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Autor: María José Ferlini Cartín

Huellas de un dirigente comunitario

Escrito en . Publicado en Comunidad.

Por Uriel Rojas

En casi todas las comunidades han existido personas que gracias a sus esfuerzos y entrega han dejado su huella y es grato reconocer sus aportes.

Recordar a don Cristino Lázaro Rojas es honrar el entusiasmo de un dirigente comunitario cuyas huellas quedaron marcadas en la historia de la comunidad indígena Yímba Cájc.

Nació el 15 de diciembre de 1936 en Boruca de Buenos Aires en una familia de cinco hermanos: dos mujeres y tres varones.

Su padre, Juan de la Cruz Lázaro desempeñó funciones muy importantes en la comunidad en el ámbito de seguridad bajo su condición como Juez de Paz. De ahí que don Cristino también fuese una persona interesada en la seguridad ciudadana, la protección de los recursos naturales y la defensa de los derechos culturales de su pueblo.

Su espíritu combatiente lo llevó a ser parte de una de las primeras luchas sociales que emprendieron los pueblos indígenas del cantón de Buenos Aires, para defender una tala de árboles en 1985, junto a compañeros de Boruca y Térraba.

Posteriormente conformó una asociación en defensa del medio ambiente, el cual eran vigilantes en varios territorios del Sur ante casos de contaminación ambiental, cacería ilegal, deforestación, etc.

Fue el primer regidor municipal indígena en el país, miembro fundador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas, guarda rural, juez de paz e imbatible defensor de los derechos culturales de los pueblos indígenas

Don Cristino fue uno de los últimos boteros en guardar su canalete y sus saberes ancestrales fueron de suma importancia en el fortalecimiento de la historia y la identidad colectiva de Yímba Cájc.

Don Tino falleció el19 de diciembre de 2023, a sus 87 años de edad.

Foto: Tomada por Jessica Lázaro Moss.

Dos escolares sentaron cátedra en el Mes de la Patria

Escrito en . Publicado en Análisis.

«Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz».
— Benito Juárez (1806-1872)

Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado UCR y UNED
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Compromas con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)
biodiversidadcr@gmail.com

Mientras la confrontación y el agravio contaminan el debate público, dos escolares costarricenses recordaron, desde las aulas y los actos patrios, que la democracia se construye con respeto, diálogo y responsabilidad.

Hay algo profundamente desconcertante en contemplar, durante este Mes de la Patria, la palabra PAZ adornando los escenarios oficiales mientras Costa Rica atraviesa un período de intensa crispación política. Las puestas en escena institucionales pueden ser hermosas, pero las palabras que se pronuncian desde el poder también funcionan como espejos que reflejan contradicciones difíciles de ignorar.

¿Cómo explicar que, mientras se invoca la concordia en los actos patrios, la confrontación y la descalificación sigan ocupando un lugar tan visible en el discurso político? La pregunta no es menor; la paz no se construye con lemas, banderas ni declaraciones solemnes, sino mediante el respeto cotidiano a quienes piensan diferente.

Frente a esta realidad, la verdadera sensatez cívica ha surgido, una vez más, desde las aulas escolares. El pasado 1.º de septiembre, en San Isidro de Coronado, la niña Keyla Chavarría Jiménez, de apenas ocho años, participó en los actos patrios con un mensaje que merece ser recordado. Su presencia nos invita a reconocer que la infancia también tiene mucho que enseñar a una sociedad adulta que, con frecuencia, parece olvidar el valor de la convivencia democrática.

Pero fue durante la celebración oficial del 15 de septiembre de 2026, en San José, cuando el estudiante de quinto grado de la Escuela España, Roberto Segura Murillo, pronunció un discurso que merece especial atención. Ante la presidenta de la República, ministros, autoridades municipales, docentes, de familia y estudiantes, el niño ofreció una lección de civismo que trasciende los actos protocolarios.

Roberto comenzó recordando que la independencia no es únicamente un acontecimiento ocurrido hace muchos años; es, también, una tarea que debemos seguir construyendo y cuidando cada día. La libertad, explicó, se expresa cuando respetamos a los demás, cuidamos nuestro país, estudiamos con esfuerzo y hacemos lo correcto, aunque nadie nos esté viendo.

En esas palabras hay una comprensión de la ciudadanía que no siempre encontramos en quienes ejercen el poder. La independencia implica la responsabilidad de preservar las libertades, las instituciones y los derechos que permiten a cada persona vivir con dignidad.

El escolar recordó, además, que Costa Rica se caracteriza por ser un pueblo trabajador, amable, solidario y respetuoso, evocando ese «pura vida» que identifica nuestra manera de relacionarnos y que debería expresar esperanza, optimismo y agradecimiento. No se trató de una exaltación vacía de la nacionalidad, sino de una invitación a reconocer los valores que han contribuido a nuestra convivencia.

Uno de los pasajes más significativos de su discurso fue su referencia al sistema educativo. Roberto afirmó que este nos cobija a todos, sin importar nuestras divergencias, y lo comparó con una madre amorosa que sueña con un futuro mejor para todos sus hijos. También recordó que nuestra democracia permite participar, expresar opiniones y trabajar juntos por el bienestar común.

¡Qué contraste con las voces que pretenden convertir las diferencias en amenazas! En una democracia, pensar distinto no constituye una falta; la diversidad de opiniones no es un obstáculo que deba eliminarse, sino una condición necesaria para que la sociedad pueda deliberar y tomar decisiones colectivas.

Roberto también se refirió a la tea y al fuego de la libertad que recorren nuestras calles, recordando que cada generación tiene la responsabilidad de mantenerla viva porque no basta con recibir una herencia histórica: hay que cuidarla para que no se apague.

Su interpretación del lema oficial de estas fiestas, «Costa Rica: 205 años, libres, en paz y sembrando futuro», resultó particularmente elocuente. Así como un agricultor siembra una semilla con la esperanza de cosechar buenos frutos, nosotros podemos sembrar respeto, honestidad, solidaridad, responsabilidad y amor por la patria.

La metáfora agrícola adquiere una fuerza especial en boca de un niño: el futuro no se improvisa ni aparece por decreto, se cultiva mediante las acciones del presente, y una sociedad que aspira a cosechar paz no puede abonar la convivencia con el insulto, la exclusión o la descalificación de quienes ejercen funciones críticas.

El estudiante fue todavía más claro al recordar que todos los habitantes de nuestra patria tienen derecho a participar plenamente en los procesos democráticos. Habló de inclusión, igualdad de oportunidades y respeto por la diversidad, porque, como afirmó de forma categórica, «una patria es más fuerte cuando nadie queda atrás». Esta afirmación debería resonar en todos los despachos públicos.

La democracia no se fortalece cuando se clasifica a la población entre quienes merecen ser escuchados y quienes deben ser señalados o excluidos; se fortalece cuando las diferencias pueden expresarse sin temor y cuando las instituciones protegen por igual la dignidad de todas las personas.

Sin embargo, el momento más contundente de su intervención llegó con un llamado que debería ser escuchado con particular atención por quienes gobiernan: «Sigamos construyendo un país donde siempre gane el respeto y nunca la violencia. Aprendamos a resolver nuestras diferencias hablando, escuchando y comprendiendo a los demás. Cuidemos la paz porque es uno de los regalos más valiosos que hemos recibido como nación».

No hay en estas palabras ingenuidad alguna; hay, por el contrario, una comprensión elemental y profunda de la vida democrática. Resolver las diferencias hablando, escuchando y comprendiendo exige reconocer al otro como interlocutor legítimo, incluso cuando sus ideas nos incomodan, una disposición que es totalmente incompatible con la lógica del agravio permanente.

El mensaje de Roberto adquiere una dimensión mayor cuando se pronuncia frente a las autoridades del Estado. Mientras desde distintos sectores del poder se multiplican las descalificaciones hacia quienes ejercen funciones de control, crítica o fiscalización, un estudiante de quinto grado nos recuerda que la democracia se sostiene en el respeto, la participación y la responsabilidad compartida.

No corresponde exigir a la niñez que repare aquello que los adultos deterioramos, pero sí corresponde escucharla cuando nos recuerda principios que deberían orientar la vida pública. La escuela no solo transmite conocimientos, también puede formar ciudadanos capaces de convivir, deliberar y reconocer que ninguna diferencia justifica la violencia o la humillación.

El triunfo electoral concede el derecho a gobernar durante un período determinado; no otorga poder absoluto para descalificar a los adversarios, debilitar los contrapesos institucionales ni convertir la crítica en una amenaza. La autoridad democrática se ejerce con límites, responsabilidad y respeto por quienes no comparten las decisiones del Gobierno.

Por eso, el mensaje de este niño no debería quedar reducido a una intervención más dentro de los actos patrios; sus palabras constituyen una invitación a revisar la forma en que estamos construyendo nuestro presente y, sobre todo, el futuro que dejaremos a las nuevas generaciones.

La paz va mucho más allá de la ausencia de violencia física: significa aprender a convivir con las diferencias, escuchar antes de condenar y reconocer que nadie posee el monopolio de la verdad. La democracia, por su parte, no se limita a depositar un voto, sino que exige participación, respeto a las instituciones y disposición permanente al diálogo.

En este Mes de la Patria, mientras miles de costarricenses recorren las calles con la tea y las banderas blancas, las palabras de Roberto nos recuerdan que el futuro también está en nuestras manos, y que sembrar futuro no consiste únicamente en proclamar grandes objetivos, sino en cultivar desde ahora las condiciones que permitan alcanzarlos.

Tal vez la mayor lección de este Mes de la Patria no surgió de los adultos, sino de nuestros escolares. Keyla, desde Coronado, y Roberto, desde San José, enviaron un mensaje contundente. Nos recordaron que la dignidad, el respeto y la convivencia no son asuntos secundarios. Son, en realidad, el terreno donde se cultiva la patria.

Hay quienes creen que la Soberanía también se negocia

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

José A. Amesty Rivera

Hay artículos (Los intermediarios de Trump… contra Elías Jaua de Carlos Mezones), que invitan al debate y hay otros que, aun cuando parten de una preocupación legítima, terminan mezclando conceptos jurídicos, hechos políticos y apreciaciones personales, hasta presentar como verdades concluyentes cuestiones que todavía están sujetas a discusión. El texto de Carlos Mezones sobre los acuerdos petroleros venezolanos y las declaraciones de Elías Jaua pertenece, a nuestro juicio, a esta segunda categoría.

El problema no está en que Mezones cuestione al Gobierno venezolano. En una República, esto forma parte del debate político. El problema comienza cuando se afirma que un acuerdo es “nulo de pleno derecho” y se pretende fundamentar esa conclusión en normas que no necesariamente resultan aplicables al instrumento cuestionado, o cuando se presenta una encuesta de manera distinta a como realmente fueron publicados sus resultados.

Comencemos por lo más elemental: ¿con quién firmó Venezuela los acuerdos petroleros? Aquí hay una primera confusión importante. Hablar de un supuesto “acuerdo petrolero entre Venezuela y el Pentágono” puede producir una imagen política muy poderosa, pero jurídicamente hay que identificar quiénes son las partes de cada instrumento. Los acuerdos anunciados el 2 de septiembre incluyeron a empresas petroleras como Chevron y Eni, (entre muchas otras), además de otros acuerdos vinculados con infraestructura y energía. No estamos hablando, simplemente, de un contrato bilateral entre la República Bolivariana de Venezuela y el Departamento de Defensa de los EEUU. Y esto importa mucho.

Porque una cosa es analizar la relación política entre Caracas y Washington, otra es analizar la participación del Gobierno estadounidense en determinadas negociaciones y otra, muy diferente, determinar la naturaleza jurídica de cada contrato suscrito con una empresa transnacional. No podemos meter todo en un mismo saco.

Si queremos discutir seriamente sobre soberanía petrolera, entonces discutamos los contratos, sus cláusulas, las empresas participantes, la participación accionaria, los mecanismos de control, los ingresos para el Estado venezolano, la jurisdicción aplicable, las obligaciones de inversión y, sobre todo, su compatibilidad con la Constitución y las leyes venezolanas. Esto es mucho más serio que repetir “Pentágono” cada vez que aparece una empresa estadounidense.

Ahora vayamos al argumento central de Mezones: el famoso artículo 52. Aquí hay una incoherencia. El artículo que Mezones invoca no es el artículo 52 de la Constitución venezolana, es el artículo 52 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969.

El artículo 52 de dicha Convención establece una regla muy concreta, un tratado es nulo cuando su celebración haya sido obtenida mediante la amenaza o el uso de la fuerza en violación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas. La propia Convención distingue además esta situación de la coacción ejercida sobre el representante de un Estado, contemplada en su artículo 51. Por esto hay que tener cuidado con las palabras. Coacción no significa automáticamente presión política, no significa automáticamente sanciones, no significa automáticamente una negociación desigual, y mucho menos significa que cualquier acuerdo celebrado en un contexto de presión internacional sea, por ese solo hecho, jurídicamente nulo.

Para aplicar el artículo 52 habría que demostrar los elementos que la propia norma exige, que estamos ante un tratado comprendido por la Convención y que su celebración fue obtenida mediante amenaza o uso de la fuerza, en los términos específicos de esa disposición.

Además, Mezones reconoce que Venezuela no es parte de la Convención de Viena de 1969. Esto no permite concluir, sin más, que los principios jurídicos relacionados con la prohibición de la fuerza sean inexistentes o irrelevantes para Venezuela; pero tampoco permite utilizar automáticamente una disposición convencional, como si Venezuela hubiera ratificado el instrumento y estuviera obligada por él en los mismos términos que un Estado parte.

En otras palabras, reconocer que existe un principio internacional sobre la prohibición de obtener tratados mediante la fuerza no equivale a demostrar que determinado contrato petrolero venezolano sea nulo conforme al artículo 52. Son dos discusiones distintas.

