si ha de saber, que muchos ciudadanos costarricenses, de alma democrática, le enfrentaríamos en su campaña por fuera del domo y en las poblaciones urbano-marginales, para que los miles de engañados, ahora desilusionados, lo vayan conociendo mejor.

Laura Fernández en el banquillo: El peligro del populismo efectista y las cortinas de humo

Por JoseSo (José Solano-Saborío) / Entre Verdades y Opiniones

La reciente escena protagonizada por la presidenta Laura Fernández frente al magistrado Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia, está lejos de ser un simple exabrupto. Es, por el contrario, una pieza fríamente calculada dentro del engranaje de un estilo político heredado de su mentor, Rodrigo Chaves. Es un libreto grotesco que prioriza el espectáculo y la humillación pública por encima del debate de altura y el respeto institucional.

Interpelar públicamente a un magistrado por sus 37 años de carrera, reduciendo su trayectoria a la insinuación malintencionada de “cargos vitalicios” y supuestos “favores políticos”, para luego coronar el ataque comparando ese tiempo de servicio con sus propios 39 años de vida, es un acto de manipulación efectista. Es, además, una comparación peligrosamente descontextualizada, más de alguien que tiene la mitad de sus 39 años de vida viviendo del erario público como funcionaria de gobierno en puestos de confianza y ministeriales. Sin mencionar que su mentor —sin cotizar para ello— es hoy un ex presidente pensionado de lujo y con doble sueldo de ministro.

Es imperativo establecer la línea divisoria que el discurso oficialista intenta borrar: la abismal diferencia entre un cargo político-administrativo y la magistratura judicial. Los puestos políticos son, por naturaleza, transitorios; responden al vaivén de la voluntad popular, a la coyuntura electoral y a la necesidad de alternancia en el poder. Cualquiera con el respaldo de los votos puede ocuparlos.

Sin embargo, la labor de un juez supremo es de una naturaleza completamente distinta. Su responsabilidad central es la generación de jurisprudencia, la interpretación de la norma y la protección del orden constitucional. Para ejercer un cargo técnico-jurídico de esta magnitud no basta el carisma ni el verbo encendido; se requiere una vida entera de estudio, madurez académica y una experiencia que solo otorgan las décadas de análisis profundo. En las democracias más sólidas del mundo, la longevidad y la estabilidad de los jueces no son vistas como un “abuso”, sino como la mayor garantía de independencia frente a las presiones efímeras de los políticos de turno.

Al ignorar estas diferencias fundamentales, la señora presidenta peca de lanzar una ofensa injuriosa. Su objetivo no es promover una reforma institucional seria, sino ejecutar un acto populista diseñado a la medida de sus acólitos. Es un discurso estridente que alimenta a quienes disfrutan del insulto y la degradación de la autoridad, funcionando como el antídoto perfecto para aliviar la disonancia cognitiva de sus seguidores más ciegos.

Pero, como en todo truco de ilusionismo político, lo que importa no es la mano que se agita, sino lo que se esconde detrás. Este acto vil y desconsiderado hacia el jerarca de uno de los Poderes de la República es, en realidad, un distractor de manual.

Es la cortina de humo perfecta, lanzada estratégicamente en el rostro de la ciudadanía, para hacer olvidar a la masa enajenada el verdadero elefante en la habitación: su mentira sobre el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP). Mientras el país se enfrasca en discutir la edad de la mandataria frente a los años de servicio del magistrado, el debate sobre el futuro de los ahorros y las pensiones de los costarricenses queda convenientemente relegado al olvido.

Gobernar a base de humillaciones y espectáculos para tapar las propias falsedades es un juego peligroso. Costa Rica no necesita líderes que incendien la institucionalidad para ganar el aplauso fácil de la galería, sino estadistas que asuman la verdad, por más incómoda que esta sea. A fin de cuentas, la historia es implacable y siempre tiende a darle su verdadero lugar a los políticos populistas, manipuladores y autocráticos. Que lo digan, si no, figuras nefastas como Benito Mussolini en Italia, Jorge Rafael Videla en Argentina o Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana, entre tantos otros que dedicaron sus cuotas de poder a humillar y denigrar a quienes les plantaban oposición. El aplauso efímero del fanático nunca los salvará del juicio definitivo de la historia.

Wyomia Tyus: oros olímpicos contra la segregación

Gabe Abrahams

La atleta Wyomia Tyus consiguió ser varias veces campeona olímpica y plusmarquista mundial en pruebas de velocidad y luchó a favor de causas justas. Sus gestas y su compromiso son recordados en este artículo.

