José María Gutiérrez (*)
El dictamen de mayoría de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa en relación con la administración del Fondo Especial de Educación Superior (FEES) contiene diversos aspectos de índole presupuestario que requieren ser atendidos por las universidades, particularmente en lo que se refiere a los cambios en la estructura salarial, de manera que se favorezca la equidad en esta materia y la sostenibilidad económica de las instituciones en el mediano y largo plazos. Estos cambios son urgentes y deben gestarse por las mismas universidades, en lo que tienen responsabilidad la dirigencia y las comunidades de estos centros de educación superior.
Pero este dictamen contempla también una serie de propuestas y recomendaciones que ponen en entredicho fundamentos esenciales del concepto de universidad pública. Este informe requiere ser analizado de manera crítica por parte de la misma Asamblea Legislativa, las comunidades universitarias y la sociedad en general, dada la importancia de estas instituciones de educación superior en la vida del país. En este contexto, es conveniente primero reflexionar sobre los conceptos de universidad pública y de autonomía.
¿Qué es una universidad pública?
Una universidad pública es una institución de educación superior dedicada a la generación de conocimiento y a la formación de profesionales en muy diversas áreas del saber, así como a la proyección de estos saberes a la sociedad. Las universidades son nichos donde se desarrollan nuevas ideas, se estudian temas de muy diverso tipo y se cultivan las ciencias, las artes, las letras y las tecnologías desde perspectivas que van más allá de su impacto inmediato. También son espacios de pensamiento crítico y de reflexión permanente sobre la realidad. Por ser centros de creación de nuevo conocimiento, inciden decisivamente en las sociedades que las amparan. Por su misma naturaleza, deben ser centros de tolerancia y de respeto a la diversidad en todas sus formas. Se basan, por ende, en una sólida libertad académica y en una visión amplia del conocimiento y sus aplicaciones.
Por su carácter integral, crítico y humanista, las universidades públicas son esenciales para las sociedades. Estas requieren de estos centros de pensamiento diverso y de creatividad permanente, los cuales atienden temas y problemas urgentes del presente, pero también apuntan sus luces hacia el futuro, contribuyendo a buscar y marcar senderos por donde se forje un mejor porvenir para la colectividad. Además, tienen la misión de formar profesionales que sean no solo competentes técnicamente, sino también personas integrales, humanistas, críticas y socialmente responsables.
Por ello, la universidad pública no puede estar al servicio de grupos de poder y de sectores económicos o políticos particulares. Sus rumbos se definen en un continuo diálogo con la sociedad, pero deben tener la suficiente amplitud y autodeterminación para garantizar que sus fines se enmarquen en las necesidades de la sociedad toda y no de grupos de interés puntuales. Estos centros de educación superior tienen la misión de ser un espacio de pensamiento y acción que no se supedita a los poderes fácticos, lo cual es garantizado por la autonomía universitaria. Esta incluye la libertad académica, la autodeterminación en el establecimiento de planes, programas, presupuestos y organización interna, y la plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios. La autonomía, en suma, procura dar a estas instituciones todas las condiciones jurídicas requeridas para que desarrollen con independencia su misión.
La autonomía de las universidades públicas se encuentra asediada en el mundo y, en particular, en América Latina. Hace poco más de un siglo, el movimiento estudiantil de la Universidad de Córdoba, en Argentina, gestó un cambio profundo en su universidad, lo que se denominó la Reforma de Córdoba, que luego se extendió por todo el continente. La autonomía universitaria en América Latina surgió, en buena medida, a partir de este hito. En Costa Rica la autonomía tiene rango constitucional, lo cual ha sido clave para defenderla de quienes pretenden que estas instituciones estén al servicio de sus intereses.
Discusiones recientes en Costa Rica sobre el concepto de autonomía han llevado a banalizar este precepto, al caricaturizarse este valor fundamental y hacerlo ver como un interés de estas casas de estudio de ser ‘repúblicas independientes’ y de no dar cuentas a la sociedad. Aunque esto está lejos de ser cierto, dicha banalización ha contribuido para que sectores no aquilaten la relevancia de la autonomía como requisito para que la universidad pueda cumplir el papel estratégico que tiene en la sociedad.