Y hay otra equivocación que resulta todavía más llamativa. Mezones habla del “artículo 52 de la Constitución” como parte de los fundamentos de su argumentación. Pues bien, el artículo 52 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no trata sobre contratos petroleros ni sobre nulidad de acuerdos internacionales; este artículo reconoce el derecho de asociación con fines lícitos.

Para discutir constitucionalmente contratos de interés nacional, hay que mirar otras disposiciones. Entre ellas, el artículo 150, que establece el régimen de los contratos de interés nacional y contempla la autorización correspondiente en determinados casos. El artículo 187, numeral 9, también atribuye a la Asamblea Nacional competencias relacionadas con la autorización de contratos de interés nacional y de contratos de interés público con Estados o entidades oficiales extranjeros o sociedades no domiciliadas en Venezuela.

Por tanto, si alguien quiere demostrar que un acuerdo petrolero es inconstitucional, bienvenido sea el debate. Pero que cite el artículo correcto, identifique la naturaleza jurídica del instrumento y explique exactamente cuál disposición constitucional fue violada y de qué manera. Decir “esto es nulo de toda nulidad” es una conclusión, no es una demostración.

Y aquí aparece otro elemento interesante: la palabra “coacción”. En el lenguaje político podemos hablar de presión, amenaza, chantaje, imposición, asimetría de poder o condicionamiento. Pero el lenguaje jurídico exige algo más preciso.

Si se sostiene que Venezuela celebró un acuerdo bajo coacción, hay que responder preguntas concretas: ¿quién amenazó a quién?, ¿cuál fue exactamente la amenaza?, ¿en qué momento ocurrió?, ¿qué acto estatal fue consecuencia directa de esa amenaza?, ¿qué representante fue coaccionado?, ¿qué documento demuestra esa circunstancia?, ¿qué cláusula del acuerdo fue impuesta por esa vía?, porque de lo contrario corremos el riesgo de convertir una categoría jurídica en una consigna política. Y una izquierda seria debería desconfiar precisamente de esto, de las consignas cuando sustituyen al análisis concreto.

Aquí es donde la cita de Lenin utilizada por Mezones resulta particularmente interesante. Mezones comienza recordándonos que hay que analizar “la situación concreta” y las circunstancias concretas. De acuerdo, pero esa misma regla obliga a no sustituir los hechos por una interpretación previamente escogida. Si vamos a utilizar a Lenin como referencia metodológica, entonces hagámoslo hasta el final.

Analicemos concretamente quién firmó, qué firmó, qué obligaciones asumió Venezuela, qué recibe el Estado, qué reciben las empresas, cuáles son los controles públicos, qué dice la legislación venezolana y cuáles son las condiciones internacionales en las que se produjo la negociación. No basta con decir: “como existe presión estadounidense, todo lo firmado bajo esas circunstancias es nulo”. Esto no es análisis concreto de una situación concreta, esto es convertir una conclusión política en una conclusión jurídica.

Y tampoco resulta correcto presentar la encuesta mencionada por Mezones como si hubiera demostrado que “90 de cada 100 venezolanos” respaldan el acuerdo petrolero. Los resultados publicados de la encuesta de Hinterlaces a la que se ha hecho referencia señalaron un 82% de respaldo a la alianza petrolera, mientras que otras preguntas del estudio registraron porcentajes cercanos al 90% en relación con las relaciones diplomáticas y económicas y el diálogo y la negociación. El estudio reportado contempló 700 entrevistas y señaló un margen de error de ±3,5%.

Esto no significa que una encuesta sea una prueba de que un acuerdo es bueno. Tampoco significa que una encuesta sea una prueba de que un acuerdo es malo. Una encuesta mide opinión pública, nada más y nada menos.

Por esto tampoco es serio descartarla simplemente porque sus resultados incomodan a quienes critican al Gobierno. Si alguien considera que la encuesta es metodológicamente deficiente, que explique por qué, muestra, cuestionario, fechas, procedimiento, ponderación, ficha técnica y posibles sesgos, esto sí sería un debate. Lo que no corresponde es sustituir el análisis metodológico por el “yo no me lo creo”. Porque si vamos a pedir transparencia al Gobierno, también debemos exigir rigor a quienes lo cuestionan.

Y aquí llegamos a Elías Jaua e Iris Varela. Que ambos hayan expresado reparos respecto de los acuerdos petroleros demuestra que existe una discusión política real dentro del campo chavista y dentro de sectores, que se identifican con el proceso bolivariano. Jaua ha sostenido la tesis de la nulidad por coacción y Varela también ha cuestionado la validez futura del acuerdo por esa misma razón.

Pero que dos dirigentes de una misma corriente política cuestionen una decisión gubernamental, no convierte automáticamente su interpretación en la verdad jurídica definitiva. El debate debe resolverse con documentos, leyes, contratos y hechos. Esto también vale para quienes ocupan responsabilidades en el Estado.

El Gobierno venezolano tiene una obligación política que nadie debería discutir, explicar con claridad qué se firmó, con quién se firmó, cuáles son las condiciones y qué obtiene Venezuela. Una política de soberanía no debería tenerle miedo a la transparencia; por el contrario, mientras más estratégica sea una negociación petrolera, más importante resulta explicar sus términos al pueblo. Pero exigir transparencia al Gobierno no significa aceptar que cualquier interpretación sobre los acuerdos sea jurídicamente correcta.

Y aquí hay algo que Mezones parece pasar por alto, recuperar producción petrolera, atraer capital extranjero y permitir la participación de compañías transnacionales no equivale automáticamente a entregar la soberanía nacional. La cuestión real es bajo qué condiciones se produce esa participación.

Venezuela puede negociar con empresas estadounidenses, italianas, indias, europeas o de cualquier otro país y, al mismo tiempo, defender la propiedad de la Nación sobre sus recursos naturales. La participación de capital extranjero no determina por sí sola, quién posee constitucionalmente los recursos ni quién ejerce la soberanía sobre ellos. Lo decisivo son las condiciones concretas.

De hecho, en septiembre se han conocido nuevos movimientos de empresas internacionales en el sector venezolano, incluida la firma de un memorando entre PDVSA y Continental Resources para desarrollar un bloque de la Faja del Orinoco. Entonces la discusión real no es “extranjeros sí o extranjeros no”.

La discusión seria es, ¿qué porcentaje obtiene Venezuela?, ¿qué control conserva PDVSA?, ¿qué inversiones debe realizar el socio?, ¿qué tecnología aporta?, ¿qué impuestos y regalías se generan?, ¿qué mecanismos de fiscalización existen?, ¿qué ocurre ante un incumplimiento?, ¿qué jurisdicción resuelve una controversia?, ¿qué protección tiene el interés nacional? Esto es soberanía económica en serio.

Y hay algo más que tampoco debemos perder de vista. El mundo petrolero no funciona en un vacío. Venezuela negocia desde una posición internacional determinada por años de sanciones, aislamiento, deterioro productivo, necesidad de inversión y disputa geopolítica. Pretender que esas condiciones no existen sería tan ingenuo, como afirmar que, porque existen, cualquier contrato que Venezuela suscriba queda automáticamente invalidado.

La política exterior consiste precisamente en negociar dentro de circunstancias que muchas veces no son ideales. Esto no significa renunciar a los principios. Significa utilizarlos para obtener el mayor margen posible de beneficio nacional.

Por eso tampoco compartimos la idea de que todo aquel que defiende los acuerdos sea necesariamente un “intermediario del Pentágono”, como tampoco aceptaría que todo aquel que los critique, sea automáticamente un “traidor”.

Este lenguaje termina destruyendo la posibilidad de discutir. Y Venezuela necesita exactamente lo contrario, discutir. Discutir sin complejos la relación con Washington, la participación de Chevron, Eni y las demás empresas, el papel de PDVSA, las condiciones de los contratos, discutir la constitucionalidad de cada instrumento, y discutir también las posiciones de Jaua, Varela y cualquier otro dirigente que formule objeciones. Pero hagámoslo con documentos sobre la mesa.

Si Mezones considera que el acuerdo es nulo, que presente el contrato, identifique la obligación específica que contradice la Constitución, y explique jurídicamente por qué la causal de nulidad resulta aplicable. Si sostiene que hubo coacción, que aporte los elementos que permitan demostrarla jurídicamente. Si considera que la encuesta es falsa, que ataque su metodología y no simplemente su resultado. Y si invoca a Lenin para hablar del análisis concreto, entonces que acepte también la otra parte de la lección, los hechos concretos tienen que ser examinados antes de sacar conclusiones.

Porque defender la soberanía venezolana no consiste en declarar nulo todo lo que venga de Washington. Pero tampoco consiste en aceptar cualquier condición porque venga acompañada de dólares, inversiones o promesas de recuperación petrolera. La soberanía no se mide por el volumen de los discursos. Se mide por la capacidad de un Estado, para negociar, preservar sus recursos, obtener beneficios para su pueblo, controlar sus decisiones estratégicas y hacer cumplir sus propias leyes. Este debería ser el verdadero centro del debate.

Y precisamente por esto, antes de acusar de traición a quienes negocian, o de traidores a quienes critican, sería mucho más útil exigir que se conozcan los contratos, se examinen sus cláusulas y se compruebe, con la Constitución en la mano, qué ganó Venezuela y qué comprometió. Aquí comienza el debate serio, y aquí, también, empieza el verdadero análisis concreto de la situación concreta.

ACSS pide estar presente en la Mesa Técnica Nacional y elaborar un proyecto de ley para incluir ante la Junta Directiva de la Caja representaciones de las personas pensionadas y del sector independiente

Escrito en . Publicado en Portada, Salud.

Esta es la cuarta entrega de la serie que SURCOS Digital ha venido publicando sobre las gestiones de la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) ante las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). En la tercera entrega se informó sobre la respuesta parcial recibida de la Gerencia de Pensiones (oficio GP-2256-2026), que la ACSS consideró omisa respecto a la mayoría de sus planteamientos originales.

A continuación, se comparte íntegramente el oficio ACSS-011-2026, del 9 de septiembre de 2026, mediante el cual la ACSS respondió a esa comunicación, dirigido a la presidenta ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor Hernández, y al gerente de Pensiones, Jaime Barrantes Espinoza:

Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) envía respuesta a autoridades de la CCSS sobre el oficio recibido de la Gerencia de pensiones

(Parte 4)

Esta publicación es la cuarta entrega que continúa la serie publicada por SURCOS Digital en Parte 3, que informó sobre la fría y parcial respuesta recibida de la Gerencia de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a peticiones y planteamientos de la ACSS.

Con el fin de que los asegurados de la CCSS estén informados sobre estos asuntos de interés público, se publica íntegramente el oficio ACSS-011-2026 de fecha 9 de setiembre de 2026 que fue enviado por la ACSS a las autoridades de la CCSS en respuesta al oficio GP-2256-2026 de la Gerencia de Pensiones:

“Señora Mónica Taylor Hernández

Presidente Ejecutiva

Señor Jaime Barrantes Espinoza

Gerente de Pensiones

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Asunto: Solicitud relacionada con el oficio GP-2256-2026 del 1 de septiembre de 2026

Estimada señora presidente ejecutiva y estimado señor gerente de pensiones,

Como de costumbre, no omitimos saludarlos de manera muy atenta y respetuosa de parte de la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS). Así mismo, la ACSS les realiza el siguiente planteamiento y solicitud de información en relación con el oficio de la referencia y de conformidad con lo establecido en los artículos 9, 27 y 30 de la Constitución Política.

En primer lugar, es importante recordar que nuestro planteamiento -oficio ACSS-007-2026– no es solo para el seguro IVM, sino que abarca al seguro de salud (SEM), al régimen no contributivo de pensiones (RNC) ambos administrados por la CCSS y a otros regímenes de pensiones existentes en el país, contributivos y no contributivos, así como a regímenes institucionales del segundo pilar. Así mismo, nuestro oficio también solicitaba la oportunidad de realizar una presentación. En tal sentido, lo comunicado en el oficio GP-2256-2026, es omiso en referirse a la mayoría de nuestros planteamientos y peticiones.

Primero. El oficio GP-2256-2026 es omiso en cuanto a la solicitud contenida en el asunto de nuestro oficio ACSS-007-2026 que dice: “Solicitud de reunión para: exponer peligrosa situación financiera de la Caja; grave crisis por inopia de médicos especialistas, causa fundamental de las inconstitucionales listas de espera de la CCSS y petición de apoyo para elaborar un proyecto de ley para regular las obligaciones del Estado como tal con dicha institución.” Como puede verse, nuestro oficio tenía dos peticiones muy claras, la primera es la solicitud de una reunión para realizar una presentación y la segunda es la solicitud de apoyo para elaborar un proyecto de ley para regular las obligaciones del estado como tal con la CCSS. En tal sentido, el oficio GP-2256-2026 omite atender lo requerido en el oficio PE-3996-2026 del 18 de agosto de 2026 “(…) y valoren la realización de un espacio de reunión con sus representantes, efectuando para ello las coordinaciones que correspondan entre las unidades involucradas”. Dada la omisión que contiene el oficio GP-2256-2026, solicitamos respetuosamente que nos den una repuesta conforme al numeral 27 de la Constitución y 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, específicamente:

  1. Que nos informen si las autoridades de la CCSS nos van a permitir o no que la ACSS les realice una presentación sobre la situación financiera de la CCSS y sobre la crisis por inopia de especialistas. En caso afirmativo pedimos que nos indiquen el día, hora y lugar.



  1. Que nos informen si las autoridades de la CCSS están dispuestas o no están dispuestas a apoyar a la ACSS en la elaboración de un proyecto de ley para regular las obligaciones del Estado como tal con la CCSS.