Wyomia Tyus nació el 29 de agosto de 1945, en Griffin, Georgia, Estados Unidos, y pasó sus primeros años de vida en una granja, junto a sus padres Willie y Marie y sus tres hermanos.

Tyus creció entre blancos y padeció la segregación racial en la escuela. Debido a eso, su padre le inculcó la idea de que en Estados Unidos no podría hacer nada sin esforzarse por superar el estigma racial.

Durante sus estudios en el instituto, Tyus jugó al baloncesto, aunque, al final, se decantó por el atletismo. Y, una vez inició sus estudios en la Universidad Estatal de Tennessee, Nashville, consiguió triunfos y récords en su nuevo deporte.

Esos éxitos provocaron que, en 1964, con solo 19 años, fuese seleccionada para acudir a los Juegos Olímpicos de Tokio, en los cuales alcanzó una temprana gloria olímpica.

En la final de la prueba de los 100 metros de los Juegos de Tokio, así pues, la joven Tyus se impuso con autoridad a sus rivales y se colgó la medalla de oro, dejando por detrás a su compatriota Edith McGwire. Redondeó su gesta olímpica al ganar la medalla de plata con el equipo norteamericano de relevos de 4×100 metros.

En los años posteriores a su hazaña olímpica, Wyomia Tyus no se durmió en los laureles, siguió entrenando a pleno ritmo y alcanzó otros logros deportivos. Por ejemplo, en 1965, en un encuentro atlético entre Estados Unidos y la URSS celebrado en la ciudad de Kiev, pulverizó la plusmarca mundial de los 100 metros con un registro de 11.1.

Ya en 1968, Tyus acudió a sus segundos Juegos Olímpicos, los celebrados en México. Y, de nuevo, se impuso con autoridad en la prueba de los 100 metros. Se colgó la medalla de oro y batió la plusmarca mundial de la distancia con un registro de 11.08. Su segunda gesta olímpica convirtió a la atleta norteamericana de 23 años en el primer ser humano de la historia que ganaba dos medallas de oro olímpicas en la prueba de los 100 metros.

Por si todo esto no fuese suficiente, en la final de los relevos de 4×100 metros, el equipo norteamericano encabezado por Tyus consiguió aquello que no había logrado en la olimpiada anterior, es decir, ganar la medalla de oro y pulverizar la plusmarca mundial con un tiempo de 42.8.

En los Juegos Olímpicos de México, más allá de su actividad deportiva y sus oros olímpicos, Tyus se posicionó contra la segregación y el racismo que ella y sus compañeros negros de selección padecían en su país. Como señal de protesta por esa situación inhumana, vistió pantalones negros en las competiciones en las que participó, en lugar de los de color blanco del equipo estadounidense.

En Estados Unidos, la segregación racial estuvo amparada por las leyes Jim Crow hasta 1965 y por las leyes antimestizaje otros dos años más, aunque a efectos reales continuó vigente en una parte del país en las décadas posteriores.

Finalizados los Juegos de México, Wyomia Tyus se retiró del deporte en activo a pesar de su juventud, regresando a la competición solo ocasionalmente dentro de la Asociación Internacional de Atletismo Profesional.

Una vez dejó atrás los Juegos de México, Tyus tuvo varios trabajos en el campo de la educación y volvió a implicarse en la defensa de las causas justas. Una de sus actividades más destacadas fue la de ser miembro fundador de la Women’s Sports Foundation, una entidad que se dedicó a la promoción de la autonomía de la mujer a través del deporte.

En 1969, Wyomia Tyus se casó con Art Simburg, con quien tuvo un hijo. Y, en 1978, hizo lo propio con Duane Tillman, con quien tuvo a su segundo hijo.

En 1985, Tyus fue incluida en el Olympic Hall of Fame de Estados Unidos. Y, en 1999, recibió otro reconocimiento especial. Su ciudad natal, Griffin, le dedicó el Parque Olímpico Wyomia Tyus.

Más recientemente, en 2018, la velocista también publicó sus memorias, Tigerbelle: the Wyomia Tyus story, junto a Elizabeth Terzakis.

Wyomia Tyus cuenta en la actualidad con 80 años de edad. Es una de las grandes campeonas olímpicas del siglo XX que continua con vida. Su ejemplo deportivo y social todavía inspira a las nuevas generaciones. Esperemos que permanezca mucho tiempo entre nosotros. Quizás, será la mejor señal de que su figura, lejos de apagarse, sigue vigente.

