La Red de Mujeres Rurales convoca este miércoles 7 de octubre a las 10:00pm al foro “La economía solidaria. Sostener la vida mediante el trabajo con tierra”. Con la participación de Alejandra Bonilla, Cecilia Núñes, Francisca Wilson, Orfa Condega y M° Andrea Araya.
Podrá seguirlo por el Facebook de la Escuela de Psicología de la UCR.
RESULTANDO:
PRIMERO. La profunda agitación social vivida en el territorio nacional durante la última semana, lo que ha llevado a enfrentamientos indeseables entre diversos sectores sociales, sin que se atisbe una asertiva estrategia de solución.
SEGUNDO. Este estallido surge, en lo inmediato, por el anuncio del Plan para equilibrar las finanzas públicas, en el contexto de un eventual convenio con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero sin duda posee raíces históricas mucho más profundas que han lesionado, cada vez más, el tejido social de una República que ha procurado privilegiar el diálogo, la democracia, la equidad, la educación, la salud y la proyección autóctona en su devenir socio-político.
TERCERO. El proceso de debilitamiento de ese tejido social se ha intensificado exponencialmente en las últimas décadas, trascendiendo gobiernos y partidos políticos específicos, pero evidenciando, a lo largo de estos años, un discurso hegemónico, no consensuado, que se percibe como amenazante del Estado Social de Derecho y cuyos efectos muestran inequidades perjudiciales por regresivas.
CUARTO. Ha contribuido en este sostenido debilitamiento del tejido social, el escaso diálogo y la limitada capacidad de negociación que, si bien debe ser tarea de toda la ciudadanía y de todos los grupos o movimientos organizados, ha caracterizado a los principales actores del debate social y político en las últimas décadas, si bien es claro que el liderazgo primero corresponde a la clase política que ostenta el poder, según disposiciones de orden democrático.
QUINTO. Todo lo anterior se ha visto agravado coyunturalmente por las consecuencias socio-políticas y financieras generadas por la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2, sin que sea esta la razón fundente ni primaria del malestar social y del estallido referido.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. La Universidad de Costa Rica es: a) decana de la Educación Superior costarricense; b) de profunda vocación humanística; c) una Institución pública al servicio del país; y, d) una Institución Benemérita de la Cultura Costarricense.
SEGUNDO. Corresponde a ella, por razones constituyentes, por su ley orgánica y por mandato estatutario, contribuir con las transformaciones que la sociedad necesita para el logro del bien común, en procura de la justicia social, la equidad, el desarrollo integral, la libertad plena y la total independencia de nuestro pueblo.
TERCERO. Por lo anterior, nuestra Institución está inhibida de mantenerse indiferente frente a los conflictos que amenazan la paz y la justicia social, y que debilitan cada vez más nuestro sistema democrático y el referido tejido social.
CUARTO. Urge superar el conflicto social en cuestión y en sus más profundas raíces, lo que implica respetar el Estado Social de Derecho y los márgenes constitucionales dentro de los que se configuran y que por décadas han sido garantes de estabilidad y equidad, lo que hoy es reclamado por diversos sectores de la sociedad costarricense.
LA RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
MANIFIESTA:
COMUNÍQUESE:
Nota del editor: texto tomado de la circular R-5586-2020, emitida el 6 de octubre del 2020 por la Rectoría de la Universidad de Costa Rica.
Carlos Araya Leandro
Rector de la Universidad de Costa Rica
El secretario de Seguridad Social de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum, Juan Carlos Durán Castro, llama desde su unidad de trabajo en la CCSS a la conformación de un Movimiento Patriótico Nacional que acuerpe a los movimientos sociales para enfrentar la actual coyuntura.
En Costa Rica nos jactamos de tener libertad de opinión, sin que ello implique persecución ni represión por verter opiniones críticas a los poderes prevalecientes, pero esa pretendida libertad no supone democracia, menos aun cuando se ignoran, desconocen y desprecian los criterios y argumentos de los otros. Los poderes autocráticos imponen sus criterios, acciones e intereses como verdad absoluta, no les interesa lo que piensan y hagan los otros, porque los considera ignorantes, sin facultad alguna para decidir ni actuar por cuenta propia ni capacidad para alterar las relaciones prevalecientes. La imposición genocida que liberaliza las medidas sanitarias preventivas contra la pandemia, que eximió de las obligaciones patronales al disminuir las jornadas de trabajo y dejar sin empleo a miles de trabajadores, así como la permanente y sistemática confiscación de salarios y pensiones, son algunas muestras fehacientes de la tiranía gubernamental y empresarial, que se vale de la pandemia y el descalabro fiscal para empobrecer al pueblo y continuar enriqueciendo a empresarios globalizados.