Segundo. La Constitución Política indica en su artículo 9 que el Gobierno de Costa Rica es “ARTÍCULO 9º—El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí. El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial”. Así mismo, los miembros de la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) son todos pensionados del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte y afiliados al Seguro de Salud de la CCSS y a pesar de que ya el IVM tiene más de 400 mil pensionados, ellos no tienen ninguna representación ante la Junta Directiva de la CCSS, lo cual se extiende a otros pensionados por otros regímenes de pensiones existentes en el país, ya que la integración establecida en la Ley Constitutiva de la CCSS excluye a los pensionados, limitándose a organizaciones gremiales, empresariales y gubernamentales, en las cuales los pensionados no tienen participación. Entonces concluimos que en cuanto a las propuestas y toma de decisiones sobre los seguros de salud y pensiones, los pensionados de todo el país no pueden ejercer su derecho a la participación ciudadana en forma libre y transparente establecida en el artículo 9 de la Constitución. Esto incluye a las personas aseguradas activas del SEM e IVM que laboran por cuenta propia, quienes tampoco tienen participación en la Junta Directiva de la Caja. Por lo tanto, solicitamos:

  1. Solicitamos que se incluya una representación de la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social en la “Mesa Técnica Nacional” indicada en el oficio GP-2256-2026, cuya integración tiene un plazo a lo sumo en el mes de octubre de 2026, según el acuerdo de la Junta Directiva de la CCSS citado en el mismo oficio.



  1. Pedimos que se instruya a la Dirección Jurídica de la CCSS la elaboración de un proyecto de ley para que integre a un representante de los pensionados y a un representante de los trabajadores independientes ante la Junta Directiva de la CCSS.

Tercero. Así mismo, recordar que el oficio PE-3996-2026 del 18 de agosto de 2026 también solicitó “Por lo anterior, les solicito que, en el marco de sus respectivas competencias, analicen los planteamientos formulados por la ACSS (…)” sin que veamos en el oficio GP-2256-2026 los resultados del análisis requerido. La indicación de que serán “valorados dentro de la Mesa Técnica Nacional” es una mera especulación y omite lo solicitado en el oficio de la Presidencia Ejecutiva de la Institución. Entendemos que esa mesa técnica ni siquiera se ha integrado, además, a esta fecha la ACSS no tiene ninguna representación en esa mesa técnica. Es como dicen “patear la pelota”, desperdiciando oportunidades que tiene la CCSS para llevar análisis avanzados a dicha mesa técnica, en el caso de que sea integrada, para lo cual la Caja dispone de presupuesto y personal suficientes.

Por lo tanto, solicitamos a la Gerencia de Pensiones, en particular al Sr. Jaime Barrantes Espinoza, que realice u ordene el análisis de cada una de las siete propuestas contenidas en el oficio DAL-007-2026 de fecha 23 de junio de 2026, conforme fue requerido con el oficio PE-3996-2026 del 18 de agosto de 2026 y nos suministren una copia de los resultados. O bien pedimos que nos informen si no van a realizar el análisis indicado y por el contrario, van a llevar a la “Mesa Técnica Nacional” propuestas sin análisis previo, para que con una mayor probabilidad sean rechazadas.

Cuarto. En el oficio GP-2256-2026 se indica lo siguiente: “Adicionalmente, es relevante señalar que los sistemas de pensiones a nivel internacional son objeto de revisión periódica para asegurar su viabilidad frente a cambios demográficos, económicos y laborales. No obstante, cualquier eventual ajuste debe responder a procesos formales, análisis técnicos rigurosos y decisiones adoptadas por las instancias competentes, dentro del marco legal vigente y con el debido respeto a los principios de la seguridad social.” Sobre lo cual realizamos los siguientes comentarios y consultas:

  1. Sobre el asunto de los cambios demográficos indicamos lo siguiente en nuestro oficio ACSS-007-2026: “es conocido que las autoridades de la CCSS conocen desde hace varias décadas que la esperanza de vida al nacer aumentó de 47 años en 1947 a 63 años en 1960, a 73 años en 1980 y a 80 años a partir de 2010”. ¿Puede esa Gerencia de pensiones indicarnos las medidas que tomaron para evitar la lamentable situación financiera y actuarial que tiene el IVM desde hace décadas y que en su misiva y presentación a la Junta Directiva de la CCSS se indica que se debe a los cambios demográficos? Recordemos que hace más de 40 años, cuando ya en la Caja conocían que la esperanza de vida había aumentado de 47 años a 73 años más bien redujeron las edades de retiro a 55 años para las mujeres y a 57 años para los varones. En el año 2007 aprobaron el llamado “retiro anticipado” sin contar con un estudio actuarial; así mismo, la reforma del año 2005 la realizaron con estudios de actuarios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que indicaban que no había impacto financiero con los cambios. Y para la reciente reforma de IVM altas autoridades de la CCSS informaron a los asegurados que con ella se le daba sostenibilidad al IVM hasta el año 2050.

  2. Sobre los cambios económicos y laborales sucede algo similar; por ejemplo, en el año 2007 la CCSS aumentó la cotización de los trabajadores independientes a los niveles poco razonables que rigen en la actualidad, sabiendo de antemano que la Ley de Protección al Trabajador había obligado a asegurar de forma obligatoria a esos trabajadores. La misma CCSS no cumplió sus propios acuerdos de aumentar la base mínima contributiva hasta el monto del salario mínimo, más bien se desdijo de sus propios acuerdos y luego sus autoridades se quejan de que muchas pensiones se tienen que aumentar hasta el monto mínimo de la pensión. Sobre el asunto, es recomendable recordar los motivos por los cuales desde el año 2000 se aprobó aumentar la base mínima de cotización hasta el 100% del salario mínimo y a pesar de ello hoy estamos al 87% del salario mínimo en IVM y al 92,95% en el SEM -cifras que no tienen ninguna lógica-, para lo cual se pueden consultar las actas de la Junta Directiva donde se tomaron los acuerdos respectivos.

  3. Aún hay otros hechos que muestran que ha habido cambios sustanciales en algunas variables que afectan al IVM y sobre los cuales, las autoridades de la CCSS no hicieron nada para evitar la inminente quiebra del IVM. Recordemos, solo para mencionar tres ejemplos y si les es posible contestar, quedamos a la espera: ¿Qué hizo la CCSS cuando en el año 1950 fue advertida por el Actuario Cecil Nesbet que la prima del 7,5% de IVM sería insuficiente para honrar sus promesas? Cuando en la década de 1970 se obligó al IVM a cotizar para el SEM ¿las autoridades de la CCSS aumentaron la prima del 7,5%? Cuando en esa misma década se obligó al IVM a pagar el aguinaldo a los pensionados ¿las autoridades de la CCSS aumentaron el 7,5% de cotización de IVM?. Cuando en 2007 aprobaron beneficios anticipados en IVM sin sustento actuarial ¿qué hicieron las autoridades de la CCSS para financiar el costo?. ¿Tuvieron las autoridades de la CCSS algún reparo para contratar en el quinquenio de 2005 a casi 15 mil trabajadores, aprobar cesantías de 20 años y aumentar anualidades que llevaron a anunciar la inminente bancarrota del SEM en el año 2011?

  4. En cuanto a lo que indica “cualquier eventual ajuste debe responder a procesos formales, análisis técnicos rigurosos y decisiones adoptadas por las instancias competentes” le indicamos respetuosamente al Lic. Jaime Barrantes que nuestro oficio ACSS-007-2026 y el oficio PE-3996-2026 no obedecen a ningún proceso informal, nada se está realizando en las tinieblas ni en la penumbra, la participación ciudadana está garantizada en el artículo 9 de la Constitución; precisamente en el oficio PE-3996-2026 se solicitó a la Gerencia de Pensiones (y a otras instancias internas de la CCSS) realizar el análisis de nuestras propuestas, el cual no observamos en el oficio GP-2256-2026. Obviamente se conoce que es la Junta Directiva de la CCSS la autoridad máxima que debe tomar cualquier acuerdo sobre la regulación del IVM, ni siquiera la presuntamente aún no creada “Mesa Técnica Nacional” puede arrogarse esas potestades. Entonces, lamentablemente, esas “justificaciones” no son de recibo.

  5. En cuanto a la mención de que los acuerdos se deben ajustar “al marco legal vigente y con el debido respeto a los principios de la seguridad social” nos da la impresión de que esa Gerencia y su equipo de trabajo no leyeron nuestro oficio ACSS-007-2026 y su anexo, o bien, si lo leyeron no lo comprendieron. Esto porque nuestras propuestas tienen como fundamento precisamente el incumplimiento de la normativa vigente, normar el vacío que existe sobre las fuentes de financiamiento de la obligación del Estado como tal con la CCSS y para garantizar el respeto a los principios de la seguridad social, entre los que se encuentran, el respeto al derecho que tienen muchos costarricenses al disfrute de una pensión digna y a ser atendidos con prontitud en los centros de salud de la CCSS. Por el contrario, señor Barrantes lo instamos a tener presente y defender el estricto cumplimiento de lo que ordenan los siguientes artículos de la Constitución Política: El párrafo tercero del artículo 73 que dice “No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su creación, los fondos y las reservas de los seguros sociales.”; artículo 177: “Para lograr la universalización de los seguros sociales y garantizar cumplidamente el pago de la contribución del Estado como tal y como patrono, se crearán a favor de la Caja Costarricense de Seguro Social rentas suficientes y calculadas en tal forma que cubran las necesidades actuales y futuras de la Institución. Si se produjere un déficit por insuficiencia de esas rentas, el Estado lo asumirá, para lo cual el Poder Ejecutivo deberá incluir en su próximo proyecto de Presupuesto la partida respectiva que le determine como necesaria la citada Institución para cubrir la totalidad de las cuotas del Estado.” Así mismo, que a pesar de que esa Gerencia conoce que no se está cumpliendo con lo ordenado por los artículos 32 y 43 de la Ley Constitutiva de la CCSS -ver el Cuadro N° 49 del Estudio Actuarial más reciente del Seguro de Salud y Dictamen Jurídico D.J. 3519-08 del 7 de mayo del 2008 que adjuntamos-, la Gerencia de Pensiones presuntamente no ha hecho nada para enderezar el camino y evitar que se sigan tomando los fondos que legalmente deben ingresar a las arcas del IVM para financiar gastos el seguro de salud creados por leyes especiales que no son del seguro social obligatorio (Ley N° 17 “Ley Constitutiva de la CCSS”), como los seguros de salud creados por la Ley N° 5349 “Universalización del Seguro de Salud” y Ley N° 5905 “Pensionados Protegidos Seguros Enfermedad Maternidad”, así como los costos del primer nivel de atención de la salud creados por la ley N° 7374 “Aprobación de los contratos de préstamo suscritos con el Banco Interamericano de Desarrollo para el Programa de mejoramiento de los servicios de Salud y Construcción Hospital”, entre otras, por la falta de que los recursos previstos en esas leyes no ingresan a las arcas del SEM, no fueron cobradas al Estado en el momento oportuno o ingresan parcialmente. Respetuosamente le solicitamos que, si esa Gerencia de Pensiones ha realizado alguna gestión para evitar que esto siga sucediendo, nos suministre una copia en formato digital.

Notificaciones: Al correo acss.junio.2022@gmail.com

Sin otro particular, nos despedimos deseándole muchos éxitos en sus funciones.

Atentamente,

AUDITORÍA CIUDADANA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Dr. Alfredo Ramírez Montero Lic. Carlos Eduardo González Arroyo

Lic. Jorge García Araya M.Sc. Rodrigo Arias López”

La ACSS continuará informando por este medio asuntos de interés público relacionados con la seguridad social.

AUDITORÍA CIUDADANA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Lic. Jorge García Araya

M.Sc. Rodrigo Arias López

Betty Robinson: la primera corredora que ganó un oro olímpico

Escrito en . Publicado en Deporte.

Gabe Abrahams

Betty Robinson fue la primera corredora que ganó un oro olímpico. Además, consiguió varios récords y se convirtió en un ejemplo de lucha. Esta es su biografía.

Elizabeth Robinson, más conocida como Betty Robinson, nació en Riverdale, en el condado de Cook, Illinois, Estados Unidos, el 23 de agosto de 1911.

Sus padres fueron Harry Robinson, nacido en Irlanda del Norte, y Elizabeth Savage Wilson, de padres también irlandeses. Y sus dos hermanas se llamaron Jeannette y Evelyn.

De joven, Betty Robinson estudió en el Thornton Township High School y se inició en el deporte, decantándose por el atletismo gracias al entrenador Charles Price.

El 30 de marzo de 1928, Robinson corrió su primera carrera oficial con solo 16 años, una competición de 60 yardas, y consiguió quedar segunda tras Helen Filkey, la plusmarquista estadounidense de los 100 metros.

El 2 de junio de 1928, la joven Robinson volvió a competir al máximo nivel y, en esta ocasión, batió la plusmarca mundial de los 100 metros, aunque su registro de 12 segundos no se convirtió en oficial por tener el viento a favor.

Un mes después, el 4 de julio de 1928, Robinson compitió en los campeonatos de Estados Unidos, los cuales servían para seleccionar al equipo norteamericano que acudiría a los Juegos Olímpicos de Ámsterdam de aquel año, y quedó segunda en la prueba de 100 metros, logrando la anhelada plaza olímpica.

Ya en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam, Robinson se convirtió en la gran protagonista. Los Juegos incluyeron por primera vez pruebas de atletismo en la categoría femenina (100 metros, 800 metros, relevo 4 x 100 metros, salto de altura y lanzamiento de disco) y Robinson se impuso con brillantez en la de los 100 metros, dejando atrás a las canadienses Fanny Rosenfeld y Ethel Smith.

Su victoria la convirtió en la primera corredora en ganar una medalla de oro olímpica en una prueba atlética y en la distancia de los 100 metros. Su histórica gesta ocurrió el 31 de julio de 1928.

Los Juegos Olímpicos de Ámsterdam no terminaron para Robinson con ese oro, ya que, además, consiguió la medalla de plata en el relevo 4×100 metros.