Páginas Vivas, Del andén al abismo (100 años de La tragedia el Virilla)

El Ministerio de Cultura y Juventud, mediante la Benemérita Biblioteca Nacional de Sinabi, le invita a ver el IV episodio de la VII temporada de Páginas VivasDel andén al abismo (100 años de La tragedia el Virilla) con el invitado especial Felipe Ovares y el conductor Roberto García.

Jueves 21 de mayo, 7:00 p.m. transmitida por el Facebook https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr/

La ilusión constitucionalista

Manuel Delgado

Costa Rica tiene dos patronas: la Virgen de los Ángeles y la Constitución Política. Sobre la fidelidad a la primera no tengo nada que decir. Sobre la segunda hay que resaltar que la Constitución desata toda una adhesión mística a su devocionario. Hablando de ella, se nos ponen los ojos en blanco, el corazón palpita con fuerza y el cerebro cesa sus impulsos cognoscitivos. He tenido la experiencia, incluso con gente inteligente y de izquierda, de que hablar mal de la constitución es peor que hablar de la Negrita de Cartago.

La pobre criatura esa, me refiero a la Constitución, es, sin embargo, un ser inanimado, un simple instrumento, bueno o malo según la mano que la esgrima.

Pero hay una cosa en la que no hemos pensado, y es que esta constitución es una norma espuria, nacida no de un consenso sino de una imposición por la fuerza.

Nuestra Carta Magna fue elaborada y declarada por una constituyente de la que fueron excluidos los dos principales partidos de la oposición, el Republicano de Calderón Guardia y el Comunista, que ya por entonces se llamaba Vanguardia Popular. Sus integrantes fueron electos en un periodo de terror político, cuando país era dirigido no por un gobierno legítimo sino por una junta de facto cuyo único sostén eran las armas y, por tanto, la represión.

La Asamblea Constituyente estuvo integrada principalmente por diputados ulatistas, 33 de 42, cuyo partido, dice la historiadora Clotilde Obregón Quesada, “era el único que tenía en sus manos el mecanismo para hacer propaganda”. Lástima que la historiadora no haya ahondado en esto. Había cinco diputados de un partido independiente, llamado Constitucional, tres del Social Demócrata, que luego pasaría a integrar el Partido Liberación Nacional, y uno del partido Confraternidad Nacional.

Los ulatistas, el Partido Unión Nacional, habían ganado las elecciones del 48, las cuales fueron declaradas fraudulentas y anuladas por el Congreso Nacional, la Asamblea Legislativa de entonces. Esa anulación sirvió de excusa para que Figueres iniciara la guerra civil.

Una vez terminada la guerra civil, Figueres y Ulate pactaron un procedimiento muy curioso: el primero gobernaría de facto y sin congreso por 18 meses, al cabo de los cuales le entregaría la presidencia a Ulate, reconociéndolo como ganador de las elecciones del 48, pero habría elecciones legislativas, desconociendo el resultado correspondiente de esas mismas elecciones. ¿Por qué un resultado era válido y el otro no? La cuestión tenía nombres y apellidos: la mayoría de los diputados electos en esas elecciones, repito, fraudulentas para una cosa pero válidas para otra, eran del partido calderonista y de los comunistas.

En momentos en que se realizaron las elecciones tanto para la constituyente como para la Asamblea Legislativa, los partidos Republicano y Vanguardia Popular estaban fuera de la ley, sus líderes en el exilio y sus dirigentes presos o escondidos. Ese mismo mes de diciembre de 1948 fueron asesinados los mártires del Codo del Diablo.

La otra parte del acuerdo era volver a llamar a elecciones generales en 1952-1953, pero la Constitución establecía que “no podrá ser elegido Presidente o Vicepresidente: 1.-el que hubiese servido la Presidencia en cualquier lapso dentro de los ocho años anteriores, etc…” Esto se aplicaba a los que hubieran servido la Vicepresidencia. Es decir, con nombres y apellidos, no podían postularse ni Calderón Guardia ni Teodoro Picado. Esa misma norma contemplaba una excepción: José Figueres Ferrer, presidente de la junta de gobierno, el cual sí siguió gozando de los derechos constituciones.

Calderón Guardia volvió a ser candidato en 1962. Teodoro Picado murió en el exilio en Nicaragua en 1960. A los comunistas de Vanguardia Popular se les niega su derecho a participar hasta 1970 (la norma constitucional que les prohibía participar se derogó hasta 1976). Así de democrática era la Carta Magna y quienes la aplicaban.

Hay una cosa muy extraña que nunca he encontrado debidamente explicada, y es que tanto en las elecciones de la constituyente de 1948 como las parlamentarias de 1949 las fuerzas afines al figuerismo (con esto me refiero al Partido Social Demócrata) tuvieron unas votaciones bajísimas. Electoralmente, el figuerismo se hace muy fuerte en las elecciones de 1953. ¿Cómo se explica ese vuelco?

