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Autor: María José Ferlini Cartín

OPNA: «Lo bueno, lo malo y lo incierto: la respuesta a la pandemia desde la política social»

El Observatorio de la Política Nacional (OPNA) en conjunto con la Escuela de Ciencias Políticas a través del programa «Ventanas a la Política Nacional» le invitan al conversatorio: «Lo bueno, lo malo y lo incierto: la respuesta a la pandemia desde la política social en Costa Rica» a realizarse el próximo 16 de junio a partir de las 3:00 p.m; a través del canal de YouTube de la unidad académica: https://www.youtube.com/channel/UClHECxOtdSVbSty1srIlrlg

El objetivo de esta actividad es poder entablar un diálogo constructivo.

Si quisiera enviar sus preguntas a la conferencista, Dra. Juliana Martínez Franzoni, puede enviarlas al correo electrónico: OBSERVATORIO.POLITICANACIONAL@ucr.ac.cr o bien, hacerlas durante la actividad a través de las redes sociales del OPNA.

Equipo OPNA – Escuela de Ciencias Políticas

 

Imagen destacada, UCR: Coronavirus. Imagen de uso libre facilitada por The Associated Press (AP).

Demandan respeto de derechos humanos de población nicaragüense migrante, refugiada y solicitante de refugio ante el COVID-19

San José, 11 de junio de 2020.- Las medidas de prevención ante la pandemia del COVID-19 implementadas por el Estado de Costa Rica han sido en general acertadas, evitando así o retrasando en su caso el contagio comunitario de la enfermedad. Sin embargo, es primordial que las decisiones y medidas de prevención tomadas se basen en el respeto a los derechos humanos de todas las personas, incluyendo a las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de refugio, sin discriminación alguna.

Desde el Centro de Derechos Sociales de la Persona Migrante (CENDEROS), el Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica, el Colectivo Derechos Humanos Nicaragua Nunca+, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) celebramos las declaraciones del pasado 8 de junio, del señor canciller de la República de Costa Rica, Rodolfo Solano, quien de manera muy vehemente llamó a eliminar las expresiones xenofóbicas contra la población nicaragüense debido a la crisis sanitaria. Ese mensaje directo y enérgico debe calar en todo el accionar institucional de país. Además, pone de manifiesto que Costa Rica cuenta con las condiciones y la disposición para elevar la voz con más contundencia en foros internacionales, con el fin de exigir acciones decididas y urgentes en contra del régimen orteguista que sigue afectando de manera criminal e impune al pueblo nicaragüense. Es de vital importancia para toda la región centroamericana, que se reconozca a Daniel Ortega Saavedra como responsable directo de la propagación descontrolada de la pandemia en Nicaragua; la ausencia de medidas e información consistente y veraz para toda la población; y la precariedad y amenazas con la que opera el sistema público de salud del hermano país.

A pesar de celebrar las declaraciones del señor Canciller, las organizaciones que monitoreamos las vulnerabilidades, desafíos y afectaciones que enfrenta la población nicaragüense migrante, refugiada y solicitante de refugio en Costa Rica mostramos nuestra preocupación ante las acciones y medidas adoptadas en los últimos días, principalmente en la zona norte, que han generado expresiones de discriminación contra la población nicaragüense. Así se observa en las disposiciones del Área de Salud Los Chiles, que entre otras orienta: “Todo paciente indocumentado, se deberá de realizar llamada inmediata al 911 para el despacho de unidad de migración y fuerza pública. NO se debe atender hasta tanto estos no se apersonen al EBAIS.” Posteriormente expone: “Se tamizan solamente a personas costarricenses, residentes con documentación probatoria de su estado en Costa Rica de lo contrario NO se realiza tamizaje por COVID-19…” y continúa indicando “…Se deberá de atender el paciente siguiendo las más rigurosas acciones de auto cuidado esto por cuanto TODO paciente indocumentado no costarricense en la actualidad se debe de considerar positivo por COVID hasta que no se demuestre lo contrario” (negrilla propio).

Lamentamos que estas directrices, en sí mismas discriminatorias, sean un retroceso en materia de derechos humanos, ya que legitiman los abusos de autoridad e incentivan la xenofobia entre la población costarricense, lo cual a su vez exacerba en el imaginario social ideas de que las personas nicaragüenses están propagando el virus y resulta en expresiones de discriminación y amenazas proferidas por funcionarias y funcionarios públicos, periodistas y población general que, por prejuicios y desconocimiento, expresan en medios de comunicación y redes sociales. Preocupa, además, que negar el acceso a la población migrante a servicios de salud resulte en agravados riesgos de contagio, no solo para estas personas, sino también para el resto de la población costarricense.

Como ha indicado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): “Todas aquellas medidas que los Estados adopten para hacer frente a esta pandemia y puedan afectar o restringir el goce y ejercicio de derechos humanos deben ser limitadas temporalmente, legales, ajustadas a los objetivos definidos conforme a criterios científicos, razonables, estrictamente necesarias y proporcionales, y acordes con los demás requisitos desarrollados en el derecho interamericano de los derechos humanos”.

En este sentido, las organizaciones firmantes instamos al Estado de Costa Rica a promover los derechos humanos de la población nicaragüense migrante, refugiada y solicitantes de refugio, así como brindar atención médica sin discriminación, cumpliendo la circular N° GG-0733-2020, emitida por la Caja Costarricense de Seguro Social, que garantiza la atención a todas las personas que presenten algún síntoma de la enfermedad, incluyendo a las personas migrantes.

Llamamos a las autoridades costarricenses a tener la mejor disposición individual y colectiva en el abordaje de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de refugio, y les solicitamos mantener un compromiso responsable y oportuno en cada una de las instituciones estatales, evitando la exclusión social y la estigmatización a la población nicaragüense. Asimismo, recomendamos al Estado evitar la aplicación de medidas lesivas a los derechos humanos, como el abuso de autoridad y las suspensiones a las libertades fundamentales, y en cambio promover y garantizar la vigencia de los derechos humanos de todas las personas en el país.