A su regreso a Estados Unidos, el equipo norteamericano fue recibido en Nueva York por una multitud. Y Robinson, a título personal, en su Riverdale natal, observó cómo unas 20.000 personas la aclamaban.

Una vez quedaron atrás los Juegos de Ámsterdam, Robinson ingresó en la Northwestern University para estudiar educación física, se hizo miembro en la misma del capítulo Upsilon de la fraternidad femenina Kappa Kappa Gamma, una de las más destacadas de Estados Unidos, y siguió entrenando y compitiendo a pleno ritmo.

El 28 de junio de 1931, la suerte que había acompañado a Robinson a lo largo de su carrera deportiva se truncó y sufrió un accidente aéreo de extrema gravedad. Los médicos señalaron que no podría volver a correr y competir, aunque la voluntad de la corredora hizo que pasase justo lo contrario. Transcurrido un tiempo, así pues, la fuerza de voluntad de la atleta la condujo a levantarse de su silla de ruedas, a caminar de nuevo y a regresar a los entrenamientos y a la competición.

Betty Robinson volvió a formar parte del relevo 4×100 metros de su país en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, los Juegos que organizó la Alemania nazi con el beneplácito del COI (Comité Olímpico Internacional). Y, en la final olímpica de esa prueba disputada el 9 de agosto, ganó su segunda medalla de oro olímpica. En la prueba, Robinson venció y convenció, lo cual fue el fruto de una voluntad férrea por superar su accidente y de un deseo de victoria insaciable.

Tras los Juegos Olímpicos de Berlín, Robinson se retiró de la competición, fue jueza y cronometradora en su deporte y trabajó en una ferretería. También hizo de oradora pública de la Women’s Athletic Association y de la Girls’ Athletic Association para promover el deporte femenino. Su testimonio resultó de suma importancia para derrocar un sistema que relegaba a las mujeres a roles secundarios incluso en el deporte.

En esos años, Robinson se casó dos veces. Con su segundo marido, Richard Schwartz, tuvo dos hijos, residiendo en Glencoe, Illinois, una villa de la costa norte de Chicago.

En 1977, la velocista se llevó una gran alegría al conocer su ingreso en el USA Track and Field Hall of Fame. Y, en 1996, portó la antorcha olímpica de los Juegos Olímpicos de Atlanta.

Betty Robinson, la primera corredora que ganó un oro olímpico en una prueba del programa atlético y en la distancia de 100 metros, falleció finalmente en Denver, Colorado, el 18 de mayo de 1999 a la edad de 87 años, después de padecer cáncer y Alzheimer. Desde entonces, su memoria ha sido ensalzada como muestra de lo que se puede llegar a conseguir con unas buenas dosis de talento y una voluntad inquebrantable. No merece menos.

Cuando la aritmética suplanta a la voluntad

Escrito en . Publicado en Análisis.

Eduardo Piza Volio
20 de setiembre de 2026

Hay decisiones jurídicas cuya extrañeza solamente se revela cuando se las conduce hasta sus últimas consecuencias. No es necesario caricaturizarlas: basta aplicar rigurosamente su propia lógica. Es el antiguo procedimiento de la reductio ad absurdum, que desde la matemática griega hasta la filosofía analítica ha servido para descubrir cuándo una premisa aparentemente razonable desemboca en un resultado difícilmente conciliable con aquello que pretendía preservar.

Algo semejante ocurre con la reciente controversia sobre la elección de magistrados suplentes en la Asamblea Legislativa.

El artículo 227 del Reglamento legislativo contiene una disposición singular: en los procesos de elección, el voto del diputado que «dejare de elegir» se suma a quien haya obtenido el mayor número de votos. El mismo artículo reconoce, sin embargo, que cuando la Constitución exige una mayoría calificada debe respetarse esa mayoría.

La regla puede tener una finalidad comprensible: impedir que la abstención se convierta en instrumento para paralizar indefinidamente una decisión parlamentaria. El problema aparece cuando una ficción destinada a resolver una dificultad procedimental termina sustituyendo la voluntad que la mayoría calificada pretende garantizar.

Imaginemos el caso límite.

Dos personas, A y B, aspiran a una magistratura. De los 57 diputados, uno vota por A, ninguno por B y los otros 56 dejan de elegir.

La voluntad parlamentaria efectivamente manifestada es inequívoca: A recibió un voto.

Pero si los 56 votos de quienes dejaron de elegir se atribuyen a A por ser el candidato más votado, la aritmética reglamentaria produce un prodigio digno de Zenón: A termina con 57 votos. La unanimidad formal nace de la casi absoluta ausencia de consentimiento.

El problema deja entonces de ser aritmético y se vuelve filosófico.

Una mayoría calificada no es simplemente un número. Es una institución destinada a expresar una determinada densidad de consentimiento. Cuando el constituyente exige una mayoría especialmente elevada, pretende dificultar deliberadamente la decisión: quiere obligar a construir acuerdos que trasciendan una mayoría circunstancial. De hecho, al explicar la reforma constitucional de 2003, la Procuraduría ha señalado que la exigencia de los dos tercios busca que la elección de cada magistrado sea producto de un «amplio consenso legislativo».

Aquí aparece una distinción elemental que habría complacido a Aristóteles: una cosa es no elegir a A y otra muy distinta es elegir a A.

Una norma jurídica puede establecer consecuencias para una abstención. Lo que resulta conceptualmente mucho más problemático es que transforme la ausencia de una voluntad afirmativa en la voluntad afirmativa que precisamente se exige para alcanzar una mayoría reforzada.

La paradoja se hace todavía más visible cuando se considera la papeleta. Si deben escogerse nueve candidatos entre dieciocho, quien no escoge a ninguno puede quedar comprendido en la regla de quien «dejare de elegir». Pero quien marca más candidatos de los permitidos puede producir una papeleta inválida. Surge entonces una extravagante posibilidad: quien pretende abstenerse cuidadosamente podría contribuir involuntariamente a elegir al candidato que menos desea, mientras quien vota incorrectamente podría producir consecuencias distintas.

El Derecho necesita ficciones. La personalidad jurídica, la representación, las presunciones y muchas otras construcciones son ficciones indispensables para hacer posible la vida institucional. Pero una ficción jurídica encuentra su límite cuando comienza a destruir la realidad normativa que debía servir.

Hans Kelsen enseñó que el orden jurídico es también una estructura jerárquica. Una norma inferior obtiene su validez dentro del marco trazado por la superior. Por ello, la pregunta decisiva no consiste solamente en determinar qué dispone el Reglamento de la Asamblea Legislativa, sino hasta dónde puede llegar ese Reglamento cuando entra en juego una exigencia establecida por la Constitución.

El artículo 158 dispone que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia sean elegidos por los votos de dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea; el artículo 164 regula específicamente el nombramiento de los magistrados suplentes. La cuestión jurídica consiste, por tanto, en determinar cómo interactúan esas disposiciones constitucionales con la regla reglamentaria de imputación de votos.

Pero detrás de la discusión técnica permanece una pregunta mucho más sencilla y quizá mucho más profunda:

¿qué significa votar?

Si votar significa manifestar una voluntad, parece difícil sostener, desde una concepción sustantiva de la democracia representativa, que la voluntad de no elegir pueda ser indistinguible de la voluntad de elegir. Porque entonces la mayoría deja de representar consentimiento y se convierte en un artificio contable.

Y cuando eso sucede, la aritmética ya no mide la voluntad democrática.

La reemplaza.

El notable nuevo mundo de los BRICS

Escrito en . Publicado en Análisis.

Gilberto Lopes
San José, 21 de septiembre del 2026

Los BRICS encarnan el llamado Sur Global. Es ahí, en ese espacio, donde se encuentran con el que había creado el Movimiento de los Países No Alineados, hace ya más de 60 años. Pero ese Sur Global posee hoy un poder económico que los No Alineados nunca tuvieron, como dice el periodista esloveno, Uroš Lipušcek.

No es extraño que un periodista esloveno recuerde a los No Alineados, un movimiento cuyas raíces hay que buscar en la ciudad de Bandung, en Indonesia, en 1955, y en Belgrado, capital de Yugoslavia, seis años después, dirigida entonces por el mariscal Tito, y de la que Eslovenia era parte.

En abril de 1955 se reunieron en Bandung representantes de 29 países de África y Asia, y de territorios aún estaban sometidos a un poder colonial. Era, naturalmente, otro mundo.

Del impulso de Bandung derivó la reunión de Belgrado, inaugurada el 6 de septiembre de 1961, en plena Guera Fría. Solo dos semanas antes había comenzado la construcción del muro de Berlín y un día después de la inauguración de la cumbre la Unión Soviética realizó un ensayo nuclear.

Anuradha Chenoy, exdecana de la Escuela de Estudios Internacionales de la Jawaharlal Nehru University de New Delhi, también encuentra en las conferencias de Bandung y de Belgrado un hilo que las vincula al movimiento de los BRICS.

No es difícil encontrar un hilo conductor entre un movimiento que tuvo su mayor influencia en los años 60 y 70 del siglo pasado, y este otro, el de los BRICS, surgido hace 20 años, y que ha tomado un nuevo impulso en la reunión de Nueva Delhi, celebrada el 12 de septiembre pasado, asegura.

No es extraño tampoco que una intelectual hindú se sienta vinculada a ambos procesos. El entonces primer ministro Jawaharlal Nehru desempeñó un papel fundamental, junto a Tito y al egipcio Gamal Abdel Nasser, en el surgimiento del Movimiento de los No Alineados. Había que evitar, a mediados del siglo pasado, que la Guerra Fría se transformara en otra, caliente. Eso se logró, como lo sabemos hoy. Por lo menos hasta ahora.

Los BRICS y las guerras de nuestro tiempo

Los BRICS toman el relevo de esas reivindicaciones, en un escenario muy distinto. Entonces parecía que los ensayos de las potencias nucleares apenas dejaban oír la voz de los 29 países africanos y asiáticos y la de los territorios coloniales. Aunque los resultados logrados podrían sugerir que aquella voz, aparentemente apenas audible, de algún modo se sumó a los esfuerzos de quienes advertían contra los riesgos de la Guerra Fría.

Quizás debamos aprender algo de esa experiencia. Al igual que los No Alineados, los BRICS enfrentan el desafío de un orden internacional en el que no se sienten debidamente representados. Y tampoco se sienten cómodos en un mundo en el que Estados Unidos ha vivido librando alguna guerra prácticamente todos los años desde el fin de la Guerra Fría.

Tres de los miembros de los BRICS –Rusia, Irán y Arabia Saudita– están involucrados en dos de los conflictos internacionales más importantes en la actualidad, lo que enfrentaba el movimiento a una compleja negociación en la cumbre de Nueva Delhi para llegar a una declaración final que pudieran firmar todos.

Irán y Arabia Saudita ocupan lados distintos en el Medio Oriente, tanto por sus relaciones con Estados Unidos como con Israel.

La agresión de Estados Unidos ha provocado un caos en el mercado de hidrocarburos, con el bloqueo del estrecho de Ormuz por Irán y la renovada ofensiva de los hutíes, en Yemen, que les ha permitido controlar la estratégica ciudad portuaria de Moka, amenazar la navegación en el estrecho de Bab el Mandeb, y atacar instalaciones militares en Arabia Saudita, lo que obligó a cerrar el oleoducto que transporta el crudo saudí desde el golfo Pérsico hacia el mar Rojo.

Por otro lado, la presencia rusa, una de las partes de la guerra en Ucrania, también obligaba a una difícil negociación para lograr una declaración final común. El mismo primer ministro hindú, Narendra Modi, pidió a Putin poner fin a esa guerra cuando se reunieron en Delhi.

La declaración, un largo documento de 45 páginas y 140 puntos, no hace referencia explícita a ese conflicto, sino que subraya la importancia de los esfuerzos para prevenirlos, abordando sus causas más profundas. Una formulación que responde a las demandas rusas, sin dejar de satisfacer a quienes piden a Rusia poner fin al conflicto.

Un arreglo imposible

En todo caso, parece imposible un arreglo negociado de esa guerra en estos momentos. El politólogo norteamericano John Mearsheimer no cree siquiera que sea posible en algún momento una solución negociada, dada la naturaleza de las demandas de cada parte. Sobre todo por la decisión rusa de incorporar al país territorios ucranianos fronterizos, una medida que Kiev no está dispuesta, por ahora, a negociar.

Pero me parece que hay más razones por las que no surgen iniciativas para resolver el conflicto mediante negociaciones diplomáticas. Europa (y Canadá) apuestan todavía por algún tipo de “derrota” de Rusia. Una que la debilite, que no deje dudas de que no alcanzó sus objetivos. Mientras esa esperanza exista, mientras Europa (y Canadá) estén dispuestos a seguir apostando (armando y financiando) la guerra, las perspectivas de paz no son posibles. El congreso de los Estados Unidos también aprobó, el pasado miércoles, 16 de septiembre, “sanciones infernales” contra el sector energético ruso, que Moscú calificó de “medidas hostiles”. Pretenden con eso no solo impedir la venta del petróleo y gas rusos o iraníes a terceros países, sino también sancionar a quienes comercien con ellos, especialmente China e India.

No se debe, en todo caso, perder de vista lo que ocurre en el escenario político interno de los diversos países europeos o de América del Norte, desde Londres a Rumania, pasando por las elecciones suecas del pasado domingo 12 de septiembre (que conformaron un difícil escenario político), o las elecciones locales en Alemania, o la general en Francia, el año próximo y las estadounidenses de noviembre próximo. Cada una puede tener repercusiones en el escenario internacional difíciles de prever.

No son solo las presiones políticas. La guerra en Ucrania somete la economía europea a renovadas tensiones, que afectan también a Ucrania y a Rusia, con un enorme costo, que se suman a las inevitables tensiones políticas internas, mayores en Kiev que en Moscú, donde las elecciones de la semana pasada le dieron un apoyo renovado a Putin.