La polaridad social en Costa Rica se incrementa drásticamente, violentando los ingresos por el trabajo cotidiano y de toda la vida laboral de los pensionados, así como efectuar exacciones (impuestos, multas, aumentos de tarifas, inflación, tasas de interés, confiscaciones bancarias, etc.), para garantizar las ganancias privadas de quienes incumplen sus obligaciones tributarias y gozan de exenciones, concesiones e incentivos estatales, así como sustentar el desequilibrio fiscales gubernamental con los ingresos de trabajadores y continuar con la apropiación y manejo ilegítimo y fraudulento de los fondos de pensión por parte de los entes financieros privados y estatales.
La negación a los derechos y conquistas ciudadanas por parte de los poderes autoritarios, son manifestaciones que violentan la estabilidad y condición social a quienes se les niega pensamiento, voz, demandas y derechos, pero también los recursos y activos nacionales están en grave riesgo, ante las intenciones de privatizar el futuro nacional, ahora con la oprobiosa intervención del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Este proceso es apoyado por gran parte de los medios privados de la información que difunden falsedades, crean miedos y hacen ingentes esfuerzos por enfrentar a trabajadores contra trabajadores, con si fueran enemigos y causantes de la debacle fiscal del Estado y del desfalco de la fuerza de trabajo. Es infame la labor de un periodismo esclavizado y subordinado a los propietarios de los medios.
La resistencia y movilización social que ocurre en diversas zonas del territorio nacional, es en parte una expresión de la debacle originada por el gobierno y los empresarios que autocrática e intransigentemente disponen de la calidad de vida de la población y de los recursos nacionales. No obstante, se debe llamar la atención, que estamos frente a un movimiento social que es peculiar en su heterogeneidad, que carece de consistencia orgánica y estratégica, sin alternativas ni propuestas que orienten su actuación, pero coincidentes en algunas demandas, aun cuando con fundamentos disimiles. Este aspecto es extraño, pues las protestas no persiguen la negociación ni el acuerdo. El uso de la fuerza parece justificarse a sí misma, de tal modo, que se hace incomprensible que se persista en los desórdenes que ante el retiro de la propuesta gubernamental que supuestamente motivaron las protestas y desmanes.
Lo que puede haber sido motivo de un logro social y el inicio de una construcción colectiva del futuro inmediato, hoy se convierte en una intransigente y unilateral actuación que provoca daños y violencia injustificable, creando un intencional caos, como preludio al fracaso, dolor, frustración y desesperanza social, lo que posibilitará al dominio económico y político la continuidad de la sobreexplotación, el despojo y la apropiación de bienes producto de la venta del trabajo familiar, así como de los recursos y activos nacionales.
Un movimiento que no posee ni recoge los análisis de la problemática nacional, así como desconoce las rigurosas críticas a las medidas gubernamentales y empresariales para la negociación con el FMI y sobre la propia concertación con ese ente, es sin duda una omisión que desprecia el pensamiento y las alternativas fundadas y documentadas por muchos grupos sociales, es una práctica unilateral alejada de toda democracia, así como es una posición que antagoniza con el interés público y nacional.
¿Qué persiguen quienes se arrogan la conducción de un movimiento que no les pertenece ni representan? ¿acaso pretenden impedir la concertación entre los trabajadores para provocar antagonismo y enfrentamientos entre ellos?
La creación del caos y violencia, no es una alternativa popular ni nacional, es una opción sanguinaria de quienes se imaginan dictadores, capaces de incendiar y sacrificar al pueblo y al país en aras de espurios intereses. ¿Acaso los que promueven bloquear carreteras, saquear, cobrar peajes o quemar llantas, los faculta a ser negociadores? ¿podrán ser negociadores quienes ignoran y desprecian los pensamientos, las alternativas y acciones del conjunto de los actores sociales de nuestra nación?