Finalmente, exhortamos al Estado a cumplir con las recomendaciones establecidas en la Resolución 1-20 de la CIDH sobre “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”, la cual fija estándares internacionales basados “en [que] la atención y contención de la pandemia deben tener como centro el pleno respeto de los derechos humanos”. Entre otros, recomienda:

  • Evitar el empleo de estrategias de detención migratoria y otras medidas que aumenten los riesgos de contaminación y propagación de la enfermedad generada por el COVID-19 y la vulnerabilidad de las personas en situación de movilidad como deportaciones o expulsiones colectivas, o cualquier forma de devolución que sea ejecutada sin la debida coordinación y verificación de las condiciones sanitarias correspondientes, garantizando las condiciones para que estas personas y sus familias puedan salvaguardar su derecho a la salud sin ninguna discriminación.
  • Abstenerse de implementar medidas que puedan obstaculizar, intimidar y desestimular el acceso de las personas en situación de movilidad humana a los programas, servicios y políticas de respuesta y atención ante la pandemia del COVID-19, tales como acciones de control migratorio o represión en las cercanías de hospitales o albergues, así como el intercambio de información de servicios médico hospitalarios con autoridades migratorias con carácter represivo.
  • Garantizar el derecho de regreso y la migración de retorno a los Estados y territorios de origen o nacionalidad, a través de acciones de cooperación, intercambio de información y apoyo logístico entre los Estados correspondientes, con atención a los protocolos sanitarios requeridos y considerando de manera particular el derecho de las personas apátridas de retornar a los países de residencia habitual, y garantizando el principio de respeto a la unidad familiar.
  • Implementar medidas para prevenir y combatir la xenofobia y la estigmatización de las personas en situación de movilidad humana en el marco de la pandemia, impulsando acciones de sensibilización a través de campañas y otros instrumentos de comunicación y elaborando protocolos y procedimientos específicos de protección y atención dirigidos a niñas, niños y adolescentes migrantes y refugiados, en especial, proveyendo los mecanismos específicos de asistencia a aquellas personas que se encuentran separadas o sin compañía.
  • Incluir expresamente las poblaciones en situación de movilidad humana en las políticas y acciones de recuperación económica que se hagan necesarias en todos los momentos de la crisis generada por la pandemia.

 

Imagen ilustrativa, UCR.

UNA brinda atención individual remota para acompañar a estudiantes en crisis por pandemia

Estudiantes con crisis de ansiedad, depresión, o con necesidades educativas, reciben atención individual remota por parte de los orientadores, psicólogos o psicopedagogos de la Universidad Nacional, con el fin de ayudarles a manejar sus emociones y adaptar sus materiales ante la complejidad de las lecciones virtuales.

La virtualización del curso lectivo en la Universidad Nacional (UNA), ante el confinamiento por covid-19 no ha sido fácil ni para académicos ni para estudiantes. El estrés, la ansiedad e incluso la depresión, han acompañado a los jóvenes a lo largo del proceso de adaptación. Cada uno, desde su realidad, ha lidiado con dificultades muy diferentes.

Las afectaciones son múltiples en particular en el caso del estudiantado que se vio en la necesidad de retornar a sus casas, en zonas rurales o en comunidades donde no cuentan con conexión a internet o dispositivos electrónicos para atender sus lecciones. Adicionalmente, algunos enfrentan el retorno a sus ambientes familiares, mismos que en ocasiones no son espacios funcionales. Las personas con discapacidad visual, o discapacidad auditiva, han debido enfrentar otros retos, pues algunos de los materiales y recursos didácticos no son accesible. Todas estas situaciones han desencadenado crisis en los universitarios.

Idaly Cascante, directora del Departamento de Orientación y Psicología de la UNA, explicó que los estudiantes que se mantenían estables y recibían atención individual, acudieron a ellos por ayuda, pues la ansiedad, depresión, e incluso las ideas suicidas volvieron a desequilibrar su estabilidad emocional, así también las unidades académicas de diferentes facultades refirieron a estudiantes en crisis para atención urgente. Orientadores, psicólogos y psicopedagogos debieron tomar medidas inmediatas de atención individual remota para esta población que clamaba por ayuda.

“Ha sido una oportunidad para reinventarse y poder brindar servicios a los estudiantes que lo necesitan. Comprender y acercarnos a pesar de la remotidad. Es posible hacer este tipo de intervenciones por medios digitales. Lo estamos haciendo bien porque hemos cuidado los detalles. El equipo analizó las variables con el objetivo de dar un servicio remoto de calidad con los protocolos necesarios para respetar al usuario, aplicando las mismas condiciones de la presencialidad, como por ejemplo la privacidad”, detalló Cascante.

De este modo, se les propone continuar con la psicoterapia en línea, tanto de pacientes con expediente clínico en el Departamento de Psicología, como de los casos en crisis que son referidos por las unidades académicas. Los estudiantes atendidos presentaban ansiedad por perder los cursos, incapacidad de lidiar con la frustración y el cambio de rutina, así como casos graves de jóvenes con ideas suicidas.

Actualmente, los estudiantes con discapacidad visual, auditiva o diagnóstico TEA, también reciben el servicio individualizado. Psicopedagogos, intérpretes del Lenguaje de Señas Costarricense (LESCO) e incluso estudiantes asistentes, colaboran con el departamento con el fin de evitar la deserción de estos universitarios. Muchos de los materiales se transcriben para hacerlos accesibles, y las lecciones virtuales se interpretan en LESCO de forma individual para los estudiantes que así lo requieran.

Lucía Quesada, psicopedagoga del Departamento de Orientación y Psicología de la UNA, agregó que “otra de las labores realizadas ha sido reunirse con académicos para aclarar dudas sobre la aplicación de los ajustes metodológicos o de evaluación dirigidos a estos estudiantes, así como la explicación de las características propias del TEA y las reacciones de estos jóvenes ante la situación de alerta por la pandemia y los cambios que la virtualidad conlleva”.

Por su parte, los orientadores del departamento continúan trabajando en la atracción de estudiantes para el proceso de admisión 2021, así como en la atención vocacional de los universitarios que desean cambiarse de carrera. Jazmín Ureña, orientadora vocacional del Departamento de Orientación y Psicología de la UNA, explicó que en la orientación individual remota se trabaja en temas como: rendimiento académico, técnicas de estudio, autoestima y resolución alternativa de conflictos, con el fin de lograr la permanencia de la mayoría de los jóvenes que solicitan apoyo.

Paralelamente a las consultas individuales, el Departamento de Orientación y Psicología reforzó su comunicación por medio de las páginas de Instagram: unaconexionmental y en Facebook: noticiasvidaestudiantil donde publica guías con contenido teórico-científico para educar a la población y brindar ejercicios prácticos de respiración, manejo de la ansiedad, autoexploración de sentimientos, relaciones interpersonales, cómo reconocer la depresión y manejar sus síntomas, así como sobre la higiene del sueño o insomnio. Estas son guías de autoayuda para sobrellevar las situaciones de crisis, pero no sustituyen la ayuda profesional, por lo que insta a los estudiantes con alguna dificultad a contactarse con el departamento para ser atendidos.

 

Enviado por UNA Comunicación.

Inti illimani anuncia encuentro Sonamos Latinoamérica virtual

El primer encuentro virtual de Sonamos Latinoamérica se llevará a cabo del 19 al 28 de junio, en un esfuerzo por unir en un lenguaje musical las aspiraciones y necesidades culturales de nuestra America Latina.

Compartido con SURCOS por Manuel Delgado Cascante.

Sindicato de Hacienda llama atención al ministro sobre lenguaje y conocimientos

SURCOS recibió copia de este mensaje enviado por el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Hacienda y del Sistema Aduanero Nacional al ministro Elián Villegas Valverde:

Señor Ministro de Hacienda:

En SITRAHSAN comprendemos su posible temor, en virtud de la eventual caída por indicadores otorgados por las calificadoras, originado quizás por la actuación de su persona en tan importante MEGA Ministerio.