¿Los delicados equilibrios debilitan los BRICS?

Las potencias nucleares se multiplicaron desde el final de la II Gurra Mundial, dejando atrás el reconocimiento de las cinco aceptadas entonces, las únicas autorizados a tener armas, atómicas y que conforman el grupo de miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

Hoy tres potencias nucleares integran los BRICS: China, Rusia e India. Pakistán aspira también a incorporarse. Las relaciones entre los dos primeros están consolidadas hoy al más alto nivel. Del mismo modo, después de grandes tensiones y confrontaciones armadas en una vasta frontera aun no definitivamente delimitada, China e India han logrado un notable acercamiento, que la primera visita de Xi a la India en siete años consolidó.

No falta quienes prefieren enfatizar la debilidad de los equilibrios que sustentan los BRICS. Para Sarang Shidore, director del Programa Sur Global del Quincy Institute –una organización norteamericana que reivindica la diplomacia para lograr la paz internacional– lo que parecía una exitoso resurgimiento del Sur global “comienza a parecerse un poco como una familia disfuncional reunida para Navidad”.

Shidore habla de una “indigestión provocada por su rápido crecimiento” y un “modesto impacto en el terreno”. ¿Será? En todo caso, aún él reconoce que “sería un error decir que los BRICS son un fracaso”. En un artículo publicado en Foreign Policy, destaca que en menos de dos décadas logró conformar el primer grupo verdaderamente transcontinental no Occidental, con historias de éxitos financieros y la conformación del Nuevo Banco de Desarrollo. No parece poca cosa.

Un mismo énfasis hace la periodista Imma Bonet, en un artículo para el diario español El País, firmado en Beijing: “cuanto más crecen, más complicado resulta que hablen con una sola voz”, afirmó. Aunque (como Sarang Shidore) reconoce que el crecimiento de los BRICS les ha dado “una relevancia difícil de ignorar”, estima que “ese peso agregado sigue siendo, en buena medida, más estadístico que político”.

Al final, las apuestas están sobre la mesa: resulta imposible desconocer la importancia de un grupo de reúne hoy a las dos mayores poblaciones del mundo –India y China–, el país más extenso territorialmente –Rusia– y las mayores economías de América Latina y África –Brasil y África del Sur–. Pero no dejan de enfatizar las dificultades para conciliar posiciones, en un escenario conformado por intereses tan diversos.

Desde luego, hay otros puntos de vista: para el brasileño Evandro Menezes de Carvalho, profesor de Derecho Internacional en la Universidade Federal Fluminense, de Rio de Janeiro, la Cumbre de Nueva Delhi confirmó que los BRICS “ni han perdido dirección ni han agotado sus objetivos”.

O, como dice Dmitri Trenin, presidente del Consejo Ruso de Asuntos Internacionales e investigador principal del Instituto de Economía Mundial y Relaciones Internacionales: “no hay necesidad de hacer que los BRICS parezcan algo que no son: no son una alianza ni una coalición antioccidental y, en todo caso, su trayectoria ofrece una pincelada de un tipo diferente de orden mundial”.

Al final, la Declaración de Nueva Delhi ha dado, por ahora, una respuesta que, en opinión de Bonet, “recoge sus posiciones sobre los principales asuntos globales y regionales y una hoja de ruta para reforzar la cooperación”.

La clave para una cumbre exitosa

«Creo que la cumbre de los BRICS fue bastante exitosa, en parte gracias a la visita de Xi», declaró al diario chino Global Times Mohammed Saqib, secretario general del Consejo Económico y Cultural India-China. «El discurso del presidente chino fue inspirador», añadió.

Tanto la prensa china como la hindú hicieron particular hincapié en la importancia de las relaciones entre ambos países. Una relación que trasciende el ámbito bilateral, en un mundo donde el hegemonismo y el unilateralismo van en aumento, estimó Qian Feng, director del Departamento de Investigación del Instituto Estratégico de la Tsinghua University. En la declaración final de la cumbre se había destacado la importancia del Sur Global como motor de cambios positivos, en un mundo de crecientes tensiones geopolíticas.

Concluida la cumbre, las miradas se han vuelto hacia Beijing, donde Xi se prepara para su visita a Washington a fin de mes, donde se reunirá con el presidente Trump del 23 al 25 de septiembre.

Xi ha preparado el viaje cuidadosamente, consolidando su presencia en diversos escenarios internacionales. Primero, en la reunión de la Organización de Cooperación de Shangai (SCO), celebrada en Biskek, capital de Kirguistán. Ahí estaban también Putin y Modi, los presidentes de países del Asia Central, Irán y Pakistán, además de diversos países que asisten en un formato SCO Plus.

Aunque la prensa occidental no dio gran cobertura a la reunión, el resultado fue considerado como la consolidación de un eje de países asiáticos que conforman otro bloque en el escenario multilateral promovido por el Sur Global. Además de la Declaración de Biskek fueron aprobados otros 27 documentos, incluyendo acuerdos sobre uso de monedas nacionales en el comercio regional, cooperación energética y de seguridad y el anuncio de nuevos corredores de transporte, como el ferrocarril, en un formato bastante parecido al de los BRICS.

En la medida en que se acerca su reunión con Trump, Xi refuerza sus contactos internacionales, con la asistencia a las cumbre de los BRICS y de la SCO, seguida de la visita al Cairo. Bishkek, Cairo y Nueva Delhi son una clara demostración de que China tiene un estratégico margen de maniobra, destacó en una nota el SCMP, un importante diario de Hong Kong.

Este es el escenario del notable mundo nuevo que los BRICS tratan de interpretar. Una renovada presencia en los organismos políticos y financieros internacionales; el desarrollo de renovadas relaciones comerciales, con el uso creciente de monedas locales; un banco de desarrollo aun modesto, pero que ya da sus primeros pasos; y la oposición a la jurisdicción extraterritorial de ilegales sanciones unilaterales son parte de esa agenda con la que se teje un delicado nuevo orden internacional.

FIN

Víctor Jara: su herencia

Escrito en . Publicado en Cultura.

Máster Juan José Jiménez Granados
Filósofo
Coreógrafo y maestro

Recientemente se conmemora, un aniversario más del crimen atroz que acabó con la vida de Víctor Jara.

Víctor Jara (28 de setiembre 1932-16 de setiembre 1973)

Víctor Jara nació en la provincia de Ñuble, hijo de campesinos y con cuatro hermanos. Tuvo que trabajar desde niño para ayudar a las grandes necesidades de la casa, abandonó la secundaria para trabajar en una fábrica de muebles.

A sus 15 años fallece su madre Amanda, la familia se dispersa. Víctor, como muchos jóvenes sin recursos y con inquietudes académicas y sociales, ingresa al Seminario de la Congregación del Santísimo Redentor, pero tras dos años de estudios teológicos y filosóficos, se da cuenta que no era su vocación. Pero el ejercicio del canto y el estudio de la música de manera formal, le marcan su horizonte.

Luego de cumplir con el obligatorio servicio militar, ingresó al coro estable de la Universidad de Chile, donde a sus 24 años, combinó la música con el estudio y ejercicio formal del teatro.

Alrededor de 1957 se une al Conjunto Folklórico Cuncumén, donde conocería a la gran Violeta Parra en los últimos años de su vida (Violeta Parra fallece en 1967 con solo 47 años).

Este mundo es pequeño… Víctor tuvo como maestros de teatro a Bélgica Castro y Alejandro Sieveking, quienes a la postre serían figuras claves para la cultura costarricense desde el Teatro del Ángel junto a Lucho Barahona. Pero también tuvo contacto cercano con Atahualpa del Cioppo.

Para 1961, además de producir su primera canción “Paloma” realiza giras artísticas por Países Bajos, Francia, Unión Soviética, Checoslovaquia, Polonia, Rumania, Bulgaria y prácticamente toda Suramérica.

Es importante recalcar que en este proceso y proviniendo del empobrecido campo chileno en manos de familias terratenientes, él tiene contacto con las ideas de izquierda que forman parte fundamental del pensamiento filosófico y político en la Universidad de Chile entonces.

Lideró el homenaje por el Premio Nobel de Literatura para Pablo Neruda y fueron grandes amigos.

Se involucra inevitablemente con las causas sociales, la lucha campesina, el derecho a la educación y los derechos humanos.

Para ese momento, finales de la década de los 60, ya había muertes y desapariciones de dirigentes sociales a manos de grupos paramilitares de extrema derecha, preámbulo de lo que se venía.

En 1973, canta y se presenta en los actos proselitistas de los candidatos a alcaldía y municipios de la Unidad Popular, con un claro mensaje contra el fascismo y la guerra.

Para ese momento, asciende al poder el presidente Salvador Allende, elegido democráticamente por el pueblo, siendo el primer gobierno de izquierda en el mundo en ascender democráticamente al poder. Sus políticas de reforma agraria, justicia social, nacionalización de la banca y políticas anticorrupción -sumadas a su gran popularidad internacional- causan un golpe militar generado desde los sectores privilegiados, con apoyo del ejército y con apoyo total de la CIA y el secretario de Estado norteamericano Henri Kissinger y liderado por el general Augusto Pinochet, que se entronizaría como uno de los dictadores más opresivos y criminales de la historia reciente.

Este golpe se da el 11 de setiembre de 1973; al día siguiente, Víctor Jara es capturado en la Universidad Técnica Nacional de Chile junto a profesores, administrativos y alumnos. Son trasladados al Estadio Chile que funcionó como campo de detención y concentración de miles de personas. Allí sufrió todo tipo de vejaciones: golpes, choques eléctricos, le quebraron sus muñecas, mientras los torturadores le decían que tocara algo para ellos…

Quebraron sus costillas, tenía una herida abdominal enorme abierta y más de 40 impactos de bala en su cuerpo, cuando al cuarto día de fallecido fue identificado por su esposa, la bailarina, maestra y coreógrafa inglesa Johan Turner, quien fue alertada de reclamarlo antes de que desapareciera en un horno o en una fosa común.

Johan Turner y sus dos hijas se fueron temporalmente a Inglaterra, pero volverían a continuar con sus vidas y sus luchas.

Cronología:

Año 2003, se nombra al Estadio Chile como Estadio Víctor Jara.

Año 2009 se encarcela a José Paredes Márquez quien fue acusado de asesinar a Víctor.

Año 2012 se enjuicia a siete militares involucrados en el asesinato.

Año 2016 procede una demanda de Johan Turner, Amanda Jara y Manuela Bunster (hijas) Contra Pedro Barrientos actor principal del asesinato quien residía desde 1990 en la Florida Estados Unidos.

Año 2020 la tumba de Víctor Jara es vandalizada por grupos extremistas de derecha.

Año 2021 Johan Turner recibe el Premio Nacional de las Artes de Chile por su extensa labor artística.

Año 2023 Raúl Jofré González y Nelson Haase Mazzei, coautores del crimen se fugan y siguen prófugos.

Año 2026 las Hijas de Víctor Jara siguen activas a través de la Fundación Víctor Jara , luchando por la memoria de su padre e investigando el paradero de cientos de desaparecidos.

Reflexiones finales:

-La democracia es muy muy frágil, requiere de ser acuerpada vigilada y defendida por todo el pueblo.

-La voz de Víctor Jara sigue poderosa en la memoria y en la juventud de hoy.

-Chile continúa siendo una sociedad polarizada en temas políticos donde el pinochetismo sigue fuerte.

Afortunadamente abundan fotografías, entrevistas de radio, prensa y tv de Víctor Jara…

La patria no nació en un solo día

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Eduardo Piza Volio
Setiembre de 2026

¿Qué celebramos cuando festejamos la independencia de Costa Rica?

Las naciones necesitan fechas porque la memoria colectiva difícilmente puede desfilar detrás de un proceso histórico. Las banderas exigen un día; los himnos, una ceremonia; las escuelas, una efeméride. La historia, en cambio, suele mostrarse menos disciplinada: avanza mediante vacilaciones, conflictos, acuerdos provisionales, intereses contrapuestos y decisiones cuyo verdadero alcance solo se descubre mucho después.

Por eso, preguntar qué celebramos cada 15 de setiembre no equivale a buscar una fecha indiscutible en el calendario. Supone examinar cómo un territorio habitado durante milenios, convertido después en provincia colonial, comenzó a desprenderse de la monarquía española, a gobernarse por sí mismo, a construir un Estado y, finalmente, a defender con las armas la soberanía adquirida.

La independencia de Costa Rica no fue un instante milagroso. Fue una secuencia.

Antes de Costa Rica

Afirmar que Costa Rica no existía antes de la llegada de los europeos es correcto únicamente si por “Costa Rica” entendemos el Estado republicano, con sus instituciones, sus fronteras y su identidad política contemporánea. Resultaría profundamente equivocado, en cambio, si con esa frase se pretendiera insinuar que antes de los españoles no había historia, sociedad ni cultura.

Mucho antes de que el territorio recibiera su nombre europeo, existían en él sociedades indígenas complejas, con autoridades políticas, redes de intercambio, sistemas agrícolas, lenguas, religiones y concepciones propias del mundo. Las sociedades cacicales del siglo XVI no constituían una nación costarricense anticipada —sería anacrónico imaginarlas así—, pero tampoco eran una página en blanco sobre la cual Europa escribió la primera línea de la historia (Ibarra Rojas, 1990).

Reconocer esa complejidad no exige idealizar el pasado prehispánico. Aquellas sociedades también conocieron jerarquías, conflictos y relaciones de poder. Sus derechos actuales no dependen de representarlas como comunidades perfectas, sino de admitir su continuidad histórica, su dignidad y su condición de pueblos con identidades, instituciones y vínculos territoriales propios.