La aparición en escena de viejos y caducos personajes que se autodesignan dirigentes de un movimiento que es paradójicamente inorgánico, es la usurpación de representación social que oculta y enmascara sus reales intencionalidades. La provocación y la violencia causa daños que trascienden lo material, para ser regresivos a las conquistas y derechos alcanzados, a la legitimidad social de las protestas, a limitar la organicidad política y social, así como, crea frustraciones y miedos para aislar y subordinar a la población al dominio totalitario.
No sería la primera vez en la historia, como tampoco la última, que sectores populares sean envueltos en la instauración de un de los regímenes totalitarios más inhumanos y asesino que ha conocido la humanidad: el fascismo.
San José, 05 de octubre de 2020.- Las organizaciones de derechos humanos que suscriben este comunicado expresan su profunda preocupación por la situación de impunidad estructural, vigente en Costa Rica hacia personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas. La impunidad sigue siendo la respuesta oficial a las reiteradas amenazas, hostigamiento, violencia y homicidios que actualmente enfrentan líderes indígenas y personas defensoras de derechos humanos en el país. Esta impunidad pone en riesgo la vida de todas las personas defensoras de derechos en Costa Rica.
Desde el 2012, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han documentado y denunciado varios casos de violencia e impunidad contra los pueblos indígenas Bribri y Brörán ubicados en Salitre y Térraba respectivamente, territorios al sur de Costa Rica. En este contexto de creciente violencia contra los pueblos Bribri y Brörán y sus continuos esfuerzos denunciando violaciones ante instancias nacionales e internacionales, las comunidades han sido otorgadas medidas cautelares internacionales (MC-312-12) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, estas medidas cautelares no se han respetado ni cumplido. Desde el 2019, dos integrantes de la comunidad han sido asesinados y decenas más heridos de gravedad, desalojados por la fuerza y amenazados de muerte.
En marzo de 2019 fue asesinado el beneficiario de medidas cautelares y líder indígena, Bribri, Sergio Rojas, quien defendía los derechos de los pueblos indígenas frente a la ocupación ilegal de sus territorios. Tras una breve e inadecuada investigación y sin identificar a los responsables, el pasado 24 de septiembre la Fiscalía notificó a la familia de Sergio, su decisión de archivar la investigación, garantizando la impunidad de los responsables e infringiendo el deber estatal de identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales del crimen y efectivamente, asegurando más violencia.
Desde el asesinato de Sergio Rojas, las comunidades indígenas en los Territorios Indígenas de Salitre, Térraba, Cabagra, China Kichá, Maleku y otros han experimentado un aumento de los ataques. Sin embargo, persisten los obstáculos para denunciar, las investigaciones son inadecuadas, no se otorga protección a víctimas ni testigos, no se imponen medidas cautelares efectivas como la prisión preventiva a los agresores, y ningún responsable ha sido condenado. Así, la impunidad estructural ha garantizado la repetición de los ataques contra las personas defensoras de los derechos de sus territorios, incluso por parte de los mismos perpetradores. Impunidad que contrasta con los procesos judiciales contra personas indígenas recuperadoras, que les imposibilitan habitar y trabajar sus tierras, y sin que exista una adecuada rendición de cuenta por parte del Estado de los procesos judiciales que involucran a personas indígenas.
En febrero de 2020, un segundo beneficiario de medidas cautelares de la CIDH y líder indígena Brörán, Jehry Rivera, fue asesinado mientras defendía pacíficamente sus tierras ancestrales. Murió en presencia de la policía, la cual dejó su cuerpo en la calle mientras los agresores continuaban agrediéndolo con profunda brutalidad, actos que fueron frenados gracias a la valiente acción de sus hermanos y hermanas indígenas. Continuando la impunidad y clima de vulnerabilidad, los perpetradores confesos fueron puestos en libertad. Tras su impune asesinato, su familia y la principal testigo del asesinato han sufrido diversas amenazas y agresiones, sin que se realicen las correspondientes investigaciones de oficio ni se les hayan garantizado medidas de protección adecuadas.
Pablo Sibar, también beneficiario de medidas de la CIDH, líder comunitario, y defensor indígena de los derechos del pueblo Bröran, ha sufrido diversas amenazas de muerte y ataques físicos, incluso incendiarios, los cuales han incrementado desde marzo de 2020 como consecuencia de su labor en la misma región, impulsando iniciativas de resistencia pacífica para la restitución de tierras indígenas que fueron usurpadas por ocupantes no-indígenas. Estos ataques todavía no han sido investigados ni los responsables sancionados.