Es claro que; la escaza formación para asumir la rectoría de un Ministerio cuya actuación tiene implicación directa en la política económica, fiscal, y tributaria de esta gran Nación, además de la “pandemia”, generen los indicadores negativos.

Consideramos: que por ello le queda como “anillo al dedo”, hacer eco y atacar con el mismo lenguaje de los grandes consorcios empresariales de este país a los funcionarios públicos. Pero ignora; como jerarca de alto nivel, el conocimiento fáctico de las actuaciones que este Ministerio desarrolla y que es muy distinto a los años en los que disfrutó del confort en el INS.

Rezaba un estribillo de un gran jurista y litigante privado, para contender consideraciones de tipo legal, con la realidad y evolución del Derecho mismo: “mucho abogado de larga data, deja de estudiar y se convierte en un funcionario técnico” para justificar la diferencia entre el estudio cotidiano, en el ejercicio del Derecho, en el campo privado, versus la tranquilidad o confort que brinda a mucho profesional en Derecho desempeñarse en el Servicio Público; no obstante, esta premisa no es de aplicación generalizada, en virtud de que dichosamente tenemos muchos profesionales que día a día se están actualizando en diversidad de áreas y materias, y con ello poder ejercitar su profesión con la diligencia , probidad y decoro que el tiempo requiere.

Lamentamos, ese bache profesional que su persona soporta, ya que la interpretación de los números y el desconocimiento del manejo cotidiano de la Hacienda Pública, lo exponen como muy vulnerable y sujeto de riesgo, arrastrando a todo ciudadano costarricense. Esperaríamos equivocarnos, pero el nivel de riesgo que nos imponen las calificadoras internacionales, en mucho; está vinculado con la cabeza de este Ministerio.

Tener el conocimiento y la capacidad técnica y profesional nos hace fuertes, lo contrario nos debilita, y debemos tener esa madurez para aceptar nuestras debilidades.

El ataque a los funcionarios públicos no se vale, satanizar nuestra función, no se vale, eso es simple; porque no superamos un riesgo del 2,5% en materia de control fiscal, debido a la complacencia de los políticos de turno, que no nos blindan con normas fiscales fuertes, claras, precisas o concretas, que puedan brindarle una señal al contrabandista, evasor o elusor, o quién jinetea o roba los impuestos, de que lo meteremos a la cárcel si lesiona con su actuar el Estado que los abriga y que los hace acreedores de mucha riqueza, y muchos de los que “lloran” es porque tienen tanto dinero, que contribuir con el ESTADO no es de su interés.

Sr. Ministro, en finanzas hay razones financieras, que podrían construirse o bien vincularse, de tal manera que si observa el componente del impuesto de renta sobre el salario, observará que un empleado público, puede contribuir más en una quincena, que lo que grandes empresas contribuyeron en un año. Le invitamos a repasar las cifras.

Señor Ministro, debemos hacerle ver, que su desconocimiento integral de la materia en Ciencias Económicas lo debilita, y hace quizás, dependiente del buen consejo de nuestros compañeros de carrera, por lo que deberá seguirlos al “pie de la letra” de lo contrario va a quebrar al ESTADO mismo, y usted esperamos, vino a fortalecerlo no a debilitarlo.

Sr. Ministro, obsérvese la cuantía en mora tributaria, sólo en Aduanas alcanzó la nada despreciable suma de más de 76 mil millones, es decir, lo que pagó el INS a Hacienda, curioso pero cierto, medido, dejamos de cobrarle al importador, y se lo sacamos al INS, al fin y al cabo, hay recursos, protegemos la empresa privada, y que sea el ESTADO el que asuma el costo.

Sr Ministro, el costo social de un pequeño incremento salarial de 7,500 colones por funcionario, en nada socaban las finanzas del ESTADO, si hemos observado la cantidad de millones en “la trocha”, o en la deuda política, porque de este componente, no se toca un cinco, será que quieren tener con bien a los “Diputados”.

Sr. Ministro, esperaríamos que el bache fiscal, que se llevó consigo con daño colateral, dos excelentes funcionarios de carrera, no se repita. En nuestro caso, estaremos vigilantes y accionaremos ante el Ministerio Público de ser necesario, señalando a quién realmente pueda sufrir la persecución penal.

Sr. Ministro, tiene sobre sus espaldas una grandísima tarea, por no decir “camisa”, la que esperaríamos, desarrolle de manera adecuada, sin requerir el consejo sólo el sector que ha resultado privilegiado y blindado en esta pandemia, nos referimos al sector empresarial.

Sr. Ministro, busque los errores legales, que mantienen la división del Estado mismo y todas, aquel capital que está disperso, faltando al principio constitucional de “caja única”.

Sr. Ministro, desearíamos señalarle tanto, y lamentamos, que venga a “hacer escuela” con el manejo de la Hacienda Pública, como muchos otros actores antes lo hicieron, y que de manera irresponsable simplemente visualizan incremento tarifario o recorte del gasto social, donde la historia nos ha demostrado que “el frío no está en las cobijas” y nos endosan el error de su actuar, son muy diestros y complacientes, en materia de amnistías y casi “cero” control fiscal, para que la fiesta siga.

Sr. Ministro, le invitamos a considerar empoderar al consumidor final, para reactivar la economía en un corto plazo, recomiende se libere los “cinquillos del ROP”, que pertenecen a los trabajadores, el FCL también, porque la pandemia muchas veces, no es sólo en materia de salud, la pandemia también en materia de finanzas a las que nos han expuesto desde muchos años, y la peor pandemia, consideración subjetiva, es la pandemia en conocimiento.

Los Empleados Públicos, no tenemos la culpa de la impericia y desconocimiento de nuestros jerarcas, pero sufrimos las consecuencias, porque somos los primeros en poner nuestro sacrificio.

UCR: Dos científicas lideran el único estudio del país que cuantifica el SARS-COV-2 en aguas residuales

El estudio en aguas residuales podría indicar sitios de circulación activa del virus aún en zonas sin casos reportados

Dos científicas del Instituto de Investigaciones en Salud de la Universidad de Costa Rica (Inisa-UCR) encabezan un estudio único en el país que permitirá cuantificar, en las aguas residuales de todo el territorio nacional, la carga viral del SARS-COV-2 (el virus que causa la enfermedad del COVID-19).

Se tratan de la Dra. Luz Chacón y la Dra. Kenia Barrantes. Ellas, en conjunto Eric Morales Mora, especialista en salud ambiental de la UCR, y el Laboratorio de Aguas del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA) investigarán la cantidad de virus que está circulando en un ambiente determinado.

El trabajo de las científicas brindará un aporte trascendental en beneficio de la salud pública nacional. Si las investigadoras encuentran una elevada carga viral en las aguas residuales, el resultado podría asociarse a un mayor número de personas contagiadas que las reportadas.