Cristóbal Colón llegó a la costa caribeña en setiembre de 1502, durante su cuarto viaje. Su paso por Quiribrí, la actual isla Uvita, fue una visita exploratoria: no fundó ciudades, no estableció una administración permanente ni conquistó el territorio. Pero aquella escala tampoco fue históricamente inocente. Incorporó esas tierras al horizonte geográfico y a las ambiciones imperiales de España. La visita no fue todavía la conquista, pero abrió el camino que conduciría a ella.

La penetración española fue tardía, fragmentaria y difícil. Las primeras incursiones se concentraron en el Pacífico y en Nicoya; el dominio más estable del Valle Central solo comenzó a organizarse durante la segunda mitad del siglo XVI. La fundación y consolidación de Cartago, la distribución de encomiendas y el sometimiento de diversas comunidades indígenas permitieron establecer la provincia colonial.

No se trató de la instalación pacífica de pobladores en un territorio desocupado, sino de un proceso de apropiación de tierras, imposición religiosa, explotación laboral, desplazamiento, reducción demográfica y transformación forzada de sociedades preexistentes (Quirós Vargas, 1990; Fonseca Corrales, 1983).

Esta precisión posee una dimensión ética fundamental: si la historia nacional comienza con Colón, los pueblos indígenas quedan convertidos en una antesala borrosa de la verdadera historia. Esa exclusión prolonga, en el terreno simbólico, la conquista material que padecieron.

La sociedad colonial y sus silencios

La provincia de Costa Rica nació dentro de un orden monárquico, católico, jerárquico y racializado. Encomenderos, comerciantes, funcionarios, campesinos, indígenas, mestizos y personas afrodescendientes —tanto libres como esclavizadas— ocuparon posiciones profundamente desiguales. La pobreza relativa de buena parte de la élite colonial no convirtió aquella sociedad en una democracia rural, ni la ausencia de grandes minas eliminó la explotación.

Uno de los mitos más persistentes de la identidad nacional sostiene que Costa Rica surgió como una comunidad homogénea de campesinos blancos, propietarios, pacíficos e iguales. Esa imagen cumplió una función psicológica y política: permitió imaginar una genealogía democrática excepcional. Pero lo hizo al precio de borrar a los pueblos indígenas, minimizar la presencia afrodescendiente, disimular las diferencias sociales y presentar como igualdad originaria lo que fue, en realidad, una sociedad estratificada (Molina Jiménez, 2002).

La independencia política tampoco desmanteló de inmediato esa estructura. Cambió la fuente de la soberanía, pero no convirtió automáticamente en ciudadanos plenos a todos los habitantes. Los grupos subordinados continuaron cargando con buena parte del trabajo, mientras las decisiones políticas permanecieron principalmente en manos de minorías masculinas, alfabetizadas y propietarias.

La primera lección moral, por consiguiente, consiste en no confundir independencia con justicia consumada. Un país puede dejar de obedecer a un imperio y conservar dentro de sí muchas de las desigualdades que aquel imperio ayudó a construir.

Los pueblos indígenas: continuidad histórica y derechos colectivos

La independencia de España no significó la liberación inmediata de los pueblos indígenas. La nueva república proclamó gradualmente la igualdad jurídica de sus habitantes, pero esa igualdad fue concebida, con frecuencia, como la obligación de integrarse a una sociedad definida por otros. Las formas indígenas de propiedad, autoridad, identidad y relación con el territorio no siempre fueron comprendidas como derechos que debían respetarse, sino como diferencias destinadas a desaparecer.

Este punto resulta esencial: los pueblos indígenas no son únicamente sectores empobrecidos que necesitan asistencia estatal. Tampoco constituyen simples minorías culturales cuya protección pueda reducirse a conservar artesanías, bailes o celebraciones. Son pueblos anteriores a la formación del Estado costarricense, con continuidad histórica, identidad colectiva, instituciones propias y una relación material, cultural y espiritual con sus territorios.

Por eso poseen, además de los derechos individuales reconocidos a toda persona, derechos colectivos. Estos derechos no conceden privilegios ni colocan a los indígenas fuera del orden democrático. Procuran impedir que una igualdad puramente formal destruya las condiciones necesarias para la supervivencia de sociedades culturalmente diferenciadas.

Entre esos derechos se encuentran la preservación de la identidad; el uso y la transmisión de las lenguas; el respeto de las autoridades y formas propias de organización; la participación efectiva en las decisiones públicas; la educación intercultural; una atención sanitaria culturalmente pertinente; la protección de los conocimientos tradicionales; el acceso a la justicia sin discriminación y el derecho a decidir sus prioridades de desarrollo.

El territorio ocupa un lugar central. Para los pueblos indígenas no es solamente una propiedad susceptible de comprarse o venderse. Es el espacio en el que se sostienen la memoria, los vínculos comunitarios, las prácticas productivas, la espiritualidad y la continuidad entre generaciones. Perderlo puede significar algo mucho más profundo que perder un bien económico: puede poner en peligro la existencia misma del pueblo como comunidad diferenciada.

La Ley Indígena de 1977 declara los territorios indígenas inalienables, imprescriptibles, no transferibles y exclusivos para las comunidades que los habitan. Costa Rica aprobó, además, mediante la Ley n.º 7316 de 1992, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Este instrumento obliga a respetar las instituciones, culturas y formas de vida de los pueblos indígenas, proteger su relación con las tierras y consultarlos cuando una medida legislativa o administrativa pueda afectarlos directamente.

La consulta indígena no consiste en informar sobre una decisión ya adoptada. Debe realizarse previamente, de buena fe, mediante procedimientos culturalmente adecuados y a través de las instituciones representativas de los pueblos involucrados, con el propósito de alcanzar acuerdos. Tampoco equivale a un derecho de veto automático sobre cualquier política pública; pero sí impide que el Estado trate la participación indígena como un trámite ornamental. En 2018, Costa Rica estableció un Mecanismo General de Consulta Indígena para ordenar estos procedimientos en los ocho pueblos y los veinticuatro territorios reconocidos oficialmente (Ministerio de Justicia y Paz, 2018).

La Constitución también ordena al Estado velar por el mantenimiento y cultivo de las lenguas indígenas nacionales. A ello se suman la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la jurisprudencia interamericana sobre propiedad colectiva, identidad cultural, consulta y participación.

Sin embargo, reconocer un derecho en una ley no equivale a garantizarlo en la realidad. La presencia de ocupantes no indígenas dentro de territorios protegidos, los lentos procesos de recuperación territorial, la fragilidad de algunas lenguas, la pobreza, las barreras de acceso a servicios públicos y la insuficiente participación política muestran la distancia que todavía separa la norma de su cumplimiento.

Los asesinatos de los dirigentes indígenas Sergio Rojas, en 2019, y Jehry Rivera, en 2020, ocurridos en un contexto de disputas territoriales, revelaron de manera trágica que la cuestión indígena no pertenece solamente al pasado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió entonces sobre las amenazas y la violencia contra líderes indígenas y recordó al Estado su deber de proteger la vida, la integridad y los derechos territoriales de los pueblos bribri y brörán (CIDH, 2020).

Hablar de inclusión indígena exige, por tanto, algo más que incorporar sus nombres a un discurso patriótico. Significa reconocerlos como interlocutores políticos del presente, garantizar la posesión efectiva de sus territorios, respetar sus instituciones, proteger sus lenguas y hacer posible que participen en las decisiones que afectan su futuro.

1821: una independencia que llegó por correo

La independencia costarricense tuvo una peculiaridad casi novelesca: no llegó precedida por una insurrección local, sino por documentos transportados lentamente desde el norte.

El 15 de setiembre de 1821, las autoridades reunidas en la ciudad de Guatemala aprobaron el acta que abrió la ruptura política del antiguo Reino de Guatemala con España. Costa Rica no estuvo representada en aquella reunión. Sin embargo, sería incorrecto reducir el documento a un acontecimiento ajeno: la decisión guatemalteca inició el proceso de deliberación que se extendió por toda Centroamérica y desarticuló el orden político al que pertenecía la provincia.

Las noticias llegaron a Costa Rica el 13 de octubre, acompañadas por el acta de Guatemala y por el llamado “Acta de los Nublados”, redactada en León, Nicaragua. A partir de ese momento, los cabildos de Cartago, San José, Heredia, Alajuela, Barva y Ujarrás comenzaron a discutir qué autoridad debía sustituir al poder colonial y cuál sería el destino político de la provincia (Díaz Arias, 2021, 2022).

Conviene comprender el significado que entonces tenía la palabra pueblo. No aludía todavía al conjunto indiferenciado de todos los habitantes, como en las democracias contemporáneas, sino principalmente a comunidades políticas representadas por sus ayuntamientos. Al romperse el pacto con el rey, se consideraba que la soberanía retornaba a esos pueblos. Cada cabildo se sentía, por tanto, depositario de una porción de aquella soberanía recuperada.

El 25 de octubre se reunieron en Cartago varios legados municipales. No estaban representados Bagaces, Esparza ni los llamados “pueblos de indios”. Algunos delegados carecían, además, de autorización para tomar decisiones definitivas. Esta ausencia revela los límites sociales y territoriales del proceso: la independencia fue una deliberación política importante, pero no una consulta popular en el sentido moderno.

No sería razonable exigir a 1821 los procedimientos de una democracia del siglo XXI. Pero tampoco sería honrado esconder que los pueblos indígenas, pese a ser habitantes originarios del territorio, no participaron en igualdad de condiciones en la fundación del nuevo orden político. La república heredó esa exclusión y tardó mucho en comenzar a reconocerlos como sujetos de derechos colectivos.

El 28 de octubre, al conocerse que León había jurado la independencia, una multitud josefina integrada —según las fuentes— por personas de distintas clases y de ambos sexos la celebró públicamente. Al día siguiente, el cabildo de Cartago proclamó la independencia absoluta del Gobierno español y, al mismo tiempo, dispuso que se observaran la Constitución y las leyes del Imperio mexicano.

La combinación resulta reveladora: se abandonaba una monarquía mientras se contemplaba ingresar en otra. La emancipación no nació con un mapa claro del porvenir.

El 15 de setiembre y el 29 de octubre

El documento del 29 de octubre posee un valor patrimonial indudable. El Archivo Nacional lo conserva como uno de los testimonios fundamentales del nacimiento político del país, y en sus folios se proclama expresamente la independencia del Gobierno español (Archivo Nacional de Costa Rica, 2021).

Pero su alcance jurídico e histórico requiere matices. David Díaz Arias ha demostrado que los legados presentes en Cartago no contaban todos con poderes suficientes para declarar la independencia de la provincia entera y que el acta correspondía, en sentido estricto, a una decisión del cabildo cartaginés. Los demás ayuntamientos juraron su independencia durante los primeros días de noviembre (Díaz Arias, 2022).

Esto impide presentar el 29 de octubre como la única fecha “verdadera” y el 15 de setiembre como una impostura. Pero también impide reducir el 29 de octubre a una ceremonia irrelevante.

El 15 de setiembre representa la ruptura centroamericana que hizo posible la emancipación de las provincias. El 29 de octubre simboliza una de las proclamaciones locales más solemnes de independencia respecto de España. Las juramentaciones de noviembre expresan la adhesión de los demás ayuntamientos. Y el Pacto de Concordia, aprobado el 1.º de diciembre, constituye el primer acuerdo constitucional propiamente provincial, adoptado por una Junta de Legados con facultades más amplias.

No tenemos, pues, una fecha falsa enfrentada a otra verdadera. Tenemos diversos momentos de un mismo proceso, cada uno referido a una escala distinta: Centroamérica, los cabildos, la provincia y el naciente gobierno constitucional.

De la emancipación al Estado

La ruptura con España no produjo instantáneamente la República de Costa Rica. La provincia se incorporó fugazmente al Imperio mexicano, atravesó el conflicto de Ochomogo en 1823, formó parte de la República Federal de Centroamérica y se convirtió en Estado en 1825. El Partido de Nicoya decidió su incorporación en 1824, demostrando que incluso el territorio nacional seguía en construcción.

En 1838, bajo Braulio Carrillo, Costa Rica se separó en la práctica de la Federación Centroamericana. Solo en 1848, durante el gobierno de José María Castro Madriz, se proclamó formalmente la República (Díaz Arias, 2005; Molina Jiménez & Palmer, 2007).

La independencia, observada desde esta perspectiva, no fue un certificado de nacimiento, sino una larga mayoría de edad. Hubo que crear una hacienda pública, organizar elecciones, centralizar la autoridad, redactar constituciones, resolver rivalidades entre ciudades, establecer relaciones diplomáticas y enseñar a una población diversa a imaginarse como integrante de una misma comunidad política.

La nación no precedió necesariamente al Estado. En buena medida, fue el Estado el que, mediante escuelas, fiestas, símbolos, relatos históricos y ceremonias cívicas, enseñó a los habitantes a reconocerse como costarricenses.

Pero esa pedagogía nacional tampoco fue neutral. Al escoger determinados héroes, territorios y antepasados, dejó a otros en los márgenes. La nación enseñada por las instituciones exaltó con frecuencia una Costa Rica blanca, vallecentralina y culturalmente homogénea, mientras convertía a los pueblos indígenas y afrodescendientes en figuras periféricas. Construir una memoria más inclusiva no significa destruir la identidad nacional, sino liberarla de una representación mutilada de sí misma.

1856–1857: cuando la soberanía tuvo que defenderse

Tres décadas después de 1821, la independencia dejó de ser principalmente una cuestión de actas y se convirtió en una cuestión de supervivencia.

William Walker había tomado el poder en Nicaragua y su régimen amenazaba con extender por Centroamérica un proyecto expansionista vinculado al filibusterismo estadounidense y a la restauración de la esclavitud. Bajo el liderazgo de Juan Rafael Mora Porras, Costa Rica emprendió la guerra de 1856–1857.

Santa Rosa, Rivas y la Campaña del Tránsito no fueron episodios aislados de valentía militar. Constituyeron una defensa efectiva de la soberanía centroamericana. Costa Rica desempeñó un papel decisivo, aunque la victoria final perteneció al esfuerzo conjunto de los pueblos de la región.