Minor Ortíz, defensor indígena Bribri, ha sufrido constantes amenazas de muerte y agresiones, incluyendo 6 intentos de homicidio, los cuales lo han llevado a vivir con una bala en cada pierna y una marca de hierro caliente en su pecho. Tras el último intento de homicidio en marzo de 2020 y recibir un balazo en la pierna, el perpetrador, fue liberado y únicamente recibió medidas de restricción que no ha sido respetadas. A pesar de las numerosas denuncias formales ante las autoridades y los reportes de amenazas de muerte contra Minor y su familia, el Estado aún no ha implementado ninguna medida concreta para proteger su vida e integridad.
De igual forma, se han realizado diversas denuncias en el ámbito nacional e internacional por las agresiones sufridas por mujeres defensoras de los derechos de su territorio, Bribri y Brörán. El 12 de julio de 2019 el rostro de una lideresa indígena fue rociado con químicos y al menos dos defensoras denunciaron haber sido amenazadas con armas dentro de su territorio.
Manifestamos nuestra profunda preocupación en relación con que, hasta la fecha, el Estado no ha llevado a la justicia a ningún perpetrador de violencia contra las y los Bribri y Brörán.
Hacemos un llamado al Gobierno de Costa Rica a llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial con resultados al corto plazo incluyendo la sanción de personas responsables por los constantes ataques, los asesinatos, y amenazas contra las y los defensores indígenas.
Instamos al Estado de Costa Rica a que reabra el caso de Sergio Rojas y cumpla con su deber y obligación de sancionar a sus agresores.
Llamamos a que el Estado lleve a cabo investigaciones transparentes encaminadas al establecimiento de la verdad y persecución y la sanción proporcional de todos los actos de violencia y amenazas contra defensores de derechos de acuerdo con los estándares internacionales.
Costa Rica es sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un faro para los derechos humanos en el hemisferio, con este honor viene la obligación de demostrar que las personas defensoras están a salvo dentro de sus fronteras. ¡Esta impunidad no puede tolerarse!
Lista de organizaciones que apoyan la declaración
* Dr. Marco Guevara Berger, catedrático de la Universidad de Costa Rica
* Prafulla Samantara (Goldman Environmental Prize Recipient 2017 for Asia)
* Pofesora Xinia Zuñiga Muñoz, Investigadora Cicde- Uned y Ucrea, Universidad de Costa Rica
Imagen ilustrativa.
El Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información, el Centro de Investigación en Comunicación y la Maestría en Ciencias Penales, presentan a la MSc. Giselle Boza Solano periodista, abogada, investigadora del CICOM y coordinadora del Programa de Libertad de Expresión UCR en la conferencia: «Delito, reformas penales y medios de comunicación», este miércoles 14 de octubre a las 5:30 p.m.
Para más información: proledi@ucr.ac.cr
https://forms.gle/AnY3GBbGhyDcJt45A
Compartimos la carta enviada a la ministra de Ambiente y Energía, Andrea Meza Murillo por la fiscala general Emilia Navas Aparicio, con respecto a la prórroga de seis meses solicitada a los plazos otorgados en el oficio FGR-599 para la entrega de los productos y resultados de la primera fase del plan piloto para el ordenamiento de los sitios de manejo de la vida silvestre, de los cuales se han realizado avances, sin embargo, Navas manifiesta no haber recibido ningún informe o comunicación sobre estos avances, así como ninguna copia de las denuncias penales presentadas en las fiscalías territoriales como fue solicitado en el oficio FGR-451-2020, desde el 25 de mayo del presente año.
Con respecto a los temas reglamentarios que son exclusivos del Poder Ejecutivo, la fiscala recuerda que su función es velar por el cumplimiento de la ley y en cuanto a la solicitud realizada por parte del Ejecutivo para la modificación de plazos de entrega, Navas recalcó no poder acceder a los 6 meses requeridos, sino que establecerá nuevos plazos variados para unificar algunas fechas de entrega.
Imagen ilustrativa.
Enviado por Marco Levy Virgo.