Si ese hallazgo se da, el país tendrá datos científicos robustos para identificar sitios de circulación activa del virus y así poder realizar intervenciones localizadas.

“En algunos países, como Australia, han logrado correlacionar el número de casos de una población determinada con la carga viral en aguas residuales. En otros países, como Holanda, se ha podido encontrar el virus aún cuando no se ha observado un brote importante del mismo. Por esta razón, la vigilancia de la carga viral en las aguas residuales podría ser una herramienta muy apropiada para el manejo de la emergencia”, afirmó la Dra. Chacón.

Una vez localizado un foco de infección, y tomadas las medidas pertinentes, la disminución en la carga viral evidenciaría que las acciones tomadas han sido apropiadas. Por el contrario, si la carga viral se mantiene o aumenta, esto indicaría que las medidas han sido insuficientes para contener el virus.

El proyecto refleja una inversión en investigación de hace más de 10 años que le ha permitido al Inisa-UCR ser una institución pionera en el diagnóstico viral de las aguas residuales. Es el fruto de un trabajo colaborativo de casi dos décadas entre dos instituciones cuyo fin es mejorar la calidad de vida del país.

Un microorganismo ágil

Sin embargo, hay una pregunta clave en todo este proceso. ¿Realmente es posible que el SARS-COV-2 sobreviva en las aguas residuales que, además de otros desechos, contienen residuos de sustancias de limpieza como el jabón o el cloro que se supone destruyen al microorganismo? La respuesta es sí.

Ese dato incluso fue confirmado en la conferencia de prensa del 13 de mayo del 2020. En esa ocasión, el Ministerio de Salud, el AyA y la Caja Costarricense de Seguro Social confirmaron la presencia del SARS-CoV-2 en las aguas residuales del Centro de Aprehensión Regional Central (CARC).

Pero, ¿por qué el SARS-COV-2 puede ser tan resistente en las aguas residuales?

“Para que el jabón u otros desinfectantes actúen es necesario aplicarlos directamente y en cantidades adecuadas. Además, el cloro es un elemento muy reactivo que fácilmente se puede evaporar (es un gas) o combinar con la materia orgánica (lo cual lo inactiva). En aguas residuales las concentraciones de estas sustancias son mucho más bajas que las recomendadas para la desinfección, por lo que es posible que no se eliminen los virus que podrían estar en ellas”, explicó la Dra. Chacón.

Hasta el momento, las investigadoras suponen que el virus, al estar en un ambiente tan adverso, podría perder su capacidad de infectar. Pero es tan solo una hipótesis que requiere comprobarse.

Pero no solo eso. El SARS-CoV-2, al ser capaz de atacar las células intestinales, puede llegar a producir cuadros de diarrea. Esta característica hace que el virus sea fácilmente trazable en aguas residuales y obtener información certera.

Lo que aún no se sabe es la cantidad del virus en esas aguas y si el SARS-COV-2 presente tiene la capacidad de infectar a las personas. Precisamente, esos son los aspectos que están siendo investigados por la UCR.

“El trabajo de la UCR es diferente al del AyA. En los últimos días, el AyA se ha enfocado en realizar un monitoreo reactivo en las zonas con brote por COVID-19 ya identificadas. También, trabajan por detectar la presencia o ausencia del virus de forma cualitativa, pero no cuánto de ese virus hay. El Inisa-UCR aportará en esta materia”, recalcó la Dra. Chacón.

Riesgo latente

Los resultados que se logren no solo ayudarán a determinar la carga viral, sino también a analizar el riesgo que las descargas de aguas residuales puedan generar para la salud pública.

Por ejemplo, alguna vez se ha preguntado: ¿qué pasa con las aguas residuales que son tratadas? La respuesta es simple: mucha de esa agua termina en los ríos, cuyo líquido posteriormente se utiliza para otros fines. Por ejemplo, para la recreación o regar los cultivos.

Entonces, ¿qué pasaría si sobrevive una cantidad importante del SARS-COV-2 en las aguas residuales del país? La respuesta vuelve a ser sencilla: un claro peligro para la salud pública.

“Las aguas residuales tratadas por lo general caen en los ríos y se usan para regar vegetales. Entonces, es muy importante garantizar que las aguas que salen de esa planta de tratamiento realmente tengan cantidades mínimas de virus que se puedan diluir y que no afecten a las personas. Si están saliendo muchos virus después del tratamiento, se puede poner en riesgo a las personas”, afirmó la Dra. Chacón.

Para estimar el riesgo, Eric Morales Morales, especialista en salud ambiental de la UCR, será el encargado de efectuar un análisis cuantitativo de riesgo microbiológico.

“Estimar el riesgo es un proceso largo, pues es una cadena de análisis en la que primero hay que determinar la concentración ambiental, luego la dosis que potencialmente podría recibir una persona y, posteriormente, la dosis probable para que la persona desarrolle la enfermedad. Con base en esa información, se calcula el riesgo de una zona específica según las actividades de la zona: recreación, contacto directo con esa agua o que se utilice para riego”, indicó Morales.

La sinergia entre ambas instituciones (AyA y UCR) es un espacio propicio para aportar al manejo del COVID-19, así como de otros patógenos virales y protozoarios que por muchos años han sido obviados.

Numerosos aportes

Una de las cualidades más fuertes del estudio es que no solo cuantificará el SARS-COV-2, sino también evaluará otros virus generadores de enfermedades como el Norovirus, Enterovirus y parásitos como Cryptosporidium spp. y Giardia sp en aguas residuales.

Por el momento, ya se han recolectado muestras del Gran Área Metropolitana y de Puntarenas. La selección inicial de esos lugares de muestreo se dio, principalmente, porque son plantas de tratamiento que reciben el agua residual de gran parte de la población.

Con el reciente financiamiento de los fondos del Espacio Universitario de Estudios Avanzados (Ucrea), dentro de los próximos meses la UCR incluirá plantas residuales a lo largo de todo el territorio nacional.

“En esa primera etapa. Para seleccionar las plantas de aguas residuales se tomaron en cuenta varios factores. El más importante es garantizar que las aguas vengan de la población general, y no de una población particular, para evitar tener resultados alterados por las particularidades de la planta. Al tener resultados de población general, logramos una mejor idea del comportamiento general del virus”, dijo la Dra. Chacón.

Para efectuar los análisis, las investigadoras realizarán una concentración viral, seguida de extracción de ARN, síntesis de ADN y una posterior PCR cuantitativa en tiempo real que detectará la presencia del virus.

La técnica PCR tiene amplias ventajas, como la de obtener resultados en un tiempo corto. Otra es que no se requieren de pasos adicionales y posee la cualidad de detectar cantidades bajas de virus.

“Si bien ya iniciamos la toma de muestras, aún está pendiente que lleguen al país varios insumos para realizar la determinación de carga viral, razón por la cual desconocemos cuando tendremos los primeros resultados”, especificó la especialista.

La fase de muestreo se proyecta que durará un año en diferentes sitios. La idea es realizar un análisis mensual.