El ejercicio de la verdadera autonomía universitaria puede desnaturalizarse en el interior mismo de estas instituciones, cuando se emplea para defender privilegios, para generar zonas de confort que no responden a las necesidades de la sociedad, y para evadir la rendición de cuentas de lo que se hace y se deja de hacer. En este sentido, la autonomía no puede ser autarquía irresponsable. Por el contrario, la autonomía es un valor fundamental que garantiza que las universidades puedan desarrollar sus actividades esenciales de creación y transmisión de conocimiento, y de aporte diverso a la sociedad, en un marco de libertad, pluralidad y autodeterminación.
La autonomía bajo acecho: el presupuesto
Debido al enorme potencial académico, cultural, económico y social de las universidades públicas, su autonomía siempre ha sido una piedra en el zapato para los grupos de poder en América Latina. Las universidades en la región están sufriendo embates que procuran cooptarlas para los intereses de grupos particulares, y conducirlas por la lógica mercantil que domina nuestras sociedades. Hay diversas formas de debilitar la autonomía, y con ello reducir el espacio de amplitud académica y social de estas instituciones.
La autonomía pierde vigor cuando se cuestiona el financiamiento de las universidades públicas. La forma más sencilla de desnutrir a estas instituciones es debilitando su presupuesto, al que tienen derecho constitucionalmente, lo que trae como consecuencia la reducción de su contribución a la sociedad; hay múltiples ejemplos de lo anterior en América Latina. Hemos visto con enorme preocupación el ataque violento al financiamiento de las universidades federales brasileñas. El año pasado fuimos testigos de un hecho sin precedentes en nuestro país, cuando el Ministerio de Hacienda modificó la asignación de las partidas del presupuesto de las universidades. No son hechos casuales, se trata de una tendencia en toda la región.
El estrujamiento presupuestario tiene otro corolario: dirige las universidades hacia la lógica del mercado, es decir, a violentar aspectos esenciales de su carácter público para centrar muchas de sus acciones en la búsqueda de financiamiento mediante el vínculo remunerado con el sector externo. Se plantea con frecuencia en nuestro medio la idea de desarrollar modelos universitarios de carácter mercantil que han sido fuertemente criticados en universidades del primer mundo donde se han implementado, por haber contribuido a una privatización solapada de estas instituciones y a un deterioro del ethos universitario.
Si el presupuesto universitario se centrara, cada vez más, en estos vínculos remunerados externos, ello conduciría indefectiblemente al fortalecimiento de ciertas áreas y al debilitamiento de aquellas que, por su naturaleza, no puedan generar recursos por esa vía. Se quebraría entonces la integralidad del desarrollo universitario, para detrimento no solo de la academia, sino del país. Las universidades, como una de sus formas de relacionarse con la sociedad, pueden establecer estos vínculos que promueven el desarrollo económico del país y a la vez le generen recursos frescos. Pero esta no puede ser la ruta por la cual procuren su estabilidad financiera de cara al futuro. El presupuesto de las universidades públicas ha de tener fundamentalmente origen público.
Las universidades no deben centrarse en una visión economicista del desarrollo
Otro ingrediente que gravita con fuerza en las discusiones actuales sobre las universidades públicas se centra en una visión del desarrollo de los países y de las personas, y de cómo las universidades pueden aportar al mismo. Existe una visión predominante de carácter economicista y reduccionista. Se hace equivaler el desarrollo y el bienestar al crecimiento económico y, para ello, se conmina a las universidades a establecer fuertes vínculos con el sector privado como un eje central del quehacer institucional.
Se trata de una visión que se ha convertido en una especie de ‘sentido común’ para los sectores políticos y económicos hegemónicos en la región y en Costa Rica. Se asume que la relación de la universidad con su entorno societario debe priorizar ese contacto con el sector productivo privado, perdiendo de vista que estas instituciones tienen una amplísima gama de relaciones en diversos ámbitos. El bienestar de un país es mucho más que el crecimiento económico, ya que tiene un carácter multidimensional. Esta priorización se observa en la forma como se visualiza la formación profesional, concibiéndose como capacitación principalmente técnico-académica. No se da la importancia que merece a la formación de personas integrales, forjadas en el pensamiento crítico y la responsabilidad social.