El precio humano fue terrible. La epidemia de cólera, propagada durante el regreso del ejército, causó la muerte de entre el ocho y el diez por ciento de la población costarricense. Pocas familias quedaron intactas. La guerra se libró en los campos de batalla, pero también en los hogares, en los caminos y en los pueblos devastados por la enfermedad (Molina Jiménez & Díaz Arias, 2023).

La Campaña Nacional no creó la independencia: para 1856 Costa Rica poseía gobierno, instituciones, reconocimiento exterior y una identidad política en desarrollo. Pero sí defendió esa independencia contra una amenaza concreta y contribuyó poderosamente a consolidar el sentimiento nacional.

A partir de la década de 1880, el Estado liberal convirtió la guerra en el centro del relato patriótico. Juan Santamaría fue elevado a la condición de héroe nacional y la complejidad del conflicto se condensó en el incendio del Mesón de Guerra. Esto no significa que el héroe haya sido una ficción, sino que su memoria fue seleccionada, organizada y dotada de una función cívica determinada (Palmer, 1993; Molina Jiménez & Díaz Arias, 2023).

Toda memoria nacional hace algo semejante: ilumina ciertos hechos y deja otros en penumbra.

La psicología de las fechas patrias

Una fecha nacional funciona como un ancla psicológica. Permite comprimir un proceso extenso en una imagen inteligible: una antorcha, una bandera, un acta, un héroe. Sin esa simplificación, la memoria colectiva difícilmente podría transmitirse de una generación a otra.

Las naciones son comunidades imaginadas, no porque sean irreales, sino porque la mayoría de sus miembros nunca se conocerán personalmente y, sin embargo, se sentirán unidos por relatos, símbolos y recuerdos compartidos (Anderson, 1993).

El problema aparece cuando la simplificación se transforma en dogma. Una identidad insegura necesita héroes perfectos, fechas inmaculadas y orígenes sin contradicciones. Una identidad nacional madura puede reconocer, en cambio, que su historia contiene grandeza y exclusión, valor y violencia, solidaridad e intereses particulares.

La verdad histórica no debilita el patriotismo. Lo rescata de la propaganda.

Una lectura filosófica y ética

Desde una perspectiva filosófica, la independencia posee al menos dos dimensiones. La primera es negativa: dejar de estar sometidos a una autoridad exterior. La segunda es positiva: adquirir la capacidad de gobernarnos mediante leyes e instituciones que podamos reconocer como propias.

La primera se alcanzó con la ruptura del orden español. La segunda continúa siendo una tarea inacabada.

Un pueblo no es verdaderamente libre solo porque su bandera ondee sin permiso extranjero. También necesita instituciones legítimas, ciudadanos capaces de deliberar, derechos protegidos, justicia social y límites efectivos al abuso del poder. La independencia política puede alcanzarse en una fecha; la libertad cívica debe reconstruirse todos los días.

Esa libertad tampoco puede descansar en la subordinación de los pueblos originarios. Un Estado que proclama su soberanía mientras permite que comunidades indígenas pierdan el control efectivo de sus territorios incurre en una contradicción moral: celebra frente al extranjero el derecho a gobernarse por sí mismo, pero se resiste a reconocer dentro de sus fronteras la participación y la autonomía cultural de quienes habitaban el territorio antes de la formación republicana.

Moralmente, la conmemoración exige gratitud hacia quienes defendieron la soberanía y hacia quienes soportaron sus costos sin aparecer en los monumentos: soldados rasos, campesinos, mujeres que sostuvieron hogares y labores logísticas, víctimas del cólera, comunidades indígenas, afrodescendientes y trabajadores cuyas vidas también construyeron el país.

Éticamente, la memoria nacional debe regirse por tres principios: verdad, inclusión y responsabilidad. Verdad, para no convertir el pasado en catecismo; inclusión, para recordar a quienes fueron expulsados del relato oficial; responsabilidad, para comprender que la libertad heredada impone obligaciones a quienes la reciben.

Como advierte Ricoeur (2003), una sociedad justa no necesita recordarlo todo de la misma manera, pero sí debe resistir tanto la manipulación interesada del recuerdo como el olvido impuesto.

Entonces, ¿qué celebramos?

Celebramos el 15 de setiembre porque la decisión adoptada en Guatemala abrió el proceso centroamericano de emancipación y porque los propios protagonistas del siglo XIX asumieron esa fecha como símbolo compartido.

Recordamos el 29 de octubre porque el cabildo de Cartago proclamó solemnemente la independencia absoluta de España, aunque aquel documento no pueda presentarse, sin matices, como una declaración jurídicamente vinculante de toda la provincia.

Reconocemos las juramentaciones de noviembre y el Pacto de Concordia del 1.º de diciembre porque con ellos comenzó a organizarse un gobierno propio.

Conmemoramos el proceso comprendido entre 1821 y 1848 porque durante esos años se construyeron el Estado, el territorio y la República.

Y honramos la Campaña Nacional de 1856–1857 porque en ella la soberanía dejó de ser una declaración escrita y se convirtió en una realidad que hubo que defender con inteligencia, valor y un sacrificio humano enorme.

No celebramos la llegada de Colón como si antes de ella no hubiese existido nadie. No celebramos la conquista, el sometimiento indígena ni las jerarquías coloniales. Tampoco deberíamos celebrar una supuesta pureza racial o una igualdad social imaginaria.

Una conmemoración históricamente honrada debe reconocer que el Estado costarricense se levantó sobre territorios habitados por pueblos anteriores a él y que esa historia origina responsabilidades presentes. Entre ellas se encuentran garantizar la propiedad y posesión efectiva de los territorios indígenas, realizar consultas genuinas, proteger las lenguas, respetar las formas propias de organización y asegurar la participación política de esos pueblos.

Celebramos la difícil capacidad de una sociedad para separarse de un imperio, deliberar sobre su futuro, darse instituciones, construir una comunidad política y defenderla cuando estuvo amenazada. Pero la celebración solo alcanza plenitud moral cuando la libertad que proclamamos para la nación se convierte también en derechos efectivos para todos los pueblos y personas que la integran.

El 15 de setiembre representa, por tanto, una síntesis cívica, no el monopolio de la verdad histórica. El 29 de octubre merece memoria, pero no necesita convertirse en un nuevo mito excluyente. Y la Campaña Nacional debe comprenderse como la gran defensa de una independencia que ya existía, aunque todavía estaba afirmándose.

Costa Rica no nació en una mañana ni fue obra de un solo cabildo, una sola ciudad, una sola clase, una sola cultura o un solo héroe. Surgió de una cadena de decisiones, conflictos, sacrificios y esperanzas. Comprenderlo no disminuye la celebración: la vuelve más verdadera, más humana y moralmente más digna.

Referencias

Anderson, B. (1993). Comunidades imaginadas: Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo. Fondo de Cultura Económica.

Archivo Nacional de Costa Rica. (2021, 26 de febrero). Acta de la Independencia de Costa Rica se sometió a riguroso proceso de restauración.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2020, 18 de marzo). Al completarse un año del asesinato de Sergio Rojas, la CIDH expresa preocupación por la situación de amenazas, hostigamiento y violencia contra líderes indígenas y personas defensoras de derechos humanos en Costa Rica.

Costa Rica. (1949). Constitución Política de la República de Costa Rica, artículo 76.

Costa Rica, Asamblea Legislativa. (1977). Ley Indígena, Ley n.º 6172.

Costa Rica, Asamblea Legislativa. (1992). Aprobación del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, Ley n.º 7316.

Costa Rica, Poder Ejecutivo. (2018). Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas, Decreto Ejecutivo n.º 40932-MP-MJP.

Díaz Arias, D. (2005). Construcción de un Estado moderno: Política, Estado e identidad nacional en Costa Rica, 1821–1914. Editorial de la Universidad de Costa Rica.

Díaz Arias, D. (2021). La independencia de Costa Rica: Historia, debate y conmemoración, 1821–2021. Editorial Universidad Estatal a Distancia.

Díaz Arias, D. (2022, 17 de mayo). Voz experta: ¿15 de setiembre o 29 de octubre? Universidad de Costa Rica.

Fonseca Corrales, E. (1983). Costa Rica colonial: La tierra y el hombre. Editorial Universitaria Centroamericana.

Ibarra Rojas, E. (1990). Las sociedades cacicales de Costa Rica: Siglo XVI. Editorial de la Universidad de Costa Rica.

Molina Jiménez, I. (1986). El Valle Central de Costa Rica en la independencia. Revista de Historia, (14), 85–114.

Molina Jiménez, I. (2002). Costarricense, por dicha: Identidad nacional y cambio cultural en Costa Rica durante los siglos XIX y XX. Editorial de la Universidad de Costa Rica.

Molina Jiménez, I., & Díaz Arias, D. (2023). La Campaña Nacional (1856–1857): Historiografía, literatura y memoria. Editorial de la Universidad de Costa Rica. (Obra original publicada en 2008).

Molina Jiménez, I., & Palmer, S. (2007). Historia de Costa Rica: Breve, actualizada y con ilustraciones (2.ª ed.). Editorial de la Universidad de Costa Rica.

Naciones Unidas. (2007). Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

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Palmer, S. (1993). Getting to know the unknown soldier: Official nationalism in liberal Costa Rica, 1880–1900. Journal of Latin American Studies, 25(1), 45–72.

Quirós Vargas, C. (1990). Historia de Costa Rica: La era de la encomienda. Editorial de la Universidad de Costa Rica.

Ricoeur, P. (2003). La memoria, la historia, el olvido (A. Neira, Trad.). Trotta.

Entre la percepción y los resultados

Escrito en . Publicado en Análisis.

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

  • Las paradojas de la continuidad del poder

  • Contradicciones en el seno de la institucionalidad

Hay una paradoja en la Costa Rica política de estos días que merece algo más que una reacción coyuntural.

El gobierno de Laura Fernández llega a sus primeros cien días con una opinión pública considerable. Según la encuesta de setiembre de 2026 del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR), el 64% de las personas consultadas valora positivamente la gestión presidencial y el 69% manifiesta respaldar al gobierno. (CIEP UCR)

No se trata de una anomalía aislada. Rodrigo Chaves terminó su mandato con una valoración positiva también del 64%, y la actual administración conserva buena parte del apoyo que acompañó al gobierno anterior. Incluso la simpatía por el Partido Pueblo Soberano pasó, según el CIEP, de 3,9% a 20,7% entre setiembre de 2025 y setiembre de 2026. (CIEP UCR)

Sin embargo, cuando se observan algunos indicadores estructurales de la situación política, del Estado social, de las finanzas públicas, de la educación, de la seguridad y de la protección ambiental, aparece un panorama bastante más complejo, plagado de contradicciones.

Estas contradicciones constituyen el punto de partida de estas reflexiones.

No se trata de afirmar que todos los indicadores económicos y sociales hayan empeorado durante los últimos cuatro años. No es así. Tampoco se trata de negar que Costa Rica haya obtenido avances importantes en materia de estabilidad macroeconómica. La cuestión es otra: ¿qué ocurre cuando una parte importante de las personas encuestadas, reflejo del estado de la opinión pública, evalúa favorablemente a un gobierno mientras algunos de los indicadores que determinan las condiciones materiales de vida y la capacidad futura del Estado muestran tensiones importantes?

La respuesta puede encontrarse, al menos parcialmente, en la transformación de la relación entre ciudadanía, liderazgo y resultados de gobierno.

Debo advertir, que una cosa es una encuesta de opinión y otra distinta es un apoyo ciudadano. Inclusive el apoyo de la ciudadanía a un gobierno se refleja solo parcialmente en la elección presidencial. Suficiente, eso sí para que las nuevas autoridades cuenten con legitimidad de origen, Empero, el apoyo de la ciudadanía a un gobierno, lo que hemos denominado gobernabilidad, requiere algo mucho más sólido: requiere adhesión o apoyo mediante organización de la ciudadanía, capacidad de esta en la toma de decisiones. En las manifestaciones recientes, el gobierno hace alarde de movilización de ciudadanos, cuando lo que en realidad hubo fue acarreo de personas, mediante buses desde lugares distantes a la ciudad de Cartago. Además, estas personas recibieron estímulo bajo la oferta de almuerzos e inclusive dinero. Por otro lado, la policía restringió la movilización de ciudadanos de la misma provincia o de la ciudad de Cartago; en otros casos, a los que fueron identificados como fuerzas opositoras al gobierno, se les exigió la presentación de la cédula de identidad (solo en estos casos), o fueron retiradas algunas personas del parque donde se celebraban los actos oficiales.

I. La salud fiscal: entre la consolidación y sus límites

Conviene comenzar por las finanzas públicas porque constituyen uno de los principales argumentos con los que el gobierno de Rodrigo Chaves defendió su gestión.

Aquí es necesario introducir una distinción.

Costa Rica sí experimentó una mejoría importante en algunos indicadores fiscales. El Gobierno Central consiguió superávits primarios durante varios años. En 2024, por ejemplo, registró un superávit primario equivalente al 1,1% del PIB. Pero al mismo tiempo el déficit financiero alcanzó 3,8% del PIB, debido principalmente al peso de los intereses y a la desaceleración de los ingresos tributarios. (Hacienda)

La deuda tampoco permite sostener, sin matices, la tesis de que simplemente aumentó durante todo el período. Según Hacienda, la deuda del Gobierno Central equivalía al 63% del PIB en 2022, bajó a 61,1% en 2023 y 59,8% en 2024. En 2025 volvió preliminarmente a 60,4%. (Hacienda)

Pero existe otra cara del problema que resulta políticamente decisiva: el costo de servir esa deuda.