 

Jenniffer Jiménez Córdoba
Periodista, Oficina de Divulgación e Información
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

Sanabria, Calderón y Figueres

Vladimir de la Cruz

La Historia Nacional del siglo XX ha reconocido a algunas figuras políticas como esenciales para la vida nacional, por el papel que marcaron y por las acciones que llevaron a cabo en el ejercicio de sus funciones y mandatos institucionales y constitucionales.

Tres de estos personajes, curiosamente fallecieron en el mes de junio. En su orden, Víctor Manuel Sanabria Martínez, el gran Obispo de Costa Rica de la década de 1940, hasta su muerte acaecida el 8 de junio de 1952, el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, el Gran Presidente Reformador Social de Costa Rica, a quien se le atribuye por su gestión de gobierno, y por el compromiso por él adquirido, el gran gestor de la promulgación de las Garantías Sociales y el Código de Trabajo, lo que comúnmente se llama Reformas Sociales, quien también falleció un 9 de junio de 1970, y José Figueres Ferrer, quien llegó a ser considerado a finales del Siglo XX, como el político más importante del siglo XX costarricense, no solo por las grandes iniciativas que impulsó desde la Junta de Gobierno, durante el período 1948-1949, sino por el rumbo que le imprimió con ellas al país en la segunda mitad del siglo XX, quien también falleció un 8 de junio de 1990.

Víctor Manuel Sanabria Martínez asumió el Arzobispado nacional pocos días antes de que el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia asumiera la Presidencia en 1940. Fueron, en ese sentido como dos rieles de la misma línea de tren. Se desarrollaron juntos, compartiendo valores de formación espiritual religiosa, católicos y de gran sensibilidad social los dos.

Sanabria quizá el más brillante de los Obispos nacionales del Siglo XX, de gran cultura, investigador histórico de la Iglesia en Costa Rica. A él le debemos importantes obras sobre la presencia de la Iglesia Católica, y algunos de sus Obispos en el país, así como una Obra clave para entender el significado de la Patrona Nacional, de la Virgen de los Ángeles, en el imaginario colectivo y su arraigada presencia en el ADN nacional.

Anticomunista profundo antes de 1942 Sanabria tenía como objetivo ampliar los horizontes de la Iglesia Católica, restringidos por las Reformas Liberales de 1882 y 1884. Pactó, con el Gobierno de León Cortés, el apoyo a la candidatura presidencial, en 1939, del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia con el compromiso de la derogatoria de las leyes liberales. El Gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia, en su primer año, 1940, bajo la dirección del Ministro de Educación, Luis Demetrio Tinoco, procedió a derogar los decretos y limitaciones que tenía la Iglesia Católica derivadas de aquellas reformas liberales, y en cumplimiento del apoyo de la Iglesia a su candidatura presidencial.

Su Obispado en Alajuela, y su ascenso al Arzobispado Nacional, se produjo al calor del arranque de la II Guerra Mundial, en 1939, Guerra que duró hasta 1945, provocando una escisión mundial alrededor de la lucha antifascista que se provocó con esa guerra. La crisis económico social de la guerra repercutió en el país, con mayor fuerza en 1941.

Estados Unidos hasta diciembre de 1941 no había ingresado formalmente a la Guerra del lado de los aliados que luchaban contra Hitler y lo que él significaba. Ingresa a la guerra obligadamente cuando en diciembre de 1941 sus bases militares, en Hawai, son atacadas por los japoneses, aliados de Hitler en lo que se llamó el Eje Totalitario nazi fascista. Este ataque motivó que el presidente Roosevelt solicitara el apoyo solidario de las naciones latinoamericanas para, con ese apoyo, presionar al Congreso de los Estados Unidos en decidir ingresar a la Guerra, al lado de los aliados.

Así el Gobierno de Calderón Guardia declaró la guerra y rompió relaciones diplomáticas con Japón, Italia y Alemania, en los primeros días de diciembre de 1941, situación que le provocó, a la vez, una ruptura con León Cortés y lo que él representaba políticamente, y con el sector económico alemán nacional, que era muy poderoso en las actividades económicas del café y la caña de azúcar especialmente. Hasta un intento de Golpe de Estado se intentó contra su gobierno, que no se llevó a cabo, facilitando las condiciones para la alianza que realizaría su gobierno con el Partido Comunista de Costa Rica, que le daría el apoyo para terminar sus dos años de gobierno que le faltaban, a condición de impulsar las llamadas Reformas Sociales y el Código de Trabajo.

El Dr. Calderón Guardia impulsaba desde inicios de su gobierno la apertura de la Universidad de Costa Rica y la fundación de la Caja Costarricense del Seguro Social, y otras iniciativas sociales importantes.

El Dr. Calderón Guardia había llegado al Congreso de la República en 1934, el mismo año en que fueron electos los dos primeros diputados comunistas, Manuel Mora Valverde y Efraín Jiménez Guerrero, donde empezaron a desarrollar una amistad y respeto político profundo. Efraín Jiménez, incluso se pasó a las filas del calderonismo, a inicios de la década del 40, para impulsar, apoyar y dirigir una parte de las políticas sociales del gobierno.

La cercanía del Partido Comunista con el Gobierno pasó por la consulta obligada a la Iglesia Católica, por parte del Mandatario, y se inició, de esa manera un proceso de conversaciones, entre el Partido Comunista, el gobierno de Calderón Guardia y la Iglesia Católica, dirigida por Sanabria, entre 1942 y mediados de 1943, que culminaron con los sucesos de junio de 1943, cuando se producen cambios políticos trascendentes en la Historia, de ese momento, y en la Historia Nacional.

En junio de 1943 el Partido Comunista cambia de nombre a Vanguardia Popular, condición que había puesto el Obispo para apoyar la alianza, de que cambiara de nombre. Por su parte la Iglesia reconocía públicamente que los católicos podían ingresar a “la nueva organización sin cargo de conciencia alguna”, no era pecado ser comunista ni ser miembro de ese Partido. Los comunistas igualmente reconocían que las Garantías sociales que estaban en proceso de aprobarse, en este mes de junio, tenían inspiración socialcristiana. Los comunistas aceptaban también que la Iglesia impulsara otra organización sindical nacional, la Confederación de Trabajadores Costarricenses Rerum Novarum, paralela a la existente de los comunistas, Confederación de Trabajadores de Costa Rica, y además le cedieran un campo de la representación que tenía, de dos miembros, en la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social.

Monseñor Sanabria venía, desde inicios de la década del 40 y antes del Pacto del 43, preparando dos sacerdotes, hermanos ellos, Benjamín y Santiago Núñez Vargas, en el campo del sindicalismo y el cooperativismo, donde el Partido Comunista tenía mucha influencia y un papel hegemónico en esos días.

La lucha antifascista en el país había caldeado los ánimos. El Gobierno había tomado una serie de medidas represivas contra alemanes, italianos, japoneses, y los considerados “quinta columnistas”, había desarrollado campos de concentración, expulsión de alemanes a Estados Unidos, a campos de concentración allá, intervención de bienes, había establecido, por la ley de migración de 1941, restricciones de estadía y tránsito nacional a más de 15 grupos étnico raciales.