Así que los mitos de la democracia y su constitución son solo eso: mitos de nuestra historia, plegarias de nuestro devocionario, que un político serio debe tomar con sentido crítico y espíritu de educador popular. En otras palabras, para hablar de la constitución y comer pescado, hay que tener mucho cuidado.

Pronunciamiento de la Comisión de Salud Global de la Academia Nacional de Ciencias sobre el caos en el transporte y su impacto en la salud y la calidad de vida

Un serio problema que demanda atención urgente

Costa Rica vive un auténtico caos en el transporte. De acuerdo a índices internacionales, San José ocupa uno de los primeros lugares en el mundo en cuanto a peores condiciones de tránsito y de movilidad en general. Esta situación tiene múltiples aristas y causas que la hacen particularmente compleja. En el centro de esta crisis está una acentuada falta de planificación, aparejada del incremento acelerado en la flota vehicular privada y el debilitamiento sistemático del transporte público durante las últimas décadas. El número de operarios de autobuses disminuyó en un 24% y el número de personas usuarias de autobús se redujo en un 42% desde el año 2018.

Ello va de la mano de una deficiente infraestructura vial, con proyectos atrasados, de alto costo y con frecuencia insuficientes. A lo anterior se agrega un desarrollo inmobiliario descoordinado y sin planificación, lo cual se refleja en que 40 cantones no cuentan con planes reguladores y, entre los que sí poseen, muchos son parciales o están desactualizados. Los procesos de urbanización con frecuencia no toman en cuenta el tema del transporte y hay una enorme deficiencia en la sectorialización del transporte público. Todo ello nos ha llevado a la crítica situación actual.

Resulta paradójico que el país cuenta, desde 1976, con una gran cantidad de estudios técnicos que señalan claramente estas deficiencias y proponen formas de enfrentarlas; igualmente hay legislación en el tema, la cual a menudo se incumple. Con frecuencia intereses sectoriales prevalecen sobre el interés público y el país se ha quedado rezagado en la implementación de soluciones.

Impactos en la salud pública

El caos en el transporte tiene múltiples impactos negativos en la vida del país. En el ámbito de la salud, los accidentes de tránsito y las muertes derivadas de ellos representan un serio problema. El año pasado, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) reportó 44.000 personas atendidas en sus servicios por accidentes de tránsito, los cuales ocurren mayormente en la temporada seca. Estos accidentes se relacionan a menudo con conducción temeraria y exceso de velocidad. Esta problemática afecta principalmente a personas jóvenes entre 20 y 29 años, especialmente a peatones, ciclistas y motociclistas, con un predominio de los varones (72 % de los casos en 2025); ello conlleva un alto impacto en la fuerza laboral del país. En términos de número de casos atendidos en la CCSS en el período 2019-2025, los accidentes de tránsito ocupan la posición decimoquinta, mientras que en términos de mortalidad se ubican en el sexto lugar, lo que refleja la gravedad de estos eventos. Además, estos accidentes tienen un efecto significativo en los costos institucionales de atención y rehabilitación.

Más allá de la afectación física, el caos vial impacta en la salud mental, al causar estrés, irritación y fatiga, constituyendo un estresor crónico que golpea la calidad de vida de la población. La salud también se ve afectada por los congestionamientos, al dificultarse el traslado de personas a los centros de salud. Por otra parte, las emisiones de gases de la creciente flota vehicular representan la principal causa de contaminación del aire en el país, lo cual también tiene un efecto en la salud de la población al favorecer enfermedades respiratorias y crónicas diversas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que los efectos combinados de la contaminación del aire ambiente y la del aire doméstico se asocian a 6,7 millones de muertes prematuras cada año en el mundo.

Esta problemática tiene un impacto asimétrico en diversos sectores de la población, afectando a personas en situación de discapacidad, mujeres y personas adultas mayores, dadas las deficiencias en accesibilidad y servicios del transporte público. Por otra parte, el efecto en salud mental y tiempo perdido por personas trabajadoras en las presas viales tiene serias consecuencias en la economía del país. Se estima que en la gran área metropolitana el tiempo perdido por congestionamiento vial le cuesta a las personas trabajadoras cerca de un 4.3% del producto interno bruto.