«A las organizaciones sociales, laborales, comunales, grupos en general de la sociedad Civil
Situación actual.
1-Política y economía.
En la coyuntura actual sistémica y pandémica, el movimiento social, que agrupa los más diversos sectores, actores y actoras de la sociedad civil, tiene en este momento histórico el deber patriótico de fijar una ruta ante la encrucijada en que se encuentra la sociedad humana a nivel global.
En lo que respecta a nuestro país, entre los lineamientos propios del modelo político internacional denominado neoliberal y su respectivo modelo económico signado por el monetarismo, donde la oferta y demanda rigen los equilibrios del mercado, el crecimiento de un capital financiero es insostenible, generando una creciente brecha social entre un grupo minoritario de multimillonarios y una masa creciente de desocupados, empleos informales, que desemboca en una pobreza extrema y general, preocupante.
La deuda total de nuestro país tiene números preocupantes supera los $38 mil millones, el déficit en números conservadores llega al 10%, la carga deuda-intereses está muy superior al 62% del PIB.
Las sumas evadidas, eludidas, de fraude comercial, la sub y sobre – facturación de los sectores importadores-exportadores, suman cantidades que junto a las exoneraciones nos apunta a un 14% del PIB. (…)»
Lea el documento completo en el siguiente enlace:
Considerando que los pueblos indígenas de Costa Rica reforzaron su proceso de afirmación territorial autónoma y el archivo de la causa por el asesinato de Sergio Rojas Ortiz, la Escuela de Ciencias Sociales del Tecnológico de Costa Rica (TEC), emitió un pronunciamiento que señala el rechazo y repudia el archivo de este suceso y la orden de desalojo de indígenas cabécares de China Quichá de su propio territorio. A continuación el texto completo del pronunciamiento.
Rechazamos y repudiamos el archivo de la causa por el asesinato de Sergio Rojas Ortiz y la orden de desalojo de indígenas cabécares de China Quichá de su propio territorio
Considerando que:
Se acuerda:
Escuela de Ciencias Sociales, 28 de setiembre, 2020.
Imagen: Líder indígena Sergio Rojas Ortiz. Fotografía Crhoy.
A partir del 2 y durante todos los viernes de octubre y noviembre el Canal Universidad de Costa Rica (UCR) presentará “Mujeres de ley”, un programa de entrevistas que repasa el recorrido académico y jurídico de algunas de las primeras mujeres juristas formadas en la UCR.
Este proyecto también busca visibilizar la lucha contra el sexismo en la academia y en el ámbito profesional, así como destacar los aportes de mujeres jusristas al ámbito del derecho.
Este programa es una iniciativa que se gestó gracias al apoyo del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), el Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública (Proledi) y el Canal UCR.
Las entrevistas serán conducidas por Rosaura Chinchilla Calderón, Investigadora del IIJ,-UCR y Giselle Boza Solano, directora del Proledi-UCR. Además, contará con la participación de Montserrat Sagot Rodríguez, directora del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM-UCR) y Valeria Rodríguez Quesada, integrante del Consejo Universitario.
Las juristas con las que se hablará en esta primera serie de entrevistas serán: Thelma Curling Rodríguez, Alda Facio Montejo, Dora Guzmán Zanetti, Rita Maxera Herrera, Elizabeth Odio Benito, Sonia Picado Sotela, Cristina Rojas Rodríguez y María Antonieta Sáenz Elizondo.
Chinchilla asegura que una de las principales razones por las cuales decidieron iniciar con este proyecto, fue la poca visibilización del trabajo que han efectuado mujeres juristas egresadas o que han trabajado en la UCR.
“Escogimos estas primeras ocho precisamente porque han ocupado cargos relevantes tanto dentro de la universidad como fuera de ella. Lo que queremos es mostrar a las diferentes generaciones las dificultades que tuvieron esas pioneras en el aprendizaje y luego la enseñanza en el derecho, también como ha ido evolucionando el tema del sexismo en la academia y como se han incorporado las mujeres en estos espacios”, comentó la investigadora, Msc. Rosaura Chinchilla Calderón.
Las entrevistas tendrán un horario de repetición los domingos a medio día, eventualmente también estarán disponibles en el canal de YouTube de Canal UCR.
David Esteban Chacón León
Asistente de Prensa, Oficina de Divulgación e Información