Esta visión reduccionista desmerece el aporte de disciplinas que no tienen directamente que ver con el desarrollo económico y las necesidades del mercado. Al hacerlo, desvirtúa un elemento esencial del desarrollo de las sociedades y de la universidad como centro de pensamiento y formación integral, cual es la importancia del cultivo de una gran cantidad de disciplinas, independientemente del impacto económico de las mismas. Es precisamente la autonomía universitaria la que permite que estas casas de estudio mantengan un desarrollo integral de variadas ramas del conocimiento, resistiendo las corrientes que tratan de cooptarlas para intereses estrechos.
Vale decir, además, que no es correcto afirmar que las universidades aportan poco al desarrollo económico del país, lo cual no tiene un sustento válido. Podemos citar múltiples ejemplos de vínculos fuertes entre los grupos universitarios y el sector productivo; la información que sustenta lo anterior es fácilmente accesible. Se puede hacer más en ese ámbito, pero se hace bastante. Fomentar este prejuicio por diversos medios tiene un efecto negativo en la percepción que de las universidades tiene la comunidad.
Un peligro de estos planteamientos es que los mismos sirven de base para sugerir que la asignación de presupuesto a las universidades esté condicionada a que estas se ajusten a lo que se considera que son ‘las prioridades del país’. Cabe preguntar, ¿cuáles prioridades?, y ¿cómo se establecen? Existen visiones variadas de las rutas que puede seguir el país, y no necesariamente lo que plantean los sectores políticos y económicos dominantes es la única salida al futuro. Es ahí donde la autonomía de las universidades les permite discutir alrededor de las propuestas que se plantean y sus aspectos benéficos y perjudiciales para el colectivo social, y tomar así sus propias decisiones en cuanto a su quehacer.
Es claro que las universidades deben tener la capacidad de detectar las necesidades de la sociedad, y así ajustar en lo que corresponde sus planes de estudio y desarrollo, y sus agendas de investigación y acción social. Autonomía no es autarquía y las universidades requieren responder a la sociedad y a sus requerimientos de manera dialógica. Pero es erróneo pensar que las necesidades de la sociedad son las que establecen los sectores políticos y económicos dominantes. Esos sectores tienen sus prioridades, pero existen muchos otros actores sociales, comunitarios, productivos e institucionales a los que las universidades se deben con su trabajo.
El informe y las recomendaciones de la Comisión Legislativa sobre el FEES
Con base en estas reflexiones generales acerca de la naturaleza y esencia de las universidades públicas, caben las siguientes consideraciones con respecto al dictamen de mayoría de la Comisión Especial Legislativa que estudió la administración del FEES.
- Más allá de la urgencia de hacer reformas en los sistemas salariales universitarios, lo cual debe ser efectuado con urgencia al interior de estas instituciones, el informe tiene grandes limitaciones en las concepciones que maneja de lo que es una universidad pública, a lo cual se suma una percepción muy estrecha de las visiones de desarrollo y bienestar. Se agrega a lo anterior una carga de estereotipos con respecto a las universidades públicas, reflejados en descripciones muy sesgadas, parciales e infundadas de lo que aportan estas instituciones al país. Como consecuencia, el diagnóstico global que se hace en el documento es deficitario.
- La comisión propone una reforma constitucional que asegure que la autonomía universitaria esté supeditada a las finanzas públicas. El presupuesto universitario se establece mediante negociaciones en la Comisión de Enlace, donde participan ministras y ministros del gobierno junto con rectoras y rectores, y se toma en cuenta la situación fiscal del país. Supeditar constitucionalmente el presupuesto universitario a las finanzas públicas pone a estas instituciones al vaivén de decisiones en política económica que son difíciles de predecir y que, con certeza, las debilitarán. Este sería un paso muy peligroso para la educación superior pública costarricense.
- A lo largo del documento se percibe una concepción particular de lo que la comisión entiende por desarrollo y bienestar. Se trata de una visión de carácter predominantemente economicista, la cual asume como verdades establecidas aspectos que han sido cuestionados en muchas latitudes, ya que pierden de vista la multidimensionalidad del concepto de bienestar. En buena medida, el informe concentra el aporte universitario a su relación con el sector productivo privado y deja de lado un amplio espectro de proyecciones de estas instituciones a la sociedad. Cuando estas visiones limitadas se traducen en condicionamientos para el otorgamiento de presupuesto, como se desprende del dictamen, se está afectando directamente la autonomía universitaria.