El camino hacia las soluciones

La seriedad y magnitud del problema demanda acciones claras y decididas por parte de autoridades de gobierno y municipales, con la participación activa de la ciudadanía. En el núcleo de las soluciones está la modernización del transporte público, el cual debe concebirse como un servicio esencial que, en parte, debe ser subsidiado por el Estado, como ocurre en muchos países. Se deben rescatar planes y análisis técnicos efectuados a lo largo de décadas y actualizarlos, siempre favoreciendo el bien común sobre los intereses sectoriales. Deben darse paralelamente transformaciones en los procesos de mejoramiento de la infraestructura vial, superando las crónicas deficiencias en este ámbito.

Se requiere trabajar en planes serios de sectorialización del transporte público, así como en una adecuada planificación del desarrollo urbano, el cual incluya implementación y actualización de planes de ordenamiento territorial por parte de las municipalidades. Es necesario hacer acopio de conocimiento científico-tecnológico existente en las universidades y otras instituciones del país para monitorear el tema del congestionamiento vial, la contaminación del aire y los accidentes de tránsito, de manera que se generen medidas de prevención e intervenciones adaptadas a los diferentes contextos territoriales del país. Es indispensable también hacer valer la legislación existente en los derechos de las personas, incluyendo aquellas que tienen alguna discapacidad, de contar con sistemas de transporte público que respeten sus necesidades.

La Comisión de Salud Global de la Academia Nacional de Ciencias hace un vehemente llamado de atención a las autoridades y a la sociedad para que se atienda de forma decidida este serio problema. Muchas de las soluciones al mismo ya se conocen. Pero se requiere voluntad política y una amplia participación ciudadana, incluyendo a la comunidad científico-tecnológica, para tomar decisiones claras y efectivas que redunden en una transformación sustantiva de nuestro sistema de transporte, en beneficio de la calidad de vida de la población y del ambiente, un sistema que sea público, interconectado, limpio, eficiente y seguro.

*Este pronunciamiento fue elaborado por José María Gutiérrez Gutiérrez, Rolando Herrero Acosta, María L. Ávila-Agüero, Henriette Raventós Vorst, Berendina (Berna) van Wendel de Joode, Catharina Wesseling y Edgardo Moreno Robles, integrantes de la Comisión de Salud Global de la Academia Nacional de Ciencias. El texto tiene como base los análisis presentados en el foro organizado por esta comisión titulado “El caos en el transporte y su impacto en la salud pública”, celebrado el 22 de abril del 2026 con la participación como panelistas de Leonardo Castro, Roy Wong, José Rojas, Leonardo Merino y Nicole Mesén.

El video de este foro se puede ver en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=gpQlyTm6Dbw

Cuando el misterio reemplaza a la evidencia

Jaime E. García González
Dr. sc. agr., Prof. catedrático jubilado UCR y UNED
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB)

biodiversidadcr@gmail.com

Las desapariciones de científicos alimentan teorías inquietantes, pero también revelan cómo el secretismo y la desinformación moldean la percepción pública.

La reciente desaparición de Ingrid Coleen Lane, neurocientífica y bioingeniera vinculada a investigaciones relacionadas con seguridad nuclear en Estados Unidos, volvió a encender en redes sociales y medios alternativos una vieja narrativa: la supuesta existencia de una cadena de científicos desaparecidos o asesinados en circunstancias misteriosas. Junto a su nombre reaparecieron casos como los de Anthony Chávez, Melissa Casias, Carl Grillmair, Michael David Hicks, Nuno Loureiro y William Neil McCasland, todos asociados de una u otra forma con proyectos científicos estratégicos.

Ingrid Coleen Lane

El tema ha sido ampliamente difundido por medios como Actualidad RT, que presentan estos hechos como una sucesión inquietante de episodios conectados. Sin embargo, análisis posteriores y recopilaciones periodísticas, como la publicada en Wikipedia sobre la teoría de los científicos desaparecidos, advierten que hasta ahora no existe evidencia sólida que demuestre una conspiración organizada detrás de estos acontecimientos.

Y precisamente allí aparece el aspecto más interesante del fenómeno: no solo importa lo que ocurrió, sino cómo las sociedades contemporáneas interpretan aquello que no logran explicar completamente.

Vivimos en una época marcada por la desconfianza institucional. Cuando un científico relacionado con programas nucleares desaparece sin dejar rastro, o cuando un investigador aeroespacial fallece en circunstancias poco claras, el vacío informativo rápidamente se llena de sospechas. La opacidad estatal, la cultura del secreto en áreas de defensa y la dificultad para acceder a información verificable crean el terreno ideal para que prosperen narrativas conspirativas.