La oposición política al Gobierno la asumía principalmente León Cortés, y en paralelo el grupo representativo de las clases medias emergentes, en ese momento, el Centro de Estudios para los Problemas Nacionales y la Revista Surco, a cuyo alrededor se gesta el Partido Social Demócrata y su periódico homónimo.

Situaciones internas provocaron mucha tensión que hicieron surgir a un joven empresario, José Figueres Ferrer, como un gran opositor, que fue expulsado del país, convirtiéndolo de esa manera en el líder potencial, que llegó a ser.

Figueres en el extranjero, en México, se vincula a grupos de demócratas de Centroamérica y el Caribe, que impulsaban restablecer democracias allí donde había tiranías, dictaduras y satrapías, gobiernos antidemocráticos y autoritarios.

Para Figueres las elecciones de 1944, que fueron cuestionadas, hicieron que Teodoro Picado presidente electo, lo fuera como resultado de un supuesto fraude, y por ello su gobierno era ilegítimo, por lo que había que derrocarlo. León Cortés que había sido “burlado” en esas elecciones era partidario de la lucha política y no militar para cambiar el gobierno. Igual lo era Otilio Ulate, que planteaban ir a las elecciones de 1948 y si en ellas volvía a repetirse el fraude, entonces sí se debía acudir al expediente militar. Figueres partidario de la lucha insurreccional se somete a Ulate, a la muerte de León Cortes en 1946, y prepara las armas para 1948.

El gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia salía victorioso con la aprobación del Capítulo de las Garantías Sociales en la Constitución y del Código de Trabajo. Su alianza con el Partido Vanguardia Popular lo lleva a una coalición política, el Bloque de la Victoria, para impulsar la candidatura de Teodoro Picado en 1944, que resulta triunfante, aunque cuestionado en su gane.

El Gobierno de Teodoro fue difícil. Hasta 1945 la II Guerra Mundial se mantuvo. Al término de la Guerra, con el cambio de escenario político y geopolítico europeo y mundial, los aliados se disuelven e Inglaterra, con Churchill, impulsa el nuevo escenario de la Guerra Fría. En América Latina se producen iguales cambios, que culminan con las políticas de Truman y del Plan Clayton, así como la aprobación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, de 1948.

La alianza de los comunistas con el Gobierno de Picado fue débil, a pesar de la Reforma Tributaria y el Código electoral que se impulsó en 1946. Rafael Ángel Calderón Guardia estuvo fuera del país durante 1945 y 1946, fortaleciendo sus estudios de médico.

La tensión política hacia 1948 se había agudizado. Otilio Ulate encabezaba las fuerzas opositoras hacia la elección. Figueres preparaba las armas y su contingente armado en sus fincas. Los comunistas y calderonistas iban separados electoralmente. Rafael Ángel Calderón impone su candidatura hacia la reelección. Se producen las elecciones, que se cuestionan y se anulan por el Congreso, que podía hacerlo, lo que resulta en el detonante del conflicto armado que cubre al país durante un mes, entre marzo y abril de 1948. Figueres en armas poco a poco va infligiendo derrotas al Gobierno y a las fuerzas armadas, con gran apoyo de los comunistas, hasta que con el dominio de todo el país, y establecido en Cartago, para evitar la Gran Batalla de San José, que se sabía que iba a ser sangrienta, se impuso la sensatez de buscar una salida política, que se logró con las Conversaciones en Ochomogo entre los líderes de las fuerzas combatientes, José Figueres y Benjamín Núñez y Manuel Mora y Carlos Luis Fallas, que fueron quienes se reunieron esa noche. El resultado de la reunión de la suspensión del conflicto militar se firmó en la Embajada de México, con asistencia de miembros del Cuerpo Diplomático. Rafael Ángel Calderón salió para Nicaragua, Teodoro Picado dejó la presidencia a su Designado Presidencial, Santos León Herrera, que debía entregar el gobierno de Otilio Ulate el 8 de mayo. Figueres se impuso finalmente sobre Otilio Ulate, negándole el poder de inmediato y comprometiéndose a entregárselo una vez que él hubiera gobernado, a partir del 8 de mayo, cuando estableció su Gobierno de Facto, bajo la dirección de su denominada Junta Fundadora de la Segunda República, a quien se le entregó el Gobierno.

En este Gobierno Figueres impulsa una serie de reformas institucionales que van a marcar profundamente el desarrollo de la Costa Rica a partir de ese momento.

Figueres convoca a una Nueva Asamblea Nacional Constituyente que redacta la actual Constitución Política, mantiene y amplía ligeramente el capítulo de las Garantías Sociales, mantiene el Código de Trabajo, nacionaliza la Banca, nacionaliza los recursos hidroenergéticos y hace fundar el ICE, proscribe al Partido Comunista y a Vanguardia Popular, reprime duramente a los gobiernistas partidarios de Calderón y de Picado, como a los miembros del Partido Vanguardia Popular, expulsa a la fuerza a dirigentes políticos, produce un exilio político costarricense, en su gobierno se produce el crimen del Codo del Diablo, y, en diciembre de 1948, al entregar al Cuartel Bella Vista a la Universidad se simboliza también la decisión de abolir el Ejército como institución permanente.

Al terminar la labor la Asamblea Constituyente el 7 de noviembre de 1949 también cesa su gobierno, entregándoselo a Otilio Ulate para su período constitucional, para lo cual también había convocado a elecciones de diputados para integrar los tres poderes públicos al ascenso de Otilio Ulate a la Presidencia.

Durante este período Monseñor Sanabria se había mantenido firme en sus alianzas históricas de 1943. Incluso se enfrentó a la Junta de Gobierno en un acto en la Iglesia Catedral.

Manuel Mora y otros dirigentes y miembros del Partido Vanguardia Popular salieron al exilio. Otros permanecieron en prisión varios meses.

Restituido el proceso constitucional Figueres organizó el Partido Liberación Nacional el 12 de octubre de 1951, convirtiéndose desde entonces, hasta hoy, en la organización política electoral que más veces ha ejercido el Gobierno desde 1953, nueves veces de 17 gobiernos. De allí, que en los gobiernos de Liberación Nacional se le diera el impulso institucional a las Reformas Sociales del 43, a las Garantías Sociales de la Constitución, y al fortalecimiento de las instituciones que al calor de esas reformas iban surgiendo y desarrollando la democracia social y económica del país.

Hacia 1958 Rafael Ángel Calderón Guardia y Manuel Mora Valverde se encuentran de nuevo en Costa Rica, en tiendas políticas distintas. Calderón Guardia electo sin asumir la diputación en 1958, fue candidato a la presidencia en 1962. Hacia 1966 logró contribuir al impulso de la coalición política que llevó a la Presidencia de la República a José Joaquín Trejos Fernández, quien le nombró Embajador en México durante dos años. A su regreso falleció el 9 de junio de 1970 en el ejercicio del primer gobierno constitucional de Figueres. Monseñor Sanabria ya había fallecido el 8 de junio de 1952.