A junio de 2025 se habían pagado ₡1,116 billones en intereses. Ese monto equivalía al 29,5% de los ingresos recaudados hasta entonces. Los intereses representaban además 2,2% del PIB. (Hacienda)

Es decir, la discusión fiscal no puede reducirse a si la deuda como porcentaje del PIB subió o bajó. La pregunta relevante es también cuánto espacio presupuestario queda disponible para atender educación, salud, vivienda, seguridad, infraestructura, protección ambiental y políticas sociales después de pagar la deuda.

El proyecto de presupuesto para 2027 resulta revelador: aproximadamente 40% del presupuesto corresponde al servicio de la deuda y cerca de 37,7% de los gastos tendría que financiarse mediante nueva deuda. (El Financiero)

Por otra parte, es notoria la intencionalidad, tanto del presente gobierno como del anterior, en eso sí hay continuidad, de estrechar seriamente los recursos del Poder Judicial, de las Universidades públicas, y como hemos dicho, el presupuesto destinado a políticas sociales.

Es decir, si el presupuesto presentado por el gobierno es un reflejo de la decisión de un gobierno, es fácil deducir su intención de controlar al Poder Judicial en una clara intención de ejercer sobre este un estricto control y perjudicar su ejercicio presupuestario.

De modo que sería más preciso hablar de consolidación fiscal con un margen social y presupuestario estrecho, no de una salud fiscal.

II. Educación: la distancia entre el mandato constitucional y la realidad presupuestaria

La educación constituye probablemente uno de los indicadores más claros de la tensión entre el discurso de desarrollo y las prioridades presupuestarias.

El proyecto de presupuesto para 2027 asigna al Ministerio de Educación Pública ¢2,752 billones, equivalentes al 4,9% del PIB. La cifra está muy lejos del 8% establecido constitucionalmente como referencia para la educación. Además, representa una reducción de 0,7% respecto del presupuesto vigente de 2026. (La Nación)

Aparte de que es evidente que Costa Rica no llega al 8%, en clara violación de la Constitución, el punto de fondo es qué significa esta distancia para la capacidad del país de enfrentar sus problemas de desigualdad, movilidad social, productividad y ciudadanía democrática.

La educación no es solamente una partida presupuestaria.

Es uno de los mecanismos mediante los cuales una sociedad reproduce —o rompe— las desigualdades existentes.

Por eso, una política de contención fiscal que reduzca el espacio de la educación puede producir un efecto devastador para la institucionalidad democrática: mejorar determinados indicadores financieros en el corto plazo mientras deteriora capacidades sociales cuyo costo aparece muchos años después.

III. La política social y el problema de las prioridades

Algo semejante ocurre con el conjunto de las políticas sociales.

El presupuesto es, en último término, una expresión material de las prioridades de un gobierno. Allí donde se asignan recursos existe una decisión política; donde se restringen, también.

El proyecto presupuestario de 2027 plantea una reducción global del gasto, y de manera muy significativa del gasto social respecto del presupuesto vigente, mientras el servicio de la deuda absorbe aproximadamente dos quintas partes de los recursos. El gobierno alega que, el margen de maniobra es extremadamente reducido: Hacienda estima que alrededor del 93% del presupuesto está comprometido por obligaciones legales o constitucionales. (El Financiero). Pero, lo que sí resalta es que el presupuesto presentado privilegia la inversión tanto para el Ministerio de Hacienda, cuanto para el de la Presidencia, ambos bajo el mando de Rodrigo Chaves.

Aquí aparece la pregunta política importante: ¿qué Estado se está construyendo con los recursos que sí pueden ser priorizados?

Y esa pregunta conduce directamente a resaltar nuevamente las restricciones presupuestarias a la vivienda, la seguridad, la salud, la niñez, las personas mayores, la atención de poblaciones vulnerables, las mujeres y por supuesto, las oportunidades educativas.

El deterioro de un Estado social no necesariamente comienza con su eliminación formal. Puede comenzar con su pérdida gradual de capacidad. Y esto es justo lo que viene ocurriendo desde el gobierno anterior.

IV. El costo de vida: la experiencia cotidiana frente a las cifras macroeconómicas

Aquí aparece otra posible explicación de las graves contradicciones entre el autoritarismo gubernamental y la institucionalidad democrática.

El INEC registró para 2025 una variación interanual del IPC de -1,23%. Esto significa que, en términos agregados, el nivel general de precios disminuyó respecto de diciembre de 2024. (INEC)

Pero esa cifra no significa que todos los bienes hayan bajado de precio ni que las familias hayan recuperado automáticamente su capacidad adquisitiva.

En diciembre de 2025, el propio INEC registraba que 47% de los bienes y servicios considerados en el índice habían aumentado de precio, mientras 35% habían disminuido. (INEC)

La experiencia de inflación, por tanto, no es homogénea.

Y aquí resulta particularmente interesante la encuesta del CIEP. La ciudadanía puede valorar positivamente una gestión porque percibe estabilidad económica, aun cuando enfrente dificultades concretas en determinados productos y servicios.

La política se construye también con percepciones.

V. Seguridad: una demanda que reorganiza las prioridades ciudadanas

La seguridad constituye quizá el ejemplo más importante.

Costa Rica ha experimentado durante estos años una crisis de homicidios y violencia criminal que modificó la agenda pública. El propio CIEP señaló en 2025 que la inseguridad y la delincuencia se mantenían como la principal preocupación de la población. (Gestión Web UCR)

Pero la encuesta de setiembre de 2026 permite observar algo aún más preocupante.

Entre las personas que identificaron alguna acción del nuevo gobierno que les había gustado, las categorías relacionadas con seguridad y lucha contra el crimen y con el sistema penitenciario concentraron conjuntamente 47,4% de las menciones. (CIEP UCR)

Una ciudadanía que percibe que su problema más urgente es la inseguridad puede valorar especialmente un gobierno que coloca ese asunto en el centro de su discurso incluso cuando existen controversias o dificultades en este y otros campos.

La evaluación ciudadana, entonces, no necesariamente constituye una auditoría integral del Estado. Puede ser una respuesta a aquello que cada persona considera más urgente.

VI. Ambiente: una contradicción particularmente delicada

En materia ambiental aparecen asimismo señales que requieren una discusión más profunda.

El caso Gandoca-Manzanillo continúa siendo objeto de una investigación penal. En abril de 2026, la Fiscalía Ambiental consiguió medidas cautelares destinadas a suspender determinados aprovechamientos forestales, trámites administrativos y permisos relacionados con las propiedades investigadas. El Ministerio Público indicó que la causa involucra a un particular, tres funcionarios del SINAC y un regente forestal, y que se investiga cómo determinadas gestiones habrían permitido autorizar aprovechamientos en terrenos cuya condición ambiental impedía legalmente determinadas actuaciones. El propio ministro del ambiente se vio involucrado en las investigaciones sobre abusos y negligencia gubernamental. (Ministerio Público)

El episodio revela un problema institucional de fondo: la protección ambiental depende no solamente de buenas leyes, sino de la capacidad efectiva del Estado para hacerlas cumplir.

Algo parecido ocurre con la discusión sobre Crucitas. Más que reducir el debate a una dicotomía entre minería y ambiente, Costa Rica debería preguntarse si se está rompiendo el consenso que existía alrededor de un modelo de desarrollo basado en la sostenibilidad y en la preservación del medio ambiente.

El país obtuvo reconocimiento internacional precisamente por haber convertido la protección de los ecosistemas en un componente de su política pública. Si esa orientación pierde fuerza, el costo puede no aparecer inmediatamente en el PIB, pero sí en agua, biodiversidad, territorio, turismo, agricultura y calidad de vida.

VII. ¿Por qué entonces persiste el respaldo?

Llegamos así a uno de los problemas centrales. Una primera explicación sería el personalismo político.

El CIEP ofrece un dato extraordinariamente significativo: 64,4% de las personas entrevistadas considera que Rodrigo Chaves tiene mucha influencia en las principales decisiones del gobierno de Laura Fernández. El mismo estudio encuentra un fuerte componente personalista en la transferencia de popularidad hacia la nueva administración. (CIEP UCR)

Esto significa que una parte del respaldo no puede analizarse exclusivamente como una evaluación técnica de las políticas públicas. Existe una relación emocional y política entre liderazgo y ciudadanía.

Chaves construyó una identidad política que tiene un componente de autoritarismo, pero también se presentó como ruptura con las élites tradicionales, con los partidos históricos y con determinados actores institucionales. Esa identidad parece haber sobrevivido al cambio de gobierno.

Laura Fernández aparece así, en buena medida, como continuidad política de una identidad previamente constituida.

El dato del CIEP es particularmente ilustrativo: aunque 69% respalda al gobierno actual, aun cuando, la mayoría de la población no se identifica exclusivamente ni con el chavismo ni con el antichavismo. (CIEP UCR)

Esto sugiere que el fenómeno no puede explicarse simplemente como una sociedad dividida en dos bloques ideológicos. Hay una zona mucho mayor y más compleja: ciudadanos que adhieren a gobiernos de acuerdo con experiencias personales y confianza en determinados liderazgos.

VIII. La política de la percepción

Hay aquí una cuestión que conecta directamente con los análisis que he venido desarrollando en artículos anteriores sobre poder, legitimidad, gobernanza, ciudadanía y lenguaje político. Una democracia no funciona solamente mediante resultados objetivos. Funciona también mediante la interpretación sesgada o no, de determinados sectores de la sociedad esos resultados.

La ciudadanía no recibe una tabla de indicadores fiscales cada noche antes de decidir si confía o no en un gobierno. Recibe relatos, recibe discursos. recibe imágenes, recibe la influencia de un gobierno sobre quién tiene la culpa de sus problemas.

De ahí que una política pueda ser evaluada favorablemente, aunque determinados indicadores objetivos presenten problemas. No necesariamente porque la ciudadanía sea indiferente a esos problemas, sino porque puede interpretar que estos son heredados, inevitables, o porque carece de la perspectiva política necesaria para percatarse de la magnitud de algunos problemas que nacen apenas, como la contradicción entre el ejecutivo y el poder judicial.

El CIEP aporta otro dato significativo: 75% de las personas entrevistadas considera que existen actores que obstaculizan la labor de Laura Fernández; entre quienes así opinan, las principales menciones recaen en la Asamblea Legislativa y los partidos de oposición. (CIEP UCR) Esta percepción es políticamente importante.

Cuando el gobierno consigue presentar los problemas no como resultado de sus propias decisiones sino como consecuencia de obstáculos externos, puede preservar parte de su legitimidad aun cuando los resultados sean discutibles. No afirmo que esa explicación sea siempre verdadera; afirmo que constituye un mecanismo político relevante para comprender la formación de las percepciones de un sector de la opinión pública.

IX. La paradoja democrática

Llegamos entonces a una conclusión que, a mi juicio, es más fecunda que afirmar simplemente que existe una contradicción entre los datos y las encuestas.

No existe necesariamente una contradicción entre una ciudadanía satisfecha y un Estado que presenta problemas.

Una persona puede considerar que un gobierno está haciendo un buen trabajo porque percibe que escucha sus preocupaciones, confronta a quienes considera responsables de los problemas nacionales o representa una ruptura con una clase política en la que dejó de confiar. Mientras tanto, otro observador puede examinar deuda, intereses, educación, salud, vivienda, protección ambiental o capacidad institucional y llegar a conclusiones diferentes. Ambos fenómenos pueden coexistir.

El verdadero desafío democrático aparece cuando la percepción comienza a sustituir por completo la discusión sobre resultados.

Porque entonces la legitimidad electoral y la legitimidad de ejercicio pueden empezar a separarse. La primera proviene de las urnas. La segunda se construye todos los días mediante la calidad de las decisiones, el respeto institucional, la capacidad de resolver problemas y la protección de los derechos ciudadanos.

X. No es solamente un problema de Chaves o de Fernández

Hay finalmente una cuestión más profunda.

No sería suficiente atribuir todo lo anterior a las personalidades de Rodrigo Chaves o Laura Fernández.

El fenómeno expresa también una transformación de la sociedad costarricense.

El debilitamiento de la identificación partidaria tradicional, la desconfianza hacia instituciones, la percepción de inseguridad, las desigualdades persistentes y la frustración con la capacidad del Estado para resolver problemas han creado un terreno favorable para liderazgos que prometen eficacia, ruptura y acción directa. El problema no es que la ciudadanía reclame resultados. Eso es perfectamente legítimo.

El problema aparece cuando la búsqueda de resultados conduce a considerar que los controles, los contrapesos, la deliberación y las instituciones son obstáculos prescindibles.

Una democracia saludable necesita ambas cosas: eficacia y límites al poder; decisión y deliberación; liderazgo y contrapesos; resultados y derechos.

De lo contrario, puede producirse una contradicción peligrosa: que un gobierno conserve una cierta legitimidad social mientras se debilitan progresivamente las capacidades institucionales que permiten que esa misma sociedad ejerza sus derechos.

Epílogo: la pregunta que queda abierta

La encuesta del CIEP no debe ser leída como una refutación de los problemas señalados por los indicadores fiscales, sociales, educativos, ambientales o de seguridad.

Tampoco estos indicadores deberían utilizarse para negar la valoración positiva expresada por una parte considerable de la opinión pública. Ambas realidades existen.

La pregunta política verdaderamente interesante es otra:

¿Cuánto tiempo puede mantenerse una alta legitimidad política cuando las percepciones favorables dejan de corresponderse con mejoras materiales y con el fortalecimiento de las instituciones? Y, a la inversa:

¿Qué ocurre cuando una oposición democrática se limita a señalar los problemas objetivos sin comprender las razones subjetivas, sociales y políticas por las cuales una parte importante de la opinión pública, sigue confiando en el gobierno?

Tal vez ahí se encuentre una de las claves para comprender la Costa Rica actual.

La disputa democrática ya no consiste únicamente en quién administra mejor.

Consiste también en quién consigue construir la interpretación de la realidad que termina siendo aceptada por una mayoría de ciudadanos.

Y esa es, en última instancia, una disputa por el poder.