No es un fenómeno nuevo. Durante la Guerra Fría, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética construyeron gigantescos aparatos científicos estrechamente ligados a intereses militares y geopolíticos. Desde el Proyecto Manhattan hasta la carrera espacial, el conocimiento científico pasó a convertirse en un recurso estratégico. Y donde existe poder estratégico, inevitablemente surgen secretismo, vigilancia y desinformación.

Sin embargo, convertir automáticamente toda desaparición en prueba de una conspiración puede ser tan problemático como negar cualquier interrogante legítima. Varias de las muertes y desapariciones mencionadas tienen explicaciones parciales, antecedentes personales complejos o investigaciones todavía abiertas. Otras simplemente fueron amplificadas en internet mediante asociaciones especulativas construidas sobre coincidencias profesionales.

Eso no significa que las preguntas deban descartarse. Las instituciones públicas tienen la responsabilidad de ofrecer información transparente y verificable, especialmente cuando los hechos involucran sectores sensibles vinculados a defensa, energía nuclear o investigación estratégica. El silencio prolongado y las respuestas ambiguas solo alimentan la incertidumbre social.

Pero el verdadero desafío contemporáneo parece ser otro: aprender a movernos entre dos extremos igualmente peligrosos. Por un lado, la ingenuidad que acepta sin cuestionar toda versión oficial. Por otro, la tendencia a interpretar cualquier vacío de información como prueba automática de conspiraciones globales.

Las redes sociales y ciertos medios digitales han convertido el misterio en un producto altamente rentable. La lógica algorítmica premia el impacto emocional, no necesariamente la evidencia. Así, historias complejas terminan reducidas a relatos simples de “científicos eliminados” o “secretos ocultos”, aunque la realidad sea mucho más ambigua.

Quizás la lección más importante de estos casos no sea demostrar la existencia de una conspiración internacional, sino evidenciar la profunda crisis de confianza que atraviesan las sociedades modernas. Cuando las instituciones pierden credibilidad, incluso las coincidencias comienzan a parecer sospechosas.

Y en tiempos donde la información circula más rápido que la verificación, el misterio suele expandirse mucho más velozmente que la verdad.

Coalición por los pasos de fauna

Los pasos de fauna no pueden esperar

El Proyecto de Ley de Pasos de Fauna, expediente 23.166, enfrenta un momento decisivo. Aunque ya fue aprobado en primer debate en la Asamblea Legislativa, el proyecto podría archivarse si no se aprueba la moción de plazo cuatrienal presentada el día de hoy, necesaria para extender por cuatro años más la vigencia legislativa del expediente y permitir su avance hacia el segundo debate.

Permitir que este proyecto sea archivado sería un grave retroceso para Costa Rica y una nueva deuda con su biodiversidad. La falta de una legislación específica sobre pasos de fauna ya no puede verse como una omisión menor, sino como la ausencia de acciones concretas y la falta de voluntad frente a una problemática ampliamente documentada y prevenible.

Mientras esta ley continúa estancada, la fauna silvestre muere diariamente como consecuencia de la fragmentación de bosques, la tala y la falta de planificación ambiental en el desarrollo de infraestructura vial y urbana.

La magnitud del problema es alarmante:

A través de una recopilación de estudios realizados en Costa Rica, la Universidad Latina compiló más de 19.000 registros de atropellos de animales silvestres.

Solo en la Ruta 253, durante el 2019 en un tramo de 20 km, entre Comunidad y Papagayo, se tiene un estimado anual de 7.000 atropellos de vida silvestre.

Entre 2011 y 2025, la asociación SalveMonos registró 1.552 accidentes de fauna silvestre, de los cuales 994 corresponden a electrocuciones y 153 a atropellos. Del total, cerca del 85% involucra primates.

Asimismo, según datos de Vías Amigables con la Vida Silvestre, Centro de Rescate y Santuario Las Pumas y Panthera, entre 2012 y 2025 se registraron 676 atropellos de felinos silvestres en rutas nacionales, siendo el manigordo la especie más afectada, con 482 casos documentados.

Los pasos de fauna salvan vidas.

La asociación SalveMonos ha instalado 313 puentes de fauna arbórea en los cantones de Santa Cruz y Carrillo. Como parte de su implementación, se colocaron cámaras de monitoreo para evaluar su efectividad, generando amplia evidencia documental sobre su uso constante, en especial del mono aullador.

Registro de monos aulladores utilizando un paso de fauna aéreo en Guanacaste. Imagen cortesía de SalveMonos.

Además, el Protocolo de Monitoreo de Pasos de Fauna, elaborado por Panthera y el Banco Interamericano de Desarrollo, reporta a partir de 19 estudios realizados en Costa Rica entre el 2011 y el 2023, que se documentan 59 especies utilizando pasos de fauna, evidenciando su funcionalidad para reducir impactos sobre la fauna silvestre y restaurar la conectividad ecológica.