Figueres generosamente empezó a reconocer en su primer gobierno constitucional, 1970-1974, que quienes se habían enfrentado en la guerra civil de 1948, lo habían hecho peleando cada uno por lo que consideraba sagrado defender, las garantías sociales que se veían amenazadas y la pureza y defensa del sufragio.

A asumir la presidencia Figueres en 1970 se habían producido algunos cambios políticos, resultantes de las relaciones económicas que empezaban a establecerse con la Unión Soviética y otros países socialistas. Eso hizo posible que se lograra inscribir un partido político de izquierda, el Partido Acción Socialista, que llevó a la Asamblea Legislativa a Manuel Mora y a Marcial Aguiluz, y con ello se abriera el espacio democrático electoral en el país.

A la muerte de Calderón, en el gobierno de Figueres, se presentó el proyecto de ley para Declarar Benemérito de la Patria a Calderón Guardia, lo que se hizo a pocos días antes de dejar el gobierno José Figueres. Durante el año 1973, al cumplirse el 25 aniversario de la Guerra Civil Figueres inauguró algunos monumentos alusivos a esos episodios bélicos con placas alusivas a “los caídos de los dos bandos”, tratando de restaurar heridas que todavía sangraban en la sociedad y comunidad nacional. El Benemeritazgo de Calderón era parte de este esfuerzo.

Años más tarde, en 1990, José Figueres fallece justo a pocos días de asumir la Presidencia el hijo del Dr. Calderón, Rafael Ángel Calderón Fournier, el 8 de junio de 1990. Sus honras fúnebres quizá fueron las más grandes que se le hayan hecho a algún Jefe de Estado o presidente de la República. Había un gran reconocimiento nacional a la figura política de don Pepe, como cariñosamente se le llamaba y trataba. El balance histórico de sus gestiones se traducía en inmensa cantidad de instituciones, además de la ya dichas, creación del IMAS, de la Dirección de Adaptación Social, del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, de la Guardia Rural, de la Compañía Nacional de Teatro, del CONAI; de RECOPE, del SENARA, de INFOCOOP, de la Orquesta Sinfónica Nacional, del voto a los 18 años, del CONICIT, de la universalización del Seguro Social, de las relaciones diplomáticas con la Unión Soviética y otros países socialistas y muchas obras más de gobierno, muchos méritos que condujo a que ese mismo año de su fallecimiento, el 12 de noviembre, bajo el gobierno de Rafael Ángel Calderón Fournier se le declara Benemérito de la Patria.

El círculo de la historia se había cerrado. Don Pepe enterró a Rafael Ángel Calderón Guardia y en su gobierno se le declaró Benemérito y Rafael Ángel Caderón Fournier enterró a don Pepe y en su gobierno se le declaró Benemérito. El Gobierno de Mario Echandi en 1959 declaró Benemérito de la Patria a Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez.

Sirva este día para recordar a estos tres ilustres costarricenses que tuvieron el destino de fallecer en el mes de junio, los tres, en días similares, dos el 8 y uno 9 de junio.

Garantías Sociales, Código de Trabajo, Reformas Liberales, Universidad de Costa Rica, Caja Costarricense del Seguro Social, Junta Fundadora de la Segunda República, Codo del Diablo.

Sindicalismo convoca a reunión general

SURCOS recibió este comunicado de parte de SITRAHSAN y de la CGT:

“CONVOCAMOS URGENTEMENTE A REUNIÓN JUEVES 25 DE JUNIO, 9AM EN CENTRO DE CONVENCIONES DE ANDE

Sector Sindical se organiza contra políticas agresivas del Gobierno de la República y Cámaras Empresariales aprovechando la PANDEMIA COVID-19 contra la clase trabajadora y el pueblo costarricense.

Organizaciones Sindicales

Asociación Nacional de Educadores (ANDE)
Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE)
Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN)- SEC
Central General de Trabajadores (CGT-Costa Rica)
Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC)
Sindicato SITECO
Sindicato SITRAA
Sindicato SITRAHSAN
Sindicato SIFUPCR
Sindicato SEPI

Debemos seguir los protocolos del Ministerio de Salud por lo que será de la siguiente manera:

2 representante por central sindical: CSJMP-ANEP, CMTC, CGT, CUT, CCTD, CTRN.
2 representantes por magisterio, ANDE, APSE, SEC.
1 representante por educación: ADEM, SINPAE, SINAPRO, USEPA
5 representantes del BUSSCO
1 representante Federación FETSALUD
2 representantes Frente de Organizaciones Laborales Poder Judicial

La capacidad según el Ministerio de Salud debe de ser del 50% por lo que se registrará únicamente asistencia al correo: comisión.nssp@gmail.com, para poder participar.

CONTACTO DE ORGANIZACIÓN:

Gilberto Cascante Montero, celular 8817-8181, Asociación Nacional de Educadores (ANDE)
Zaray Esquivel Molina, celular 8722-2442, Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE)
Edgardo Morales Romero, celular 8336-8405, Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN)- SEC
Mario Rodríguez Bonilla, celular 7105-2587, Central General de Trabajadores (CGT-Costa Rica)
Olman Chinchilla Hernández, celular 8845-6406, Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC)
Xiomara Rojas Sánchez, celular 8380-1770, Sindicato SITECO
Miguel Ureña, celular 8704-8936, Sindicato SITRAHSAN
Oscar Cruz Morales, celular 8843-9382, Sindicato SIFUPCR
Carlos Cabezas Mora, celular 8840-4231, Sindicato SEPI

Foto con fines ilustrativos.

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Llamado a respetar derechos de población migrante en situación irregular

09 de junio de 2020
San José, Costa Rica

Llamado a las autoridades y población a respetar los derechos de la población migrante en situación irregular al implementar medidas extraordinarias para atender a la emergencia sanitaria causada por el COVID-19.

La emergencia sanitaria causada por el COVID-19 ha requerido de un esfuerzo conjunto y significativo por parte de las autoridades costarricenses, con el fin de mitigar sus consecuencias de manera efectiva. Dentro de los esfuerzos más significativos, destacamos la decisión de brindar atención médica costeada por el Estado a todas aquellas personas habitantes en el país que, aún sin seguro social y sin capacidad de pago, presenten síntomas asociados al COVID-19.1

La Clínica de Migración, Refugio y Protección Internacional de la UCR; REDNAM y las organizaciones y proyectos de acción social de la UCR suscritos reconocemos el buen trabajo realizado por las autoridades costarricenses en la atención de la emergencia. En línea con lo anterior, hacemos un llamado a las autoridades para que, en atención a la tradición de humanidad y solidaridad que ha destacado a Costa Rica a nivel mundial como un país líder en la promoción y respeto de los derechos humanos; se garanticen los derechos fundamentales de las poblaciones más vulnerabilizadas, en particular de la población migrante en situación irregular que reside en nuestro país con anterioridad a la crisis actual.