- El informe de la comisión hace énfasis en la necesidad de apoyar el desarrollo de las regiones y de las sedes universitarias ubicadas en ellas, lo cual es claramente pertinente, pero ese desiderátum debe transcender el estrecho marco que aplican también a este tema, para enfocarse en visiones más integrales de desarrollo. La comisión se aventura incluso a sugerir cuáles serían las regiones en las que se requiere priorizar el desarrollo universitario, indicando que en ellas hay que concentrar el grueso de la inversión futura del FEES y que de estas inversiones debería depender la nueva distribución de recursos. Esta sería otra transgresión de la autonomía universitaria. Los destinos de los fondos del FEES se establecen, por precepto constitucional, en el seno de las mismas universidades y no pueden estar condicionados por el gobierno. Se puede discutir y consensuar al interior de la Comisión de Enlace, pero no condicionar.
- La comisión enfatiza en la importancia de que las políticas de educación superior estén alineadas con el plan nacional de desarrollo. Se critica fuertemente al Plan Nacional de Educación Superior (PLANES) y se dice que está “desconectado de las necesidades del país y de las regiones”, lo cual es una generalización que no contribuye a un análisis objetivo de los hechos. Es claro que debe haber una coordinación entre las universidades y el Plan Nacional de Desarrollo. Pero, por su naturaleza autónoma, las instituciones públicas de educación superior no pueden enmarcar sus líneas de acción en función de un plan nacional de desarrollo. Las universidades requieren tomar en cuenta estos planes, pero tienen que ir mucho más allá en sus labores permanentes de reflexión, investigación y proyección a la sociedad; los planes de desarrollo no pueden ser una camisa de fuerza para estas instituciones.
- La comisión legislativa también señala la conveniencia de que las personas titulares de los ministerios de Educación, Hacienda y Planificación formen parte del Consejo Nacional de Rectores (CONARE). Este consejo es una instancia de coordinación de las universidades estatales y su funcionamiento debe tener la garantía de la autonomía, al igual que lo tienen las instituciones que lo conforman. El CONARE requiere estar en permanente coordinación con las instancias del gobierno y los ministerios, pero sus decisiones deben ser autónomas del poder político de turno, cualquiera que este sea. Esta recomendación, por ende, no cabe.
- Igualmente, la comisión plantea que el Ministerio de Educación Pública ejerza la rectoría de la educación superior pública, lo cual tampoco es aceptable. Obviamente se requiere una estrecha coordinación entre el ministerio y las universidades, y dicha coordinación existe en gran medida. Pero las decisiones y el rumbo de las universidades se deben definir al interior de estas, en diálogo con el ministerio y otros sectores, pero con autonomía para marcar los destinos. Estos dos puntos que plantea la comisión pretenden establecer una relación inaceptable, de carácter jerárquico, entre el Poder Ejecutivo y las universidades públicas.
En conclusión
Pese a que en el dictamen de mayoría de esta comisión las diputadas y los diputados insisten en que no pretenden afectar la autonomía universitaria, el documento trasluce concepciones, que culminan en propuestas, las cuales claramente ponen en entredicho aspectos claves de la autonomía, como los discutidos anteriormente. Las comunidades universitarias y la sociedad en su conjunto deben estar muy claras del peligro que muchas de estas recomendaciones entrañan para estas casas de estudio y, dada la relevancia de estas instituciones, para el país en general.
La ‘universidad del futuro’, para usar un término presente en el informe legislativo, sería aquella que mantenga su capacidad de desarrollo integral en una gran cantidad de campos del saber, que genere profesionales competentes, y a la vez críticos y socialmente comprometidos. Que sea centro de reflexión crítica permanente, y que se proyecte a la sociedad ofreciendo respuestas a los problemas del presente, pero atisbando los senderos futuros por los que transitemos hacia formas de convivencia más equitativas y justas, en el marco de una autonomía fortalecida. La ‘universidad del futuro’ debe responder a las necesidades de toda la sociedad y no solo de algunos sectores. En estos momentos de crisis es indispensable defender a ultranza los fundamentos esenciales de las universidades públicas y, muy particularmente, su autonomía.
(*) José María Gutiérrez, profesor emérito, Universidad de Costa Rica
(jose.gutierrez@ucr.ac.cr)
Imagen de portada: Semanario Universidad.
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