Las organizaciones firmantes hacemos un llamado urgente a las diputadas y diputados de todas las fracciones para que aprueben la moción de plazo y permitan que este proyecto continúe su camino hacia el segundo debate y su eventual aprobación como ley de la República.

También hacemos un llamado a la ciudadanía, organizaciones, comunidades y sectores comprometidos con la biodiversidad a comunicarse con las distintas fracciones legislativas y exigir que este proyecto no sea archivado.

La protección de la fauna silvestre no puede seguir postergándose.

Puede bajar desde SURCOS el documento Estado del Impacto Vial y Medidas Ambientales para la Vida Silvestre, Costa Rica

Organizaciones firmantes:

SalveMonos Costa Rica

Savage Lands

APREFLOFAS

Alturas Wildlife Rescue Costa Rica

Verde Mar

Alianza Escazú

Bloque Verde

GuanaDefensoras

Corredor Biológico Paso de la Danta

Observatorio de Derechos Humanos y Naturaleza

● The Leatherback Trust

● Comité Punta Pelencho

Asociación Civil Pro Natura

Un Puerto Limpio

Asociación de Desarrollo Específico para la Conservación del Medio Ambiente Playa Grande

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Nosara genera USD 2.130 millones al año, pero recibe menos de 1 céntimo por cada colón que le genera al municipio

Un estudio independiente, contrastado con datos de la Municipalidad de Nicoya, calculó por primera vez cuánto produce, cuánto tributa y cuánto recibe de vuelta un distrito costarricense. El resultado: una fuga fiscal de USD 55 millones al año.

Este es el primer balance fiscal territorial distrital de Costa Rica

Lo esencial

¿Qué es este estudio?

Es el primer Balance Fiscal Territorial hecho a nivel de distrito en Costa Rica. Hasta ahora, el país no tenía forma de saber cuánta riqueza produce un territorio específico, cuánto de esa riqueza se convierte en impuestos y cuánto regresa a la comunidad como inversión pública. Este estudio lo calculó para el distrito de Nosara, en Nicoya, Guanacaste.

Lo elaboró la Alianza para el Desarrollo Comunitario (ADC), organización local que ya coordinó el Censo Nosara 2024 (el primer censo comunitario distrital del país, con asesoría técnica del INEC), con apoyo de la Asociación ConoSer. El balance busca aportar datos verificables al debate público sobre crecimiento urbano, turismo y distribución de recursos.

¿Qué encontró?

Que Nosara produce mucho y recibe muy poco de vuelta. El distrito genera, en un solo año, una actividad económica estimada en USD 2.130 millones (equivalente a cerca del 2% del PIB nacional en apenas 135 km²): una cifra que se compara a más de dos veces y media lo que cuesta el tren eléctrico de pasajeros que el país acaba de aprobar. Pero de cada colón que el distrito le genera a la Municipalidad, regresan al distrito 0,62 céntimos en inversión directa: menos de un céntimo.

La diferencia entre lo que el sistema fiscal podría recaudar y lo que efectivamente recauda es lo que el estudio llama fuga fiscal: unos USD 55 millones al año. Para el distrito de Nosara esa fuga equivale a ₡1,76 millones (USD 3.909) cada hora, cerca de USD 34 millones al año que se podrían recaudar y quedar en Nosara y hoy no llega a la comunidad. En perspectiva, esta fuga anual es comparable al valor del oro extraído de Crucitas (USD 60 millones) anualmente según información del Organismo de Investigación Judicial.

¿Por qué importa para Nosara?

Porque esa fuga refleja una clara desigualdad. Nosara es el distrito con el metro cuadrado más caro de Costa Rica (triplica el precio de Escazú, 2023), su alojamiento Airbnb/Vrbo (no hotelero) con ingresos más altos generó USD $530 mil dólares en 2025 y la propiedad a la venta con el precio más alto se listó en USD $27 millones de dólares, sin embargo, no tiene clínica, ni estación propia de Cruz Roja o Bomberos de Costa Rica, ni colegio técnico, ni plan regulador, ni un sistema hídrico que garantice abastecimiento sostenible. En temporada alta convergen más de 35.000 personas: cuatro veces su población permanente de 8.716 habitantes, sobre una infraestructura que no da abasto.

¿A quién le corresponde ese dinero?