Las personas indocumentadas habitantes de Costa Rica se encuentran sujetas a la jurisdicción nacional, y como tales están protegidas por el ordenamiento jurídico costarricense y el derecho internacional de los derechos humanos. En este sentido, recordamos:

  1. Que todas las medidas adoptadas para hacer frente a esta crisis sanitaria deben ser temporales, legales, ajustadas a los objetivos definidos, basadas en criterios científicos, razonables, estrictamente necesarias y proporcionales al fin perseguido, de conformidad con la declaración 1/20 de la Corte IDH y los principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.2
  2. Que las circunstancias personales pueden agravar en mayor o menor medida el impacto negativo de las medidas extraordinarias que se adopten para atender a la población. En decir, antes de tomar una medida concreta, las autoridades están obligadas a realizar una evaluación de impacto sobre los derechos humanos y trazar un plan de mitigación de los efectos negativos.3

En este sentido, es un hecho público y notorio que en el país residen personas migrantes en situación irregular desde hace años, muchas de las cuales ya se han integrado a las comunidades e incluso tienen vínculos con personas costarricenses protegidos por la legislación. Situación que se presenta particularmente en las zonas fronterizas de nuestro país.

Al tomarse medidas como el fortalecimiento de los controles migratorios, el Estado Costarricense debe valorar cuidadosamente la situación de cada persona, sus vínculos familiares y su arraigo en el país para no aplicar sanciones desmedidas que puedan afectar la seguridad económica, alimentaria y la unidad de un núcleo familiar. De igual manera, se debe considerar que, actualmente las autoridades migratorias no están recibiendo nuevas solicitudes de regularización migratoria, por lo que debe existir un marco de tolerancia para quienes no han podido realizar dichos trámites.

Recordamos que se deben garantizar las condiciones mínimas para que la población migrante en situación irregular pueda vivir dignamente y sin discriminación en medio de esta pandemia. En este sentido, nos parece consecuente la decisión de las autoridades costarricenses de no obligar a los concesionarios de transporte público a solicitar cédulas o documentos migratorios para abordar autobuses en la Zona Fronteriza Norte. Sin duda alguna, esta medida -además de ser ilegal por delegar una potestad de imperio en particulares no preparados ni formados para tal efecto, en virtud de una instrucción administrativa- pudo tener un efecto sumamente negativo, injustificado y desproporcionado en el acceso al trabajo, alimentación y salud de la población migrante en situación irregular que reside en dicha zona.

Asimismo, expresamos nuestra preocupación ante la decisión del Área de Salud de Los Chiles de imponer a sus médicos y demás personal de salud la obligación de solicitar la presencia de Fuerza Pública y/o autoridades de migración para brindar atención a pacientes indocumentados que se apersonen a los centros de salud; para luego dejarles a merced de dichas autoridades. Esto en contravención al Código de Niñez y Adolescencia, la Ley general de Salud, la Directriz 10- MP-MIDEPLAN-MTSS-MSP-MGP-MRREE y la Dirección ACE-157-08-2018 de la Dirección de Coberturas Especiales de la CCSS, entre otras.

Es importante mencionar que, dado el contexto socioeconómico de la Frontera Norte, esta medida tendrá un efecto contraproducente, ya que la población migrante evitará presentarse a los centros de salud por temor a ser deportada. Provocando así que, en casos de contagio de COVID-19 o emergencias, la población no cuente con la atención y cuidados necesarios, lo que a su vez aumenta el riesgo de transmisión comunitaria.

Por otra parte, recalcamos que el condicionar la atención de un asunto de salud en razón de la situación migratoria de una persona va en detrimento del derecho a la vida, bien jurídico por excelencia y ampliamente tutelado por el Estado costarricense.

  1. El compromiso internacional de respetar el principio de no devolución consagrado en la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967, la Convención contra la Tortura y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En este sentido, instamos a las autoridades costarricenses a realizar un examen pormenorizado de las personas que son identificadas y/o aprehendidas por ingreso y/o permanencia irregular en el país, con el fin de determinar si están o no en necesidad de protección internacional; y tomar las medidas correspondientes en cada caso.
  2. Instamos a las autoridades a prestar atención y accionar según corresponda ante las violaciones a derechos laborales, DDHH y medidas sanitarias en el marco de la pandemia, cometidas por distintas empresas piñeras, bananeras y de otros monocultivos, alrededor del país; las cuales afectan particularmente a población migrante en situación irregular como principal fuerza trabajadora.
  3. El núcleo duro de derechos humanos de los habitantes del país y los compromisos adquiridos en el plano internacional por Costa Rica deben ser respetados aún en tiempos de emergencia sanitaria.

Finalmente, aprovechamos este comunicado para hacer un llamado a la población en general para que respeten la dignidad de las personas y se abstengan de llevar a cabo manifestaciones de xenofobia, racismo y otras formas de discriminación. Se debe recordar que Costa Rica no solo ha sido tradicionalmente receptora de población migrante, sino que existe una diáspora de personas costarricenses que se encuentra viviendo los embates de la pandemia fuera del país y a los cuales deseamos se les trate en un marco de respeto y no discriminación.

Suscriben,

Clínica de Refugio, Migración y Protección Internacional.
C.D.L Centro de Derechos Laborales sin Frontera de Costa Rica
Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho.
CIDEHUM Centro Internacional para los Derechos Humanos de los Migrantes.
Coordinadora Norte Tierra y Libertad.
Asociación ENLACES nicaragüenses.
ACCEDER
Ni una MENOS Costa Rica.
Akelarre Impro.
Colectiva Caminando.
Chancha Negra.
Volcánicas.
Ditsö Costa Rica.
VOCES FIERAS.
GuanaRED.

Proyectos de Acción Social de la UCR

TC-738 Acompañar para integrar: rutas para promover la integración local de la población migrante en Costa Rica.
TC-723 Migra-acciones: Acompañando población migrante y refugiada más allá de las fronteras.
ED-3461 Migraciones y Derechos Humanos, construcciones conjuntas.
TC-652 Migrantes como sujetos políticos: Nuevas vías de expresión.
TC-480 Fortalecimiento de la protección de la población refugiada y migrante vulnerable.
EC-526-Desarrollo de capacidades comunicativas en las comunidades del Pacífico Central.
EC-527- Aportes comunitarios para la construcción de la democracia participativa.
1 CCSS, Oficio GG-0733-2020, 20 de marzo de 2020.
2 DECLARACIÓN DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 1/20 9 DE ABRIL DE 2020, disponible en:
https://www.corteidh.or.cr/tablas/alerta/comunicado/cp-27-2020.htrn1
3 130. La Corte ha sostenido que «en el desarrollo de un evento de despliegue de la autoridad, agentes estatales, en la medida de lo posible, deben realizar una evaluación cie la situación y un plan de acción previo a su intervención» Corte IDH. Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 2014. Serie C No. 281, para. 130.

 

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