No todo es de la Municipalidad, y el estudio lo distingue con claridad. La fuga fiscal tiene dos destinos distintos:

  • Recursos municipales: impuesto sobre bienes inmuebles, patentes comerciales, permisos de construcción. Estos le corresponden directamente a la Municipalidad de Nicoya y deberían traducirse en mayor inversión para el distrito.

  • Recursos nacionales: IVA, impuesto sobre la renta y cargas asociadas a la actividad turística. Estos van al Estado central y se distribuyen según las reglas presupuestarias nacionales.

El punto del estudio no es que todo deba volver a Nosara, sino que hoy parte considerable de esos recursos (de ambos tipos) simplemente no se está recaudando. La discusión sobre cómo se reparte la inversión pública primero empieza por recaudar lo correspondiente y luego invertir en la comunidad.

¿Qué se puede hacer?

En paralelo a la recién aprobada ley para patentes de Nicoya, la cual amplía las actividades sujetas al impuesto y su tarifa; el informe de este balance identifica cuatro puntos de acción sobre normativa ya vigente: actualizar el catastro municipal (congelado desde 2017), cruzar los datos del ICT, Hacienda y las plataformas digitales para fiscalizar los alojamientos temporales, controlar las construcciones sin permiso, dotar a Nosara de un plan regulador y actualizar reglamentación fiscal. Bajo la estructura tributaria actual, la pérdida fiscal acumulada para el distrito entre 2019–2030 podría alcanzar los USD 349,6 millones; USD 132 millones ya se perdieron y el resto todavía es recuperable.

Cuando se ponen los números sobre la mesa, no estamos hablando de algo que solo pasa en Nosara: estamos hablando de un patrón de fuga fiscal. La metodología que usamos aquí es aplicable a Tamarindo, Manuel Antonio, Santa Teresa, Uvita o el Caribe Sur con los datos que ya existen en ICE, CFIA, Hacienda, las municipalidades y la Contraloría. Lo que falta es la decisión interinstitucional de medirlo y transformar esas fugas en inversión que retorne a las comunidades.”

– Emmanuel Gutiérrez Pizarro, investigador y analista de datos territoriales, director de la ADC.



El respaldo

¿Qué tan confiables son estas cifras?

El estudio es un informe técnico de 123 páginas que integra datos de trece fuentes institucionales independientes y compartido con académicos para revisión de pares. La verificación más contundente llegó de la propia Municipalidad: el 7 de abril de 2026, su Dirección Financiera emitió el Oficio DF-0023-2026 con los registros de su sistema contable sobre la generación tributaria de Nosara en 2025. La comparación con esos datos respalda el modelo.

Verificación cruzada con la Municipalidad de Nicoya (Nosara 2025)

El estudio estimó ₡1.930 millones de generación tributaria municipal usando solo fuentes públicas. El Oficio DF-0023-2026 reportó un monto de ₡2.191 millones desde el sistema contable de la Municipalidad: una diferencia del 11,7 %. En patentes, la estimación quedó dentro del 5 % del registro municipal. Estos datos municipales permiten ahora contrastar los resultados del estudio.

Cifras clave de un vistazo

INDICADOR

MAGNITUD

PIB distrital estimado (anual)

USD 2.130 M / ₡958.500 M

Fuga fiscal anual

USD 55 M / ₡24.750 M

Retorno municipal por cada colón

0,62 céntimos

Pérdida fiscal para Nosara por hora

USD 3.909 / ₡1,76 M

Pérdida fiscal para Nosara anual

USD 34 M / ₡15.300 M

Pérdida fiscal acumulada 2019–2030

USD 349,6 M / ₡157.320 M

Factor de subvaluación catastral

12,1x (picos de 31x en Delicias)

Alojamientos temporales fuera del registro ICT

96,6 % de ~1.500

Construcciones sin permiso municipal

6 de cada 10

Población permanente vs. temporada alta

8.716 vs. 35.000+

Fuente: Balance Fiscal Territorial del Distrito de Nosara (ADC / ConoSer, marzo 2026) y Oficio DF-0023-2026, Dirección Financiera, Municipalidad de Nicoya. Integra 13 fuentes institucionales. Una ficha técnica con la metodología completa está disponible para medios. El estudio aplica un tipo de cambio de ₡470 por USD en sus cálculos internos; las cifras en colones de este comunicado se expresan a ₡450 por USD, para mantener consistencia con la información publicada.

Financiamiento y transparencia. El estudio se financió con aporte profesional del autor y de familias residentes solidarias del distrito. Los financiadores son independientes de los sectores que abordan los hallazgos, y la metodología y las conclusiones se contrastaron con datos de la Municipalidad de Nicoya (Oficio DF-0023-2026).

Información compartida con SURCOS por Bloque Verde.